SEGMENTOS DE REPÚBLICA.

SEGMENTOS DE REPÚBLICA. 

La profusión, especialmente en los medios de comunicación y en los últimos años, de valoraciones radicales y del todo contrapuestas sobre la Segunda República, ha hecho que se haya difundido entre la opinión pública la idea de que ese periodo histórico constituyó un todo unitario. Sin embargo, la realidad es que en los cinco años y tres meses que duró la legalidad republicana existieron varias etapas muy diferentes entre sí. Además, en rigor, el carácter transformador que se suele predicar del periodo republicano solamente es cierto para el periodo inicial, para sus dos primeros años y medio (de abril de 1931 a noviembre de 1933), así como para sus últimos cinco meses, si bien en esta última fase con una crispación en ascenso. Seguidamente repasaremos las distintas etapas de la República en lo relativo al gobierno central y a quienes gobernaron la Diputación en Navarra. También haremos una mención a la cuestión del poder municipal en los ayuntamientos navarros. 

EL GOBIERNO CENTRAL DURANTE LA REPÚBLICA. 

El gobierno provisional de la II República quedó conformado tras la proclamación de la misma el martes 14 de abril como resultado de las victorias de las candidaturas republicano-socialistas en las capitales de provincia y en las regiones industriales. Era un gobierno heterógeneo formado por dirigentes de partidos republicanos de derecha (como el Presidente de Gobierno, Alcalá Zamora, y el Ministro de Gobernación, Maura); del Partido Republicano Radical ó PRR (como Alejandro Lerroux, que se hacía con la cartera de Asuntos Exteriores, o Martínez Barrio, que asumía la de Comunicaciones); del Partido Republicano Radical Socialista ó PRRS (como Álvaro de Albornoz, titular de Fomento, o Marcelino Domingo, titular de Instrucción Pública); de Acción Republicana ó AR (como Azaña, Ministro de la Guerra); y del PSOE le correspondían tres ministerios, los de Hacienda (Indalecio Prieto), Justicia (Fernando de los Ríos) y Trabajo (Largo Caballero). 

Este gobierno provisional tuvo que afrontar en sus primeras semanas diversos problemas espinosos, entre ellos, la proclamación del Estat Catalá en Barcelona el mismo 14 de abril, resuelto con la aplicación de una autonomía transitoria; las reticencias de la cúpula eclesiástica y las quemas de iglesias en mayo; y las reservas expresadas por los altos mandos militares, salvadas con varias medidas que trataban de asegurar su fidelidad. 

Las elecciones de 28 de junio de 1931 fueron ganadas por las candidaturas de la coalición gubernamental, sobre todo de las formaciones situadas a la izquierda. El PSOE obtuvo 114 diputados; el Partido Republicano Radical Socialista, 54; Acción Republicana, 30. Los partidos en el gobierno que representaban el republicanismo de centro-derecha, el Partido Republicano de Lerroux o la Derecha Liberal Republicana de Alcalá Zamora y Miguel Maura, consiguieron respectivamente 94 y 23 actas. 

El Gobierno provisional pervivió tras las elecciones generales de 28 de junio de 1931 a causa de que los partidos de la coalición de gobierno pactaron su continuación hasta que la Constitución fuera aprobada, caracterizándose por una política poco unitaria en la que cada ministerio seguía las directrices de sus responsables y destacando algunos ministerios, como el de Trabajo, por su enorme actividad en la promulgación de decretos reformistas. 

La Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931, caracterizándose por contenidos claramente progresistas y apostando por la división de poderes, la separación entre la Iglesia y el Estado y la nueva organización territorial. El articulado referente a la cuestión religiosa, sobre todo el referente a la disolución de las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes, motivó la dimisión en octubre de Alcalá Zamora y Maura, si bien en el caso del primero también actuó el rechazo del gobierno a su proyecto de reforma agraria. Entonces, Azaña asumió la Presidencia del Gobierno. Tras la promulgación del texto constitucional, Alcalá Zamora fue nombrado Presidente de la República, presidiendo Azaña el Consejo de Ministros. 

