viernes, 31 de mayo de 2013

LA MIRADA CRÍTICA DE LOS NAVARROS


La consideración de una serie de respuestas correspondientes a Navarra del Tercer Barómetro Autonómico del Centro de Investigaciones Sociológicas, obtenidas en septiembre pasado y dadas a conocer hace un mes, y su comparación con las relativas a las demás comunidades autónomas permite vislumbrar que los navarros están comparativamente más irritados con sus gobernantes (es decir, con el gobierno de UPN liderado por la presidenta Barcina) que los ciudadanos de otras zonas del Estado. No obstante, también se detecta una mayor desafección con todos los políticos en general. 

Navarra, con un 65,6 por ciento de encuestados que calificaban de mala o muy mala la situación política de la comunidad autónoma respectiva (Pregunta 3), registraba una proporción de dicha opinión similar a la de Cataluña, a la de Madrid y a la de Murcia, pero inferior a las de los castellanosmanchegos, valencianos y andaluces, estas últimas en torno o por encima del 70 por ciento. Ahora bien, con un porcentaje del 70,4 por ciento, nuestra comunidad es la segunda en la que mayor número de encuestados opinaba que la situación política de Navarra era mucho peor o mucho peor que la de un año antes (Pregunta 5 de la Encuesta). 

Por lo que respecta a la situación económica de la comunidad respectiva, Navarra, con un 86,6 por ciento de respuestas que juzgaban que aquélla era mala o muy mala (Pregunta 4), se situaba en el entorno de las comunidades más pesimistas, sólo por debajo del 88,6 por ciento de los asturianos, del 88,1 de los canarios y del 87,5 de los valencianos. Por contra, los navarros serían los que más habían acusado el empeoramiento en la esfera de la economía en el curso del último año: el 91,7 de los navarros encuestados opinaba que la situación económica era peor o mucho peor que la registrada hace un año (Pregunta 6), una proporción muy superior a las de las demás comunidades ya que en únicamente en Canarias se superaba la barrera del 80 por ciento para esa opinión, situándose entre el 70 y el 80 por ciento solamente en seis comunidades (Asturias, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia). 

La valoración de que el Gobierno de la comunidad autónoma respectiva ha llevado a cabo una política mala o muy mala en relación con la economía encuentra uno de sus valores más altos también en Navarra, siendo apoyada por el 80,8 de los interrogados, una proporción solamente inferior a la consignada en Canarias. De cualquier forma, la opinión de que la oposición lo hubiera hecho igual de mal o peor es también muy generalizada: del 81,2 por ciento de los encuestados navarros (Preguntas 11a y 11b). 

Esa ambigüedad también se aprecia en las Preguntas 26 y 27 en las que se puede estimar el porcentaje de quienes consideran mala o muy mala la gestión del Gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva, así como de la oposición, desde la últimas elecciones. El porcentaje de los navarros disconformes con la gestión del ejecutivo de Barcina, del 56,1 por ciento, es el más elevado con diferencia: a continuación vienen el 46,9 de los canarios, el 46,4 de los valencianos, el 45,7 de los madrileños, el 44,8 de los castellanos-manchegos y el 42,0 de los aragoneses, siempre en relación con el respectivo gobierno autonómico. Con todo, también hay que tener en cuenta que un porcentaje similar juzga mala o muy mala la actuación de la oposición, un porcentaje solamente superado por los valores de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana, del 62,3 y del 54,9 respectivamente. 

En línea con lo últimamente expresado, la desafección hacia los políticos, culpándolos de la mayoría de los males en todos los ámbitos de esta crisis multiforme que desde la economía está salpicando a la política y a la sociedad, se evidencia de forma cristalina en las respuestas a la Pregunta 10 en donde se interroga por los principales problemas que se advierten en la comunidad autónoma respectiva, pudiéndose citar varios de ellos. Mencionándose en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas en primer lugar el paro, en segundo lugar los problemas económicos y en tercer lugar el de “los políticos”, Navarra destaca por ser la comunidad autónoma en el que la percepción de la clase política como uno de los principales problemas está respaldada por mayor porcentaje de encuestados, el 28 por ciento nada menos. Además de en la Comunidad Foral, solamente en Madrid (26,2 por ciento), Cataluña (25,1), País Vasco (24,8), Comunidad Valenciana (24,5) y Rioja (22,6) se sobrepasa el umbral del 20 por ciento. En las demás comunidades dicho valor está situado por lo general en torno al 15-17 por ciento.

Si las encuestas electorales de las que se rumorea hablarían de un complicado escenario político, estados de opinión como el que se apunta en los párrafos antecedentes vendrían a indicar la existencia de una disconformidad y de una divergencia de fondo no sólo entre gobierno y electorado de la oposición, sino incluso entre aquél y quienes lo apoyan electoralmente y también entre quienes son votantes de las formaciones de izquierda y nacionalistas de la cámara parlamentaria navarra y sus representantes en la misma. Con toda seguridad, dado que los datos del CIS, recabados al final del verano de 2012, son anteriores a las noticias de los últimos meses acerca de diferentes cuestiones, subsumibles en presuntas corruptelas que afectarían a diferentes ámbitos del gobierno, de la administración y de la representación política en Navarra, en el interín se habrá incrementado el deterioro de la valoración de la política y de la imagen de los políticos en nuestra comunidad. Aunque desde una perspectiva ingenua podríamos preguntarnos por las consecuencias de dicho deterioro y por si el desarrollo de la filosofía de la sospecha por parte de la ciudadanía hacia los comportamientos y actitudes de nuestros representantes en las instituciones no terminará por afectar a todas las opciones y a todo el sistema de partidos en general, alimentando el escepticismo hacia la democracia, no debemos olvidar que el nihilismo político suele ser más perjudicial para los partidos que abogan por la transformación económica, social y política a causa de ser sus votantes más exigentes en comparación con quienes apoyan opciones más continuístas. De forma tal que la labor de recuperación de la confianza en trance de perderse debería ser acometida por todas las formaciones, y sus mismos afiliados y simpatizantes deberían mostrarse exigentes con la puesta en marcha de mecanismos de habilitación democrática, similares a los que se han propugnado en estos últimos días, tanto desde alguna plataforma que ha recabado apoyos diversos como por parte de algún experto en comunicación política. Pero, no obstante, la reivindicación de la puesta en marcha de nuevas formas de hacer política debería, sobre todo, ser protagonizada por los sectores menos conformistas y más rupturistas con el status quo actual.

miércoles, 22 de mayo de 2013

NOTICIAS DESDE CATALUNYA.


