EMPECINADA MEMORIA DE NEGACIÓN.

El pasado jueves 27 de marzo, bajo el título “Memoria histórica fraccionada”, diversos miembros del Comité Político del Partido Carlista-EKA de Navarra (Juan Luis Aldaya, Paco Zamora, Maribel Alzórriz, Feliciano Vélez, Ana Montoya, Andoni Rabanal, José Lázaro Ibáñez), así como Jesús Mª Aragón Samanes, secretario general federal del Partido Carlista de las Españas (sic), se referían, adjuntando diversos comentarios críticos, a un reportaje que publiqué en este periódico el pasado domingo (y que el 8 de febrero había sido publicado en el diario Deia) titulado El carlismo y el castigo al nacionalismo. 

Considerando el trasfondo último de los contenidos de la misma, quisiera expresar mi perplejidad porque dirigentes de un partido que se autodefine como de una línea política de izquierda alternativa, encuadrada en el socialismo autogestionario (y que llegó incluso a formar parte de Izquierda Unida), sea incapaz de efectuar una reflexión crítica sobre el papel que el carlismo de los años treinta, muy distante ideológicamente del partido de los autores de la mencionada carta (o, al menos, eso es que se percibe desde el exterior, si las palabras valen algo), tuvo en la durísima represión de retaguardia acaecida en Navarra y en territorios próximos. Lamento profundamente que aquellas personas no sepan aquilatar la trascendencia del hecho de la recuperación de un texto que no sólo expresa intenciones, sino que, además, anticipa realidades. Sin duda, todo ello es responsabilidad también de los demás: por muchas razones que sería prolijo comentar, la memoria histórica de la violencia política desarrollada en nuestra tierra durante la guerra civil se ha limitado exclusivamente a las víctimas y no ha profundizado en el tema de los verdugos, lo que se ha revelado como un grave error porque no ha hecho más que acrecentar el sentimiento de impunidad y el impulso a la manipulación histórica de los herederos biológicos o ideológicos de aquellos matarifes. 

Puestos a reconvenir, y ya que se sienten tan concernidos por algo que a priori no tenía por qué concernirles, hablen, hablen de Benito Santesteban, killer de la Junta Carlista Central de Guerra de Navarra; de su tío José Martínez Berasáin, presidente de facto de aquel órgano, y de su libreta; de Luis Martínez Erro, primo del primero e hijo del segundo, mecanógrafo de las instrucciones reservadas de Mola y escolta de éste; hablen de los expurgos en la documentación de aquella Junta; hablen de los registros de presos y de la documentación de la cárcel de Escolapios, el centro de detención de los requetés; hablen del Tercio Móvil y si hay documentación propia del mismo y acerca de sus salidas; hablen de los componentes de las juntas locales de guerra y si se conservan documentos sobre ellas y sobre todos aquellos que en los primeros meses de guerra se quedaron en los pueblos para reprimir; etc. Y ya que lo citan, hablen de dónde podría estar el listado de los fusilados en Bera (que sus familiares tienen todo el derecho a saber donde fueron enterrados, que los familiares de los enterrados en Polloe ya lo pudieron saber).

Y háganlo, en el caso de que sean capaces de hacerlo, solamente por humanidad para con los ejecutados, por solidaridad con aquellos voluntarios carlistas que de buena fe marcharon al frente y no se enfangaron en cometer actos indignos y para enseñar a las nuevas generaciones la regla de oro de la convivencia política: el rechazo al ejercicio de la violencia para perseguir objetivos políticos.

SUÁREZ, DEL BURGO Y LA HUELLA DE YANGUAS Y MIRANDA.

Con ocasión del reciente fallecimiento de Adolfo Suárez nos ha venido a la memoria un artículo clásico de Enzensberger, de 1989 nada menos, en el que englobaba su figura como uno de los ejemplos arquetípicos de lo que el denominaba “los héroes de la retirada”. Desde su punto de vista, Suárez, al igual que personalidades como Jaruzelski o Gorbachov, encarnaría a aquellos líderes “que no representan el triunfo, la conquista, la victoria, sino la renuncia, la demolición, el desmontaje” de posiciones insostenibles. En sus palabras, “Suárez fue participante y beneficiario del régimen de Franco; si no hubiera pertenecido al círculo más íntimo del poder no habría estado en disposición de abolir la dictadura. Al mismo tiempo, su pasado le aseguró la desconfianza insuperable de todos los demócratas. De hecho, España no le ha perdonado hasta el presente. A los ojos de sus antiguos camaradas, él fue un traidor; a los ojos de aquellos para quienes había abierto el camino, fue un oportunista. Desde que se retiró como típica figura de la transición [recordemos que Enzensberger escribió aquel texto en 1989] no ha vuelto a pisar terreno firme. El papel que él representa en el actual sistema de partidos ha quedado más bien oscuro. Una cosa, y solamente una, tiene garantizada el héroe de la retirada: la ingratitud de la patria”.

Con todo, la muerte de Suárez ha servido durante los últimos días para reescribir en positivo una Transición cada vez más cuestionada desde todos los órdenes: desde el territorial (con unas reivindicaciones secesionistas catalanas que nos recuerdan que Cataluña ha sido siempre históricamente el primer problema en relación con la cuestión de la conformación del Estado español, empequeñeciendo la envergadura de las reivindicaciones vascas dada la enorme pluralidad vasconavarra) hasta el socioeconómico (veáse la multitudinaria protesta social del sábado en Madrid) pasando por el institucional (a causa del descrédito de la monarquía y de los partidos políticos mayoritarios). 

