miércoles, 27 de julio de 2016

MEMORIA Y RELATO DE LA LIMPIEZA POLÍTICA DE 1936-1939 EN NAVARRA. VERSIÓN AMPLIA PUBLICADA EN LA REVISTA HERMES






A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS COMO ENTRADA EN ESTE BLOG LA VERSIÓN AMPLIADA DEL ARTÍCULO MEMORIA Y RELATO DE LA LIMPIEZA POLÍTICA QUE HEMOS PUBLICADO EN EL NÚMERO 52 DE LA REVISTA HERMES, MONOGRÁFICO DEDICADO A LA MEMORIA HISTÓRICA.

MEMORIA Y RELATO DE LA LIMPIEZA POLÍTICA DE 1936-1939 EN NAVARRA.

La gestión de la memoria de la limpieza política realizada en Navarra en 1936-1939 por el bando golpista arranca de finales de los años setenta. Navarra fue uno de los territorios pioneros a nivel del Estado en la exhumación de los restos de los asesinados entonces y en la realización de listados de los ejecutados por el franquismo en los años ochenta, sobresaliendo la labor de José María Jimeno Jurío, gracias a cuyo trabajo podría elaborarse el libro publicado por el Colectivo Altaffaylla Navarra 1936. De la esperanza al terror, un hito fundamental. Por su parte, la gestión institucional de la memoria de los asesinados por el bando golpista, sobre todo desde el Parlamento de Navarra y desde los ayuntamientos más importantes, impulsada desde sectores a la izquierda del PSOE y desde el nacionalismo vasco, tendría que esperar a principios del siglo XXI, siguiendo la estela constatada en las Cortes españoles y en otros parlamentos autonómicos. 

No obstante, aunque a lo largo de los últimos veinte años se ha avanzado notablemente en la gestión de dicha memoria, a nuestro juicio se comprueba una deficiencia estructural: el de la ausencia de un relato íntegro de lo sucedido que, por un lado, pondere adecuadamente sus dimensiones y aspectos formales y que, por otro, vaya más allá de las víctimas, abarcando también a los victimarios.

DIMENSIONES DE LA LIMPIEZA POLÍTICA REGISTRADA EN NAVARRA.

Tal y como explicamos en nuestro libro Sin Piedad. Limpieza política en Navarra. Responsables, colaboradores y ejecutores (Pamplona, Pamiela, 2015), Navarra fue, a pesar de no ser escenario bélico sino retaguardia estricta, una de las provincias que a, nivel relativo, más duramente padeció la limpieza política desarrollada por los golpistas. 

Aunque las cifras de casi tres mil navarros o residentes en Navarra asesinados, el 99 por ciento de ellos simpatizantes de la izquierda, son menores que las cifras absolutas de asesinados de muchas provincias (sobre todo del sur del Estado español, en las que el número de los votantes al Frente Popular era mucho mayor), si ponemos en relación la cifra de asesinatos con el volumen de población reprimible (es decir, la población desafecta, según los criterios de los militares, carlistas y falangistas que apoyaron el golpe de estado) Navarra ocupa un lugar destacadísimo. 

Con un valor de 81,70 asesinados totales por cada mil votantes al Frente Popular, Navarra ocupa la primera posición en la clasificación de las 37 provincias del Estado completamente estudiadas hasta el momento en lo relativo al número de asesinados por los franquistas. Dado que casi la totalidad de los asesinados fueron hombres votantes de aquella opción política y dado que puede presumirse que la estructura del voto al Frente Popular se dividía, más o menos, a partes iguales entre hombres y mujeres, aquel valor de 81,70 podría reconvertirse en el de 163,40 asesinados por cada mil hombres votantes izquierdistas. O lo que es lo mismo, uno de cada seis simpatizantes de la izquierda de género masculino. Es decir, la izquierda navarra sufrió un proceso de aniquilación que perseguía condicionar el devenir político futuro. 

La entidad de esas cifras no es fácilmente explicable, toda vez que no encaja con las conclusiones a las que han llegado los historiadores como Kalyvas que se han preocupado por investigar de forma comparativa los efectos de la violencia política en la retaguardia de las guerras civiles a lo largo de la historia contemporánea en los diversos países y que apuntan a que en los territorios tempranamente controlados, como el nuestro, la represión no suele mostrar niveles intensos. 

