En las últimas semanas
hemos asistido, atónitos, a la resurrección de un tema que creíamos
ciertamente superado (el referido a la laureada de San Fernando y el
escudo de Navarra) al cumplirse los 75 años de la firma del Decreto411/1937, de 8 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial delEstado de 14 del mismo mes, hace ahora 75 años, por parte de
Francisco Franco, Jefe del Estado del bando nacional y Generalísimo
de sus ejércitos, en el que en artículo único se concedía a
Navarra la Cruz Laureada de San Fernando, que desde aquél día
debería “grabar en sus Escudos”, como “recuerdo a las gestas
heroicas” de dicha provincia “en el Movimiento Nacional y
homenaje a quien tan reciamente atesora las virtudes de la Raza”.
En la exposición de motivos de dicho decreto se recordaba que
Navarra había destacado “en el resurgir de España (...) de modo
señalado por su heroísmo y sacrificio”, que fue “la provincia
en que se fijaba la mirada de los españoles en los días tristes del
derrumbamiento de la Patria”, que “fue el crédito de sus
virtudes el que la convirtió en sólida base de partida de nuestro
Alzamiento, y fué su juventud en armas la que en los primeros
momentos formó el nervio del Ejército del Norte”, rivalizando
“durante toda la campaña los navarros, con su bravura legendaria,
encuadrados en los Tercios de Requetés en Banderas de Falange y en
Batallones, (…) en valor con las más distinguidas fuerzas del
Ejército”. También se mencionaba que “es la Cruz Laureada de
San Fernando el más alto galardón de nuestras Milicias, el símbolo
más destacado del valor y del sacrificio heroico. Por ello, nunca
puede estar más justificado la ejecutoria que una la Cruz Laureada
de San Fernando a las Cadenas gloriosas y simbólicas de su Escudo”.
El regreso a la
actualidad de dicha cuestión ha sido ocasionado por un artículo,
titulado “Navarra. Su escudo y la Laureada” de José Ignacio
Palacios Zuasti, senador popular por nuestra comunidad, publicado en
Navarra Confidencial el 23 de octubre de 2012 y que también estácolgado en la página web del PP navarro. En él, el autor recuerda
con añoranza el decreto mencionado de 8 de noviembre de 1937,
rememorando la aportación de los contingentes navarros al bando
nacional. Asimismo, remarca la circunstancia, apelando para ello a un
dictamen del Consejo de Estado de 1982, de que, la eliminación de la
laureada del escudo de Navarra en 1981 mediante acuerdo del
Parlamento Foral, ratificado posteriormente en otras disposiciones
normativas, no habría afectado “al hecho indudable de que Navarra
continua ostentando la Cruz Laureada de San Fernando”. Apoyándose
en las tesis del Cronista Rey de Armas, Decano del Cuerpo, Vicente de
Cadenas y Vicent, en un informe relativo al Escudo de Navarra fechado
el 14 de agosto de 1982, el senador navarro por el PP asegura que las
normas sobre símbolos aprobadas por el legislativo navarro en
diversos momentos y que asentaban el actual escudo, basado a su vez
en el inicial diseñado en 1910, se referirían a la versión
sencilla o pequeña del mismo y que no impedirían que el escudo de
Navarra con la laureada podría seguir usándose en lo que sería su
versión “grande o solemne” que incluiría “los ornamentos
exteriores, condecoraciones, etc., que lo solemnizan”. Bajo todo lo
anterior, sostiene que, “por tanto, aunque en el actual escudo
oficial de Navarra no esté la Laureada, nuestro viejo Reyno la sigue
ostentando de pleno derecho” y abre la posibilidad de que “puede
llegar un día en el que generaciones futuras que no le den la
connotación que algunos le atribuyen en la actualidad descubran ese
blasón, lo quieran lucir y con pleno derecho lo vuelvan a poner
oficialmente orlando con él nuestro escudo”.
Ese artículo ha sido
replicado por otro de Álvaro Baraibar y Patxi Leuza quienes han subrayado
el empeño de Palacios Zuasti, conocedor “de la existencia de
legislación foral y estatal que prohíbe la presencia de símbolos
del franquismo en espacios públicos y, evidentemente, en los
símbolos que representan a la comunidad”, en elogiar el valor del
“símbolo franquista por antonomasia en el Viejo Reino, en la
esencia misma de esa navarridad española que tanto gustó al
dictador”. Asimismo, han indicado que “es necesario distinguir el
recuerdo personal, íntimo y familiar incluso de lo que alguien pudo
hacer 75 años atrás -convencido de sus ideas u obligado por las
circunstancias-, de lo que nuestra sociedad en su conjunto quiera
recordar públicamente” y que, siendo o debiendo ser diferentes “la
memoria individual y la memoria colectiva o pública”, “el
recuerdo público del pasado, la memoria, se construye como un
reconocimiento de aquellos elementos, sucesos, personajes y símbolos
de nuestra historia con los que hoy nos sentimos representados”.
