LA PROPUESTA CONFEDERALISTA PLANTEADA DESDE NAVARRA EN 1838.

Con ocasión de celebrarse hoy la festividad conmemorativa de la Constitución traemos a colación una propuesta confederalista planteada desde Navarra en 1838, más de un año antes del abrazo de Bergara y de la aprobación de la ley de 25 de octubre de 1839 al que aquel convenio daría lugar y del que se derivaría ulteriormente la ley de 16 de agosto de 1841 por la que Navarra pasaba definitivamente de ser un reino con instituciones propias insertado en la monarquía española a convertirse en una provincia del Estado liberal dotada con una limitada autonomía administrativa y fiscal.

Con la publicación de esta entrada queremos rescatar del olvido una proposición que trataba de conjugar el respeto a la Constitución Histórica de Navarra con el encaje en el nuevo Estado liberal español. Mal que le pese al pactismo menor cuarentayunista, doctrina política e historiográfica que presenta la ley de 16 de agosto de 1841 (denominada como paccionada por los defensores de aquélla) como la única posibilidad susceptible de ser debatida en aquel momento, la realidad es que el análisis de textos de aquellos años, así como las menciones implícitas en el mismo debate de la ley de octubre de 1839, apoyan la creencia de que la cuestión navarra, y vasca en general, estuvo más abierta de lo que haya podido parecer, tal y como indicamos en un artículo disponible en Internet en la página web de la Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia (FEDHAV) y publicado en la revista Iura Vasconiae de dicha institución. 

Por otra parte, el documento que rescatamos sirve también para recordar que Navarra, en virtud de su categoría de Reino, jurídicamente en pie de igualdad con el Reino de Castilla, era el único territorio del que podían surgir propuestas similares. De hecho, en una entrada anterior ya apuntamos que desde Navarra se apuntó, tanto en relación con la Constitución de Bayona de 1808 como en relación con la Constitución de Cádiz de 1812, la necesidad, en consonancia con los parámetros constitucionales propios, de validar la recepción de dichas innovaciones constitucionales mediante la convocatoria de las Cortes navarras. De cualquier forma, la primacía navarra, en virtud de aquel status, en la contestación a los aires centralistas no se limitaba a los devenidos con el naciente constitucionalismo liberal español. Con anterioridad, ya había dejado huella al replicar los intentos de limitación del autogobierno a través de la teoría tardoabsolutista de la segunda mitad del siglo XVIII que insistía en la superioridad de la constitución histórica castellana. 

Es una auténtica lástima que el ya mencionado pactismo menor cuarentayunista en su obsesión por realzar la ley de 1841 y presentarla como el eje articulador de la inserción de Navarra en el Estado se haya olvidado, de forma claramente intencionada, de todos los intentos, empeños y formulaciones del periodo 1770-1843 en pro del mantenimiento del orden políticoinstitucional propio en toda su dimensión. Esa dejadez, así como los fuertes tintes de defensa de la unidad española de los que el referido pactismo menor ha hecho gala en numerosos momentos de la historia, ha provocado que Navarra aparezca en una posición secundaria desde hace muchísimas décadas en el ranking de los territorios en función de su actitud reclamatoria en la dialéctica centro/periferia.

La propuesta a la que aludimos se denomina Bases bajo las cuales Navarra y las provincias Vascongadas seguirán adheridas a la monarquía de Carlos 5º. Aunque su título remite también a los tres territorios de Vascongadas, el hecho de que casi todo el articulado se refiera únicamente a Navarra hace que pueda plantearse como una propuesta hecha esencialmente desde nuestro territorio. 

Se publicó inicialmente en el Boletín Oficial de Pamplona el 27 de mayo de 1838. Por publicarse en las mismas fechas en que se desarrollaba la Bandera de Paz y Fueros de Muñagorri, puede interpretarse dicho documento como una respuesta al proyecto del escribano de Berástegi. También hay que subrayar que el documento, a pesar de haber surgido desde el bando carlista, no tiene visos de haber tenido carácter oficial. En el mismo Boletín Oficial de Pamplona que lo dió a publicar se menciona como presentación del documento que “El siguiente papel, que acabamos de recibir por un conducto respetable, manifiesta que entre los navarros y provincias de la facción existen excisiones de gravedad y proyectos que indican sus temores de ser subyugados de nuevo por el capricho de los mandarines castellanos, en el caso de llegar a colocarse el pretendiente en el trono; y que tratan de curarse en sana salud para no ser el juguete y el escarnio de la Corte de los reyes absolutos”. Por ello, puede pensarse que respondió a la iniciativa de alguna personalidad del bando carlista experta en temas políticoinstitucionales que trató de contrarrestar los efectos que podía tener la bandera de Muñagorri en aquel bando y en el mismo conjunto de la población. 

En la medida en que la propuesta se centra sobre todo, como veremos, en Navarra y en la medida en que sus contenidos son ciertamente coincidentes con una propuesta posterior suya que más adelante repasaremos, somos de la opinión que la autoría de la propuesta recae con toda seguridad en Angel Sagaseta de Ilurdoz, un síndico del reino que desde 1834 había sido obligado a dejar su cargo y que se encontraba transterrado en Valencia y que fue el miembro más relevante de los que componían o habían compuesto la sindicatura desde 1815. 

Por otra parte, no deja de ser chocante que la propuesta se publicara inicialmente en un medio liberal, tal y como lo era el Boletín Oficial de Pamplona, algo de lo que hasta ahora solamente se había hecho eco Idoia Estornés Zubizarreta ya que otros autores que se habían hecho eco de ella, reproduciéndola también (el primero de ellos, Rodrigo Rodriguez Garraza en 1968), no aportaban comentario alguno sobre su autoría o circunstancias. No hay que olvidar que la Diputación había restablecido la publicación a su cuenta del Boletín Oficial pamplonés el 13 de febrero de 1838, acordándose tres días más tarde aceptar la propuesta del impresor Ramón Domingo. 

A lo anterior hay que añadir que la extrañeza se agudiza si pensamos que en el Boletín de Navarra y Provincias Vascongadas, el Boletín Oficial carlista, no hay ninguna mención a la propuesta, máxime cuando por aquel entonces en respuesta al proyecto de Muñagarri diversos artículos publicados en el mismo los días 27 de abril, 4 y 8 de mayo y 1 de junio de 1838 rompían el silencio tradicional de dicho órgano oficial respecto a los fueros. 

Por otra parte, El Eco del Comercio, el periódico liberal progresista más importante de Madrid, recogió aquella propuesta en su número de 9 de junio de 1838 presentándolas como las “bases que deberían observarse en Navarra y las Provincias vascongadas si el rebelde Carlos dirigiese los destinos de la nación” que habían sido publicadas en el BOP. Aquel periódico no adjuntaba, a excepción de esa mención recogida en la presentación, ningún comentario. Por lo tanto, con su publicación en un medio madrileño dicha propuesta pudo ser conocida a nivel estatal.

Dicha propuesta de Bases se artícula en quince puntos que, fundamentándose en los fueros de Vascongadas y Navarra, proponen el mantenimiento de los mismos dando lugar a una relación de corte confederal entre aquellos territorios y el resto de España en el contexto de un Estado regido por el pretendiente carlista. Esos quince son los siguientes: “1. Navarra y las provincias Vascongadas formarán otras tantas repúblicas independientes, federativas de la monarquía española; 2. Cada una de las provincias de Alava y Guipúzcoa, y señorio de Vizcaya se gobernarán según sus antiguos fueros; 3. Navarra se gobernará también según sus fueros en el estado que tenían cuando se agregó a la corona de Castilla en el año 1512, con las modificaciones que exijan las circunstancias; 4. Se reformará la representación nacional en la forma que las Cortes acordaren, reunidas según el estado antiguo; pero a votación nominal y no por estamentos y a pluralidad absoluta de votos; 5. Habrá un Virrey que mandará las armas a nombre del Rey sin entrometerse absolutamente en los negocios civiles ni gubernativos. Sus atribuciones principales serán las de proteger el país y las autoridades cuando éstas lo exigieren para el cumplimiento de las leyes; 6. El Virrey será precisamente navarro nombrado por el Rey a propuesta de tres que le harán las Cortes; 7. A falta del Virrey no estando reunidas las Cortes, la Diputación del Reino nombrará interinamente al que haya de ejercer sus funciones entre los que fueron incluídos en la propuesta; 8. El Virrey será pagado por el Reino; las Cortes designarán su sueldo en cada Virreinato; 9. El Virrey dará la sanción de los proyectos de ley a nombre del Rey en la forma que las Cortes adoptaren; 10. Navarra mantendrá por sí las tropas de continuo servicio, cuyo número y organización serán objeto de una ley acordada en Cortes; 11. Las plazas fuertes serán guarnecidas por la Milicia Real, compuesta de naturales del país, mandada por gefes del mismo que nombrará el Rey a propuesta de las Cortes o su Diputación; 12. No podrán entrar españolas en Navarra sin que lo pidan o consientan expresamente las Cortes o su Diputación; 13. Los jueces de los tribunales superiores serán nombrados por el Rey, a su nombre administrarán la justicia, y podrán ser castellanos; pero sus funciones se limitarán a determinar pleitos y juzgar las causas criminales que fueren en apelación de los juzgados inferiores con arreglo a las leyes; 14. Los juzgados inferiores serán desempeñados por navarros nombrados por el Rey a propuesta de tres hecha por las Cortes o su Diputación, cuando no se hallaren reunidas; 15. Las Cortes acordarán los subsidios que hayan de darse a la España: los impuestos y contribuciones y todo lo concerniente al comercio interior y exterior, administración de justicia y gobierno político y económico de los pueblos y del Reino”.

Hay muchas cuestiones novedosas que se desprenden del documento. La primera, la de que, según el punto primero, cada uno de los cuatro territorios constituirían una república independiente federada a la Corona. 

La segunda, la de que, dejando de lado el punto segundo que se refiere a los tres territorios de Vascongadas, que se gobernarían según su régimen foral tradicional, las demás bases se refieren únicamente a Navarra, lo que hace pensar que su autor era navarro. Como se ve en los demás puntos, las preocupaciones del mismo giraban en torno a la posible actualización del marco políticoinstitucional navarro tradicional según un esquema confederal de unión con el Estado a través del monarca. En esta línea, se trata de salvar los obstáculos con los que se habían tropezado los representantes institucionales navarros en Bayona y en Cádiz y el nudo gordiano que había planteado Yanguas y Miranda (en el Análisis Histórico Crítico de los Fueros de Navarra de Yanguas y Miranda, publicado como folleto en 1838 en la imprenta pamplonesa de Francisco Erasun, y que también se difundió en el Boletín Oficial de Pamplona los días 15 19, 22, 26 y 29 de marzo, así como el 2 de abril de 1838 y en El Eco del Comercio los días 15, 16, 17 y 19 de marzo de 1839), mediante una fórmula muy diferente a la que postulaba el autor tudelano y que finalmente desembocaría en la solución cuarentayunista. 

La relación confederal posibilitaba el mantenimiento de todas las instituciones navarras, pero, además, se planteaba ahora su reforma, anunciada ésta última por la base tercera que abría la puerta a la modificación del marco políticoinstitucional navarro tal y como se había pactado en 1512 según lo exigieran las circunstancias. La primera modificación que se planteaba era la relativa a las Cortes: éstas debían acordar su reforma, reuniéndose unicameralmente y por estamentos como lo hacían tradicionalmente, pero realizándose las votaciones de forma muy diferente a como lo hacían hasta 1829, fechas de celebración de las últimas, ya que la votación sería “nominal y no por estamentos y a pluralidad absoluta de votos”. Esta forma de funcionamiento haría que ningún estamento tuviera capacidad de bloqueo, que el estamento clerical quedara en absoluta minoría y que el estamento noble y el de universidades pudieran conducir la reforma. 