Por otra parte, atendiendo al origen geográfico por comarcas de los asesinados por la limpieza política franquista, estos procedían en su inmensa mayoría de la Ribera o tercio meridional de Navarra. La Ribera Occidental tuvo 859 fusilados (el 30,1 del total de Navarra), la Ribera Central 363 (el 12,7) y la Ribera Tudelana 456 (el 15,9). De esta forma, el sur de la provincia concentró el 59 por ciento de los asesinados en toda Navarra. Mediante la utilización de un cociente que pone en relación a los asesinados de más de 23 años (por cuanto con esos años se entraba en la mayoría de edad electoral) con los votantes totales al Frente Popular en cada municipio hemos podido calibrar que en la Ribera Estellesa habrían sido asesinados uno de cada cinco hombres votantes del Frente Popular, en la Ribera Central uno de cada seis y en la Ribera Tudelana uno de cada diez. Esas tasas equivalen a hablar de auténticas limpiezas políticas en los que los simpatizantes de las izquierdas fueron auténticamente masacrados. Por otra parte, no hay que olvidar que, si desglosáramos los asesinados y los votantes por cohortes generacionales, los resultados por debajo de los 40 años serían todavía más elevados, infiriéndose de ahí casi el exterminio prácticamente absoluto de algunas cohortes generacionales de izquierdistas en algunos pueblos. 

Pueden enumerarse diversas razones de esa geografía de la limpieza política en Navarra. A nuestro juicio, las mayores o menores cifras de asesinados descansan sobre el mayor o menor peso de varios factores: la existencia de población reprimible, es decir, que hubiera habido población ideológicamente adversaria o enemiga desde el punto de vista ideológico-político de los sublevados; la posibilidad de huída de la población reprimible (nula en la Ribera, mientras que posible en la Montaña); el grado de voluntad represora de los represores; el grado de cohesión de la comunidad; y el nivel de conflictividad de los años anteriores.

ASPECTOS FORMALES DE LA LIMPIEZA POLÍTICA REGISTRADA EN NAVARRA.

A la brutalidad de la limpieza política desarrollada en Navarra que queda de manifiesto a partir de las cifras de asesinados hay que añadir otros elementos complementarios que acrecientan el carácter bárbaro de aquella. 

Aunque carecemos de informaciones sobre los encarcelados en la cárcel de Escolapios, regentada por los requetés, y en el Penal de San Cristóbal, así como de los cárceles municipales y de las cárceles de los distritos judiciales de Estella y Tafalla, los datos que hemos podido recuperar de los ingresados en la Prisión Provincial de Pamplona y en la Prisión del Partido Judicial de Tudela apuntan a que en los primeros meses la cifra de los prisioneros fue enormemente alta. Solamente en aquellos dos centros de detención, casi 1.500 personas fueron detenidas y encarceladas en las primeras siete semanas. Esa constatación obliga a pensar que la represión fue mucho más sistemática y científica que lo que dan a entender las cifras de fusilados. Las listas de elementos a neutralizar, elaboradas por los dirigentes de la acción represiva tras el golpe de estado, se basaban en las listas de detenidos en los episodios conflictivos anteriores, en la documentación incautada en los registros de sedes de partidos y de sindicatos y en las relaciones confeccionadas a partir de cualquier hecho digno de ser considerado como elemento a tener en cuenta. Uno de esos expertos en la guerra desde los despachos fue Marcelino de Ulíbarri. Aunque nadie se ha dado cuenta de ello hasta ahora, este carlistón pasaría de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra (JCCGN), el órgano que gestionaría la limpieza política por el lado tradicionalista, a ocupar los cargos más altos de las responsabilidades represoras en el organigrama del estado franquista a partir de 1938. Consecuentemente existió una estrategia de control, anulación y amedrentamiento generalizado de los sectores considerados como desafectos. 

Además del número de los detenidos, mediante los testimonios recabados por José Miguel de Barandiarán y publicados por José María de Gamboa y Jean-Claude Larronde y mediante las entrevistas realizadas a diferentes testigos por José María Jimeno Jurío en los año 1977-1979, se corrobora el carácter generalizado de las prácticas de malos tratos hacia los mismos. También hemos documentado a través de las afirmaciones contenidas en el Fichero de Combatientes conservado en el Archivo Real y General de Navarra (ARGN) la participación de numeroso voluntariado requeté y falangista en labores represivas como las de vigilancia en los centros de detención. Por otra parte, mediante el estudio de las sacas y paseos colectivos de todos los municipios de la Ribera, hemos podido extraer diversas conclusiones, la principal la de que hubo muchos más escuadrones que los comúnmente mencionados ya que hubo días específicos con múltiples sacas en los que tuvieron que emplearse no menos de 50 personas para cada uno de esos días. Por último, existen testimonios sobre la extrema inclemencia y brutalidad de los ejecutores. A pesar de que solemos creer que los asesinados fueron fusilados, hay testimonios de que en muchos casos su muerte fue mucho menos digna y de que se les ejecutó con un tiro a cañón tocante en la nuca o en la sien, no ante un pelotón de fusilamiento.