En esta entrada queremos referirnos a dos cuestiones planteadas desde Catalunya. La primera de ellas es el artículo publicado hace unos días por Enric Juliana, comentarista político de La Vanguardia, sobre la postura manifestada por el lehendakari Urkullu contra la asimetría en los objetivos de déficit público y la concesión de un mayor margen a las autonomías del Arco Mediterráneo (Catalunya, Valencia, Murcia y Baleares), con unos índices muy elevados de deuda, lo que colocaría, según el autor, al presidente de la CAV y a su partido, sorprendentemente, junto con “el ala dura de la derecha española”. 

En el mencionado artículo Juliana afirmaba, en línea con otros artículos suyos anteriores, que “el presidente de la rica comunidad que no aporta nada –o muy poco– a la solidaridad interna española, se alinea políticamente con los dirigentes políticos de las regiones más beneficiadas por la citada solidaridad, lógicamente ansiosos ante cualquier modificación del statu quo, por pequeña que esta sea”. Y más adelante prosigue, ampliando sus dardos a Navarra, que “en la fase más exacerbada del debate territorial y en un momento de verdadero sufrimiento social por las políticas de austeridad, poca gente se pregunta en España qué sentido tiene que dos de las comunidades con mayor renta per cápita (País Vasco y Navarra, primera y tercera en el ranking, respectivamente) apenas no aporten nada a la solidaridad interterritorial, e incluso tengan saldos fiscales positivos en algunos ejercicios. Hay datos demoledores al respecto, pese a la opacidad que rodea el cálculo del cupo vasco y del convenio navarro. La renta per cápita del País Vasco es hoy casi 30 puntos superior a la media española. Sesenta puntos por encima de la región más pobre, Extremadura (datos de la Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística referida al periodo 2008-12). En plena crisis, las diferencias de renta regional se están acrecentando en España. El País Vasco tiene una renta per cápita anual de 30.829 euros, seguido de la Comunidad de Madrid (29.385 euros) y Navarra (29.071). Catalunya ocupa el cuarto lugar (27.248). Cierra la clasificacion Extremadura (15.394)”. Le duele al comentarista la asimetría en el tratamiento: la extracción del debate público en el caso vasco y navarro y la ubicación exclusiva de las reivindicaciones catalanas en el eje de la discusión. Y no deja de apelar a una distinción conceptual relevante (entre concierto, o convenio para el caso navarro, y cupo) y que puede afectar (a peor) a los flujos económicos entre los territorios forales constitucionalmente reconocidos y el Estado en estos tiempos de escasez en el que todas las comunidades autónomas pugnan por unos dineros complementarios que les permitan salir del atolladero. Si bien el concierto/convenio constituye un marco “intocable, a menos que se reforme la Constitución”, “el cupo es la resultante de un complejo método de cálculo (muy poco conocido por el gran público) sobre el coste de los servicios del Estado en el País Vasco [y Navarra]. Según como se calcule ese coste, la cuota sube o baja. En la primera mitad de esta década, los saldos fiscales fueron positivos. Una vez hechas todas las cuentas, hubo años en que el País Vasco, la comunidad más rica de España, recibió dinero adicional del Estado. El PNV tiene motivos para estar a la defensiva. Hay motivo, puesto que la última revisión de la ley Quinquenal del Cupo se produjo en 2007 y desde hace unos meses se está negociando su actualización. Urkullu se ha pronunciado contra la asimetría en el déficit, teniendo abierta la negociación con el Gobierno del PP sobre la actualización del cupo”. Además, recuerda Juliana otras variables añadidas dignas de ser meditadas: el fuerte envejecimiento demográfico de la CAV y de Navarra, los efectos de la crisis en esas comunidades y los problemas de afrontar en ellas procesos de devaluación interna a causa de la fuerte resistencia sindical. A la ausencia de mayoría política clara en el Parlamento de Vitoria citada por el periodista catalán habría que añadir la difícil situación políticoinstitucional en la que está inmersa Navarra con una derecha en minoría y un escenario político fragmentado en el que es complicado llegar a consensos positivos.

Las opiniones de Juliana, más allá de lo que explicitan (la recriminación al partido mayoritario de la CAV) y de lo que que olvidan (las actitudes de sostén al gobierno de Rajoy del partido mayoritario en Navarra, radicalmente anticatalanista), traslucen una desorientación: la provocada, tras comprobarse el torbellino de declaraciones de los barones regionales del PP en contra de un trato de favor para Catalunya en cuanto al déficit, por la desesperanza de una hipotética solución solución a los problemas catalanes en el marco constitucional español. Si la concesión de un cierto margen en el déficit desata tales reacciones, ¿cómo pensar en una hipotética extensión del régimen concertado a Catalunya o de un pacto fiscal con esa comunidad a través de la vía de una reforma constitucional?.