Por otra parte, la mayor parte de los puntos restantes se fijan en la figura del virrey cuyas competencias serían exclusivamente militares y siendo de naturaleza navarra, elegido por el rey sobre una terna propuesta por las Cortes navarras. La navarrización de la figura del representante del virrey se acompañaba de la de las tropas que custodiarían las plazas fuertes del reino, no pudiendo entrar, además, tropas españolas en Navarra sin la autorización de las Cortes o de la Diputación. También se ponen límites al número y a las funciones de los jueces no navarros, limitados a los tribunales superiores. Por último, serían las Cortes navarras las que decidirían sobre la contribución a otorgar a la Corona, así como sobre todo lo relativo a la administración interior de Navarra.

Más de medio siglo antes del surgimiento del nacionalismo vasco, ya había, por lo tanto, autores que defendían propuestas cuyo fondo guarda profunda similitud con propuestas como la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi presentada por el Gobierno Vasco el 25 de octubre de 2003 y aprobada por el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004 para su envío al Congreso de los Diputados con 39 votos favor y 35 en contra y que, posteriormente, fue rechazado en ese último foro parlamentario el 1 de febrero de 2005 por 313 votos en contra (PSOE, PP, IU, CC y CHA), 29 a favor (PNV, ERC, CiU, EA, NaBai y BNG) y 2 abstenciones (ICV). Cuando el debate catalán sigue vivo y cuando se están dando los pasos para la creación de una ponencia parlamentaria que debata de forma consensuada un nuevo status político para Euskadi, resulta interesante, y hasta cierto punto frustrante, comprobar que Navarra, del todo ausente en el debate territorial actual, fue pionera en la cuestión del encaje en el Estado hace la friolera de 175 años.

ÚLTIMO ACTO DE REVISIÓN DE LA POLÍTICA DEL OLVIDO Y DE SUSPENSIÓN DE LA MEMORIA.

La cronología de la gestión, institucional y general, de la memoria histórica de la represión franquista durante la guerra civil y la posguerra desde la Transición a la actualidad diferencia varias fases. Se ha dicho que a un primer periodo, el de 1977 a 1981, conocido como de de “políticas del olvido”, siguió una segunda etapa, calificada como de “suspensión de la memoria”, entre 1982 y 1996. A partir de 1996 comenzaría una última fase, denominada como de “el resurgir de la memoria”.

A finales de los años setenta el desinterés de la mayor parte de las instituciones, así como del mundo académico, hacia las víctimas del franquismo, del que participaron la mayoría de los partidos políticos, encontró un contrapunto en numerosas iniciativas surgidas de la sociedad civil y alentadas por familiares y por sectores receptivos a sus reclamaciones que permitieron la recuperación de restos de asesinados tras la exhumación de fosas comunes.

Por el “pacto de silencio o de olvido” existente hasta mediados de los años noventa del siglo pasado, en aras del espíritu de la reconciliación, se adoptó una especie de convención de no agitar temas que pudieran suscitar divisiones en la opinión pública. A pesar de que el partido socialista dispuso del poder durante catorce años, con amplias mayorías parlamentarias en varias legislaturas), en ese lapso de tiempo no se impulsaron medidas en relación con las olvidadas víctimas franquistas. De esta forma, hay que recordar que el gobierno socialista se posicionó en 1986 a favor de no celebrar el cincuentenario de la guerra civil porque “una guerra civil no es un acontecimiento conmemorable”. Años más tarde, en 1994 el periodista Walter Bernecker comentaba que no se podía acusar al gobierno socialista de revanchista en cuanto que animó a pasar por encima del tema de las víctimas del bando republicano en la guerra civil con el propósito “de no contribuir a reabrir las heridas producidas por la guerra, confundiendo el <<revanchismo>> -que nadie propugna- con la ineludible necesidad de recomponer los trazos esenciales de la reciente historia por dolorosa que ésta sea” . Historiográficamente, eso entronca con el hecho de que el cincuentenario transcurrió dentro de un clima moral e intelectual en el que desde la comunidad académica se postuló que la guerra había que asumirla como “error colectivo y como expiación”, como el ejemplo contrapuesto a la presunta reconciliación posibilitada por la Transición a la democracia .

Por contra, desde mediados de los años noventa se entró en una fase bien diferente. Entonces, diversas asociaciones iniciaron sus campañas reivindicativas de la memoria antifranquista, actuando como lo que se viene en denominar emprendedores de la memoria. Esas asociaciones estarían impulsadas por la generación de los nietos, una generación que, al no vivir ni la guerra ni el franquismo no estaría hipotecado por sus recuerdos personales ni por los compromisos sociopolíticos de los años setenta y ochenta en relación con el pasado, llegando a ser crítica con la gestión de la memoria de la época de la Transición. Estarían imbuidas de la noción de deber de memoria para reivindicar a las víctimas de la represión, como un impulso moral y cívico solidario con los derrotados .

Se ha solido indicar que un primer punto de arranque para la dinamización de las actividades de esas asociaciones lo constituyó la decisión en el verano de 1995 del Ministerio de Defensa del último gobierno socialista de Felipe González de colaborar en la recuperación de los cadáveres de los soldados españoles que habían combatido en Rusia enrolados en la División Azul. Esa primera chispa fue posteriormente alimentada por la política de la memoria emprendida por los gobiernos del Partido Popular entre 1996 y 2004. A la celebración de conmemoraciones apoyadas de forma entusiasta por el gobierno español de entonces, centradas en personajes e hitos como los cien años de la muerte de Cánovas del Castillo, el centenario de 1898, el cuarto centenario del fallecimiento de Felipe II o el quinto centenario del nacimiento de Carlos V, se añadieron iniciativas que trataban de acomodar la enseñanza de la Historia a los intereses político-ideológicos del PP tales como el debate en el año 2000 sobre los libros de texto de la asignatura de aquella asignatura en la enseñanza secundaria, al que acompañó un nada neutral informe emitido por la Real Academia de la Historia. Asimismo, no hay que olvidar que entonces comenzó a extenderse un discurso revisionista en relación con la Segunda República y la Guerra Civil por parte de autores que, fuera de la historiografía académica y con puntos de vista más ligados al periodismo tendencioso (Federico Jiménez Losantos, Pío Moa, José María Marco, César Vidal), se ubicaban en ámbitos próximos al Partido Popular. Historiadores como Moradiellos, Reig Tapia o Viñas han incidido en la repetición de argumentarios franquistas de que hace gala esa publicística revisionista, así como en su desconocimiento de la historiografía crítica académica .

Al poco de su nacimiento a mediados de los noventa, el movimiento social en pro de la memoria histórica se convertirá en un fenómeno de dimensiones amplias que se introducirá en las agendas programáticas de los partidos de izquierda y del nacionalismo periférico. La reacción del Partido Popular será dar “apoyo al movimiento revisionista”, mostrando en su segunda legislatura “y ya con mayoría absoluta, unas facetas que muchos creían ya superadas”.

El primer debate público de una cierta intensidad en relación con las políticas de memoria vino precisamente en septiembre de 1999, momento éste en el que se debatió por primera vez en el Parlamento español una moción de condena del golpe de estado de 18 de julio de 1936 y del régimen de Franco. Posteriormente, el debate, además, se tornó cada vez más polarizado a causa de las iniciativas mantenidas por el PP en relación con la relectura del pasado por las que esa formación intentaba apropiarse totalitariamente de la democracia mediante la interpretación de ésta desde postulados neoconservadores y la sacralización de la Constitución, presentando, además, como víctimas del terrorismo, del todo equiparables a las asesinadas con posterioridad a 1977, a personas asesinadas en las postrimerías del franquismo de las que era más que conocida su fidelidad militante, homicida y torturadora hacia el régimen franquista.

A partir de entonces se sucederían numerosos debates en foros parlamentarios, algunos de los cuales darían lugar a pronunciamientos y normas jurídicas aprobadas conocidas por el gran público. Asimismo, se desarrollarían un gran número de actuaciones e iniciativas de las que no vamos a ocuparnos aquí por razones de espacio.

En Navarra también imperó la política del olvido hasta finales de los años noventa. Durante la primera legislatura, la que va de 1979 a 1983, solamente hubo dos debates en el pleno del Parlamento, en julio de 1980 y en octubre de 1981, ceñidos ambos a la cuestión del escudo y la bandera de Navarra y a la supresión en ambas de la laureada. Los debates preliminares registrados en la Comisión de Régimen Foral (en número de tres, en septiembre y octubre de 1979 y en junio de 1980, respecto al primero de aquellos dos debates plenarios; y otro en diciembre de 1980, respecto al segundo y último) se centraron también en dichos símbolos, si bien en el primero de todos las dos mociones presentadas respectivamente por el Partido Socialista y por Herri Batasuna abordaban, asimismo, la cuestión del callejero y de los monumentos a los caídos franquistas, aspectos que desaparecieron ulteriormente de la discusión. La supresión finalmente de la laureada se sustentaría en el apoyo de las fuerzas de izquierda frente a la oposición de UCD y UPN que obtendrían un premio de consolación con el apoyo socialista a su propuesta de proscripción de la ikurriña de los edificios públicos.

Entre 1983 y 1999 (que cubre las legislaturas de 1983-1987 y de 1987-1991 en las que Navarra fue gobernada por el PSN-PSOE, la legislaturas de 1991-1995 en la que Navarra fue gobernada por UPN y la legistura de 1995-1999 en la que un breve gobierno de coalición constituído por PSN, EA y CDN dio paso tras un periodo de un año a un nuevo gobierno monocolor de UPN con el apoyo externo del PSN por no considerar posible este partido seguir en el gobierno tras destaparse el escándalo Urralburu) la cuestión de la memoria histórica solamente se debatiría en una ocasión en el Parlamento de Navarra. En diciembre de 1992 se discutió una moción de Izquierda Unida en la que se pedía instar al Gobierno de Navarra a la eliminación de los símbolos fascistas del espacio público. La iniciativa sería rechazada por la tajante oposición de UPN y PSN, que entonces se posicionó tenaz y agresivamente con la derecha navarra, recabando solamente apoyos de los partidos nacionalistas.

En su defensa de la moción el parlamentario Taberna Monzón, de IU, negó de principio que la moción tuviera carácter anacrónico, afirmando que tenía “una vigencia política importante y fundamentalmente por la reticencia de determinados grupos políticos a que se normalice, por lo menos en los simbólico, la transición democrática, que va siendo larga”. Taberna comentó las dificultades que tuvo que superar la moción para ser presentada debido a que UPN , aprovechando la ausencia de un miembro de la Mesa, no la admitió a trámite y hubo que presentar un recurso. Asimismo, citó que en Corella, “la patria chica del vicepresidente” [Miguel Sanz], había fracasado una moción del PSOE; que en Marcilla, municipio gobernado por los socialistas, seguían habiendo calles con el nombre de Francisco Franco o General Mola; y que en Pamplona existían una serie de símbolos como “el monumento a los caídos con la frase de la cruzada” y la laureada en diversos edificios públicos como el de la Caja de Ahorros de Navarra y el Instituto de la Plaza de la Cruz. Todo ello, calificado como “lacerante desde el punto de la vista de la tolerancia”, servía a Taberna para concluir que no había “habido en lo simbólico una transición democrática deseable dentro de Navarra”. También adujo que “si para algunos tiene una fuerza importante el hecho de que el escudo de Navarra esté dentro del de la Comunidad Autónoma Vasca, también para nuestro grupo que exista la laureada, determinadas calles o símbolos que denotan toda la parafernalia y toda la propaganda fascista de su época”. Por último, pedía que se cumpliera en ese aspecto la Ley de Símbolos de 1986 por cuanto ésta establecía “cuáles son los símbolos de Navarra y donde deben estar en los sitios públicos y visibles”.