RESPONSABLES DE LA LIMPIEZA POLÍTICA REGISTRADA EN NAVARRA.

Al igual que en otras partes, existieron diferentes niveles de responsabilidad en relación con la limpieza política referida. Hubo una cadena de mando que iba de unos responsables últimos (autoridades militares y jefes de las milicias carlista y falangista) a los ejecutores de los escuadrones de la muerte, pasando por una extensa red de colaboradores. Hemos podido detallar las responsabilidades de los órganos de mando y la forma de funcionamiento de aquellas milicias y también se han podido trazar perfiles personales de diversos ejecutores conocidos. Por último, hemos podido recoger datos sobre la participación de numerosas personas corrientes que realizaron labores de apoyo en cuestión de batidas, registros, detenciones, castigos y denuncias, así como de participación en actos más graves. 

En relación con las responsabilidades de los mandos de los requetés, la milicia de la Comunión Tradicionalista, se pueden reconstruir, a través de la prensa y a través de documentación específica conservada en el ARGN. Sobre las circunstancias sobre el surgimiento y conformación de la JCCGN, el órgano que gestionó la represión de boina roja, podemos saber que nació de forma supeditada a Mola, quien fue el que seleccionó a sus integrantes entre los carlistas de su confianza, destacando sobre todo el presidente efectivo de la misma, José Martínez Berasain. Dicho órgano también estaba subordinado a los designios de las élites socioeconómicas navarras, que lograron infiltrar en él a diversos integrantes como Esteban Ezcurra, Javier Martínez de Morentin o Víctor Eúsa. A pesar de las dificultades ocasionadas por los expurgos documentales relacionados con la documentación más incriminatoria registrados en el curso del tiempo, hemos reconstruído las funciones declaradas y encubiertas de dicho órgano colegiado, así como numerosos detalles de las características de la estructura y de la dinámica represivas del requeté navarro, entre ellos los perfiles de diversas personas destacadas en la mecánica depuradora y ejecutora de dicha milicia. Queremos subrayar el protagonismo en dichas labores depurativas de diferentes personajes, bien en la esfera de lo directivo (como José Martínez Berasáin), bien en el plano técnico (como Marcelino Ulíbarri) o bien en el plano de la implementación de las ejecuciones (casos de Esteban Ezcurra, Benito Santesteban y Vícente Munárriz, quienes se servían de la unidad requeté que protagonizaba la represión: el Tercio Móvil, que estaba alojado en el centro de detención que los paramilitares tradicionalistas tenían en Escolapios). También queremos llamar la atención sobre la circunstancia de que Benito Santesteban, junto con Vicente Munárriz, uno de los dos ejecutores finales de las funciones represivas asumidas por la JCCGN, tras llevar a cabo su función depuradora en Navarra, siguió ejerciéndola en Vizcaya, tal y como se comprueba en los informes policiales presentes en un sumario de 1948 que hemos exhumado.

En cuanto a la participación de los falangistas en el proceso de limpieza política, hemos reconstruido la estructura de la formación en Navarra entre 1933 y 1937, así como los perfiles de los presuntos integrantes del escuadrón de la muerte falangista más famoso (la Escuadra del Águila de Pamplona), cuestiones ambas que no habían merecido tratamiento detallado por parte de nadie. En este caso queremos remarcar la importancia de los perfiles de represores falangistas poco conocidos como José Moreno, Lucio Arrieta, Galo Egües, Gregorio Apesteguía, Faustino Escribano, Atanasio Zabalza, etc. Muchos de ellos también operaron en Guipúzcoa.

La presencia de personas significadas de las élites socioeconómicas conservadoras navarras en los órganos gestores de la limpieza política por el lado de las milicias, carlista y falangista, que apoyaron el golpe de estado militar, muestra que el proceso represivo no era una cuestión limitada al rigorismo político-ideológico de los mandos militares y de los sectores más radicalizados de las formaciones derechistas. Las élites estuvieron ciertamente representadas en la JCCGN de los requetés y en las Jefaturas Provincial y Local de Pamplona de la Falange y fueron corresponsables de lo que estaba sucediendo. Incluso podría decirse que se esforzaron porque dichos órganos estuvieran conformados por las personas más afines y más cómodas para ellas y para los propios mandos militares. La JCCGN obedeció en su diseño a los designios de Mola y de Garcilaso, director este de Diario de Navarra, y Martínez Berasáin y Marcelino de Ulíbarri actuaron siempre a su favor. En la Falange destacaron personas de las élites como Lucio Arrieta, Daniel Arraiza y los hermanos Uranga, muy vinculadas todas ellas a la actuación represiva de dicha formación en el verano y otoño de 1936. Resulta revelador que las personas de dichos órganos de mando del tradicionalismo y del falangismo más vinculadas a las élites apoyaran, con estusiasmo y mediante fórmulas coactivas y trapaceras, el proceso de unificación de carlistas y falangistas diseñado por Franco en su propio interés y en contra de los sectores de ambas formaciones que trataban de que las mismas gozaran de autonomía ideológica y funcional dentro del entramado franquista. 

