RAIMON EN NOSOTROS

Como es sabido, la Plataforma Gure Esku Dago ha convocado para el próximo 8 de junio una cadena humana entre Durango y Pamplona impulsada por bajo el lema "Somos una nación, tenemos derecho a decidir, es el momento de la ciudadanía". La convocatoria está siendo precedida de numerosos actos por la geografía vasconavarra. Con ecos de la Vía Catalana hacia la Independencia del pasado 11 de septiembre que, organizada por la Asamblea Nacional Catalana, reunió a decenas de miles de personas entre Le Perthus y Vinaroz, la diferencia fundamental entre ambas iniciativas consistiría en que mientras la primera une ámbitos espaciales extensos de dos comunidades autónomas, apelando al derecho a decidir de las poblaciones de la Comunidad Autonóma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra, consideradas ambas como una única nación, un único sujeto nacional, la segunda, a pesar de introducirse levemente en territorios de otra obediencia administrativa, se centraba en una sola realidad políticoinstitucional. El Manifiesto de aquella plataforma, emitido el 9 de diciembre de 2013, hace referencia a vivirse “un nuevo tiempo en Euskal Herria” para el que se requerirían “nuevas iniciativas de hondo calado por la senda del trabajo en común” en las que “la ciudadanía se convierta en la principal protagonista de ese camino”. “Más allá de los diferentes proyectos que pueda proponer cada cual de cara al futuro, entendemos que es posible, necesaria, oportuna y legitima la acción colectiva en torno a la socialización y ejercicio” del derecho a decidir, “un derecho, como punto de encuentro de diferentes sensibilidades”. Por todo lo cual, se afirma “que como pueblo tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro” y “que la decisión nos corresponde a las ciudadanas y los ciudadanos”. En otro lugar de la página web se considera que “es el origen del conflicto político que vive Euskal Herria. Porque es una reivindicación prepolítica, para crear una base democrática. Punto de encuentro de todas las sensibilidades” y se afirma que “la reivindicación del derecho a decidir ha estado constantemente en la agenda política y social de Euskal Herria (en el Aberri Eguna de 1978, en el Parlamento Vasco en 1990, en Udalbiltza y en su Carta de Derechos, en los documentos de referencia de Lizarra- Garazi, en las conversaciones de Loiola, en la cumbre de Aiete y en el punto cuarto de la Declaración).

La extensión de la reivindicación del derecho a decidir en Catalunya tiene que ver con el carácter traumático del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de aquella comunidad. La propuesta aprobada por el Parlament de Catalunya en septiembre de 2005 con los votos favorables de 120 de los 135 diputados (todos menos los del PP) fue modificada por la Comisión Constitucional del Congreso y por las negociaciones entabladas por el Gobierno de Zapatero y CiU, quedando excluídas de éstas ERC, haciendo que este último partido, miembro hasta entonces del gobierno tripartito impulsor de la propuesta, no apoyara la redacción final aprobada por el Congreso en marzo de 2006. Posteriormente, a pesar del refrendo popular a ese texto final (con un 73,9 por ciento de síes, aunque con una abstención del 50,6) el 18 de junio de 2006, el Tribunal Constitucional resolvería en junio de 2010 el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del Partido Popular, dictaminando la "ineficacia jurídica" del Preámbulo, así como la inconstitucionalidad de catorce artículos y la lectura de otra decena según el criterio del propio Tribunal. La manifestación, de respuesta a esa sentencia, que reunió en Barcelona el 10 de julio de 2010, bajo el lema "Som una nació, nosaltres decidim" a más de un millón de personas con el apoyo de todos los partidos políticos del Parlament, a excepción del PPC y de Ciutadans, representaría el pistoletazo de salida de crecimiento de los apoyos al movimiento a favor del derecho a decidir.  

En el caso de la CAV, la propuesta de reforma del Estatuto, planteada en 2003 por el Gobierno de coalición del Lehendakari Ibarretxe, fue rechazada en febrero de 2005 por el Congreso por 313 votos en contra (PSOE, PP, IU, CC y CHA), 29 a favor (PNV, ERC, CiU, EA, NaBai y BNG) y 2 abstenciones (ICV). 

Esos dos proyectos fracasados de ampliación del autogobierno registraron, o han registrado, sendos episodios finales que tienen que ver con el intento de conformación de sendos sujetos decisorios fragmentarios en las comunidades autónomas vasca y catalana. 

En la CAV, ante el fracaso de un nuevo intento negociador con el Gobierno de España para el establecimiento de un nuevo marco, el Gobierno de Ibarretxe impulsó la aprobación en junio de 2008 de un proyecto de ley de consulta a la ciudadanía vasca, fijando el texto de las preguntas. Esa ley sería declarada inconstitucional en septiembre del mismo año por el Tribunal Constitucional.  

Precisamente el contenido de aquella sentencia, la 103/2008 del Tribunal Constitucional, prefiguró en buena medida la reciente sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 25 de marzo relativa a la Declaración del Parlamento catalán de 23 de enero de 2013, por la que el Parlement de Catalunya proclamaba al pueblo catalán como sujeto político y jurídico soberano. El Tribunal Constitucional afirma que el reconocimiento de un sujeto dotado de soberanía y distinto del pueblo español, como pudiera serlo el catalán o el de otra comunidad del Estado, resulta contrario a las previsiones de los artículos 1.2 y 2 de la Constitución. Por lo tanto, ninguna Comunidad Autónoma podría unilateralmente convocar un referéndum sobre su forma de integración en España o de segregación del Estado. Con todo, en las mismas dos sentencias se abre la puerta a modificaciones del engarce de las partes con el todo mediante propuestas de reforma de la Constitución dirigidas a ser consideradas por el Parlamento Español, es decir, mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional del artículo 168 de la Constitución. Debe subrayarse que, en el caso catalán, de cara a esa "interpretación constitucional de las referencias al derecho a decidir" de los ciudadanos catalanes, el Tribunal Constitucional recuerda que son "los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales" quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación" los problemas que se suscitan en el orden constitucional, "en particular los derivados de la voluntad de una parte de alterar su estatus jurídico". También hay que decir que, contando con el antecedente de la primera sentencia, el Consejo Asesor para la Transición Nacional en su informe La consulta sobre el futur polític de Catalunya había juzgado que, en comparación con otras cuatro posibles vías legales (dos de ellas surgidas de artículos de la Constitución, otra de la ley autonómica 4/2010 y la última, de la proposición de ley sobre consultas populares), la vía de la reforma constitucional suponía un proceso largo y complejo en el que las fuerzas políticas catalanas siempre estarían en minoría, exigiendo, además, de ingeniería constitucional. 

Por lo tanto, la historia reciente prueba que intentar ampliar el autogobierno siguiendo las vías constitucionales puede ser arrumbado o recortado por las fuerzas dominantes en Madrid, bien en el Congreso o bien por el Tribunal Constitucional. A su vez, la puerta que abren las dos sentencias del TC sobre un posible derecho a decidir fragmentario que siga la vía constitucional de la reforma de la Constitución es inconcreta y nebulosa (¿cómo podría obviarse el contenido de los dos primeros artículos del texto constitucional?) y siempre penderá sobre ella el veto del PP y del PSOE.

En lo que respecta a Navarra, las tesis favorables al aumento de nuestro autogobierno de algunas formaciones políticas no han podido abrirse camino, por cuestión de mayorías y por la imposibilidad de articularse una alternativa a UPN por la negativa del PSN a apostar por otras opciones que no sean la entrada en gobiernos de coalición con aquel partido o apoyar su acción de gobierno, en situación de minoría parlamentaria, desde el exterior. No hace falta recordar el fracaso la Ponencia sobre Autogobierno de la legislatura 2003-2007 y de los vanos intentos por resucitarla ulteriormente. Paralelamente, y por las mismas razones que las antedichas, tampoco se ha podido impulsar ninguna iniciativa, siguiendo parámetros constitucionales, tendente a establecer políticas estables de cooperación con la Comunidad Autónoma Vasca mediante órganos permanentes como el previsto por el gobierno de coalición entre el PSN, CDN y EA de 1995, que fue finalmente abortado por la demolición de dicho gobierno, decidida por el propio PSN, tras el asunto de las cuentas secretas en Suiza de Otano. 

Curiosamente tampoco han sido socializadas convenientemente propuestas de incremento del autogobierno navarro, calificables como de “terceras vías” entre la inmovilidad del bloque constitucionalista y las procedentes de la izquierda abertzale, como la de Nafarroa Bai de 2007. Dicha propuesta, asumida en su plenitud hoy en día por formaciones como Zabaltzen, integrada en la coalición Geroa Bai, habla también del empleo de la vía de los derechos históricos para lograr dicho incremento competencial, de la defensa de la concepción de la ciudadanía navarra como sujeto político decisorio libre e incondicionado, del respeto a la convivencia interidentitaria y del establecimiento, en el corto plazo, de un órgano de cooperación permanente entre Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca como el que casi se puso en marcha 1995. Todo ello, desde la perspectiva de que la voluntad democrática y la negociación son las fuentes primordiales de legitimación de las organizaciones políticas, con lo que se residencian las decisiones relacionadas con el marco políticoinstitucional navarro en la conformación de mayorías a través del pacto. Y con la idea de agotar, en relación con todo lo anterior, los mecanismos que proporciona el actual marco constitucional. 

Teniendo en cuenta todo ello, y volviendo a la iniciativa de la cadena humana del 8 de junio, no parece de demasiado recorrido la mezcla, implícita en esa iniciativa, de ámbitos de decisión tan diferentes como el de la CAV y el navarro. Asimismo, no parece demasiado acertado partir de enfoques desiderativos y prepolíticos, que busquen un amoldamiento de la realidad a una determinada concepción de la sociedad y de la territorialidad vasconavarra, sin tener e cuenta, en última instancia, la necesidad de hacer política desde la evidencia.