Ese interrogante conduce a la segunda cuestión, fuertemente imbricada con aquél en cuanto que supone la respuesta de quienes se han desengañado sobre la posibilidad de existencia de soluciones que no pasen por la ruptura y que, por lo visto, continúan su crecimiento en los sondeos electorales. Nos referimos a la presentación el pasado jueves 16 de mayo del documento “Les Institucions Polítiques de la Catalunya Independent” en el ciclo “Debats de la Conferència Nacional per la República Catalana” organizadas por la Fundació Josep Irla como trabajo previo para la Conferència Nacional per la República Catalana convocada por Esquerra Republicana para los días 6 y 7 de julio próximos en Hospitalet de Llobregat. El documento ha sido redactado por el catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra Ferran Requejo y por Marc Sanjaume y Lluis Pérez, miembros estos dos últimos del Grupo de Recerca en Teoría Política de la misma Universidad. El profesor Requejo cuenta con un extensísimo curriculum y sus aportaciones de la primera década del siglo acerca del federalismo plurinacional o asimétrico y de su engarce con la democracia liberal a través del enfoque comunitarista han sido de una gran importancia, comprobándose su huella entre nosotros, por ejemplo, en las renovadoras tesis programáticas de la extinta Nafarroa Bai de 2007 (y posteriormente presentes en los diferentes programas de la misma coalición y en los de su epígono Geroa Bai, pero nunca suficientemente socializadas por el miedo a comprometerse con los contenidos de los partidos que constituían dichas coaliciones) en el plano del intento de apostar por la profundización en el autogobierno navarro a través de la vía de los derechos históricos y de una perspectiva que le aproximaba a aquel federalismo, así como en el de la reivindicación de un nacionalismo cívico. Como reflejo de lo acontecido en muchos sectores de la sociedad catalana, el profesor Requejo en los últimos años, a causa del trauma ocasionado por el desenlace del proceso del Estatut, sentencia del Tribunal Constitucional mediante, así como por la irresolubilidad de la financiación autonómica catalana y el carácter drástico y temprano de los recortes en el estado de bienestar en Catalunya, ha pasado de defender aquellas tesis federalistas plurinacionales a postular tesis independentistas. Hay que decir asimismo que el mencionado profesor es miembro del Consejo de Transición Nacional de Catalunya, siendo el único politólogo del mismo. Ni que decir tiene que la lectura del documento es importante porque supone una propuesta de alteración del status quo de una gran trascendencia, tanto desde un punto de vista histórico como desde una perspectiva dirigida a los escenarios del futuro más cercano.

El objetivo del documento “es presentar, en líneas generales, un esbozo de diseño institucional de una Catalunya independiente. Un diseño que, de acuerdo con los modelos democráticos más avanzados que ofrece la política comparada actual, esté bien preparado para gestionar y proyectar al mundo los valores, las características y los intereses del país y de sus ciudadanos”. El informe está estructurado en ocho secciones referidas a los siguientes ítems: Tipos de democracia, Formas de Estado, Formas de Gobierno, Sistema electoral, Organización territorial, Estado de Bienestar, Control de Constitucionalidad y Reforma Constitucional. Dentro de la estructura de cada uno de los ítems no se procede a la manera, tan usual hoy en día en el caso de los programas que presentan los partidos políticos o sus think tanks, de presentar los razonamientos con metodología reduccionista de escuela de negocios de universidad norteamericana del Medio Oeste, sino que se incorpora un discurso plagado de potentes reflexiones al más puro estilo Requejo que finalmente desembocan en un apartado de conclusiones. Aunque por falta de espacio, no podemos en esta entrada ir más allá de comentar las conclusiones respectivas para cada bloque temático, recomendamos la lectura detenida de su contenido por cuanto contienen un recorrido exhaustivo, repasándose literatura especializada de gran interés, para cada cuestión.

Para el equipo redactor el tipo de democracia a instaurar en el sistema de gobierno democrático de la Catalunya independiente debería recoger “básicamente la tradición de las democracias representativas de raíz liberal, pero introduciendo elementos de carácter participativo. Asímismo, la yuxtaposición de argumentos teóricos -éticos y funcionales-, de argumentos basados en la experiencia empírica de la política comparada, y las características históricas y fácticas del país, apuntan hacia la conveniencia de que el diseño institucional combine las perspectivas de negociación y deliberación, así como de las democracias de consenso”.

En relación con la forma del Estado catalán, se parte de la inercia de las dos matrices sobre las que han basculado históricamente los proyectos políticos del catalanismo, si bien ambas hablaban de la incardinación de Catalunya en España, fuera en el marco de una República, fuera en el de una monarquía parlamentaria. Para el futuro próximo se plantean dos escenarios que recogen la dicotomía república/monarquía pero de forma rupturista, o cuasi rupturista, con el Estado español. Frente a una primera opción de “la proclamación de una República como la forma de estado de la Catalunya independiente”, se menciona “alternativamente” la posibilidad de una fórmula débilmente consociativa con el Estado español de carácter transicional a través del vínculo de la monarquía al contemplarse “la posibilidad de llegar a un pacto temporal con la Corona española haciendo un símil de la Commonwealth británica”, fórmula esta, según se recuerda, de la “que se dotó Irlanda en relación a Gran Bretaña después de proclamar la independencia o la relación que todavía mantiene la Corona británica con Canadá o Australia”.

Acerca del sistema de gobierno, la defensa del sistema de democracia parlamentaria se combina con la de un sistema semipresidencialista en cuanto que “podría permitir la combinación de las ventajas de cada forma de gobierno” al posibilitar “conservar la mayoría de las competencias en política interna por un primer ministro escogido por el parlamento” y “a la vez escoger de manera directa una figura que proporcionara liderazgo y visibilidad internacional al Gobierno de Catalunya ejerciendo de Presidente de la República”. Aunque “esta forma híbrida de gobierno no estaría exenta de posibles problemas asociados con el hecho de tener un ejecutivo bicéfalo”, éstos podrían atenuarse mediante la limitación constitucional de las funciones del presidente o mediante la introducción de un sistema de elección del parlamento y del presidente de dos vueltas similar al francés por cuanto “la doble vuelta promueve las coaliciones o los acuerdos entre partidos”.