En nuestro caso la desaparición del expresidente nos ha hecho recordar un aspecto capital que suele pasar al olvido cuando pensamos en la Transición navarra: el diseño de quién debía protagonizar la negociación con el Estado de cara al Amejoramiento del Fuero. Ese diseño respondió a las estrategias planteadas por Jaime Ignacio del Burgo, quien habría contado con el apoyo de los ministros Clavero Arévalo y Martín Villa y con el del presidente Suárez. 

Ya a finales de 1977 se abortó la posibilidad, implícita en el acuerdo del ministro Clavero con la Asamblea de Parlamentarios Vascos de 11 de noviembre de 1977, de que Navarra se incorporara al Consejo General Vasco a través del órgano foral competente, y transitoriamente a través de sus parlamentarios (lo que garantizaba que no tuviera lugar, por la mayoría contraria de los representantes de la UCD navarra). Tras entrevistarse los diputados y senadores de UCD de Navarra en Madrid con Clavero y con Suárez, argumentando que las negociaciones las debía llevar la Diputación, el 25 de noviembre se constituyó el Consejo Parlamentario de Navarra con los nueve parlamentarios elegidos en junio. Este órgano consiguió paralizar aquel acuerdo mediante la introducción, a instancias de UCD, de una claúsula en el proyecto de Decreto-Ley, finalmente publicado el 4 de enero, que facultaba al Gobierno de acuerdo con la Diputación para la determinación del órgano foral competente que debía decidir sobre la posible incorporación, siendo necesaria la ratificación de esa decisión por el pueblo navarro mediante referéndum. Todo ello ha sido recientemente recordado por el propio Jaime Ignacio del Burgo.

En el debate constitucional, aunque las tesis de la UCD de Navarra no consiguieron prosperar del todo en lo que se refiere a la Disposición Transitoria Cuarta ni en lo que respecta a la Disposición Adicional Primera (ésta última producto de una enmienda del PNV), triunfaron absolutamente en relación con la disposición derogatoria. Planteada dicha disposición en el Pleno del Congreso, del Burgo consiguió evitar el planteamiento del PNV que extendía la derogación de la ley de agosto de 1839 también a Navarra (y que llegó a reflejarse en una primera versión a la misma), en cuanto que dicha ley había sido para Navarra la base de la solución de 1841 y en cuanto que ésta última debía ser fundamento, a su vez, del futuro Amejoramiento del Fuero. Con la no derogación de la ley de 1839 para Navarra se abría la posibilidad de la fórmula que desembocaría en 1983 en la LORAFNA. 

Cerrado lo anterior, el fleco pendiente era la determinación de quién debía protagonizar el proceso negociador con el Estado y cuáles debían ser las fórmulas para la elección del Parlamento Foral y la Diputación en 1979. Las bases aprobadas por la Diputación, elegida en las postrimerías del franquismo, el 13 de junio de 1978 para la democratización de las instituciones forales y amejoramiento del Fuero, que habían sido elaboradas por una comisión de técnicos foralistas, muy alejadas de las posturas de UCD, PSOE y de los demás partidos, y que defendían un Consejo Foral supeditado a la Diputación y de composición muy compleja y estrambótica, fueron rechazadas por el ministro Martín Villa. 

Finalmente, el Decreto-Ley 121/1979 de 26 de enero sobre elecciones locales y ordenación de las instituciones forales de Navarra (que en sus líneas generales se conocía desde octubre por filtraciones a la prensa y cuyo proyecto fue presentado por Martín Villa el 22 de noviembre) atendía a los intereses ucedistas. Se conformaba un sistema de elección de la Diputación y del Parlamento con las merindades como circunscripción electoral, siendo diputados el primero o los primeros (en el caso de Tudela y Pamplona) que mayor número de votos alcanzaran en cada merindad. Mediante dicho sistema UCD planeaba asumir la mayoría absoluta de los siete componentes de la Diputación. Dicho pronóstico se cumplió, aunque menos holgadamente de lo inicialmente calculado, puesto que para UCD fueron sólo cuatro de los siete diputados y no los cinco o seis previstos de antemano. Sea como sea, UCD consiguió con 20 sobre 70 escaños en el Parlamento Foral tener el 57,1 por ciento de los puestos de la Corporación Foral. Además, no menos importante, se establecía la primacía de la Diputación sobre el órgano parlamentario al no ser aquélla elegida por éste. Por tanto, las tesis de la Corporación Foral como custodio inviolable de la soberanía navarra se imponían a las tesis de la democracia moderna según las cuales la soberanía popular reside en los órganos parlamentarios representativos. Con todas esas circunstancias, a pesar de las interferencias provocadas por el asunto FASA, que del Burgo pudo sortear por sus contactos personales con la UCD de Madrid, UCD pudo pilotar con total autoridad la vía navarra hacia la autonomía, siguiendo la prefijada hoja de ruta delburguiana, tal y como se explicó en otra entrada de este blog. 

No queremos dejar de reseñar que todo lo anterior contenía ciertos resabios del pasado. En el proceso que llevó a Navarra de ser reino a provincia en 1839-1841, los pasos a seguir también fueron dictados por Madrid según la partitura redactada por un navarro, en este caso el tudelano Yanguas y Miranda. La clave fue el Real Decreto promulgado el 16 de noviembre de 1839 para que pudiera “tener efecto lo dispuesto” en el artículo segundo de la Ley de 25 de octubre, esto es, para que se pudiera llevar a cabo el trámite de audiencia de Navarra y Vascongadas necesario para la elaboración de las propuestas de modificación de los fueros que el Gobierno debía presentar a las Cortes para cada territorio. 