Los grupos parlamentarios de HB y de EA se manifestaron a favor de la moción. Araiz Flamarique por el primero señaló que “sin ningún ánimo de revanchismo” había que “recuperar la memoria histórica de quienes fueron vilmente asesinados y tirados en las cunetas de nuestras calles y carreteras”, tal y como se había planteado “en muchas entidades locales cuando se habla de este tema”. Indicó que en la anterior legislatura se habían presentado unas 150 mociones en el Ayuntamiento de Pamplona sobre el tema de los símbolos y que muchas habían contado con el apoyo del PSOE. Por el segundo grupo, Cabasés Hita dijo que el apoyo de su grupo era para “contribuir a la extensión y al mantenimiento de los principios democráticos” y que, aunque se habían realizado algunas acciones a partir de la Ley de Símbolos de 1986, había que “completar la tarea para que nadie pueda acusar de dejación” al Parlamento.

En contra se posicionaron los portavoces de UPN, Rafael Gurrea Induráin, y del PSOE, Aladino Colín. El primero tachó de falsedad la afirmación de Taberna acerca de la inexistencia de transición en España en cuanto que aquí se habría “producido una transición ejemplar como en ningún otro país que haya tenido un gobierno autocrático en los últimos años en la historia europea”. Calificó de regresión en el tiempo la semántica utilizada en la moción en cuanto que le recordaba a la que se utilizaba “en este Parlamento hace doce o trece años” y razonó la existencia de la moción como “parte del ritual de un grupo radical en este tipo de cuestiones, que cumple con la misión de excitar a la sociedad en un tema que, afortunadamente, está olvidado, y no pertenece al primer plano de las preocupaciones de los ciudadanos”. También negó el carácter fascista de la laureada que según él sería “una medalla al más alto mérito militar” y “anterior al franquismo y ajena al fascismo”. Realizó un digresión afirmando que él pensaba que Taberna se habría referido a otros símbolos que se podían ver en la paredes de Pamplona “que no tienen nada que ver con Mussolini, uno de los apuntadores del fascismo, pero que representan a organizaciones que yo tengo por fascistas”. Y al respecto añadió “Pero es muy probable que ustedes no se refieran a ellos porque no lo citan aquí”. Aunque indicó que él no se había dado cuenta de la existencia de la laureada en el edificio de la CAN, sí se había percatado que en el escudo y la placa de la plaza de la Cruz figuraba como último nombre de los inscritos en la misma el de un Taberna, lo que tal vez, según Gurrea, habría motivado al mocionante a proponer la iniciativa “para que no haya confusiones, para que nadie crea que un Taberna de los de su raigambre” estaba “comprometido” con lo que se conmemoraba en el monumento. Mantuvo que tanto la Ley navarra de Símbolos de 1986 como el Real Decreto del 81 referido al ámbito del Estado exoneraban de la supresión de simbología a “aquellos edificios o monumentos que, aunque no tengan carácter histórico-artístico, estén hechos de tal manera que quitarlos produzca una violencia al inmueble”. Gurrea entendía que ésa era “una fórmula pacificadora que se utilizó en aquel momento, en un momento necesario para conseguir una estabilidad y una serenidad de ánimos que ustedes, naturalmente, están deseosos de romper, pero que nosotros no vamos a quebrar”. Para finalizar, tildó a la moción de anacrónica y zafia.

Por su parte, Aladino Colín (para las nuevas generaciones, hay que explicar que es el nombre de una persona real, mano derecha de Urralburu, que llegó a ejercer la portavocía del PSN en el Parlamento de Navarra y que fue Vicepresidente Segundo y Consejero de Presidencia e Interior del Gobierno de Navarra entre 1987 y 1991) comenzó su intervención centrándose en el anacronismo de la moción. A su juicio, acerca de la cuestión “ni había debate hace mucho tiempo ni lo hay ahora. Pretender hacer un debate aquí y ahora sobre estas cuestiones, cuando no es un debate que se plantee la sociedad ni una preocupación de la sociedad, me sugiere antes que nada y en primer lugar que se ha traído a la Cámara un debate absolutamente artificial”. Recordó que los miles de mociones sobre la cuestión planteadas en la segunda mitad de los años setenta habían “desaparecido de la circulación” en un proceso connatural en el que a un primer periodo de efervescencia en el que “se hace los posible por acabar con toda la simbología” de las dictaduras sucede un segundo “en el que las cosas se serenan” y “van cobrando protagonismo los asuntos relacionados con lo que de verdad importa, la consolidación de las instituciones democráticas, la vertebración de la sociedad civil, etcétera, y en relación con estas cuestiones, la de la simbología, se van adoptando decisiones más razonables por más objetivas”. Posteriormente, según Colín, en una tercera etapa tiene lugar “la definición positiva de los símbolos de los estados democráticos y la adopción de acuerdos de conservación de los símbolos anteriores, fundamentalmente (...), por razones de orden de preservación del patrimonio histórico arquitectónico”. También rememoró la retirada de la laureada en los debates de 1979-1981, así como la solución dada por la Ley de Símbolos de 1986 en relación con los escudos anteriores con el añadido franquista, “un criterio conservador (...), cuando se afirma que no afectará a los escudos existentes en edificios o monumentos sitos en el territorio de la Comunidad Foral que sean declarados de carácter histórico artístico o que, sin serlo, formen parte del ornamento y decoración de los mencionados edificios o monumentos de una manera fija, de tal manera que no puedan separarse de ellos sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto”. En consonancia con eso último, dijo que el tema planteado en la moción, “además de ser en el fondo artificial, es en la forma atrabiliario” por pretender “modificar nada más y nada menos que algo inmodificable por una moción, que es una ley”. Además, para el portavoz socialista todos los pueblos, “después de épocas turbulentas”, acaban conviviendo “con su historia de manera pacífica, aceptando la anterior sin ira”, “como manifestaciones de épocas históricas que son siempre por su propia esencia dinámicas, que se mueven de la misma manera que se mueve la sociedad”. En cuanto a los monumentos a los caídos, deberían mantenerse por ser “justamente el símbolo de lo que no se debe hacer”. En cuanto a las calles, por el contrario, Colín afirmó que en los casos de las referidas a personas que habían “sido defensores activos de la dictadura” y que habían “contribuído a dividir pueblos” se deberían buscar “mínimos comunes denominadores para encontrar los símbolos que unen a todos”.

En el turno de réplica, el parlamentario mocionante Taberna Monzón insistió en la necesidad de “profundizar en la democracia día a día” y, tras replicar a UPN que si en 1979 no veían oportuno quitar la laureada, ahora argumentaban que era “un problema de zafiedad de la moción”, acabó preguntándoles: “Constantemente se están dando argumentos formales pero nunca se llega al fondo. ¿Somos partidarios de quitar la simbología fascista o franquista de la vida cotidiana navarra, sí o no?”. Si a Taberna la actitud de UPN le parecía “comprensible por la tradición, por la historia y porque es la línea que sigue en la actualidad”, la del PSOE le parecía “incomprensible, sobre todo, cuando grupos municipales, como el citado socialista de Corella, presentan otro tipo de mociones que vienen a significar el mismo contenido de esta moción”.

Finalmente, la moción fue rechazada por 8 votos a favor, 32 noes y ninguna abstención.

A partir de 1999 la cuestión de la memoria se asentó con firmeza en los debates de la cámara parlamentaria navarra y numerosas iniciativas de recuperación, rehabilitación y reparación de la memoria de las víctimas del franquismo pudieron ser aprobadas con la sola oposición o abstención de la derecha. Muchas de esas iniciativas son conocidas por el gran público.

En el día de hoy, más de veinte años después de aquella única moción planteada en los años del olvido, el Parlamento de Navarra, al aprobar en sesión plenaria la proposición de ley foral de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos navarros asesinados a raíz del golpe militar de 1936, presentada por Izquierda-Ezkerra y apoyada por el PSN, Bildu, Aralar y Geroa Bai (mientras que UPN se ha abstenido y el PPN ha votado en contra), ha culminado el viraje, emprendido en la legislatura 1999-2003, de revisión de la política de gestión de la memoria histórica de los años ochenta y noventa del siglo pasado.

EL NACIONALISMO FUERISTA DE JESÚS ETAYO. UNA CHARLA EN SAN SEBASTIÁN DE 1936.

Reproducimos en esta entrada el contenido de una conferencia dada por Jesús Etayo Zalduendo el 12 de mayo de 1936 dentro de un cursillo organizado por Euzko Pizkunde en San Sebastián sobre el fuerismo en el siglo XIX, conferencia que fue publicada por el periódico nacionalista El Día en el número del día siguiente. 

Jesús Etayo Zalduendo (Pamplona 1894-1951) fue periodista, historiador y archivero y periodista. En 1917 fue nombrado director de El Pensamiento Navarro. En 1922 fue designado por la Diputación archivero, así como titular de la Cátedra de Historia de Navarra creada por la Corporación Foral aquel mismo año. Ideológicamente situado dentro del jaimismo vasquista, fue uno de los impulsores de la Alianza Foral, coalición forjada entre jaimistas y nacionalistas en 1921 y 1923 que consiguió buenos resultados en las elecciones a la Diputación de esos dos años, así como en las elecciones municipales en Pamplona en 1922 y en las elecciones legislativas de 1923. Esta coalición incorporó, por primera vez en Navarra, una propuesta programática. Su programa de carácter católico, fuerista y vasquista, además de relativamente popular y progresista, incorporaba medidas concretas de actuación tales como la “organización de la vida pública y tributaria de Navarra en sentido social, adoptando las medidas necesarias para fomentar el bienestar social” e “impulsar la autonomía municipal, crear una Caja de Ahorros provincial y seguros de retiros obreros, ampliar el patrimonio comunal de los pueblos y organizar la política tributaria”. Tras la ruptura de la coalición, provocada desde las filas carlistas, Etayo participaría en la polémica sobre Amaiur, contrarreplicando, junto con otros autores, al navarrismo españolista de Víctor Pradera. En los años siguientes migraría hacia el nacionalismo, formando parte desde 1923 de la redacción del periódico nacionalista La Voz de Navarra, del que sería director entre 1927. Difundió sus conocimientos históricos en multitud de artículos de prensa. Aunque una recopilación ha recogido el contenido de sus artículos del periodo 1923-1931, parte de su obra está todavía por desvelar. Tras 1936 prosiguió trabajando en el periodismo desde El Pensamiento Navarra, pero ya sin posibilidad de verter opiniones.

El artículo que recogemos es una síntesis, en parte, de otros artículos que había publicado Etayo en la prensa. A nuestro juicio, constituye un relato ágil, y no obstante pormenorizado, de los momentos nodales de la relación entre Fueros y Constitución en Navarra desde una perspectiva treintaynueveunista. Tenemos que recordar que, aunque que el treintaynueveunismo es una doctrina de larga tradición en Navarra, sobre todo propugnada desde el carlismo y el nacionalismo vasco, Los autores defensores de la misma, con alguna excepción, no han solido ahondar demasiado en los hitos, perspectivas y enfoques a considerar. Tal y como se puede comprobar, Etayo menciona episodios de ataques al autogobierno navarra como el acaecido en 1780-1781 contra las Cortes navarras, centrándose a continuación en las protestas de la de la Diputación con ocasión de la Constitución de Bayona y en la abolición de facto de la Constitución Histórica navarra por la Constitución de Cádiz, a pesar de los panegíricos a aquélla presentes en su discurso introductorio. Posteriormente repasa situaciones a considerar de Trienio Liberal, del final del reinado de Fernando VII, del año 1834, de la guerra carlista y del periodo 1839-1841. En relación con esto último, saca a colación los folletos del exsíndico Ángel Sagaseta de Ilurdoz, así como de su epígono Ozcáriz, y no se olvida tampoco de nombrar la sublevación de O'Donell de octubre de 1841, apenas mes y medio de la ley de agosto de 1841 que convertía a Navarra en una provincia dotada con una limitada autonomía administrativa y fiscal, en la que los sublevados prometieron la reintegración foral. Son muy valiosas, asimismo, las referencias de Etayo al radicalismo foralista de liberales como Baztán Goñi o Yanguas Iracheta, de carlistas como Cancio Mena o Ochoa de Zabalegui o de republicanos como Olave, por cuanto son indicativas que los anhelos reintegracionistas podían ser más transversales que lo que en principio puede suponerse. El repaso histórico termina con referencias a la Asociación Eúskara y a la Gamazada, constituyendo todo ello un fresco de las tribulaciones del autogobierno navarro a lo largo de finales del setecientos y de la totalidad del ochocientos digno de ser rememorado. También consideramos como actuales la apelación, con la que se finaliza la conferencia, a que “las masas honradas de Navarra pueden ganarse todavía para el vasquismo pero partiendo del sentimiento foral y cambiando la terminología usual aquí en Guipúzcoa y en Vizcaya, porque son las palabras, el léxico, el vocabulario, más que las esencias lo que se repudia en la capital y en las grandes zonas deseuskerizadas” debiéndose de “hablar en Navarra, del fuero y hay que convencer a las gentes –y es la verdad- de que el fuero conduce necesariamente al patriotismo vasco” ya que “con esta táctica (...) se ganará Navarra para la causa de la patria vasca”.

