A finales de septiembre pudo conocerse que Navarra era la comunidad autónoma en la que más caída ha
registrado la inversión del Estado en los PGE para 2013, de un 68 por ciento.
Tras nuestra comunidad se situan Baleares (un 45% menos), la Comunidad Valenciana
(un 35,1 % menos) y el País Vasco (32,8 % menos). Por su parte, en Aragón el
descenso ha sido del 30,2 %, en Castilla-La Mancha del 28,4%, en Galicia
del 23,3%, en Asturias del 15,9 %, en la Comunidad de Madrid
del 14,28%, en Extremadura del 11,2% y
en Cataluña del 10,76 %. Por el contrario,
la inversión sólo aumentará en Cantabria, Murcia y Castilla y León. Más
allá de los porcentajes, la cifras absolutas terminan de perfilar el
significado de aquellos descensos porcentuales. La comunidad autónoma que más
inversión recibirá en términos absolutos será Andalucía, con una inversión de
1.632,84 millones de euros. Por detrás se sitúan Castilla y León (1.587,11
millones), Galicia (1.309,08 millones), Cataluña (1.262,30 millones) y la Comunidad de Madrid
(1.078,65 millones).Ya por debajo de los mil millones se sitúan la Comunidad Valenciana
(654,45 millones), Castilla-La Mancha (612,33 millones), Asturias (426,07
millones), Murcia (408,56 millones), País Vasco (350,36 millones), Aragón
(328,96 millones), Extremadura (327,60 millones), Canarias (269,54 millones),
Cantabria (159,55 millones), Baleares (78,72 millones), La Rioja (64,51 millones),
Ceuta (44,13 millones), Navarra (25,34 millones) y Melilla (22,77 millones).
Esta situación ha dado lugar hoy mismo a un debate en el Congreso de los Diputados motivada por un comentario
efectuado por el ministro Montoro a la intervención de la diputada de GB Uxue
Barkos en el que vendría a justificar el recorte en los PGE para Navarra con la
solución dada al tema del IVA de la Volkswagen y del rescate encubierto que
representaba para Navarra, de lo que ya hemos hablado anteriormente en este
blog. El titular de la cartera de Economía y Hacienda ha afirmado textualmente:
"¿Navarra? Claro que hemos apoyado a Navarra, lo hemos hecho de una manera
muy concreta y muy clara en procedimientos que eran discutibles, que estaban
sujetos a debate, a polémica, sobre la distribución del Impuesto sobre el Valor
Añadido". Posteriormente la diputada navarra ha planteado a los
responsables del Gobierno de Navarra que
expliquen y aclaren si es cierto que una y otra cuestión están
interrelacionadas.
Ya anteriormente, el 9 de
octubre, la misma diputada había denunciado el recorte y la actitud aquiescente
de UPN, apuntando que las inversiones en Navarra se habían visto reducidas en
más de un 80 por ciento en sólo tres años, al pasar de los 137 millones en 2011 a 24 millones para el
próximo año.
Todas estas cuestiones se
encuentran interrelacionadas con una pregunta escrita formulada por el diputado
Sabino Cuadra, de Amaiur, en el Congreso de los Diputados y de la que la prensa informó el 4 de octubre.
En el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados serie D de 18 de octubre, entre las páginas 297-298,
figuran los extremos de dicha pregunta para respuesta escrita, fechada el 1 de
octubre. En ella se apuntaba, tal y como se ha visto reflejado en los artículos
que se han ocupado del tema, que “a fines del pasado año 2011, los Técnicos del
Ministerio de Hacienda procedieron a realizar diversas revisiones e
investigaciones en relación con el cobro del IVA relativo a las ventas de los
vehículos Volkswagen fabricados en el Polígono de Landaben, en Nafarroa,
resultando de ello, según los citados Técnicos, la comprobación de diversas
irregularidades” y que “Como consecuencia de ello, en marzo del presente año la Hacienda estatal procedió
a reclamar al Gobierno de Navarra 1.513 millones de euros correspondientes a
ingresos dejados de percibir en los últimos 17 años, desde que la entonces
planta SEAT de Landaben fue adquirida por la multinacional alemana Volkswagen”.