A pesar de la diferencia de estadio y de clima entre el contexto catalán, el de la CAV y el de la Navarra, queremos hacernos eco también aquí de las reflexiones del cantante valenciano Raimon sobre las repercusiones del actual proceso catalán en otros territorios de lengua catalana como la Comunidad Valenciana o Baleares. Artista que no necesita presentación para quienes ya tenemos cierta edad y cuyas actitudes personales han sido en más de ocasión dignas de elogio, Raimon afirmó la semana pasada en unas declaraciones en Catalunya: “Yo no soy independentista porque no me lo había planteado nunca y desde Valencia todo esto se mira de otro modo”; la independencia “te la miras con más atención, si piensas en términos de unidad cultural, y con más alarmas porque en el País Valenciano hay un anticatalanismo que está funcionando y puede crecer”; “Yo soy valenciano. ¿Qué repercusiones podría tener la independencia de Cataluña en el País Valenciano? El anticatalanismo crecería todavía más”. Aunque posteriormente ha subrayado su apoyo a la consulta a la ciudadanía e incluso su hipotético voto positivo de poder votar en ella, sus posturas han generado múltiples reacciones, así como críticas en las redes sociales. Con todo, en su tierra de origen no faltan quienes ven razonables sus palabras, si bien también es justo reconocer que no yerran quienes apuntan a que a la derecha valenciana no le hace falta la independencia de Catalunya para distinguirse por su anticatalanismo extremo.

No podemos dejar se sentirnos concernidos por las palabras de Raimon. Hay muchas similitudes entre la Comunidad Valenciana y Navarra. Entre ellas, un dualismo identitario de base (si bien hoy en día proyectado a una diversidad de etiquetas identificatorias); una parecida situación de doble perifericidad ante un nacionalismo español dominante y un nacionalismo, mayoritario en la comunidad vecina, pero minoritario aquí; una similar pulsión de adaptación a Navarra de uno y otro nacionalismo, que complejiza mucho las cosas, no sólo por la introducción de un pathos radical; una cierta desmemoria, no obstante, ante la valoración de lo propio que dificulta la emergencia de un sentimiento particularista estrictamente autóctono y sin ataduras; una derecha, por último, cuyas formas de gobierno son deleznables y cuya gestión está teñidísima de corrupción, que emplea el argumento identitario como parapeto defensivo y que hasta ahora se ha beneficiado de esa estrategia. 

También es preciso recordar, por otra parte, que iniciativas similares a la Giza Katea del 8 de junio no han contribuído históricamente a acercar Navarra al resto de Euskal Herria, sino más bien a fortalecer a los agentes contrarios a dicha aproximación. El triunfalismo peneuvista del finalmente fracasado proceso estatutario de 1931-1932 dejó demasiados cabos por atar y cometió demasiados fallos, tal y como no se privó de señalar el mismo Manuel de Irujo. Hace unas décadas, los actos de masas y la campaña del Nafarroa Euskadi Da de finales de los setenta registraron serios fallos de calibración, el peor de ellos no entender el lastre que suponía la violencia terrorista de ETA. 

No sólo hay que ir al pasado. Ejemplos recientes, en contextos absolutamente favorables a la iniciativa reseñada, prueban que apelar al derecho a decidir ni siquiera sirve para avalar las tesis de fondo de aquélla. La consulta llevada a cabo en Etxarri Aranatz el pasado 13 de abril, convocada por la plataforma ciudadana A13 y apadrinada por EH Bildu y por Geroa Bai, tal y como se veía en el cartel, se saldó con un fracaso. Ante la pregunta “¿Quieres ser ciudadano o ciudadana de una Euskal Herria independiente?”, sobre un total de 1.990 vecinos mayores de 16 años llamados a participar, solamente emitieron su voto 851, el 42,8 por ciento. De ellos, 804 votaron a favor de la independencia y 18 en contra. Además, se registraron 26 votos blancos y tres nulos. Además, a la escasez de los apoyos recabados, hay que añadir que los resultados obtenidos expresan una fractura clara dentro del nacionalismo vasco. Hay una clara disonancia entre los síes y los votos obtenidos por las opciones nacionalistas en anteriores convocatorias electorales. En las elecciones generales de noviembre de 2011 Amaiur sacó 837 votos y Geroa Bai 237. En las elecciones autonómicas de mayo del mismo año Bildu consiguió 795 apoyos y Nafarroa Bai 2011 306. De todo ello, se puede presumir que el electorado de Geroa Bai no votó sí en el referéndum, aún cuando dicho partido lo apoyaba, lo que se puede considerar un divorcio entre las instrucciones dadas por la élite del partido y las bases, interpretable, entre otras razones, en clave ideológica. 

Esos datos, procedentes de un laboratorio extremo, avalarían que en Navarra la política basada en la evidencia nos revela una y otra vez que, aunque las perspectivas reduccionistas, basadas en rotundas líneas de fractura y expresadas en eslóganes de trinchera, tienen su mercado en los extremos del electorado (es decir, en UPN y en Bildu), gran parte de la sociedad comparte otro tipo de visiones no maximalistas que asumen que múltiples valores pueden ser compartidos por gente de origen e idearios diferentes. Por supuesto, esos sectores más centrados del electorado se verán ahora entre dos fuegos. ¿Alguien duda que el navarrismo españolista reactivo de UPN y del PP se privará de responder con toda la artillería pesada a la iniciativa del 8 de junio? No serían de extrañar convocatorias de actos masivos por parte de esos partidos (también incluso cadenas humanas o consultas a nivel municipal) invocando un supuesto derecho a decidir de los navarros en relación, por ejemplo, de la derogación de la disposición transitoria cuarta, algo acerca de lo que ya se han manifestado en múltiples ocasiones líderes de dichas formaciones. 

Raimon en nosotros. En ocasiones, en demasiadas ocasiones quizás, también se hace patria de una forma diferente, de una manera distinta a la propugnada por los guardianes de las esencias identitarias. Desde el equilibrio y el respeto proactivo a la diversidad de los ciudadanos de tu propio país.

SEGUNDA RESPUESTA (INDIVIDUALIZADA) A JESÚS MARIA ARAGÓN SAMANES

Reproduzco mis dos respuestas a la carta publicada por Jesús María Aragón Samanes, Secretario General Federal del Partido Carlista de las Españas, el día 5 de abril en Diario de Noticias en la que replicaba a mi contestación anterior a una carta publicada por el Comité Político de EKA en relación con un reportaje mío publicado en dicho periódico. La primera carta es la definitivamente publicada en el mismo medio. La segunda es más extensa y es la que en principio remití pero que, por lo visto, excedía presuntamente los límites de espacio que deben guardar estos textos.

La primera carta de respuesta, como digo, la definitivamente publicada, es ésta: 

"El 5 de abril Jesús Maria Aragón Samanes contestaba a la respuesta que dí a una carta remitida por el comité político de su partido. Afirmaba que no me ceñía a los contenidos sugeridos en su primer escrito, aunque no refutaba los datos nuevos que yo aportaba ni los del primer reportaje. 

Obvié el llamamiento a los Carlistas de la Junta Regional de la Comunión Tradicionalista de Navarra, del 24 de julio de 1936, porque la práctica de la Junta Central Carlista de Guerra, el órgano del tradicionalismo que de verdad mandaba en esa situación, se condujo por derroteros auténticamente represivos. Respecto al bando de Mola, es una ficción considerarlo exógeno a aquella Junta Central: el hijo del cabeza de facto de dicho órgano fue el que redactaba las instrucciones reservadas del propio Mola, que prefiguraban el significado que había que dar a aquél. El propio Benito Santesteban reconocería su proximidad a Mola en las funciones represivas que acometió. 

Eladio Esparza desempeñó el cargo que mencioné y no hay contradicción con que fuera simultáneamente subdirector de Diario de Navarra, porque lo que cuenta es su propio pensamiento. El concepto de carlofalangismo lo razono desde el hecho de que a partir del 19 de julio carlistas y falangistas coparticiparon en labores represivas, habiendo sobre ello numerosos testimonios. Sobre los intercambios de prisioneros, la documentación conservada menciona posturas intransigentes, amén de la ominosa cuestión de Francisco Lizarza.

Por otra parte, sobre las calificaciones que suscita mi labor, soy de la opinión de que la envergadura de limpieza política sufrida por quienes fueron considerados como enemigos a batir por los sublevados se merece que se hable de los responsables de la misma. Aunque nunca, ciertamente, podremos conocer los detalles por la desaparición deliberada de la documentación de los organismos represores del momento. Recordaré que el secretario de la Junta Central Carlista de la Guerra, José Úriz Beriain, fue posteriormente, durante décadas, secretario de la Diputación Foral. 

Para terminar, reitero mi extrañeza a que sean precisamente dirigentes de EKA quienes se sientan agredidos por mis aportaciones. Lo entendería en el caso de quienes, tras colaborar con el franquismo y beneficiarse de sus prebendas, nunca han condenado de lo sucedido aquellos años y, para remate, no pierden ocasión de imputar a todos los demás todo tipo de connivencias execrables".

Por su parte, la segunda carta (como digo, la originalmente remitida y que fue retocada, por razones de espacio, era esta): 

El sábado 5 de abril Jesús Maria Aragón Samanes, Secretario General Federal del partido Carlista de las Españas, contestaba a la respuesta que dí a una carta remitida a este periódico por el comité político del Partido Carlista-EKA de Navarra. En ella me acusaba de que, en lugar de ceñirme a los contenidos sugeridos en su primer escrito, yo aportaba “unos datos, ya divulgados por otros historiadores, y por eso conocidos por todos nosotros, o sea: aporta más árboles que limitan más aún la visión del bosque”. De cualquier forma, Aragón Samanes ni niega dichos datos ni los que se aportaban en el primer reportaje objeto de refutación por su parte. 

Por contra, llama la atención sobre mi silencio sobre “el llamamiento a los Carlistas de la Junta Regional de la Comunión Tradicionalista de Navarra, del 24 de julio de 1936, así como la aclaración de que el bando era el bando de guerra del general republicano Mola, el director del golpe de Estado al que se sumó el Carlismo, y alguna que otra puntualización en ese totum revolutum”. 

He de decir que no tomé en consideración aquel llamamiento porque la práctica de la Junta Central Carlista de Guerra, el órgano del tradicionalismo que de verdad mandaba en esa situación, se condujo por otros derroteros, auténticamente represivos. 

Por lo que respecta al bando de Mola, es una ficción considerarlo exógeno a aquella Junta Central: Luis Martínez Erro, el hijo del cabeza de facto de dicho órgano, José Martínez Berasain, fue el que redactaba las instrucciones reservadas del propio Mola, instrucciones que hablaban de lo que hablaban y que prefiguraban el significado que había que dar a aquel bando de guerra. Por otra parte, el propio Benito Santesteban, primo y sobrino respectivamente de aquéllos, reconocería su proximidad a Mola en las funciones represivas que desarrolló. 