Aún cuando el gobierno provisional había dado ya claras muestras de su vocación reformista, suele considerarse al bienio social-azañista como el bienio reformista por excelencia. El gobierno de Azaña fue un gobierno netamente de izquierda con PSOE, AR, PRRS y otros partidos catalanes y gallegos. El Partido Republicano Radical no participó en él por su negativa a cohabitar con el PSOE, haciéndose eco de las inquietudes patronales por la nueva legislación social, argumento que constituiría el eje de su actitud en la oposición en el parlamento hasta septiembre de 1933. Con esa actitud los radicales iniciarían su proceso de derechización. Desde el otro ángulo, se ha dicho que la preferencia por los socialistas, originando el alejamiento de los radicales hacia una posición de centro-derecha extraordinariamente agresiva contra el gobierno, pretendía incorporar a la clase obrera a las instituciones republicanas o, al menos, neutralizar una posible oposición obrera a la República mediante una política de mejora de las condiciones laborales del proletariado urbano y rural, política que tendría un mayor impacto en los ámbitos rurales, mucho más desrregulados hasta entonces. 

El gobierno de Azaña, que duró hasta septiembre de 1933, fue el gobierno de mayor estabilidad del periodo republicano y el que protagonizó las reformas más importantes. Fueron señeros los avances en política educativa y en política social, pero también se desarrolló una labor diligente en política económica y en obras públicas. Además se introdujeron reformas en el Ejército y se aprobó en septiembre de 1932 la ley de reforma agraria y el estatuto catalán. En agosto del mismo año, la fallida sublevación de Sanjurjo, supuso la primera llamada de atención de los sectores golpistas. Aunque suele afirmarse que el final de este bienio azañista fue ocasionado por la matanza de campesinos en Casas Viejas, anticipada por incidentes similares en diciembre de 1931 y enero de 1932 en Castilblanco y en Arnedo, la realidad es que fue resultado de la táctica que, desde principios de 1933, llevó a cabo el Partido Radical contra la coalición gobernante con el apoyo de los sectores centristas del PRRS y la colaboración del Presidente de la República, Alcalá Zamora. Éste forzó remodelaciones ministeriales en junio y septiembre de 1933, la segunda acompañada de la destitución de Azaña como Presidente del Gobierno, así como de la expulsión de los ministros socialistas. Sin el apoyo de los sectores de izquierda, la inestabilidad de los gobiernos subsiguientes presididos por radicales acarreó la disolución de las Cortes. 

En las elecciones de 19 de noviembre de 1933, la CEDA de Gil Robles, un partido que algunos autores tildan de partido conservador y católico progresivamente fascistizado, fue la formación más votada, obteniendo 115 diputados. El Partido Radical de Lerroux se erigió en segunda fuerza, con 104 escaños. La izquierda republicana y los partidos socialista y comunista no pasaron en conjunto de los 94 parlamentarios. 

Por efecto de esas elecciones comenzó el bienio radical-cedista. Si ya entre 1931 y 1933 el Partido Radical constituyó el principal núcleo fundamental de la oposición parlamentaria a las reformas practicadas por los gobiernos republicanos-socialistas presididos por Manuel Azaña, en los dos años siguientes será el promotor primordial del cambio de rumbo de la República. En los gobiernos de octubre de 1933 a febrero de 1936, el Partido Radical (primero gobernando en solitario con el apoyo parlamentario de la CEDA; a partir de octubre de 1934 en coalición con ese partido y progresivamente supeditado a él, a causa de las sucesivas crisis internas de los radicales ocasionadas por tal alianza y por carecer dicha formación de la voluntad y de los recursos necesarios para contener a los cedistas, con mayor presencia cada vez en el gobierno nacional y en la administración local y provincial) derogó las reformas sociales del bienio progresista, revisó la ley de reforma agraria y desarrolló una política de hostilidad y represión de la izquierda, a cambio de obtener para sus afiliados y redes clientelares el acceso privilegiado a todos los niveles de la administración pública, polarizando la dinámica política de la República hasta extremos desconocidos. Las reformas del primer bienio fueron socavadas por los radicales, además de por vía legislativa, por la renuncia a cumplir la legislación vigente, permitiendo el incumplimiento masivo de la legislación laboral y social que había sido aprobada entonces, lo que fue acompañado por la durísima represión de los sindicatos y por el apoyo al boicot de la patronal a las organizaciones obreras. También se modificó la política religiosa, propiciándose un acercamiento a Roma; se devolvieron tierras a la nobleza terrateniente; se amnistió a los involucrados en la Sanjurjada; y se hizo más virulenta la tensión con el nacionalismo vasco y catalán. La política social y agraria de estos gobiernos y el deterioro de las condiciones laborales están detrás del incremento de la conflictividad, que acabó estallando en la huelga campesina de junio de 1934 y en la revolución de octubre del mismo año, ésta última una auténtica insurrección armada en Asturias, en la que confluyeron la UGT y la CNT, que se saldó con 1.500 muertos. También por aquel entonces la proclamación por parte de Companys, Presidente de la Generalitat, del Estat Catalá, derivó en la suspensión de la autonomía. 

