La tesis doctoral de
Ricardo Feliú, titulada La distribución social del poder: la
élite navarra en el cambio de siglo (1999 – 2004), defendida
en 2009 y de la que disponemos en la red tanto su versión íntegra como otra resumida publicada en la revista Hermes reconstruye las características del grupo social que ostenta el
poder de hecho en la sociedad navarra actual.
Ese grupo queda
articulado mediante unas redes de poder principales que recorren,
retroalimentándose, los ámbitos político, administrativo,
económico, intelectual y mediático y en las que los nodos
primordiales son UPN, el Gobierno de Navarra, el Diario de Navarra,
las dos universidades (aunque la Universidad del Opus, con una
importancia muy superior a la de la UPNA), el Consejo de Navarra, el
Consejo Económico Social, las fundaciones y sociedades públicas, la
ya extinta Caja Navarra, la Confederación de Empresarios de Navarra,
la Cámara Navarra de Comercio e Industria y la Fundación
Empresa-Universidad. En una posición secundaria se hallarían otros
nodos como los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, cumpliendo un
papel de legitimación social en el ámbito sindical de los dictados
de aquellos grupos preeminentes.
Cuantitativamente, la
élite navarra estaría formada por aproximadamente 114 personas, de
las que la mitad pertenecería al ámbito económico (de los cuales
el 55% son altos directivos, el 22% empresarios, un 16% agentes y
grupos de interés como sindicatos y patronal y solo un 7%
capitalistas financieros), un tercio a la élite burocrática
navarra, y el quinto restante a la clase política constituída por
altos cargos del Gobierno navarro y por personas relevantes de UPN y
PSN.
De esas 114 personas,
unas 90 se conformarían como la auténtica élite dominante y se
caracterizarían por una gran homogeneidad en cuanto a su extracción
social y a sus valores normativos e ideológicos. En su mayor parte
procederían de una vieja clase media-alta que supo aprovechar la
movilidad ascendente del desarrollismo franquista, reduciéndose a
menos del 20 por ciento los vástagos o parientes de la oligarquía
tradicional anterior. Todos ellos comulgarían en su mayor parte de
un mismo credo normativo en las esferas de lo políticoeconómico, de
lo religioso-moral y de lo identitario, siendo precisamente el
referente a la identidad colectiva el aspecto sobre el que regiría
un mayor consenso y el que se erigiría como más determinante. Todos
se definen como navarros-españoles, es casi inexistente cualquier
referencia a un sentimiento vasquista y se observa un fuerte
sentimiento en contra del nacionalismo vasco. El sentimiento
navarrista, aunque más matizado en su valoración de los elementos
culturales vascos, sería compartido por una veintena de personas,
de posición subsidiada a las anteriores y ubicadas en las cúpulas
de los sindicatos UGT y CCOO y que, pese a su extracción social
trabajadora y a sus creencias escoradas hacia la izquierda,
perpetuarían en su praxis los intereses de los que auténticamente
gestionan el poder en nuestra comunidad, obteniendo a cambio una
serie de cesiones para ellos y sus afiliados.
Como es sabido, el eje
nuclear de los comportamientos estratégicos de dicha auténtica
élite, actuante en todos los planos, y de la subélite a ella
supeditada, y que se limitaría a la esfera de lo sindical, pero con
ramificaciones secundarias también en otros ámbitos, sería la
exclusión de todos aquellos agentes considerados como favorables a
las tesis del nacionalismo vasco, o susceptibles de serlo, mediante la
aplicación tajante y radical de la teoría del cordón sanitario.
Esa argamasa excluyente fortalecería los nexos de unión de las
partes implicadas en la medida en que la discrecionalidad y el
oscurantismo de las pautas conductuales inherentes a aquélla
alimentan intereses puramente materiales en relaciones de bucle.
Bajo todo lo anterior,
cobra relevancia un reciente artículo de César Molinas tituladoTeoría de la clase política española publicado en el diario
El País.
Tras preguntarse por la inoperancia de los agentes primordiales de
cara a ofrecer respuestas ante la crisis, se subraya que la élite
española, en general, se ha comportado como una élite extractiva,
según el concepto acuñado por Acemoglu y Robinson, en el sentido de
fomentar un sistema de captura de rentas en su propio beneficio, y en
el de los grupos que les sostienen, relegando a un segundo término
el interés general de la nación. Dicha élite sería, según
Molinas, la principal responsable de tres burbujas (la inmobiliaria,
la de las energías renovables y la de las infraestructuras
innecesarias), así como del colapso de las cajas de ahorro. En su
enfoque se remarca el perjuicio ocasionado por el sistema electoral
de listas cerradas; por el control de las instituciones políticas,
económicas, sociales y judiciales por parte de los partidos
políticos mayoritarios; y por pautas de actuación relacionadas con
la evasión de responsabilidades y la animadversión hacia las
apuestas a medio y largo plazo vinculadas con el capital humano, así
como con la alta valorización de las estrategias aparentemente
rentables a corto.
No hace falta hacer un
gran esfuerzo de extrapolación para entender que todo ello también
se puede aplicar perfectamente a Navarra. Podrían añadirse, sin
embargo, algunos elementos que agravan la cuestión en nuestra
comunidad: sin ir más lejos, la opacidad con la que se han envuelto
tanto la desaparición de Caja Navarra como el rescate encubierto ligado a la solución dada al problema de la devolución del IVA dela Volkswagen. Con el primero de ellos se ha supeditado el
mantenimiento de una estructura crediticia a una geopolítica
financiera determinada; con el segundo, ha quedado dañada la
credibilidad del Convenio Económico y se ha empañado su
potencialidad de cara a fundamentar una economía con bases firmes,
máxime si tenemos en cuenta que la tutela del Gobierno central ha
permitido y permite una financiación suplementaria de naturaleza
irregular de en torno al 10 por ciento del presupuesto navarro.
Sin embargo, cabe añadir
algunas vertientes de la teoría primigenia en la que se basa el
artículo de Molinas, también vigentes aquí. Nos estamos refiriendo
a que el enfoque institucionalista de Acemoglu y Robinson pone el
acento en los efectos negativos de los sistemas institucionales y de
las estrategias que rehúyen la inclusividad de las diferentes
sensibilidades existentes en una sociedad y que desconfían,
excluyéndolos, de la lealtad y de las aportaciones de los agentes
sociales no representados en la élite gobernante. Las sociedades
modernas, a fuerza de plurales, no pueden sostenerse en estrategias
de monopolización del poder y de las instituciones al servicio de
unos pocos. En el caso de Navarra, donde los cleavages o líneas
divisorias de lo político conforman en la actualidad hasta hasta
seis espacios electorales diferenciados (PP, UPN, PSN, I-E, GB y
EHBildu) y donde los sondeos vaticinan, como en muchas otras partes,
una mayor fragmentación de la representación política, el
empecinamiento en modelos de usurpación del poder por parte de una
minoría no casa en absoluto con la dimensión de los retos actuales
frente a la crisis ni con los retos que en los próximos lustros
tendrá que afrontar la ciudadanía navarra en la esfera de lo
socioeconómico.
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