Los movimientos de las élites socioeconómicas conservadoras navarras, desde luego, tenían razón de ser. Mientras la victoria en la guerra supuso una promoción personal para los combatientes más relevantes, llegando un buen número de ellos a cargos importantes en el organigrama del Estado franquista, aquellas élites consiguieron seguir gozando del poder provincial a su plena satisfacción, tal y como habían hecho hasta entonces con la única excepción del periodo republicano. Así, durante el franquismo en Navarra los sectores políticamente más beneficiados fueron, como es obvio, los ligados a los sublevados en julio de 1936, que pudieron disponer durante décadas del poder provincial a su antojo, conformando redes clientelares a su conveniencia en todas las direcciones. Si la represión de la guerra civil sirvió para la eliminación de todas las corrientes políticas que tenían proyectos alternativos para Navarra, la gestión de la victoria hizo que la derecha navarrista, y las élites en torno a ella, disfrutaran del poder local y provincial en exclusividad absoluta, permitiéndoles crear las estructuras y los imaginarios más convenientes para su teórica perpetuación en el tiempo. 

PROCESO DE BRUTALIZACIÓN DE CIUDADANOS NORMALES Y CORRIENTES.

Navarra, asimismo, habría sido un campo de pruebas en lo relativo al proceso de brutalización de ciudadanos corrientes instigado desde las autoridades militares y desde las milicias carlista y falangista con el fin de que el mayor número de personas posibles se mancharan las manos con sangre. Los responsables últimos del proceso de limpieza política (entendiendo por tales a los mandos militares y a los dirigentes de los órganos de gestión de la represión por parte del Requeté y de la Falange, así como a las élites socioeconómicas navarras que estuvieron presentes en ellos) supieron involucrar a numerosos sectores de la sociedad navarra que se mantuvieron en la retaguardia, llegando hasta la base de la misma y haciendo que muchas personas quedaran contaminadas por el mismo por medio de los rituales de cohesión primaria de grupo desarrollados en torno al ejercicio de la violencia. 

Dinámicas de ideologización exacerbada, en las que también participaron la prensa y la Iglesia, alentaron la deshumanización del adversario político con sus mensajes de cruzada y de reconquista para así contrarrestar los posibles escrúpulos de conciencia de los milicianos derechistas de base. Republicanos de izquierda, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas vascos fueron presentados como enemigos absolutos que no merecían ningún tipo de piedad. 

Los responsables últimos de dicho proceso hicieron partícipes de su estrategia exterminadora no sólo a la red de ejecutores que pusieron en práctica la misma y que sería mucho más amplia de lo que nunca podamos llegar a conocer, sino también a toda una miríada de colaboradores que trabajaron en la sombra en labores de castigo y vigilancia de diferente naturaleza, garantizando así el silencio de todos ellos y su impunidad global de cara al futuro en todos los órdenes. 

La conquista de lo que hemos denominado como “Ribera Roja”, aquellas localidades del sur de Navarra más volcadas hacia la izquierda, así como de las localidades guipuzcoanas tomadas en las primeras semanas, serían claves en la conformación inicial de dicho proceso de brutalización que afectó a las personas que colaboraron activamente en la limpieza política constatada. En el caso de la denominada Ribera Roja, muchos voluntarios requetés y falangistas colaboraron con la guardia civil en las batidas registradas en numerosos pueblos a la caza de los izquierdistas fugados y otros muchos permanecieron en los mismos desempeñando labores represivas durante semanas o meses. En nuestra labor de investigación sobre esas responsabilidades individuales nos hemos valido de las autodeclaraciones consignadas en el Fichero de Combatientes conservado en el ARGN y que hasta ahora nadie había explotado de forma sistemática. De los datos de ese Fichero se desprende que muchas personas prosiguieron su labor represiva también en la capital, Pamplona, no yendo al frente hasta mucho después. 

CAUSAS DE LA DEFICIENCIA DEL RELATO.