Por otro lado, el tema se
ha deslizado como próximo objeto de debate en el Parlamento de
Navarra en cuanto que Bildu y Geroa Bai han presentado sendasmociones para que la Cámara Foral haga explícita la renuncia adicha condecoración. La propuesta de Bildu pide la "reprobación
a la concesión de esta distinción militar y su renuncia expresa a
la Cruz Laureada de San Fernando, concedida por el valor y la entrega
del pueblo Navarro en el golpe de Estado del 36", así como
"devolver al Gobierno español y los documentos y símbolos que
pudieran haber acompañado a la concesión de la citada condecoración
militar" y a que el Gobierno retire "cualquier símbolo
franquista que pudiera existir en nuestra comunidad". La
enmienda de Geroa Bai contempla además de los anteriores puntos el
rechazo y condena a la sublevación militar del 1936.
A los argumentos
empleados en contra de la postura de Palacios Zuasti, quisiéramos
añadir otros referidos a la biografía de otros receptores de la
misma condecoración por aquellos mismos años. La Cruz Laureada de
San Fernando, la más preciada condecoración militar española cuyo
objeto desde 1811, fecha en que fue instaurada por las Cortes
liberales gaditanas, es "honrar el reconocido valor heroico y el
muy distinguido, como virtudes que, con abnegación, inducen a
acometer acciones excepcionales o extraordinarias, individuales o
colectivas, siempre en servicio y beneficio de España y que pueden
recibirla los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil
(cuando realicen actividades de carácter militar) y aquellos civiles
que presten servicio dentro de fuerzas militares organizadas. Pues
bien, durante los años de la guerra civil o de la inmediatapostguerra dicho distintivo fue concedido a insignes golpistas y
responsables de prácticas de genocidio en las personas de
simpatizantes del bando republicano como Emilio Mola Vidal (4 de
junio de 1937), el mismo Francisco Franco (20 de mayo de 1939) o
Gonzalo Queipo de Llano (3 de marzo de 1944).
Mola, gobernador militar
de Pamplona por nombramiento publicado el 1 de marzo de 1936, sería
autor de la Instrucción reservada número 1 de Mola de 28 de mayo en
la que se decía: “La acción deberá ser en extremo violenta para
reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado.
Serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos,
sociedades y sindicatos no afectos al Movimiento y se les aplicarán
castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los
movimientos de rebeldía o huelgas”. En línea con ello, el 19 de
julio el mismo Mola afirmaría: “Es necesario crear una atmósfera
de terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin
escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros.
Tenemos que causar una gran impresión, todo aquel que sea abierta o
secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado”. Por su
parte, en el bando militar del general Queipo de Llano de 24 de julio
de 1936 se consignaba: “Serán pasadas por la armas, sin formación
de causa, las directivas de las organizaciones marxistas o comunistas
que en el pueblo existan, y en el caso de no darse con tales
directivos, serán ejecutados un número igual de afiliados,
arbitrariamente elegidos”. En la práctica, son bien conocidos los
efectos de las órdenes de Mola en Navarra en relación con la
limpieza política abatida sobre los adversarios de quienes apoyaron
la sublevación de 18 de julio. Con todo, siendo la masacre
capitaneada por Mola de enormes dimensiones, mucho mayor fue la que
tuvo por ejecutor primordial a Queipo de Llano en Andalucía. Sobre
las responsabilidades de Franco, como jefe máximo del bando nacional
y como Jefe de Estado durante casi cuatro décadas, en la guerra, en
la inmediata postguerra y durante todo el periodo posterior poco hay
que añadir a lo que ya sabe el lector.
Además de los tres
citados, también fueron condecorados con la mencionado distinción
el general Moscardó (18 de mayo de 1937) de tanta presencia en
nuestros libros de historia infantiles por el asedio del alcázar de
Toledo, así como otros héroes del bando franquista como el general
Aranda o el capitán Cortés. Asimismo, el 5 de septiembre de 1936
recibió tal honor Sidi Hamed Ganmia, Gran Visir del protectorado
Español de Marruecos por su apoyo a los sublevados en los primeros
momentos y por facilitar la incorporación de tropas marroquíes a
aquéllos, personalidad que también sería honrada, a través de
persona interpuesta, por la Diputación navarra a principios de 1937.