Y es que a veces conviene echar la mirada bien atrás para darnos cuenta de la modernidad de visiones de ochenta años atrás.

ARTÍCULO SOBRE LA CHARLA DE JESÚS ETAYO PUBLICADO EN EL DÍA DE 13 DE MAYO DE 1936.

El cursillo en Euzko Pizkunde sobre el fuerismo en el siglo XIX. Una docta y documentada disertación, de verdadera importancia, pronunciada por D. Jesús Etayo

La tercera conferencia pronunciada ayer tarde en los salones de Euzko Pizkunde, no desmereció ciertamente en caracteres de brillantez y destacado interés profundo a las celebradas anteriormente con motivo del cursillo organizado acerca del fuerismo en el siglo XIX. A explanar el tema relativo a la exposición del pensamiento fuerista en Navarra el siglo pasado acudió a la ya prestigiosa tribuna de la Avenida el señor Etayo, cuya autoridad y competencia son innegables, especialmente en la materia de que iba a tratar nuestro al par que amigo, distinguido y culto colaborador de este diario.

Hizo la presentación del orador, a quien le une una estrecha y antigua amistad, nuestro digno y querido director don José de Lecaroz Goñi, quien aceptando la misión encomendada por los dirigentes de Euzko Pizkunde, resaltó, esbozando algunas característicias generales del señor Etayo, -pues su recia personalidad destaca sobremanera entre nosotros- su labor periodística, principalmente, y en ella su preocupación histórica, esa faceta tan vasta como ardua, del País Vasco en general, y particularmente, de la de Navarra.

Expuso los cargos relevantes ocupados por Etayo, cuando antes de cumplir los veinte años ocupaba ya la dirección de “El Pensamiento Navarro”, en aquel entonces en que en el carlismo palpitaba todavía el encendido amor a las libertades de nuestro pueblo. Y la “Alianza foral” fué uno de los óptimos frutos cosechados por las grandes campañas periodísticas de Etayo. Añade que apenas sí existe una monografía, una guía, un folleto destinados a la elogiosa finalidad vulgarizadora de la historia de Navarra, en los que no figuren trabajos de Jesús Etayo.

Fue también director de “La Voz de Navarra” el conferenciante de anoche y a quien hoy admiran nuestros lectores en sus brillantes artículos que publica EL DÍA, única actividad periodística a que actualmente se dedica.

Etayo actuó anteriormente en Donostia con motivo de los cursos de verano de la Sociedad de Estudios Vascos, y a continuación refiere el señor Lecároz una hermosa anécdota acaecida hace veinte años, lo que denota bien a las claras el acusado temperamenteo polémico del culto conferenciante.

A raíz de una polémica en la que intervinieron figuras tan destacadas y notables como Arturo Campión, Manuel Aranzadi, Ignacio Baleztena, y Jesús Etayo contra Pradera, éste, abrumado por los sólidos alegatos irrefutables de Etayo, pretendió zaherirle, denominándole ratón de biblioteca, lo que supone un elogio evidente viniendo de quien viene.

Terminó sus palabras el señor Lecároz con un atinado párrafo, oyendo merecidos y cálidos aplausos del público.

DISERTACIÓN DE DON JESÚS ETAYO

Comienza, después de dirigir frases laudatorias a Pepe Lecaroz –como él lo denomina- lamentándose del olvido en que a veces se les tiene a los fueristas, dignos muchos de ellos de enaltecimiento y recordación, pues la espléndida floración del patriotismo vasco ostensible en aquel apóstol insigne de la Raza vasca –Sabino de Arana y Goiri- tiene sus raíces vigorosas en muchos fueristas de la centuria pasada.

Cree que actualmente hay –a juicio suyo- una nueva terminología en curso más que unas ideas y un espíritu nuevo, aunque no por ello desdeña el valor de esa nueva terminología que ha producido bienes tan múltiples y pingües.

Recuerda seguidamente cómo surgieron los fueristas cuando el régimen foral anunciaba ruina y añade que el fuerista es una reacción ante el contrafuero, pues que el fuerismo no necesitó en aquellos tiempos en que Navarra su régimen y soberanía, aunque, claro está, a lo largo de la historia se cometieron desafueros, sin que se atacara al fuero en su esencia, en su totalidad.

Refiere a continuación los primeros ataques perpetrados a la esencia del régimen foral a mediados del siglos XVIII, con motivo de la denuncia presentada en 1742 por el marqués de Fuetegollano y la confabulación que años más tarde fraguaban el Virrey, el Regente y el Prelado de Pamplona contra las Cortes de Navarra, que al fin –por no haber llegado el documento redactado a su destino- quedó frustrado, afortunadamente.

Aunque parezca paradógico –continúa el señor Etayo- el fuerismo nació en Navarra al mismo tiempo que se exaltó el españolismo, con ocasión de la guerra de la indepencia contra Napoleón.

Al dictarse la constitución de Bayona, cuyas Cortes presidió un navarro, un mal navarro, Miguel José de Azanza, se dijo a Navarra, que por gobernarse este reino separadamente del de Castilla, podían admitir como rey a José Bonaparte y “después que él jurase los fueros”. Sin embargo, la Diputación no transigió sin vivísima protesta con que la Constitución unitaria de Bayona se le impusiera a Navarra, consignándose por fin que los fueros de las provincias Vascongadas y Navarra se examinarían en Cortes para determinar lo que se considerase más convenientemente a las mismas provincias y a la nación.

Cita acto seguido el señor Etayo a la Constitución de Cádiz, dictada poco después de la de Bayona, y en la que los fueros de Navarra, que en el prólogo se exaltaban, quedaban desconocidos y anulados en el articulado.

Reintegrado Fernando VII a España, instaron ante el rey la plena reposición de los fueros de Navarra dos insignes patricios, don Javier y don Joaquín Elio, quienes precisaron insistir una vez más cerca del monarca a fin de que quedara restablecido el régimen foral.

Señala la época en que España se hallaba dividida en realistas y constitucionalistas, participando los navarros en la opinión realista pero encaminándola a la conservación de los fueros.

En cuanto a la política realista primeramente fue un libro del párroco de Ustarroz, don Andrés Martín, y luego el periódico bisemanal “La Gaceta Real de Navarra”, quienes dieron un tono realista general, que mucho mejor que para Navarra se acomodaba a la política de la España castellana, atribuyendo la soberanía legislativa al rey, de modo exclusivo. Don Angel Sagaseta de Ilurdoz, denunció aquella doctrina antiforal, juntamente con la Diputación, que llamó la atención a los redactores del periódico citado, teniendo que cesar en su publicación por no poder conciliarse el fuerismo con el absolutismo.

En 1820 se constituyó en Iruña, al igual que en otras ciudades peninsulares, una “Asociación patriotica” de tipo masónico, integrada por militantes forasteros y arrastrando a algunos elementos del país. En el acto inaugural un ciudadano, don Felipez Alvarez Ulloa manifestó, que los navarros, por sus fueros, vivían separados de la nación española, pero que por la Constitución, quedaban formando parte de “la grande y feliz familia que formara ya para siempre el suelo español”, a lo que contrariamente decía la Diputación, aquel mismo año, que “Castilla y Navarra tenían un mismo rey físico, pero dos distintos reyes legales”. Distinción sutilísima, ciertamente, pero expresiva de la conciencia nacional de Navarra.

Resalta a continuación los continuos desafueros que a partir de las últimas Cortes de Navarra se cometieron, para reparar lo cual envió la Diputación a don José Yanguas a Madrid, persona conocedora a fondo de la historia de Navarra, quien mandándose hacer un traje nuevo y con la exigua dieta de seis pesetas, se dispuso a visitar ante la reina, haciendo mil gestiones sin resultado positivo alguno.

No fue menos afortunado, meses después, otro embajador del reino de Navarra, el señor Barón de Biguezal, sin obtenerse tampoco la convoctoria de las Cortes de Navarra, a pesar de las múltiples instancia y de encendida la guerra civil.

En torno al asesinato del general Sarsfield, recoge la referencia de un periódico en el que se señala que los sublevados consignaron como objeto de su conspiración nada menos que la “independencia de Navarra”. Aunque no le concede el orador demasiado crédito a la citada referencia, tampoco ocutla que esas ideas de independencia de Navarra se consideraban con algún ambiente en el país.

A raíz de la primera guerra civil se ocupa el señor Etayo de los carlistas, de quienes dice que eran fueristas como lo habían sido los realistas. De los navarros agega que se levantaron para defender a don “Carlos VIII de Navarra y V de Castilla”, lo que revela la consciencia en aquellos carlistas, de que Navarra era reino para sí, distinto, aunque tuvieran el mismo rey que los castellanos tenían.

A continuación prueba el deseo de las masas carlistas de Navarra de la restauración foral, con la insistencia de las proclamas fueristas de don Carlos, el anhelo ferviente demostrado por las Juntas y Diputaciones con el monarca, las afirmaciones de Chao, Dembowsky, Henningsen y de otros escritores de allende de los montes que se han ocupado de Zumalakarregi y de la guerra carlista en el País Vasco.

Pasa a referirse a la ley del 39 y señala la casta de navarros, traidores y muladíes que apareció después de su funesta promulgación de tristísimos efectos para Euzkadi, y de la ley paccionada de 1841, de la que se considera enemigo personal y censura acremente a quienes le fraguaron.

Refuta los escritos de Yanguas, la posición de Madoz y de la Diputación, así como también la de Illarregui y muchos navarros de las clases sociales superiores por su cultura o posición económica que con tal espíritu negociaron la fatídica ley del año 1841.

Jamás cayó Navarra en tal vileza como aquella –afirma el señor Etayo-. El poder legislativo, el poder judicial, el derecho civil, alma de la constitución familiar de Navarra, la soberanía plena para las cuestiones políticas relacionadas con los intereses espirituales de nuestros pueblos... todo esto fue cedido y transigido.

Los negociadores, sin embargo, estimaron aquel infinito valor enagenable por el precio misérrimo de un cupo tributario barato y perpetuo.

Como reacción contra la ley del 39 surgió –sigue diciendo el señor Etayo-, el auténtico fuerista, Sagaseta de Ilurdoz, síndico de las Cortes de Navarra, insigne varón, no carlista pero sí amigo personal del general Zumalakarregi y quien fué desterrado a Valencia por considerársele sospechoso. Allí el magno fuerista escribió un libro cuya edición fué recogida, pudiéndose únicamente salvarse algunos ejemplares. En su texto, bellísimo, campean dos ideas centrales: Que Navarra es tan reino de por sí, tan soberano e independiente respecto de Castilla, como lo eran Suecia y Noruega no obstante tener un mismo rey; y que el fuero es la soberanía de Navarra.

Refuta la creencia de que la ley paccionada de 1841 no produjo reacción fuerista y pasa a hablar de las polémicas sostenidas entre Yanguas e Illarregui contra Ozcariz, quien sostuvo un fuerismo auténtico, pristino y recopiló sus escritos en un folleto titulado “Vindicación de los fueros vasco-navarros”.