Sobre organización territorial se parte de presupuestos de respeto al pluralismo nacional y cultural, así como de eficacia democrática, de territorialidad y de acomodación a las minorías histórico-culturales, y considerando la problemática de la distribución demográfica de la población catalana, se defienden tres opciones básicas de combinación de tres niveles administrativos, el municipal, el de las veguerías o comarcas y el del estado. La primera opción sería el de un modelo centralizado en el que el nivel local y estatal serían elegidos directamente por los ciudadanos, las veguerías no dispondrían de órganos de elección directa, sino en todo caso de manera indirecta a través de los representantes de los ayuntamientos, y en el que instauraría un régimen específico de autogobierno de carácter asimétrico para el valle de Aran. En la segunda alternativa regiría una descentralización amplia a favor de las veguerías, que dispondrían de competencias constitucionalmente bien definidas, con parlamentos representativos propios y en la que el valle de Aran tendría la misma solución asimétrica que en el caso anterior. Esta segunda alternativa plantearía la cuestión de la conveniencia de articulación de procedimientos intergubernamentales formales entre los gobiernos de las comarcas, con la posible inclusión de una segunda cámara parlamentaria. De cualquier forma, en este caso las veguerías “no serían actores en caso de reforma constiucional, la descentralización incluiría los poderes ejecutivo y legislativo, pero no el judicial, y el sistema fiscal sería común a toda Catalunya, con algunas posibles excepciones como el del valle de Aran”. Asimismo, esta opción, aunque “premitiría previsiblemente proteger los territorios poco poblados de manera más eficiente que en el modelo centralizado”, “aumentaría la complejidad institucional, y presupuestaria, y previblemente se pluralizaría territorialmente el sistema de partidos”. La tercera y última opción sería de tintes federalistas, y parangonable al modelo suizo, y en ella las veguerías sería “las unidades constituyentes del nuevo estado y, además de parlamento propio, dispondrían de representación en una segunda cámara” que podría ser elegida por los gobiernos comarcales o ser de elección directa. En este último caso la federación catalana reconocería una asimetría destacada en el caso del valle de Aran, contaría con una división competencial en el plano ejecutivo, legislativo y judicial, constitucionalmente establecida y con procedimientos de relaciones intergubernamentales. Las comarcas serían asimismo agentes en los procesos de reforma constitucional, exigiéndose el acuerdo de una mayoría de ellas para que la reforma fuera aprobada. Esta opción federal “equilibraría los poderes de los diferentes territorios, protegiendo mejor a la mayoría de las veguerías del enorme peso demográfico del área metropolitana de Barcelona”, si bien estaría afectada por unos costos y una complejidad más alta a todos los niveles.

En relación con el sistema electoral se confrontan dos alternativas, un modelo proporcional mixto y un modelo proporcional con voto de dos listas. El modelo proporcional mixto combinaría un sistema mayoritario basado en distritos uninominales y otro proporcional, con el fin de equilibrar el clientelismo ligado a los partidos políticos de los sistemas proporcionales y el clientelismo local de los sistemas mayoritarios uninominales. En el caso de un Parlamento de 150 escaños y de un número de siete veguerías con un número mínimo de dos escaños por veguería, los 136 escaños restantes se repartirían según la población, se elegiría por el sistema mayoritario uninominal a la mitad de los parlamentarios y la otra mitad sería elegida por un sistema proporcional, con una barrera electoral en los dos sistemas situada entre el 3 y el 5 por ciento de los votos. El modelo proporcional con voto a dos listas se basaría en una elección sobre listas referidas al total de Catalunya y de las que saldría el 50 por ciento del número de parlamentarios y en otra elección sobre listas para cada veguería para la otra mitad del parlamento con una modulación territorial referida a la representatividad según la cual habría un mínimo de dos o tres escaños por veguería con el fin de evitar “la barcelonización de la representación parlamentaria”. En los dos sistemas las listas podrían ser bien cerradas o bien abiertas. Como es obvio, ambos sistemas generarán polémica en torno a la representación mayor o menor de determinadas comarcas y de determinados electorados en cuanto que la geografía electoral catalana es ciertamente diferente en la conurbación barcelonesa de la del resto de Catalunya. De hecho, a mediados de 2011 ya se votó a favor de una moratoria de cara al establecimiento de la ley de veguerías, aprobadas por el tripartito el año anterior y puesta en cuestión por el Tribunal Constitucional en su Sentencia sobre el Estatut y por el mismo Consell de Garanties Estatutàries catalán.

El apartado referido al Estado de Bienestar es la formulación de un anhelo compartido también en la CAV, Navarra y otras zonas. Tras reconocerse que el estado de bienestar catalán, al formar parte Catalunya del estado español, obedece a la variedad mediterránea del mismo (caracterizado frente a otras variedades por un régimen fiscal poco progresista y de poca presión tributaria a las rentas más altas y con un nivel elevado de fraude fiscal), agravándose la problematicidad del mismo en el caso catalán por “un expolio fiscal producto del modelo de financiación [autonómico] español que representa, según diversos estudios alrededor del 8 por ciento del PIB de Catalunya, una cifra claramente superior a la de otros estados con modelos territoriales compuestos”, se explicita la aspiración a disponer de un estado de bienestar en el futuro “que se aproxime al modelo nórdico de carácter universalista, que tenga como objetivo la disminución de la pobreza y de las desigualdades”.

Respecto al sistema de control judicial de constitucionalidad se recomienda que el sistema de elección del Tribunal Constitucional catalán exija el acuerdo entre los partidos mediante el requerimiento de mayorías cualificadas en el Parlamento, así como la introducción de mecanismos “que fomenten la representación equitativa de colectivos que puedan verse periódicamente afectados por debates constitucionales en situación de desventaja, como ahora el Valle de Aran”. También se plantea la conveniencia de introducción de “algún mecanismo <<suave>> de control popular directo sobre los miembros del Tribunal Constitucional” como el que rige en Japón y de la limitación clara del tiempo de mandato de los mismos. 

Por último, la reforma constitucional en la futura Catalunya independiente podrá realizarse por la tradicional iniciativa parlamentaria a partir de la solicitud de una quinta parte de los diputados, pero también a través de una iniciativa popular que congregue las firmas de un 3 ó 5 por ciento del censo electoral. Por otra parte, el procedimiento de reforma constitucional podrá ser ordinario o extraordinario, en éste último caso aplicado a los aspectos constitucionales fundamentales y requiriéndose una mayoría cualificada más extensa en el Parlamento y un referéndum de ratificación en el que deberá de participar un 40 por ciento del censo como mínimo. También en este apartado se abre la posibilidad de establecer acuerdos políticos e institucionales con el resto de territorios de habla catalana y de establecer procedimientos ágiles de reforma de títulos específicos en lo que se refiere a la necesaria adopción de tratados internacionales, comenzando por las relaciones con la UE.  

Y todo esto ocurre cuando comentaristas de prestigio como Ignacio Sotelo nos recuerdan que estamos ante un fin de ciclo en el que se la sociedad española se vuelve a preguntar por la continuidad de la monarquía (cuestión que, por lo visto, también tiene una derivada catalana importante,protagonizada por los intentos de negocio de alguna cortesana y lasprotestas de algunos espiados), por el modelo socioeconómico de producción vigente y por la organización autonómica del Estado, aspectos cuya renovación a fondo, “a lo que sin duda empuja la gravedad de la crisis, (…) es algo que un régimen moribundo no está en condiciones de acometer”, pudiendo ser probable “que en los próximos años asistamos impasibles al desmoronamiento del orden institucional que, como ha ocurrido tantas otras veces en nuestra historia, desemboque en un nuevo período de inestabilidad en el que todo puede ocurrir”.

