HUBO VIDA MÁS ALLÁ DE 1521.

A pesar de poner el acento, sobre todo, en el proceso de conquista de Navarra por parte de Castilla de los años 1512-1521 y de no pormenorizar demasiado en las características del nuevo status político-institucional en el seno de la monarquía hispánica, uno de los elementos nucleares del actual pannavarrismo soberanista y vasquista de los últimos veinte años (y que, en cierta forma, lo diferencian de algunas versiones previas del mismo) es su interpretación radical, en línea con su soberanismo, de que aquel proceso inauguró una etapa absolutamente negativa de subordinación y sometimiento de la que nada debe ser rescatado ni recordado. Además, esa postura se complementa con otras consideraciones fuertes e indubitadas: a la de que el Reino de Navarra sería un Estado consolidado con un desarrollo institucional inmaculado se añaden la de la vigencia de un patriotismo inequívoco, entendido a la manera moderna, que explicaría la dura resistencia ofrecida por algunos sectores al ataque castellano y la de la existencia de un volkgeist traducido políticamente en una evidente vocación de reunir y representar los territorios históricos vascos, frustrada en 1175-1200 por la voracidad imperialista castellana. Por otra parte, a través de una línea de difusión de los mensajes que tiene más que ver con el agit-prop que con la historiografía convencional también se advierte en aquella corriente una clara tendencia autodefensiva de rechazo de las críticas mediante el recurso de achacar a éstas un origen espúreo e interesado al servicio del poder español o del navarrismo upenista. En este sentido, es llamativo el esfuerzo por presentar el proceso de conquista como ilegal, coercitivo y violento como si estos caracteres fueran negados por los demás autores.

Desde nuestro punto de vista, las afinidades sentimentales que puedan sentirse por la pérdida de la condición de reino soberano y de estatalidad de Navarra no pueden hacernos caer en el panegírico de la situación previa y en la refutación absoluta de todo lo posterior, máxime cuando una multiplicidad de aspectos desarrollados en el periodo inaugurado tras 1512-1521, y que han constituído elementos nucleares de los discursos que trataron de defender la singularidad de nuestra tierra frente a los intentos homogeneizadores del poder central a lo largo de todo el periodo que llega hasta 1839-1841, han permanecido en el imaginario de muchos navarros, no sólo del navarrismo españolista sino también del nabarrismo euskaltzale, desde finales del ochocientos hasta la actualidad.

Ciñéndonos por razones de espacio al ámbito de lo políticoinstitucional y de los discursos a él asociados creo equivocado el rechazo sin más de todo lo posterior a 1521. Más allá de la consideración crítica que pueda merecer el cambio de status de reino independiente a reino dentro de la monarquía hispánica, resulta necesario valorar adecuadamente la progresiva articulación de unos argumentos de naturaleza ciertamente variada que incidirán en la conformación de una corriente ideológica referida a las relaciones entre el reino navarro y la monarquía española en términos de pactismo bilateralista y que dará señales de vida muy tempranas, consiguiendo logros nada despreciables, sobre todo en el terreno de las realidades institucionales, ciertamente trascendentales. El nuevo marco político institucional en el que se desenvolvió el reino de Navarra a partir de 1512 dio lugar a la introducción de diferentes innovaciones institucionales que en parte fueron producto de la conquista (la figura del virrey y las transformaciones registradas por el Consejo Real), pero que también fueron ocasionadas de forma llamativa por un desarrollo mucho más profundo que el registrado hasta entonces por instituciones ya existentes de gran importancia tales como las Cortes y por el surgimiento de otras, como la Diputación permanente, hasta finales del siglo XVI non nata. Y es que conviene recordar que el ordenamiento institucional navarro de principios del siglo XVI era bastante inferior, por ejemplo, al de los territorios de la Corona de Aragón ya que el reino de Navarra carecía de diputación permanente (que tampoco existía en Castilla) y sus cortes tenían menos competencias.

Tampoco hay que olvidar que el periodo abierto tras 1512 se caracterizó por una gran actividad creativa también en el aspecto doctrinal. Frente a las tesis que servían al afán asimilador del poder central castellano a partir de la refutación de los elementos de diferenciación del reino navarro, poniéndolo bajo la dependencia de las monarquías antecesoras del reino castellano y remarcando la soberanía sin cortapisas de los reyes absolutos de la monarquía hispánica de la Edad Moderna, se alzó una propuesta particularista que subrayaba que, tras 1512, Navarra era un reino diferenciado de Castilla, insistiendo en el carácter de principalidad o entre iguales de la unión del reino navarro con el castellano después de aquella fecha, fundamentándose en un concepto de soberanía limitada de la autoridad regia a causa de la obligación de ésta de contar con el consenso de las Cortes navarras.

