En una entrada anterior hablamos de la participación navarra en la represión acaecida en Gipuzkoa en el otoño de 1936. Como se recordará, en aquella entrada se apuntó a que con posterioridad a la toma de San Sebastián el día 13 de septiembre y durante ese mes y los dos meses siguientes se producirían las cifras más altas de asesinatos por parte de los ocupantes franquistas. Si entre julio y septiembre los franquistas asesinaron en Guipúzcoa a unas 150 personas, muchas de ellas tras la entrada en Beasain, Oyarzun y Tolosa, en octubre fueron fusilados otras 150 y en noviembre unas 90 personas. De 25 fusilados en diciembre se pasó a una decena de fusilados al mes en los meses siguientes, con oscilaciones al alza en algunos de ellos, pero sin superarse nunca la treintena de asesinados mensuales.
En aquella entrada se manejaron testimonios, como el del doctor Gabarain, que podían haber hecho pensar en una mayor responsabilidad falangista en la represión registrada. No obstante, allí también había indicaciones acerca del importante papel desarrollado por los requetés en dicha represión. No hay que olvidar que, al igual que la Falange, los carlistas también dispusieron de centro de detención propio en San Sebastián, tal y como se citaba en aquel artículo. El mismo Arteche conoció a un requeté que participó activamente en los piquetes, según narra en su obra El Abrazo de los Muertos, siendo sus referencias a dicha persona reproducidas en aquel texto nuestro.
Recientemente hemos localizado un documento que Miguel Sánchez Ostiz cita parcialmente en su última novela El escarmiento (Pamplona, Pamiela, 2013) y que algunos apologetas del Requeté, obligados por su fidelidad a la militancia paterna, han obviado. Ese documento es un informe elevado el 24 de septiembre de 1936 por la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra “a los señores generales y jefes de la Junta de Defensa Nacional de Burgos”.
La Junta Central Carlista de Guerra estaba presidida por Joaquín Baleztena Azcárate, presidente de la Junta Regional de la Comunión Tradicionalista; pero su auténtico director era el vicepresidente, José Martínez Berasáin, director del Banco de Bilbao y responsable de toda la actividad carlista en Navarra durante la República y en el verano y otoño de 1936, al ser el verdadero «hombre fuerte» en la nueva situación, según se desprende de la documentación conservada a pesar de los expurgos sufridos. El resto de los miembros de dicha Junta eran Javier Martínez de Morentín por la Merin dad de Estella, José Gómez por la Merindad de Aoiz; el arquitecto Víctor Eusa por la Merindad de Pamplona; Marcelino Ulíbarri por la Merindad de Tafalla; Víctor Morte por la Merindad de Tudela; y Eleuterio Arraiza y José Uriz Beriáin, este último secretario. Desde dicha Junta Central se conformaron también Juntas de Merindad. Además de encargarse de las cuestiones ligadas a la movilización carlista y a las tareas relacionadas con la participación de la Comunión Tradicionalista en el golpe de estado militar, la Junta Central Carlista de Guerra asumió papeles represoras, impulsando la limpieza política efectuada por los carlistas en la propia Navarra.
El informe que hemos localizado demuestra que la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, no contenta con la represión llevada a cabo en Navarra (y que para el 24 de septiembre se había llevado consigo centenares y centenares de vidas, sobre todo de votantes de izquierda), se animó a aconsejar en la fecha indicada sobre la conveniencia de adopción de una política de mano dura contra el nacionalismo en Gipuzkoa. Recordemos que para entonces se había conquistado San Sebastián y que la mayor parte del territorio guipuzcoano estaba en manos franquistas.
