El 19 de junio de 2012 se cumplen 80 años de la
celebración en el Teatro Gayarre de la Asamblea de Pamplona en la
que se debatió el Estatuto Vasco-Navarro,
la única vez en la historia que se ha discutido públicamente la
conformación de un marco político-institucional común entre los
cuatro territorios históricos vascopeninsulares. En varias entradas
nos dedicaremos a recordar las características de aquel proceso
estatutario, centrándonos especialmente en su vertiente en Navarra.
Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 dieron el
triunfo a las candidaturas derechistas en la mayoría de los
ayuntamientos navarros. El bloque republicano-socialista sólo venció
en una quincena de pueblos importantes de la Ribera, entre ellos
Tudela, y también en algunos pocos septentrionales como Alsasua. Sin
embargo, la repetición del proceso electoral el 31 de mayo originó
el control de la izquierda también en Pamplona y en otra decena de
ayuntamientos importantes de la mitad sur.
En las elecciones a Cortes constituyentes de 28 de junio de 1931,
la coalición católico-fuerista, conformada por los carlistas, los
católicos independientes y el PNV, venció en Navarra al conseguir
cinco diputados y el 64 por ciento de los votos. En dichas
elecciones, la conjunción republicano-socialista en Navarra obtuvo
los dos diputados restantes con el 36 por ciento de los votantes. Las
izquierdas ganaron en Pamplona y en la Ribera.
Con todo, a pesar de esos resultados, la conjunción
republicano-socialista había conseguido hacerse con el poder en la
Diputación al ser nombrada el 25 de abril de 1931 la Comisión
Gestora de la misma por parte del Gobernador. Entre sus siete
miembros estaban cinco miembros de la conjunción: el socialista
Constantino Salinas y los republicanos Rufino García Larrache,
David Jaime Deán, Luis Soriano Tapia y Benito Munilla García.
Salinas fue nombrado vicepresidente. Como veremos, los tres primeros
siempre llevaron una labor concertada en pro del Estatuto común. Esa
primera Comisión Gestora duraría hasta comienzos de 1933.
La composición de esa Comisión Gestora difería,
al dar entrada a dos miembros de la derecha (Marco Ilincheta y
Fernández de Piérola), de las pautas seguidas en la designación de
las Comisiones Gestoras que gobernarían las Diputaciones de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya puesto que éstas estaban formadas sólo por
integrantes de partidos de izquierda (republicanos y socialistas en
la primera provincia; republicanos, socialistas y de Acción
Nacionalista Vasca en las otras dos).
En septiembre de 1931
finalizaban su recorrido los dos proyectos de estatuto debatidos en
los meses anteriores y que se caracterizaban por su naturaleza
unilateral: el Estatuto de Estella era sostenido por el bloque
católicofuerista, mientras que el Estatuto de las Gestoras de las
Diputaciones era apoyado por las fuerzas republicanas y socialistas
que controlaban esos órganos. El texto aprobado en Estella fue
desechado por ser contrario a la Constitución en redacción su
artículo sobre las relaciones con el Vaticano. El texto aprobado por
las Gestoras de las Diputaciones fue dejado de lado porque, aparte de
la cuestión religiosa incorporada por las enmiendas añadidas en una
Asamblea de Pamplona celebrada en agosto por representantes de los
partidos del bloque católicofuerista, hablaba de una República Federal y no de
“República Integral” (modelo intermedio entre la unitaria y la
federal) que era la que afirmaba la Constitución.
Con todo, las gestiones de republicanos y
socialistas reactivaron el proceso. El 25 de septiembre las Gestoras
de las cuatro Diputaciones acordaron elaborar un Estatuto compatible
con la República. El 6 de octubre una comisión de las mismas (en la
que estaban los navarros Rufino García Larrache y Constantino
Salinas) arrancaron el compromiso por parte del Gobierno de que éste
aprobaría rápidamente un decreto autorizando a que los
ayuntamientos de las respectivas provincias fueran convocados por los
cuatro entes forales con el fin de redactar un proyecto de estatuto
en sintonía con la Constitución en elaboración.