A consecuencia de las sublevaciones militares habidas contra Espartero el año 1941, quiso aprovecharse el espíritu foral del país. En la rebelión de Navarra tomaron parte, con el general O’Donnell, muchos que habían luchado en la guerra bajo la bandera carlista y algunos liberales moderados, pero, como es sabido, aquellas insurrecciones fracasaron y no tuvieron ocasión O’Donnell, Montes de Oca ni la reina gobernadora para cumplir sus promesas.

En tanto, la ley del 1841 se consolidaba y adquiría estimación no de pura hipótesis foral, sino de tesis.

En medio de su docta disertación, el señor Etayo menciona un intermedio pintoresco glosando dos folletos de liberales navarros, uno de don Francisco Baztan Goñi, quien intentaba probar, como tesis general, que podrían armonizarse las viejas leyes navarras con los principios de aquella Constitución, hija de la revolución de septiembre, y el otro, suscrito por el pseudónimo de “El aldeano navarro”, pero su autor fue un ribereño, don Juan Yanguas, de Caparroso, a quien llamaban Yanguazas. Este, después de escribir a todo el mundo y señalar incalculable número de desdichas, se pregunta: ¿En qué debe pensar Navarra?, y se contesta el mismo: “En pensar de dejar ser españoles, de pertenecer a la degradada patria de Cádiz, y exclama: Antes turco que español”.

Seguidamente, después de explicar el carácter de la segunda guerra civil, destaca a carlistas que sentían vivísimamente el fuero, y eran: don Juan Cancio Mena y don Cruz de Ochoa de Zabalegui.

Mena, que había hecho ostensibles no solo su fuerismo navarro, sino, sus ideas de unidad vasca en 1866, tomó parte después, en la guerra, y fundó un periódico carlista en Bayona, en el que se propugnaba por la autonomía plena que el país había disfrutado.

De Ochoa Zabalegui, nacido en Puente la Reina, siendo sucesivamente, guardia civil, abogado, diputado, cura y hasta desempeñó cargos catedralicios, fue un carlista neto, a quien su temperamento le llevó a las iras de Santa Cruz y de quien, por último, dice el conferenciante, que no conoce, en el resto del siglo XIX, en Navarra ni en el resto del país, quien haya superado entre los carlistas, ni en otros sectores, el fuerismo de aquel navarro ejemplar.

En torno a los republicanos federales, remontándose a la época de la primera República española, cita a Olave, en aquel tiempo en que Navarra, dudando si había de constituirse en estado federal o formarlo con las provincias vascas, con Aragón o la Rioja, acordó al fin formar por sí sola un Estado. Olave propuso unas bases, que fueron acordadas en una asamblea celebrada en Estella por el partido federal, en las que, entre otras, figuraba aquella por la cual podrían reincorporarse a Navarra los territorios de la Rioja, de las Vascongadas y de la sexta merindad de Ultrapuertos, hoy pertenecientes a Francia.

El sentimiento fuerista navarro demostrado con motivo de la gesta patriótica denominada con el título de la Gamazada es objeto a continuación de un cántico entusiasta que el culto conferenciante eleva a los héroes de Navarra.

El suceso es casi de ayer –agrega el conferenciante- ya que realizóse treinta años ha, habiéndose suscitado con ocasión de un problema de orden crematístico, cual era la exigencia del ministro de Hacienda, Gamazo, de aumentar el cupo tributario de Navarra, con quebrantamiento del pacto vigente. Con tal motivo las gestiones de los representantes navarros fueron múltiples y el pueblo recibió a los diputados como se recibe a los héroes. A este respecto hace mención del grupo de vizcaínos que al frente de Sabino de Arana y Goiri honraba en unión de los navarros a los héroes de Navarra. El Gobierno de Madrid hubo de resignarse ante la decisión de Navarra y el régimen económico de Navarra quedó entonces como estaba. Invariado. No se aceptó fórmula alguna. Navarra triunfó.

Por último, tributa merecidas alabanzas a aquella admirable institución que con el nombre de “Asociación Eúskara de Navarra” se constituyó, el año 1877, en casa de don Juan Iturralde y Suit, con asistencia de los ilustres navarros Campión, Oloriz, Estanislao Aranzadi, Salvador Echaide, Florencio Ansoleaga, Dámaso Legaz, etc. Se crearon secciones de lengua y literatura vasca, etnografía, historia, arte, legislación, agricultura, instrucción y moralidad, industria y comercio y en estrecha relación se publicó un diario titulado el “Lau Buru”.

Y después de señalar la coincidencia con la naciente sociedad “Euskalerria” de Bilbao, interroga: ¿No os parece que, sin mengua de los méritos de nadie y menos de Sabino Arana, el apóstol, puede afirmarse que allá en la “Asociación Eúskara de Navarra”, están, en precursión, en raíz, en germen, el renacimiento del nacionalismo vasco?

Para terminar el conferenciante dedica sus palabras a la situación actual y perspectivas de Navarra en orden a los problemas tratados en la conferencia.

El movimiento actual –dijo- es lamentable. Navarra siente –y está muy bien- la preocupación religiosa. No siente la preocupación foral, señalando como culplables de ello a los dirigentes de la política derechista que no advierten que los intereses religiosos en nuestro pueblo más pueden esperar salvaguarda de la autonomía propia que del españolismo centralista.

No cree sin embargo, irremediable, el desvío. Las masas honradas de Navarra pueden ganarse todavía para el vasquismo pero partiendo del sentimiento foral y cambiando la terminología usual aquí en Guipúzcoa y en Vizcaya, porque son las palabras, el léxico, el vocabulario, más que las esencias lo que se repudia en la capital y en las grandes zonas deseuskerizadas.

Hay que hablar en Navarra, del fuero y hay que convencer a las gentes –y es la verdad- de que el fuero conduce necesariamente al patriotismo vasco.

Con esta táctica –termina diciendo el señor Etayo- se ganará Navarra para la causa de la patria vasca.

El notable y culto conferenciante recibió una cálida ovación prolongada en premio a su docta e interesante disertación pronunciada anoche en Euzko Pizkunde y transmitida por la emisora de Unión Radio, recibiendo asimismo un sinnúmero de felicitaciones y llamadas telefónicas, entre otras, la del presidente del Gipuzko y del Euzkadi Buru Batzar, don Teodoro de Ziaurriz.

A MODO DE HOMENAJE: SOBRE EL YO ACUSO DE DEMETRIO LOPERENA DE 2007.

El recientemente fallecido catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco y Decano de la Facultad de Derecho de San Sebastián de la misma Universidad, el aezcoano Demetrio Loperena Rota escribió el 10 de agosto de 2007 un artículo, titulado "Yo acuso", en el que se refería a la postura del PSN de romper las negociaciones con Nafarroa Bai, posibilitando así la continuidad del Gobierno de UPN. A modo de homenaje a su figura y considerando la persistencia de las cuestiones a las que se refería entonces, reproducimos aquel artículo, así como el comentario sobre el mismo que se hacía en una entrada en el blog Nabarratik.

El artículo decía lo siguiente:

“El presidente del Gobierno de España ha sido secuestrado por su Ejecutiva con luz y taquígrafos. Un castigo por su aparentemente errónea política antiterrorista y una maniobra descarada para que no sea el próximo presidente del Gobierno. Ninguna persona insegura o débil puede ganar unas elecciones.

Ante la pérdida de la última esperanza de normalización política en Navarra, yo acuso.

Yo acuso de discriminación planificada contra los navarros que se sienten vascos contraviniendo gravemente el principio de no discriminación que garantiza la Constitución, arts. 1.1, 3.3 (la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección) y 9.2 (obligación de remover los obstáculos para que la igualdad adquiera su plenitud).

Yo acuso de violar sistemáticamente el art. 44 de la Constitución negando el derecho a la cultura vasca a la mayoría de los navarros.

Yo acuso de tratar institucionalmente a los navarrovascos como subciudadanos, esto es, privados de algunos derechos fundamentales, creando una suerte de guetos administrativos a través del mecanismo malicioso de convertir en sinónimas las palabras vasco y etarra.

Yo acuso de empujar a la cultura vasca al único refugio político del nacionalismo vasco.

Yo acuso de que en Navarra ser vasco y español sea imposible.

Yo acuso de vetar en el ámbito institucional lo que en el ámbito social es normal. En Navarra, en todas las familias o grupos de amigos existen vasquistas y no vasquistas y hemos aprendido a llevarlo con normalidad. Cuando Adolfo Suárez recibió el encargo del Rey de democratizar España, sintetizó con estas sabias palabras su proyecto: "Tenemos que asumir institucionalmente como normal lo que en la calle es sencillamente normal". En Navarra se sigue caminando en sentido inverso.

Yo acuso de que para promocionar en la Administración e indirectamente en muchas empresas, hay que despojarse de los aditamentos vascos, relegando su disfrute a la intimidad.

Yo acuso de practicarse la delación a los efectos anteriores.

Yo acuso de discriminar al asociacionismo navarro que incorpora señas de identidad o proyectos filovasquistas.

Yo acuso de convertir en invisibles en el exterior las aportaciones navarras a la cultura vasca.

Yo acuso de favorecer con estos comportamientos el mantenimiento de un sector de la juventud radicalizado.

Yo acuso de que en la mayor parte de las oposiciones en Navarra se da a la lingua navarrorum, como la llamaron los romanos, igual valor que al conocimiento de lenguas extranjeras.

Yo acuso de que los altos funcionarios del Estado destinados a Navarra tienen que medir sus decisiones ante el temor de ser tenidos por filovasquistas.

Yo acuso de purga previa para nombrar a los miembros del Consejo de Navarra, del Tribunal Administrativo de Navarra o, más recientemente, del Consejo de Redacción de la Revista Jurídica de Navarra.

Yo acuso de negarse a convertir en municipios vascófonos a los que sus ayuntamientos lo han solicitado.

Yo acuso de discriminar brutalmente en el plano económico a los ayuntamientos desafectos, esto es, vasquistas.

Yo acuso de hacer política antivasca hasta con las señales de tráfico.

Yo acuso de que lo que es normal en materia cultural en todas las demás comunidades autónomas con lengua propia en Navarra sea sacrilegio.

Yo acuso de promocionar prácticas políticas antidemocráticas como es el frentismo.

Yo acuso de manipular la historia de Navarra para que la lengua vasca no exista, a pesar de ser la más hablada hasta hace poco más de dos siglos.

Yo acuso de que los estudiantes euskaldunes no tienen los mismos derechos en su educación que los castellano-hablantes.

Yo acuso a la Iglesia católica de convertir al clero euskaldun en invisible; de no atender en vascuence a gran parte de los feligreses de este idioma; de hacer sentir vergüenza a muchos navarros de buena fe por hablar euskera.

Yo acuso de echar la culpa de todos nuestros males a la oposición, especialmente si es vasquista. En Navarra, a diferencia del resto del planeta, la culpa de lo malo siempre la tiene la oposición, nunca el Gobierno.

¿Estáis seguros de que "por responsabilidad", como dice Pepiño, vais a favorecer la investidura de quienes ignoran a sabiendas algunos derechos humanos de muchos navarros? ¿Estáis seguros de no estar contribuyendo a la caída de Zapatero, deseada por algunos fósiles de vuestro partido?”.

Por su parte, en el blog Nabarratik, en el que se siguió con detenimiento aquel proceso negociador, se comentaba sobre dicho artículo:

“Estamos de acuerdo con todas esas aseveraciones. En sí, lo más preocupante del boicoteo del PSOE a un gobierno transversal de convivencia y progreso con Nafarroa Bai y con IU es el hecho de que tras él late la apuesta por un sistema político, el sistema político del Amejoramiento que este año cumple 25 años, en el que el tercio del electorado vasquista queda relegado a una situación de exclusión. Ese tercio de la población queda subordinado a una posición de ciudadanos de segunda ya que, con la excusa de las "razones de Estado", se le aparta de las opciones de gobernar y administrar Navarra. Esa posición subordinada hace que los discursos constitucionalistas referentes a la igualdad de los ciudadanos ante la ley queden aquí, en la práctica, ciertamente disminuídos”.  

ASESINATO DE TRES JELTZALES NAVARROS A ORILLAS DEL BIDASOA.

