SARTAGUDA, EL PUEBLO DE LAS VIUDAS

Sartaguda, localidad situada al sur de la merindad de Estella en la subcomarca de la Ribera Estellesa, fue el municipio más castigado por la durísima limpieza política realizada por el bando golpista en Navarra. Es un pueblo sumamente representativo de lo que sucedió en el conjunto de la Ribera, zona en la que en solamente unos pueblos, como aquel, el Frente Popular ganó al Bloque de Derechas en las elecciones de 1936, pero que era el ámbito geográfico en donde la izquierda tenía, con mucho, más presencia. El tercio meridional de Navarra concentró el 59 por ciento de los 3.000 asesinados navarros a o residentes en la provincia. 

Los 84 asesinados de Sartaguda, según se vió en el libro Sartaguda 1936. El Pueblo de las Viudas (Pamplona, Pamiela, 2008) que publicamos en 2008 junto con José María Jimeno Jurío, erige a dicha localidad en el pueblo mártir por excelencia, con una tasa de 67,6 asesinados por cada mil habitantes, muy por encima del grupo de tres localidades que también sobrepasaron los 30 asesinados, Cárcar (33,1), Lodosa (31,7) y Mendavia (30,1), las tres localizadas en la misma comarca que aquella. Desde otro punto de vista, según nuestros cálculos, en Sartaguda habrían sido eliminados el 40 por ciento de los votantes masculinos del Frente Popular, algo solamente superado en Funes y Marcilla, estas dos localidades con unas tasas algo más elevadas. No hay que olvidar que en el conjunto de la Ribera Estellesa habrían sido asesinados uno de cada cinco hombres votantes del Frente Popular, en la Ribera Central uno de cada seis y en la Ribera Tudelana uno de cada diez. Fueron auténticas limpiezas políticas, por tanto, en los que los simpatizantes de las izquierdas fueron auténticamente masacrados. 

En Sartaguda prácticamente todo el término municipal era del Duque del Infantado. El administrador del duque cedía la tierra a los vecinos a renta según criterios de discrecionalidad y parámetros no igualitarios. Mientras que el 25 por ciento de las unidades familiares carecía de tierra cedida a renta y otro 17 por ciento cultivaba fincas pequeñas, había sectores de medianos y grandes renteros que cultivaban mucha más tierra de lo que representaba su peso demográfico. 

Las marcadas desigualdades en los parámetros de cesión de tierra arrendada por parte del administrador del Duque motivaron que los campesinos más damnificados, en unión de los campesinos arrendatarios medianos, impulsaran desde 1919, fecha en la que surgió un sindicato ugetista, medidas de rechazo de la subida de la renta de la tierra, así como medidas políticas de presión desde el ayuntamiento, tratando que el Duque vendiera sus tierras a los vecinos. Entre 1919 y 1923 los juicios por impagos de renta a partir de agosto desembocarán en desahucios, detenciones, encarcelamientos, protestas, enfrentamientos con la guardia civil y daños en propiedades. En 1921 el entonces elegido diputado foral Manuel de Irujo intentó negociar infructuosamente ante el propio Duque la compra del pueblo para su reparto ulterior, lo que al final tendría lugar dos décadas más tarde. El conflicto llegó a su cénit a finales de 1922 cuando muchísimos vecinos corrieron el riesgo de ser desahuciados. Finalmente, por un acuerdo de 1923, en el que el Duque cedió muy poco a cambio de la desarticulación del movimiento societario, finalizó aquella etapa de tensiones. 

Durante la República el conflicto se modificó en cuanto que los renteros medianos cambiaron de posicionamiento. Ahora, los arrendatarios que llevaban, gracias al tratamiento favorable hacia a ellos por parte del administrador, explotaciones grandes y medianas se posicionan en el bando de la derecha. Enfrente, se situarán los renteros con explotaciones de menor tamaño y los jornaleros, consiguiendo estos durante la mayor parte del periodo dominar el ayuntamiento. Los posicionados en la derecha no defenderán tanto las prerrogativas del duque, sino su propia situación socieconómica, comparativamente mejor que la de quienes, a causa de la voluntad discriminatoria del administrador, tenían que conformarse con el cultivo de menos tierra o la de quienes debían de vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. Por contra, la izquierda, que gobernó el ayuntamiento durante la mayor parte del periodo republicano, no se cansará de exigir la cesión de tierra para los más necesitados. Destacará en ese sentido la gestión del alcalde Eustaquio Mangado, llegando a obtener logros sustantivos.