Desde un enfoque demoscópico la desafección ciudadana ante las instituciones y la fragmentación del electorado, de forma que los dos partidos mayoritarios estarían a fecha de hoy muy lejos de la mayoría absoluta (asignándose a IU unos 49 escaños en el Congreso de Diputados y a UpyD unos 30), que muestran las encuestas, indicarían que ya hemos entrado en ese periodo de inestabilidad en el que todo podría estar mucho más abierto de lo que parece. Un periodo caracterizado por frustraciones de todo calibre y tenor que se podrían proyectar en una variedad de direcciones.



 

viernes, 10 de mayo de 2013

LA PULSIÓN RECENTRALIZADORA DESDE ABAJO EN LA ESPAÑA INTERIOR.


Concentrada la atención de los expertos en la cuestión catalana, del tercer y último hasta la fecha Barómetro Autonómico del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (elaborado en septiembre-octubre del año pasado y cuyos datos se han dado a conocer hace dos semanas, pudiendo consultarse en el servidor de aquella institución) emergen corrientes de fondo inesperadas y llamativas desde muchas comunidades autónomas en relación con el modelo territorial autonómico español.

En muchas comunidades autónomas el porcentaje de quienes se posicionan en la pregunta 12 a favor de “un Estado con un único Gobierno Central sin Autonomías” es ciertamente alto. Apoyan esa opción más de un tercio de los encuestados en Murcia (41,6), Castilla-León (38,1 por ciento), Castilla-La Mancha (36,9), Comunidad de Madrid (36,8), Aragón (34,5) y Extremadura (34,1). Más de uno de cada cinco encuestados se identifica con ella en Comunidad Valenciana (30,6), Cantabria (30,3), Rioja (25,8), Baleares (20,9) y Galicia (20,1). Los porcentajes más bajos en pro de esa posibilidad se dan precisamente en la CAV (2,0) y en Navarra (2,8), que en razón de sus regímenes fiscales concertados constituyen espacios diferenciados dentro del Estado con una relación con éste de una cierta confederalidad. La proporción de catalanes favorables a una única administración regida desde Madrid, es del 11,0, mucho menos inferior a la proporción de andaluces (del 14,6) que lo que cabía esperar inicialmente. Cabría hablar, por lo tanto, que la opinión favorable a la alternativa máximamente recentralizadora, de abolición de las administraciones autonómicas, se ubica por lo general en las comunidades autónomas en las que no existen movimientos nacionalistas que planteen proyectos nacionales alternativos al español y en los que los estatutos de autonomía se concedieron a rebufo de la doctrina del café para todos que trataba de desdibujar y rasear las demandas de los nacionalismos periféricos históricos, en el clima de finales de los setenta en el que la izquierda unió la reivindicación descentralizadora a la democratizadora, sin que quizás la pulsión autonomista fuera de verdad sentida por el conjunto de la población. 

Las cifras anteriores son tremendamente expresivas, pero lo son todavía más si les añadimos los porcentajes de quienes apoyan la opción de “un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan menos autonomía que en la actualidad”. Sumando ambas, los favorables a un régimen unitario y centralista o a un Estado autonómico capitidisminuído llegan al 56,5 en la Comunidad de Madrid, al 56,2 en la Comunidad Valenciana, al 55,6 en Castilla-León, al 55,2 en Castilla-La Mancha, al 51,1 en Aragón, al 51,0 en Murcia, al 49,1 en Cantabria, al 44,6 en Extremadura y al 40,4 en La Rioja.

El sentimiento recentralizador se ha disparado en los ultimísimos años. En la segunda edición del Barómetro Autonómico elaborado por el mismo CIS y efectuado con arreglo a un trabajo de campo elaborado entre enero y marzo de 2010 la demanda de un Estado con un único Gobierno Central sin Autonomías en ningún sitio superaba el 25 por ciento, registrándose sólo tres comunidades autónomas en las que se situaba por encima del 20: Aragón (24,7 por ciento), Castilla-León (24,4) y Comunidad de Madrid (21,0). Esa opción encontraba valores entre el 15 y el 20 por ciento en Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia. Por otra parte, en la primera edición del mismo sondeo, de 2005, dicha opción sólo sobrepasaba el umbral del 10 por ciento en Aragón, las dos Castillas, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana.

El barómetro autonómico revela también que casi el 60% de los españoles quiere una reforma del Estado autonómico, frente al 31,6% que prefiere que el modelo de Estado permanezca como está. Dentro de los que opinan que es necesario el cambio, el 37 por ciento lo desea en sentido centralista. De ellos, el 23% cree que sería mejor un Estado sin autonomías y el 13,9% que las comunidades tuvieran menos competencias. Un 13,2% prefiere, en cambio, comunidades con más autonomía y un 9,7% un Estado que permita la posibilidad de que las comunidades puedan ser Estados independientes.

En el largo plazo la evolución a las diferentes opciones de modelo territorial en el conjunto del Estado muestran, tal y como se puede ver en esta entrada del blog El Politikon, basado en un artículo de Mireia Grau, que el apoyo al modelo autonómico fue in crescendo constantemente hasta 2008. Ya anteriormente, desde 2002, fue disminuyendo el apoyo a un modelo en el que las Comunidades Autónomas incrementasen sus niveles competenciales. No variando apenas los niveles de aceptación de posibilidades de ruptura del estado mediante procesos secesionistas, la reivindicación del modelo centralista decayó desde unos altos niveles del 30 por ciento en 1984 a niveles del 10 por ciento en los primeros años del siglo XXI, tendiendo al alza a partir de 2005, pero sobre todo a partir de 2008. El gráfico aportado por Alberto Penadés para el periodo 2009-2012 muestran la consolidación de esas tendencias en los últimos años. 

