LA OPACIDAD DE LA NAVARRA OFICIAL.

Este sábado 22 de diciembre nos hemos desayunado con dos informaciones (una divulgada en la prensa y otra localizada en la fuente primaria correspondiente y de la que no hemos encontrado ecos en los periódicos) que corroboran el comportamiento opaco de la Navarra oficial, y de las instituciones ligadas a ella, respecto al afán de transparencia de la ciudadanía, sobre todo, si, como es el caso, están ligadas a cuestiones económicas.

La primera información es el rechazo, por los votos en contra de UPN y PSN y con los votos a favor del resto de los partidos (Bildu, NaBai, PP, Izquierda-Ezkerra y los parlamentarios no adscritos de Geroa Bai), a la comisión de investigación sobre Caja Navarra solicitada por estos últimos partidos, a excepción del PP, y cuyo objetivo era determinar cuáles fueron las decisiones tomadas por los responsables (Consejo de Administración y Directivos) de la CAN “han llevado a la Comunidad Foral a perder su más importante y necesario instrumento financiero autóctono”. En la exposición de motivos, la propuesta de creación de la Comisión de Investigación censuraba la “opacidad y falta de transparencia” que han caracterizado los “procesos de gestión y decisión” que han desembocado en la “perdida del instrumento financiero que más ha participado en el desarrollo y modernización de Navarra”. A ese respecto, los impulsores de la iniciativa constataban que la “ciudadanía de Navarra, sus administraciones públicas, empresarios, autónomos y pymes” están acusando ya las “muy negativas” consecuencias económicas derivadas de la compra de la CAN por otra entidad bancaria, “a un precio muy inferior a la valoración real que tenía muy poco antes de su venta”. Por todo ello, se reclamaba el “esclarecimiento” de las decisiones que han propiciado la “desaparición real” de la CAN y la “pérdida de su capacidad para realizar la función social y financiera para la que fue creada”, sin olvidar que su “futuro como entidad formal está puesto en duda por las repercusiones de una posible intervención del Estado en el control de la Fundación Caja Navarra”.

No hace falta indicar que el voto contrario de UPN y PSN a la comisión de investigación está directísimamente relacionado con el papel central y preponderante desempeñado por esos dos partidos en la gestión de la CAN no sólo durante los últimos años, sino también durante las últimas décadas. El portavoz del primero de esos dos partidos ha afirmado que "si alguien cree que se ha cometido algo ilícito en la entidad ahí están los tribunales de Justicia". El portavoz socialista rechazó la comisión con el argumento de que "es lo más efectista pero no necesariamente lo más eficaz" y recordó que, además de que muchas otras cajas también han desaparecido, su partido está a la espera del informe que solicitó a los servicios jurídicos del Parlamento para conocer si la Cámara de Comptos es competente para analizar el proceso seguido por la CAN. De cualquier forma, algunos sectores del socialismo navarro, más realistas en relación con las auténticas dimensiones del asunto y con los efectos sobre la opinión pública del asunto Cervera, se habrían posicionado en contra de la postura de su partido. Entre ellos estarían ni más menos el diputado Moscoso y el líder del sector crítico Manuel Campillo.

Además de todo lo anterior hoy mismo hemos accedido a la contestación proporcionada por el Secretario de Estado en Relaciones con las Cortes a la pregunta escrita formulada por el diputado Sabino Cuadra, de Amaiur, en el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre en relación con el asunto del IVA de la Volkswagen.