Mediante ese Real Decreto se comenzaban a bifurcar los caminos de Navarra y de las provincias hermanas. Mientras, por el artículo primero, en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya se resucitaba el sistema foral tradicional, ordenándose que se constituyeran sus respectivas Juntas Generales para elegir a sus Diputaciones, en lo que respecta a Navarra, según el artículo cuarto, se establecía que la Diputación, ya no del Reino, debía ser nombrada según los parámetros constitucional fijados para la elección de las diputaciones provinciales. Se consumaba, por consiguiente, la eliminación de las Cortes que eran, según la constitución histórica de Navarra, las que designaban a los miembros de la Diputación del Reino, obviándose, además, la razón de ser primigenia de ésta, que era la de ser la representación permanente de aquéllas. Por el mismo artículo cuarto se conservaban, no obstante, algunos aspectos formales y competenciales de las pautas constitucionales propias relativas a la Diputación: ésta estaría formada por “siete individuos como antes constaba la diputación del reino, nombrando un diputado cada merindad, los dos restantes las de mayor población”. En cuanto a las competencias de la misma, eran menores que las de la Diputación del Reino: aunque se reconocían las de ésta en aquélla, se supeditaban a “las que siendo compatibles con ellas señala la ley general a las diputaciones provinciales”, sumándose “las de administración y gobierno interior que competían al Consejo de Navarra”, todo ello, claro está, “sin perjuicio de la unidad constitucional”. 

Por otra parte, según el artículo séptimo se determinaba, en conformidad con todo lo anterior, una clara diferenciación entre los protagonistas de la interlocución con el gobierno de Madrid: en Vascongadas serían las Juntas Generales las que nombrarían los “dos o más individuos que unos a otros se sustituyan” para conferenciar con aquél; en cambio, en Navarra los designaría “la nueva diputación”, convirtiéndose ésta en el árbitro del proceso para dicho territorio. Las disimilitudes en el apartado de nombramiento de delegados, así como por defecto en todo lo que tuviera que ver con la concreción de contenidos a negociar y con la gestión de los tiempos de la negociación, eran palpables. En Vascongadas esos aspectos cruciales se debatirían en un foro asambleario con representantes municipales de extracción social variada. En Navarra todo ello sería dirimido por un órgano de siete miembros elegidos por un sufragio fuertemente censitario en un escenario político en el que los diputados elegibles pertenecerían bien al liberalismo moderado, bien al progresista, permaneciendo fuera de juego, por proscripción política tácita, otros posibles candidatos adscritos al carlismo, el predominante entre la opinión pública navarra. 

Por consiguiente, dicho real decreto corroboraba las tesis de Yanguas, seguidas por varios intervinientes en las Cortes españolas en el debate sobre la ley de 25 de octubre de 1839, de que el procedimiento de modificación foral en Navarra debía hacerse mediante un método diferente al vascongado por cuanto se subrayaba la imposibilidad de convocatoria de las Cortes navarras. Así, se conformaba una Diputación que respondía, a pesar de diversos arreglos cosméticos, más al carácter y naturaleza de las diputaciones provinciales que a la extinta, e imposible también de resucitar, Diputación del Reino cuya misión esencial era, recordémoslo, velar por el cumplimiento de los cánones constitucionales propios del reino, tal y como había intentado hacer a lo largo de toda su historia. Y, paralelamente, se facilitaba el futuro desenlace al quedar configurada la parte negociadora navarra como amigable respecto de Madrid, carente absolutamente de los perfiles reivindicativos de los fueristas vascongados que se negarán a entablar negociaciones. 

En 1839-1841 una Diputación dispuesta por Madrid, y amoldada a la estrategia de Yanguas y a los intereses de los grupos sociales que el tudelano representaba, desplazaba a unas Cortes navarras consideradas como un nudo gordiano. Nadie, a excepción de Sagaseta de Ilurdoz, haría comentario alguno sobre la hipotética reforma del legislativo navarro y sobre la usurpación del papel de éste que entrañaba el protagonismo negociador otorgado a la nueva Diputación de cara a la configuración de aquel nuevo marco políticoinstitucional. En 1979-1983 las directrices de la UCD estatal y de la UCD navarra decidirían sobre quién iba a ser el agente primordial en las negociaciones para el nuevo marco de autogobierno, imponiéndose a todas las corrientes democráticas que en la época en el mundo occidental reservaban tal cometido a los órganos parlamentarios. Ciento cuarenta años después se adoptaban los mismos principios tendentes a concentrar el poder decisional en el menor número de personas y a anular o disminuir las posibles interferencias de los foros parlamentarios autóctonos.

LA ESTRATEGIA DE DOBLE ELIMINACIÓN DEL PSN/PSOE.

En nuestra última entrada, publicada pocas horas antes de que Ferraz prohibiera al PSN seguir adelante con la moción de censura, vaticinamos lo que iba a suceder, basándonos en los pronunciamientos del principal periódico estatal de centro-izquierda y en la resolución relativa al mantenimiento del status políticoinstitucional de Navarra aprobada en el último Debate de la Nación, redactada en conformidad con los tonos apocalípticos enunciados por el diputado de UPN en el Congreso, que presentaban a nuestra comunidad como rompeolas frente al riesgo de disgregación del Estado español. 