Finalmente, el escándalo del estraperlo, al que se le unían otros, apuntilló definitivamente a los radicales. El intento de Gil Robles de gobernar en solitario con el programa de la CEDA tropezó con la negativa de Alcalá Zamora, precipitando la disolución de la cámara legislativa. 

En las elecciones de febrero de 1936 compitieron primordialmente, a pesar de la concurrencia de otras listas de partidos centristas y de partidos nacionalistas periféricos, dos grandes bloques políticos. En el Bloque Nacional concurrían la CEDA, los tradicionalistas y los monárquicos alfonsinos. En el Frente Popular iban coaligados partidos republicanos de izquierda (Unión Republicana, Izquierda Republicana), partidos republicanos nacionalistas periféricos (Ezquerra, Partido Galeguista) y formaciones socialistas y comunistas (PSOE, PCE, POUM). La victoria correspondió a la segunda coalición, que obtuvo 266 escaños, por 142 de la primera. 

El 19 de febrero Azaña se hacía cargo de la presidencia del gobierno. Sus primeras medidas se dirigieron hacia el restablecimiento de la autonomía catalana, la liberación de los presos encarcelados tras la revolución de octubre y la recuperación de la política de reforma agraria. Siguiendo en esa línea, en los siguientes meses trató de retomar la política reformista del primer bienio, acelerándose también la política autonómica respecto del Pais Vasco y Galicia. En mayo, tras la destitución de Alcalá Zamora como Presidente de la República y la designación de Azaña para ese cargo, Casares Quiroga pasó a presidir el gobierno. La acción del gobierno se vio cada vez más dificultada por incidentes provocados desde los extremos del abanico político que polarizaron a la opinión pública y por rumores insistentes de intervencionismo militar. En este clima, los asesinatos del teniente Castillo, conocido militante de izquierdas, y del líder de la CEDA José Calvo Sotelo los días 12 y 13 de julio, el segundo como respuesta al primero, actuaron, más como telón de fondo que como detonante, de la sublevación militar del 17 de julio de las tropas españolas en Marruecos que daba inicio a la guerra civil. Navarra, precisamente, era centro neurálgico de la sublevación a causa de la estrecha connivencia entre los militares y las formaciones derechistas y, desde el primer momento, desarrolló el papel de territorio liberado para los golpistas. 

LA DIPUTACIÓN DE NAVARRA DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA. LAS COMISIONES GESTORAS . 

El 21 de abril de 1931 el Gobierno de la República publicaba un Decreto por el que se regulaba el nombramiento de las Comisiones Gestoras de las Diputaciones a cargo del Gobernador respectivo y en el que se señalaba que en Navarra se respetaría su número tradicional de siete diputados designados en las cinco merindades. 

Bajo las protestas de nacionalistas y carlistas, el 25 de abril de 1931 tomó posesión la nueva Gestora, constituída por los diputados siguientes: Amadeo Marco Ilincheta (abogado, alcalde de Navascués, carlista) por el distrito de Aoiz; Jose María Fernández de Piérola (monárquico, propietario de Los Arcos) y Benito Munilla García (vicepresidente del Centro Republicano de San Adrián), por Estella; Constantino Salinas Jaca (médico socialista de Alsasua) y Rufino García Larrache (empresario pamplonés y republicano autónomo), por Pamplona; David Jaime Deán (administrador de la cooperativa vinícola de Tafalla, concejal independiente electo de ese municipio con el apoyo de republicanos y socialistas y luego uno de los líderes de AR y de IR); y Luis Soriano Tapia (abogado, presidente de la Agrupación Republicana de Tudela), por la merindad tudelana. Salinas fue nombrado vicepresidente, es decir, cabeza de del órgano puesto que por laley de 1841 la presidencia recaía nominalmente en el Gobernador Civil. 