La celebración el sábado 28 de septiembre de un homenaje por parte del ayuntamiento de Lizarra/Estella a Fortunato de Agirre, alcalde de dicha localidad por el Partido Nacionalista Vascofusilado en Tajonar el día de San Miguel de 1936, nos ha hecho recordar el asesinato por las mismas fechas de otras tres personas de la misma filiación política y cuya memoria no suele ser recordada.

Un día antes que Fortunato de Agirre, el día 28 de septiembre, fueron fusilados en un pinar cercano al puente de Lesaka, pero en término de Etxalar, Pedro María Gorostidi Imaz, Miguel Hualde Gorosterrazu y Juan Bautista Iriarte Azpíroz, los tres vecinos de Ituren.

Pedro María Gorostidi Imaz nacido en San Sebastián en 1896, tenía entonces 40 años. Casado con Victoria (Bittori) Urroz Zubizarreta, sin hijos, era médico de la localidad en la que residía desde 1927. Con anterioridad, tal y como nos informó Jokin Iturria, que conocía la circunstancia, para nosotros desconocida, por su padre, Joxe Iturria, fue médico titular de Lesaka. Hemos confirmado ese dato: en el archivo municipal lesakarra consta que ejerció tal cargo entre febrero de 1922 y finales de 1925, fecha ésta última en que materializó la dimisión que presentó en marzo de aquel mismo año por desavenencias con el otro médico, Diego Olaechea, relacionadas con la asistencia sanitaria que prestaban a la vecindad, y a pesar del apoyo recibido de la mayoría de la junta local de sanidad. 

Por otra parte, Gorostidi fue miembro del Napar Buru Batzar en 1933-1934 y en 1934 formó parte de una efímera asamblea regional que duró unos pocos meses a causa de las fuertes tensiones internas registradas en el PNV navarro por la gestión de Jesús Doxanbaratz. Los testimonios orales recabados en Zubieta por Juainas Paul Arzak y otros (en Elkarren artean, Zubieta 1931-1936. Errepublika eta 1936ko gerra Baztan-Bidasoan, 1995) hablan bien a las claras de la intensísima actividad política desplegada por Gorostidi y su cónyuge a favor del nacionalismo vasco, subrayando sobre todo el papel que solía hacer la segunda a través de iniciativas de tipo cultural. A la ascendencia de ambos se debe la constitución de varias juntas locales jeltzales en la zona de Malda Erreka y aledaños, llegando a tener el PNV agrupaciones municipales en Ituren, Zubieta, Saldías, Beintza-Labaien, Elgorriaga y Bertizarana. Asimismo, Emakume Abertzale Batza llegaría a tener agrupación local en Ituren. De cualquier forma, la mejor forma de ponderación del trabajo realizado por Gorostidi y su esposa la tenemos en los resultados electorales por municipios de la zona en las elecciones de 1933 y 1936, elecciones en las que, como es sabido, el PNV presentó lista separada.

En las elecciones de 1933 los peneuvistas lograron unos resultados ciertamente espectaculares en Ituren y Zubieta, arrollando al Bloque de Derechas, precisamente en las elecciones en las que éste se hizo con la hegemonía absoluta en Navarra de la que ya no se desprendería. La candidatura jeltzale conseguiría un tercio más de votos que la derecha en la primera localidad y casi la multiplicó por tres en la segunda. En pueblos adyacentes, donde también actuaría el influjo del matrimonio Gorostidi, como Beintza-Labaien, Doneztebe, Elgorriaga y Ezkurra, el PNV también consiguió resultados dignos. Posteriormente, en las elecciones de 1936, Ituren y Zubieta, así como otros colindantes como Arantza y Elgorriaga, se significaron por ser de los más resistentes al tsunami derechista en el País del Bidasoa y en toda Navarra. No hace falta explicar la inquina que todo ello tuvo que provocar en una derechona ávida de eliminar cualquier obstáculo que se resistiera a su afán de monopolización. 

Gorostidi y su esposa trabajaron arduamente no sólo en la divulgación del ideario y del electorado jeltzale, sino también en la de la práctica sindical solidaria (es decir, de ELA/STV) que en aquel entonces se entendía concurrente con aquéllos. Dato significativo de lo que estamos diciendo es el hecho de que en mayo de 1932, según narraban los periódicos nacionalistas Euzkadi y El Día, el matrimonio se comprometiera a donar 15.000 pesetas anuales, el sueldo de varios meses de actividad profesional, al sindicato abertzale del que también eran militantes. 

Por lo que respecta a los otros dos fusilados iturendarras, Miguel Hualde Gorosterrazu, soltero de 32 años que vivía con su madre viuda de 60 años Maria Santos Gorosterrazu Hualde, había nacido en Venezuela. De profesión comerciante, ejercía de Depositario en el ayuntamiento. Por su parte, Juan Bautista Iriarte Azpíroz, soltero de 26 años, nacido en Argentina, residía con su madre viuda de 56 años, Dionisia Azpíroz Galain, y tres hermanos más jóvenes: Graciosa, de 24 años, Francisco de 22 y Rosario de 17, todos solteros. Maestro que había terminado sus estudios hacía poco tiempo, había ejercido únicamente en Arraitz, donde se hospedaba en la Venta Juan Simón, tal y como nos ha recordado una antigua exalumna. No deja de ser llamativa, por si pudiera haber influído en su detención y asesinato, la circunstancia de que residiera en la misma casa en la que vivía Pedro Gorostidi, en otra vivienda. 

Pedro Gorostidi y Miguel Hualde fueron destituídos de sus cargos, de médico y depositario respectivamente, el día 14 de agosto de 1936. Ese día, el alcalde de Ituren, notificaba mediante oficio a Gorostidi que a las 16 horas del día 13 se había personado en la alcaldía “el Señor Comandante del puesto de la Guardia Civil de Sumbilla, quien en cumplimiento de orden del Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta provincia”, había procedido “a la destitución de V. como Médico titular”. En el mismo oficio se requería a Gorostidi para que firmara el duplicado, tal y como lo hizo con su firma. Una carta de César Aguirre Vértiz, médico de Santesteban, al alcalde de Ituren fechada el mismo día de 14 de agosto de 1936 decía: “Acuso recibo de un oficio de día de hoy en el que me comunica la destitución del médito titular Don Pedro Maria de Gorostidi y solicita mi servicio para evitar quede desatendido; debiendo manifestarle que, como en casos análogos, estoy dispuesto a prestarlo conforme a lo que en el citado oficio se indica”. Otro oficio remitido a un hermano de Miguel Hualde aquella misma jornada le solicitaba que, “en virtud de la destitución del cargo de Depositario de este Ayuntamiento, que en presencia de V. comunicó a esta Alcaldía el Señor Comandante del puesto de la Guardia Civil de Sumbilla”, presentara las cuentas municipales “con la urgencia posible”, tal y como había acordado el mismo ayuntamiento. 

Aquellos días fueron aciagos en el país del Bidasoa. Dos días antes habían sido detenidos en Bera los dos médicos titulares de la localidad, Vicente Unzalu y José Ochoteco, junto con otros dos vecinos de la misma. El motivo, según decía la prensa, su “conducta muy sospechosa” y “por su convivencia [sic] con el enemigo y el segundo además por haberse negado, pretextando una indisposición, la asistencia a un guardia civil”. Vicente Unzalu, de ideario socialista, salvaría su vida de milagro después de pasar tres larguísimos meses en el Fuerte de San Cristóbal. Tras pasar pena de destierro volvería a ejercer a partir de 1940 en Bera, donde residiría hasta su fallecimiento a finales de los años setenta. El anecdotario cuenta que sobreseyó, desde su puesto de encargado de la sanidad pública local, un caso de intoxicación masiva en la localidad provocado por un error en un compuesto alimenticio producido por la empresa de uno de los que le denunciaron. Desde estas líneas queremos llamar la atención sobre la circunstancia de que del archivo local del pueblo ha desaparecido el primer expediente que se le formó en 1936, conservándose solamente el segundo, instruído en 1940, una pérdida documental ciertamente relevante. Por lo que respecta a Ochoteco, es de dominio público que fue el médico que acompañó a Pío Baroja, junto con un policía destinado en la aduana de Bera, en el viaje a Almándoz para ver a las tropas que venían por Belate y que terminaría de forma brusca en Santesteban donde los tres fueron detenidos y encarcelados en los calabozos del ayuntamiento de esa localidad. El episodio, recreado de diferentes formas por quienes se han ocupado del tema, entre ellos dos de sus protagonistas, el propio Baroja y el propio Ochoteco, ha dado lugar, como es sabido, a una controversia notable acerca quienes mediaron en el asunto, templando las iras de los voluntarios requetés, para que no pasara a mayores,. De cualquier forma, tras su segunda detención en veinte días, Ochoteco abandonaría Bera tras ser puesto en libertad en Pamplona. Cabe añadir, asimismo, que otro médico de la zona también sería afectado por los sucesos que estamos comentando. Según recuerda Eduardo Gil Bera, al ya mencionado César Aguirre, médico de Doneztebe/Santesteban, que alojó en su casa a Baroja y a Ochoteco, lo denunciaría “el veterinario Albistur [también de la misma localidad] por hospedar desafectos al Alzamiento [refiriéndose a Baroja y Ochoteco] y serlo él mismo, porque era considerado <<cáscara verde>>, que era como llamaban a los indiferentes en religión. José Meoqui, el cura de Lecároz, intervino a su favor”. El mencionado Albistur, originario de Lesaka, estaba casado con una hermana del también lesakarra, y subdirector de Diario de Navarra (y responsable de la Delegación de Prensa de los carlistas en la guerra) Eladio Esparza, de quien ya hemos hablado con anterioridad en este blog acerca de sus responsabilidades en la conspiración y la represión franquistas en Navarra y también estaba emparentado con la mujer del más arriba citado Diego Olaechea.

Los expedientes de fuera de plazo en el registro civil de los tres asesinados nos proporcionan algunas pocas informaciones complementarias. La viuda de Gorostidi activó la instrucción del primer expediente mediante instancia presentada el 17 de Agosto de 1937 dirigida al Juzgado Municipal de Ituren y posteriormente derivada, como era preceptivo, al titular del Juzgado de Primera Instrucción de Pamplona Garcia-Rodrigo. En la solicitud señalaba que su marido había sido conducido el 26 de Agosto de 1936 “a la cárcel de Vera del Bidasoa permaneciendo en la misma hasta el 28 de septiembre de 1936 fecha esta probable de su fallecimiento según se deduce de las noticias adquiridas acerca del lugar en que se encuentra el cadáver del mencionado Don Pedro Gorostidi e Ymaz que debe de ser cerca del puente de Lesaca (Navarra) a unos 300 metros del kilómetro 72 de la carretera de Irún a Elizondo y en esta dirección y a la derecha entre el Rio Bidasoa y la referida carretera”. Varios testigos certificaron el asesinato de Gorostidi. Amadeo Galle Larre, divorciado, comerciante y vecino de San Sebastián, afirmó “que conoce a la familia Gorostidi-Urroz y por ello y por razón de su servicio en la Jefatura de Información de FET y de las JONS, le consta de manera cierta que el Señor Don Pedro María Gorostidi e Imaz falleció en Lesaca el día veintiocho de setiembre último a consecuencia del Movimiento nacional”. Jesús Conejo Martín, técnico industrial y vecino de san Sebastián, indicó “que conoce a la familia Gorostidi-Urroz y por ello le cosnta así como de rumor público y de frecuentar a menudo los pueblos de Lesaca, Vera etc... que Don Pedro María Gorostidi e Imaz falleció en el citado Lesaca el día veintiocho de setiembre último a consecuencia del Movimiento nacional”. Jorge Taberna Tompes, músico y vecino de Lesaca, dijo lo mismo. Por su parte, el alcalde de Bera Juan José Irazoqui comunicó en un oficio de 9 de septiembre de 1937 en contestación al oficio que le había sido remitido “sobre los datos obrantes en esta Alcaldía relativos al ingreso y salida del Depósito Municipal del presunto fallecido Don Pedro María Gorostidi e Imaz, vecino de Ituren” que “en la fecha 28 de septiembre de 1936 referida en el oficio, el Depósito Municipal era intervenido directamente por la Autoridad Militar, sin que conste en esta Alcaldía, dato alguno con referencia al ingreso y salida de los detenidos en la repetida prisión municipal”. Es de señalar que testimonios procedentes de la familia Baroja han sostenido que el mencionado alcalde, también conocido por su alias de “Zerruki”, solía asistir a los fusilamientos de la cantera de Bera, en los que habrían sido ejecutadas 130 personas procedentes de centros de detención guipuzcoanos. El contenido del mencionado oficio del citado alcalde conectaría con la penosa circunstancia, que a los beratarras nos llena de ignominia por cuanto impide la expedición de informaciones a los familiares de la mayoría de esas 130 personas que siguen careciendo de datos sobre cuál fue su suerte, de que en los archivos públicos de la localidad las personas que se han aplicado a la tarea no hayan encontrado ninguna relación referente a todo ese montón de personas fusiladas. Por otra parte, en el expediente de Gorostidi también consta un oficio del Coronel Gobernador Militar de 18 de septiembre de 1937 que decía que en el Gobierno Militar no constaban los antecedentes referentes al fallecido “pues solamente existe una declaración prestada por dicho individuo ante la policía de Vera del Bidasoa el día 1º de Septiembre de 1936”.