Puede suscitarse la duda de que el anhelo recentralizador sea producto de un análisis mínimamente racional de las ventajas aportadas por la descentralización autonómica a todos los territorios en las últimas tres décadas y media. Desde un punto de vista objetivo, parece difícil refutar la opinión del experto en federalismo y modelos territoriales Antonio Arroyo Gil de que “Visto en perspectiva, el Estado autonómico no ha generado desigualdades entre los diferentes territorios que lo integran y las personas que en ellos habitan. Antes al contrario, ha traído consigo un importante reequilibrio entre los antaño principales centros de poder y aquellas otras partes del Estado, que por encontrarse en la periferia, no sólo geográfica, padecían el abandono o la falta de atención de quienes tomaban las decisiones fundamentales. Hoy en día existe mucha más igualdad (de hecho y de oportunidades) entre las distintas partes de España y las personas que en ellas viven que la que existía hace treinta años”. Podría afirmarse que a quienes desean la recentralización total se les ha olvidado lo que es vivir bajo la tutela absoluta de Madrid, un escenario, por otra parte, del todo desconocido para los más jóvenes de ellos y cuya reivindicación suena más a pose que a otra cosa. 

Tampoco el argumento de la incidencia potenciadora de la crisis económica en relación con la desafección ciudadana hacia el modelo autonómico parece ser excesivamente razonable, toda vez que las comunidades autónomas son el pilar fundamental del estado de bienestar español al gestionar la mayor parte del gasto social. El que los recortes en dicho gasto, y sobre todo en educación, sanidad y dependencia, hayan sido protagonizados por las comunidades autónomas por el derrumbe de sus ingresos en los últimos años y por la política de ajustes dictada por el gobierno central, no tiene que hacer olvidar que las conquistas en la atención en materia educativa y sanitaria tuvieron directísimamente que ver con el entramado autonómico. 

Seríamos más bien de la opinión de que esa desafección obedece a una visión que responsabilizaría de la corrupción al tejido institucional autonómico, obviando que sistemas corruptos pueden darse tanto en contextos descentralizados como en centralizados. También creemos que debe considerarse el peso de una respuesta, surgida desde la emotividad política más primaria, a la cuestión catalana, sobre todo si tenemos en cuenta que el sondeo se hizo en el pasado otoño, cuando ésta tomaba vuelo. Ante la posibilidad de que desde Cataluña se plantee la opción secesionista, un sector de la población del resto del Estado respondería por elevación con un rechazo absoluto del modelo autonómico que, desde su perspectiva, habría abierto aquella espita. Aunque no cabe dudar del carácter moldeador y reduccionista de los sondeos en relación con los auténticos contenidos de la opinión pública al ajustar éstos a las preguntas que se plantean, no parece descabellado pensar que sectores importantes de la ciudadanía en aquellas comunidades autónomas en las que la identificación con la identidad española es elevada, teniendo incluso escaso peso las identidades compartidas que combinan el sentimiento de pertenencia a lo local con el de la patria española, prefieran la eliminación del régimen territorial descentralizado de cara a asegurar el mantenimiento de un único demos. Con toda probabilidad, explorar en qué medida en dichos territorios su población estaría dispuesta a la fragmentación de dicho demos único en varios demos según modelos de federalismo asimétrico o plurinacional también se zanjaría en un ejercicio vano.

Para finalizar, ese clima de opinión podría servir como sustrato de crecimiento a opciones políticas como UPyD que hacen de la centralización un argumento nuclear de su programa, sobre todo en detrimento del Partido Popular en cuanto que las proclamas recentralizadoras formuladas por algunos líderes de esta última formación chocan, al menos de momento, con las querencias de los líderes regionales de la misma, tal y como pusieron de manifiesto Sonia Alonso, Laura Cabeza y Braulio Gómez en su documento de trabajo titulado “¿Dicen los partidos estatales lo mismo en todas las Comunidades Autónomas?” al analizar los programas de aquélla en las elecciones autonómicas del período 2011-2012. Otra cosa, obviamente, es que, andando el tiempo, el partido de Rosa Díez tenga un efecto tractor sobre el PP en el caso de que éste detecte que las tesis de aquél tienen refrendo entre la ciudadanía.

Y en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra podría ser que nuestros regímenes concertados tropezasen en los años venideros con turbulencias derivadas de ese clima de opinión recentralizador.
 



 

domingo, 5 de mayo de 2013

PARADOJAS E INSUFICIENCIAS DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN RELACIÓN CON LOS VERDUGOS



La celebración ayer en Sartaguda del I Dia de la Memoria nos ha impulsado a hacernos eco de una información que hemos conocido recientemente por cuanto que tiene que ver con una vertiente importante de la gestión de la memoria. 

El 28 de abril conocimos que el colaborador de elplural.com Gerardo Rivas, había sido imputado por el titular del juzgado de instrucción número 37 de Madrid por vincular a la Falange Española de las JONS en uno de sus artículos publicado en dicho medio en marzo de 21012 con un “historial” de crímenes contra la humanidad. La imputación había sido a raíz de una querella presentada por Falange Española de las JONS que le acusaba de un delito de injurias graves hechas con publicidad. En su artículo, Gerardo Rivas criticaba a la Falange y al sindicato ultraderechista Manos Limpias por haber sentado en el banquillo al juez Baltasar Garzón por su investigación sobre los crímenes del franquismo y escribía “Cuando solamente [...] dos organizaciones, una, con un amplio historial de crímenes contra la humanidad y, la otra, un pseudo-sindicato heredero de las esencias franquistas -Falange Española de las JONS y Manos Limpias- habían conseguido el beneplácito de la máxima instancia judicial -el Tribunal Supremo- para sentar en el banquillo al juez que intento acometer la investigación de los crímenes del franquismo”. La querella nació por efecto de un escrito de rectificación en relación a dicho artículo, remitido pocos días después de la publicación del mismo, acogiéndose al procedimiento regulado en la Ley 2/84, de 26 de marzo, de derecho de rectificación por Jorge Garrido, Delegado Nacional del Servicio Jurídico de Falange Española de las JONS. El escrito se basaba en que “los crímenes contra la humanidad son delitos y que es rotundamente falso que Falange Española de las JONS haya sido condenada jamás por esos supuestos crímenes que jamás cometió, su publicación ha hecho una imputación falsa, algo que excede claramente de lo opinable y entra, como ha reiterado en numerosas ocasiones la jurisprudencia, en el ámbito de los hechos, estando calificada en el vigente Código Penal como delito de calumnias”.