Esa primera Comisión Gestora duró hasta comienzos de 1933 por la necesidad de cubrir cuatro bajas. En enero de 1933 se admitió la dimisión de Amadeo Marco, presentada en diciembre de 1931 a causa de su desacuerdo con la decisión de la Gestora de negarse a dar al Obispado 50.000 pesetas para la construcción del Seminario de Pamplona, así como la de García Larrache, quien dimitió entonces al ser nombrado Gobernador Civil de Álava. Asimismo, en abril de 1933, tras la celebración de las elecciones municipales parciales del 23 de ese mes, Benito Munilla dejó de ser concejal de San Adrián, lo que le incapacitaba para ser gestor. También entonces dimitió, sin aclarar las razones, Fernández de Piérola. 

La Segunda Gestora fue nombrada por el Gobernador el 8 de junio de 1933, estando integrada exclusivamente por republicanos o socialistas. A los tres miembros que no habían dimitido de la Primera Gestora (es decir, el vicepresidente Constantino Salinas, Luis Soriano y David Jaime, éste último republicano autónomo que desde julio de 1933 presidiría la Agrupación tafallesa de Acción Republicana), se les añadían: José Burgaleta García, concejal pamplonés del PRR; Constantino Cerdán Sánchez, alcalde de Azagra y presidente de la Agrupación local del PRRS; Amancio Sánchez Martínez, concejal radical de Azagra; e Isaac Induráin, concejal republicano de Aoiz. 

Esta Segunda Gestora se mantuvo hasta el 4 de enero de 1934 debido a que el triunfo en las elecciones generales de la CEDA y el PRR conllevó una nueva conformación de las gestoras de las diputaciones provinciales en beneficio de los radicales. Así, ese día un Decreto señalaba la necesidad de renovación de las mismas. A pesar de las protestas de la derecha y de una iniciativa legislativa llevada a cabo por Aizpun, que fructificaría finalmente meses despues, el 31 de enero se formó la nueva gestora con carácter interino. Estaría integrada por Serafín Yanguas Legarda, pamplonés y presidente de la Junta Central del Partido Radical; Constantino Salinas; Javier Domezáin, de AR, por Tafalla; Cándido Frauca, abogado y propietario tudelano, miembro del PRR y presidente de su Junta tudelana; Francisco Sanjuán, del PRRS, y Fructuoso Muerza, miembro del PRR en San Adrián, por Estella; y Pedro Beúnza, también radical, por Sangüesa. Dicha conformación con 4 miembros del Partido radical y uno respectivamente de AR, PSOE y PRRS, trataba de combinar el hecho de la articulación de una mayoría de republicanos de derecha con el intento del gobierno radical de Madrid de no chocar del todo con el resto de los partidos republicanos ni con sus bases navarras. 

Finalmente, los radicales apoyarían en Madrid la tramitación de la proposición de ley para la renovación de la Gestora Provincial presentada por Aizpun, abriendo las puertas a su control por parte de la derecha. Las elecciones de 27 de enero de 1935 en las que los concejales elegieron a los gestores estuvieron, además, enturbiadas por el hecho de que 30 ayuntamientos con mayoría de izquierdas o nacionalistas estaban suspendidos desde octubre de 1934, siendo sustituídos por concejales de derechas. La gestora elegida estuvo formada exclusivamente por miembros del Bloque de Derechas, a excepción del representante tudelano, el radical Cándido Frauca, quien había llegado a un arreglo con el Bloque. Esta gestora de derechas, modificó a su favor el rumbo de la política foral, derogando la normativa aprobada en 1932 sobre juntas de veintena, quincena y oncena, opiniéndose a la ley municipal objeto de debate, aprobando un nuevo reglamento sobre la constitución y el funcionamiento del Consejo Foral Administrativo y paralizando la aplicación de la Ley de Reforma Agraria 

EL PODER LOCAL MUNICIPAL EN NAVARRA DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA. 

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 dieron el triunfo a las candidaturas derechistas en la mayoría de los ayuntamientos navarros. El bloque republicano-socialista sólo venció en pueblos de la Ribera del Ebro (como Olite, Larraga, Miranda de Arga, Falces, Santacara, Murillo en Cuende, Villafranca, Cadreita, Castejón, San Adrián, Fitero, Cascante, Buñuel y Tudela) y también en algunos más septentrionales como Alsasua, Aibar o Yesa. Pamplona se situó entre las nueve capitales de provincia en toda España con mayoría monárquica, superando ligeramente a las izquierdas. 