Otras cuestiones a las que se refieren en sus escritos (como las relativas a Eladio Esparza, al concepto de carlofalangismo o a los intercambios de prisioneros) y que ustedes consideran que he tratado de forma reduccionista o sesgada, son, desde luego, en el caso de que las desarrollara por extenso, bastante más complejas que lo que ustedes insinúan y apuntan más hacia mis tesis. Baste decir que Eladio Esparza desempeñó el cargo que mencioné, compatibilizándolo, es verdad, con la subdirección de Diario de Navarra, pero es que desde el periódico fue el máximo valedor de la integración de todos los autores de la derecha desde el año 1931 cuando menos (en una labor ciertamente meritoria) y sus responsabilidades intelectuales en lo que pasó en el verano y otoño de 1936 son evidentes (y no sólo por preparar la coreografía de la procesión del 23 de agosto, día de la matanza de la Valcardera). En cuanto al concepto de carlofalangismo, lo razono desde el hecho de que a partir del 19 de julio carlistas y falangistas coparticiparon en labores represivas, habiendo sobre ello numerosos testimonios. Sobre los intercambios de prisioneros, la documentación de la Junta Central Carlista de Guerra menciona posturas ciertamente intransigentes, amén de la ominosa cuestión de Francisco Lizarza.

Por otra parte, sobre la mención de que con mis textos están descontextualizados y de que no contribuyen “a la integración de la Historia que nos concierne en nuestra convivencia ciudadana”, por lo que desarrollo un ejercicio de memoria “fraccionada, o sea, sesgada, incompleta”, dejénme decirles que soy de la opinión de que la envergadura de limpieza política sufrida por quienes fueron considerados como enemigos a batir por los sublevados en julio de 1936 (Navarra fue la provincia española, con diferencia, con mayor número de asesinados por votantes al Frente Popular) se merece que se hable de los responsables de la misma. Hablar de que fueron circunstancias propias del conflicto no me vale. En Navarra no hubo frente de guerra y el tratamiento hacia los desafectos en la retaguardia fue absolutamente terrible y excesivo. Aspirar a una reconstrucción máxima de lo sucedido (en la medida de lo posible) es un ejercicio de mínima justicia. Lamentablemente, estoy con ustedes, aunque por otro motivo, en relación con lo de la memoria fraccionada, sesgada e incompleta. La ocultación y la desaparición de la documentación de los organismos represores del momento impiden conocer muchísimos detalles. Pero también hay que decir que la misma fue deliberada. Lamento centrarme en los carlistas, pero no es de recibo que el secretario de la Junta Central carlista de la Guerra, José Úriz Beriain, fuera posteriormente, durante décadas, secretario de la Diputación Foral (en cuyo Palacio, hay que decirlo, asentó sus reales aquel órgano). 

Para terminar, reitero mi extrañeza a que sean precisamente ustedes quienes se sientan agredidos por mis aportaciones, usurpando el lugar de quienes, tras colaborar con el régimen franquista y beneficiarse de las prebendas concedidas por el mismo, en ningún momento han condenado de verdad lo sucedido aquellos años y, para remate, no pierden ocasión de esgrimir un discurso de trinchera, trufado de superioridad moral, imputando a todos los demás todo tipo de connivencias execrables.

EMPECINADA MEMORIA DE NEGACIÓN.

El pasado jueves 27 de marzo, bajo el título “Memoria histórica fraccionada”, diversos miembros del Comité Político del Partido Carlista-EKA de Navarra (Juan Luis Aldaya, Paco Zamora, Maribel Alzórriz, Feliciano Vélez, Ana Montoya, Andoni Rabanal, José Lázaro Ibáñez), así como Jesús Mª Aragón Samanes, secretario general federal del Partido Carlista de las Españas (sic), se referían, adjuntando diversos comentarios críticos, a un reportaje que publiqué en este periódico el pasado domingo (y que el 8 de febrero había sido publicado en el diario Deia) titulado El carlismo y el castigo al nacionalismo. 

Considerando el trasfondo último de los contenidos de la misma, quisiera expresar mi perplejidad porque dirigentes de un partido que se autodefine como de una línea política de izquierda alternativa, encuadrada en el socialismo autogestionario (y que llegó incluso a formar parte de Izquierda Unida), sea incapaz de efectuar una reflexión crítica sobre el papel que el carlismo de los años treinta, muy distante ideológicamente del partido de los autores de la mencionada carta (o, al menos, eso es que se percibe desde el exterior, si las palabras valen algo), tuvo en la durísima represión de retaguardia acaecida en Navarra y en territorios próximos. Lamento profundamente que aquellas personas no sepan aquilatar la trascendencia del hecho de la recuperación de un texto que no sólo expresa intenciones, sino que, además, anticipa realidades. Sin duda, todo ello es responsabilidad también de los demás: por muchas razones que sería prolijo comentar, la memoria histórica de la violencia política desarrollada en nuestra tierra durante la guerra civil se ha limitado exclusivamente a las víctimas y no ha profundizado en el tema de los verdugos, lo que se ha revelado como un grave error porque no ha hecho más que acrecentar el sentimiento de impunidad y el impulso a la manipulación histórica de los herederos biológicos o ideológicos de aquellos matarifes. 

Puestos a reconvenir, y ya que se sienten tan concernidos por algo que a priori no tenía por qué concernirles, hablen, hablen de Benito Santesteban, killer de la Junta Carlista Central de Guerra de Navarra; de su tío José Martínez Berasáin, presidente de facto de aquel órgano, y de su libreta; de Luis Martínez Erro, primo del primero e hijo del segundo, mecanógrafo de las instrucciones reservadas de Mola y escolta de éste; hablen de los expurgos en la documentación de aquella Junta; hablen de los registros de presos y de la documentación de la cárcel de Escolapios, el centro de detención de los requetés; hablen del Tercio Móvil y si hay documentación propia del mismo y acerca de sus salidas; hablen de los componentes de las juntas locales de guerra y si se conservan documentos sobre ellas y sobre todos aquellos que en los primeros meses de guerra se quedaron en los pueblos para reprimir; etc. Y ya que lo citan, hablen de dónde podría estar el listado de los fusilados en Bera (que sus familiares tienen todo el derecho a saber donde fueron enterrados, que los familiares de los enterrados en Polloe ya lo pudieron saber).

Y háganlo, en el caso de que sean capaces de hacerlo, solamente por humanidad para con los ejecutados, por solidaridad con aquellos voluntarios carlistas que de buena fe marcharon al frente y no se enfangaron en cometer actos indignos y para enseñar a las nuevas generaciones la regla de oro de la convivencia política: el rechazo al ejercicio de la violencia para perseguir objetivos políticos.

SUÁREZ, DEL BURGO Y LA HUELLA DE YANGUAS Y MIRANDA.

Con ocasión del reciente fallecimiento de Adolfo Suárez nos ha venido a la memoria un artículo clásico de Enzensberger, de 1989 nada menos, en el que englobaba su figura como uno de los ejemplos arquetípicos de lo que el denominaba “los héroes de la retirada”. Desde su punto de vista, Suárez, al igual que personalidades como Jaruzelski o Gorbachov, encarnaría a aquellos líderes “que no representan el triunfo, la conquista, la victoria, sino la renuncia, la demolición, el desmontaje” de posiciones insostenibles. En sus palabras, “Suárez fue participante y beneficiario del régimen de Franco; si no hubiera pertenecido al círculo más íntimo del poder no habría estado en disposición de abolir la dictadura. Al mismo tiempo, su pasado le aseguró la desconfianza insuperable de todos los demócratas. De hecho, España no le ha perdonado hasta el presente. A los ojos de sus antiguos camaradas, él fue un traidor; a los ojos de aquellos para quienes había abierto el camino, fue un oportunista. Desde que se retiró como típica figura de la transición [recordemos que Enzensberger escribió aquel texto en 1989] no ha vuelto a pisar terreno firme. El papel que él representa en el actual sistema de partidos ha quedado más bien oscuro. Una cosa, y solamente una, tiene garantizada el héroe de la retirada: la ingratitud de la patria”.

Con todo, la muerte de Suárez ha servido durante los últimos días para reescribir en positivo una Transición cada vez más cuestionada desde todos los órdenes: desde el territorial (con unas reivindicaciones secesionistas catalanas que nos recuerdan que Cataluña ha sido siempre históricamente el primer problema en relación con la cuestión de la conformación del Estado español, empequeñeciendo la envergadura de las reivindicaciones vascas dada la enorme pluralidad vasconavarra) hasta el socioeconómico (veáse la multitudinaria protesta social del sábado en Madrid) pasando por el institucional (a causa del descrédito de la monarquía y de los partidos políticos mayoritarios). 

En nuestro caso la desaparición del expresidente nos ha hecho recordar un aspecto capital que suele pasar al olvido cuando pensamos en la Transición navarra: el diseño de quién debía protagonizar la negociación con el Estado de cara al Amejoramiento del Fuero. Ese diseño respondió a las estrategias planteadas por Jaime Ignacio del Burgo, quien habría contado con el apoyo de los ministros Clavero Arévalo y Martín Villa y con el del presidente Suárez. 

Ya a finales de 1977 se abortó la posibilidad, implícita en el acuerdo del ministro Clavero con la Asamblea de Parlamentarios Vascos de 11 de noviembre de 1977, de que Navarra se incorporara al Consejo General Vasco a través del órgano foral competente, y transitoriamente a través de sus parlamentarios (lo que garantizaba que no tuviera lugar, por la mayoría contraria de los representantes de la UCD navarra). Tras entrevistarse los diputados y senadores de UCD de Navarra en Madrid con Clavero y con Suárez, argumentando que las negociaciones las debía llevar la Diputación, el 25 de noviembre se constituyó el Consejo Parlamentario de Navarra con los nueve parlamentarios elegidos en junio. Este órgano consiguió paralizar aquel acuerdo mediante la introducción, a instancias de UCD, de una claúsula en el proyecto de Decreto-Ley, finalmente publicado el 4 de enero, que facultaba al Gobierno de acuerdo con la Diputación para la determinación del órgano foral competente que debía decidir sobre la posible incorporación, siendo necesaria la ratificación de esa decisión por el pueblo navarro mediante referéndum. Todo ello ha sido recientemente recordado por el propio Jaime Ignacio del Burgo.