Las instituciones navarras, cada vez con más poder reclamatorio por las mayores competencias conseguidas por las Cortes o por la Diputación gracias a las concesiones explícitas de los Austrias y al aprovechamiento de cualquier resquicio u oportunidad por aquéllas en el caso de las no explicitadas, protagonizaron una relectura vivificante de las disposiciones del Fuero General en una continua interpretación dúctil. A su vez, las instituciones navarras se retroalimentaban positivamente de dicha relectura creativa mediante una lógica jurídica en espiral fundamentada en la incorporación progresiva a su discurso jurídico-político de las reclamaciones y de las leyes obtenidas del monarca que permitían interpretar aquél en la dirección más conveniente para el reino.

Conceptualizar todo ello como argumentos discursivos propios de UPN nos llevaría en último extremo a un desenfoque descomunal: el de alinear indebidamente a personajes de señalado compromiso con el autogobierno de Navarra como el tiebastarra Juan Bautista de San Martín y Navaz o el pamplonés Ángel Sagaseta de Ilurdoz, sólo porque no se atrevieron (?) a ir más allá de la defensa de una solución radicalmente pactista con la monarquía española, aún cuando el segundo de ellos llegaría a ser el principal denunciante de la forma en que llevaría a cabo el proceso de modificación de fueros, siendo incriminado en la intentona de octubre de 1841, la única ocasión en la que se reivindicó con las armas la reintegración foral plena.

LAS RAZONES DE LA VARIABILIDAD LOCAL DE LA LIMPIEZA POLÍTICA EN LA RIBERA.

La variabilidad, según los pueblos, de la limpieza política en la Ribera de Navarra también ha sido comprobada en la Rioja, una región vecina en la que la represión fue, asimismo, mayor allí donde el sindicalismo agrario de clase tenía más fuerza, donde la izquierda tenía más apoyo electoral y donde más acciones colectivas de protesta había habido. Es remarcable que las localidades navarras donde la limpieza política fue más intensa, eran adyacentes o estaban relativamente próximas a las zonas riojanas en las aquélla fue mayor. En el partido judicial de Logroño se contabilizan 595 asesinados, 504 en el de Calahorra, 253 en el de Alfaro, 190 en el de Arnedo.

Gil Andrés ha insistido que en la necesidad de profundizar en el hecho de por qué en unos pueblos la violencia fue más intensa y cruel que en otros y por qué hubo, junto a quienes participaron en la represión, quienes no denunciaron a nadie e incluso ayudaron a los perseguidos. En la Rioja, según el mismo autor, “Hubo pueblos donde la estructura de la propiedad de la tierra, las divisiones sociales y los conflictos previos eran muy parecidos y, sin embargo, el grado de violencia que sufrieron sus habitantes fue muy diferente” a causa de la acción de “un factor muy importante: la actuación concreta, en cada caso, de los poderes locales”. “Hubo lugares donde las voces oportunas del alcalde nombrados por los rebeldes, del párroco local o de un terrateniente con relaciones clientelares impidieron que se cometieran asesinatos o, al menos, intentaron frenar la espiral del terror homicida mediando ante la guardia civil o los dirigentes de las milicias de requetés y falangistas”, siempre y cuando fueran “personas de reconocido prestigio dentro de la comunidad que, por supuesto, no fueran sospechosos de desafección al <<Movimiento>>”. Con todo, además de la acción de los poderes locales, no hay que olvidar que personas corrientes participaron en las purgas en una dinámica de vecinos contra vecinos, personas “normales que no representaban ni al capital, ni a los militares ni al clero”, “pequeños labradores, muchos de ellos también jornaleros”, corroborando “que la infamia, la barbarie y el crimen habitaron entre nosotros”. 

Gil Andrés, por lo tanto, diferencia un doble plano causal. Uno de ellos, serían los más estructurales o globales, citando aquí cuatro factores como explicativos de la represión: “El terror totalitario impuesto desde arriba, la existencia de conflictos sociales previos, la implicación decidida de los poderes locales en el proceso de limpieza política y la capacidad de discurso ideológico, nacionalista y religioso para movilizar a los ciudadanos corrientes, fundamentalmente a los pequeños propietarios campesinos” Más allá de ese plano, habría otro que atendería a las razones más personales: los ajustes de cuentas, las rencillas y las rivalidades personales  y familiares. Esas cuestiones privadas estarían relacionadas  “con los problemas fundamentales de las comunidades rurales, desde el control y el uso de los recursos comunales, pasando por la estructura de la propiedad de la tierra, la función social de la Iglesia, el peso de los poderes locales en un escenario de amplia movilización política y el conflicto existente entre identidades cruzadas como la clase, el género, la edad, la nación, la religión o el sentimiento de pertenencia a la comunidad, un complejo entramado de relaciones interpersonales cruzadas por el parentesco, la amistad y la vecindad” .