En Sartaguda la limpieza política se abatió esencialmente sobre unos segmentos de edades concretos: el 41 por ciento de los hombres de entre 25 y 29 años fueron exterminados, llegando esa proporción al 49 por ciento entre los hombres de entre 30 y 34 años. Por lo tanto, fueron los hombres cuya actitud reivindicativa se desarrolló durante la Segunda República los más afectados. Fueron los jornaleros en general, pero sobre todo, los jornaleros de las generaciones entre 20 y 39 años, los que sufrieron en sus carnes la mayor parte de la matanza. La proporción de jornaleros asesinados sobre el total de personas asesinadas por tramos de edades ascendió a cuatro de cada cinco en el tramo de 25 a 29, a tres de cada cuatro en los tramos de 20 a 24 y de 35 a 39 y a tres cada cinco en el tramo de 30 a 34. Además, los jornaleros asesinados representaban una porción cuantiosa de los jornaleros totales. En los tramos de edad de 25 a 29 y de 30 a 34 fueron eliminados uno de cada dos braceros. La mayoría de los asesinados a partir de los 25 años eran cabezas de familia con mujeres y/o hijos a su cargo. 

Por consiguiente, queda claro que la limpieza política tuvo como objetivo esencial a los jornaleros jóvenes, casados hace relativamente poco tiempo y con hijos de corta edad, que tenían, a causa de sus circunstancias vitales, necesidad de cultivar más tierra de aquélla a la que podían optar por el momento porque, según los mecanismos sucesorios vigentes en relación con las unidades de explotación, debían de esperar a que sus padres y suegros se hicieran realmente mayores o fallecieran para así poder acceder al cultivo de la totalidad de las parcelas que ellos llevaban a renta. 

La mayor parte de los componentes de las juntas directivas de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, adscrita a la UGT, sería asesinada. De los 143 afiliados de la UGT que hemos encontrado en una lista de 1932 serían asesinados 45, perdiendo la vida en el frente 4. También fueron aniquilados casi todos los cenetistas. 

La limpieza política registrada en Sartaguda fue más abyecta si cabe si consideramos el hecho de que algunos clanes familiares padecieron la violencia asesina en una magnitud ciertamente espectacular. En la familia del alcalde, por ejemplo, hemos contabilizado once parientes asesinados. Para otros cinco clanes los datos son, asimismo, espantosos. 

También hay que hablar de lo apropiado de la denominación Pueblo de las Viudas para la localidad. Si en 1935 se contabilizaban 12 viudas por debajo de los 55 años, en 1940 se computaban 59. Si en la primera fecha había solamente una viuda de menos de 40 años, en la segunda se relacionaban 40. Además de la dura situación material en que quedaron las viudas de los asesinados, muchas de ellas añadieron al dolor por la pérdida de los seres queridos el agravio de ser rapadas en público y de ser humilladas ante los vecinos. 

En cuanto a los victimarios, el análisis de los perfiles de los miembros de la Junta Local de Guerra de Sartaguda muestra que en el caso de cuatro de ellos se detecta su presencia en las juntas directivas de las agrupaciones y secciones locales de partidos políticos fomentadas por la derecha sartagudesa durante la Segunda República. Esas personas habían coincidido en su militancia en esas agrupaciones locales con algunos de los miembros de la corporación municipal surgida de la legalidad golpista el 31 de julio de 1936. Por consiguiente, aunque entre las personas del ayuntamiento franquista designado por los sublevados y que gobernaron el pueblo varios años no había ninguna que estuviese directamente en la Junta de Guerra, sí que se evidencian conexiones entre quienes estuvieron en ese órgano y quienes fueron ediles de la corporación sartagudesa a nivel de militancia compartida en las mismas secciones locales de formaciones políticas. Además, algunos testimonios de las entrevistas indican que hubo connivencia entre el presidente de la Junta de Guerra y el alcalde Víctor Cordón. Por otra parte, Víctor Cordón y el médico Luis Bastero habrían conducido a Zaragoza a los alistados forzosos del tercio de Sanjurjo en cuyo fusilamiento colectivo en octubre en el cuartel fueron asesinados una cuarentena de sartagudeses. La responsabilidad en la tragedia del párroco y de los números del puesto de la Guardia Civil también aparece citada en los testimonios. 

Lo más chocante es que tras la guerra la Diputación Foral satisfizo las reivindicaciones realizadas por la izquierda sartagudesa desde 1919, adquiriendo las tierras del Duque e impulsando un proceso de reparto que benefició a los pequeños y medianos renteros que en 1945 se convertían en propietarios. Las viudas de los asesinados no quedaron excluídas de este proceso, pero tampoco obtuvieron ninguna recompensa especial, entendiendo como tal el hacerse con más tierra que la media, que les satisficiera del dolor y del sufrimiento experimentado. 25 años y 84 asesinados después, la Diputación franquista se hacía eco de los planteamientos de Manuel de Irujo de 1921.