En el debate constitucional, aunque las tesis de la UCD de Navarra no consiguieron prosperar del todo en lo que se refiere a la Disposición Transitoria Cuarta ni en lo que respecta a la Disposición Adicional Primera (ésta última producto de una enmienda del PNV), triunfaron absolutamente en relación con la disposición derogatoria. Planteada dicha disposición en el Pleno del Congreso, del Burgo consiguió evitar el planteamiento del PNV que extendía la derogación de la ley de agosto de 1839 también a Navarra (y que llegó a reflejarse en una primera versión a la misma), en cuanto que dicha ley había sido para Navarra la base de la solución de 1841 y en cuanto que ésta última debía ser fundamento, a su vez, del futuro Amejoramiento del Fuero. Con la no derogación de la ley de 1839 para Navarra se abría la posibilidad de la fórmula que desembocaría en 1983 en la LORAFNA. 

Cerrado lo anterior, el fleco pendiente era la determinación de quién debía protagonizar el proceso negociador con el Estado y cuáles debían ser las fórmulas para la elección del Parlamento Foral y la Diputación en 1979. Las bases aprobadas por la Diputación, elegida en las postrimerías del franquismo, el 13 de junio de 1978 para la democratización de las instituciones forales y amejoramiento del Fuero, que habían sido elaboradas por una comisión de técnicos foralistas, muy alejadas de las posturas de UCD, PSOE y de los demás partidos, y que defendían un Consejo Foral supeditado a la Diputación y de composición muy compleja y estrambótica, fueron rechazadas por el ministro Martín Villa. 

Finalmente, el Decreto-Ley 121/1979 de 26 de enero sobre elecciones locales y ordenación de las instituciones forales de Navarra (que en sus líneas generales se conocía desde octubre por filtraciones a la prensa y cuyo proyecto fue presentado por Martín Villa el 22 de noviembre) atendía a los intereses ucedistas. Se conformaba un sistema de elección de la Diputación y del Parlamento con las merindades como circunscripción electoral, siendo diputados el primero o los primeros (en el caso de Tudela y Pamplona) que mayor número de votos alcanzaran en cada merindad. Mediante dicho sistema UCD planeaba asumir la mayoría absoluta de los siete componentes de la Diputación. Dicho pronóstico se cumplió, aunque menos holgadamente de lo inicialmente calculado, puesto que para UCD fueron sólo cuatro de los siete diputados y no los cinco o seis previstos de antemano. Sea como sea, UCD consiguió con 20 sobre 70 escaños en el Parlamento Foral tener el 57,1 por ciento de los puestos de la Corporación Foral. Además, no menos importante, se establecía la primacía de la Diputación sobre el órgano parlamentario al no ser aquélla elegida por éste. Por tanto, las tesis de la Corporación Foral como custodio inviolable de la soberanía navarra se imponían a las tesis de la democracia moderna según las cuales la soberanía popular reside en los órganos parlamentarios representativos. Con todas esas circunstancias, a pesar de las interferencias provocadas por el asunto FASA, que del Burgo pudo sortear por sus contactos personales con la UCD de Madrid, UCD pudo pilotar con total autoridad la vía navarra hacia la autonomía, siguiendo la prefijada hoja de ruta delburguiana, tal y como se explicó en otra entrada de este blog. 

No queremos dejar de reseñar que todo lo anterior contenía ciertos resabios del pasado. En el proceso que llevó a Navarra de ser reino a provincia en 1839-1841, los pasos a seguir también fueron dictados por Madrid según la partitura redactada por un navarro, en este caso el tudelano Yanguas y Miranda. La clave fue el Real Decreto promulgado el 16 de noviembre de 1839 para que pudiera “tener efecto lo dispuesto” en el artículo segundo de la Ley de 25 de octubre, esto es, para que se pudiera llevar a cabo el trámite de audiencia de Navarra y Vascongadas necesario para la elaboración de las propuestas de modificación de los fueros que el Gobierno debía presentar a las Cortes para cada territorio. 

Mediante ese Real Decreto se comenzaban a bifurcar los caminos de Navarra y de las provincias hermanas. Mientras, por el artículo primero, en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya se resucitaba el sistema foral tradicional, ordenándose que se constituyeran sus respectivas Juntas Generales para elegir a sus Diputaciones, en lo que respecta a Navarra, según el artículo cuarto, se establecía que la Diputación, ya no del Reino, debía ser nombrada según los parámetros constitucional fijados para la elección de las diputaciones provinciales. Se consumaba, por consiguiente, la eliminación de las Cortes que eran, según la constitución histórica de Navarra, las que designaban a los miembros de la Diputación del Reino, obviándose, además, la razón de ser primigenia de ésta, que era la de ser la representación permanente de aquéllas. Por el mismo artículo cuarto se conservaban, no obstante, algunos aspectos formales y competenciales de las pautas constitucionales propias relativas a la Diputación: ésta estaría formada por “siete individuos como antes constaba la diputación del reino, nombrando un diputado cada merindad, los dos restantes las de mayor población”. En cuanto a las competencias de la misma, eran menores que las de la Diputación del Reino: aunque se reconocían las de ésta en aquélla, se supeditaban a “las que siendo compatibles con ellas señala la ley general a las diputaciones provinciales”, sumándose “las de administración y gobierno interior que competían al Consejo de Navarra”, todo ello, claro está, “sin perjuicio de la unidad constitucional”. 

Por otra parte, según el artículo séptimo se determinaba, en conformidad con todo lo anterior, una clara diferenciación entre los protagonistas de la interlocución con el gobierno de Madrid: en Vascongadas serían las Juntas Generales las que nombrarían los “dos o más individuos que unos a otros se sustituyan” para conferenciar con aquél; en cambio, en Navarra los designaría “la nueva diputación”, convirtiéndose ésta en el árbitro del proceso para dicho territorio. Las disimilitudes en el apartado de nombramiento de delegados, así como por defecto en todo lo que tuviera que ver con la concreción de contenidos a negociar y con la gestión de los tiempos de la negociación, eran palpables. En Vascongadas esos aspectos cruciales se debatirían en un foro asambleario con representantes municipales de extracción social variada. En Navarra todo ello sería dirimido por un órgano de siete miembros elegidos por un sufragio fuertemente censitario en un escenario político en el que los diputados elegibles pertenecerían bien al liberalismo moderado, bien al progresista, permaneciendo fuera de juego, por proscripción política tácita, otros posibles candidatos adscritos al carlismo, el predominante entre la opinión pública navarra. 

Por consiguiente, dicho real decreto corroboraba las tesis de Yanguas, seguidas por varios intervinientes en las Cortes españolas en el debate sobre la ley de 25 de octubre de 1839, de que el procedimiento de modificación foral en Navarra debía hacerse mediante un método diferente al vascongado por cuanto se subrayaba la imposibilidad de convocatoria de las Cortes navarras. Así, se conformaba una Diputación que respondía, a pesar de diversos arreglos cosméticos, más al carácter y naturaleza de las diputaciones provinciales que a la extinta, e imposible también de resucitar, Diputación del Reino cuya misión esencial era, recordémoslo, velar por el cumplimiento de los cánones constitucionales propios del reino, tal y como había intentado hacer a lo largo de toda su historia. Y, paralelamente, se facilitaba el futuro desenlace al quedar configurada la parte negociadora navarra como amigable respecto de Madrid, carente absolutamente de los perfiles reivindicativos de los fueristas vascongados que se negarán a entablar negociaciones. 

En 1839-1841 una Diputación dispuesta por Madrid, y amoldada a la estrategia de Yanguas y a los intereses de los grupos sociales que el tudelano representaba, desplazaba a unas Cortes navarras consideradas como un nudo gordiano. Nadie, a excepción de Sagaseta de Ilurdoz, haría comentario alguno sobre la hipotética reforma del legislativo navarro y sobre la usurpación del papel de éste que entrañaba el protagonismo negociador otorgado a la nueva Diputación de cara a la configuración de aquel nuevo marco políticoinstitucional. En 1979-1983 las directrices de la UCD estatal y de la UCD navarra decidirían sobre quién iba a ser el agente primordial en las negociaciones para el nuevo marco de autogobierno, imponiéndose a todas las corrientes democráticas que en la época en el mundo occidental reservaban tal cometido a los órganos parlamentarios. Ciento cuarenta años después se adoptaban los mismos principios tendentes a concentrar el poder decisional en el menor número de personas y a anular o disminuir las posibles interferencias de los foros parlamentarios autóctonos.

LA ESTRATEGIA DE DOBLE ELIMINACIÓN DEL PSN/PSOE.

En nuestra última entrada, publicada pocas horas antes de que Ferraz prohibiera al PSN seguir adelante con la moción de censura, vaticinamos lo que iba a suceder, basándonos en los pronunciamientos del principal periódico estatal de centro-izquierda y en la resolución relativa al mantenimiento del status políticoinstitucional de Navarra aprobada en el último Debate de la Nación, redactada en conformidad con los tonos apocalípticos enunciados por el diputado de UPN en el Congreso, que presentaban a nuestra comunidad como rompeolas frente al riesgo de disgregación del Estado español. 

Los comentarios posteriores surgidos al hilo de la decisión de la dirección federal del PSOE han subrayado las negativas consecuencias de la misma para el PSN en el escenario político navarro en el futuro, así como su actitud servil en relación con la actitud chantajista de UPN, su supeditación a la razón de Estado y su obediencia a decisiones tomadas fuera de nuestro territorio, obviando la voluntad y los intereses de la ciudadanía navarra y de los propios votantes socialistas en Navarra. Esas consideraciones son pertinentes y personalmente las compartimos. Ahora bien, ¿son las únicas reflexiones que deben hacerse?.