La pregunta constaba en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D de 18 de octubre, entre las páginas 297-298, figuraban los extremos de la misma, fechada el 1 de octubre. En ella se apuntaba, tal y como se había visto reflejado en los artículos que se habían ocupado del tema, que “a fines del pasado año 2011, los Técnicos del Ministerio de Hacienda procedieron a realizar diversas revisiones e investigaciones en relación con el cobro del IVA relativo a las ventas de los vehículos Volkswagen fabricados en el Polígono de Landaben, en Nafarroa, resultando de ello, según los citados Técnicos, la comprobación de diversas irregularidades” y que “como consecuencia de ello, en marzo del presente año la Hacienda estatal procedió a reclamar al Gobierno de Navarra 1.513 millones de euros correspondientes a ingresos dejados de percibir en los últimos 17 años, desde que la entonces planta SEAT de Landaben fue adquirida por la multinacional alemana Volkswagen”. Se añadía que “junto a ello, el Ministerio reclamaba también al Gobierno de Navarra una cantidad de 780 millones de euros por las cantidades de IVA a las que nos estamos refiriendo correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014”. En la pregunta el interpelante se refería asimismo a la solución acordada por la Comisión de Arbitraje del Convenio Económico el 7 de mayo por el que el Gobierno de Navarra pagaba 75 millones de euros, 25 por año, a la Hacienda estatal en relación con el IVA correspondiente a esos tres años y a que “quedaría en manos de la citada Comisión de Arbitraje resolver sobre la posible presentación de un recurso en contra de la reclamación de los 1.513 millones de atrasos a las que antes se ha hecho referencia”. En la pregunta Amaiur se refería a que “Todo lo expuesto ha sido realizado por medio de unas negociaciones que apenas han trascendido públicamente y, lo qué es mas grave aún, sin que haya sido dado a conocer, ni al Parlamento Foral, ni a la ciudadanía navarra, el texto del Acuerdo al cual han llegado los Gobiernos estatal y foral a través de la Comisión de Arbitraje del Convenio. No solo esto, sino que la propia presidenta del Gobierno de Navarra, en su comparecencia ante el Parlamento Foral, realizada a últimos de junio a requerimiento de sus grupos, ha señalado la improcedencia y la innecesariedad de que el citado acuerdo fuera publicado”. Bajo todo ello se preguntaba por “el contenido expreso” del Acuerdo de 7 de mayo de 2012, por “las razones legales, fiscales, económicas, contables o de cualquier otro tipo que haya podido justificar el rebaje de la petición inicial de 781 millones de euros correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, a los 75 millones de euros acordados”, por “las razones legales, fiscales o de cualquier otro tipo que hayan podido justificar que los 1.513 millones de euros correspondientes al IVA de los últimos 17 años hayan sido aplazados en el cobro”, por “las condiciones concretas acordadas (plazos, cuantías, intereses,..) referidas al cobro por parte del Gobierno del Estado —PP— al Gobierno de Navarra —UPN— en relación con los citados 1.513 millones de euros”, por si ha habido alguna cantidad que ha sido condonada por el Gobierno estatal al Gobierno de Navarra y por si “tiene el Gobierno del PP un pacto con UPN consistente en el apoyo diario que estos últimos están dando al Gobierno del PP en el Congreso de los Diputados como contrapartida política al trato ventajoso dado por el Gobierno del PP al Gobierno de Navarra en relación con el tema del IVA”.

Pues bien, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D-General, de anteayer 20 de diciembre, entre las páginas 109 y 111, puede verse la respuesta. El Secretario de Estado en Relaciones con las Cortes se limita a adjuntar dos anexos, el cuarto y el octavo, del Acta 1/2012 de la Comisión coordinadora prevista en el artículo 67 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. El Anejo IV se refiere a la Modificación del método para hacer efectivo el ajuste de la recaudación del impuesto sobre el valor añadido en el quinquenio 2010-2014 a partir del 1 de abril de 2012 y tiene contenidos meramente técnicos relativos a la alteración del cálculo del IVA del objeto en cuestión. El Anejo VIII se refiere al Recurso a la Junta Arbitral: como consecuencia de los acuerdos de liquidación del IVA dictados por la Agencia Tributaria con fecha de 7 de marzo de 2012 en relación con las operaciones realizados por la sociedad Volkswagen Audi España SA (en adelante, VAESA), integrada en el Grupo Volkswagen, respecto de su labor comercializadora de los vehículos fabricados en la factoría de Volkswagen Navarra SA, situada en territorio navarro, “la Administración del Estado presentó ante el Gobierno de Navarra, con fecha 16 de marzo, su declaración de incompetencia para la devolución del IVA soportado por VAESA” y “a su vez, y con fecha 24 de abril, la Comunidad Foral de Navarra, se declaró igualmente incompetente para dicha devolución”, elevando por todo ello la Administración del Estado el asunto a la Junta Arbitral del Convenio Económico, cuya resolución se evaluará en el seno de la Comisión Coordinadora del Convenio.  

Huelga decir que las preguntas de fondo planteadas por el diputado navarro continúan sin tener respuesta, hurtándose la contestación también al resto de parlamentarios  y, a través suya, a la ciudadanía tanto de Navarra como del resto del Estado, y que las consecuencias del asunto en el conjunto de las relaciones económicas entre nuestra comunidad y el Estado, algo de lo que vimos un reflejo en la drástica disminución de la inversión estatal en nuestro suelo, seguirán siendo un arcano. Cabe preguntarse sobre si la tendencia a la opacidad de nuestras élites respecto a las dos cuestiones reseñadas no puedan terminar por tener efectos no previstos ni deseados, que, al final, vayan a perjudicar sobre todo a la ciudadanía navarra. Especialmente en la actual situación, cuando la dureza de la crisis y el desmoronamiento del Estado autonómico obligan a adoptar soluciones realmente duras por todas partes y fomenta la emisión desde diversos ángulos, incluso desde ámbitos académicos, de discursos de revisión de los marcos consensuados desde 1978,  y cuando, con el bochornoso affaire Cervera, los intentos para que pase desapercibido todo lo que guarde relación con la economía y el marco fiscal navarro se zanjan en un estrepitoso fracaso, convirtiendo a Navarra en la comidilla y el centro de todas las dianas.