Posteriormente, la Falange presentó su querella después de que no diera resultado el acto de conciliación al que ambas partes fueron citadas en el juzgado de primera instancia número 91 de Madrid. A su vez, la defensa de Gerardo Rivas, representado por el abogado de Barcelona Eduardo Cáliz, ha presentado un recurso contra la admisión a trámite de la querella y la imputación del articulista. En su recurso, el abogado de la defensa mantiene que “es innegable hoy en día la participación de la Falange en crímenes contra la humanidad”, dado que, a su juicio, “es una evidencia histórica que las fuerzas que se sublevaron contra el Gobierno surgido de las urnas durante la Segunda República planearon el exterminio y la persecución sistemática de la oposición política”. El recurso reproduce algunos de los argumentos que mantenía Garzón en uno de los autos de su investigación contra los crímenes del franquismo: “La acción fue coordinada y dirigida por las sucesivas Juntas Militares en tiempos de guerra y los Gobiernos sucesivos, al menos en las estructuras estrictamente político-militares y no simplemente técnicas, sin olvidar la acción de estructuras paramilitares como la Falange”. A su vez, se ha abierto una campaña en Internet de apoyo al periodista y de autoinculpación de su supuesto delito en el que se dice que “comoquiera que la libertad de expresión está consagrada en la Carta Magna y que la participación activa de Falange es un hecho indiscutible históricamente, Los abajo firmantes hacemos nuestras las palabras de Gerardo Rivas Rico y nos autoinculpamos por el delito cometido y la pena que hubiere lugar”. Las adhesiones se pueden enviar al correo jgraugatell@gmail.com

Todo lo anterior choca con las numerosísimas evidencias mostradas por la historiografía de la participación de las escuadras falangistas, junto con elementos del requeté, en las sacas realizadas en la zona controlada desde el principio por los franquistas, tal y como es el caso de Navarra, de lo que ya nos hemos hecho cargo en varias entradas de este blog, y también en las realizadas en los territorios paulatinamente conquistados. En el fondo tal paradoja obedece a la impunidad brindada para los crímenes franquistas en la Transición con el supuesto blindaje que suministraría la Ley de Amnistía de 1977, blindaje que para algunos juristas es inexistente en cuanto que los crímenes de lesa humanidad no gozarían de prescriptibilidad y en el fondo todo sería cuestión de voluntad política. 

Una voluntad política que en otras latitudes ha hecho que en temas relacionados con lo que estamos examinando los poderes judiciales actúen con una diligencia sorprendente vista desde aquí. Veamos el ejemplo de Alemania, sin ir más lejos. El 14 de abril conocimos que la Central para el Esclarecimiento de los Crímenes Nacionalsocialistas, con sede en Ludwigsburg, anunciaba que investigaba a 50 antiguos guardias del campo de concentración y exterminio de Auschwitz para llevarlos ante la justicia. Se trata de nonagenarios, en buena parte antiguos miembros de alguna unidad de la organización paramilitar nazi SS, que vigilaron a los presos en Auschwitz, donde murieron asesinadas alrededor de 1,3 millones de personas, la mayoría judías, durante la II Guerra Mundial. Además de estas cincuenta acusaciones relacionadas con Auschwitz, los investigadores de Ludwigsburg rastrean también a criminales supervivientes de los campos de la muerte de Sobibor y Belzec. También tienen pistas de miembros de los llamados einsatzgrupen, los escuadrones paramilitares encargados de asesinar judíos, gitanos, partisanos, enfermos mentales y demás “indeseables” o “asociales” en la retaguardia de los vastos territorios ocupados por Alemania. Toda esa persecución es posible gracias a la jurisprudencia del juicio al guardia del campo de concentración de Sobibor John Demjanjuk, en 2011. Un tribunal de Múnich lo consideró culpable de complicidad en casi 30.000 asesinatos y lo sentenció a cinco años de cárcel. El juez consideró probado que Demjanjuk fue trawniki (prisioneros de guerra soviéticos que colaboraron con la SS como guardias voluntarios en sus campos de exterminio) entre marzo y septiembre de 1943. El juez de Múnich vinculó el trabajo voluntario del ucraniano de nacimiento y antiguo ciudadano estadounidense Demjanjuk con todos los asesinatos perpetrados durante los meses que pasó en Sobibor y abrió la puerta así a procesos penales contra los vigilantes de los campos en la medida en que ya no es necesario probar la implicación en delitos concretos. Las pruebas de que los sospechosos fueron vigilantes bastarían para presentar cargos por complicidad en aquellos asesinatos. Aunque el Código Penal alemán contemplaba hasta finales de los 60 un plazo de 20 años para la prescripción de los delitos de asesinato, una década después se promulgó la imprescriptibilidad de los mismos para evitar que los crímenes nazis quedaran definitivamente impunes 

Por otra parte, lo anterior se complementa con una labor historiográfica  que ha aumentado notablemente el censo de los campos de concentración puestos en marcha por los nazis. Un estudio elaborado por investigadores del Museo del Holocausto de Estados Unidos en Washington ha cifrado en 42.500 los centros de la tortura, el sufrimiento y la muerte pensados y puestos en marcha por los nazis en todas las zonas que ocuparon, una cifra muy superior a las que hasta ahora se manejaban. Los lugares ahora documentados no solo incluyen centros de la muerte, sino también 30.000 campos de trabajo forzado, 1.150 guetos judíos, 980 campos de concentración, 1.000 campos de prisioneros de guerra, 500 burdeles repletos de esclavas sexuales para los militares alemanes y miles de otros campos cuyo uso era practicar la eutanasia en los ancianos y enfermos, practicar abortos y germanizar a los prisioneros. 

Todo lo anterior, anima a ahondar en un aspecto, generalmente dejado de lado en lo que tiene que ver con la gestión de la memoria de la violencia política de la guerra civil y del franquismo: el de los verdugos. Los asesinos de la guerra civil y de la Dictadura han gozado de impunidad no sólo jurídica en razón del referido blindaje que les facilitaría la Ley de Amnistía de 1977, sino también historiográfica: a causa de la destrucción deliberada de documentación sólo indiciaria y parcialmente podemos llegar los historiadores a ser capaces de delimitar las diferentes responsabilidades a distintos niveles de una represión de la que no cabe dudas de su naturaleza metódica y exhaustiva, así como las características de la cadena de mando que terminaba en los miembros de los escuadrones de la muerte. Ahora bien, a pesar de sus limitaciones, no puede dudarse de que los esfuerzos que pueda realizar la historiografía en relación con esas cuestiones conllevará el incremento de nuestro conocimiento sobre las mismas, tal y como puede comprobarse con investigaciones efectuadas en los últimos lustros.

