Concentrada la atención de los expertos en la cuestión catalana, del tercer y último hasta la fecha Barómetro Autonómico del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (elaborado en septiembre-octubre del año pasado y cuyos datos se han dado a conocer hace dos semanas, pudiendo consultarse en el servidor de aquella institución) emergen corrientes de fondo inesperadas y llamativas desde muchas comunidades autónomas en relación con el modelo territorial autonómico español.
En muchas comunidades autónomas el porcentaje de quienes se posicionan en la pregunta 12 a favor de “un Estado con un único Gobierno Central sin Autonomías” es ciertamente alto. Apoyan esa opción más de un tercio de los encuestados en Murcia (41,6), Castilla-León (38,1 por ciento), Castilla-La Mancha (36,9), Comunidad de Madrid (36,8), Aragón (34,5) y Extremadura (34,1). Más de uno de cada cinco encuestados se identifica con ella en Comunidad Valenciana (30,6), Cantabria (30,3), Rioja (25,8), Baleares (20,9) y Galicia (20,1). Los porcentajes más bajos en pro de esa posibilidad se dan precisamente en la CAV (2,0) y en Navarra (2,8), que en razón de sus regímenes fiscales concertados constituyen espacios diferenciados dentro del Estado con una relación con éste de una cierta confederalidad. La proporción de catalanes favorables a una única administración regida desde Madrid, es del 11,0, mucho menos inferior a la proporción de andaluces (del 14,6) que lo que cabía esperar inicialmente. Cabría hablar, por lo tanto, que la opinión favorable a la alternativa máximamente recentralizadora, de abolición de las administraciones autonómicas, se ubica por lo general en las comunidades autónomas en las que no existen movimientos nacionalistas que planteen proyectos nacionales alternativos al español y en los que los estatutos de autonomía se concedieron a rebufo de la doctrina del café para todos que trataba de desdibujar y rasear las demandas de los nacionalismos periféricos históricos, en el clima de finales de los setenta en el que la izquierda unió la reivindicación descentralizadora a la democratizadora, sin que quizás la pulsión autonomista fuera de verdad sentida por el conjunto de la población.
Las cifras anteriores son tremendamente expresivas, pero lo son todavía más si les añadimos los porcentajes de quienes apoyan la opción de “un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan menos autonomía que en la actualidad”. Sumando ambas, los favorables a un régimen unitario y centralista o a un Estado autonómico capitidisminuído llegan al 56,5 en la Comunidad de Madrid, al 56,2 en la Comunidad Valenciana, al 55,6 en Castilla-León, al 55,2 en Castilla-La Mancha, al 51,1 en Aragón, al 51,0 en Murcia, al 49,1 en Cantabria, al 44,6 en Extremadura y al 40,4 en La Rioja.
El sentimiento recentralizador se ha disparado en los ultimísimos años. En la segunda edición del Barómetro Autonómico elaborado por el mismo CIS y efectuado con arreglo a un trabajo de campo elaborado entre enero y marzo de 2010 la demanda de un Estado con un único Gobierno Central sin Autonomías en ningún sitio superaba el 25 por ciento, registrándose sólo tres comunidades autónomas en las que se situaba por encima del 20: Aragón (24,7 por ciento), Castilla-León (24,4) y Comunidad de Madrid (21,0). Esa opción encontraba valores entre el 15 y el 20 por ciento en Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia. Por otra parte, en la primera edición del mismo sondeo, de 2005, dicha opción sólo sobrepasaba el umbral del 10 por ciento en Aragón, las dos Castillas, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana.
El barómetro autonómico revela también que casi el 60% de los españoles quiere una reforma del Estado autonómico, frente al 31,6% que prefiere que el modelo de Estado permanezca como está. Dentro de los que opinan que es necesario el cambio, el 37 por ciento lo desea en sentido centralista. De ellos, el 23% cree que sería mejor un Estado sin autonomías y el 13,9% que las comunidades tuvieran menos competencias. Un 13,2% prefiere, en cambio, comunidades con más autonomía y un 9,7% un Estado que permita la posibilidad de que las comunidades puedan ser Estados independientes.
En el largo plazo la evolución a las diferentes opciones de modelo territorial en el conjunto del Estado muestran, tal y como se puede ver en esta entrada del blog El Politikon, basado en un artículo de Mireia Grau, que el apoyo al modelo autonómico fue in crescendo constantemente hasta 2008. Ya anteriormente, desde 2002, fue disminuyendo el apoyo a un modelo en el que las Comunidades Autónomas incrementasen sus niveles competenciales. No variando apenas los niveles de aceptación de posibilidades de ruptura del estado mediante procesos secesionistas, la reivindicación del modelo centralista decayó desde unos altos niveles del 30 por ciento en 1984 a niveles del 10 por ciento en los primeros años del siglo XXI, tendiendo al alza a partir de 2005, pero sobre todo a partir de 2008. El gráfico aportado por Alberto Penadés para el periodo 2009-2012 muestran la consolidación de esas tendencias en los últimos años.