Considerando todo lo
anterior no compartimos la opinión, expresada en múltiples
ocasiones ya en el debate de los años 1979-1981 por portavoces de
los sectores favorables al mantenimiento de la laureada en el escudo
oficial navarro, de que la misma no debía eliminarse por constituir
un reconocimiento de los méritos del voluntariado navarro en la
guerra civil, constituyendo aquél un signo de respeto hacia éste.
Es francamente dudoso que muchos voluntarios navarros que, a pesar de
colaborar en un golpe de estado contra un gobierno legítimo,
combatieron, noblemente y sin incurrir en infamias, en primera línea
desde el primer momento contemplaran como homologables su sacrificio
personal al servicio de una causa que creían justa con actitudes de
excitación a la barbarie como las protagonizadas por personajes como
Mola o Queipo de Llano, responsables últimos de las salvajadas que
se cometieron en la retaguardia de los territorios que gobernaron. De
hecho, en la intrahistoria de muchos de nuestros pueblos y familias
hay ejemplos de combatientes navarros, tanto requetés pero también
incluso falangistas, que, tan pronto como tuvieron noticias de lo que
estaba sucediendo, marcarían distancias con quienes estaban
inundando de sangre sus pueblos, asesinando con la mayor de las
impunidades. Esa actitud se plasmaría políticamente en un temprano
alejamiento de las consignas oficiales que no sería suscitado en
exclusiva por el rechazo al decreto de unificación de abril de 1937
de falangistas y carlistas en FET y de las JONS, sino que habría
estado también provocado por factores como el que hemos mencionado.
Y es que en definitiva la
cuestión de la laureada remite al derecho a la memoria de las
personas afectadas por el genocidio de entonces y al deber por
nuestra parte de recordarlo. En el debate de la eliminación de la
laureada de 1979-1981 en el Parlamento Foral hubo personas que fueron
muy conscientes de ello, sobresaliendo, por ejemplo, la figura de
Mariano Zufía, voluntario del primer día en julio de 1936 y que,
como parlamentario del Partido carlista en aquella legislatura,
entendió que la reconciliación entre los navarros pasaba
ineludiblemente por aquella medida, algo que no fue entendido por la
derecha navarra entonces, representada por UCD y UPN en aquel órgano
legislativo. A tenor de lo traído a colación actualmente por
Palacios Zuasti, el tema seguiría constituyendo todavía una
espinita clavada para algunos sectores de la misma.
Al hilo de ello, también
queremos recordar que el mencionado senador del PP ya se había
significado históricamente por tomas de postura similares, incluso
bastante más estridentes. En octubre de 1987 en el ayuntamiento de Pamplona, en el que Palacios Zuasti era concejal, ante una moción de HB
sobre Elaboración de Estudios Urbanísticos que perseguía la
retirada del monolito del general golpista Sanjurjo y que, tras
varios intentos, consiguió concitar el apoyo mayoritario PSOE, CDS y
EA, además del de la propia izquierda abertzale, tras afirmar que la
guerra civil estaba “olvidada o superada”, reinterpretó a
Sanjurjo como “pacificador de la larga guerra de Marruecos y héroe
del Rif”. También denunció que la moción respondió a la
tendencia de “los partidos nacionalistas o separatistas que tratan
de eliminar todo vestigio que suponga mostrar que Navarra es España,
todavía más, que Navarra es uno de los Reinos que construyeron
España”, aludiendo a que el atentado de la Bajada Javier de 30 de
mayo de 1985, en el que resultarían asesinados el joven Alfredo
Aguirre y el agente de la policía nacional Miguel Sánchez y heridas
otras cuatro personas, no había sido condenado por HB, al igual que
todos los demás atentados de ETA. Atacó la postura del PSOE y del
CDS y puso en marcha el ventilador, una estrategia muy socorrida para
el olvido de las responsabilidades del bando al que uno se adscribe
por medio de la imputación de corresponsabilidades en las
atrocidades franquistas en la guerra civil a padres y parientes de
los políticos con los que se está debatiendo. De esta forma,
mencionó que no entendía la postura de “los socialistas que, en
muchos casos, son hijos de hombres que lucharon en el mismo bando que
Sanjurjo en la guerra, como lo hizo la gran mayoría de los navarros”
y aseguró que uno de los consejeros socialistas del gobierno de
Urralburu “es sobrino del hijo del que fue lugarteniente de la
Guardia de Franco en Navarra; otro, hijo de un falangista que salió
de la cárcel el 19-VII-1987 [sic, así figura en el acta] y era la
envidia de sus camaradas por las preciosas guerreras negras que
llevaba; otro es nieto, hijo y sobrino de militares y procede del
carlismo. Sin contar, también, p. e. a ese diputado que es hijo de
requeté muerto en guerra”.
