LA RESURRECCIÓN DEL ASUNTO FASA. CRÍTICA DE UNA RECONSTRUCCIÓN INCOMPLETA. TERCERA PARTE

El asunto FASA, como tal, comienza el 18 de junio de 1979 cuando la Diputación acuerda abonar a aquella empresa 20 millones de pesetas que habían quedado aplazados y anticipar a la misma el importe del préstamo que le acordare conceder la CAN, cantidad que sería devuelta por esta entidad a la Diputación cuando se formalizasen las escrituras correspondientes. Los diputados asistentes a la reunión ignoraban completamente los créditos dados por la CAN a FASA y pendientes de amortización. Del Burgo, conocedor de la existencia de esos préstamos por ser avalista solidario de alguno de ellos, se ausentó de la reunión antes de la adopción del acuerdo manifestando que prefería ausentarse aún cuando ya no tenía ningún vínculos con FASA, existentes, según comunicó, hasta antes de acceder al cargo de diputado foral como accionista y secretario de su consejo de administración. Por lo tanto, del Burgo no hizo la más mínima alusión a que existieran en la CAN a favor de FASA créditos vigentes pendientes de amortización ni a la existencia de avales solidarios suyos, recalcando, además, que no estaba afectado por incompatibilidad legal alguna. Además, del Burgo fue conocedor del acuerdo y no mostró el más mínimo reparo sobre él.

La cuestión no estallaría hasta ocho meses después del acuerdo, el 7 de febrero de 1980, cuando la Diputación conoció del Director de Hacienda que la CAN no había reintegrado a las arcas forales el importe de 81 millones que, como anticipo, se había entregado a FASA. El diputado Lasunción elaboró un informe reservado para la Diputación sobre el tema señalando que, tras la concesión de dos créditos por un total de 81 millones por parte de la CAN a FASA el 28 de junio de 1979, el día siguiente, 29 de junio de 1979, se habían presentado en las oficinas de Contaduría de Fondos de Navarra Ignacio Irazoqui Araníbar y el jefe de créditos de la CAN, Fermín Vera, solicitando el libramiento de aquella cantidad. Estando ausentes de sus despachos el diputado de Hacienda, el director de Hacienda y el secretario general, que eran quienes debían haber firmado el libramiento, por las prisas se recurrió al único diputado foral presente, Ángel García de Dios (de HB), y al Subdirector de Hacienda y al Vicesecretario de la Diputación, también presentes, quienes firmaron sin sospechar que el dinero del anticipo se iba a destinar a cancelar los créditos anteriores que FASA tenía con la CAN. Esa cuestión tampoco habrían podido ser conocida por los titulares de los cargos, en la hipótesis de que hubieran estado presentes, por ignorar absolutamente la situación crediticia de la empresa ante la entidad. Lasunción señalaba en el informe que con los 81 millones se cancelaron dos créditos que sumaban 62 millones, llevándose Irazoqui los 19 millones restantes a FASA como única ayuda para la maltrecha economía de la empresa.

Los diputados desconocieron absolutamente el asunto porque incluso cuando el 21 de junio de 1979 la CAN tomó el acuerdo de concesión de los créditos para cancelación de un préstamo anterior no se les comunicó nada en absoluto. Estando aquéllos en la reunión (a excepción de del Burgo, Presidente del Consejo de Administración, que se ausentó afirmando que no tenía ninguna vinculación con FASA, lo que era una verdad a medias que no podía ignorar Juan Luis Uranga Santesteban, director-gerente de la entidad), éste último no dió ningún dato acerca del mismo ni sobre quiénes eran los avalistas.

