El asunto FASA, como tal,
comienza el 18 de junio de 1979 cuando la Diputación acuerda abonar
a aquella empresa 20 millones de pesetas que habían quedado
aplazados y anticipar a la misma el importe del préstamo que le
acordare conceder la CAN, cantidad que sería devuelta por esta
entidad a la Diputación cuando se formalizasen las escrituras
correspondientes. Los diputados asistentes a la reunión ignoraban
completamente los créditos dados por la CAN a FASA y pendientes de
amortización. Del Burgo, conocedor de la existencia de esos
préstamos por ser avalista solidario de alguno de ellos, se ausentó
de la reunión antes de la adopción del acuerdo manifestando que
prefería ausentarse aún cuando ya no tenía ningún vínculos con
FASA, existentes, según comunicó, hasta antes de acceder al cargo
de diputado foral como accionista y secretario de su consejo de
administración. Por lo tanto, del Burgo no hizo la más mínima
alusión a que existieran en la CAN a favor de FASA créditos
vigentes pendientes de amortización ni a la existencia de avales
solidarios suyos, recalcando, además, que no estaba afectado por
incompatibilidad legal alguna. Además, del Burgo fue conocedor del
acuerdo y no mostró el más mínimo reparo sobre él.
La cuestión no
estallaría hasta ocho meses después del acuerdo, el 7 de febrero de
1980, cuando la Diputación conoció del Director de Hacienda que la
CAN no había reintegrado a las arcas forales el importe de 81
millones que, como anticipo, se había entregado a FASA. El diputado
Lasunción elaboró un informe reservado para la Diputación sobre el
tema señalando que, tras la concesión de dos créditos por un total
de 81 millones por parte de la CAN a FASA el 28 de junio de 1979, el
día siguiente, 29 de junio de 1979, se habían presentado en las
oficinas de Contaduría de Fondos de Navarra Ignacio Irazoqui
Araníbar y el jefe de créditos de la CAN, Fermín Vera, solicitando
el libramiento de aquella cantidad. Estando ausentes de sus despachos
el diputado de Hacienda, el director de Hacienda y el secretario
general, que eran quienes debían haber firmado el libramiento, por
las prisas se recurrió al único diputado foral presente, Ángel
García de Dios (de HB), y al Subdirector de Hacienda y al
Vicesecretario de la Diputación, también presentes, quienes
firmaron sin sospechar que el dinero del anticipo se iba a destinar a
cancelar los créditos anteriores que FASA tenía con la CAN. Esa
cuestión tampoco habrían podido ser conocida por los titulares de
los cargos, en la hipótesis de que hubieran estado presentes, por
ignorar absolutamente la situación crediticia de la empresa ante la
entidad. Lasunción señalaba en el informe que con los 81 millones
se cancelaron dos créditos que sumaban 62 millones, llevándose
Irazoqui los 19 millones restantes a FASA como única ayuda para la
maltrecha economía de la empresa.
Los diputados
desconocieron absolutamente el asunto porque incluso cuando el 21 de
junio de 1979 la CAN tomó el acuerdo de concesión de los créditos
para cancelación de un préstamo anterior no se les comunicó nada
en absoluto. Estando aquéllos en la reunión (a excepción de del
Burgo, Presidente del Consejo de Administración, que se ausentó
afirmando que no tenía ninguna vinculación con FASA, lo que era una
verdad a medias que no podía ignorar Juan Luis Uranga Santesteban,
director-gerente de la entidad), éste último no dió ningún dato
acerca del mismo ni sobre quiénes eran los avalistas.
Con el acuerdo
desapareció la condición de avalista de del Burgo al cancelarse el
préstamo en el que figuraba como tal, quedando FASA como deudora de
otro crédito hipotecario de la misma cuantía y garantía
inmobiliaria que el anterior. A efectos prácticos, la finalidad
perseguida por el acuerdo de la DFN de ayudar a FASA para que la
empresa no incurriera en suspensión de pagos (que fue estimada por
la misma en 97 millones) se redujo al montante de 19 millones que
Irazoqui llevó a la misma. En vez de entregar la CAN dinero a FASA
después de haber hecho cuentas con lo que la empresa le debía, lo
que sucedió es que la CAN recibió el dinero de la DFN de forma
anticipada e impropia.