Se añadía que “junto a ello, el Ministerio reclamaba también al Gobierno de
Navarra una cantidad de 780 millones de euros por las cantidades de IVA a las
que nos estamos refiriendo correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014”. En la pregunta el
interpelante se refería asimismo a la solución acordada por la Comisión de Arbitraje del
Convenio Económico el 7 de mayo por el que el Gobierno de Navarra pagaba 75
millones de euros, 25 por año, a la
Hacienda estatal en relación con el IVA correspondiente a
esos tres años y a que “quedaría en manos de la citada Comisión de Arbitraje resolver
sobre la posible presentación de un recurso en contra de la reclamación de los
1.513 millones de atrasos a las que antes se ha hecho referencia”. En la
pregunta Amaiur se refería a que “Todo lo expuesto ha sido realizado por medio
de unas negociaciones que apenas han trascendido públicamente y, lo qué es mas
grave aún, sin que haya sido dado a conocer, ni al Parlamento Foral, ni a la
ciudadanía navarra, el texto del Acuerdo al cual han llegado los Gobiernos
estatal y foral a través de la
Comisión de Arbitraje del Convenio. No solo esto, sino que la
propia presidenta del Gobierno de Navarra, en su comparecencia ante el
Parlamento Foral, realizada a últimos de junio a requerimiento de sus grupos,
ha señalado la improcedencia y la innecesariedad de que el citado acuerdo fuera
publicado”. Bajo todo ello se preguntaba
por “el contenido expreso” del Acuerdo de 7 de mayo de 2012, por “las razones
legales, fiscales, económicas, contables o de cualquier otro tipo que haya
podido justificar el rebaje de la petición inicial de 781 millones de euros
correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, a los 75 millones de
euros acordados”, por “las razones legales, fiscales o de cualquier otro tipo
que hayan podido justificar que los 1.513 millones de euros correspondientes al
IVA de los últimos 17 años hayan sido aplazados en el cobro”, por “las
condiciones concretas acordadas (plazos, cuantías, intereses,..) referidas al
cobro por parte del Gobierno del Estado —PP— al Gobierno de Navarra —UPN— en
relación con los citados 1.513 millones de euros”, por si ha habido alguna
cantidad que ha sido condonada por el Gobierno estatal al Gobierno de Navarra y
por si “tiene el Gobierno del PP un pacto con UPN consistente en el apoyo
diario que estos últimos están dando al Gobierno del PP en el Congreso de los
Diputados como contrapartida política al trato ventajoso dado por el Gobierno
del PP al Gobierno de Navarra en relación con el tema del IVA”.
También hay que recordar que el pasado lunes 8 de octubre la Mesa
y Junta de Portavoces del Parlamento Foral acordaron, por unanimidad que la Cámara comparezca, en caso
de que se abra, en el procedimiento contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional
tras el anuncio de UPyD de recurrir el acuerdo de la Comisión Coordinadora
del Convenio Económico por el que se modificaba el método para hacer efectivo
el ajuste de la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido en el
quinquenio 2010-2014, en el marco del citado Convenio. Los representantes de
todos los grupos presentes en el Parlamento navarro, también Bildu (partido que
en su programa para las elecciones al Parlamento de Navarra no mencionaba en absoluto el Convenio Económico y
que en su versión de EHBildu para las recientemente celebradas elecciones en la CAV hablaba de “recuperar la
soberanía fiscal plena, un objetivo imposible de garantizar con el actual
sistema de Concierto y Convenio Económico; y abandonar la tentación de imitar y
copiar las medidas fiscales aprobadas en Madrid"), atacaron tras esa decisión la
iniciativa de UPyD, posicionándose unánimente en defensa del régimen concertado
navarro.
No obstante, a pesar de que desde el punto de vista
técnico se ha razonado suficientemente la inviabilidad de
la judicialización del tema por parte del partido liderado por Rosa Díez por la
modificación de la estrategia comercial a partir de 1 de abril de 2012 por
parte de VW Navarra de forma que los vehículos producidos en Navarra se han
unido al procedimiento general de exportación directa desde las factorías
productoras a los lugares de destino, con lo que es la Hacienda Tributaria
de Navarra la que tiene que hacerse cargo de la correspondiente devolución del
IVA que soporta Volkswagen en los vehículos que exporta desde dicha fecha, la
realidad es que siguen existiendo dudas razonables de naturaleza política sobre
cómo se ha desarrollado la cuestión, tal y como expresaba la pregunta de Amaiur
y tal y como se desprende de la respuesta de hoy mismo del ministro Montoro. No
cabe olvidar que, previamente al acuerdo de la Comisión Coordinadora,
existió, según los indicios disponibles, un acta de inspección de la Agencia Tributaria
que motivó la solución finalmente alcanzada, lo que indicaría una
descoordinación rampante entre la administración navarra y la estatal para
llegar a tal punto. Eso y todos los aspectos oscuros del asunto implícitos en
la pregunta de Amaiur y en la respuesta de Montoro son los que de verdad debilitan
el régimen concertado, no posibles recursos ni el hecho de que se hable de él.
sabiendo que se puede tener una sociedad sin uso de dinero y con toda la tecnología para todos...
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