Partamos de un hecho. El axioma fundamental de la teoría de juegos es el que en sus decisiones los agentes actúan considerando también a los demás actores, barajando las reacciones que las decisiones propias van a suscitar en las decisiones de los demás. Y como es obvio, se trata de fortalecer las expectativas propias y las de los aliados más afines y de debilitar a los contemplados como adversarios y contrincantes más peligrosos. Pues bien, la experiencia de los últimos veinte años prueba que el PSN/PSOE ha optado por una estrategia de doble eliminación: tras automutilar sus posibilidades de gobernar en solitario o en situación de franca preponderancia política por los costes de la corrupción de la era Urralburu, ha desechado la vía de gobernar en gobiernos tripartitos con formaciones nacionalistas vascas y con Izquierda Unida. Además, su decisión conlleva costes y perjuicios para la existencia misma de los partidos y formaciones con los que podía coaligarse, de forma que el beneficiado absoluto de su política ha sido UPN que pudo gobernar entre 1996 y 2011 en solitario con el apoyo externo socialista o en gobiernos de coalición absolutamente asimétrica con el CDN. 

El PSN/PSOE ha jugado el papel de árbitro en cuanto a la posibilidad de impulsar el cambio político en el escenario político navarro, pudiendo haber desalojado del poder a UPN por medio de la formación de gobiernos de coalición, en tres ocasiones en los últimos veinte años: en 1995-1996, en 2007 y en 2014. En las tres ocasiones los socialistas navarros han obedecido las directrices de la dirección federal en el sentido de ceder el gobierno de Navarra a UPN. Además, en las tres ocasiones las decisiones del PSN/PSOE han tenido consecuencias en los agentes políticos que podían coaligarse con dicho partido, consecuencias que (no nos equivoquemos, puesto que las decisiones en políticas se toman con la conciencia del posible desgaste que puedan entrañar en los demás) entrarían dentro de los cálculos de los propios estrategas socialistas. 

El fin en 1996 del gobierno tripartito constituído en 1995 por los socialistas, el CDN y Eusko Akartasuna, tuvo como principal damnificado al partido liderado por Juan Cruz Alli. Recordemos que, en su primera comparecencia electoral tras la ruptura con UPN, el CDN tuvo un arranque fulgurante y que, por su posición centrada y por su asunción de un nacionalismo navarro no soberanista, integrador e incluyente, podía haber desempeñado una función en el espectro político e ideológico de Navarra muy importante, como bisagra en más de una dirección y como renovador del navarrismo de centro-derecha o de derecha. 

Juan Cruz Alli en su libro La Cooperación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, San Sebastián, FEDHAV, 2004 (descargable en Internet) menciona múltiples pormenores acerca de las interioridades del final de aquella experiencia tripartita, posteriormente refrendados públicamente por Otano, el presidente de aquel gobierno. Asimismo, el firmante de estas líneas también pudo conocer, en conversación personal, una versión idéntica a la transmitida por Alli y por Otano de otro testigo de los hechos. 

Según cuenta Alli, en una reunión de finales de mayo de 1996 Miguel Sanz ofreció al PSN un acuerdo de estabilidad si se retiraba el apoyo al acuerdo de cooperación y a la previsión del Órgano Común con la CAV, lo que se acompañó de amenazas por parte de Rafael Gurrea que dijo que dicho acuerdo eran la gota que colmaba el vaso de lo que estaba UPN dispuesta a consentir. Con la publicación en primera página el 18 de junio de aquel año en Diario de Navarra de la noticia de que el presidente Otano era el titular de una cuenta en Suiza, cuenta de la que habían sido titulares anteriores Malón y Aragón, responsables del PSN, finalizaba una secuencia de rumores y de filtraciones informativas y judiciales iniciada semanas antes, tal y como admitieron con posterioridad Ollarra o Juan Ignacio del Burgo. A juicio de Federico Tajadura, Consejero de Presidencia de aquel gobierno tripartito, Otano y el PSN cometieron dos errores políticos graves al asumir el primero la titularidad de la cuenta y al aceptar la Secretaría General del partido, la candidatura a la presidencia, y la presidencia misma, sin depurar esa situación y las vinculaciones personales a esa situación. 

De cualquier forma, la tesis sobre un posible derribo controlado de aquel gobierno tripartito no es inverosímil: a la conducta entonces del sector del partido socialista menos proclive a la normalización de las relaciones con la CAV, se añade el comportamiento ulterior del PSN/PSOE: el nombramiento de una Comisión Gestora del partido, presidida por el catedrático de Derecho Constitucional de la UPNA Alberto Pérez Calvo, fue seguido del cese de los ataques de UPN y de Diario de Navarra a la corrupción socialista, así como de las acciones legales con las que UPN y PP amenazaron a los responsables de los anteriores gobiernos socialistas de Navarra. A cambio de ello el Gobierno de Navarra quedaba en manos de UPN y el PSN facilitaba la gobernabilidad con una oposición moderada y una actitud políticamente neutral, estado de cosas que perduró una buena serie de años. Después de todo aquello, el CDN bajó de 10 escaños en 1995 a 3 en 1999, a 4 en 2003 y a 2 en 2007. Su presencia como miembro minoritario en dos gobiernos de coalición con UPN (entre 2003 y 2007 y entre 2007 y 2009, rompiéndose el de esta última legislatura por discrepancias en relación con la Ley del Vascuence) fue el umbral del total desdibujamiento de la formación centrista. 

En el año 2007 el fracaso de las negociaciones entre el PSN/PSOE, Nafarroa Bai e Izquierda Unida de Navarra (de las que hizo un seguimiento ciertamente interesante el blog Nabarratik)  no sólo tuvo como telón de fondo el final de las conversaciones de Loiola en el otoño de 2006 y la persistencia de la acción criminal de ETA (que el 30 de diciembre de 2006 puso fin al alto el fuego permanente mantenido desde el 22 de marzo del mismo año con el atentado de la T4 de Madrid y a la que el 2 de julio de 2007, en pleno proceso negociador del gobierno de Navarra, las fuerzas de seguridad interceptaron un coche con más de 200 kilos de explosivos). También incidió la posibilidad de un inminente anuncio por parte del lehendakari Ibarretxe de una nueva hoja de ruta que incluía un proceso acordado con el Estado a refrendar con un referéndum vinculante y, en el caso de no llegarse a pacto alguno, una consulta no vinculante previa aprobación del Parlamento Vasco, lo que finalmente sería concretado en septiembre de aquel año. 

La cesión en 2007 del gobierno de Navarra a UPN, que se coaligaría con CDN, por orden de la dirección federal de Ferraz, desde luego, conllevó el desplome ulterior de los socialistas navarros que de los 61.000/64.000 votos y 11 escaños obtenidos en 1995, 1999 y 2003 y de los 73.000 y 12 escaños conseguidos en 2007 pasaban en 2011 a su suelo histórico: 51.000 votos y 9 escaños, con un retroceso muy severo en la conurbación pamplonesa que compromete seriamente el futuro de dicho partido allí donde el voto en Navarra tiene una mayor cualificación. 

Ahora bien, resulta excesivamente reduccionista afirmar que fue el PSN/PSOE el único afectado por el fracaso de aquel proceso negociador de 2007. Dicho desenlace también tuvo repercusiones en Nafarroa Bai, la coalición que integraba al PNV, EA, Aralar, Batzarre y a independientes y que fue capaz de emitir formulaciones novedosas y altamente renovadoras, sobre todo en el plano identitario y político institucional para la convocatoria electoral de 2007 (se puede ver aquella propuesta políticoinstitucional en Internet), hasta el punto de llegar a forzar a UPN en octubre de 2008 a romper su coalición con el PP, vigente desde 1991, por el afán de aquel partido a llegar a una entente estructural con el PSN, visto de que a su defensa de las singularidades navarras le surgía un competidor nabarrista. 

A los tres años de aquel fracaso, con los primeros pasos del proceso de normalización política, Nafarroa Bai sufrió una implosión. La primera salida de Batzarre en 2010 por entender que en la coalición primaban los criterios nacionalistas, y que se unió a IUN, fue seguida de la de EA al año siguiente por efecto de sus acuerdos con la izquierda abertzale. Al final de 2011 los restos de la coalición, mantenidos como Nafarroa Bai 2011 para las elecciones autonómicas con la suma de Aralaz, PNV e independientes, se descomponían al unirse para las elecciones generales el partido de Patxi Zabaleta a Bildu en la nueva coalición Amaiur y al integrar PNV y Zabaltzen, la asociación conformada por los independientes en septiembre de aquel año, una nueva entidad, Geroa Bai. 

Dicha implosión puede ser entendida como derivada, aparte de por las guerras intestinas producidas por cuestiones organizativas y de representación, de una confrontación de posiciones: tal y como expresaba Bixente Serrano Izko en un artículo, la de quienes piensan en la conveniencia de reunir a todos los nacionalistas en una opción política que dispute la hegemonía política a los demás agentes políticos y negocie con estos desde la defensa de su propio proyecto, y la de quienes apuestan por abrirse desde el nacionalismo a otros sectores mediante un proyecto que haga de la transversalidad su eje medular. Obviamente, la primera alternativa parte de las dudas que suscita el PSN como agente de cambio, quedando relegada la necesidad de entendimientos programáticos previos con dicha formación. En cuanto a la segunda fórmula, la operatividad de la vía trasversalista queda a expensas de la actitud que puedan mostrar los socialistas. No obstante, también hay que remarcar que, en la práctica, el discurso trasversalista, que ya quedó en sordina en la NaBai de 2007, todavía no ha sido difundido ni socializado ni siquiera por quienes lo reivindican más activamente, en cuanto que ese pensamiento se recoge en su acta fundacional: la asociación de independientes Zabaltzen. 

La negativa final del PSN/PSOE a presentar una moción de censura al gobierno de Yolanda Barcina condiciona altamente el futuro de aquel partido en Navarra. El comentarista político que desde El País apostó claramente por la solución finalmente concretada sigue aconsejando a los socialistas navarros que se encardinen a UPN de cara a los próximos años por la imposibilidad de pactar con Bildu por los razonamientos ya repetidos hasta la exasperación en las últimas semanas. No obstante, curiosamente, introduce una novedad. Según dicho autor, “tras el cese del terrorismo, una estrategia inteligente de los partidos moderados de Navarra debería impulsar políticas de cooperación con las instituciones vascas en materias culturales y otras como forma de favorecer la convivencia con el sector vasquista de la población sin ceder a las pretensiones del nacionalismo radical. Esa fue la posición del navarrismo moderado de fines de los setenta, que estuvo a punto de plasmarse en los noventa cuando un Gobierno presidido por el socialista Otano, con presencia de los foralistas moderados de Juan Cruz Alli y de los nacionalistas de EA, aprobó, al amparo del artículo 145-2 de la Constitución, un proyecto de Organo Permanente de Cooperación que decayó por la dimisión de Otano a cuenta de escándalos que afectaron a su partido por entonces”. Planteamiento que, desde luego, fue furibundamente rechazado a mediados de los noventa y que choca con las esencias ideológicas últimas de UPN y con los beneficios que depara a los simpatizantes de UPN y PSN y de los sindicatos estatalistas (por cierto, silencio ensordecedor el de UGT y el de CCOO a lo largo de todo este último mes) la política activa de exclusión de más de un tercio de la población. De cualquier forma, no hay que ser demasiado imaginativo como para pensar que si son altas las posibilidades de una grosse koalition entre el PP y el PSOE en el conjunto del Estado a partir de 2015, a poco que los números ayuden habrá con toda seguridad un equivalente foral capitaneado por UPN.

