Al hilo de una de nuestras últimas entradas, la relativa a la resurrección del tema de la laureada, hemos recordado algunas informaciones que invitan a
reflexionar en las relaciones entre historia y memoria en el plano
personal, familiar e ideológico y los posicionamientos acerca de
ellas y acerca de los gestos de reconciliación. El motivo último de
esta entrada son las posturas mantenidas por Mariano Zufía,
representante del Partido Carlista/EKA, en los debates sobre la
eliminación de aquélla registrados entre 1979 y 1981 en el
Parlamento Foral, así como el hecho de que las mismas le valieron un
doble reproche de parlamentarios de la derecha: uno personal, por
haber salido Zufía, siendo estudiante, voluntario en el requeté con
16 años el 19 de julio de 1936 en la columna de García Escámez
para Somosierra; el otro, grupal, por el entusiasta apoyo
proporcionado por los carlistas a la sublevación y por la
discontinuidad con el mismo que mostraba el carlismo de Carlos Hugo
durante la Transición. Justamente uno de los más críticos fue
Rafael Gurrea Induráin, parlamentario entonces de UCD y persona en
cuya familia concurrían antecedentes llamativos y que queremos poner
de relieve por cuanto objetivamente tenía razones para haber sido
más benévolo con Zufía.
Dichos debates se iniciaron en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento navarro el 26 de septiembre de 1979 con la discusión de varias mociones,
prosiguiendo en otras sesiones, bien de comisión, bien de pleno,
durante los dos años siguientes.
La primera moción sobre
la que se habló fue la del Grupo Parlamentario Herri Batasuna
referida tanto a la eliminación de la laureada del escudo de Navarra
como a la supresión de las denominaciones franquistas de vías y
lugares públicos y de los monumentos a los muertos en la guerra
civil y a la transformación del Monumento a los Caídos en un
Monumento a todos los navarros muertos en defensa de la libertad de
Navarra y de sus gentes. Ya en relación con esa moción el
parlamentario Zufía señaló su apoyo a la misma, aún cuando no
estaba de acuerdo “con algunas de las expresiones de la misma ni
tampoco con alguna de las manifestaciones” que se habían
pronunciado, por considerar que lo nuclear era, en el caso específico
del escudo, la eliminación de un elemento “objeto de división de
los navarros”. También indicó su apoyo a los otros dos puntos por
no estar de acuerdo en que las calles y el monumento a los caídos
homenajearan a sólo un bando. En contra de esa moción se
posicionarían Astráin (UCD), Arbeloa (PSOE) y Viguria (UPN).
La segunda moción en
debatirse en aquella moción fue la presentada por el propio Mariano
Zufía. En ella planteó el regreso “al escudo tradicional de
Navarra”, eliminando de él la laureada por no ser ésta “de
recibo para una parte de los navarros” y en cuanto que el escudo y
la bandera debían “ser el símbolo de Navarra, el símbolo de
todos los navarros”. Esgrimió los acuerdos de la Diputación de 22
de enero y 15 de julio de 1910 sobre el escudo y la bandera oficiales
de Navarra para afirmar que no hacían falta nuevas investigaciones
sobre el tema. Propuso asimismo una enmienda a su propia moción,
reconvirtiendo la misma en el sentido de dejar sin efecto el acuerdo
de 14 de diciembre de 1937 por el que se incorporaba la laureada y
declarar vigentes los acuerdos de 1910.
Tras el posicionamiento a
favor de la misma de Sorauren (EE) y Aldecoa (HB), se posicionó en
contra el representante de UCD Rafael Gurrea Induráin. Para Gurrea
la supresión de la laureada no era válida de cara a la
reconciliación porque podía “poner en actualidad una
confrontación que ha existido en el pueblo navarro últimamente,
pero que en este momento sería de nuevo sacada a la palestra, en un
momento que es poco oportuno, en un momento en que muchas gentes
creerían que es una concesión al revanchismo, y puede ser así
interpretada por un sector amplio de nuestra sociedad”. Desde su
punto de vista, el electorado de UCD percibía que los pasos y las
muestras ofrecidas por ese partido de querer la reconciliación,
“como el de la amnistía o el de la aceptación de un Estatuto”,
no eran correspondidos “con una mejora sustancial de las
condiciones de reconciliación del pueblo, sino que, todo lo
contrario, en algunos casos se ha contestado con un recrudecimiento
de las causas y de los hechos de enfrentamiento”. Expresado
sintéticamente, el electorado ucedista tendría, según él, “la
sensación de que está dando algo a cambio de nada”. Además,
Gurrea señaló que “cualquier otro partido hubiera sido mucho
mejor portavoz” para la retirada de la laureada en cuanto que los
carlistas estaban “muy ligados en su origen” a dicha concesión y
afirmaba que algo “importante” había sucedido para que EKA, “un
partido que debiera recoger las aspiraciones de aquellos mismos
carlistas”, pidiera su eliminación. Por otra parte, pensaba que la
corona del escudo debía mantenerse como expresión del “glorioso
pasado” de “nuestro viejo reino”. Concluía diciendo que el
tema debería estudiarse en otro momento en el que el clima fuera más
sereno y en el que realmente pudiera tener lugar la reconciliación.