Los comentarios posteriores surgidos al hilo de la decisión de la dirección federal del PSOE han subrayado las negativas consecuencias de la misma para el PSN en el escenario político navarro en el futuro, así como su actitud servil en relación con la actitud chantajista de UPN, su supeditación a la razón de Estado y su obediencia a decisiones tomadas fuera de nuestro territorio, obviando la voluntad y los intereses de la ciudadanía navarra y de los propios votantes socialistas en Navarra. Esas consideraciones son pertinentes y personalmente las compartimos. Ahora bien, ¿son las únicas reflexiones que deben hacerse?.

Partamos de un hecho. El axioma fundamental de la teoría de juegos es el que en sus decisiones los agentes actúan considerando también a los demás actores, barajando las reacciones que las decisiones propias van a suscitar en las decisiones de los demás. Y como es obvio, se trata de fortalecer las expectativas propias y las de los aliados más afines y de debilitar a los contemplados como adversarios y contrincantes más peligrosos. Pues bien, la experiencia de los últimos veinte años prueba que el PSN/PSOE ha optado por una estrategia de doble eliminación: tras automutilar sus posibilidades de gobernar en solitario o en situación de franca preponderancia política por los costes de la corrupción de la era Urralburu, ha desechado la vía de gobernar en gobiernos tripartitos con formaciones nacionalistas vascas y con Izquierda Unida. Además, su decisión conlleva costes y perjuicios para la existencia misma de los partidos y formaciones con los que podía coaligarse, de forma que el beneficiado absoluto de su política ha sido UPN que pudo gobernar entre 1996 y 2011 en solitario con el apoyo externo socialista o en gobiernos de coalición absolutamente asimétrica con el CDN. 

El PSN/PSOE ha jugado el papel de árbitro en cuanto a la posibilidad de impulsar el cambio político en el escenario político navarro, pudiendo haber desalojado del poder a UPN por medio de la formación de gobiernos de coalición, en tres ocasiones en los últimos veinte años: en 1995-1996, en 2007 y en 2014. En las tres ocasiones los socialistas navarros han obedecido las directrices de la dirección federal en el sentido de ceder el gobierno de Navarra a UPN. Además, en las tres ocasiones las decisiones del PSN/PSOE han tenido consecuencias en los agentes políticos que podían coaligarse con dicho partido, consecuencias que (no nos equivoquemos, puesto que las decisiones en políticas se toman con la conciencia del posible desgaste que puedan entrañar en los demás) entrarían dentro de los cálculos de los propios estrategas socialistas. 

El fin en 1996 del gobierno tripartito constituído en 1995 por los socialistas, el CDN y Eusko Akartasuna, tuvo como principal damnificado al partido liderado por Juan Cruz Alli. Recordemos que, en su primera comparecencia electoral tras la ruptura con UPN, el CDN tuvo un arranque fulgurante y que, por su posición centrada y por su asunción de un nacionalismo navarro no soberanista, integrador e incluyente, podía haber desempeñado una función en el espectro político e ideológico de Navarra muy importante, como bisagra en más de una dirección y como renovador del navarrismo de centro-derecha o de derecha. 

Juan Cruz Alli en su libro La Cooperación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, San Sebastián, FEDHAV, 2004 (descargable en Internet) menciona múltiples pormenores acerca de las interioridades del final de aquella experiencia tripartita, posteriormente refrendados públicamente por Otano, el presidente de aquel gobierno. Asimismo, el firmante de estas líneas también pudo conocer, en conversación personal, una versión idéntica a la transmitida por Alli y por Otano de otro testigo de los hechos. 

Según cuenta Alli, en una reunión de finales de mayo de 1996 Miguel Sanz ofreció al PSN un acuerdo de estabilidad si se retiraba el apoyo al acuerdo de cooperación y a la previsión del Órgano Común con la CAV, lo que se acompañó de amenazas por parte de Rafael Gurrea que dijo que dicho acuerdo eran la gota que colmaba el vaso de lo que estaba UPN dispuesta a consentir. Con la publicación en primera página el 18 de junio de aquel año en Diario de Navarra de la noticia de que el presidente Otano era el titular de una cuenta en Suiza, cuenta de la que habían sido titulares anteriores Malón y Aragón, responsables del PSN, finalizaba una secuencia de rumores y de filtraciones informativas y judiciales iniciada semanas antes, tal y como admitieron con posterioridad Ollarra o Juan Ignacio del Burgo. A juicio de Federico Tajadura, Consejero de Presidencia de aquel gobierno tripartito, Otano y el PSN cometieron dos errores políticos graves al asumir el primero la titularidad de la cuenta y al aceptar la Secretaría General del partido, la candidatura a la presidencia, y la presidencia misma, sin depurar esa situación y las vinculaciones personales a esa situación. 

De cualquier forma, la tesis sobre un posible derribo controlado de aquel gobierno tripartito no es inverosímil: a la conducta entonces del sector del partido socialista menos proclive a la normalización de las relaciones con la CAV, se añade el comportamiento ulterior del PSN/PSOE: el nombramiento de una Comisión Gestora del partido, presidida por el catedrático de Derecho Constitucional de la UPNA Alberto Pérez Calvo, fue seguido del cese de los ataques de UPN y de Diario de Navarra a la corrupción socialista, así como de las acciones legales con las que UPN y PP amenazaron a los responsables de los anteriores gobiernos socialistas de Navarra. A cambio de ello el Gobierno de Navarra quedaba en manos de UPN y el PSN facilitaba la gobernabilidad con una oposición moderada y una actitud políticamente neutral, estado de cosas que perduró una buena serie de años. Después de todo aquello, el CDN bajó de 10 escaños en 1995 a 3 en 1999, a 4 en 2003 y a 2 en 2007. Su presencia como miembro minoritario en dos gobiernos de coalición con UPN (entre 2003 y 2007 y entre 2007 y 2009, rompiéndose el de esta última legislatura por discrepancias en relación con la Ley del Vascuence) fue el umbral del total desdibujamiento de la formación centrista. 