En cuanto a los demás agentes, los partidos de EH Bildu contemplarán con alborozo un reportaje reciente de El País en el que se plantea como cierta la posibilidad de un sorpasso por parte de los partidos nacionalistas, protagonizado sobre todo por aquella coalición, y que para nosotros tiene mucho de maniobra intoxicadora y de movilización del votante constitucionalista con carácter inmediato para no dar ni siquiera ocasión de que la opción vencedora en las elecciones europeas de mayo sea la que suman las dos izquierdas abertzales y EA. Para quienes encarnan el espíritu del nacionalismo y del vasquismo más templado y aperturista, los consejos de Aingeru Epaltza de abrirse incluso a sectores no considerados en absoluto como propios debería ser acompañado de todo un ejercicio de pedagogía y de socialización de mensajes hasta ahora sólo vagamente esbozado. De cualquier forma, el premio a tal perseverancia no sería ya la búsqueda de la aquiescencia socialista. Se debería reemplazar la estrategia de buscar y consolidar transversalidades con otras formaciones políticas que siempre van a defraudar expectativas por razones de orden superior a las que pueden caber en la cabeza de un ciudadano navarro, por la de buscar y consolidar transversalidades con los votantes, apelando directamente al electorado de centroizquierda con un mensaje social socialdemocrata inequívoco y con un mensaje nacionalista navarro basado en la convivencia identitaria. Quizás el esfuerzo valga la pena y haya un futuro que compense tanta decepción.

NUESTRO FUTURO EN OTROS FOROS.

El repaso al tratamiento que la prensa de Madrid ha realizado en los últimos días sobre la cuestión navarra no plantea grandes novedades sobre lo ya esperable. El pasado viernes 28 el diario El Pais aseguraba que el dictamen de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre supuestas prácticas corruptas e ilegales de la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, con el aval de la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, que reprobaba a ambas y les instaba a dimitir, no tiene suficiente fundamento jurídico para una moción de censura y que, de cualquier forma, “intentar llegar al poder desde posiciones minoritarias (9 de 50 escaños) forzando la dimisión de quien ganó las elecciones y formando coaliciones alternativas inverosímiles es un vicio muy arraigado; y casi siempre sale mal”.

Anteriormente, el día 19, otro editorial del mismo periódico había alertado al PSN contra la tentación de realizar acciones conjuntas del calibre de una moción de censura junto con Bildu porque, siendo “cierto que Bildu no puede ser excusa para permitir la corrupción”, “tampoco sería aceptable considerar que el objetivo de desplazar a Barcina justifique convalidar como un partido democrático más, con el que es legítimo alcanzar acuerdos de fondo, al de los herederos de Batasuna, que dista mucho de serlo”.

El miércoles 26 de febrero, Juan Mari Gastaca, Delegado del mismo periódico para el País Vasco, subrayaba la trascendencia del tema navarro: “Navarra, que no el proceso de paz, es un auténtico tema de Estado para Mariano Rajoy. Convencido de que ETA no volverá a pegar un tiro, ajeno al carrusel de visitadores internacionales a Euskadi y expectante tan solo ante la deriva de un desarme que acaba de empezar a trompicones, el presidente ha dejado expreso recado de que solo se ocupa de lo que le preocupa. Y la posibilidad electoral de que el centroderecha pierda el poder en la comunidad foral en favor del nacionalismo vasco sencillamente le aterra”. “Con la permanente herida abierta en Cataluña más allá de pronunciamientos rocosos del Congreso y el lehendakari Urkullu cada día más molesto por la displicencia de Moncloa hacia el proceso de paz, Rajoy nunca podría permitirse el triunfo nacionalista en Navarra. Y es a partir de la perentoria búsqueda de soluciones alternativas para contener esa bola de nieve que se desliza desde hace meses sin parar cuando el presidente invocará al PSOE en nombre del Estado. ¿Cuál será la respuesta?”. “Los socialistas, en clara línea descendente en Navarra, saben que se juegan su futuro para algo más que la próxima legislatura. Envalentonados sí para esgrimir una moción de censura contra Barcina, siguen sin ganarse, en cambio, la confianza sobre su última palabra. Son víctimas, sin duda, de su pasado cuando José Blanco impidió en 2007 un gobierno nacionalista y, por si fuera poco, Rubalcaba siente el mismo pánico que Rajoy por imaginarse a Bildu en el poder, justo al lado del País Vasco. Ahora bien, ¿y si la suma de UPN-PP y PSN ni siquiera fuera suficiente?”.

Fuera de esa sintonía se ha expresado, en cambio, Pablo Sebastián para quien Barcina debería dimitir por haber sido “cazada” la consejera Goicoechea “pidiendo favores a la inspección de Hacienda para los que fueron sus clientes cuando ella trabajaba en un despacho fiscal” y para quien la estrategia de la presidenta de sacar a relucir el fantasma de Bildu “es tan indecente como aquellas escandalosas dietas que ella misma cobró -aunque las haya devuelto- de la Caja de Navarra por solo asistir unos minutos a unos encuentros reiterados y sin contenido alguno”. El recurso al “aparente pacto del PSOE navarro con Bildu es un discurso tramposo”: a su juicio, “Barcina debió cesar sin la menor dilación a su consejera Goicoechea al conocer, por boca de la que fuera directora de la inspección de la Hacienda Foral, Idoia Nieves, lo ocurrido. Pero al no hacer y amparar a su colaboradora la presidenta Barcina ha entrado en complicidad y ello la obliga a dimitir, lo que debió de haber hecho hace tiempo con motivo de las dietas de miles de euros que cobró por más que luego se dijera que eso no era delito, pero sí una desvergüenza descomunal que desacredita a la tal Barcina para ocupar cualquier cargo público”.

De cualquier forma, la estrategia de UPN y de Barcina está volcada en la dirección que apuntaba Gastaca. En su comparecencia del mismo viernes Barcina apelaba la “inteligencia” de la dirección federal del PSOE, se negó a dimitir para no "seguir la hoja de ruta de Bildu", arremetió contra Roberto Jiménez y mencionó en varios veces la comisión de investigación como “comisión-trampa”, un recurso que fue acuñado por el PP de Aznaz y Mayor Oreja cuando la tregua de ETA de 1998 y que ha sido aplicada en múltiples ocasiones por dicho partido para descalificar las posiciones y planteamientos de los adversarios.

Un primer refrendo oficial de la estrategia de UPN y de Barcina tuvo lugar en el pasado debate de la nación. Entre las 22 resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados el 27 de febrero se encontraba una planteada por UPN y que recabó el apoyo del PP y de UpyD solamente. Dicha resolución habla de la “Necesidad de trabajar conjuntamente por la consecución del final del terrorismo” y confunde la lucha contra ETA, la presunta instrumentalización de la educación y la manipulación de la historia (por parte de los nacionalistas) con la hipotética posibilidad de alteración del marco político-institucional navarro que antecedería al rompimiento de España. Dicha resolución dice así: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y a las formaciones políticas democráticas a trabajar conjuntamente, desde la confianza, la responsabilidad y la lealtad, en la consecución del final del terrorismo y en la derrota política y social de la organización terrorista ETA en todos sus frentes, evitando la instrumentalización de la educación, la elaboración de un relato que justifique la actividad terrorista, la manipulación de la historia para justificar sus objetivos de construcción nacional y la modificación del estatus jurídico de Navarra como paso previo a la fractura de España”. Ecos salvíficos, como se ve, de Navarra como rompeolas de España que nos recuerdan a la Covadonga tantas veces cantada por la derechona navarrista en 1936.

De cualquier forma, dicha resolución era consecuencia de una intervención el día anterior del diputado Salvador de UPN de tintes apocalípticos contra la presión separatista. En el último año, “el desafío separatista” habría “intensificado su presión poniendo en cuestión nuestra unidad”, no pudiéndose “ocultar la gravedad del momento”. En su opinión, “algunos nacionalismos” estarían actuando “bordeando la legalidad, cuando no la violan abiertamente, utilizando todavía la misma odiosa presión que utilizaban las plataformas afines a ETA”. “La prueba es que en los lugares donde vencen los más radicales no solo su credo se convierte en una obligación, sino que se ha llegado a perder el significado mismo de la libertad hasta el punto de que son más queridos los verdugos que quienes garantizan su seguridad y la libertad de todos”. “Navarra, que también es una manera de hablar de la nación, del futuro de la nación” es “como una encrucijada en la que se libra una vez más el combate entre la libertad y el gulag que algunos quieren imponer a la medida de sus presuntos héroes, los Bolinaga, Inés del Río, etcétera”. En esta línea engarzaba la comisión de investigación con la estrategia secreta de Bildu, negando la existencia de corrupción en Navarra y aprovechando para afirmar la existencia de contactos entre el PSN y esa formación. La caída de Navarra en manos de la izquierda abertzale conllevaría el rompimiento de España. Por eso pedía al presidente Rajoy “compromiso con Navarra y con España” ante “el desafío separatista que se pretende abrir en Navarra de la mano de los que nunca quisieron ni la libertad ni la paz” y así evitar “sacrificar Navarra en el altar de los intereses de los nacionalistas”.