Con el acuerdo desapareció la condición de avalista de del Burgo al cancelarse el préstamo en el que figuraba como tal, quedando FASA como deudora de otro crédito hipotecario de la misma cuantía y garantía inmobiliaria que el anterior. A efectos prácticos, la finalidad perseguida por el acuerdo de la DFN de ayudar a FASA para que la empresa no incurriera en suspensión de pagos (que fue estimada por la misma en 97 millones) se redujo al montante de 19 millones que Irazoqui llevó a la misma. En vez de entregar la CAN dinero a FASA después de haber hecho cuentas con lo que la empresa le debía, lo que sucedió es que la CAN recibió el dinero de la DFN de forma anticipada e impropia.

La publicación de la noticia en El País, con una acusación velada en el titular de supuesta malversación de fondos por parte de del Burgo (lo que era, según Gortari Unanua en el libro que estamos comentando, una absoluta falsedad), desató todo un chaparrón de reacciones y de derivaciones de naturaleza variadas, políticas, mediáticas y judiciales. Entre las políticas, sobresalieron la destitución de del Burgo de la Presidencia de la corporación foral y de su exclusión de la comisión negociadora navarra del Amejoramiento del Fuero, lo que fue acompañado con duros enfrentamientos en el seno de la Diputación y en el Parlamento. Todas esas repercusiones son descritas por Gortari Unanua con mucha prolijidad y exhaustividad a través de la recopilación y análisis de los acuerdos de la Diputación; de los debates en el Parlamento; de los artículos, comunicados y entrevistas publicados en la prensa por los protagonistas; de los comentarios valorativos de los periódicos; y de la jurisprudencia de los tribunales.

Finalmente Irazoqui fue absuelto en la jurisdicción penal tras la querella interpuesta por el Fiscal, previa denuncia de la Diputación, afirmándose que no había existido engaño en su actuación; del Burgo fue excluído por el Fiscal de la querella; y de nadie de la CAN fue imputado. No obstante, lo acaecido suscita el juicio valorativo de Gortari Unanua. La ejecución de los acuerdos de la corporación foral y de la CAN se debía haber hecho de otra manera. Además, aunque Irazoqui consiguió ahorrar así el pago de intereses a FASA, no fue lógica la actuación de Fermín Vera porque cancelaba unos créditos que no habían vencido todavía y que producían muy buenos intereses para la CAN, con lo que la entidad quedaba como perjudicada. Con ello, la CAN eliminó la posibilidad de que la hipótesis de la ejecución de los créditos en los que aparecía como avalista del Burgo (lo que podía producirse en cualquier momento dada la crítica situación de FASA, que de hecho hizo suspensión de pagos en septiembre sin que se formalizara el crédito, con lo que el anticipo de la Diputación nunca se recuperó) produjera serios problemas en el seno del propio Consejo de la entidad.

Por otra parte, Gortari Unanua considera que, desconociendo los demás diputados forales totalmente el asunto porque el director-gerente de la CAN y el presidente de la corporación provincial del Burgo no les suministraron la información complementaria pertinente, eran creíbles sus manifestaciones posteriores de que no habrían apoyado el acuerdo ni en la Diputación ni en la CAN de haber conocido esos extremos. Aunque no hay ninguna prueba fecaciente y directa de que del Burgo, presidente de la CAN y de la Diputación, hubiera intervenido personalmente en la cancelación de los créditos por él avalados, sí que puede afirmarse que no confesó la verdad y que, al igual que los demás avalistas solidarios, se benefició económicamente con la cancelación de los avales que tenía formalizados ante la CAN por medio del anticipo que, en cuantía indebida, se retiró de la contaduría de la Diputación. Del Burgo habría debido de haber explicado su verdadera posición personal en el asunto evitándose el escándalo político y el deterioro institucional que el caso llevó consigo. Por último, Gortari aduce el ejemplo de Industrias Armendáriz de Tafalla, en donde, en el contexto de una operación similar a la de FASA realizada por la Diputación, hubo perfecta coordinación entre la CAN y la corporación foral.