Zufía volvió a
intervenir en el turno de réplica negando que la supresión de la
laureada fuera “motivo de confrontación” y “concesión al
revanchismo”. En cuanto a las alusiones de Gurrea, Zufía afirmó
que “efectivamente, por ser miembro del Partido Carlista, por estar
aquí representándolo, por haber participado personalmente, como
requeté voluntario en aquella guerra”, le correspondía a él
presentar esa moción “sin entrar para nada en esa concesión de la
laureada, sino precisamente para que desaparezca de la bandera”.
Por último, Zufía creía que la corona debía mantenerse. La moción
fue rechazada.
Finalmente, en aquella
sesión solamente se aprobaría el primer punto, aunque enmendado, de
la moción del Grupo Parlamentario Socialista que se
refería a la conveniencia de que una comisión de expertos del
Archivo General de Navarra y de la Institución Príncipe de Viana
emitieran un informe sobre los escudos y banderas de Navarra a lo
largo de la historia que serviría de base para un posterior dictamen
de la Comisión de Régimen Foral que sería luego debatido por el
Pleno del Parlamento. La enmienda de adición presentada por HB. que
se añadiría a la moción original, hablaba de que, sin perjuicio de
que el Pleno estudiara en su día el informe a elaborar por una
comisión de expertos, se adoptaba como escudo oficial de Navarra el
escudo de las Cortes de Navarra que venía utilizando el Parlamento
Foral, trasladando ese acuerdo a la Diputación a los efectos
oportunos. Tal solución sería rechazada sólo por UCD y UPN.
Por último, la
eliminación de la laureada se sustanciaría para el futuro en un
debate de pleno del Parlamento Foral de 26 de octubre de 1981.
Bastantes años después,
Rafael Gurrea volvió a manifestarse en dos ocasiones a favor del
mantenimiento de la laureada en aquellos escudos de Navarra en los
que la legislación del momento no obligaba a su eliminación. Hemos
de recordar que Rafael Gurrea, alcalde de Burlada desde 1974 y cabeza
de lista ucedista en las elecciones al Parlamento Foral de 1979 por
la merindad de Sangüesa pasó de UCD a UPN en 1983, fue de forma
ininterrumpidamente desde 1979 parlamentario foral hasta hace unos
pocos años por ese último partido, formación de la que fue
secretario general desde 1985 hasta 2002. También llegó a ser
Vicepresidente del Gobierno y consejero de
Presidencia e Interior y Administración Local de 1996 a 2003
y Presidente del Parlamento navarro entre 2003 y 2007. Su postura
favorable a la laureada en las situaciones expresadas se manifestó
en dos ocasiones, una en 1992 y otra en 2002.
La primera ocasión fue
en relación con la única moción de todo el
periodo 1983-1999 en la que el Parlamento de Navarra trató de
cuestiones relacionadas con la memoria histórica de la época de la
Segunda República, de la Guerra Civil y del Franquismo: la presentada por Izquierda Unida a finales de 1992 para instar al Gobierno de Navarra a la eliminación de los símbolos fascistas del espacio público y en la que el parlamentario de esa formación
Taberna Monzón criticó cómo se había gestionado durante la
Transición esa cuestión en Navarra, mencionando la existencia de
diversos ejemplos, para solicitar que se cumpliera en ese aspecto la
Ley de Símbolos de 1986 por cuanto ésta establecía “cuáles son
los símbolos de Navarra y donde deben estar en los sitios públicos
y visibles”. Gurrea tachó de falsedad la afirmación de Taberna
acerca de la inexistencia de transición en España en cuanto que
aquí se habría “producido una transición ejemplar como en ningún
otro país que haya tenido un gobierno autocrático en los últimos
años en la historia europea”. Calificó de regresión en el tiempo
la semántica utilizada en la moción en cuanto que le recordaba a la
que se utilizaba “en este Parlamento hace doce o trece años” y
razonó la existencia de la moción como “parte del ritual de un
grupo radical en este tipo de cuestiones, que cumple con la misión
de excitar a la sociedad en un tema que, afortunadamente, está
olvidado, y no pertenece al primer plano de las preocupaciones de los
ciudadanos”. También negó el carácter fascista de la laureada
que según él sería “una medalla al más alto mérito militar”
y “anterior al franquismo y ajena al fascismo”. Realizó una
digresión afirmando que él pensaba que Taberna se habría referido
a otros símbolos que se podían ver en la paredes de Pamplona “que
no tienen nada que ver con Mussolini, uno de los apuntadores del
fascismo, pero que representan a organizaciones que yo tengo por
fascistas”. Y al respecto añadió “Pero es muy probable que
