LOS REPUBLICANOS ESTATUTISTAS NAVARROS Y LA GÉNESIS DEL PROYECTO DE ESTATUTO VASCONAVARRO DE 1932.

El 19 de junio de 2012 se cumplen 80 años de la celebración en el Teatro Gayarre de la Asamblea de Pamplona en la que se debatió el Estatuto Vasco-Navarro, la única vez en la historia que se ha discutido públicamente la conformación de un marco político-institucional común entre los cuatro territorios históricos vascopeninsulares. En varias entradas nos dedicaremos a recordar las características de aquel proceso estatutario, centrándonos especialmente en su vertiente en Navarra.

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 dieron el triunfo a las candidaturas derechistas en la mayoría de los ayuntamientos navarros. El bloque republicano-socialista sólo venció en una quincena de pueblos importantes de la Ribera, entre ellos Tudela, y también en algunos pocos septentrionales como Alsasua. Sin embargo, la repetición del proceso electoral el 31 de mayo originó el control de la izquierda también en Pamplona y en otra decena de ayuntamientos importantes de la mitad sur.

En las elecciones a Cortes constituyentes de 28 de junio de 1931, la coalición católico-fuerista, conformada por los carlistas, los católicos independientes y el PNV, venció en Navarra al conseguir cinco diputados y el 64 por ciento de los votos. En dichas elecciones, la conjunción republicano-socialista en Navarra obtuvo los dos diputados restantes con el 36 por ciento de los votantes. Las izquierdas ganaron en Pamplona y en la Ribera.

Con todo, a pesar de esos resultados, la conjunción republicano-socialista había conseguido hacerse con el poder en la Diputación al ser nombrada el 25 de abril de 1931 la Comisión Gestora de la misma por parte del Gobernador. Entre sus siete miembros estaban cinco miembros de la conjunción: el socialista Constantino Salinas y los republicanos Rufino García Larrache, David Jaime Deán, Luis Soriano Tapia y Benito Munilla García. Salinas fue nombrado vicepresidente. Como veremos, los tres primeros siempre llevaron una labor concertada en pro del Estatuto común. Esa primera Comisión Gestora duraría hasta comienzos de 1933.

La composición de esa Comisión Gestora difería, al dar entrada a dos miembros de la derecha (Marco Ilincheta y Fernández de Piérola), de las pautas seguidas en la designación de las Comisiones Gestoras que gobernarían las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya puesto que éstas estaban formadas sólo por integrantes de partidos de izquierda (republicanos y socialistas en la primera provincia; republicanos, socialistas y de Acción Nacionalista Vasca en las otras dos).

En septiembre de 1931 finalizaban su recorrido los dos proyectos de estatuto debatidos en los meses anteriores y que se caracterizaban por su naturaleza unilateral: el Estatuto de Estella era sostenido por el bloque católicofuerista, mientras que el Estatuto de las Gestoras de las Diputaciones era apoyado por las fuerzas republicanas y socialistas que controlaban esos órganos. El texto aprobado en Estella fue desechado por ser contrario a la Constitución en redacción su artículo sobre las relaciones con el Vaticano. El texto aprobado por las Gestoras de las Diputaciones fue dejado de lado porque, aparte de la cuestión religiosa incorporada por las enmiendas añadidas en una Asamblea de Pamplona celebrada en agosto por representantes de los partidos del bloque católicofuerista, hablaba de una República Federal y no de “República Integral” (modelo intermedio entre la unitaria y la federal) que era la que afirmaba la Constitución.

Con todo, las gestiones de republicanos y socialistas reactivaron el proceso. El 25 de septiembre las Gestoras de las cuatro Diputaciones acordaron elaborar un Estatuto compatible con la República. El 6 de octubre una comisión de las mismas (en la que estaban los navarros Rufino García Larrache y Constantino Salinas) arrancaron el compromiso por parte del Gobierno de que éste aprobaría rápidamente un decreto autorizando a que los ayuntamientos de las respectivas provincias fueran convocados por los cuatro entes forales con el fin de redactar un proyecto de estatuto en sintonía con la Constitución en elaboración.