En relación con dichas responsabilidades, a escala general, la historiografía española ha llegado ya a determinaciones conclusivas en relación con quiénes fueron los agentes de la limpieza política en la zona rebelde. Según Cruz [CRUZ, R., “Olor a pólvora y patria. La limpieza política rebelde en el inicio de la guerra de 1936”, Hispania Nova, 2007, 7. En http://hispanianova.rediris.es], “pueden ser clasificados en tres categorías relacionadas entre sí por mutua influencia emocional, cultural, política o militar, pero cada una de ellas con diferentes motivaciones y protagonistas”. “En primer lugar, las autoridades militares y los dirigentes más destacados de las organizaciones civiles aliadas del ejército rebelde. Son el núcleo más poderoso de los señores de la guerra. Su protagonismo en la limpieza política fue muy diverso, al ser la mayoría de ellos responsables de los contextos de escalada que facilitaron el despliegue de asesinatos; al dirigir parte de la represión en los lugares bajo su jurisdicción; al certificar la participación de otros en su despliegue, al preferir al enemigo controlado que en permanente amenaza; y, por último, al cambiar su posición frente a las experiencias de represión y decretar su prohibición o recambio por otras fórmulas”. “En segundo lugar, las bandas de militantes-policías-paramilitares (…) Los investigadores han señalado en muchas ocasiones que realizaron el trabajo sucio de la represión, pero no tuvieron la responsabilidad principal. Las integraron, sobre todo, hombres jóvenes con armas, a menudo dirigidos por hombres adultos, socializados en el uso de la violencia para enfrentarse a los adversarios políticos y atraídos por los atributos de la masculinidad. Participaron también en las bandas los hombres jóvenes o adultos necesitados de ocultación de su pasado republicano y antiguos represaliados o presos –algunos de ellos delincuentes comunes- durante la II República. Los escuadrones no pudieron actuar siempre en contra de las autoridades, al necesitar algún tipo de certificación pasiva o activa, pero algunos disfrutaron de tal autonomía, que influyeron sobremanera en la forma, extensión, justificación y magnitud de la limpieza política”. “En tercer y último lugar, parte de la población en general, probando con su colaboración el apoyo <<popular>> a la represión. La realizaron a través de las denuncias anónimas, mediante la aprobación pública de las jerarquías, de las exaltaciones explícitas por medio de su participación entusiasta en las movilizaciones, asistiendo en masa también a los fusilamientos como si de un espectáculo de ocio se tratara, a la manera de cómo se producía en siglos anteriores, certificando de esa manera <<desde abajo>> la comisión de asesinatos. La gente común es capaz de comportamientos crueles si tiene licencia de las autoridades legítimas. Junto con las personas fanáticas, intolerantes, envidiosas, disciplinadas, camaradas de sus camaradas, etc., también apoyaban la represión las personas con miedo, sobre todo, si no pertenecían a las redes sociales y políticas adecuadas para no ser acusadas de formar parte del enemigo: algunos optaron por convertirse en agente …para no ser víctima”. 

En el caso de Navarra, donde la violencia política de aquella época fue absolutamente unidireccional, se advierte una especie de vértigo tanto entre los historiadores como en los políticos como en la sociedad en general a la hora de entrar en más concreciones sobre el holocausto que supuso para la izquierda navarra el verano y otoño de 1936, sobre todo vista la diversidad de agentes operantes en la misma y de la que ya nos hicimos eco en una entrada anterior de este blog. Existe una incomodidad a la hora de hablar de los responsables de aquella matanza, de sus causas de fondo y de la forma como se llevó a cabo. Creo que todavía hay trabajo por hacer en estas cuestiones, pudiéndose ampliar el catálogo de lugares de memoria y de otros elementos simbólicos, así como enriquecer notablemente el relato de lo sucedido. No quiero citarme a mí mismo, pero creo que en esas cuestiones el trabajo que hicimos, junto con José María Jimeno Jurío, en el caso de Sartaguda, en el libro Sartaguda 1936. El Pueblo de las Viudas, editado por Pamiela, fue bastante bueno. 

El vértigo de la sociedad navarra a realizar un ejercicio de introspección acerca de las causas y responsabilidades últimas de los sucesos referidos está provocado, en última instancia, por la política de la desmemoria seguida a lo largo del franquismo y de la Transición en Navarra por la mayor parte de la sociedad, por el silencio mantenido hacia sus hijos por parte de los progenitores en relación con sus actuaciones en la guerra y por el posible temor de muchos a ver involucrados a familiares en sucesos represivos poco edificantes. Lo cual no es nada extraño si tenemos en cuenta el dominio tan absolutamente abrumador de la derecha tradicionalista y de los católicos independientes, sectores políticamente matrices de la represión, en la mayor parte de Navarra en la Segunda República, dándose también en la Ribera, aunque de forma más matizada, y si consideramos, asimismo, que en los cuarenta años de dictadura y en los setenta transcurridos desde 1936 han podido tener lugar mezcolanzas ideológicas de lo más variopinto dentro de las familias. Resulta irritante el silencio y la desmemoria cultivadas por la derecha para no asumir el reconocimiento público de la responsabilidad de sus antepasados ideológicos, que pueden corresponderse o no con sus ancestros biológicos. Sobre todo, cuando tal y como ha sucedido en más de una ocasión se ha incurrido en ejercicios de tergiversación en relación con las responsabilidad últimas en lo sucedido en 1936. Ahora bien, tampoco hay que obviar la circunstancia de que de padres y abuelos falangistas y requetés han salido hijos que se han posicionado en sectores de la izquierda y del nacionalismo y que en algunos casos, si bien ciertamente excepcionales, la historia no parece haber operado como maestra de vida de forma que hijos de verdugos han defendido posturas de legitimación y defensa de la violencia política que ha dinamitado la convivencia en las últimas décadas o han defendido posiciones de intolerancia. Tanto en un caso como en otro se produce una alteración patológica grave de lo que debe ser el derecho a la memoria y el deber de memoria en los que todos lamentablemente estamos concernidos.