Puede suscitarse la duda de que el anhelo recentralizador sea producto de un análisis mínimamente racional de las ventajas aportadas por la descentralización autonómica a todos los territorios en las últimas tres décadas y media. Desde un punto de vista objetivo, parece difícil refutar la opinión del experto en federalismo y modelos territoriales Antonio Arroyo Gil de que “Visto en perspectiva, el Estado autonómico no ha generado desigualdades entre los diferentes territorios que lo integran y las personas que en ellos habitan. Antes al contrario, ha traído consigo un importante reequilibrio entre los antaño principales centros de poder y aquellas otras partes del Estado, que por encontrarse en la periferia, no sólo geográfica, padecían el abandono o la falta de atención de quienes tomaban las decisiones fundamentales. Hoy en día existe mucha más igualdad (de hecho y de oportunidades) entre las distintas partes de España y las personas que en ellas viven que la que existía hace treinta años”. Podría afirmarse que a quienes desean la recentralización total se les ha olvidado lo que es vivir bajo la tutela absoluta de Madrid, un escenario, por otra parte, del todo desconocido para los más jóvenes de ellos y cuya reivindicación suena más a pose que a otra cosa.
Tampoco el argumento de la incidencia potenciadora de la crisis económica en relación con la desafección ciudadana hacia el modelo autonómico parece ser excesivamente razonable, toda vez que las comunidades autónomas son el pilar fundamental del estado de bienestar español al gestionar la mayor parte del gasto social. El que los recortes en dicho gasto, y sobre todo en educación, sanidad y dependencia, hayan sido protagonizados por las comunidades autónomas por el derrumbe de sus ingresos en los últimos años y por la política de ajustes dictada por el gobierno central, no tiene que hacer olvidar que las conquistas en la atención en materia educativa y sanitaria tuvieron directísimamente que ver con el entramado autonómico.
Seríamos más bien de la opinión de que esa desafección obedece a una visión que responsabilizaría de la corrupción al tejido institucional autonómico, obviando que sistemas corruptos pueden darse tanto en contextos descentralizados como en centralizados. También creemos que debe considerarse el peso de una respuesta, surgida desde la emotividad política más primaria, a la cuestión catalana, sobre todo si tenemos en cuenta que el sondeo se hizo en el pasado otoño, cuando ésta tomaba vuelo. Ante la posibilidad de que desde Cataluña se plantee la opción secesionista, un sector de la población del resto del Estado respondería por elevación con un rechazo absoluto del modelo autonómico que, desde su perspectiva, habría abierto aquella espita. Aunque no cabe dudar del carácter moldeador y reduccionista de los sondeos en relación con los auténticos contenidos de la opinión pública al ajustar éstos a las preguntas que se plantean, no parece descabellado pensar que sectores importantes de la ciudadanía en aquellas comunidades autónomas en las que la identificación con la identidad española es elevada, teniendo incluso escaso peso las identidades compartidas que combinan el sentimiento de pertenencia a lo local con el de la patria española, prefieran la eliminación del régimen territorial descentralizado de cara a asegurar el mantenimiento de un único demos. Con toda probabilidad, explorar en qué medida en dichos territorios su población estaría dispuesta a la fragmentación de dicho demos único en varios demos según modelos de federalismo asimétrico o plurinacional también se zanjaría en un ejercicio vano.
Para finalizar, ese clima de opinión podría servir como sustrato de crecimiento a opciones políticas como UPyD que hacen de la centralización un argumento nuclear de su programa, sobre todo en detrimento del Partido Popular en cuanto que las proclamas recentralizadoras formuladas por algunos líderes de esta última formación chocan, al menos de momento, con las querencias de los líderes regionales de la misma, tal y como pusieron de manifiesto Sonia Alonso, Laura Cabeza y Braulio Gómez en su documento de trabajo titulado “¿Dicen los partidos estatales lo mismo en todas las Comunidades Autónomas?” al analizar los programas de aquélla en las elecciones autonómicas del período 2011-2012. Otra cosa, obviamente, es que, andando el tiempo, el partido de Rosa Díez tenga un efecto tractor sobre el PP en el caso de que éste detecte que las tesis de aquél tienen refrendo entre la ciudadanía.
Y en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra podría ser que nuestros regímenes concertados tropezasen en los años venideros con turbulencias derivadas de ese clima de opinión recentralizador.
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