En el año 2007 el fracaso de las negociaciones entre el PSN/PSOE, Nafarroa Bai e Izquierda Unida de Navarra (de las que hizo un seguimiento ciertamente interesante el blog Nabarratik)  no sólo tuvo como telón de fondo el final de las conversaciones de Loiola en el otoño de 2006 y la persistencia de la acción criminal de ETA (que el 30 de diciembre de 2006 puso fin al alto el fuego permanente mantenido desde el 22 de marzo del mismo año con el atentado de la T4 de Madrid y a la que el 2 de julio de 2007, en pleno proceso negociador del gobierno de Navarra, las fuerzas de seguridad interceptaron un coche con más de 200 kilos de explosivos). También incidió la posibilidad de un inminente anuncio por parte del lehendakari Ibarretxe de una nueva hoja de ruta que incluía un proceso acordado con el Estado a refrendar con un referéndum vinculante y, en el caso de no llegarse a pacto alguno, una consulta no vinculante previa aprobación del Parlamento Vasco, lo que finalmente sería concretado en septiembre de aquel año. 

La cesión en 2007 del gobierno de Navarra a UPN, que se coaligaría con CDN, por orden de la dirección federal de Ferraz, desde luego, conllevó el desplome ulterior de los socialistas navarros que de los 61.000/64.000 votos y 11 escaños obtenidos en 1995, 1999 y 2003 y de los 73.000 y 12 escaños conseguidos en 2007 pasaban en 2011 a su suelo histórico: 51.000 votos y 9 escaños, con un retroceso muy severo en la conurbación pamplonesa que compromete seriamente el futuro de dicho partido allí donde el voto en Navarra tiene una mayor cualificación. 

Ahora bien, resulta excesivamente reduccionista afirmar que fue el PSN/PSOE el único afectado por el fracaso de aquel proceso negociador de 2007. Dicho desenlace también tuvo repercusiones en Nafarroa Bai, la coalición que integraba al PNV, EA, Aralar, Batzarre y a independientes y que fue capaz de emitir formulaciones novedosas y altamente renovadoras, sobre todo en el plano identitario y político institucional para la convocatoria electoral de 2007 (se puede ver aquella propuesta políticoinstitucional en Internet), hasta el punto de llegar a forzar a UPN en octubre de 2008 a romper su coalición con el PP, vigente desde 1991, por el afán de aquel partido a llegar a una entente estructural con el PSN, visto de que a su defensa de las singularidades navarras le surgía un competidor nabarrista. 

A los tres años de aquel fracaso, con los primeros pasos del proceso de normalización política, Nafarroa Bai sufrió una implosión. La primera salida de Batzarre en 2010 por entender que en la coalición primaban los criterios nacionalistas, y que se unió a IUN, fue seguida de la de EA al año siguiente por efecto de sus acuerdos con la izquierda abertzale. Al final de 2011 los restos de la coalición, mantenidos como Nafarroa Bai 2011 para las elecciones autonómicas con la suma de Aralaz, PNV e independientes, se descomponían al unirse para las elecciones generales el partido de Patxi Zabaleta a Bildu en la nueva coalición Amaiur y al integrar PNV y Zabaltzen, la asociación conformada por los independientes en septiembre de aquel año, una nueva entidad, Geroa Bai. 

Dicha implosión puede ser entendida como derivada, aparte de por las guerras intestinas producidas por cuestiones organizativas y de representación, de una confrontación de posiciones: tal y como expresaba Bixente Serrano Izko en un artículo, la de quienes piensan en la conveniencia de reunir a todos los nacionalistas en una opción política que dispute la hegemonía política a los demás agentes políticos y negocie con estos desde la defensa de su propio proyecto, y la de quienes apuestan por abrirse desde el nacionalismo a otros sectores mediante un proyecto que haga de la transversalidad su eje medular. Obviamente, la primera alternativa parte de las dudas que suscita el PSN como agente de cambio, quedando relegada la necesidad de entendimientos programáticos previos con dicha formación. En cuanto a la segunda fórmula, la operatividad de la vía trasversalista queda a expensas de la actitud que puedan mostrar los socialistas. No obstante, también hay que remarcar que, en la práctica, el discurso trasversalista, que ya quedó en sordina en la NaBai de 2007, todavía no ha sido difundido ni socializado ni siquiera por quienes lo reivindican más activamente, en cuanto que ese pensamiento se recoge en su acta fundacional: la asociación de independientes Zabaltzen. 