El Punto F) relativo a las medidas a adoptar en el ámbito de lo político decía lo siguiente: “Con el mayor respeto tenemos que declarar que en Guipúzcoa se está siguiendo una política de lenidad tan acusada que constituye una alarma para las gentes que han padecido los horrores rojos y nacionalistas. Si esa política responde a una norma directiva con vistas a hacer más fácil la rendición de Vizcaya, esperamos que cuando ésta se logre se rectificará radicalmente”. En la Nota 9ª del Anexo se ahondaba en la cuestión y se aconsejaba la conveniencia de la aplicación de una dura represión del nacionalismo vasco en Gipuzkoa. “La dureza del castigo aplicado en Andalucía, Extremadura, parte de Aragón y parte de Castilla, contrasta con esa lenidad apuntada. Pero ha de advertirse que el nacionalista ha atentado de manera más directa a la Patria y de modo más reflexivo que los rojos que defendían un estado de derecho que les favorecía y no tenían en su ánimo ir contra la Patria misma, sino únicamente contra un orden de cosas representado por el Ejército, que no les convenía. Mientras que los nacionalistas, que son los que han dado lugar a la resistencia que ha motivado la guerra, han pretendido con su alianza criminal aniquilar a la Patria. En vano se dirá que han evitado muchos males, porque esos que han evitado y los que no han podido evitar, hubieran dejado de suceder si en el primer momento hubieran cumplido sus obligaciones de católicos y de españoles. La política con los nacionalistas debe ser la de la aplicación de las penas del Bando a los que estén incursos en él y aquéllos a quienes no les sea demostrada su participación activa pero que sean destacados nacionalistas, debe serles impuestas penas de orden económico y destierro”. No en preciso insistir en que dicho llamamiento no fue en vano. Así, por ejemplo, según los datos aportados en la obra dirigida por Mikel Aizpuru, El otoño de 1936 en Guipúzcoa. Los fusilamientos de Hernani (Irún, Alberdania, 2007), de más de cuarenta fusilados en el cementerio de Hernani a las semanas siguientes a la redacción del informe mencionado consta su militancia y sus simpatías hacia partidos o sindicatos nacionalistas. También hay que señalar que pocos días después de redactarse el texto comentado fueron fusilados cerca del puente de Lesaka los tres vecinos de Ituren, todos ellos militantes del PNV, Pedro Gorostidi Imaz, Miguel Hualde Gorosterratzu y Juan bautista Iriarte Azpíroz.
Por su parte, la Nota 11ª del Anexo se refería al clero nacionalista. “Especialmente urge actuar contra el clero nacionalista; contra los que estén comprendidos en el Bando, imponiéndoles sin contemplación las penas, contra aquellos otros, destacados, pero que no se les demuestra su actuación con los rojos desterrándolos. Para no dar pretesto a protestas que puedan perturbar las conciencias de algunos timoratos y en todo caso porque en conciencia debe hacerse, bueno será dirigir un escrito a Roma declarando que en extricta aplicación de las leyes y dentro de la excepcional gravedad y urgencia de la guerra hay que actuar en juicios sumarísimos (subrayado en el original) contra clérigos amparados de ordinario por el fuero personal del canon 120 y que no siendo factible dirigirse a los Prelados siendo uno de estos -el de Vitoria- el que comprende el mayor número de los clérigos nacionalistas y él no ajeno de responsabilidad, no podrían solicitar la licencia canónica, que se solicita genéricamente para todos aquellos clérigos comprendidos en el Bando de guerra. La comunicación oficial suple a la petición de licencia y no puede ser lícitamente negada ésta o sea que sin esperarla se considera canónicamente autorizada la actuación judicial contra los clérigos sin lesión de ser privilegio amparar la impunidad. La comunicación a la Santa Sede reportará el bien de que cese la intriga que allí se forja contra el movimiento. A la petición de separación del Obispo de Vitoria, deben seguir otras en especial la del Cardenal de Tarragona”. Como es sabido, la llamada al castigo del clero nacionalista de dicho informe fue prontamente ejecutada. Así, por ejemplo, en Hernani en octubre de 1936 serían fusilados los sacerdotes Antonio Bombín, Gervasio Albisu, Martin Lekuona, José Adarraga, Jose Ariztimuño (Aitzol), Alejandro Mendikute, José Otano, José Ignacio Peñagarikano y Celestino Onaindia; y en Oyarzun serían ejecutados en las mismas fechas José Joaquín Arin, Leonardo Guridi, José Marquiegui y Joaquín Iturricastillo. Por otra parte, Mateo Múgica, obispo de Vitoria, sería expulsado de España en el mismo mes de octubre de 1936. Él, junto con el cardenal de Tarragona Vidal y Barraquer y el cardenal Seguram serían los únicos miembros de la alta jerarquía eclesiástica española que se negarían a firmar la Carta Colectiva de los obispos españoles a los obispos del mundo, que se publicó el 1 de julio de 1937 y fue firmada por 48 prelados, de los que 8 eran arzobispos, 35 obispos y 5 vicarios capitulares.
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