La publicación de la
noticia en El País, con una acusación velada en el titular
de supuesta malversación de fondos por parte de del Burgo (lo que
era, según Gortari Unanua en el libro que estamos comentando, una
absoluta falsedad), desató todo un chaparrón de reacciones y de
derivaciones de naturaleza variadas, políticas, mediáticas y
judiciales. Entre las políticas, sobresalieron la destitución de
del Burgo de la Presidencia de la corporación foral y de su
exclusión de la comisión negociadora navarra del Amejoramiento del
Fuero, lo que fue acompañado con duros enfrentamientos en el seno de
la Diputación y en el Parlamento. Todas esas repercusiones son
descritas por Gortari Unanua con mucha prolijidad y exhaustividad a
través de la recopilación y análisis de los acuerdos de la
Diputación; de los debates en el Parlamento; de los artículos,
comunicados y entrevistas publicados en la prensa por los
protagonistas; de los comentarios valorativos de los periódicos; y
de la jurisprudencia de los tribunales.
Finalmente Irazoqui fue
absuelto en la jurisdicción penal tras la querella interpuesta por
el Fiscal, previa denuncia de la Diputación, afirmándose que no
había existido engaño en su actuación; del Burgo fue excluído por
el Fiscal de la querella; y de nadie de la CAN fue imputado. No
obstante, lo acaecido suscita el juicio valorativo de Gortari Unanua.
La ejecución de los acuerdos de la corporación foral y de la CAN se
debía haber hecho de otra manera. Además, aunque Irazoqui consiguió
ahorrar así el pago de intereses a FASA, no fue lógica la actuación
de Fermín Vera porque cancelaba unos créditos que no habían
vencido todavía y que producían muy buenos intereses para la CAN,
con lo que la entidad quedaba como perjudicada. Con ello, la CAN
eliminó la posibilidad de que la hipótesis de la ejecución de los
créditos en los que aparecía como avalista del Burgo (lo que podía
producirse en cualquier momento dada la crítica situación de FASA,
que de hecho hizo suspensión de pagos en septiembre sin que se
formalizara el crédito, con lo que el anticipo de la Diputación
nunca se recuperó) produjera serios problemas en el seno del propio
Consejo de la entidad.
Por otra parte, Gortari
Unanua considera que, desconociendo los demás diputados forales
totalmente el asunto porque el director-gerente de la CAN y el
presidente de la corporación provincial del Burgo no les
suministraron la información complementaria pertinente, eran
creíbles sus manifestaciones posteriores de que no habrían apoyado
el acuerdo ni en la Diputación ni en la CAN de haber conocido esos
extremos. Aunque no hay ninguna prueba fecaciente y directa de que
del Burgo, presidente de la CAN y de la Diputación, hubiera
intervenido personalmente en la cancelación de los créditos por él
avalados, sí que puede afirmarse que no confesó la verdad y que, al
igual que los demás avalistas solidarios, se benefició
económicamente con la cancelación de los avales que tenía
formalizados ante la CAN por medio del anticipo que, en cuantía
indebida, se retiró de la contaduría de la Diputación. Del Burgo
habría debido de haber explicado su verdadera posición personal en
el asunto evitándose el escándalo político y el deterioro
institucional que el caso llevó consigo. Por último, Gortari aduce
el ejemplo de Industrias Armendáriz de Tafalla, en donde, en el
contexto de una operación similar a la de FASA realizada por la
Diputación, hubo perfecta coordinación entre la CAN y la
corporación foral.