ustedes no se refieran a ellos porque no lo citan aquí”. Aunque
indicó que él no se había dado cuenta de la existencia de la
laureada en el edificio de la CAN, sí se había percatado que en el
escudo y la placa de la plaza de la Cruz figuraba como último nombre
de los inscritos en la misma el de un Taberna, lo que tal vez, según
Gurrea, habría motivado al mocionante a proponer la iniciativa “para
que no haya confusiones, para que nadie crea que un Taberna de los de
su raigambre” estaba “comprometido” con lo que se conmemoraba
en el monumento. Mantuvo que tanto la Ley navarra de Símbolos de
1986 como el Real Decreto del 81 referido al ámbito del Estado
exoneraban de la supresión de simbología a “aquellos edificios o
monumentos que, aunque no tengan carácter histórico-artístico,
estén hechos de tal manera que quitarlos produzca una violencia al
inmueble”. Gurrea entendía que ésa era “una fórmula
pacificadora que se utilizó en aquel momento, en un momento
necesario para conseguir una estabilidad y una serenidad de ánimos
que ustedes, naturalmente, están deseosos de romper, pero que
nosotros no vamos a quebrar”. Para finalizar, tildó a la moción
de anacrónica y zafia. Por último, la moción fue rechazada por la
acción conjunta de UPN y PSN.
Asimismo,
en 2002, ante una pregunta realizada por el mismo Taberna
Monzón, sobre la retirada de los símbolos franquistas, el mismo
Gurrea, desde 1996 Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, respondió que no a la pregunta de si
consideraba necesario modificar la ley de símbolos de 1986 “para
proceder a la retirada de la simbología franquista”. De hecho, en
el proyecto de Ley Foral de Símbolos, presentado por él, en marzo
de 2003, no se hacía ninguna mención a la retirada de los símbolos
franquistas presentes en espacios públicos, lo que finalmente se
consiguió a partir de una enmienda in voce del PSN de creación de
una disposición transitoria que se incorporó al Dictamen aprobado
por la Comisión de Régimen Foral acerca del mencionado Proyecto y
que sería apoyada en el Pleno.
Más
allá de la postura, continuada en el tiempo, de apoyo de Gurrea al
mantenimiento de la laureada, lo que nos interesa destacar es
su posicionamiento acerca de la actitud de los mocionantes que
solicitaban la eliminación de aquélla. Tanto respecto a Mariano
Zufía como en relación con Félix Taberna se advierte un
comportamiento parecido, ya comprobado en el caso de Palacios Zuasti.
Se obvia el significado negativo e insultante de la condecoración
sobre la que se debatía para una parte importante de la ciudadanía
navarra y se enfoca hacia el pasado tratando de buscar
contradicciones entre las actuaciones de las personas en el momento
presente y las actuaciones de esas mismas personas (o de familiares
suyos, incluso presuntos, o de los partidos en los que se encuadran)
en el pasado recreado por la derecha navarra, como si tuvieran que
ser esclavos ineludibles de la manera en que ésta lo reinterpreta a
su propia conveniencia. También se percibe una postura de
distanciamiento respecto al tema de discusión, como si los
representantes de UCD en la primera legislatura y de UPN y PP en las
últimas décadas no se contemplaran como concernidos en relación a
los aspectos últimos del mismo: el derecho a la memoria de los demás
y al deber de memoria y de apostar por la reconciliación por parte
de todos los representantes políticos y de toda la ciudadanía
navarra.
En el caso de Gurrea la
cosa sorprende porque en el plano familiar sí que es una persona
concernida por acontecimientos oscuros de la guerra civil de los que
se colegiría una actitud menos contundente a la hora de enjuiciar
los posicionamientos y gestos de los demás en relación con la
memoria histórica de aquel periodo. De forma que pueden entenderse
sus posicionamientos como de fidelidad a la memoria de la conducta de
su padre y a la de un tío suyo y también como de estrategia
política, entendible desde cierta racionalidad que opta más por la
confrontación que por el entendimiento sin mostrar empatía con las
circunstancias ajenas y que aboga por el cierre de filas en relación
con la lectura unilateral de la guerra civil y de la postguerra.
Cuando nos referimos a la
conducta de su padre, Rafael Gurrea Ureña, nos hacemos eco de dos
artículos que se refieren al asesinato del Comandante de la Guardia
Civil José Rodriguez-Medel Briones en la propia comandancia de
Pamplona, en la calle Ansoleaga, el 18 de julio de 1936 hacia las 20
horas y al hecho de que en el segundo de ellos aparece mencionado el
nombre de aquél.