La negativa final del PSN/PSOE a presentar una moción de censura al gobierno de Yolanda Barcina condiciona altamente el futuro de aquel partido en Navarra. El comentarista político que desde El País apostó claramente por la solución finalmente concretada sigue aconsejando a los socialistas navarros que se encardinen a UPN de cara a los próximos años por la imposibilidad de pactar con Bildu por los razonamientos ya repetidos hasta la exasperación en las últimas semanas. No obstante, curiosamente, introduce una novedad. Según dicho autor, “tras el cese del terrorismo, una estrategia inteligente de los partidos moderados de Navarra debería impulsar políticas de cooperación con las instituciones vascas en materias culturales y otras como forma de favorecer la convivencia con el sector vasquista de la población sin ceder a las pretensiones del nacionalismo radical. Esa fue la posición del navarrismo moderado de fines de los setenta, que estuvo a punto de plasmarse en los noventa cuando un Gobierno presidido por el socialista Otano, con presencia de los foralistas moderados de Juan Cruz Alli y de los nacionalistas de EA, aprobó, al amparo del artículo 145-2 de la Constitución, un proyecto de Organo Permanente de Cooperación que decayó por la dimisión de Otano a cuenta de escándalos que afectaron a su partido por entonces”. Planteamiento que, desde luego, fue furibundamente rechazado a mediados de los noventa y que choca con las esencias ideológicas últimas de UPN y con los beneficios que depara a los simpatizantes de UPN y PSN y de los sindicatos estatalistas (por cierto, silencio ensordecedor el de UGT y el de CCOO a lo largo de todo este último mes) la política activa de exclusión de más de un tercio de la población. De cualquier forma, no hay que ser demasiado imaginativo como para pensar que si son altas las posibilidades de una grosse koalition entre el PP y el PSOE en el conjunto del Estado a partir de 2015, a poco que los números ayuden habrá con toda seguridad un equivalente foral capitaneado por UPN.

En cuanto a los demás agentes, los partidos de EH Bildu contemplarán con alborozo un reportaje reciente de El País en el que se plantea como cierta la posibilidad de un sorpasso por parte de los partidos nacionalistas, protagonizado sobre todo por aquella coalición, y que para nosotros tiene mucho de maniobra intoxicadora y de movilización del votante constitucionalista con carácter inmediato para no dar ni siquiera ocasión de que la opción vencedora en las elecciones europeas de mayo sea la que suman las dos izquierdas abertzales y EA. Para quienes encarnan el espíritu del nacionalismo y del vasquismo más templado y aperturista, los consejos de Aingeru Epaltza de abrirse incluso a sectores no considerados en absoluto como propios debería ser acompañado de todo un ejercicio de pedagogía y de socialización de mensajes hasta ahora sólo vagamente esbozado. De cualquier forma, el premio a tal perseverancia no sería ya la búsqueda de la aquiescencia socialista. Se debería reemplazar la estrategia de buscar y consolidar transversalidades con otras formaciones políticas que siempre van a defraudar expectativas por razones de orden superior a las que pueden caber en la cabeza de un ciudadano navarro, por la de buscar y consolidar transversalidades con los votantes, apelando directamente al electorado de centroizquierda con un mensaje social socialdemocrata inequívoco y con un mensaje nacionalista navarro basado en la convivencia identitaria. Quizás el esfuerzo valga la pena y haya un futuro que compense tanta decepción.

NUESTRO FUTURO EN OTROS FOROS.

El repaso al tratamiento que la prensa de Madrid ha realizado en los últimos días sobre la cuestión navarra no plantea grandes novedades sobre lo ya esperable. El pasado viernes 28 el diario El Pais aseguraba que el dictamen de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre supuestas prácticas corruptas e ilegales de la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, con el aval de la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, que reprobaba a ambas y les instaba a dimitir, no tiene suficiente fundamento jurídico para una moción de censura y que, de cualquier forma, “intentar llegar al poder desde posiciones minoritarias (9 de 50 escaños) forzando la dimisión de quien ganó las elecciones y formando coaliciones alternativas inverosímiles es un vicio muy arraigado; y casi siempre sale mal”.

Anteriormente, el día 19, otro editorial del mismo periódico había alertado al PSN contra la tentación de realizar acciones conjuntas del calibre de una moción de censura junto con Bildu porque, siendo “cierto que Bildu no puede ser excusa para permitir la corrupción”, “tampoco sería aceptable considerar que el objetivo de desplazar a Barcina justifique convalidar como un partido democrático más, con el que es legítimo alcanzar acuerdos de fondo, al de los herederos de Batasuna, que dista mucho de serlo”.

El miércoles 26 de febrero, Juan Mari Gastaca, Delegado del mismo periódico para el País Vasco, subrayaba la trascendencia del tema navarro: “Navarra, que no el proceso de paz, es un auténtico tema de Estado para Mariano Rajoy. Convencido de que ETA no volverá a pegar un tiro, ajeno al carrusel de visitadores internacionales a Euskadi y expectante tan solo ante la deriva de un desarme que acaba de empezar a trompicones, el presidente ha dejado expreso recado de que solo se ocupa de lo que le preocupa. Y la posibilidad electoral de que el centroderecha pierda el poder en la comunidad foral en favor del nacionalismo vasco sencillamente le aterra”. “Con la permanente herida abierta en Cataluña más allá de pronunciamientos rocosos del Congreso y el lehendakari Urkullu cada día más molesto por la displicencia de Moncloa hacia el proceso de paz, Rajoy nunca podría permitirse el triunfo nacionalista en Navarra. Y es a partir de la perentoria búsqueda de soluciones alternativas para contener esa bola de nieve que se desliza desde hace meses sin parar cuando el presidente invocará al PSOE en nombre del Estado. ¿Cuál será la respuesta?”. “Los socialistas, en clara línea descendente en Navarra, saben que se juegan su futuro para algo más que la próxima legislatura. Envalentonados sí para esgrimir una moción de censura contra Barcina, siguen sin ganarse, en cambio, la confianza sobre su última palabra. Son víctimas, sin duda, de su pasado cuando José Blanco impidió en 2007 un gobierno nacionalista y, por si fuera poco, Rubalcaba siente el mismo pánico que Rajoy por imaginarse a Bildu en el poder, justo al lado del País Vasco. Ahora bien, ¿y si la suma de UPN-PP y PSN ni siquiera fuera suficiente?”.

Fuera de esa sintonía se ha expresado, en cambio, Pablo Sebastián para quien Barcina debería dimitir por haber sido “cazada” la consejera Goicoechea “pidiendo favores a la inspección de Hacienda para los que fueron sus clientes cuando ella trabajaba en un despacho fiscal” y para quien la estrategia de la presidenta de sacar a relucir el fantasma de Bildu “es tan indecente como aquellas escandalosas dietas que ella misma cobró -aunque las haya devuelto- de la Caja de Navarra por solo asistir unos minutos a unos encuentros reiterados y sin contenido alguno”. El recurso al “aparente pacto del PSOE navarro con Bildu es un discurso tramposo”: a su juicio, “Barcina debió cesar sin la menor dilación a su consejera Goicoechea al conocer, por boca de la que fuera directora de la inspección de la Hacienda Foral, Idoia Nieves, lo ocurrido. Pero al no hacer y amparar a su colaboradora la presidenta Barcina ha entrado en complicidad y ello la obliga a dimitir, lo que debió de haber hecho hace tiempo con motivo de las dietas de miles de euros que cobró por más que luego se dijera que eso no era delito, pero sí una desvergüenza descomunal que desacredita a la tal Barcina para ocupar cualquier cargo público”.

De cualquier forma, la estrategia de UPN y de Barcina está volcada en la dirección que apuntaba Gastaca. En su comparecencia del mismo viernes Barcina apelaba la “inteligencia” de la dirección federal del PSOE, se negó a dimitir para no "seguir la hoja de ruta de Bildu", arremetió contra Roberto Jiménez y mencionó en varios veces la comisión de investigación como “comisión-trampa”, un recurso que fue acuñado por el PP de Aznaz y Mayor Oreja cuando la tregua de ETA de 1998 y que ha sido aplicada en múltiples ocasiones por dicho partido para descalificar las posiciones y planteamientos de los adversarios.

Un primer refrendo oficial de la estrategia de UPN y de Barcina tuvo lugar en el pasado debate de la nación. Entre las 22 resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados el 27 de febrero se encontraba una planteada por UPN y que recabó el apoyo del PP y de UpyD solamente. Dicha resolución habla de la “Necesidad de trabajar conjuntamente por la consecución del final del terrorismo” y confunde la lucha contra ETA, la presunta instrumentalización de la educación y la manipulación de la historia (por parte de los nacionalistas) con la hipotética posibilidad de alteración del marco político-institucional navarro que antecedería al rompimiento de España. Dicha resolución dice así: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y a las formaciones políticas democráticas a trabajar conjuntamente, desde la confianza, la responsabilidad y la lealtad, en la consecución del final del terrorismo y en la derrota política y social de la organización terrorista ETA en todos sus frentes, evitando la instrumentalización de la educación, la elaboración de un relato que justifique la actividad terrorista, la manipulación de la historia para justificar sus objetivos de construcción nacional y la modificación del estatus jurídico de Navarra como paso previo a la fractura de España”. Ecos salvíficos, como se ve, de Navarra como rompeolas de España que nos recuerdan a la Covadonga tantas veces cantada por la derechona navarrista en 1936.

De cualquier forma, dicha resolución era consecuencia de una intervención el día anterior del diputado Salvador de UPN de tintes apocalípticos contra la presión separatista. En el último año, “el desafío separatista” habría “intensificado su presión poniendo en cuestión nuestra unidad”, no pudiéndose “ocultar la gravedad del momento”. En su opinión, “algunos nacionalismos” estarían actuando “bordeando la legalidad, cuando no la violan abiertamente, utilizando todavía la misma odiosa presión que utilizaban las plataformas afines a ETA”. “La prueba es que en los lugares donde vencen los más radicales no solo su credo se convierte en una obligación, sino que se ha llegado a perder el significado mismo de la libertad hasta el punto de que son más queridos los verdugos que quienes garantizan su seguridad y la libertad de todos”. “Navarra, que también es una manera de hablar de la nación, del futuro de la nación” es “como una encrucijada en la que se libra una vez más el combate entre la libertad y el gulag que algunos quieren imponer a la medida de sus presuntos héroes, los Bolinaga, Inés del Río, etcétera”. En esta línea engarzaba la comisión de investigación con la estrategia secreta de Bildu, negando la existencia de corrupción en Navarra y aprovechando para afirmar la existencia de contactos entre el PSN y esa formación. La caída de Navarra en manos de la izquierda abertzale conllevaría el rompimiento de España. Por eso pedía al presidente Rajoy “compromiso con Navarra y con España” ante “el desafío separatista que se pretende abrir en Navarra de la mano de los que nunca quisieron ni la libertad ni la paz” y así evitar “sacrificar Navarra en el altar de los intereses de los nacionalistas”.

Por su parte, la respuesta de Rajoy a Salvador certificaba el pleno apoyo del gobierno central a UPN ya que recalcó lo siguiente: “estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho usted sobre la organización terrorista ETA, estoy de acuerdo en que en Navarra no ha habido corrupción, estoy de acuerdo en que hay quien quiere llegar al poder por cualquier procedimiento, estoy de acuerdo en trabajar por una Navarra foral y española, reafirmo el compromiso que usted me ha pedido con Navarra y su foralidad. Todo esto que digo me resulta muy fácil decirlo porque es verdad y porque lo siento”.

