LA TRAMA CIVIL DERECHISTA Y EL ASESINATO DE RODRIGUEZ MEDEL.

Como es sabido, el asesinato por sus subordinados del comandante de la Guardia Civil en Navarra José Rodríguez-Medel Briones en la misma comandancia pamplonesa el día 18 de julio de 1936, hacia las 8:15 horas de la tarde, fue el primer acto de los golpistas en esa provincia. Durante las semanas siguientes serían encarcelados cientos de personas en diferentes centros de detención de Pamplona y de otros puntos de la provincia. Muchas de ellas serían finalmente asesinadas por los escuadrones de la muerte carlistas y falangistas a lo largo de los meses que van hasta el verano de 1937, haciendo que Navarra sea, tal y como demostramos en nuestro libro Sin Piedad. Limpieza política en Navarra. Responsables, colaboradores y ejecutores (Pamiela, 2015, Premio Euskadi de Ensayo 2016) la provincia con mayor número de asesinados en relación con el número de votantes al Frente Popular: uno de cada seis votantes masculinos de esa opción sería eliminado. 

El asesinato de Rodríguez-Medel tuvo como objetivo impedir la conformación de una línea de resistencia en Tafalla por parte de los sectores fieles al gobierno republicano, En el mes y medio transcurrido desde que asumió el mando de la Guardia Civil en Navarra en sustitución de Gregorio Muga, Rodríguez-Medel trató de garantizar, en vano, la fidelidad del Cuerpo hacia el régimen republicano. Muerto Rodríguez-Medel, la práctica totalidad del Cuerpo en Navarra apoyaría el golpe de Estado. De hecho, su antecesor en la comandancia pamplonesa, el ya mencionado Gregorio Muga, colaboraría con los golpistas navarros desde su puesto al frente de la comandancia de Soria, tal y como acredita que se entrevistaba con un relevante falangista pamplonés. Antes, el 6 de marzo habría ordenado disparar contra unos manifestantes que protestaban ante Diario de Navarra, falleciendo dos personas por heridas de bala y serían heridas otras diez, dos de ellas gravísimas. 

Semanas después también sería asesinado el capitán de la Guardia Civil Ricardo Fresno Urzáiz, el principal apoyo de Rodríguez-Medel en la guarnición pamplonesa. Fresno Urzaiz fue ejecutado en Urbasa, lugar al que llevaron, para asesinarlos, a personajes cuyo fusilamiento era de muy difícil gestión, incluso para los actores del momento. También hay que decir que el cenetista de 19 años de edad Miguel González Iglesias pagaría con su vida hacia mediados de agosto el hecho de que Rodríguez-Medel fuera enterrado en el panteón de la madre de aquel, Lucía Iglesias. 

No es el objetivo de este artículo reconstruir las circunstancias del asesinato de Rodríguez-Medel, algo que ya acometió con solvencia Gonzalo Jar Couselo en su artículo “La Guardia Civil en Navarra (18-07-1936)”, publicado en la revista Príncipe de Viana en 1991 y disponible en Internet. Gonzalo Jar, fallecido en 2009, fue General de División de la Guardia Civil y autor de numerosas publicaciones y estaba emparentado, por matrimonio, con el asesinado. Nuestra intención es, más bien, ahondar en la relación de la trama civil derechista de apoyo al golpe de estado con dicho homicidio. 

Dicho asesinato respondió a la estrategia de supresión de cualquier obstáculo asumida por los integrantes, militares y civiles, de la conspiración encabezada por el general Mola, gobernador militar de Navarra. Desde el primer momento, Mola impulsó la colaboración ambos tipos de elementos. Ya la base 2ª de su Instrucción Reservada número 1, fechada en abril de 1936, se refería a la actuación independiente para la ejecución del plan de una organización civil sobre base provincial y de una organización militar sobre la base territorial de las Divisiones militares. Y la base 3ª detallaba el plano organizativo relativo a la organización civil, diseñándose para cada provincia un Comité Provincial compuesto de “un número de miembros variables elegidos entre los elementos de orden, milicias afectas a la causa y personas representativas de las fuerzas o entidades económicas de composición lo más reducida posible”. 

Desde esa óptica, Mola, desde su llegada a Pamplona a mediados de marzo de 1936 para asumir el mando del Gobierno Militar de Navarra, tuvo infinidad de reuniones con múltiples agentes de todo tipo para cerrar todos los detalles de la conspiración conformada por elementos militares y civiles que llevaría al 18 de julio. Limitándonos a sus negociaciones con falangistas y carlistas para la conformación de estructuras movilizadoras y represivas, Mola siempre contó con el apoyo incondicional de los primeros, actuando como mediador José Moreno, destacado dirigente de la Falange navarra y comandante retirado del arma de Caballería. Además, desde el mes de abril fueron frecuentes los viajes a Navarra de Hedilla en representación de la Falange estatal para entrevistarse con los falangistas navarros y con Mola o sus subordinados. 

En el caso de los carlistas, Mola, a la par que negociaba con la dirección oficial del carlismo estatal, se reunió desde su llegada a Pamplona con el sector más importante del carlismo navarro que finalmente se haría con la dirección de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, la estructura efectiva del mismo tras julio de 1936 y que protagonizaría la movilización y el castigo al desafecto. Según mostré en mi obra citada más arriba, Mola, a través del coronel Beorlegui, fue quien creó dicha Junta, colocando en ella personas de su entera confianza y con las que había contactado desde marzo, la más relevante de ellas José Martínez Berasain, presidente efectivo de aquella. Dicha Junta suplantó absolutamente a los poderes establecidos del tradicionalismo y actuó al margen de sus autoridades nacionales, actuando incluso en su contra en el proceso de unificación. 

Tanto en mi obra anteriormente mencionada como en otra más reciente (La (des)memoria de los vencedores. Jaime del Burgo, Rafael García Serrano y la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, Pamiela, 2019) doy numerosísimas informaciones del apoyo de carlistas y falangistas al golpe de estado, y también de su participación en actividades antirrepublicanas con anterioridad, así como en la limpieza política posterior. 

En el caso concreto de la eliminación de Rodríguez-Medel, los carlistas habrían previsto un plan B de actuación ante la eventualidad de que los subordinados de aquel no acabaran con su vida en el cuartel. Eladio Esparza, subdirector de Diario de Navarra y muy informado de los entresijos de aquellos días por sus estrechas relaciones con múltiples protagonistas principales, mencionó en su obra Pequeña Historia del Reino de Navarra. El Rey, el Fuero, la Cruzada que para acabar con Rodríguez-Medel circuló por Pamplona «un auto en el que iban unos requetés de paisano, pero no con las manos vacías». Esa información va mucho más allá que la mención que hizo Jaime del Burgo Torres, máximo jefe de los requetés pamploneses, en su obra autobiográfica Conspiración y guerra civil, de que Generoso Huarte, importante dirigente de los paramilitares tradicionalistas, «agitado y convulso», acudió a él, concentrado ya junto con su tercio en el Círculo Carlista, pidiendo voluntarios para detener aquel comandante, si bien «antes de que se iniciara la salida, llegó la noticia de que había sido muerto por los propios guardias». 

Mario Ozcoidi, íntimo amigo de Jaime del Burgo Torres en la AET y en actividades conspiratorias contra el régimen republicano de carácter paramilitar con el Requeté, también dejó testimonios de su conocimiento de los planes para acabar con Rodriguez-Medel. No solo declararía que escuchó a Mola el mismo 18 de julio decir «Tenemos que liquidar a ese hijo de puta», sino que, además, un año después publicaría un artículo en Diario de Navarra que ha pasado curiosamente desapercibido sobre los sucesos relativos al asesinato del comandante, dando nombres de los involucrados, y responsabilizando al asesinado de su propia suerte por conspirador y por obedecer los “planes de Madrid y de Moscú”. Ozcoidi presenta a Rodríguez-Medel como “un hombre malo, perverso, sin entrañas y de corazón endurecido” que obedecía “ciegamente” “los tenebrosos planes fraguados por las sectas secretas” y que desarrollaría sin pausa “su labor izquierdista y demagógica” para republicanizar a la Guardia Civil en Navarra.