El primero de los artículos fue publicado en 1991 en la revista Príncipe de Viana por Gonzalo Jar Couselo y constituye una revisión minuciosa de las
versiones ofrecidas de la muerte de Rodriguez-Medel y de la trama
conspiratoria conducida por el general Mola. Hay que subrayar que
Gonzalo Jar Couselo, fallecido en 2009, fue general de división dela Guardia Civil, Doctor en Ciencias Políticas y autor de numerosas publicaciones de contenidos sociológicos, politológicos o historiográficos que demuestran su interés por las intervenciones
humanitarias y el respeto a los derechos humanos y a la democracia.
De dicho artículo se infiere que las versiones tradicionales acerca
del suceso analizado deben ser rectificadas ya que queda claro que el
Comandante Rodriguez-Medel fue disparado por la espalda por alguno de
sus propios subordinados cuando pretendía trasladarlos a Tafalla
para establecer una línea defensiva desde la cual oponerse a los
sublevados contra el gobierno legítimo. El único punto oscuro que
restaría en relación con tal suceso sería, según Gonzalo Jar, el
de quién fue el asesino del mencionado comandante ya que sus
intentos por hablar con familiares de quienes fueron testigos
directos del mismo se toparon con un muro de silencio.
Precisamente dicha
cuestión conoció un inesperado giro en el año 2008 con la publicación en la revista Hermes de un artículo del periodista Mikel Donazar, que daría lugar a un documental que puede verse en
Youtube, dividido en parte primera y parte segunda, en el que se
incluía una relación de los 93 números y oficiales que se
encontraban en aquel momento en la Comandancia de la calle Ansoleaga,
documento aportado por el hijo de uno de los relacionados. En dicho
listado figura una cruz que identificaría supuestamente a una
treintena de guardias civiles implicados en una conspiración, urdida
en última instancia por Mola para desembarazarse del único elemento
que podía obstaculizar el éxito de la sublevación en Pamplona,
justamente el mencionado Comandante Rodríguez-Medel. Junto a los
protagonistas esenciales de la confabulación en la misma
comandancia, también destacados por Jar Couselo, como el capitán
Domingo Auría Lasierra (el cual se vanagloriaría de su conducta en
su expediente personal) y los tres hermanos Nuin Mutilva (uno de los
cuales, Serapio, acudiría a la Comandancia Militar, comunicando
textualmente en persona a Mola que “Acabamos de matar a nuestro
comandante y, de parte del Capitán Auria, hemos venido a decirle que
estamos a sus órdenes para que nos mande”), aparece en dicha lista
el más arriba mencionado Rafael Gurrea Ureña, progenitor como se
dijo de Rafael Gurrea Induráin. En nuestras investigaciones sobre
Sartaguda ya pudimos comprobar que Rafael Gurrea Ureña residía, con
11 años de edad, en 1925 en esa localidad en cuyo puesto de la
guardia civil estaba destinado su padre.
En relación con todo lo
anterior, son desconocidas hasta el momento las opiniones de Rafael
Gurrea Induráin acerca del grado de veracidad de dicho listado, así
como su nivel de conocimiento de tal acontecimiento y de los
implicados en él. Asimismo, hay que recordar que
en relación con lo sucedido la tarde del 18 de julio en la
Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, además del asesinato
del comandante Rodríguez-Medel, también tendría lugar la detención
de otros dos mandos de la misma comandancia por su posicionamiento a
una con aquél: el Comandante José Martínez Friera y el Capitán
Ricardo Fresno Urzáiz, ambos posteriormente fusilados a finales de
agosto.
Por otra
parte, otro hermano del padre de Rafael Gurrea Induráin, Antonio Gurrea Ureña, habría muerto en Rusia en 1943, combatiendo con la División Azul en calidad de cabo.
Todo lo
anterior constituiría una muestra más de los peligros de los
juicios taxativos y de las tácticas de enmañamiento y de
confusionismo, tan propias de la derecha navarra, acerca del
comportamiento y de las intenciones ajenas en relación con las
cuestiones ligadas con la historia, la memoria y la gestión de ésta
última desde una vertiente política e institucional. Más de
treinta años después del ataque de Gurrea al pasado y al afán
reconciliador de Zufía, y aunque la implicación del padre de aquél
en los sucesos referidos en la Comandancia de la calle Ansoleaga el
18 de julio de 1936 es algo que nunca se podrá determinar con
exactitud en vista de la debilidad del documento mencionado y de la
inexistencia en su momento de una investigación, algo que afecta a
la práctica totalidad de los asesinados por los golpistas durante la
guerra civil en los que la concreción de la autoría de los crímenes
no puede ir como mucho más allá de lo indiciario, los datos
aportados aquí sirven para interpretar las palabras del entonces
parlamentario de la UCD como una suerte de salivazo al cielo, quizás
inconscientemente realizado, pero en todo caso significativo.
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