La colisión entre los dos planos determinó las dimensiones de la masacre. Por un lado, quienes detentaban el poder de decidir sobre la vida de las personas pudieron obligar a algunos, tal y como decía un informante riojano, a “matar y ensuciarse las manos, porque así ya no pueden volver atrás”, porque “el que tiene las manos sucias ya es más papista que el Papa, ya no se vuelve atrás” . Por otro, en una situación en que la tibieza o la pasividad están mal vistas, la colaboración con las milicias locales era un salvoconducto que “para los más significados es el camino de la promoción social y la recompensa económica; para los jóvenes, un rito de iniciación política y de integración en el colectivo de los vencedores; para la mayoría, un resguardo que limpia un pasado peligroso y pone a salvo a la familia en un entorno tan inseguro como amenazante como el de la comunidad rural”. Así, las conciencias individuales basadas en la identidad comunitaria fueron contaminadas por la propaganda, el adoctrinamiento y la disciplina, consiguiendo las invocaciones ideológicas deshumanizar al contrario, despojarle de los rasgos que lo identificaban como vecino .

En una línea similar a la de Gil Andrés para la Rioja se han manifestado otros autores como Cobo Romero para Andalucía. Para este autor, “Sin lugar a dudas, la persistente propaganda orquestada por las autoridades militares y civiles del bando rebelde, y la permanente alusión a los <<declarados enemigos de la patria>>, debieron hacer mella entre la población común. Y una innumerable multitud de individuos movidos por el miedo a sufrir represalias, por el deseo de verse reconocidos como auténticos leales a las autoridades militares recién instauradas, o por la simple satisfacción de sus deseos de venganza contra todos aquellos con los que habían sostenido frecuentes disputas de todo tipo en el conflictivo periodo histórico inmediatamente precedente, se aprestó a practicar toda suerte de delaciones. Haciendo llegar a las autoridades militares, y las fuerzas del orden público, infinidad de acusaciones particulares contra los integrantes de aquellos colectivos sociales cuya depuración, aniquilamiento o exterminio se propugnaba como objetivo inmediato. La participación en una auténtica orgía de venganza contra los identificados como <<enemigos de las esencias católicas, tradicionalistas y patrióticas>> de la nación hispana favoreció la solidificación, en el todavía confuso magma social adscrito al bando rebelde, de una informe multitud de lazos simbólicos. Contribuyendo, de esta manera, a la generación de una poderosa conciencia de pertenencia, entre todos cuantos colaboraban en las labores de exterminio y aniquilamiento de los <<antipatriotas>>, a un selecto grupo de protagonistas de una labor de profunda regeneración de la raza” .

LA VARIABILIDAD LOCAL DE LA LIMPIEZA POLÍTICA DEL 36 EN LA RIBERA.

El análisis de la intensidad de la limpieza política registrada en Navarra en la guerra civil por municipios permite otra visualización de la geografía de la misma, sobre todo al comprobarse que las apreciaciones sobre base comarcal se matizan un tanto porque, dentro de cada comarca, hubieron determinados pueblos que concentraron niveles mucho más altos que otros. Eso ocurre en Sakana con Alsasua, Ciordia y Olazagutía y también en la zona de la Ribera con los pueblos limítrofes con la Rioja, con una serie de pueblos situados al norte de las Bardenas y con varios pueblos del curso medio del Arga (Larraga, Berbinzana, Funes), a los que cabría unir Allo.

A través de una primera aproximación mediante las tasas de asesinados por cada mil habitantes de la Ribera, Sartaguda, localidad conocida como El Pueblo de las Viudas, aparece de forma destacada como el pueblo mártir por excelencia, con una tasa de 67,6 asesinados por cada mil habitantes, muy por encima del grupo de tres localidades que también sobrepasaron los 30 asesinados, Cárcar (33,1), Lodosa (31,7) y Mendavia (30,1), las tres localizadas en la misma comarca que aquélla, en la Ribera Occidental. En otras tres localidades (Funes, Azagra y Milagro, las dos primeras también englobadas dentro de aquélla, y la tercera en la colindante Ribera Central) hemos estimado niveles situados entre los 25 y los 30 asesinados, y en otras cuatro (Ribaforada, Peralta, San Adrián y Cadreita) los resultados se sitúan entre los 20 y los 25. Con todo, son los pueblos en los que el número de personas que perdieron la vida en manos de los sublevados se ubica entre los 15 y los 20 los casos más habituales: 15 localidades se encuentran en esos parámetros. Para finalizar, entre los 10 y los 15 asesinados hemos contabilizado 6 municipios; entre los 5 y los 10, se incluyen 7; y por debajo de los 5, 4.

A pesar de su significatividad inmediata, la aproximación anterior a las dimensiones de la represión franquista en la Ribera, fundamentada en las cifras de asesinados por cada mil habitantes, no es ni mucho menos perfecta. La razón es la de que el indicador utilizado no tiene en cuenta el mayor o menor volumen de población directamente represaliable existente en los diferentes pueblos. Es decir, se refiere a la población en general y no tiene en cuenta la mayor o menor presencia de gente de izquierda que era sobre la que cayó la violencia purificadora y extrema de carlistas y falangistas. Como quiera que la proporción de gentes de izquierda variaba bastante según los pueblos, ese indicador peca de una relativa tosquedad.