Por su parte, la respuesta de Rajoy a Salvador certificaba el pleno apoyo del gobierno central a UPN ya que recalcó lo siguiente: “estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho usted sobre la organización terrorista ETA, estoy de acuerdo en que en Navarra no ha habido corrupción, estoy de acuerdo en que hay quien quiere llegar al poder por cualquier procedimiento, estoy de acuerdo en trabajar por una Navarra foral y española, reafirmo el compromiso que usted me ha pedido con Navarra y su foralidad. Todo esto que digo me resulta muy fácil decirlo porque es verdad y porque lo siento”.

Por otra parte, una cuestión que no se ha comentado es que la resolución mencionada precedía a otra, la aprobada en décimo lugar, sobre “Constitución y modelo de Estado”, dirigida sobre todo a las peticiones que llegan desde Cataluña y en la que se subrayaba “que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”; se proclamaba “que, de acuerdo a esta realidad jurídica, legal y democrática, no puede una parte de la ciudadanía decidir lo que le corresponde al conjunto del pueblo español, ni una autoridad o poder público situarse por encima de la Ley”; y se recordaba “que, en virtud de todo ello, no caben aquellas iniciativas, planes y resoluciones tomadas en cualquier ámbito institucional que rebasen los principios de soberanía y legalidad, que han permitido la mejor experiencia de democracia y convivencia de nuestra historia”.

Por lo tanto, tras tratar de blindar el tema navarro por medio de declaraciones grandilocuentes que sólo buscan enturbiar el tema de fondo (un comunidad desgobernada con un gobierno en minoría incapaz de llegar a ningún acuerdo con ninguna otra fuerza política, a excepción del PP, y cuya gestión es percibida, con razón, como sospechosa por la mayor parte de los navarros), con el fin de hurtar la posibilidad a la ciudadanía navarra de expresarse en unas elecciones, se recalcaba al nacionalismo catalán la inviabilidad de sus demandas.

De cualquier forma, esa última resolución centrada en Cataluña iba en la línea de la moción aprobada por el Congreso el pasado 20 de febrero a partir una iniciativa de UpyD, enmendada por el PSOE, en la que se rechazaba el plan soberanista de los nacionalistas catalanes y se instaba al Gobierno a "seguir utilizando los instrumentos de la Constitución y del conjunto del ordenamiento jurídico para garantizar el cumplimiento de la legalidad". Aunque desde el PSOE se afirmó aquel mismo día que de ahora en adelante no iba a apoyar ninguna iniciativa no acordada con los demás grupos, era la segunda vez que UPyD, desde su exigua minoría, marcaba el paso a los partidos mayoritarios.

Esas resoluciones tomadas recientemente por el Pleno del Congreso en relación con Cataluña chocan con las posturas recientemente expresadas por expertos en materia autonómica, no precisamente proclives a las demandas del nacionalismo periférico, en relación con las demandas catalanas. En los últimos días hemos leído el libro de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna y Santiago Muñoz Machado, La organización territorial del Estado en España. Del fracaso de la I República a la crisis del Estado autonómico (1873-2013) (Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europa, 2013). Al final de la segunda parte del mismo, la firmada por Santiago Muñoz Machado con el epígrafe de “Crisis y reconstitución de la Estructura territorial del Estado”, acerca del tema catalán se abren las puertas a soluciones pactadas que no aparecían en la obra del mismo autor, editada a finales de 2012, Informe sobre España. Repensar el estado o destruirlo, de la que ya nos hicimos eco en este blog. Muñoz Machado, por un lado, llega a afirmar, a contracorriente de lo afirmado por el gobierno del Partido Popular, que “No es imposible, contando con autorización del gobierno del Estado, que pueda celebrarse un referéndum en Cataluña para que los ciudadanos respondan a una o varias preguntas pactadas, pero todo lo demás que se pretende en la versión independentista del <<derecho a decidir>> reclama inequívocamente una reforma constitucional”. A pesar de reconocer el interés desde el punto de vista político y jurídico de muchos de los argumentos esgrimidos por la parte catalana en el debate que suscita Cataluña (como “por ejemplo, el alcance del principio democrático y el derecho de participación popular, que se proponen como fundamento para desplazar las regulaciones <<formalistas>> de la Constitución; la autoatribución del poder constituyente por una parte del territorio de un Estado regido por instituciones democráticas; la reposición de la verdad histórica sobre las relaciones entre Cataluña, Aragón y Castilla; el apoyo que puede tener una reclamación de independencia en la legislación de las organizaciones internacionales o en la de la Unió Europea; los paralelismos con la declaración unilateral de Kosovo; la medida en que resulta invocable razonablemente, como con tanta frecuencia se invoca, la declaración del Tribunal Supremo de Canadá de 1998 sobre la independencia de Quebec; las similitudes con el referéndum de independencia escocés), Muñoz Machado insinúa sus preferencias por un arreglo pactado de índole bilateral acotado solamente a determinados extremos: “Es un debate intelectual al que merecerá la pena acudir, pero, desde el punto de vista del inmediato futuro de Cataluña y del Estado lo mejor, por el momento, es detenerse a considerar en qué medida las justas reclamaciones de aquel territorio periférico pueden ser atendidas, cambiando el sistema de financiación autonómica, respaldando el fortalecimiento de sus instituciones y reconfigurando en profundidad el modelo constitucional de sus instituciones actual para abrirlo a fórmulas más flexibles de relación en las que se haga más presente la cooperación y el pactismo. Esta última práctica, cuya reposición suele solicitarse, forma verdaderamente parte de la cultura histórica mediterránea”. 

Volviendo a Navarra, los antecedentes mediáticos y políticos expresados no hablan precisamente a favor de que la Dirección Federal del PSOE vaya a avalar la presentación del PSN de una moción de censura. Lo contrario sería una sorpresa.

LA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL DE UPN: LA OBEDIENCIA A MADRID Y LOS FAVORES A LAS ÉLITES EN LA SOMBRA.

La filtración de la carta de dimisión (¿accidental?, ¿interesada?) y las dos comparecencias de la exdirectora gerente de la Hacienda Foral, Idoia Nieves, la última ante una comisión parlamentaria de investigación cuyos resultados dictarán el futuro político de Navarra según remarcó el PSN, han desvelado una serie de cuestiones, hasta hora desconocidos del todo, a los ciudadanos navarros. A pesar de las alusiones a la enjundia de las injerencias de la Consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, de las que se podrán conocer más detalles las próximas jornadas, en esta entrada queremos centrarnos en dos cuestiones sobre las cuales creemos que no se ha puesto excesivo acento. Una se refiere a los efectos del sometimiento del gobierno de UPN a los dictados del gobierno de España. La otra, a la discriminación positiva que el mismo gobierno de UPN lleva a cabo en el terreno fiscal con determinados poderes en la sombra, llegando a consentir prácticas que durante muchos años han lindado con lo fraudulento hasta su legalización final hace poco más de dos años. 

Según se ha podidoconocer, la obsesión por cumplir a rajatabla con los criterios de déficit estipulados desde Madrid impulsaron al Gobierno de Navarra (desdeñando otras opciones, apunta Idoia Nieves) a tomar la decisión de retrasar las devoluciones del IVA a las empresas del ejercicio de 2012 a 2013, superando el plazo legal de devolución de seis meses. Todo ello, por la mecánica de los ajustes del Convenio Económico, terminó causando un agujero presupuestario de 251 millones en el ejercicio de 2013, al menos a fecha de septiembre. Obviamente, además de las arcas de la Hacienda navarra, las principales afectadas han sido las empresas del territorio, a las que, en serias dificultades por las dificultades de recabar créditos de las entidades bancarias por la sequía financiera de los últimos años, se les terminaba de ahogar. De hecho, incluso a Volkswagen Navarra se le retrasó el pago de 24,7 millones. De rebote, se abocaba a la propia ciudadanía a una espiral de recortes sin fin. Con los datos aportados por Nieves la opinión pública navarra termina por entender el estado del erario público y se confirmaban las sospechas surgidas de las contradictorias e incomprensibles explicaciones proporcionadas por la consejera de Economía y Hacienda, cuyos números no encajaban en ningún análisis. De cualquier forma, no hay que olvidar que la práctica de retrasar el pago de las devoluciones también se había hecho en los años anteriores, con el PSN en el gobierno de coalición, por ejemplo, aunque con un impacto notablemente menor. Asimismo, también hay que llamar la atención que todavía está la ciudadanía navarra a la espera de que se le ofrezca una explicación consistente, transparente e íntegra de los flujos económicos con el Estado durante los últimos años, algo que no tiene por qué rodearse de ningún halo de oscurantismo, sobre todo por las corrientes de fondo que circulan en la política española en relación con las aportaciones de los diversos territorios.

Acerca de dichos flujos, la mencionada exdirectora de la Hacienda foral ha remarcado las dudas que al equipo directivo de dicho Departamento le surgieron en una reunión celebrada hace mes y medio sobre la negociación del Convenio Económico. Nieves afirma que a los responsables de la Hacienda de Navarra les quedó patente que "no había ideas claras" sobre dicha cuestión, "ni estrategia sobre qué negociar y cómo negociar" con el Gobierno central. En torno a esa cuestión uno quisiera poner de relieve que los fallos y errores en los planteamientos negociadores pueden tener enormes consecuencias. Hasta que no se cierre el debate catalán (que no es más que la expresión más aguda del debate territorial y sobre la articulación del Estado a nivel general) sería imprudente acometer avances sustanciales. Asimismo, lo más juicioso sería ir de la mano en dicha cuestión con el Gobierno de la CAV y con las haciendas forales de dicha comunidad, asumiendo tácitamente la realidad contrastada históricamente desde hace más de tres décadas de que lo conseguido allí redunda finalmente en beneficio de Navarra.

La segunda cuestión en la que queremos centrarnos es la relativa al tratamiento fiscal de las matrículas gratuitas de los empleados de la Universidad de Navarra (en rigor, Universidad de la Iglesia en Navarra, vulgo Universidad del Opus Dei). De los datos aportados por Nieves se ha podido conocer que la consejera Goicoechea trató de entrometerse en la labor de la Hacienda Foral en relación con una actuación fiscal que afectaba a dicha universidad. 