Como hemos anticipado ya, tres miembros de la conjunción que formaban parte de esa Comisión Gestora de la Diputación navarra apoyaron sin reservas el proyecto de estatuto común de 1932. A nuestro juicio, animados por el 36 por ciento de los votos conseguidos en las elecciones generales constituyentes y por el hecho de disponer de los resortes del poder provincial, así como del poder local en las dos núcleos urbanos principales de la provincia y en muchos ayuntamientos de la mitad sur, pudieron sopesar la idea de que siendo mucho más irrealizable la hipótesis de que la izquierda gobernara democráticamente en una Navarra configurada como autonomía separada, la opción de un marco autonómico conjunto podía incrementar las posibilidades de que republicanos y socialistas estuvieran en el gobierno regional subsiguiente. 

Hemos de tener en cuenta que desde finales de 1931 las relaciones entre el PNV y el resto de los partidos de la Candidatura Católico-Fuerista se agrietaron a causa de la admisión por parte de aquél de la legalidad republicana. El 10 de diciembre el PNV votó a favor de la investidura de Alcalá-Zamora como Presidente de la República, reconociendo en una nota que su voto implicaba la aceptación del régimen republicano, mientras que los demás diputados de la minoría se abstenían. Esa decisión fue precedida por la visita que el día 3 los diputados peneuvistas Aguirre, Horn y Leizaola realizaron a Alcalá-Zamora en su propio domicilio para anunciarle el sentido de su voto. Seguidamente el PNV decidía aceptar la vía autonómica abierta por el decreto del Gobierno Azaña del 8 de diciembre, publicado en la Gaceta de Madrid al día siguiente y redactado por Indalecio Prieto, sobre la regulación legal del proceso estatutario vasco-navarro. Mientras tanto, muchos sectores de la Comunión Tradicionalista y de la derecha conservadora se negaban a aceptar ese cauce, en su estrategia de refutación sin tregua de la República.

Los cálculos de esos republicanos estatutistas navarros estaban avalados por el hecho de que, si bien las elecciones generales de 1931 habían mostrado una mayoría clara en Navarra de la derecha tradicional, ésta no era ni mucho menos rotunda ya que en el 63 por ciento de la Candidatura Católico-Fuerista se incluían los votos del PNV, votos que en las elecciones posteriores, yendo en solitario, se situarían en torno al 9 por ciento. Por su parte, los datos de aquellas elecciones daban un panorama más esperanzador para republicanos y socialistas en los demás territorios vascopeninsulares. En Alava su porcentaje era del 40,3, en Guipúzcoa del 41,0 y en Vizcaya del 41,2. En la suma de las cuatro provincias llegaban al 40,8. Además, la mayor fuerza del PNV en las otras tres provincias, hacía que la fuerza de conservadores y tradicionalistas disminuyera notablemente si aquel partido se separara de ellos. De hecho, en 1936, si bien el Bloque de Derechas consiguió el 69,7 por ciento de los votos en Navarra y el 59,7 en Alava, en Guipúzcoa consiguió el 33,0 por ciento y en Vizcaya el 25,1.

Además de por los resultados electorales de 1931 y por el progresivamente cada vez más visible deterioro de la alianza entre la derecha españolista y el PNV, la apuesta por el Estatuto Vasconavarro, impulsado por las propias Gestoras Republicanas que gobernaban las cuatro Diputaciones vascas, de los mencionados Salinas, García Larrache y Jaime tenía también razón de ser si pensamos, que, como veremos, la configuración geográfica de la forma de elección de los parlamentarios en el legislativo común beneficiaba más a republicanos y socialistas que en los proyectos anteriores.

Por otra parte, no hay que olvidar una cuestión de la que se suele a menudo prescindir. El Proyecto de Estatuto Común confeccionado desde las mismas Gestoras republicanas que gobernaban las cuatro Diputaciones, después de ser aprobado por los representantes municipales en la Asamblea final correspondiente, podía ser enmendado posteriormente por los ayuntamientos, pero, sobre todo, por las Cortes a lo largo de su tramitación parlamentaria. De ello se hizo eco el diputado republicano por Navarra Mariano Ansó en la defensa de sus posiciones proestatutistas. Así, el texto finalmente resultante del proceso podía ser incluso más favorable en sus contenidos a la izquierda.