Si nos fijamos en las cifras máximas de votos alcanzados en cada municipio por la candidatura del Bloque de Derechas y por la candidatura del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, advertimos que solamente en unos pocos pueblos ganó claramente la lista de la izquierda a la de la derecha: Castejón, Sartaguda, Fontellas, Mendavia, Santacara, Cadreita, Valtierra, Lodosa y Andosilla. En Azagra, Cárcar y Tudela, por su parte, las dos listas contaron con un número similar de apoyos.

Por el contrario, en los demás pueblos de la Ribera las derechas superaron a las izquierdas. En Murillo el Fruto, Cortes y Ribaforada las izquierdas estuvieron en niveles en torno al 80/90 por ciento de las derechas. En San Adrián, Miranda, Falces, Peralta, Arguedas, Caparroso, Mélida, Marcilla, Milagro, Murillo el Cuende, Villafranca, Beire, Cintruénigo y Monteagudo los votos de las izquierdas se situaron entre el 50 y el 75 por ciento del obtenido por el Bloque derechista. En Sesma, Berbinzana, Larraga, Funes, Carcastillo, Olite, Pitillas, Buñuel, Cabanillas, Cascante, Corella y Fitero los votos de las izquierdas se situaban entre el 25 y el 50 por ciento de los del bloque constituído por carlistas y cedistas. Para terminar, en otros pueblos la mayoría de las derechas era mucho más abrumadora, siendo como mínimo cuatro veces más sus votos. Los pueblos que estaban en esta situación eran Allo, Dicastillo, Lerín, Mendigorría, Ablitas, Barillas, Fustiñana, Murchante y Tulebras.

Bajo todo lo anterior, a continuación presentamos una nueva medición de las dimensiones de la limpieza política franquista en la Ribera en la guerra civil. Se fundamenta en la proporción existente entre el número de hombres asesinados de más de 23 años y el número de votantes al Frente Popular. La razón de que nos fijemos en los asesinados de más de aquella edad radica en que la mayoría de edad electoral estaba a partir de aquel umbral. El motivo de que nos ciñamos a los hombres tiene que ver con la circunstancia de que todos los asesinados, a excepción de 34 mujeres, fueron de ese sexo.

Los pueblos en los que la proporción de hombres asesinados de más de 23 años superó el 20 por ciento de los votantes frentepopulistas fueron Allo, Sartaguda, Funes, Marcilla y Corella; los pueblos en los que se sitúa entre el 15 y el 20 por ciento fueron Dicastillo, Mendavia, Berbinzana y Larraga; y los pueblos en los que superó el 10 por ciento, sin llegar al 15 fueron Andosilla, Cárcar, Lodosa, San Adrián, Peralta, Milagro, Olite, Buñuel y Fitero. Según este indicador, Sartaguda (20,0) ya no ocupa el primer lugar sino que se coloca en la quinta posición. Después de Allo (33,7), que ahora proporcionaría el valor más alto, se situarían empatadas en la segunda posición Marcilla (23,6) y Corella (23,6), ubicándose después, sólo con unas décimas más que Sartaguda, Funes (20,3).

Con proporciones de entre el 5 y el 10 por ciento figuran localidades como Azagra, Lerín, Miranda, Cadreita, Murillo el Cuende, Beire, Caparroso, Mélida, Pitillas, Santacara, Valtierra, Villafranca, Ablitas, Cabanillas, Cortes, Fustiñana, Monteagudo, Ribaforada. Pueblos con niveles muy bajos de represión, de entre el 0 y el 5 por ciento, fueron Sesma, Falces, Arguedas, Carcastillo, Murillo el Fruto, Cascante, Castejón, Cintruénigo, Murchante y Tudela. Para finalizar, localidades sin asesinados serían Mendigorria, Barillas, Fontellas, Tulebras.

Con todo, si pensamos que los votantes del Frente Popular se dividían a medias entre votantes masculinos y femeninos, los datos son mucho más espectaculares. Bajo el supuesto de que entre los votantes del Frente Popular habría un número similar de votantes masculinos y de votantes femeninos, multiplicando por dos la cifra resultante de aquella proporción podríamos extraer el porcentaje hipotético de votantes masculinos al Frente Popular que fueron asesinados. Así, en Sartaguda habrían sido eliminados el 40 por ciento de los hombres votantes del Frente Popular. Los porcentajes, en este sentido, en otros pueblos habrían sido muy altos: Marcilla y Corella 47 por ciento; Funes, 41; Mendabia, 32; Larraga, 32; Dicastillo, 31; Berbinzana, 31; Peralta, 26; San Adrian, 24; Milagro, 25; Andosilla, 24; Cárcar, 24; Buñuel, 22; Fitero, 23, etc.