Gortari Unanua considera
un grave error político la actitud de del Burgo por cuanto, a su
juicio, si éste hubiera explicado su conducta ante el pleno de la
Diputación, solicitando su amparo ante la falsedad de la acusación
hecha por El País, no habría tenido lugar la excesiva
politización que pagaron las instituciones navarras por efecto de la
línea de defensa seguida por aquél. Gortari Unanua expresa asimismo
su opinión de que del Burgo debía de haber actuado contra quienes
utilizaron los 81 millones del anticipo para una finalidad no
prevista por la Diputación ya que aquella cantidad no debiera
haberse empleado para cancelar créditos ya existentes y menos
tratándose de créditos que estaban garantizados con los avales
solidarios de los consejeros de FASA. Desde su punto de vista, si la
empresa no los podía amortizar, como era el caso, éstos deberían
de haber respondido a sus obligaciones con su peculio particular. Del
Burgo se habría equivocado al no pensar nunca en el
resquebrajamiento de la confianza de los demás diputados suscitada
por su forma de actuar, trasluciendo una evidente falta de capacidad
de liderazgo de del Burgo. Para el secretario de la Diputación en
aquel entonces, si del Burgo simplemente hubiera reconocido sus
fallos al no proporcionar la información pertinente y hubiera
actuado para reponer las cosas al estado en que estaban antes de
consumarse el perjuicio para la Diputación, en el sentido de
reconvenir a los demás avalistas para abonar el montante del
anticipo perdido a través de sus haberes particulares, habría sido
suficiente para desvanecer el asunto. De hecho, Gortari Unanua habría
recomendado a del Burgo dimitir y defenderse desde su casa de las
injustificadas imputaciones que se le hacían, pero se topó con su
negativa bajo el argumento de que con ello habría defraudado a sus
votantes.
Por último, negando que
se tratara de un caso de corrupción política, Gortari Unanua cita
entre los ganadores del asunto FASA a la CAN (por las actuaciones de
sus altos empleados) y a los avalistas solidarios de la empresa
(entre los que figuraba el propio del Burgo, presidente de la
Diputación y de la CAN). Entre los perdedores estarían FASA que se
fue a la quiebra, Ignacio Irazoqui por el quebranto de su fortuna
familiar y la Hacienda navarra que nunca recuperó el importe de los
81 millones del anticipo que se fue directamente a la CAN con destino
a un fin no previsto ni deseado por la Diputación. También, a
juicio de Gortari Unanua, perdieron las instituciones públicas por
los efectos políticos del asunto que hicieron que del Burgo tuviera
que abandonar la presidencia de la Diputación y fuera excluído de
la comisión negociadora del Amejoramiento del Fuero y que UCD se
desangrara en luchas intestinas.
Desde nuestra
perspectiva, las preguntas que finalmente se hace Gortari Unanua de
por qué quienes salieron beneficiados del asunto, esencialmente del
Burgo y la Caja de Ahorros, se comportaron como lo hicieron, sin
valorar los perjuicios indirectos que ocasionaban a las instituciones
en un momento crucial de la historia de Navarra, excede el ámbito de
lo jurídicoadministrativo al que aquel autor intentó en un
principio reducirlo. Más acertado sería asumir enfoques
institucionalistas que, como es sabido, valoran la capacidad de
influencia de las características de las instituciones de una
sociedad determinada en las estrategias de los actores y en sus
procesos de adopción de decisiones y que, partiendo del
individualismo metodológico y de la teoría de la elección
racional, tienden a considerar que los actores se comportan de
acuerdo con el comportamiento de los demás actores y con la
naturaleza de la estructura institucional existente. Según esas
premisas, en los rasgos inherentes al sistema institucional
predemocrático navarro de falta de control de las decisiones tomadas
por un número reducido de personas, lo que posibilitaba la impunidad
de comportamientos absolutamente discrecionales y que actuaban en
beneficio de redes personales específicas relacionadas con el
pasado, estarían las claves explicativas de lo acaecido. De hecho,
el convencimiento del peso de esos factores en los diferentes
sectores políticos, incluídos los de la misma UCD, contribuyó al
desbordamiento del asunto FASA en el ámbito de lo político, tanto
en el seno de la Diputación como en el Parlamento Foral recién
constituído, en los medios de comunicación o en la mismísima
calle.
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