Los expedientes de Bautista Iriarte Azpíroz y de Miguel Hualde Gorosterrazu, ambos instados por instancias efectuadas por sendos familiares en diciembre de 1939 aportan informaciones de interés. Habría sido conducidos a los calabozos municipales beratarras el 31 de agosto de 1936, tres días después que Gorostidi por lo tanto, permaneciendo también en la misma hasta el 28 de septiembre, día de su fusilamiento y enterramiento en el lugar más arriba mencionado. Si bien el pelotari beratarra Segundo Ugartemendía Olaso, que actuó de testigo, no aportó ninguna concreción más allá del hecho del fallecimiento, Santos Bengoechea Bengoechea (según el documento caminero y vecino de Bera ) y Emiliano Irigoyen Damboriena (minero y vecino de Lesaka) indicaron que no tenían dudas sobre la fecha de la muerte y el lugar de enterramiento de los cadáveres por haber sido ellos quienes les dieron sepultura. Santos Bengoechea, conocido como Rothschild, era obrero de Fundiciones de Bera, empresa de la que se fugaron 40 trabajadores de izquierdas al inicio de la guerra, y habría sido obligado a ejercer de enterrador, tal y como sucedió con otros trabajadores de simpatías ugetistas de dicha fábrica. 

Asimismo, algunas fuentes indican que también fue encarcelado en Bera otro iturendarra, un tal José Nagore, que habría sido liberado. También se ha dicho que los tres asesinados fueron conducidos en una primera instancia hacia Belate antes de ser asesinados cerca del puente de Lesaka. 

Sobre el trágico destino de los tres jelkides iturendarras caben varias preguntas, relativas sobre todo a los responsables del mismo y al hecho de que fueran encarcelados en Bera, no siendo conducidos a los diversos centros de detención de la capital (cárcel, Fuerte de San Cristóbal, Escolapios y Salesianos), tal y como sucedía con la mayoría de los detenidos. Aunque en el libro anteriormente citado coordinado por Juainas Paul Arzak se habla de la responsabilidad como denunciantes de dos curas de Zubieta y del secretario, todos carlistas, creemos más bien en los efectos de la concurrencia de la actuación de las nuevas élites en la comarca en el hecho de la detención y prolongación del cautiverio en Bera durante todo un mes, por un lado, y las intrucciones sobre el castigo que merecían los prisioneros nacionalistas en Gipuzkoa emitidas por la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra pocos días antes de las ejecuciones, por otro. Algunos documentos muestran que en principio no parece que hubiera consignas claras sobre qué hacer con los tres presos. Así, una carta fechada en Bera el 13 de septiembre de 1936 y firmada por el Comandante Militar y dirigida al alcalde de aquella localidad en la que se permitía al detenido Bautista Iriarte Azpíroz acudir, escoltado por la Guardia Civil a Ituren, presumiblemente por la enfermedad de su abuela, aquel mismo día y permanecer en él hasta el 17 apoyarían aquella interpretación. 

Creemos que el destino de los tres jelkides iturendarras quedó cerrado, al igual que habría sucedido con el de Fortunato de Agirre, tras los nuevos posicionamientos de los carlistas en relación con los nacionalistas que serían reflejados documentalmente en un informe elevado el 24 de septiembre de 1936 por la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra “a los señores generales y jefes de la Junta de Defensa Nacional de Burgos”. En ese informe, al que ya nos referimos en una entrada anterior, la Junta Central Carlista de Guerra, dirigida en la práctica por José Martínez Berasáin, no contenta con la represión llevada a cabo en Navarra (y que para el 24 de septiembre se había llevado consigo centenares y centenares de vidas, sobre todo de votantes de izquierda), se animó a aconsejar en la fecha indicada sobre la conveniencia de adopción de una política de mano dura contra el nacionalismo en Gipuzkoa y, por extensión, dentro también de Navarra. 

La detención y posterior asesinato de los tres jelkides iturendarras tendría consecuencias inmediatas en el pueblo. En carta de 18 de agosto Benedicto Vicente Gárriz, secretario de Ituren y Elgorriaga, se quejaba de su destitución acusado de nacionalista, lo que era negado por él. Asimismo, afirmaba su adscripción al Bloque de Derechas, que  podía ser testificada por Eleuterio Arraiza (vocal de la Junta Carlista de Guerra), Joaquin Urisarri (apoderado de Rodezno) y el tradicionalista Joaquín Erviti, quienes finalmente aportaron informes favorables. Por su parte, en una carta enviada al alcalde de Ituren por Pedro Miqueo, representante de la Junta Municipal del PNV, el 5 de septiembre de 1936 se decía que la Junta Municipal del Partido Nacionalista Vasco de esta villa “estando en un todo disconforme con la actitud del Partido Nacionalista Vasco”, acordaba “darse de baja en dicho partido, con inutilización de los carnés ante el Requeté Don Francisco Tena” y adherirse “incondicionalmente al Movimiento Salvador de España para toda clase de servicios para la prosperidad del mismo”. Por si acaso, se solicitaba al alcalde que pusiera dicha decisión en conocimiento del Gobernador Civil de la provincia. 

Sirvan estas líneas para recordar, por lo tanto, la memoria de los tres asesinados, toda vez, sobre todo, que no parece que las organizaciones políticas y sindicales de las que formaron parte hayan mostrado demasiado interés en ejercicios de memoria histórica relativos a estas personas. Asimismo, no queremos tampoco finalizar sin hacer un llamamiento a los descendientes del máximo responsable por la parte carlista del genocidio y represión llevados a cabo en Navarra (y Gipuzkoa, habría que añadir) para que dejen de lado por un tiempo sus manifiestos principialistas y prepolíticos relativos a la soberanía vasca (interpretada según matriz navarra) que llegan incluso, veáse este ejemplo de los múltiples publicitados por sus propios medios o por otros ajenos, a deslegitimar intentos de propuestas basadas en el derecho a decidir, así como otras que son equiparadas por ellos a los anteriores y que son de naturaleza pactada como el de la reforma del Estatuto de la CAV protagonizado por el gobierno del Lehendakari Ibarretxe, y pongan a disposición del público posibles documentos privados que sirvan para la identificación y localización de los restos de las víctimas de 1936 y 1937 aún por recuperar.

RECREACIONISMO MILITAR Y OLVIDO DE LAS CONSECUENCIAS DE LAS GUERRAS SOBRE LA POBLACIÓN CIVIL. EL EJEMPLO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.

Los 200 años transcurridos del final del dominio de las tropas napoleónicas de la plaza de Pamplona y de la liberación de la misma por parte de los aliados anglolusoespañoles ha servido para que el ayuntamiento de Pamplona se plantee un diseño conmemorativo a celebrar a finales del mes de octubre en el que una serie de charlas serán acompañadas por un ejercicio de recreacionismo militar.

 

El recreacionismo militar es un fenómeno al alza en el plano internacional y también en el contexto más cercano. Como es sabido, durante los últimos años, amparados por su carácter relativamente espectacular en una sociedad que prima sobre todo lo visual y el atrezzo, han proliferado en el Estado español ejercicios de recreación de batallas cuya finalidad conmemorativa no es, en numerosas ocasiones, en absoluto inocua por dos razones esenciales. La primera, la de que suele ser frecuente que en ellas lo que se recuerda se ciña estrictamente al episodio bélico, prescindiendo absolutamente de cuestiones de tanta trascendencia como las consecuencias del mismo para la población civil del entorno. La segunda, la de que presenta a los ejércitos con un rostro angelical del que en la mayaría de los casos carecieron. Todo ello, claro está, sin entrar en la labor subterránea de legitimación de las fuerzas militares como elementos de salvaguardia de una sociedad, algo especialmente destacado en el caso del ejército español que en los dos últimos siglos ha arrastrado una secuela de fracasos contra enemigos externos y se ha esmerado, en la mayor parte de las ocasiones con saña y al servicio de la oligarquía, contra sectores democráticos de la sociedad a la que servía.

A pesar de que el sitio vivido por la plaza pamplonesa entre finales de junio y finales de octubre de 1813 no parece que se cobró vidas civiles, básicamente porque las autoridades militares forzaron la salida de las familias que no podían garantizar su autoabastecimiento durante tres meses, en el caso específico de la Guerra de la Independencia en Navarra el olvido de las consecuencias para la población civil es algo especialmente penoso y deplorable.

De acuerdo con las informaciones aportadas por Eduardo Martínez Lakabe que en su libro Violencia y muerte en Navarra. Guerras, epidemias y escasez de subsistencias en el siglo XIX (Pamplona, UPNA, 2004) sintetizó aportaciones de otros autores, a la par que suministró numerosos datos de propia cosecha, Navarra fue una de las regiones que más sufrió las consecuencias económicas de la guerra de la Independencia. No hay que olvidar, por un lado, que tuvo que soportar el mantenimiento de las tropas francesas durante la guerra de la Independencia en un grado de intensidad superior al de otras regiones a causa de que por su ubicación geográfica era zona de obligado control para aquéllas para asegurarse su reaprovisionamiento y su reforzamiento. Así, se ha calculado que tras el repliegue francés al norte del Ebro posterior a la batalla de Bailén, en la segunda mitad del año 1808, llegaron a estar estacionados 100.000 soldados franceses en Navarra.

Por otra parte, la población navarra no tuvo que soportar solamente las requisas, exacciones e imposiciones del ejército francés, sino también las de las partidas de guerrilleros (principalmente las navarras de Espoz y Mina, aunque también en ocasiones de las provincias cercanas) que operaron en suelo navarro, así como las del ejército aliado anglolusoespañol que se estableció aquí a partir de la derrota napoleónica en Vitoria a finales de junio de 1813 y que contendió hasta octubre en Navarra con los contingentes galos mandados por Soult que en contraatacaron en dos ocasiones (episodios ligados a la batalla de Sorauren a finales de julio y episodios ligados a la batalla de San Marcial a final de agosto) antes de replegarse definitivamente a territorio francés.
 

Se ha estimado que las consecuencias económicas de la guerra superaron con mucho el desembolso largo de más de cien millones de reales., con lo que se entiende que las Cortes navarras afirmaran en 1818 que la contienda había sido para Navarra “un manantial insoldable de desgracias, cuyas fatales resultas duran y se dejarán sentir por espacio de muchos años”. En efecto, hay múltiples informaciones de cómo el endeudamiento municipal provocada por la mencionada guerra enlazó con el generado por la primera guerra carlista, coleando todavía en los años cuarenta del ochocientos. Por otra parte, las soluciones adoptadas al endeudamiento municipal provocado por las demandas de alimentos de los bandos en liza afectaron notablemente a las economias domésticas de las familias navarras: no sólo aumentaron notablemente la fiscalidad directa y la indirecta (ésta última, en forma de gravámenes sobre artículos de primera necesidad), sino que los ayuntamientos recurrieron a la venta de comunales y de bienes de propios. Este primer episodio de enajenación de tierras comunales, y la privatización de su uso, en beneficio de sectores adinerados (algo que se repetiría durante y después de la primera guerra carlista), perjudicó a amplias capas del campesinado en cuanto que les privaban de recursos complementarios que obtenían de aquéllos.
 