Por lo tanto, en la Ribera Estellesa habrían sido asesinados 1 de cada 4 hombres votantes del Frente Popular, en la Ribera Central 1 de cada 6 y en la Ribera Tudelana 1 de cada 8. Hablar de que fueron asesinados 1 de cada cuatro votantes al Frente Popular, (o 1 de cada 6 o 1 de cada 8) es hablar de auténticas limpiezas políticas en los que los simpatizantes de las izquierdas fueron auténticamente masacrados. Por otra parte, no hay que olvidar que, si desglosáramos los asesinados y los votantes por cohortes generacionales (es decir, en tramos de 20 a 29 años, 30 a 39 años, etc.), seguro que los resultados serían todavía más elevados, infiriéndose de ahí casi el exterminio prácticamente absoluto de algunas cohortes generacionales de izquierdistas en algunos pueblos.

Desde otro punto de vista, si cruzamos los pueblos según la relación entre los votos obtenidos por el Frente Popular y por el Bloque de Derechas y según la proporción de asesinados de más de 23 años sobre las de votantes frentepopulistas comprobaremos que existió una gran variabilidad. Hubo pueblos con mayoría de votos al Frente Popular que registraron mucha represión (Sartaguda, Mendavia), pero también se constatan localidades mayoritariamente de izquierdas en las que el número de asesinados fue relativamente bajo como, por ejemplo, Castejón o Fontellas. También se registraron casos de municipios en los que los entre los relativamente pocos votantes al Frente Popular se abatió una represión de grandes proporciones, caso de Allo, Funes, Corella, Berbinzana, Larraga o Dicastillo.

LA IMPOSIBILIDAD DE ESCAPAR. LOS BRAZALETES.

En una entrada anterior señalamos que la posibilidad de huída, registrada en la mitad norte de Navarra, no pudo darse en la Ribera donde las personas de izquierda, alejadas de las zonas leales al Gobierno o de la frontera francesa, fueron detenidas en sus pueblos o cerca de ellos, en muchas ocasiones tras haber estado vagando por los montes.

Sobre eso último, hay que recordar que la represión en la Ribera se llevó a cabo de una forma en extremo científica y metódica. Un bando que se difundió en algunos pueblos de la Ribera navarra el 21 de julio es elocuente en relación con la imposibilidad de huir de los fieles a la República puesto que les cerraba todas las vías de escape.

Ese bando dice lo siguiente: “Artículo Primero: Todo elemento extremista que al darle el grito de VIVA ESPAÑA no conteste de igual forma, será pasado por las armas en el acto; Artículo Segundo: Al presentarse las Autoridades a las inmediaciones de su domicilio y no salga el personal que haya dentro del mismo antes de la llegada de la fuerza con los brazos en alto gritando VIVA ESPAÑA, serán pasados por las armas en el acto; Artículo Tercero: Todo el personal extremista, sin distinción de sexo, que se encuentre dentro de la localidad o en el campo sin llevar un brazalete blanco en el brazo inquierdo y un volante que será entregado en el Ayuntamiento, será pasado por las armas en el acto; Artículo Cuarto: Todos los edificios o pisos habitados por los elementos extremistas tendrán, durante los días que dure el estado de guerra y a partir de las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde, abiertas las puertas y ventanas con las cortinas quitadas, para ser vistos por la Fuerza, el que no cumpla lo ordenado se hará fuego sobre el edificio o persona que en el mismo se encuentre mayor de 16 años; Artículo Quinto: En los registros domiciliarios que efectúe el personal a mis órdenes, en los edificios habitados por personal de derechas y encuentre en ella oculto algún elemento extremista, éste será pasado por las armas en el acto y al dueño del edificio se le aplicará como encubridor lo que marca el Código de Justicia Militar; Artículo Sexto: Todo individuo extremista, cuantas veces salga y entre del campo se presentará en el Ayuntamiento, a su salida para recoger el volante y a su entrada para entregarlo; advirtiendo que aquél que no lo efectúe y se le encuentre en el campo será pasado por las armas; Artículo Séptimo: Se advierte al personal de derechas que si algún individuo se interna en su domicilio violentamente, bien perseguido por la Autoridad o por cualquier otra circunstancia, si no lo pone inmediatamente en conocimiento de las Autoridades, se le aplicará lo que marca el Código de Justicia Militar como cómplice o encubridor”.

Uno de los aspectos mencionados en ese bando, la obligatoriedad de llevar brazaletes blancos en el brazo izquierdo, algo especialmente infamante, se ha constatado en numerosos pueblos, entre ellos, Azagra, Beire, Falces, Funes, Marcilla, Milagro, Murillo el Fruto, Olite, Peralta, Pitillas, Santacara y Sartaguda. Hay que llamar la atención sobre el hecho de que es una cuestión de la que en el Estado solamente hay testimonios en Navarra, no comprobándose en otros sitios. A nivel internacional los nazis obligaron a los judíos a llevar brazaletes en Alemania y a partir de 1939 en los territorios que ocuparon.