Esa realidad descrita no había sido hasta ahora abordada en su plenitud ni por la historiografía ni por la memorialística, de forma que la gestión de la memoria de aquella limpieza política partía de un relato parcial e incompleto. Además, dicha gestión se ha caracterizado por su carácter reduccionista en cuanto que se ha olvidado de los verdugos. Las razones de todo ello han sido diversas. 

En primer lugar, hay que mencionar la limitada disponibilidad documental ya que durante los años sesenta y setenta del siglo pasado casi toda la documentación más directamente explícita se hizo desaparecer de forma deliberada o fue objeto de expurgo selectivo. Por ello, la confección de un relato que aspire a cierta completitud (que sólo podrá ser aproximativa) tiene que basarse en una reconstrucción trabajosa a partir de indicios indirectos, de testimonios fragmentarios de la época y de la segunda mitad de los años setenta y de datos obtenidos mediante la explotación del Fichero de Combatientes y mediante la consulta exhaustiva de la prensa y de los fondos judiciales. 

En segundo lugar, hasta el año 2000 pervivió el “pacto de silencio o de olvido” fomentado desde los partidos políticos mayoritarios durante de la Transición por el que, en aras del espíritu de la reconciliación, se adoptó una especie de convención de no remover temas acerca de la guerra civil que pudieran suscitar divisiones en la opinión pública. Esa política fue perjudicial porque fomentó en el caso de la derecha el negacionismo y la subestimación de las responsabilidades de los ideológica o familiarmente próximos en la generación de sufrimiento al adversario político. No obstante, a pesar de los avances, aquel pacto se ha prolongado, como ha quedado dicho, en relación con los victimarios, en una especie de convención mayoritariamente acordada.

En tercer lugar, relacionado con el final del párrafo anterior, aunque es verdad que durante décadas se ha inducido al olvido y a la desmemoria por parte de los poderes establecidos en relación con la limpieza política desarrollada por el bando franquista, mayor importancia, a nuestro juicio, ha desempeñado el vértigo al pasado de la misma sociedad, el miedo a desvelar que personas cercanas y familiares hubieran estado involucrados en actuaciones represivas. Obviamente el tema se complejiza asimismo porque no hay que olvidar que en los ochenta años transcurridos desde 1936 han tenido lugar mezcolanzas ideológicas de lo más variopinto dentro de las familias. De padres y abuelos falangistas o carlistas han salido hijos que se han posicionado en sectores de la izquierda y del nacionalismo. Y a la inversa, en familias de padres republicanos, socialistas, anarquistas o nacionalistas hay ahora hijos o nietos ubicados en la derecha. Ligado con todo ello, incluso cabría afirmar que la izquierda y el nacionalismo vasco en las últimas décadas han actuado con una mirada atemperada sobre todo aquello para no enajenarse el apoyo político de los hijos de los golpistas en el 36. Resulta llamativo comprobar que las responsabilidades de los carlistas han sido minimizadas, en parte por el relato de autoindulto elaborado desde el propio carlismo desde fechas muy tempranas, en parte porque hijos y nietos de requetés abundan en todos los partidos actuales.

Por todas esas razones, los asesinos de la guerra civil han gozado de impunidad no sólo jurídica, sino también historiográfica y memorialística. Nadie se ha enfrentado a ningún procedimiento judicial en una interpretación in extenso de la ley de amnistía de 1977. Asimismo, hasta ahora la historiografía y la memoria circulante han aceptado la consideración de los responsables como un tabú a respetar.

A nuestro juicio es mucho más conveniente adoptar una perspectiva integral en la gestión de la memoria de esa limpieza política acaecida en Navarra en 1936-1939: las víctimas no fueron víctimas porque sí, lo fueron porque hubo victimarios. No puede haber un relato sin verdugos. El derecho a la memoria de los asesinados y nuestro deber de memoria para con ellos así nos lo exige. 

AUSENCIA DE DEBATE PÚBLICO.

Ochenta años después, un debate público sigue pendiente: el relativo a la mayor tragedia padecida por la sociedad navarra a lo largo de su historia y a su proyección en el terreno de lo político. No sólo es que todas las visiones alternativas quedaran proscritas y que los defensores de las mismas fueran, en el caso de la izquierda, virtualmente aniquilados. Además, la gestión de la victoria permitió a la derecha navarrista, y a las élites en torno a ella, aprovecharse en total exclusividad de los recursos que proporcionaba el poder local y provincial y crear los discursos y las estructuras de dominación para poder fortalecer su posición durante las décadas siguientes, instaurándose así una forma de pensar mayoritaria que condicionó altamente la Transición.