No obstante, los resultados de esas elecciones se verían modificados por la repetición de las elecciones en muchas localidades en las que la izquierda protestó, aduciendo presuntas irregularidades cometidas por la derecha en la jornada electoral. De las 41 reclamaciones presentadas en otros tantos pueblos, presentadas por lo general por candidatos de la conjunción republicano-socialista (a excepción de en Pamplona y en Tafalla donde el PNV también reclamó, en la capital en exclusiva) y fundamentadas en la compra de votos y en las coacciones ejercidas sobre los votantes por la derecha, así como en incapacidades de ciertos concejales para ejercer el puesto al ser arrendatarios de algún arbitrio municipal, el gobernador aceptó las protestas de 20 localidades. Hasta que la resolución fuera refrendada por la Dirección General de Administración Local de Madrid, el gobernador nombró gestores en las localidades afectadas. 

Tras la repetición de las elecciones el 31 de mayo, las izquierdas controlarían también la capital navarra. Asimismo, la repetición del proceso electoral originó el control de la izquierda también en otros ayuntamientos importantes como Azagra, Caparroso, Cáseda, Corella, Lodosa, Mendavia, Peralta, Sartaguda, Valtierra y Tafalla, todos ellos en la mitad sur. Con todo, en las elecciones de 31 de mayo las derechas ganaron en la Ribera en Ablitas, Cabanillas, Fustiñana, Los Arcos, Mélida, Monteagudo, Murchante, Ribaforada, Arguedas, Carcastillo, Funes y Milagro. 

Los pueblos en los que ganaron los republicanos y los socialistas en la primavera de 1931 siguieron con esos ayuntamientos de izquierda hasta noviembre de 1934, momento éste en que la represión subsiguiente a la revuelta del mes anterior (que tuvo incidencia en Sakana y Pamplona, habiendo, además, acciones aisladas de una cierta gravedad en Tudela, Castejón, Tafalla, Peralta, Villafranca, Fitero, Cortes y Funes) originó el cierre de muchos centros de izquierda, la mayoría situados en la Ribera, y también de algunos nacionalistas, así como el que concejales de izquierdas de más de 30 ayuntamientos fueran apartados de sus cargos y sustituídos por gestoras. Las irregularidades cometidas en las suspensiones de algunos ayuntamientos fueron denunciadas en las Cortes por Manuel Irujo, que argumentó lo injustificado de varios casos por el nulo impacto que en esos municipios había tenido la huelga general (Goizueta, Berbinzana, Falces, Allo, Corella, Lodosa), desveló intereses que subyacían a otros relevos (Sartaguda, Andosilla, Cáseda, Mendavia) y advirtió que en la composición de algunas gestoras municipales se había actuado de modo ilegal (Castejón). Posteriormente, en enero de 1936 los ayuntamientos suspendidos volverían a ocupar sus cargos. 

Hay que tener en cuenta que no hubo más elecciones municipales a excepción de las celebradas el 23 de abril de 1933 en los ayuntamientos que en 1931 habían sido proclamados por el artículo 29 por ausencia de candidaturas alternativas y en lo que en diciembre de 1932 se instalaron por ley comisiones gestoras de tres miembros. Esas elecciones municipales parciales afectaron en Navara a 148 municipios, 139 de ellos de la Montaña y de la Zona Media, la mayoría de los cuales por debajo de los 500 habitantes. Las únicas localidades con hábitat concentrado con más de 2.000 habitantes, o en torno a ellos, que entonces eligieron representantes fueron Alsasua, Cárcar, Cintruénigo, Lerín, Marcilla, Mendavia y San Adrián. En estas elecciones el triunfo de las derechas fue arrollador. Las izquierdas solamente ganaron en Olazti, Ziordia, San Adrián, Cárcar y Mendavia. 

Por lo tanto, durante la Segunda República, entre 1931 y 1933 la izquierda ocupó el poder tanto en Madrid como en la Diputación de Navarra. A ello hay que añadir que en numerosos pueblos de la Ribera la izquierda también ocupó el poder local entre la primavera de 1931 y el otoño de 1934 y entre enero de 1936 y el comienzo de la guerra civil, lo que hacía que las reformas planteadas desde el poder central y el poder provincial pudieran también, en principio, transmitirse sin muchos obstáculos también a la órbita de lo local.