Por otra parte, una cuestión que no se ha comentado es que la resolución mencionada precedía a otra, la aprobada en décimo lugar, sobre “Constitución y modelo de Estado”, dirigida sobre todo a las peticiones que llegan desde Cataluña y en la que se subrayaba “que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”; se proclamaba “que, de acuerdo a esta realidad jurídica, legal y democrática, no puede una parte de la ciudadanía decidir lo que le corresponde al conjunto del pueblo español, ni una autoridad o poder público situarse por encima de la Ley”; y se recordaba “que, en virtud de todo ello, no caben aquellas iniciativas, planes y resoluciones tomadas en cualquier ámbito institucional que rebasen los principios de soberanía y legalidad, que han permitido la mejor experiencia de democracia y convivencia de nuestra historia”.

Por lo tanto, tras tratar de blindar el tema navarro por medio de declaraciones grandilocuentes que sólo buscan enturbiar el tema de fondo (un comunidad desgobernada con un gobierno en minoría incapaz de llegar a ningún acuerdo con ninguna otra fuerza política, a excepción del PP, y cuya gestión es percibida, con razón, como sospechosa por la mayor parte de los navarros), con el fin de hurtar la posibilidad a la ciudadanía navarra de expresarse en unas elecciones, se recalcaba al nacionalismo catalán la inviabilidad de sus demandas.

De cualquier forma, esa última resolución centrada en Cataluña iba en la línea de la moción aprobada por el Congreso el pasado 20 de febrero a partir una iniciativa de UpyD, enmendada por el PSOE, en la que se rechazaba el plan soberanista de los nacionalistas catalanes y se instaba al Gobierno a "seguir utilizando los instrumentos de la Constitución y del conjunto del ordenamiento jurídico para garantizar el cumplimiento de la legalidad". Aunque desde el PSOE se afirmó aquel mismo día que de ahora en adelante no iba a apoyar ninguna iniciativa no acordada con los demás grupos, era la segunda vez que UPyD, desde su exigua minoría, marcaba el paso a los partidos mayoritarios.

Esas resoluciones tomadas recientemente por el Pleno del Congreso en relación con Cataluña chocan con las posturas recientemente expresadas por expertos en materia autonómica, no precisamente proclives a las demandas del nacionalismo periférico, en relación con las demandas catalanas. En los últimos días hemos leído el libro de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna y Santiago Muñoz Machado, La organización territorial del Estado en España. Del fracaso de la I República a la crisis del Estado autonómico (1873-2013) (Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europa, 2013). Al final de la segunda parte del mismo, la firmada por Santiago Muñoz Machado con el epígrafe de “Crisis y reconstitución de la Estructura territorial del Estado”, acerca del tema catalán se abren las puertas a soluciones pactadas que no aparecían en la obra del mismo autor, editada a finales de 2012, Informe sobre España. Repensar el estado o destruirlo, de la que ya nos hicimos eco en este blog. Muñoz Machado, por un lado, llega a afirmar, a contracorriente de lo afirmado por el gobierno del Partido Popular, que “No es imposible, contando con autorización del gobierno del Estado, que pueda celebrarse un referéndum en Cataluña para que los ciudadanos respondan a una o varias preguntas pactadas, pero todo lo demás que se pretende en la versión independentista del <<derecho a decidir>> reclama inequívocamente una reforma constitucional”. A pesar de reconocer el interés desde el punto de vista político y jurídico de muchos de los argumentos esgrimidos por la parte catalana en el debate que suscita Cataluña (como “por ejemplo, el alcance del principio democrático y el derecho de participación popular, que se proponen como fundamento para desplazar las regulaciones <<formalistas>> de la Constitución; la autoatribución del poder constituyente por una parte del territorio de un Estado regido por instituciones democráticas; la reposición de la verdad histórica sobre las relaciones entre Cataluña, Aragón y Castilla; el apoyo que puede tener una reclamación de independencia en la legislación de las organizaciones internacionales o en la de la Unió Europea; los paralelismos con la declaración unilateral de Kosovo; la medida en que resulta invocable razonablemente, como con tanta frecuencia se invoca, la declaración del Tribunal Supremo de Canadá de 1998 sobre la independencia de Quebec; las similitudes con el referéndum de independencia escocés), Muñoz Machado insinúa sus preferencias por un arreglo pactado de índole bilateral acotado solamente a determinados extremos: “Es un debate intelectual al que merecerá la pena acudir, pero, desde el punto de vista del inmediato futuro de Cataluña y del Estado lo mejor, por el momento, es detenerse a considerar en qué medida las justas reclamaciones de aquel territorio periférico pueden ser atendidas, cambiando el sistema de financiación autonómica, respaldando el fortalecimiento de sus instituciones y reconfigurando en profundidad el modelo constitucional de sus instituciones actual para abrirlo a fórmulas más flexibles de relación en las que se haga más presente la cooperación y el pactismo. Esta última práctica, cuya reposición suele solicitarse, forma verdaderamente parte de la cultura histórica mediterránea”. 

Volviendo a Navarra, los antecedentes mediáticos y políticos expresados no hablan precisamente a favor de que la Dirección Federal del PSOE vaya a avalar la presentación del PSN de una moción de censura. Lo contrario sería una sorpresa.