Hemos podido conocer los pormenores del asunto gracias a una nota remitida a los medios informativos por el gerente de la Universidad de Navarra, Isidro Abad, el 21 de febrero y publicada por Navarra Confidencial. Según consta en dicha nota, la Universidad de Navarra concede matrículas gratuitas a los hijos de los empleados de la misma. “Se trata de una medida que se aplica por igual a todos: profesores, investigadores, directivos y otro personal de administración y servicios, con independencia de su sueldo o categoría profesional. Este modo de actuar incluye también a los hijos de trabajadores fallecidos o jubilados y se aplica a todos los descendientes, sea cual fuere su número”. La Universidad de Navarra “estima que la matrícula gratuita a los familiares de los empleados debe ser considerada beneficio social y no una retribución en especie” y argumenta que “este tipo de políticas no son excepcionales. Existen empresas e instituciones que ofrecen beneficios sociales equiparables a sus trabajadores, a través normalmente de descuentos en la compra de los bienes o servicios producidos”.

Esas afirmaciones requieren un mínimo contraste con la realidad. Es cierto que otras universidades, las universidades públicas, por ejemplo, conceden el beneficio de la matrícula gratuita a sus empleados, así como a sus cónyuges y a los hijos hasta una determinada edad como los 26 años. Así ocurre en universidad públicas vecinas como la de Zaragoza. Ahora bien, tal y como marca la normativa fiscal en el régimen común, “estas ayudas al estudio tienen la consideración de retribución en especie por la cuantía que en cada caso corresponda. Como consecuencia de ello, la base de cálculo de las retribuciones a efectos de IRPF se ve afectada y, por tanto, el porcentaje de retención, en su caso, igualmente afecta a la base de cotización mensual a la Seguridad Social hasta el tope máximo de cotización del grupo de tarifa para aquellos empleados afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, en cambio no afecta a los funcionarios de carrera que estén sujetos al Régimen de Clases Pasivas”.

De hecho, el texto consolidado de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, dice en su artículo 42. 2.g. Que “No tendrán la consideración de rendimientos del trabajo en especie” “la prestación del servicio de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado”, no incluyéndose, por tanto, bajo esa caracterización de quedar exceptuadas a las matrículas gratuitas en la enseñanza universitaria. 

Tampoco hay que olvidar que el Gobierno de España está combatiendo los excesos cometidos bajo la excusa de la exención fiscal de determinadas retribuciones en especie. El Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores que favorecen la contratación estable, obliga a las empresas a incluir la retribución en especie (aportaciones al plan de empleo, seguro médico, guardería, cheques comida, transporte del domicilio al trabajo…) en las bases de cotización.

De cualquier forma, volviendo a las matrículas gratuitas a los empleados de la Universidad de Navarra es preciso subrayar su significado económico a causa de varios factores. En primer lugar, por el número de los empleados: 4.286 sólo en el campus de Pamplona en 2008, a los que habría que añadir los jubilados y ya fallecidos de los que hablaba el gerente Abad. En segundo lugar, por el hecho de aplicarse “a todos los descendientes, sea cual fuere su número”, lo cual es especialmente significativo en grupos de población como el relacionado con la mencionada Universidad, de elevada fecundidad matrimonial en el caso de los individuos casados, por efecto del seguimiento de pautas reproductivas acordes con los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica. En tercer lugar, por el coste de las matrículas en la propia Universidad de Navarra: tal y como se puede ver, en la mayoría de los grados la matrícula está por encima de los 9.000 euros y, en muchos, de los 10.000, legándose en algunos a superar los 12.000. Ni que decir tiene que la exención fiscal de esas matrículas gratuitas suma un montante elevadísimo en total y supone para determinadas familias que se beneficien de ello un sobreingreso de muchos miles de euros, superior desde luego a los niveles de renta de una parte muy importante de la población navarra.

Y es que, de forma llamativa, según el apartado de “nota técnica” aportado por el mismo gerente de la Universidad de Navarra y que seguía a aquella nota informativa, hemos podido saber que, históricamente, la Hacienda de Navarra seguía el juego a las consideraciones que la mencionada Universidad hacía en su propio beneficio (y en el de sus empleados). 

Según se dice en dicha “nota técnica”, “la Comunidad Foral de Navarra, en aplicación de su potestad legislativa en materia fiscal, ha venido estableciendo qué son y cómo tributan las retribuciones en especie. Desde el inicio de la vigencia de estas normas el criterio de la Hacienda navarra sobre nuestro beneficio social ha sido el expuesto: consideraba la matrícula gratuita para los hijos de los trabajadores un beneficio social, por lo que estaba excluída de tributación”. “En 2012”, continúa el gerente Abad, “la ley navarra introduce una norma específica de valoración para aquellas empresas que conceden a sus trabajadores el disfrute gratuito o ventajoso de sus propios productos. El legislador navarro, para preservar el criterio hasta entonces vigente en Navarra sobre la educación gratuita, introduce una exclusión expresa de tributación sobre las empresas dedicadas a la educación Primaria, Secundaria y Superior, a las que mantiene excluídas de tributación por este concepto”. “Sin embargo, y ante nuestra sorpresa”,finalizaba Abad, “después de entrar en vigor esta ley en 2012, la Hacienda Navarra cambia el criterio histórico y decide inspeccionar a la Universidad de Navarra por este beneficio social por los cuatro ejercicios anteriores: 2011, 2010, 2009 y 2008. Esta inspección concluye con un acta sancionadora. La Universidad ha recurrido esta decisión de la Hacienda y ahora es el Tribunal Económico-Administrativo Foral el encargado de fijar el criterio. El caso está pendiente de resolución en estos momentos”.

Esas afirmaciones de dicha “nota técnica” precisan de comentario. La práctica de considerar las matrículas gratuitas de la mencionada Universidad como retribución en especie solamente se ajustó a derecho tras la publicación a finales de 2011 de la Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias (BON N.º 256 de 30 de diciembre de 2011; corr. err., BON 12/01/2012) en cuyo artículo primero se introducían diversas modificaciones en el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, entre ellos varios aspectos relativos a las retribuciones en especie. Así, se añadía una letra e) al artículo 15.2, por lo que no tienen la consideración de retribución en especie: “la prestación del servicio de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanza universitaria por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado”. Como puede verse, se extendía a la enseñanza universitaria lo aprobado en el 2006 para las comunidades de régimen fiscal común. 

Dicha Ley, que beneficiaba enormemente a la Universidad de Navarra, se aprobó con el apoyo de UPN y PSN (que fueron quienes presentaron el proyecto de ley, como miembros que eran de aqueL gobierno de coalición) y con el voto en contra de los demás partidos. De cualquier forma, si observamos los pormenores de su tramitación, hay que pensar que los demás partidos dieron su aquiescencia a dicha cuestión de la exención fiscal de las matrículas gratuitas de la citada universidad porque en el debate ningún grupo parlamentario presentó ninguna enmienda en relación con ese aspecto, tal y como se puede ver en el boletín correspondiente. Mostramos nuestra estupefacción por este gol por toda la escuadra a las formaciones de izquierda de la cámara navarra.

Ahora bien, si el tema sólo se blindó a partir de finales de 2011 para el IRPF de 2012, ¿que sucedía con anterioridad?. Que sin blindaje de ningún tipo la Hacienda Foral compartía, tal y como señalaba Abad, el criterio de la Universidad de Navarra de no considerar dichas matrículas gratuitas como retribución en especie. En un alarde de discrecionalidad partidaria, la Hacienda navarra eximía a determinados contribuyentes de unos sobreingresos cuantiosos, fortaleciendo el entramado de la mencionada institución universitaria y exceptuando de persecución fiscal una práctica que lindaba con el fraude al tratar desigualmente a los ciudadanos e implantar distorsiones en la fiscalidad directa. Por ello, la Hacienda, a la búsqueda del último euro con unas arcas forales vacías, habría abierto expediente a la Universidad de Navarra, un expediente relativo al periodo sobre el que podía actuar, posterior a 2008, y que culminó en una sanción, recurrida posteriormente por dicha institución. 

Volviendo a las declaraciones de Idoia Nieves, con motivo de ese expediente, la consejera Goicoechea habría mostrado en julio de 2012 en un bar de la calle San Ignacio su desacuerdo al respecto aludiendo a una modificación normativa que, sin embargo, al entender de los profesionales de la Hacienda Tributaria no podía ser de aplicación con carácter retroactivo. Nieves habría trasladado a la consejera que "ella carecía de competencia para determinar a quién se revisaba y a quién no" y la Hacienda Foral decidió que la actuación siguiese su curso. En septiembre de 2013 Goicoechea habría vuelto a intentar interceder a favor de la Universidad de Navarra. Después de que Nieves explicase a la consejera los criterios a los que obedecía la actuación con respecto a la Universidad de Navarra, Goicoechea respondió de la siguiente manera. "Buenas tardes Idoia, ¿Qué criterio de mercado se ha utilizado? ¿El del precio de la pública o de la privada? Me parece una faena para (espacio en blanco) y desde luego viendo la norma que se aprobó para el ejercicio 2012 me parece tremendo, yo creo que no es una buena política. Lo voy a comentar con la presidenta ya que se trata de un contribuyente muy importante para nuestra comunidad. Lourdes Goicoechea". Según la exdirectora, el siguiente paso de Goicoechea fue llamar al superior jerárquico de la persona que había realizado la actuación. Finalmente, tras una reunión de la vicepresidenta con el administrador general de la Universidad de Navarra, la consejera llamó "encolerizada" a Nieves el 11 de septiembre de 2013 remarcando su malestar porque la actuación se hubiese producido "bajo su mandato". Esa llamada habría constituído "un último intento de que se cambiara el contenido de la actuación".

Sin embargo, son muchas las cuestiones que la ciudadanía navarra tendría derecho a conocer. ¿Cuando se implantó dicho “criterio histórico” de no considerar retribución en especie dichas matrículas gratuitas de los empleados de la Universidad de Navarra? ¿Cuál ha sido el montante global enmarcado dentro de dichas prácticas a lo largo de los años? ¿En qué medida supone dicha doctrina de facto un tratamiento discrecionalmente favorecedor para determinadas personas? ¿Qué transferencia de rentas presupone y quiénes han sido los sectores de población y organismos perjudicados? Y muchas otras que, por razones de espacio, no vamos a mencionar. 

Y es que la utilización del autogobierno fiscal y económico para los intereses de determinados grupos de población en perjuicio de la mayoría, acompañándose además de opacidades y oscurantismos, es lo que más puede dañar la defensa del régimen fiscal concertado en un contexto en el que desde el exterior se nos examina con mirada escrutadora.