Precisamente en el Diario de Navarra del domingo 16 de agosto de 1936 se publicó un artículo titulado Los brazaletes, obra del corresponsal de dicho periódico en Peralta, que habla bien a las claras de la finalidad de dicho proceder y de los problemas que podía suscitar a juicio de aquél por la insinceridad de los desafectos. El artículo dice:

“Los primeros días de restauración y por orden de las autoridades militares se dispuso que para distinguirnos las derechas de las izquierdas, éstas, en la bocamanga se colocasen un brazalete blanco y por parte una indicación con los colores de la Patria, pero sin prescindir en ningún momento del blanco; y las derechas, un brazalete con los colores nacionales; así se hizo con muy buen acuerdo para que las autoridades sepan con quien tratan. Pero ahora viene lo que se esperaba y lo que deseamos rogándolo así a la autoridad militar que ese acuerdo se mantenga con carácter general, pues muchos parece que se tienen a menos el ostentar el brazalete que les corresponde, o sea el blanco y digo que les corresponde porque hasta el día que estalló este glorioso movimiento militar han sido los elementos más significados y los mayores enemigos de las derechas.

Otros alegan ser neutrales y así lo han demostrado ya que nunca se han metido en política, pero desde luego no han hecho nada por las derechas; ahora de buenas a primeras se han hecho fervorosos derechistas; si es así nos congratulamos. Pero lo que nunca consentiríamos [es] que lo hicieran por la situación que atravesamos. Papeles no, no y no. Si en cinco años han estado indiferentes con las derechas como justo castigo que se les condene a colocarse el brazalete blanco.

Algunos que son de para izquierda dicen que se ponen el brazalete de derecha porque tienen algún familiar en los voluntarios; a ésos corresponde que se les pongan tales, pero no al resto de la familia.

Y finalmente, algunos demasiado vivos, ahora que ven a España en pié, dicen que ellos votaron a las derechas. A éstos tenemos que decirles que todavía esto es peor o sea es mentir, porque gracias a Dios en el comité de derechas, del que tengo sumo gusto de ser su secretario, sabemos al detalle, todos los electores, absolutamente todos en cualquier momento todos cuantos trabajamos en asuntos electorales (Que ojalá no trabajemos más) podemos decir éste es de derechas, éste es de izquierdas, éste es abstenido (Estos últimos son los que desagradaban a todos) y mucho más cuando se trata de alguno que hoy no los ahorcarían por muchos miles de duros.

(...) Nada más, Que por ahora cada uno lleve el brazalete que le corresponde, en premio a sus actuaciones anteriores, que cuando purguen bien la falta, será ocasión para pensar lo que proceda”.

Todo lo anterior no fue inocuo. En las primeras semanas la guardia civil acompañada de milicianos de derecha que no se habían dirigido al frente realizarán batidas a la caza de los desafectos fugados, animados por las direcciones de sus partidos. El Diario de Navarra de 24 de julio reproducirá una Nota del partido Unión Navarra, integrado en la CEDA, dirigido “a los afiliados de esta organización y entusiastas juventudes de la JAP [Juventudes de Acción Popular, rama juvenil de aquélla]” en el que se decía: “En cuanto a los que quedais arma al brazo, vigilando en la zona ribereña, os encarecemos sigais con el mismo tesón desalojando de sus guaridas a todos esos elementos indeseables que ahora desahogan su rabia impotente con atentados cobardes”. En ese mismo número el corresponsal de Estella decía que el día anterior una compañía volante había recorrido “toda la Ribera de Navarra y parte de la Rioja” y que otra compañía había ido a Mendavia donde hizo algunas detenciones. Por último, añadía: “Hoy, para dar una batida a los escasos rebeldes que puedan quedar, han salido en diversos grupos, fuerzas que recorrerán Larraga, Berbinzana, Miranda de Arga, Falces, Peralta, San Adrián, Andosilla, Cárcar y Allo”.

GEOGRAFIA DEL 36: LA EXISTENCIA DE POBLACIÓN REPRIMIBLE Y LA POSIBILIDAD DE HUÍDA.

En estas semanas en las que se conmemoran cuatro años de la inauguración del Parque de la Memoria en Sartaguda queremos presentar diversas entradas sobre la represión en la Ribera.

Los asesinados por la limpieza política franquista en Navarra procedían en su inmensa mayoría de esa zona de Navarra. La Ribera Occidental tuvo 859 fusilados (el 30,1 del total de Navarra), la Ribera Central 363 (el 12,7) y la Ribera Tudelana 456 (el 15,9). Así pues, el sur de la provincia concentró el 59 por ciento de los asesinados en toda Navarra. En esas mismas comarcas el número de asesinados por cada mil habitantes fue superior al de la media navarra (8,3), destacando sobre todo por sus altísimos cocientes tanto lo que hemos denominado Ribera Occidental o Estellesa (21,1) como la Ribera Central (14.4), más que la Ribera Tudela (9,9). Del resto de Navarra, las cifras de la Montaña son ínfimas, a excepción de la Barranca (4,9). Otros entornos donde la represión se hizo notar, un tanto por debajo de la media navarra, fueron Pamplona (7,0) y la Zona Media Oriental (7,4), en especial, la zona de Cáseda, Gallipienzo, Sanguesa, Aibar, etc., pegante a las Cinco Villas de Aragón, una zona ésta con niveles muy intensos .