NUEVAS PRUEBAS SOBRE EL CARÁCTER IDEOLÓGICO DEL CRIMEN DE GAZTELU Y SOBRE LA PROBIDAD DE TOMÁS ALCAINE EXPÓSITO.

A causa de diversas razones que ya hemos apuntado en nuestros libros, la gestión de la limpieza política registrada en Navarra en 1936-1937 tanto desde el plano institucional como desde los planos memorialístico e historiográfico se ha caracterizado en gran medida, y salvo algunas excepciones, por la extensión de la omertá, de la ley del silencio, en cuanto a las formas como se desarrolló y en cuanto a sus agentes.

De forma llamativa, esa omertá solamente se ha predicado en relación con los bárbaros asesinatos de Juana Josefa Goñi Sagardía y de sus seis hijos en Gaztelu a finales de agosto de 1936 tras haber sido expulsados del lugar quince días antes por la mayoría de los vecinos. Unos asesinatos ciertamente icónicos tras recuperarse finalmente sus restos por un equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi en octubre de 2016 en la sima de Legarrea a donde los cadáveres fueron arrojados, y evidenciarse así la verosimilitud de los rumores difundidos desde el mismo momento de los hechos. Desde siempre, pero sobre todo en las últimas décadas, ese crimen había ejemplificado la vigencia de un código de silencio en el seno de una comunidad pequeña, de un centenar de habitantes tan solo, hasta el punto de aparecer como el culmen del horror de la violencia en la retaguardia de la guerra en el interior de Navarra. En nuestro último libro (Muertes Oscuras. Contrabandistas, Redes de Evasión y Asesinatos Políticos en el País del Bidasoa 1936, publicado en 2017) aportamos suficientes informaciones sobre el trasfondo de dicha omertá en relación con dicho crimen. Siendo su raíz ideológico-política a causa de las relaciones familiares y sociales de Pedro Sagardía con los republicanos y ugetistas de la zona y pudiendo insertarse en la cadena de asesinatos políticos, y de otros acontecimientos de naturaleza represiva, que tuvieron lugar en la zona aquellos mismos meses, así como meses después, el aparente misterio del mismo tendría que ver con el afán de ocultamiento de sus responsables últimos en un escenario muy complejo en el que, por la existencia de redes de contrabando importante que alimentaban redes de evasión y de otros géneros, se entrecruzaban intereses variados. La investigación que durante años hice del mismo acredita que las informaciones del sumario que se incoó sobre el mismo, una fuente ciertamente amañada, debían de ser forzosamente complementadas por el repaso exhaustivo en archivos de todo tipo ya que los relatos de los testigos o inculpados presentes en él, así como la actitud de los jueces y abogados, están afectados por sesgos ligados al afán de encubrimiento y a las dobles intenciones. Tal y como dice Kalyvas, el máximo experto en la violencia política en la retaguardia de las guerras civiles, en asuntos como el referido el investigador no puede limitarse a las informaciones del sumario sin profundizar en sus limitaciones ni en las razones de estas y sin complementarlas con todos los datos relativos a la persecución de desafectos en el entorno y a la personalidad de los perseguidores y de los inductores. Semejantes crímenes no pueden ser interpretados solamente como resultado: hay que verlos como proceso. Menos todavía se pueden contemplar como resultado de una locura colectiva ya que entonces se les despoja “de todo significado que vaya más allá de su finalidad”, se contemplan solamente los efectos y no las causas, sólo se constata condena en vez de explicación. 

No obstante, a pesar de los indicios acumulados en nuestra investigación, una nueva omertá se ha añadido a la tradicional en los últimos tiempos, sin que puedan vislumbrase adecuadamente las razones. A pesar de los muchos miles de euros gastados por el Gobierno de Navarra en su programa de exhumaciones en el rescate de los restos de Juana Josefa Goñi y de sus hijos, estos están ausentes en el listado oficial de víctimas de la limpieza política registrada en Navarra, cuando estaban presentes en los listados no oficiales anteriores. A fecha de principios de septiembre de 2018 siguen sin figurar en la Base de Datos del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra, elaborado por investigadores del Departamento de Geografía e Historia de la UPNA. Lo más curioso es que hace algunos años estaban ciertamente presentes en esa base de datos. Con lo que están excluídas del estatus de víctimas de la brutal limpieza política impulsada por requetés, falangistas y autoridades militares en 1936-1937 y que se llevó por delante en nuestra tierra a más de tres millares de simpatizantes de fuerzas opuestas a ellos, esencialmente izquierdistas.

En los últimos meses he recogido más pruebas en apoyo de mi lectura del asunto: la más contundente el homenaje que se le hizo a Tomás Alcaine en Lesaka en 1932 como ejemplo de militancia republicana en un pueblo pequeño de la Montaña y que recogió la prensa. El periódico republicano Democracia publicaba un reportaje el 7 de junio de 1932 sobre la inauguración de un centro republicano en Lesaka. Asistieron comisiones de Bera, Etxalar, “de Elizondo, de Santesteban, de Legasa” y también de Irún, Hondarribia, Lezo, Pasaia, Rentería y San Sebastián. Intervino entre otros Nicolás Guerendiain, el que sería alcalde de Irun durante la República y posteriormente fusilado en 1936, y Ramón Bengaray, cabeza de lista del Frente Popular Navarro en las elecciones de febrero de 1936 y también asesinado en agosto de aquel año. Se decía que “como detalle bien elocuente de que las ideas republicanas se van abriendo paso a marchas forzadas por la región montañesa, debemos consignar que de pueblo tan distante como Legasa (valle de Bertizarana) acudieron dos ancianos, los señores Segundo Leiva y Tomás Alcaine, septuagenarios ambos, pero con un entusiasmo y un fervor republicano, verdaderamente aleccionadores y confortadores”. Con anterioridad, el 24 de mayo de 1932 el mismo periódico publicaría otra prueba del ideario de Alcaine al figurar, donando una peseta, en la suscripción pro víctimas de los sucesos del 17 de abril de aquel año que, como se recordará, fueron resultado de las provocaciones de los jóvenes carlistas, saldándose con que se saldaron con la muerte por disparos de pistola de Saturnino Bandrés, de 22 años, afiliado al PSOE y a la UGT, empleado de El Secretariado Navarro; de Julián Velasco Arzabala, de 18 años y también ugetista; y de José Luis Pérez Lozano, jaimista, también de 18 años. Asimismo resultaron heridas graves otras personas como Andrés Munárriz, Eusebio Lazcano y Ezequiel Soto, este por una paliza porque le confundieron con el autor de los disparos. el asesinato de dos izquierdistas y de un jaimista. Junto con Alcaine, también aparecían en la lista un republicano radical socialista de Santesteban y un un republicano a secas de la misma localidad, ambos con tres pesetas. En otras listas de donantes constaban nombres de personas que también serían fusiladas en 1936.

El papel de Alcaine fue fundamental a la hora de la activación del sumario por el crimen de Gaztelu, el único sumario incoado por desapariciones sucedidas en aquellos años. En septiembre de 1937 Pedro Sagardía comunicó al Juzgado de Primera Instrucción de Pamplona que un amigo suyo, albañil y residente en Pamplona, llamado Mariano Rodríguez, le había dicho que el citado Alcaine le había dicho que la familia Sagardía «estaba echada el año pasado por gente de Gaztelu a la sima llamada de Legarrea, a la que la habían aproximado por medio de amenaza de fuego por detrás». Estas afirmaciones habrían sido repetidas ante Santiago Elizalde, dueño de una tienda en la calle Campana de Pamplona, y habrían sido corroboradas por el tal Elizalde ante el mismo Pedro Sagardía. También habían sido testigos de aquellas palabras otros vecinos de Legasa. 

Rodriguez Zubiría y Alcaine refrendarían sus testimonios ante el juez. Alcaine señalaría que «se decía por el pueblo de Legasa que la mujer y los hijos habían sido arrojados a la sima de Legarrea a la que les habían llevado empujándoles con fuego». Otros vecinos de Legasa apuntarían en la misma dirección, así como la hermana del viudo, residente en Oitz. 