Hay numerosos ejemplos de cómo la población civil navarra sufrió los embates de la guerra de la Independencia. Las localidades de Arbizu y Lakuntza fueron incendiadas por los franceses en su retirada. En Arbizu la respuesta a la matrícula de 1816, ordenada hacer por las Cortes de Navarra para calibrar las consecuencias demográficas del conflicto, informaba de que “en la última retirada de los franceses incendiaron estos quarenta y cinco casas que se redujeron a cenizas y las familias que en ellas habitavan se acojen con bastante incomodidad en las restantes casas que existen”. En Lakuntza se manifestaba que de las 110 familias de la localidad muchas vivían en la miseria. Anteriormente, en 1809 los franceses habían incendiado la villa de Burgui por completo, algo que también harían en Izal en 1811, y quemaron 12 casas en Urzainki en 1812 y la mayoría de las de Isaba (153, para ser más exactos, según Hermilio de Olóriz) en 1813. Igualmente, en enero de 1811 las tropas francesas saquearon Lumbier y en la primavera de 1812 en Navascués, según Iribarren, “saqueron y destrozaron a mansalva; quemaron, para hacer leña, puertas, ventanas, carretones y aperos; robaron ganados y aves (…); violaron a casadas y solteras; y saquearon la iglesia”. Como es sabido, por las noticias de la prensa de este año los lamentables acontecimientos de Arbizu y de Isaba han sido conmemorados como se merecen: iniciativas populares han recreado las penas y desdichas de los habitantes de dichas poblaciones.

Las víctimas directas navarras en enfrentamientos armados o en muertes violentas, incluídos fusilamientos y otras variedades de ajusticiamientos por parte de las autoridades militares, durante la guerra de la Independencia habrían ascendido a unas 2.000 personas. Hay testimonios que indican que unas trescientas personas fueron ajusticiadas por los franceses, sobre todo en la época del general Mendiry, quien habría encarcelado en Navarra a unas 4.800 personas, deportando de entre ellas a unas 500.

Las distorsiones ocasionadas por la guerra y la presencia de contingentes abundantes de tropas que vivían sobre el terreno produjeron, además, alzas súbitas de la mortalidad en periodos concretos de dicha contienda. En la Ribera los momentos más críticos se vivieron en 1809, con posterioridad a la batalla de Tudela, llegándose a unos niveles de sobremortalidad en torno a la duplicación (a excepción de en Arguedas y Valtierra donde la mortalidad extraordinaria fue mucho más intensa) relacionándose con los intensos movimientos de tropas y con las convulsiones de la guerra en aquella zona inherentes a aquel episodio. En la Montaña y en la Zona Media, por lo que se conoce, la mortalidad habitual se incrementó en 1813, por lo general de forma moderada, multiplicándose por 1,5 o por 2, en la mayoría de los pueblos. No obstante, en la zona de Bortziriak/Cinco Villas el aumento de la mortalidad fue mucho más notorio por efecto de la estancia de los ejércitos entre junio y noviembre de 1813. Ya Hermilio de Olóriz escribió que “el robo de trigo subió de 22 a 44 reales y el de maíz de 12 reales a 28; los campos amenazaban quedar yermos; el hambre despiadada se extendía por las poblaciones; solamente en Lesaca, víctimas de la necesidad habían perecido 224 personas, y en Vera pasadas de 500”. 

 

Los datos que publicamos en nuestras investigaciones de ya algunos años afirman que la requisa de alimentos por parte de los ejércitos aliados y de los ejércitos franceses habría motivado que en 1814 y 1814 fallecieran en Bortziriak unas 550 personas más de lo normal, casi el 8 por ciento de los habitantes de la comarca. A la par, también hay que decir que durante esos años el número de nacimientos descendió fuertemente. Así en 1814 hubo la mitad de nacidos que lo que era corriente.

 

La causa inmediata de la crisis de mortalidad de 1813-1814 residió en los desajustes creados por la instalación de las tropas aliadas en nuestros pueblos y por el hecho mismo de la guerra que impedía el abastecimiento regular de la zona, deficitaria de por sí en alimentos. Las tropas de Wellington vivieron entre julio y noviembre de 1813 literalmente "sobre el terreno" y se apoderaron de la totalidad de las cosechas. En Lesaka, donde se instaló el cuartel general aliado, "se valieron de todas sus cosechas territoriales que se hallavan en los campos para atender a la subsistencia de la caballeria, y sus brigadas, cortando de pie toda la siembra y mieses".Algo idéntico sucedió en los demás pueblos. A partir de diversos documentos notariales puede evaluarse la cuantía de esas requisas de grano y frutos en las diversas localidades, con la sola excepción de Arantza. Según los datos cuantitativos que tenemos de Etxalar y de Lesaka en esas dos localidades la población perdió el 100 por ciento de la cosecha de maíz, el cereal principal, y buena parte de la de trigo.

Las pérdidas también se extendieron al ganado. Las tropas expropiaron cabezas de lanar, de vacuno y de porcino en una cantidad difícil de precisar debido a lo escueto de la documentación. En Bera se llevaron fueron 783 cabezas de ganado lanar y las pérdidas de vacuno ascendían en metálico a 15.092 r.v. y las de porcino a 6.328.

Por otra parte, el bloqueo de la frontera francesa y de Pamplona y San Sebastián empeoró la situación al dificultar el acceso a los mercados de los que habitualmente, sobre todo los de Bayona y San Juan de Luz, provenía el aprovisionamiento de cereal. Además de todo ello, hay que reseñar que el trigo y el maíz llegaron en 1813-1814 a cotas máximas.

Contamos con diversos testimonios literarios ingleses de lo acaecido en Bortziriak, recogidos en el libro de Carlos Santacara La Guerra de la Independencia vista por los británicos 1808-1814 (Madrid, Antonio Machado Libros, 2005). El 18 de julio, día en el que se instaló el cuartel general de Wellington en Lesaka donde permanecería hasta principios de octubre, momento en que se trasladó a Bera, un tal Larpent, juez militar del ejército inglés, escribía que Lesaka había sido “saqueada por los franceses y ahora no tiene nada, ni siquiera pan, sólo algo de paja. Llevamos siete días sin pienso para los pobres caballos, incluso la hierba escasea aquí”. Asimismo, un tal John H. Cooke comenta acerca de toda la zona: “por leguas en cualquier dirección, todos los pequeños campos de maíz habían sido arrancado de cuajo, y llevados. Debido a esta circunstancia, muchos de los campesinos se vieron empobrecidos, y obligados a contentarse con muy pocos alimentos”. El ya citado Larpent escribía en carta fechada el 14 de agosto: “Hemos descabezado casi todo el maiz verde del valle para los caballos (…). No habrá forraje seco para los animales en el otoño ni en el invierno. La poca paja que hay en estos valles ha sido comida, y mucho del trigo y del maíz ha sido destruído o cogido (…). Los habitantes, me temo, que pasarán hambre en el invierno, a no se que emigren, lo cual harán muchos, sin duda, y tendremos que ser aprovisionados desde otras partes si seguimos aquí”. El 15 de agosto anotaba: “Estamos sintiendo ahora los efectos de nuestro trabajo en estos valles, ya que no se puede cabalgar unos pocos kilómetros sin notar los olores de caballos muertos, mulas muertas y hombres muertos”. El 23 de agosto decía: “Las copas de los maíces están casi todas comidas por el ganado, las mazorcas cortadas por los soldados para asar y las hojas para nuestros animales (). La gente dice que hemos traído la plaga de las moscas, y creo sinceramente que hemos aumentado los enjambres con la cantidad de animales muertos, y otras clases de porquería causadas por la densidad de población en estos momentos”. El 9 de octubre el mismo personaje Larpent escribía que Bera “es una aldea grande en ruinas” y que Lesaka “se está volviendo muy insalubre, como un corral viejo, y las muertes de los habitantes son muy numerosas”.

Lo que sucedió en Bortziriak también ocurrió en otras zonas próximas. Por ejemplo en el valle de Oiartzun, donde según informaba el Pliego Anual de Oyarzun relativo al año de 1813, el primer periódico que hubo en Gipuzkoa, “hasta poco después de la llegada de las tropas aliadas se disfrutó de buena salud; pero los últimos cuatro o cinco meses del año se han experimentado bastante enfermedad asi en adultos como en los niños. La principal causa de estas enfermedades probablemente ha sido: 1º los sustos y malos ratos que experimentó este vecindario en la retirada del enemigo, por sus atropellamientos, saqueos, violencias, etc. 2º la grande incomodidad causada en las casas por los alojamientos de las tropas aliadas, la asolación de los campos, robo de ganado, falta de seguridad en los caminos, etc. 3º el tiempo irregular que ha hecho casi en toda la última mitad del año, y lo 4º el uso de alimentos desusados en el país, y otros de mala calidad por la penuria y carestía de todos los géneros sin exceptuar los de primera necesidad”. En Oyarzun, según se decía en ese periódico, en ese año no se había recogido “ninguna clase de cosecha. Los franceses en la retirada asolaron los habales y alguna parte de trigales. Los aliados el resto de ellos, los mayzales y toda clase de fruta y hortaliza, sin que hubiese quedado libre de su hoz aun la simple hierba del campo, ni el árbol más lúcido de su hacha (…). La misma suerte que el campo ha tenido el ganado así bacuno, lanar, cerduno y demás”.

Por supuesto, lo vivido en Bortziriak u Oiartzun, aunque de gravedad notabilísima, fue de intensidad inferior al conocido episodio de incendio, saqueo y destrucción de San Sebastián el 31 de agosto de 1813, episodio en el que fueron violadas un sinfín de mujeres donostiarras de toda edad y condición, tal y como relata la encuesta a decenas de testigos realizada al efecto y que reconstruye parte de la enormidad sufrida por la población de la ciudad y que se puede leer a través de Internet. 

 

Los acontecimientos vividos en Bortziriak están siendo rememorados en Bera a través de varias actividades. A lo largo del último año y medio se ha procedido a rehabilitar el Puente San Miguel que une aquella localidad con los barrios lesakarras de Alkaiaga y Zalain y en donde tuvo lugar una batalla el 1 de septiembre de 1813. El pasado mes de junio tuvo lugar un ciclo de charlas centrado en los efectos de las guerras sobre la población civil in abstracto y en aquella coyuntura bélica en Navarra, Gipuzkoa y Bortziriak. El presente mes de agosto otra conferencia ahondó en la historia del mencionado puente. El pasado sábado se inauguró una exposición y el próximo fin de semana tendrán lugar una escenificación popular en la Plaza del Ayuntamiento (el sábado 31) y un acto institucional de recuerdo al sufrimiento vivido por la población civil de la comarca en el mencionado Puente (el domingo 1). Todo ello organizado por un colectivo ciertamente heterogéneo articulado exprofeso que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento y a partir de una idea inicial que, aunque partía de la rememoración de la batalla allí registrada, se reinterpretó a partir de la constatación de las penalidades vividas por los habitantes de estas localidades.

En unos días en los que vuelven a sonar tambores de guerra y en las que las soluciones de castigo militar pensadas por ciertas potencias para apoyar a los disidentes sirios invitan al escepticismo, toda vez si recordamos los entresijos y características de similares intervenciones en Irak, los Balcanes o Afganistán, quizás vuelva ser oportuno rememorar los desastres de una guerra de hace dos centurias y la oportunidad de su recuerdo a través de la consideración de quienes han sido los genuinos perdedores de toda contienda: la población civil en todo tiempo y lugar.