Pueden enumerarse diversas razones de esa geografía de la represión en Navarra. A nuestro juicio, las mayores o menores cifras de asesinados descansan sobre el mayor o menor peso de varios factores: la primera de ellas, la existencia de población reprimible, es decir, que hubiera habido población ideológicamente adversaria o enemiga desde el punto de vista ideológico-político de los sublevados; la posibilidad de huída de la misma; el grado de voluntad represora de los represores; el grado de cohesión de la comunidad; y el nivel de conflictividad de los años anteriores.

Una primera explicación de la geografía de la represión remite a la mayor o menor implantación geográfica de las opciones que no estuvieron detrás de la conspiración. Si atendemos a los porcentajes de voto de cada una de las tres opciones que se presentaron a las elecciones de febrero de 1936 veremos que era la Zona Media el ámbito donde el Bloque de Derechas, el sector político que organizó e impulsó la sublevación, tenía los mejores resultados, aglutinando casi ocho de cada diez votos y repartiéndose el 20 por ciento restante a partes iguales nacionalistas y frentepopulistas. En cambio, en la Montaña el apoyo a la derecha conservadora y tradicionalista era 7,5 puntos porcentuales menor, sumando las otras dos listas el 28,4 por ciento de los votos. En la Ribera era donde la candidatura derechista, con un 60,7 por ciento de los votos, encontraba un respaldo más magro y donde el Frente Popular hallaba un mayor eco, logrando un porcentaje del 37,8, más de veinte puntos inferior a aquél. Por lo tanto, las mayores cifras de asesinados de la Ribera tendrían que ver con la mayor presencia de la izquierda en esa zona. Sin embargo, también es verdad que no existió ni mucho menos concordancia matemática entre los porcentajes de votos de las opciones de izquierda y del nacionalismo con las dimensiones de la limpieza política.

El hecho de que no haya correspondencia proporcional entre las cifras de asesinados de la Montaña o de la Zona Media y las cifras de apoyo electoral que en esas zonas tenían republicanos de izquierda, nacionalistas, socialistas y comunistas con las respectivas de la Ribera, se puede explicar parcialmente por el hecho de que afiliados y simpatizantes de esas formaciones de aquellos dos ámbitos escaparon a Francia o a Guipúzcoa.

En localidades de la Montaña adyacentes o próximas a la frontera francesa como Bera, Baztán, Erro, Salazar, Roncal, Aoiz o Lumbier, individuos del bando republicano fueron a Francia, escapando de la represión. En Bera, según testimonios que hemos recogido, además de los carabineros que permanecieron fieles a la República y que marcharon hacia Irún, más de un centenar de militantes republicanos y ugetistas huyeron a Francia o hacia Guipúzcoa el 21 de julio de 1936. En Baztán, el alcalde y los concejales nacionalistas y republicanos marcharon para Francia. Además, uno de cada tres llamados a quintas en los dos primeros años de la guerra huyeron prófugos. De Erro-Burguete fueron igualmente una decena de vecinos los que cruzaron la frontera. Del Valle de Roncal hay testimonios que cifran en torno a unos 200 los jóvenes que marcharon a Francia. Lo mismo sucedió en la Barranca (especialmente en Altsasu, Ziordia y Olazti), desde donde centenares de hombres escaparon a Guipúzcoa, muchos de ellos alistándose en el ejército republicano.

Con todo, hay que hacer notar que en la capital navarra también se constata la existencia de personas desafectas a la sublevación que pudieron huir. Lo mismo sucedió en esos pueblos referidos limítrofes con Aragón, desde donde grupos de personas pudieron ir a zona republicana a través de las Cinco Villas para combatir por la República.

Por lo tanto, las menores cifras de fusilados de la Montaña y de la Zona Media (donde el Frente Popular y los nacionalistas en conjunto consiguieron respectivamente el 28,4 y el 21,0 por ciento de los votos, más de la mitad que el 39,1 conseguido globalmente por esos dos bloques en la Ribera) estarían interferidas por la huída de un relativamente elevado número de personas represaliables.

Como es obvio, esa posibilidad de huída no pudo darse en la Ribera donde las personas de izquierda, alejadas de las zonas leales al Gobierno o de la frontera francesa, fueron detenidas en sus pueblos o cerca de ellos, en muchas ocasiones tras haber estado vagando por los montes.

SOBRE LA DIPUTACIÓN EN EL FRANQUISMO.

A pesar del vigor y del reconocimiento académico obtenidos en los últimos lustros por la denominada historia actual o historia del tiempo presente, una de las mayores contradicciones de la historiografía y de los historiadores en general es la de prestar una mucha, o quizás mejor, muchísima menor atención al análisis de las épocas más recientes que son, precisamente, las que más han influído en la conformación del ahora. Aún cuando cabe pensar en la incidencia sobre el hoy en día de las estructuras de larga duración y de la concatenación de los fenómenos sucedidos desde siglos atrás, resulta a nivel científico poco satisfactorio obviar el poso de las ultimísimas décadas, sobre todo cuando éste ha condicionado altamente el presente.

El funcionamiento del régimen franquista y la artículación de las élites y de la redes clientelares dimanadas de ellas sigue siendo en nuestra tierra, y en muchas otras, una asignatura pendiente que casa mal con la preocupación por la memoria histórica, como si ésta debiera de circunscribirse a las represión de la dictadura, sin prestar atención a quienes se beneficiaron de la misma y salieron del final de la misma con una ventaja sustancial, habida cuenta de la naturaleza para nada rupturista del proceso de transición democrática. En otras palabras, hablar de éste último, sin referirnos para nada a la herencia de las décadas anteriores y de la positiva correlación de fuerzas disfrutada por los ganadores de la guerra civil y por sus descendientes, constituye un error epistemológico que se traslada a otros ámbitos, entre ellos el político.

En el caso de Navarra un puñado de obras, entre ellas como la más sobresaliente el Diccionario Biográfico de los Diputados Forales de Navarra (1931-1984) y de los Secretarios de la Diputación (1834-1984), publicada en 1998 por Ángel García-Sanz Marcotegui, César Layana Ilundáin, Eduardo Martínez Lacabe y Mikel Pérez Olascoaga, nos permiten extraer una serie de conclusiones acerca de las interioridades del funcionamiento del poder provincial durante el franquismo que ahora se mencionarán brevemente y que en entradas ulteriores se desarrollarán con mayor profundidad.

La primera de ellas es la importancia política y social de la Diputación de Navarra y de los diputados forales a la hora de la conformación de redes clientelares, lo que explicaría los apoyos electorales recibidos, más allá de 1979, por las formaciones de la derecha navarrista, vinculada por múltiples lazos (familiares, económicos, sociales, políticos) con quienes ocuparon posiciones relevantes en el régimen franquista. No sólo es que las competencias de la Diputación fueran superiores a las de las demás diputaciones del Estado, incrementándose los recursos económicos de que podía disponer la misma por el apoyo de Navarra al bando nacional en la guerra civil y por el trato preferente por parte de la Jefatura del Estado ante las pretensiones de nivelización y de intromisión procedentes del Movimiento. Además, el número de los miembros de la Corporación Provincial era mucho más bajo que en ningún otro sitio, no existiendo hasta muy entrados los años sesenta instancia de control alguna de su gestión.

Por otra parte, del análisis prosopográfico de los diputados forales del periodo 1939-1979, se infieren diversas conclusiones primordiales.

Con el franquismo, y como consecuencia de la guerra, irrumpió en la Diputación una clase política nueva con pocas conexiones con el pasado y sin vínculos con las sagas familiares que habían dominado la política provincial tradicionalmente hasta 1931. Considerando la falta de adversarios políticos fuera de la derecha, eso se debió a dos factores: la renovación que se produjo en el seno del carlismo y el peso que adquirió una fuerza nueva, la Falange.

Dentro de esa élite provincial, no cabe dudar de la importancia de determinadas personalidades por el elevado número de años que estuvieron el cargo de diputado: así por ejemplo, si Amadeo Marco fue diputado sin interrupción desde 1940, Julio Asiain Gurucharri lo fue desde 1958 y Jesús Fortún lo fue en 1949-1955, 1967-1974 y 1974-1979. Su trascendencia aumenta si consideramos que esos tres diputados configuraron un bloque inmovilista que votó de forma sindicada en los años sesenta y setenta, en un momento contra las iniciativas impulsadas por Huarte y en otro contra los afanes reformistas de un bloque minoritario de miembros de la corporación.

Por otra parte, los diputados forales constituyeron una élite mayoritariamente centrada en la política provincial: muchos de ellos fueron alcaldes de sus localidades y llegaron algunos de ellos a ser procuradores en las Cortes franquistas, en la mayor parte de los casos como representantes de la Diputación o como alcaldes de Pamplona, pero no se observan, salvo casos esporádicos, carreras políticas que traspasasen las fronteras navarras, accediendo a la alta política estatal o a la alta administración del Estado.

Por último, observándose contradicciones entre el sector más reaccionario y bunkerizado de la Diputación y los sectores más aperturistas, sobre todo por la querencia del primero por esquemas tradicionalistas ya superados, la aportación más significativa de la corporación provincial en su conjunto a lo largo del franquismo sería su apoyo a la estructuración definitiva del navarrismo cuarentayunista con unas bases jurídicas firmes y a su difusión entre la opinión pública.