Las aportaciones concertadas de Mariano Rodríguez Zubiría y de Tomás Alcaine iban más allá de la denuncia original realizada por Pedro Sagardía en agosto de 1937. Esta hablaba de la expulsión y de la desaparición de sus familiares, insinuando su asesinato. Aquellas se hacían eco del carácter generalizado de los rumores y ponían ya el foco en la sima a la que la mujer de aquel y sus hijos habrían sido arrojados, obviamente después de ser asesinados.

Tal y como comentamos en el libro Muertes Oscuras las declaraciones de Rodriguez Zubiría y de Alcaine estaban ligadas con su posicionamiento político. El de Alcaine ya ha quedado reseñado. En cuanto a Mariano Rodríguez Zubiría, nacido en la localidad de Eltzaburu en el valle de Ultzama, con 54 años en el padrón de Pamplona de 1940 y de profesión albañil, vivía efectivamente en 1937 en la capital, en el número 3 de la calle Eslava para mayor concreción. Pero su mujer era Guadalupe Vera Jaunarena, precisamente la hermana de la esposa de Miguel Taberna Crespo, uno de los principales republicanos doneztebarras, junto con su hermano Liborio, de cuyo compromiso político ya hablamos en el citado libro. Rodríguez Zubiría y su familia residieron ininterrumpidamente en Doneztebe hasta 1935. En las elecciones municipales de abril de 1933 Rodríguez Zubiría recibió cuatro votos, al igual que otros republicanos y ugetistas que no formaban parte de la candidatura izquierdista, por lo que se puede pensar que estaba alineado con ese sector ideológico del pueblo. Mariano Rodríguez, al igual que su mujer, eran perfectos conocedores desde el primer momento de los rumores en torno al destino de Juana Josefa Goñi y de sus hijos por cuanto su cuñado Miguel Taberna Crespo era el dueño de la casa en la que vivían en Gaztelu el matrimonio Sagardía-Goñi.

Según los libros de la Inclusa Tomás Alcaine nació el 20 de abril de 1856 en aquella institución y fue dado para criar a una nodriza de Saldías. Aparece residiendo en Legasa al menos desde el padrón de 1880, casado con la zubietarra Catalina Urriza Saldías, mudando de domicilio a lo largo del tiempo, tal y como era habitual entre los maisterrak o arrendatarios. De oficio tejedor, en 1935 residía en la casa situada en la calle Santa Catalina 34 junto con su esposa y sus cuatro hijos solteros y un nieto. 

Hay motivos para pensar que Tomás Alcaine y Pedro Sagardia compartían la categoría antropológica de «xelebre», concepto acuñado por Julio Caro Baroja para aquellas personas del mundo rural vasco sostenedoras de posiciones heterodoxas respecto a temas como la religión, la política o la costumbre desde una perspectiva irónica, sujetos aficionados a cultivar la paradoja y a propagar ocurrencias y comentarios opuestos a la moral tradicional. Tomás Alcaine tuvo varios incidentes entre 1913 y 1916 con el alcalde de Legasa, Eusebio Babace Urrestarazu. En 1913 este le acusó, sin éxito, de la explosión de un cartucho de dinamita enfrente de su casa porque le había visto por las inmediaciones «en actitud poco tranquila» y «gritando Viva la bandera española» junto con otros dos, Francisco Antonio Mendiola y Antonio Hualde, y porque los tres habían sido multados hacía poco por infringir las ordenanzas o por blasfemar. En 1916 Alcaine había sido condenado a vivir desterrado a más de veinticinco kilómetros del pueblo durante varios meses en un proceso por injurias, en el que también había intervenido el bertsolari Txirrita con unos bertsos que se imprimieron y circularon por la zona y en el que el denunciante había sido el mismo Eusebio Babace, todavía alcalde de Legasa, tal y como ha señalado Mikel Taberna en un artículo reciente en la revista Bertsolari, indicando asimismo comentarios sobre el republicanismo de Alcaine. De forma llamativa, Tomás Alcaine iría a residir en Pamplona por efecto de aquella condena de 1916 justamente en el domicilio en el que más de dos décadas después entraría a vivir Pedro Sagardía. El domicilio radicado en Santo Andía 12, en el que se integraría Alcaine, estaba formado por Gregorio Prat Martínez (nacido en Cadreita, 56 años en 1917), su mujer Amelia Suescun Rodríguez (nacida en Larraga, 52 años) y sus hijos Rufino, Manuel y Alejandro Prat Suescun de diecisiete, seis y tres. Era el mismo (solo que con el cambio de nombre de la calle hecho en 1936-1937, que unía bajo el nombre de Recoletas, las calles de Santo Andía, Virgen de la O y Recoletas, y adecuado a la nueva numeración) que acogería a Pedro Sagardía y que, como se recordará, se componía del último de los hijos mencionados con su mujer, su madre, varios hijos y algunos huéspedes. De esa circunstancia se desprende la amistad previa de Alcaine con Sagardía, y también se infiere la existencia de pautas comunes entre ambos como el que compartieran elementos arquetípicos de aquel referido carácter de «xelebre», o como su querencia por el ámbito urbano pamplonés, y más en concreto de su parte vieja, a la hora de elegir ámbito de transterramiento.

Antes de concluir, creo necesario referir que Tomás Alcaine residía en la siguiente casa de la calle Santa Catalina en la que vivían los Miquelarena Inda, familiares del que suscribe estas líneas (aquel, como ha quedado dicho en el número 34, y estos últimos en el número 32). Estaban fuertemente ligados con la potentísima red de contrabandistas de Agustín Arrieta a través de Fernando Inda Irigoyen, hermano de la madre de los Miquelarena Inda y uno de los contados vecinos de Gaztelu que no participó en la expulsión de Juana Josefa Goñi y de sus hijos y que sería detenido en noviembre de 1936 junto con Timoteo Plaza, el principal responsable de la posteriormente conocida como red Alava y que, en rigor, había empezado a funcionar desde las semanas posteriores al golpe de estado. Por otra parte, pueden advertirse ecos de la actitud de Alcaine en las posturas de denuncia que una miembro de la citada familia, María Luz Miquelarena Inda, protagonizaría en contra de los agentes represores requetés del valle de Bertizarana, tanto en 1937 y 1938 como años más tarde, en 1952, y que le llevarían a pleitear en los tribunales pamploneses e incluso en el Tribunal Supremo, tal y como narramos en el libro mencionado. Los procesos referidos incoados a partir de denuncias de María Luz Miquelarena, y en los cuales contó con el apoyo de gente de mucho peso político en Bertizarana e involucrada en redes de contrabando importantes como el beratarra afincado en Narbarte Modesto Liquiniano, constituyen una excepción en el contexto de la época , tanto por las causas como por el contexto en el que se situaron. 

Regresando a Tomás Alcaine, resulta humillante que los esfuerzos de aquellos republicanos y ugetistas de la Montaña cantábrica, numéricamente marginales, para esclarecer aquellos bárbaros asesinatos de Juana Josefa Goñi y de sus hijos (así como otros acaecidos en la zona), y que son una prueba de la probidad del comportamiento de aquellos, no se vean correspondidos por el reconocimiento de aquellos asesinados como víctimas de la violencia política en la base de datos correspondiente.

LOS LIBERADORES INMEDIATOS DE BAROJA EL 22 DE JULIO DE 1936

Recientemente se ha publicado una novela en cuya parte final se aborda un relato parcialmente metaficcional sobre la detención y el encarcelamiento sufrido por Pío Baroja la tarde y noche del 22 de julio de 1936. Como es sabido, el escritor, que iba acompañado por dos conocidos (José Ochoteco, uno de los dos médicos de Bera, y un policía de la Aduana del pueblo llamado Federico Vizcaíno Ochoa) en un viaje al pueblo de Almandoz para ver la columna de militares y requetés que de Iruñea se dirigían al frente de Irin, sufrió dos detenciones por parte de esas tropas, siendo encarcelado, junto con sus compañeros, en la cárcel municipal de Doneztebe. El escritor y el médico salieron a las pocas horas, no así el policía, alojándose aquellos bajo la protección del médico de Doneztebe, César Aguirre, pudiendo regresar a Bera al día siguiente.

La novela a la que nos referimos se titula La otra vuelta del camino (Iruñea, Ipso, 2018) y su autor es Daniel Ramírez García-Mina. Nos ha sorprendido por su levedad. Parece un remedo ligero de Soldados de Salamina, novela publicada en 2001 por Javier Cercas y llevada al cine dos años después, quizás el ejemplo más alabado de aquella novelística metaficcional por estas latitudes.

Ramírez reconstruye el incidente Baroja según una de las versiones proporcionadas por el escritor. Pero curiosamente prescinde totalmente de las aportaciones surgidas en relación con dicho episodio durante los últimos años y que han tenido en cuenta los relatos del escritor y de sus familiares. Los comentarios de Miguel Sánchez-Ostiz en sus diversas obras (sobre todo en Tiempos de Tormenta) son completamente ignorados. También son desatendidas las numerosas informaciones que yo he facilitado en mi libro Muertes oscuras. Contrabandistas, Redes de Evasión y Asesinatos Políticos en el País del Bidasoa, 1936 (Arre, Pamiela, mayo de 2017) y en el artículo publicado en la revista Memoria y Civilización “La memoria de Pío Baroja y la memoria compartida de su familia sobre su detención y encarcelamiento el 22 de julio de 1936. Una recapitulación a partir de nuevos datos”, este último presente en Internet. En esas contribuciones se ratifica totalmente la opinión de Sánchez-Ostiz de que las diferentes versiones de dicho episodio dadas por Baroja y su familia incurrieron en numerosas contradicciones y tergiversaciones. De forma llamativa, Ramírez, a pesar de de no citar esa bibliografía preexistente y de participar del juego de sombras y de las maniobras de despiste de la familia Baroja sobre los artífices de la liberación del escritor, avala, sin pretenderlo ni admitirlo, nuestras tesis sobre quiénes fueron estos últimos.

Ramírez incorpora un único elemento nuevo a lo ya conocido: una grabación de 1972 realizada por Pío Caro Baroja a César Aguirre, el médico de Doneztebe, en cuya casa se refugiaron Baroja y Ochoteco. En esa grabación Aguirre se reivindica como el artífice de la liberación del escritor y de su acompañante, lo que no es creíble. Afirma que cuando se enteró de la detención localizó al sargento Zubizarreta, del puesto de Doneztebe, para que el condujera a la cárcel municipal donde estuvo con los detenidos. Aguirre conocía a Baroja y a Ochoteco, y se confunde con el nombre del policía al que le atribuye el apellido de otro policía de la Aduana de Bera, Santiago García Rojo. Asegura que estuvo con Ortiz de Zárate, jefe de la columna que había llegado unas horas antes al pueblo, “y estaba también un aristócrata de Pamplona, que conocí una vez en casa de Julio Ruiz de Alda”. Según su versión, Ortiz de Zárate dijo que contra Baroja “no tenía nada en contra, que no había por qué tenerlo detenido” y que sería puesto en libertad al salir la columna. Aguirre propuso que al marchar la columna ambos fueran a su casa, a lo que accedió el militar. El médico de Doneztebe recordaba que sus dos interlocutores se preguntaron qué tenían los requetés contra Baroja, ya que este había escrito “contra los carlistas, pero también contra los comunistas”. Acordaron con él que se los llevara una hora después de que saliera la columna, pero como esta no salía, Zubizarreta accedió a liberar a los detenidos a las dos de la mañana. 

En el resto del libro, Ramírez se pregunta infructuosamente por la persona de ese militar que acompañaba a Ortiz de Zárate. Aunque desde la familia Baroja se le comentó que podía ser Javier Andrade-Vanderwilde, una hija de este no lo pudo confirmar con certeza. Finalmente Ramírez menciona, en conformidad con Baroja y sus familiares, también la posible intervención de Carlos Martínez de Campos Serrano, duque de la Torre, pero sin evidencia alguna.

Esa versión no concuerda en absoluto con la facilitada ni por Ochoteco ni por el policía Federico Vizcaíno. En una carta que Ochoteco escribió a Julio Caro Baroja en el verano de 1975, y que se puede ver reproducida en Internet, aquel contradijo la versión que el etnólogo daba en su libro Los Baroja y también por Pérez Ferrero, el biógrafo cuasi oficial del novelista, y aseguró que el único que les visitó en la celda, siendo su salvador, fue el capitán Tejero. 

Por su parte, la versión del policía de la Aduana de Bera Federico Vizcaíno, que tuvo que permanecer en la cárcel municipal de Doneztebe, mientras Baroja y Ochoteco salían libres, se encuentra en el Consejo de Guerra al que fue sometido y que se conserva en el Archivo de la Comandancia Militar de Iruñea. Según Vizcaíno, los tres viajeros fueron detenidos en el cruce de Doneztebe no a causa de Baroja, sino por la actitud mostrada por el propio policía el 19 de julio al no dejar pasar a un tal Enrique Ansaldo Vejarano cuando el 19 de julio intentaba pasar a Francia en coche desde Bera por el collado de Ibardin, y aquél, siguiendo órdenes superiores, no se lo permitió. Ello ya fue deslizado en sus narraciones, pero sin darle la gravedad realmente debida, tanto por Pío Baroja, en una de sus versiones sobre el episodio, como por su hermana. En la detención el propio Ansaldo habría tenido un papel principal. Luego, habrían sido llevados a Bera por Ansaldo a fines de identificación y de corroboración de la versión que daba el policía, y de nuevo trasladados a Doneztebe, donde quedaron en manos de la Guardia Civil. Según Vizcaíno, unas dos horas más tarde “un Capitán del Ejército cuyo nombre no sabe, pues no le conocía y que dijo era el Capitán Ayudante, ordenó al Sargento de la Guardia Civil, que pusiera a todos en libertad, tan pronto saliera la columna de Santesteban”. No obstante, “sobre las cuatro de la mañana y antes de que la columna hubiera salido, se presentó el Sargento dicho de la Guardia Civil, poniendo en libertad al señor Baroja y al médico, y diciendo al deponente, que sobre él tenía otras órdenes”. 

El contrapunto Los recuerdos de Vizcaíno son importantes como contrapunto a la memoria de Baroja y de su familia. En la memoria barojiana Vizcaíno fue borrado o desdibujado, a pesar de que para el día 26 fue reintegrado a su puesto de trabajo, a cincuenta metros de Itzea, la residencia de aquellos. 

Enrique Ansaldo no sería tan solo el responsable de la detención por el trato recibido en la Aduana de Bera el 19 de julio. También sería el anónimo aristócrata de Pamplona que estaba con Ortiz de Zárate al que se refirió César Aguirre. Este le conocería de vista por ser amigo de Julio Ruiz de Alda que se había casado con la doneztebarra Amelia Azarola. De hecho, el célebre aviador falangista estuvo como invitado en la boda de Ansaldo en 1930. 

Enrique Ansaldo, hijo de la vizcondesa de San Enrique, había nacido en 1895 y era aviador, como su hermano Juan Antonio, si bien este último había conseguido mayor fama. Enrique Ansaldo tuvo mucha relación con Navarra y Pamplona. Son constantes las referencias a él en la sección de Ecos de Sociedad de Diario de Navarra durante los años veinte y treinta. Fue concejal de Pamplona en 1929-1930, portando el estandarte en la procesión de San Fermín. Se conservan fotos aéreas de Iruñea tomadas desde una avioneta suya. Fue detenido en 1932, con ocasión de la conspiración de Sanjurjo, y en marzo de 1936 por el atentado a Jiménez de Asúa y su finca de Ainzoain fue registrada por la policía. Residía en plena Plaza del Castillo. Era marido desde 1930 de Rosa Martínez de Campos y San Miguel, pariente del duque de la Torre y conde de Llovera, según los Baroja uno de los protagonistas del incidente. 

Por su parte, el capitán que accedió a la celda según Ochoteco y Vizcaíno sería el capitán de Infantería Rafael Tejero Saurina, que era persona de la máxima confianza de Mola: fue salvado de la muerte por este último en Marruecos en 1921, y, en la guarnición en Pamplona en 1936, cumplimentó con éxito misiones que le encargó aquel. Para Sánchez-Ostiz sería el hombre de Mola en la columna, sabiendo “a quién y cómo dirigirse, en caso de que hubiese algún incidente extraordinario”. 

Ortiz de Zárate, Enrique Ansaldo y Rafael Tejero serían, por consiguiente, los liberadores inmediatos de Baroja y de Ochoteco de la cárcel de Doneztebe a donde fueron conducidos por el segundo de ellos tras identificar al policía Vizcaíno. Cuesta creer que no hubiera trascendido el papel de Ansaldo, muy conocido en Pamplona. ¿Pudo desconocerlo Eusebio García Mina, el crítico musical de Diario de Navarra y abuelo de Daniel Ramírez? Seguramente, en relación con el incidente aludido y con tantas cosas, la memoria y el olvido, no solo el de los Baroja, se entrecruzan. De cualquier forma, tal y como apuntamos en nuestro artículo citado más arriba, varias personas relevantes más tuvieron que tener un papel determinante en la trastienda a través del teléfono, entre ellas Eladio Esparza, subdirector de Diario de Navarra y testigo directo de la detención en el cruce de Doneztebe.

LOS TRES FUSILADOS JELTZALES DE ITUREN: MEMORIA Y OLVIDO.

La atención en relación con la limpieza política desarrollada por el bando golpista en el país del Bidasoa se ha centrado en los icónicos asesinatos de Juana Josefa Goñi y de sus seis hijos en Gaztelu, posteriormente arrojados a una sima. En nuestro último libro (Muertes oscuras. Contrabandistas, redes de evasión y asesinatos políticos en el país del Bidasoa, 1936) hemos subrayado que fueron provocados por motivos políticos, ya que el cabeza de dicha familia sería un izquierdista supuestamente involucrado en el paso de fugitivos a Iparralde. También hemos recalcado la responsabilidad de los requetés, únicos agentes represores en el entorno, así como la existencia de otros hechos represivos y asesinatos que en la misma zona conformada por Bertizarana y por los municipios de Malda Erreka afectaron a izquierdistas y a abertzales en el mismo verano de 1936, en las mismas fechas en que se sustanciaba el trágico destino de la familia gazteluarra, así como en los meses y años posteriores.

En ese ámbito geográfico la derecha, en su integridad carlista, consiguió cómodas mayorías en las elecciones de la época republicana: el 68 por ciento de los votos en noviembre de 1933 y el 78 en febrero de 1936. El PNV bajó del 28 al 18 por ciento entre ambas fechas. Los republicanos y socialistas eran marginales, por debajo del 5 por ciento. Los pueblos más nacionalistas eran Bertizarana, Ituren y Zubieta.

A pesar de ese predominio aplastante de la derecha españolista, en julio de 1936 la zona, en comparación con las demás comarcas navarras, mostró un comportamiento absolutamente abúlico en relación con el apoyo al golpe de Estado. Aunque a lo largo de los tres años hubo 775 hombres que marcharon al frente, en la mayoría de los pueblos apenas hubo voluntarios en los primeros días. El 25 de julio serían detenidos dos ugetistas de Narbarte, Florentino Zozaya y Martín Goñi, el primero concejal en 1933: encarcelados en la Prisión Provincial de Pamplona serían asesinados en Gazólaz en marzo de 1937. Aquel mismo día serían encarcelados en la cárcel municipal de Doneztebe seis ugetistas y republicanos del pueblo (dos de ellos concejales socialistas, uno cuñado de Juana Josefa Goñi) que estarían allí recluidos hasta enero de 1937, librándose de milagro de ser asesinados por un escuadrón de la muerte. El 3 de agosto serían destituidos los cinco concejales nacionalistas de Bertizarana, así como uno de los dos médicos, el peneuvista Julio Oteiza. El 15 de agosto serían expulsados de Gaztelu Juana Josefa Goñi y sus hijos, siendo asesinados en el monte a fin de mes. El 28 de agosto sería destituida la maestra izquierdista de Doneztebe Micaela Santamaría como consecuencia de una delirante carta-denuncia del 24 del veterinario, Cándido Albistur, a su cuñado Eladio Esparza, secretario de la Junta Superior de Educación. En agosto, como veremos, fueron destituidos el médico, el depositario y el secretario de Ituren: los dos primeros serían encarcelados y ejecutados con un tercero por su militancia abertzale. Otras personas también corrieron peligro, entre ellas un significado peneuvista de Narbarte y un ugetista de la misma localidad, salvándose por la mediación de un jauntxo de la localidad y por su alistamiento como voluntarios requetés a mediados de agosto. Con posterioridad a septiembre de 1936, hubo más asesinatos y hechos represivos, tal y como puede verse en el libro citado.

Esos hechos represivos fueron motivados por la inflexible voluntad punitiva de los requetés, única fuerza paramilitar consolidada en la zona, y por su afán de aumentar el nivel de control sobre el territorio para incrementar el nivel de la colaboración civil en un ámbito geográfico caracterizado por la abulia ideológica y con un alto interés estratégico a causa del factor de la frontera colindante.

Centrándonos en el caso de los tres abertzales iturendarras, los tres residían en el barrio de Aurtitz. Tras su destitución el 14 de agosto, el médico Pedro Gorostidi Imaz fue encarcelado en Bera el 26 de agosto. Allí también quedarían privados de libertad a partir del día 31 el depositario municipal, Miguel Hualde Gorosterrazu, y el joven Juan Bautista Iriarte Azpíroz.

Pedro María Gorostidi, nacido en San Sebastián en 1896, tenía entonces 40 años. Médico de Ituren desde 1927, en 1930 se casó con Bittori Urrotz Zubizarreta, hija esta del anterior médico de la localidad. Con anterioridad, Gorostidi fue médico titular de Lesaka, ejerciendo tal cargo entre febrero de 1922 y finales de 1925, fecha esta última en que dimitió por desavenencias con el otro médico, Diego Olaechea, y a pesar del apoyo recibido de la mayoría de la junta local de Sanidad. La mujer del médico lesakarra Olaechea era pariente de Cándido Albistur.

Gorostidi fue miembro del Napar Buru Batzar del PNV en 1933-1934. Junto con su mujer desplegaron una intensísima actividad política y cultural, impulsando la constitución de varias juntas locales jeltzales en la zona de Malda Erreka y aledaños. Su labor tuvo efectos electorales notorios. Gorostidi y su esposa trabajaron arduamente no solo en la divulgación del ideario y en la ampliación del electorado jeltzale, sino también en la del sindicalismo abertzale. En mayo de 1932, según narraban los periódicos nacionalistas Euzkadi y El Día, el matrimonio se comprometió a donar 15.000 pesetas anuales a Solidaridad de Obreros Vascos, sindicato del que también eran militantes. Con todo, el afecto de la población hacia Gorostidi trascendía ideologías, siendo venerado casi como un santo por su talla humana y su generosidad en su quehacer profesional.

Miguel Hualde, de 32 años y soltero, vivía con su madre viuda. De profesión comerciante, ejercía de depositario en el Ayuntamiento. Juan Bautista Iriarte, de 26 años y soltero, residía con su madre viuda y tres hermanos más jóvenes. Maestro que había terminado sus estudios hacía poco tiempo, había ejercido únicamente en Arraitz. En el padrón de 1935 residía en la misma casa en la que vivía Pedro Gorostidi, en otra vivienda.

Los tres iturendarras coincidirían en el depósito municipal de los bajos del Ayuntamiento de Bera con ugetistas beratarras y con izquierdistas guipuzcoanos. Fueron encarcelados en Bera porque el depósito municipal de Doneztebe estaba saturado. No fueron enviados, como era lo habitual, a los diversos centros de detención de Pamplona (Prisión Provincial, Fuerte de San Cristóbal y Escolapios) porque los requetés temían que en la capital hubieran podido encontrar valedores, como sucedió con el secretario de Ituren Benedicto Vicente, también destituido el 14 de agosto, pero que consiguió ser repuesto en el cargo tras negar su nacionalismo ante la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra y por las gestiones del abogado tradicionalista Joaquín Urisarri, muy ligado a aquel pueblo.

En Bera los tres detenidos quedaron a expensas de la Comandancia Militar del Bidasoa, radicada hasta la toma de Irun en aquella localidad y mandada hasta el 2 de septiembre por Ladislao Visier y desde aquel día por Julián Troncoso. Finalmente, fueron fusilados el día 28 de septiembre en un pinar cercano al puente de Lesaka, pero en término de Etxalar, a 300 metros del kilómetro 72 de la carretera Irun-Pamplona, entre el río Bidasoa y la carretera. Unos años más tarde los cuerpos de los tres serían exhumados y enterrados en el cementerio de Ituren a iniciativa de Bittori Urrotz.

En la suerte de los tres abertzales iturendarras confluyó la voluntad de castigo de los requetés del entorno y de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra. Diversas fuentes y testimonios indican que habrían sido objeto del ánimo denunciador de los requetés del mismo Ituren, como el párroco Faustino Arbizu y sus sobrinos Leopoldo y Francisco Tena, estos dos últimos responsables sucesivos del Requeté local. Francisco Tena ordenó a los peneuvistas del pueblo disolver la Junta Municipal el 5 de septiembre y adherirse incondicionalmente al Movimiento Salvador de España para toda clase de servicios. Anteriormente, alguno de ellos, seguramente Leopoldo, había polemizado duramente con Pedro Gorostidi en febrero y marzo de 1935 en Diario de Navarra y en La Voz de Navarra sobre las estrategias políticas peneuvistas. Los dos hermanos Tena estuvieron la mayor parte de la guerra en retaguardia, siendo mandos relevantes (de los poquísimos de la zona) del destacamento del Tercio Roncesvalles radicado en Elizondo y dedicado a la vigilancia de la frontera hasta marzo de 1938. Años más tarde, Leopoldo sería condenado por el Tribunal Supremo por un asunto ciertamente turbio de índole sexual.

El destino de los tres jelkides iturendarras quedó cerrado, al igual que sucedió con el de Fortunato de Agirre, alcalde de Estella, tras la petición de duro castigo al nacionalismo solicitado por la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra el 24 de septiembre a la Junta de Defensa Nacional de Burgos.

Igual que sucedió con los asesinatos de Juana Josefa Goñi y de sus hijos, sobre los que los rumores se expandieron con rapidez por la comarca, los asesinatos de los tres abertzales iturendarras conmocionaron profundamente a los habitantes de la misma. Esa conmoción nos fue transmitida a los de nuestra generación, acompañada siempre de comentarios que subrayaban su carácter inexplicable. Llama la atención la ausencia de actos recordatorios en memoria de estos tres asesinados abertzales, así como el olvido para con la mayoría de los demás asesinados por motivaciones políticas de la zona durante aquellos años.

JAVIER GARCÍA-LARRACHE. UN AMIGO QUE SE HA IDO.

Ayer falleció en Baiona Javier García-Larrache, una persona ciertamente querida.  

Conocí a Javier a mediados de los años ochenta cuando me permitió ver algunos documentos de su archivo familiar sobre la ferrería Olandia y ahondé en su amistad en los años siguientes. 

También en los años ochenta Javier protagonizó un acto que es preciso recordar. Cedió al Archivo General de Navarra la documentación del Consejo de Navarra, la entidad formada por la legalidad republicana en el exilio de Baiona, que él custodiaba como heredero de su padre, Rufino García Larrache, uno de los miembros más destacados de aquel. La consulta de esa documentación es imprescindible para la reconstrucción del exilio republicano navarro.

A principios de 2006, cuando se cumplían los cincuenta años del fallecimiento de su padre, Rufino García Larrache, desde Bidasoa Ikerketa Zentroa/Centro de Estudios Bidasoa le animamos a escribir la biografía de su progenitor. Javier aceptó el reto y a los pocos meses nos remitió el primer original. Finalmente el libro saldría en 2007 en la editorial Pamiela con el título de García Larrache. Un republicano navarro euskaldún (Pamplona 1889-Bayona 1956). 

En ese libro yo elaboré un largo prólogo con la intención de explicar al público la ingente labor de Rufino García Larrache y de Constantino Salinas y de David Jaime, compañeros suyos en la primera comisión gestora de la Diputación de la época republicana, a favor del Estatuto Vasco-Navarro durante los meses que mediaron entre diciembre de 1931, fecha esta en que el PNV aceptó la legalidad republicana y el gobierno republicanosocialista de Madrid se advino a impulsar el proceso autonómico de Vascongadas y Navarra en el marco de la Constitución de 1931, y el 19 de junio de 1932, fecha esta de la Asamblea de Pamplona en la que, como es sabido, los ayuntamientos navarros se descolgaron del proceso por la conjunción de los munícipes tradicionalistas y de los munícipes izquierdistas contrarios a aquel marco políticoinstitucional común. 

Rufino García Larrache fue miembro de la comisión redactora del proyecto estatutario y acudió en diversas ocasiones a defenderlo a la Ribera, el escenario más adverso al mismo, explicando que dicha zona sería directamente beneficiada gracias a la inclusión de diversas reivindicaciones agraristas de la UGT en el articulado de aquel. El proyecto de Estatuto Vasco-Navarro era fruto de la coparticipación de diferentes, unos en pro de la republicanización de nuestra tierra y otros en pro de dotarla de la mayor capacidad de autogobierno de acuerdo con unas pautas modernas y dentro de un escenario de una constitución progresista en el plano social y en el plano territorial. De haber salido adelante, no habría habido guerra civil. De haber salido adelante, contaríamos con un país establecido desde hacía ochenta años, sin duda mucho más cohesionado e incontestado.

En la presentación de aquel libro, en junio de 2007, Javier se emocionó al recordar la memoria de su padre. No sería la única vez que fui testigo de una situación así. En noviembre de 2015, cuando presenté Sin Piedad en Bera, Javier, cogido de la mano de Francine, sucumbió a mi mención a los intensos sufrimientos y al exterminio padecido por los republicanos de izquierda navarros. Un año después, en el acto de entrega de los Premios Euskadi en el Museo de San Telmo Javier no dejó de estar presente, igual que yo tampoco dejé de mencionar a su padre y a sus compañeros y a sus esfuerzos por la implantación de una justicia restaurativa en los años cuarenta y por una Navarra libre y democrática.

En la lucha contra el olvido la memoria de Javier era una poderosa herramienta de ayuda. Durante los últimos años, cuando en mis investigaciones me surgía alguna duda en relación con algunas personas, acudía a él y así en muchas ocasiones establecí conexiones que solamente personas como él podían realizar. A veces las relaciones eran sorprendentes: como en el caso de la persistencia de las relaciones de los republicanos en el exilio con los contrabandistas baztaneses incluso en los años carenta.

Siempre permanecerán en mi recuerdo aquellas conversaciones en su casa de Iratzokiberekoborda, en el barrio de Kaule, en las faldas de Larrun, el monte desde el que mejor se contempla la continuidad, y la discontinuidad, de nuestra tierra. En ellas Javier se conjugaba como la encrucijada qaue él en sí era: aunaba el profundo amor a Navarra y a Euskal Herria con un no menos hondo sentimiento por el país del Bidasoa, todo ello tamizado con el sentido de la educación, el civismo, la seriedad y el humor que le había proporcionado el exilio baionés. 

Descansa en paz, amigo.

ALBERTO OFICIALDEGUI NÚÑEZ, FOTÓGRAFO AFICIONADO Y CONFESOR Y RECEPTOR DE ÚLTIMAS VOLUNTADES.

Desde el mes de junio ha podido contemplarse en el Archivo de Navarra una selección de fotografías de comienzos del siglo XX de Alberto Oficialdegui Núñez, fotógrafo aficionado y sacerdote de Unzué e Ibero. Las instantáneas recogen temas habituales en su producción como paisajes navarros, medios de transporte, escuelas rurales y retratos individuales y colectivos. 

Alberto Oficialdegui Núñez nació en Artajona en 1872. Tras recibir las órdenes sacerdotales ejerció su apostolado en diversas parroquias navarras. Entre 1897 y 1900 fue ecónomo de la parroquia de Ostiz; entre 1900 y 1901 de las de Arzoz y Viguria; de 1901 a 1920 fue párroco de Unzué; y finalmente de Ibero desde 1920 hasta su fallecimiento en 1941.

Además de por su afición a la fotografía Alberto Oficialdegui tiene su lugar en la historia como confesor de izquierdistas y nacionalistas en sus últimos momentos antes de ser fusilados. En su archivo parroquial optó por la máxima reserva al hablar de las ejecuciones sumarias de las que habría sido testigo, limitándose a incluir en el libro de defunciones una “Nota curiosa” que decía que en 1937 “fueron fusiladas en el término y punto de las Tres Cruces en distintos días treinta y cinco personas … y allí mismo fueron sepultadas, al parecer por sus ideas izquierdistas y por las autoridades militares que los consideraron como dignos de muerte” (Ángel García-Sanz Marcotegui, Los “obreros conscientes” navarros. Gregorio Angulo (1869-1937), Pamplona, Fundación Juan Jose Gorricho/UGT, 1999, p. 289). Como es obvio, al igual que otros sacerdotes que llevaron a cabo cometidos similares, podía haberse preocupado por suministrar más informaciones de cara a la localización de fosas comunes para que los deudos de los asesinados pudieran exhumar sus restos y darles cristiana sepultura. Algo que, más de ochenta años después, sigue siendo imposible para muchas familias. La última ocasión en la que eso se ha tristemente corroborrado ha sido hace dos semanas en una fosa de Zizur que, por lo visto, habría sido destrozada, como muchas otras, en los años setenta.

Con todo, a pesar de las terminantes órdenes en contra hay testimonios de que remitió cartas a familiares de algunos a los que asistió.

Así, tal y como documentó Juan de Iturralde (El catolicismo y la Cruzada de Franco. Su carácter inicial, Ligugé (Vienne), Editorial Egui Indarra, 1966, pp. 180-181) la esposa del nacionalista Eladio Cilveti recibió una carta de Oficialdegui sobre la muerte de aquel fechada en 19 de enero de 1937. La carta dice que el 16 de enero unos militares le llevaron a Cilveti a su confesionario para que se confesara con él:

«Estaba el pobre agitadísimo y protestaba de que sin formación de causa y sólo por ser nacionalista se le quitara la vida. Me rogó hiciera yo lo que pudiera para libertarlo. Me dio una pena grandísima, pero son casos en que no se puede hacer nada».

Cilveti le dio las señas de su domicilio para que le diera personalmente a la mujer noticias de la confesión y de la muerte, viajando para ello a Pamplona, y para que le entregara el anillo y el dinero que tenía. Los guardias no consintieron la entrega ni del anillo ni del dinero. También le pidió que le dijera a la mujer «que si mucho la he querido siempre, ahora la quiero más que nunca». También le encargó que quería que su cadáver «fuera llevado a Pamplona, trasladando los restos de su sepultura provisional». Oficialdegui añadía que aunque no sabía dónde lo habían fusilado, un feligrés le dijo que estaba sepultado en Elío y que ya le proporcionaría más detalles cuando le visitara en su domicilio. Por último, añadía también una coletilla ciertamente expresiva del silenciamiento impuesto en relación con la información a proporcionar por parte de los curas sobre los asesinatos:

«Le mando aparte mi dirección porque se ignore por ahora, ya que nos está prohibido por ahora escribir a las familias de los fusilados, pues quieren llevar estos actos con todo secreto. Pero como los encargos hechos a la hora de la muerte son tan sagrados, por eso los cumplo». 

Eladio Cilveti está de actualidad porque recientemente el ayuntamiento de Pamplona ha decidido dar su nombre a una calle adyacente al estadio de El Sadar por haber sido aquel uno de los fundadores del Club Atlético Osasuna.

También la hija de Gregorio Angulo, el Pablo Iglesias navarro, recibió una carta del citado párroco de Ibero. Angulo fue asesinado el 2 de junio de 1937 en Ibero, siendo enterrado en el término de las Tres Cruces de dicha localidad. Sus restos serían identificados en noviembre de 2016 en una exhumación llevada a cabo por la Sociedad Aranzadi, junto con los de otras seis personas, entre ellos los de José Roa García. 

Alberto Oficialdegui remitiría una carta a Concepción Angulo, hija de aquel que decía lo siguiente:

“Muy Señora mía:

Aunque un poco tarde voy a cumplir con un encargo que me dio su querido padre.

El día 2 del corriente, a la noche, cuando ya salíamos del rosario de la parroquia, me trajeron a la iglesia de Ibero para que yo lo confesara a un señor de edad, que después resultó que era Gregorio Angulo.

Puedo asegurarle a usted que postrado de rodillas ante el confesonario, con una serenidad admirable, impropia de las circunstancias en que se encontraba, hizo su confesión y besó con fervor repetidas veces el crucifijo que para esos casos me sirvo yo.

Después de confesado me pidió como favor que yo hiciera saber a usted cómo se había confesado y cómo iba a morir fusilado. 

No le he escrito a usted antes, porque tanto a los que intervienen en el fusilamiento como a nosotros nos prohíben comunicarnos con las familias de los muertos; por ese escrúpulo, he dejado pasar tantos días de cumplir el encargo de su querido padre; pero como es algo sagrado el encargo que un penitente hace a la hora de su muerte, por eso quiero cumplir sin dejarlo para más tarde.

Sírvale a usted como lenitivo a su dolor que ha muerto cristianamente.

Primeramente lo llevaron a confesar a Echauri, pensando enterrarlo en el cementerio de ese pueblo; pero como el párroco de Echauri no se encontraba lo trajeron a Ibero, donde se confesó, murió y fue sepultado.

Acompaño a usted en el dolor profundo que no hay duda sentirá por haber muerto su querido padre de un modo tan desdichado y creáme que desde aquel día le encomiendo en mis pobres oraciones.

Esa dirección que pongo en el sobre es la que me dio su padre si mal no recuerdo.

Aprovecho la ocasión para ofrecerme a Usted” (Ángel García-Sanz Marcotegui, Los “obreros conscientes” navarros. Gregorio Angulo (1869-1937), Pamplona, Fundación Juan Jose Gorricho/UGT, 1999, pp. 289-290). 

A pesar de que el ejemplo reseñado es suficientemente ilustrativo como para pensar que quizás en los archivos parroquiales no haya nada que permita la localización de fosas comunes, quizás no estaría de más que las autoridades pertinentes ordenaran una búsqueda exhaustiva en esos fondos documentales, así como en los del Obispado, de cara a la localización de información al respecto. 

Estas últimas afirmaciones nuestras tiene base documental. Recordemos que en una carta remitida por el nacionalista Manuel de Irujo al republicano de izquierdas David Jaime Deán, residente en Cambó, el 27 de septiembre de 1946, y que acompañaba a un listado de los fusilados en Navarra que publicamos como Anexo en Sin Piedad, aquel escribía 

“Amigo Jaime:

Le incluyo a Vd. la relación nominal de fusilados de Nabarra. Conviene que por los medios que la Comisión Permanente del Consejo de Nabarra tenga en su mano, esta relación se complete rectificándola cuanto sea preciso. Me aseguran que la única persona que cuenta con una lista completa de fusilados es el Obispo. La ha confeccionado con los datos que le dieron los Párrocos y la guarda en su caja fuerte. Una de las primeras labores de cualquier organismo internacional que se precie de responsable es la de averiguar la verdad. Se ha asegurado que en Nabarra se mataron 15.000 hombres. La cifra parece exagerada. La estimación que hoy tengo, por los datos que le incluyo en la adjunta lista y por otros que he ido recogiendo, permiten reducir la cifra a unos 3.000. Si nosotros llegásemos a adquirir la certeza de esta segunda impresión, tenemos el deber de darla a conocer. Yo tendría mucha satisfacción si esto lo hiciera el propio Consejo de Nabarra. Y a este respecto no he de ocultar a Vd. que como navarro celebraría mucho que no fueran 15.000, sino 3.000 los asesinados, y ya son bastantes”. 

Asimismo, en otra carta que Irujo envió a Jaime el 4 de octubre del mismo año de 1946 aquél mencionaba: “Estoy conforme con las apreciaciones de Vd. en relación con la lista de fusilados; lo que trato de hacer es rectificarla y completarla todo lo posible. Creo haberle dicho que quien tiene la lista es el Señor Obispo de Pamplona. Trato de sacársela; veremos si logro lo que me propongo. Estimo que este asunto merece la pena de que Vds. yo y todos hagamos lo posible por conocer la verdad. Tenemos el deber de llegar a la máxima exactitud posible, para los fines que Vd. mismo dice en su carta”.

De las informaciones que se recogen en esas dos cartas se desprenden varios extremos a remarcar. En primer lugar, la relación de fusilados de 1946 de la que estamos hablando fue elaborada por los servicios de información del PNV y su finalidad era para ser remitida a organismos internacionales cuando el listado se completara mediante la incorporación de informaciones procedentes de otros agentes, el principal de ellos, el Consejo de Navarra. En segundo lugar, Irujo era conocedor del carácter incompleto de las cifras de asesinados que suministraba dicha relación, avanzando, tras sumar a aquéllas las obtenidas por sus propias fuentes, una estimación del número real de fusilados en torno a los 3.000. En tercer lugar, Irujo aseguraba que el obispo de Pamplona (seguramente Marcelino Olaechea, aún cuando ya había sido nombrado obispo de Valencia el 17 de febrero de 1946) disponía, a buen recaudo, de una relación de fusilados elaborada con las informaciones que le habían suministrado los párrocos. Es posible que, al menos parcialmente, algunos párrocos filtraran las informaciones suministradas a su superior también a los servicios de información de los nacionalistas vascos o que éstos consiguieran hacerse con parte de los informes facilitados por aquéllos. En cuarto lugar, parece ser que hubo peticiones de acceso a las informaciones relativas al censo de fusilados en manos del obispo por parte del PNV que, por lo visto, no habrían fructificado.

Tantísimos años después no sería un demérito de las autoridades episcopales referirse al tema planteado.

ASESINATOS POLÍTICOS EN GAZTELU Y EN EL PAÍS DEL BIDASOA.

Repetidas veces me he referido a las deficiencias de la gestión de la memoria de la limpieza política desarrollada en Navarra por el bando golpista. He insistido en la ausencia de un relato íntegro de lo sucedido que, por un lado, pondere adecuadamente sus dimensiones y aspectos formales y que, por otro, vaya más allá de las víctimas, abarcando también a los victimarios. 

Esas deficiencias también son predicables a la gestión de la memoria de los bárbaros asesinatos de Juana Josefa Goñi Sagardía y de sus seis hijos en Gaztelu a finales de agosto de 1936 tras haber sido expulsados del lugar quince días antes por la mayoría de los vecinos. Unos asesinatos ciertamente icónicos tras recuperarse finalmente sus restos por un equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi en octubre de 2016 en la sima de Legarrea a donde los cadáveres fueron arrojados, y evidenciarse así la verosimilitud de los rumores difundidos desde el mismo momento de los hechos.

El signo más evidente de lo que estamos diciendo es el hecho de la ausencia de Juana Josefa Goñi y de sus hijos en el listado oficial de víctimas de la limpieza política registrada en Navarra, cuando estaban presentes en los listados no oficiales anteriores. A fecha de finales de agosto de 2017 siguen sin figurar en la Base de Datos del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra, elaborado por investigadores del Departamento de Geografía e Historia de la UPNA. Con lo que están excluídas del status de víctimas de la brutal limpieza política impulsada por requetés, falangistas y autoridades militares en 1936-1937 y que se llevó por delante en nuestra tierra a más de tres millares de simpatizantes de fuerzas opuestas a ellos, esencialmente izquierdistas.

En mi reciente libro Muertes oscuras. Contrabandistas, Redes de Evasión y Asesinatos Políticos en el País del Bidasoa 1936 he aportado suficientes informaciones que inducen a pensar que los asesinatos de Gaztelu fueron de raíz ideológico-política, pudiendo insertarse en la cadena de asesinatos políticos, y de otros acontecimientos de naturaleza represiva, que tuvieron lugar en la zona aquellos mismos meses, así como meses después. En él me he esforzado por complementar, a partir de una información exhaustiva en archivos de todo tipo, las pobres y sesgadas informaciones que sobre el crimen de Gaztelu proporciona el respectivo sumario, incoado a partir de agosto de 1937 y que se prolongó durante nueve años. Aunque constituye la única causa abierta en Navarra en relación con personas desaparecidas durante aquellos años, el sumario se ciñó al hecho de la expulsión y nunca investigó el hecho de los asesinatos, siendo procesados la mayoría de los vecinos por el delito de coacciones. Al igual que sucede con todos los procedimientos judiciales civiles o militares vistos en aquel libro, ese sumario debe ser contemplado con precaución dado que los relatos de los testigos o inculpados presentes en él, así como la actitud de los jueces y abogados, están afectados por sesgos ligados al afán de encubrimiento y a las dobles intenciones. 

En mi libro me he preocupado asimismo por profundizar en los episodios represivos vividos en la comarca durante aquellos meses, y en todo el periodo hasta el final de la guerra e incluso después, por los que fueron castigados los escasísimos ugetistas y republicanos de la misma, así como también, aunque en menor medida, los nacionalistas, estos últimos mucho más abundantes. En mi repaso se comprueba bien a las claras la responsabilidad de los denunciadores carlistas de la comarca, los únicos en ella. No dejan de estudiarse en él las peculiaridades del país del Bidasoa: los contrabandistas, al apoyar redes de paso de armas, documentos, billetes estampillados y de evasión de izquierdistas y nacionalistas, conformaron una realidad sumamente compleja que afectó a varios casos, también al de Gaztelu, haciendo que los sumarios incoados solamente contemplaran los bordes de aquella. 

El mismo asunto de Gaztelu no sería ajeno a esas tramas del contrabando. El mismo Pedro Sagardía Agesta, esposo y padre de los asesinados, sería tildado de “espía” en varias ocasiones a lo largo del sumario, lo que debe ser interpretado en el sentido de que no era un desafecto pasivo, sino un izquierdista activo en labores en contra del bando golpista. Eso no es nada sorprendente sino que se relaciona con los vínculos familiares de aquel: Ramón Zozaya, el marido de Petra Goñi, la hermana de la mujer de Pedro Sagardía, era concejal ugetista en Doneztebe/Santesteban desde abril de 1933. Estuvo encarcelado durante siete meses, del 25 de julio de 1936 a enero de 1937, en el depósito municipal del pueblo junto con otros cinco izquierdistas, y se salvó de milagro de una saca colectiva. Por otra parte, el abogado de la acusación que tratará de llevar la investigación de forma realmente inquisitiva estaba relacionado estrechamente con personalidades importantes del contrabando de la comarca que fueron objeto de sumarios militares y de cárcel por contrabando de billetes estampillados y por redes de evasión tras haber sido denunciadas con toda seguridad por los requetés de la zona. En esas redes participaron personas del mismo Gaztelu y de los pueblos cercanos. Una persona, María Maz Alberro, cuyo padre y hermano serían encarcelados en la Prisión de Pamplona el 24 de julio de 1936 por conducir a Francia a izquierdistas, sería juzgada año y medio más tarde por el mismo motivo: en el sumario los informes se refieren a ella en parecidos términos con los que se acusó a Juana Josefa, relativos a su conducta inmoral y a su afición al robo en huertas. 

Tal y como dice Kalyvas, el máximo experto en la violencia política en la retaguardia de las guerras civiles, en asuntos como el referido el investigador no puede limitarse a las informaciones del sumario sin profundizar en sus limitaciones ni en las razones de estas y sin complementarlas con todos los datos relativos a la persecución de desafectos en el entorno y a la personalidad de los perseguidores y de los inductores. Semejantes crímenes no pueden ser interpretados solamente como resultado: hay que verlos como proceso. Menos todavía se pueden contemplar como resultado de una locura colectiva ya que entonces se les despoja, “de todo significado que vaya más allá de su finalidad”, se contemplan solamente los efectos y no las causas, sólo se constata condena en vez de explicación.

No cabe mejor homenaje a Juana Josefa Sagardía y a sus hijos que el reconocimiento de su status de asesinados políticos, status que nunca se les debería haber hurtado. Tampoco cabe mejor homenaje que su tratamiento conjunto con todos los asesinados políticos de la comarca (ugetistas, republicanos y abertzales) de acuerdo con una gestión integral de la memoria que contemple también a sus victimarios requetés, todo ello con una finalidad pedagógica para las generaciones actuales. Algo que sería deseable que, más de ochenta años después, los ayuntamientos de la zona y el Gobierno de Navarra acometieran de forma diligente.