Gortari Unanua considera un grave error político la actitud de del Burgo por cuanto, a su juicio, si éste hubiera explicado su conducta ante el pleno de la Diputación, solicitando su amparo ante la falsedad de la acusación hecha por El País, no habría tenido lugar la excesiva politización que pagaron las instituciones navarras por efecto de la línea de defensa seguida por aquél. Gortari Unanua expresa asimismo su opinión de que del Burgo debía de haber actuado contra quienes utilizaron los 81 millones del anticipo para una finalidad no prevista por la Diputación ya que aquella cantidad no debiera haberse empleado para cancelar créditos ya existentes y menos tratándose de créditos que estaban garantizados con los avales solidarios de los consejeros de FASA. Desde su punto de vista, si la empresa no los podía amortizar, como era el caso, éstos deberían de haber respondido a sus obligaciones con su peculio particular. Del Burgo se habría equivocado al no pensar nunca en el resquebrajamiento de la confianza de los demás diputados suscitada por su forma de actuar, trasluciendo una evidente falta de capacidad de liderazgo de del Burgo. Para el secretario de la Diputación en aquel entonces, si del Burgo simplemente hubiera reconocido sus fallos al no proporcionar la información pertinente y hubiera actuado para reponer las cosas al estado en que estaban antes de consumarse el perjuicio para la Diputación, en el sentido de reconvenir a los demás avalistas para abonar el montante del anticipo perdido a través de sus haberes particulares, habría sido suficiente para desvanecer el asunto. De hecho, Gortari Unanua habría recomendado a del Burgo dimitir y defenderse desde su casa de las injustificadas imputaciones que se le hacían, pero se topó con su negativa bajo el argumento de que con ello habría defraudado a sus votantes.

Por último, negando que se tratara de un caso de corrupción política, Gortari Unanua cita entre los ganadores del asunto FASA a la CAN (por las actuaciones de sus altos empleados) y a los avalistas solidarios de la empresa (entre los que figuraba el propio del Burgo, presidente de la Diputación y de la CAN). Entre los perdedores estarían FASA que se fue a la quiebra, Ignacio Irazoqui por el quebranto de su fortuna familiar y la Hacienda navarra que nunca recuperó el importe de los 81 millones del anticipo que se fue directamente a la CAN con destino a un fin no previsto ni deseado por la Diputación. También, a juicio de Gortari Unanua, perdieron las instituciones públicas por los efectos políticos del asunto que hicieron que del Burgo tuviera que abandonar la presidencia de la Diputación y fuera excluído de la comisión negociadora del Amejoramiento del Fuero y que UCD se desangrara en luchas intestinas.

Desde nuestra perspectiva, las preguntas que finalmente se hace Gortari Unanua de por qué quienes salieron beneficiados del asunto, esencialmente del Burgo y la Caja de Ahorros, se comportaron como lo hicieron, sin valorar los perjuicios indirectos que ocasionaban a las instituciones en un momento crucial de la historia de Navarra, excede el ámbito de lo jurídicoadministrativo al que aquel autor intentó en un principio reducirlo. Más acertado sería asumir enfoques institucionalistas que, como es sabido, valoran la capacidad de influencia de las características de las instituciones de una sociedad determinada en las estrategias de los actores y en sus procesos de adopción de decisiones y que, partiendo del individualismo metodológico y de la teoría de la elección racional, tienden a considerar que los actores se comportan de acuerdo con el comportamiento de los demás actores y con la naturaleza de la estructura institucional existente. Según esas premisas, en los rasgos inherentes al sistema institucional predemocrático navarro de falta de control de las decisiones tomadas por un número reducido de personas, lo que posibilitaba la impunidad de comportamientos absolutamente discrecionales y que actuaban en beneficio de redes personales específicas relacionadas con el pasado, estarían las claves explicativas de lo acaecido. De hecho, el convencimiento del peso de esos factores en los diferentes sectores políticos, incluídos los de la misma UCD, contribuyó al desbordamiento del asunto FASA en el ámbito de lo político, tanto en el seno de la Diputación como en el Parlamento Foral recién constituído, en los medios de comunicación o en la mismísima calle.