Como hemos anticipado ya, tres miembros de la
conjunción que formaban parte de esa Comisión Gestora de la Diputación navarra apoyaron sin
reservas el proyecto de estatuto común de 1932. A nuestro juicio,
animados por el 36 por ciento de los votos conseguidos en las
elecciones generales constituyentes y por el hecho de disponer de los
resortes del poder provincial, así como del poder local en las dos
núcleos urbanos principales de la provincia y en muchos
ayuntamientos de la mitad sur, pudieron sopesar la idea de que siendo
mucho más irrealizable la hipótesis de que la izquierda gobernara
democráticamente en una Navarra configurada como autonomía
separada, la opción de un marco autonómico conjunto podía
incrementar las posibilidades de que republicanos y socialistas
estuvieran en el gobierno regional subsiguiente.
Hemos de tener en
cuenta que desde finales de 1931 las relaciones entre el PNV y el
resto de los partidos de la Candidatura Católico-Fuerista se
agrietaron a causa de la admisión por parte de aquél de la
legalidad republicana. El 10 de diciembre el PNV votó a favor de la
investidura de Alcalá-Zamora como Presidente de la República,
reconociendo en una nota que su voto implicaba la aceptación del
régimen republicano, mientras que los demás diputados de la minoría
se abstenían. Esa decisión fue precedida por la visita que el día
3 los diputados peneuvistas Aguirre, Horn y Leizaola realizaron a
Alcalá-Zamora en su propio domicilio para anunciarle el sentido de
su voto. Seguidamente el PNV decidía aceptar la vía autonómica
abierta por el decreto del Gobierno Azaña del 8 de diciembre,
publicado en la Gaceta de Madrid al día siguiente y redactado
por Indalecio Prieto, sobre la regulación legal del proceso
estatutario vasco-navarro. Mientras tanto, muchos sectores de la
Comunión Tradicionalista y de la derecha conservadora se negaban a
aceptar ese cauce, en su estrategia de refutación sin tregua de la
República.
Los cálculos de esos republicanos estatutistas
navarros estaban avalados por el hecho de que, si bien las elecciones
generales de 1931 habían mostrado una mayoría clara en Navarra de
la derecha tradicional, ésta no era ni mucho menos rotunda ya que en
el 63 por ciento de la Candidatura Católico-Fuerista se incluían
los votos del PNV, votos que en las elecciones posteriores, yendo en
solitario, se situarían en torno al 9 por ciento. Por su parte, los
datos de aquellas elecciones daban un panorama más esperanzador para
republicanos y socialistas en los demás territorios
vascopeninsulares. En Alava su porcentaje era del 40,3, en Guipúzcoa
del 41,0 y en Vizcaya del 41,2. En la suma de las cuatro provincias
llegaban al 40,8. Además, la mayor fuerza del PNV en las otras tres
provincias, hacía que la fuerza de conservadores y tradicionalistas
disminuyera notablemente si aquel partido se separara de ellos. De
hecho, en 1936, si bien el Bloque de Derechas consiguió el 69,7 por
ciento de los votos en Navarra y el 59,7 en Alava, en Guipúzcoa
consiguió el 33,0 por ciento y en Vizcaya el 25,1.
Además de por los resultados electorales de 1931 y
por el progresivamente cada vez más visible deterioro de la alianza
entre la derecha españolista y el PNV, la apuesta por el Estatuto
Vasconavarro, impulsado por las propias Gestoras Republicanas que
gobernaban las cuatro Diputaciones vascas, de los mencionados
Salinas, García Larrache y Jaime tenía también razón de ser si
pensamos, que, como veremos, la configuración geográfica de la
forma de elección de los parlamentarios en el legislativo común
beneficiaba más a republicanos y socialistas que en los proyectos
anteriores.
Por otra parte, no hay que olvidar una cuestión de
la que se suele a menudo prescindir. El Proyecto de Estatuto Común
confeccionado desde las mismas Gestoras republicanas que gobernaban
las cuatro Diputaciones, después de ser aprobado por los
representantes municipales en la Asamblea final correspondiente,
podía ser enmendado posteriormente por los ayuntamientos, pero,
sobre todo, por las Cortes a lo largo de su tramitación
parlamentaria. De ello se hizo eco el diputado republicano por
Navarra Mariano Ansó en la defensa de sus posiciones
proestatutistas. Así, el texto finalmente resultante del proceso
podía ser incluso más favorable en sus contenidos a la izquierda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario