LOS TRES FUSILADOS JELTZALES DE ITUREN: MEMORIA Y OLVIDO.

La atención en relación con la limpieza política desarrollada por el bando golpista en el país del Bidasoa se ha centrado en los icónicos asesinatos de Juana Josefa Goñi y de sus seis hijos en Gaztelu, posteriormente arrojados a una sima. En nuestro último libro (Muertes oscuras. Contrabandistas, redes de evasión y asesinatos políticos en el país del Bidasoa, 1936) hemos subrayado que fueron provocados por motivos políticos, ya que el cabeza de dicha familia sería un izquierdista supuestamente involucrado en el paso de fugitivos a Iparralde. También hemos recalcado la responsabilidad de los requetés, únicos agentes represores en el entorno, así como la existencia de otros hechos represivos y asesinatos que en la misma zona conformada por Bertizarana y por los municipios de Malda Erreka afectaron a izquierdistas y a abertzales en el mismo verano de 1936, en las mismas fechas en que se sustanciaba el trágico destino de la familia gazteluarra, así como en los meses y años posteriores.

En ese ámbito geográfico la derecha, en su integridad carlista, consiguió cómodas mayorías en las elecciones de la época republicana: el 68 por ciento de los votos en noviembre de 1933 y el 78 en febrero de 1936. El PNV bajó del 28 al 18 por ciento entre ambas fechas. Los republicanos y socialistas eran marginales, por debajo del 5 por ciento. Los pueblos más nacionalistas eran Bertizarana, Ituren y Zubieta.

A pesar de ese predominio aplastante de la derecha españolista, en julio de 1936 la zona, en comparación con las demás comarcas navarras, mostró un comportamiento absolutamente abúlico en relación con el apoyo al golpe de Estado. Aunque a lo largo de los tres años hubo 775 hombres que marcharon al frente, en la mayoría de los pueblos apenas hubo voluntarios en los primeros días. El 25 de julio serían detenidos dos ugetistas de Narbarte, Florentino Zozaya y Martín Goñi, el primero concejal en 1933: encarcelados en la Prisión Provincial de Pamplona serían asesinados en Gazólaz en marzo de 1937. Aquel mismo día serían encarcelados en la cárcel municipal de Doneztebe seis ugetistas y republicanos del pueblo (dos de ellos concejales socialistas, uno cuñado de Juana Josefa Goñi) que estarían allí recluidos hasta enero de 1937, librándose de milagro de ser asesinados por un escuadrón de la muerte. El 3 de agosto serían destituidos los cinco concejales nacionalistas de Bertizarana, así como uno de los dos médicos, el peneuvista Julio Oteiza. El 15 de agosto serían expulsados de Gaztelu Juana Josefa Goñi y sus hijos, siendo asesinados en el monte a fin de mes. El 28 de agosto sería destituida la maestra izquierdista de Doneztebe Micaela Santamaría como consecuencia de una delirante carta-denuncia del 24 del veterinario, Cándido Albistur, a su cuñado Eladio Esparza, secretario de la Junta Superior de Educación. En agosto, como veremos, fueron destituidos el médico, el depositario y el secretario de Ituren: los dos primeros serían encarcelados y ejecutados con un tercero por su militancia abertzale. Otras personas también corrieron peligro, entre ellas un significado peneuvista de Narbarte y un ugetista de la misma localidad, salvándose por la mediación de un jauntxo de la localidad y por su alistamiento como voluntarios requetés a mediados de agosto. Con posterioridad a septiembre de 1936, hubo más asesinatos y hechos represivos, tal y como puede verse en el libro citado.

Esos hechos represivos fueron motivados por la inflexible voluntad punitiva de los requetés, única fuerza paramilitar consolidada en la zona, y por su afán de aumentar el nivel de control sobre el territorio para incrementar el nivel de la colaboración civil en un ámbito geográfico caracterizado por la abulia ideológica y con un alto interés estratégico a causa del factor de la frontera colindante.

Centrándonos en el caso de los tres abertzales iturendarras, los tres residían en el barrio de Aurtitz. Tras su destitución el 14 de agosto, el médico Pedro Gorostidi Imaz fue encarcelado en Bera el 26 de agosto. Allí también quedarían privados de libertad a partir del día 31 el depositario municipal, Miguel Hualde Gorosterrazu, y el joven Juan Bautista Iriarte Azpíroz.

Pedro María Gorostidi, nacido en San Sebastián en 1896, tenía entonces 40 años. Médico de Ituren desde 1927, en 1930 se casó con Bittori Urrotz Zubizarreta, hija esta del anterior médico de la localidad. Con anterioridad, Gorostidi fue médico titular de Lesaka, ejerciendo tal cargo entre febrero de 1922 y finales de 1925, fecha esta última en que dimitió por desavenencias con el otro médico, Diego Olaechea, y a pesar del apoyo recibido de la mayoría de la junta local de Sanidad. La mujer del médico lesakarra Olaechea era pariente de Cándido Albistur.

Gorostidi fue miembro del Napar Buru Batzar del PNV en 1933-1934. Junto con su mujer desplegaron una intensísima actividad política y cultural, impulsando la constitución de varias juntas locales jeltzales en la zona de Malda Erreka y aledaños. Su labor tuvo efectos electorales notorios. Gorostidi y su esposa trabajaron arduamente no solo en la divulgación del ideario y en la ampliación del electorado jeltzale, sino también en la del sindicalismo abertzale. En mayo de 1932, según narraban los periódicos nacionalistas Euzkadi y El Día, el matrimonio se comprometió a donar 15.000 pesetas anuales a Solidaridad de Obreros Vascos, sindicato del que también eran militantes. Con todo, el afecto de la población hacia Gorostidi trascendía ideologías, siendo venerado casi como un santo por su talla humana y su generosidad en su quehacer profesional.

Miguel Hualde, de 32 años y soltero, vivía con su madre viuda. De profesión comerciante, ejercía de depositario en el Ayuntamiento. Juan Bautista Iriarte, de 26 años y soltero, residía con su madre viuda y tres hermanos más jóvenes. Maestro que había terminado sus estudios hacía poco tiempo, había ejercido únicamente en Arraitz. En el padrón de 1935 residía en la misma casa en la que vivía Pedro Gorostidi, en otra vivienda.

Los tres iturendarras coincidirían en el depósito municipal de los bajos del Ayuntamiento de Bera con ugetistas beratarras y con izquierdistas guipuzcoanos. Fueron encarcelados en Bera porque el depósito municipal de Doneztebe estaba saturado. No fueron enviados, como era lo habitual, a los diversos centros de detención de Pamplona (Prisión Provincial, Fuerte de San Cristóbal y Escolapios) porque los requetés temían que en la capital hubieran podido encontrar valedores, como sucedió con el secretario de Ituren Benedicto Vicente, también destituido el 14 de agosto, pero que consiguió ser repuesto en el cargo tras negar su nacionalismo ante la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra y por las gestiones del abogado tradicionalista Joaquín Urisarri, muy ligado a aquel pueblo.

En Bera los tres detenidos quedaron a expensas de la Comandancia Militar del Bidasoa, radicada hasta la toma de Irun en aquella localidad y mandada hasta el 2 de septiembre por Ladislao Visier y desde aquel día por Julián Troncoso. Finalmente, fueron fusilados el día 28 de septiembre en un pinar cercano al puente de Lesaka, pero en término de Etxalar, a 300 metros del kilómetro 72 de la carretera Irun-Pamplona, entre el río Bidasoa y la carretera. Unos años más tarde los cuerpos de los tres serían exhumados y enterrados en el cementerio de Ituren a iniciativa de Bittori Urrotz.

En la suerte de los tres abertzales iturendarras confluyó la voluntad de castigo de los requetés del entorno y de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra. Diversas fuentes y testimonios indican que habrían sido objeto del ánimo denunciador de los requetés del mismo Ituren, como el párroco Faustino Arbizu y sus sobrinos Leopoldo y Francisco Tena, estos dos últimos responsables sucesivos del Requeté local. Francisco Tena ordenó a los peneuvistas del pueblo disolver la Junta Municipal el 5 de septiembre y adherirse incondicionalmente al Movimiento Salvador de España para toda clase de servicios. Anteriormente, alguno de ellos, seguramente Leopoldo, había polemizado duramente con Pedro Gorostidi en febrero y marzo de 1935 en Diario de Navarra y en La Voz de Navarra sobre las estrategias políticas peneuvistas. Los dos hermanos Tena estuvieron la mayor parte de la guerra en retaguardia, siendo mandos relevantes (de los poquísimos de la zona) del destacamento del Tercio Roncesvalles radicado en Elizondo y dedicado a la vigilancia de la frontera hasta marzo de 1938. Años más tarde, Leopoldo sería condenado por el Tribunal Supremo por un asunto ciertamente turbio de índole sexual.

El destino de los tres jelkides iturendarras quedó cerrado, al igual que sucedió con el de Fortunato de Agirre, alcalde de Estella, tras la petición de duro castigo al nacionalismo solicitado por la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra el 24 de septiembre a la Junta de Defensa Nacional de Burgos.

Igual que sucedió con los asesinatos de Juana Josefa Goñi y de sus hijos, sobre los que los rumores se expandieron con rapidez por la comarca, los asesinatos de los tres abertzales iturendarras conmocionaron profundamente a los habitantes de la misma. Esa conmoción nos fue transmitida a los de nuestra generación, acompañada siempre de comentarios que subrayaban su carácter inexplicable. Llama la atención la ausencia de actos recordatorios en memoria de estos tres asesinados abertzales, así como el olvido para con la mayoría de los demás asesinados por motivaciones políticas de la zona durante aquellos años.

RAIMON EN NOSOTROS

Como es sabido, la Plataforma Gure Esku Dago ha convocado para el próximo 8 de junio una cadena humana entre Durango y Pamplona impulsada por bajo el lema "Somos una nación, tenemos derecho a decidir, es el momento de la ciudadanía". La convocatoria está siendo precedida de numerosos actos por la geografía vasconavarra. Con ecos de la Vía Catalana hacia la Independencia del pasado 11 de septiembre que, organizada por la Asamblea Nacional Catalana, reunió a decenas de miles de personas entre Le Perthus y Vinaroz, la diferencia fundamental entre ambas iniciativas consistiría en que mientras la primera une ámbitos espaciales extensos de dos comunidades autónomas, apelando al derecho a decidir de las poblaciones de la Comunidad Autonóma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra, consideradas ambas como una única nación, un único sujeto nacional, la segunda, a pesar de introducirse levemente en territorios de otra obediencia administrativa, se centraba en una sola realidad políticoinstitucional. El Manifiesto de aquella plataforma, emitido el 9 de diciembre de 2013, hace referencia a vivirse “un nuevo tiempo en Euskal Herria” para el que se requerirían “nuevas iniciativas de hondo calado por la senda del trabajo en común” en las que “la ciudadanía se convierta en la principal protagonista de ese camino”. “Más allá de los diferentes proyectos que pueda proponer cada cual de cara al futuro, entendemos que es posible, necesaria, oportuna y legitima la acción colectiva en torno a la socialización y ejercicio” del derecho a decidir, “un derecho, como punto de encuentro de diferentes sensibilidades”. Por todo lo cual, se afirma “que como pueblo tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro” y “que la decisión nos corresponde a las ciudadanas y los ciudadanos”. En otro lugar de la página web se considera que “es el origen del conflicto político que vive Euskal Herria. Porque es una reivindicación prepolítica, para crear una base democrática. Punto de encuentro de todas las sensibilidades” y se afirma que “la reivindicación del derecho a decidir ha estado constantemente en la agenda política y social de Euskal Herria (en el Aberri Eguna de 1978, en el Parlamento Vasco en 1990, en Udalbiltza y en su Carta de Derechos, en los documentos de referencia de Lizarra- Garazi, en las conversaciones de Loiola, en la cumbre de Aiete y en el punto cuarto de la Declaración).

La extensión de la reivindicación del derecho a decidir en Catalunya tiene que ver con el carácter traumático del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de aquella comunidad. La propuesta aprobada por el Parlament de Catalunya en septiembre de 2005 con los votos favorables de 120 de los 135 diputados (todos menos los del PP) fue modificada por la Comisión Constitucional del Congreso y por las negociaciones entabladas por el Gobierno de Zapatero y CiU, quedando excluídas de éstas ERC, haciendo que este último partido, miembro hasta entonces del gobierno tripartito impulsor de la propuesta, no apoyara la redacción final aprobada por el Congreso en marzo de 2006. Posteriormente, a pesar del refrendo popular a ese texto final (con un 73,9 por ciento de síes, aunque con una abstención del 50,6) el 18 de junio de 2006, el Tribunal Constitucional resolvería en junio de 2010 el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del Partido Popular, dictaminando la "ineficacia jurídica" del Preámbulo, así como la inconstitucionalidad de catorce artículos y la lectura de otra decena según el criterio del propio Tribunal. La manifestación, de respuesta a esa sentencia, que reunió en Barcelona el 10 de julio de 2010, bajo el lema "Som una nació, nosaltres decidim" a más de un millón de personas con el apoyo de todos los partidos políticos del Parlament, a excepción del PPC y de Ciutadans, representaría el pistoletazo de salida de crecimiento de los apoyos al movimiento a favor del derecho a decidir.  

En el caso de la CAV, la propuesta de reforma del Estatuto, planteada en 2003 por el Gobierno de coalición del Lehendakari Ibarretxe, fue rechazada en febrero de 2005 por el Congreso por 313 votos en contra (PSOE, PP, IU, CC y CHA), 29 a favor (PNV, ERC, CiU, EA, NaBai y BNG) y 2 abstenciones (ICV). 

Esos dos proyectos fracasados de ampliación del autogobierno registraron, o han registrado, sendos episodios finales que tienen que ver con el intento de conformación de sendos sujetos decisorios fragmentarios en las comunidades autónomas vasca y catalana. 

En la CAV, ante el fracaso de un nuevo intento negociador con el Gobierno de España para el establecimiento de un nuevo marco, el Gobierno de Ibarretxe impulsó la aprobación en junio de 2008 de un proyecto de ley de consulta a la ciudadanía vasca, fijando el texto de las preguntas. Esa ley sería declarada inconstitucional en septiembre del mismo año por el Tribunal Constitucional.  

Precisamente el contenido de aquella sentencia, la 103/2008 del Tribunal Constitucional, prefiguró en buena medida la reciente sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 25 de marzo relativa a la Declaración del Parlamento catalán de 23 de enero de 2013, por la que el Parlement de Catalunya proclamaba al pueblo catalán como sujeto político y jurídico soberano. El Tribunal Constitucional afirma que el reconocimiento de un sujeto dotado de soberanía y distinto del pueblo español, como pudiera serlo el catalán o el de otra comunidad del Estado, resulta contrario a las previsiones de los artículos 1.2 y 2 de la Constitución. Por lo tanto, ninguna Comunidad Autónoma podría unilateralmente convocar un referéndum sobre su forma de integración en España o de segregación del Estado. Con todo, en las mismas dos sentencias se abre la puerta a modificaciones del engarce de las partes con el todo mediante propuestas de reforma de la Constitución dirigidas a ser consideradas por el Parlamento Español, es decir, mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional del artículo 168 de la Constitución. Debe subrayarse que, en el caso catalán, de cara a esa "interpretación constitucional de las referencias al derecho a decidir" de los ciudadanos catalanes, el Tribunal Constitucional recuerda que son "los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales" quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación" los problemas que se suscitan en el orden constitucional, "en particular los derivados de la voluntad de una parte de alterar su estatus jurídico". También hay que decir que, contando con el antecedente de la primera sentencia, el Consejo Asesor para la Transición Nacional en su informe La consulta sobre el futur polític de Catalunya había juzgado que, en comparación con otras cuatro posibles vías legales (dos de ellas surgidas de artículos de la Constitución, otra de la ley autonómica 4/2010 y la última, de la proposición de ley sobre consultas populares), la vía de la reforma constitucional suponía un proceso largo y complejo en el que las fuerzas políticas catalanas siempre estarían en minoría, exigiendo, además, de ingeniería constitucional. 

Por lo tanto, la historia reciente prueba que intentar ampliar el autogobierno siguiendo las vías constitucionales puede ser arrumbado o recortado por las fuerzas dominantes en Madrid, bien en el Congreso o bien por el Tribunal Constitucional. A su vez, la puerta que abren las dos sentencias del TC sobre un posible derecho a decidir fragmentario que siga la vía constitucional de la reforma de la Constitución es inconcreta y nebulosa (¿cómo podría obviarse el contenido de los dos primeros artículos del texto constitucional?) y siempre penderá sobre ella el veto del PP y del PSOE.

En lo que respecta a Navarra, las tesis favorables al aumento de nuestro autogobierno de algunas formaciones políticas no han podido abrirse camino, por cuestión de mayorías y por la imposibilidad de articularse una alternativa a UPN por la negativa del PSN a apostar por otras opciones que no sean la entrada en gobiernos de coalición con aquel partido o apoyar su acción de gobierno, en situación de minoría parlamentaria, desde el exterior. No hace falta recordar el fracaso la Ponencia sobre Autogobierno de la legislatura 2003-2007 y de los vanos intentos por resucitarla ulteriormente. Paralelamente, y por las mismas razones que las antedichas, tampoco se ha podido impulsar ninguna iniciativa, siguiendo parámetros constitucionales, tendente a establecer políticas estables de cooperación con la Comunidad Autónoma Vasca mediante órganos permanentes como el previsto por el gobierno de coalición entre el PSN, CDN y EA de 1995, que fue finalmente abortado por la demolición de dicho gobierno, decidida por el propio PSN, tras el asunto de las cuentas secretas en Suiza de Otano. 

Curiosamente tampoco han sido socializadas convenientemente propuestas de incremento del autogobierno navarro, calificables como de “terceras vías” entre la inmovilidad del bloque constitucionalista y las procedentes de la izquierda abertzale, como la de Nafarroa Bai de 2007. Dicha propuesta, asumida en su plenitud hoy en día por formaciones como Zabaltzen, integrada en la coalición Geroa Bai, habla también del empleo de la vía de los derechos históricos para lograr dicho incremento competencial, de la defensa de la concepción de la ciudadanía navarra como sujeto político decisorio libre e incondicionado, del respeto a la convivencia interidentitaria y del establecimiento, en el corto plazo, de un órgano de cooperación permanente entre Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca como el que casi se puso en marcha 1995. Todo ello, desde la perspectiva de que la voluntad democrática y la negociación son las fuentes primordiales de legitimación de las organizaciones políticas, con lo que se residencian las decisiones relacionadas con el marco políticoinstitucional navarro en la conformación de mayorías a través del pacto. Y con la idea de agotar, en relación con todo lo anterior, los mecanismos que proporciona el actual marco constitucional. 

Teniendo en cuenta todo ello, y volviendo a la iniciativa de la cadena humana del 8 de junio, no parece de demasiado recorrido la mezcla, implícita en esa iniciativa, de ámbitos de decisión tan diferentes como el de la CAV y el navarro. Asimismo, no parece demasiado acertado partir de enfoques desiderativos y prepolíticos, que busquen un amoldamiento de la realidad a una determinada concepción de la sociedad y de la territorialidad vasconavarra, sin tener e cuenta, en última instancia, la necesidad de hacer política desde la evidencia.

A pesar de la diferencia de estadio y de clima entre el contexto catalán, el de la CAV y el de la Navarra, queremos hacernos eco también aquí de las reflexiones del cantante valenciano Raimon sobre las repercusiones del actual proceso catalán en otros territorios de lengua catalana como la Comunidad Valenciana o Baleares. Artista que no necesita presentación para quienes ya tenemos cierta edad y cuyas actitudes personales han sido en más de ocasión dignas de elogio, Raimon afirmó la semana pasada en unas declaraciones en Catalunya: “Yo no soy independentista porque no me lo había planteado nunca y desde Valencia todo esto se mira de otro modo”; la independencia “te la miras con más atención, si piensas en términos de unidad cultural, y con más alarmas porque en el País Valenciano hay un anticatalanismo que está funcionando y puede crecer”; “Yo soy valenciano. ¿Qué repercusiones podría tener la independencia de Cataluña en el País Valenciano? El anticatalanismo crecería todavía más”. Aunque posteriormente ha subrayado su apoyo a la consulta a la ciudadanía e incluso su hipotético voto positivo de poder votar en ella, sus posturas han generado múltiples reacciones, así como críticas en las redes sociales. Con todo, en su tierra de origen no faltan quienes ven razonables sus palabras, si bien también es justo reconocer que no yerran quienes apuntan a que a la derecha valenciana no le hace falta la independencia de Catalunya para distinguirse por su anticatalanismo extremo.

No podemos dejar se sentirnos concernidos por las palabras de Raimon. Hay muchas similitudes entre la Comunidad Valenciana y Navarra. Entre ellas, un dualismo identitario de base (si bien hoy en día proyectado a una diversidad de etiquetas identificatorias); una parecida situación de doble perifericidad ante un nacionalismo español dominante y un nacionalismo, mayoritario en la comunidad vecina, pero minoritario aquí; una similar pulsión de adaptación a Navarra de uno y otro nacionalismo, que complejiza mucho las cosas, no sólo por la introducción de un pathos radical; una cierta desmemoria, no obstante, ante la valoración de lo propio que dificulta la emergencia de un sentimiento particularista estrictamente autóctono y sin ataduras; una derecha, por último, cuyas formas de gobierno son deleznables y cuya gestión está teñidísima de corrupción, que emplea el argumento identitario como parapeto defensivo y que hasta ahora se ha beneficiado de esa estrategia. 

También es preciso recordar, por otra parte, que iniciativas similares a la Giza Katea del 8 de junio no han contribuído históricamente a acercar Navarra al resto de Euskal Herria, sino más bien a fortalecer a los agentes contrarios a dicha aproximación. El triunfalismo peneuvista del finalmente fracasado proceso estatutario de 1931-1932 dejó demasiados cabos por atar y cometió demasiados fallos, tal y como no se privó de señalar el mismo Manuel de Irujo. Hace unas décadas, los actos de masas y la campaña del Nafarroa Euskadi Da de finales de los setenta registraron serios fallos de calibración, el peor de ellos no entender el lastre que suponía la violencia terrorista de ETA. 

No sólo hay que ir al pasado. Ejemplos recientes, en contextos absolutamente favorables a la iniciativa reseñada, prueban que apelar al derecho a decidir ni siquiera sirve para avalar las tesis de fondo de aquélla. La consulta llevada a cabo en Etxarri Aranatz el pasado 13 de abril, convocada por la plataforma ciudadana A13 y apadrinada por EH Bildu y por Geroa Bai, tal y como se veía en el cartel, se saldó con un fracaso. Ante la pregunta “¿Quieres ser ciudadano o ciudadana de una Euskal Herria independiente?”, sobre un total de 1.990 vecinos mayores de 16 años llamados a participar, solamente emitieron su voto 851, el 42,8 por ciento. De ellos, 804 votaron a favor de la independencia y 18 en contra. Además, se registraron 26 votos blancos y tres nulos. Además, a la escasez de los apoyos recabados, hay que añadir que los resultados obtenidos expresan una fractura clara dentro del nacionalismo vasco. Hay una clara disonancia entre los síes y los votos obtenidos por las opciones nacionalistas en anteriores convocatorias electorales. En las elecciones generales de noviembre de 2011 Amaiur sacó 837 votos y Geroa Bai 237. En las elecciones autonómicas de mayo del mismo año Bildu consiguió 795 apoyos y Nafarroa Bai 2011 306. De todo ello, se puede presumir que el electorado de Geroa Bai no votó sí en el referéndum, aún cuando dicho partido lo apoyaba, lo que se puede considerar un divorcio entre las instrucciones dadas por la élite del partido y las bases, interpretable, entre otras razones, en clave ideológica. 

Esos datos, procedentes de un laboratorio extremo, avalarían que en Navarra la política basada en la evidencia nos revela una y otra vez que, aunque las perspectivas reduccionistas, basadas en rotundas líneas de fractura y expresadas en eslóganes de trinchera, tienen su mercado en los extremos del electorado (es decir, en UPN y en Bildu), gran parte de la sociedad comparte otro tipo de visiones no maximalistas que asumen que múltiples valores pueden ser compartidos por gente de origen e idearios diferentes. Por supuesto, esos sectores más centrados del electorado se verán ahora entre dos fuegos. ¿Alguien duda que el navarrismo españolista reactivo de UPN y del PP se privará de responder con toda la artillería pesada a la iniciativa del 8 de junio? No serían de extrañar convocatorias de actos masivos por parte de esos partidos (también incluso cadenas humanas o consultas a nivel municipal) invocando un supuesto derecho a decidir de los navarros en relación, por ejemplo, de la derogación de la disposición transitoria cuarta, algo acerca de lo que ya se han manifestado en múltiples ocasiones líderes de dichas formaciones. 

Raimon en nosotros. En ocasiones, en demasiadas ocasiones quizás, también se hace patria de una forma diferente, de una manera distinta a la propugnada por los guardianes de las esencias identitarias. Desde el equilibrio y el respeto proactivo a la diversidad de los ciudadanos de tu propio país.

ASESINATO DE TRES JELTZALES NAVARROS A ORILLAS DEL BIDASOA.

La celebración el sábado 28 de septiembre de un homenaje por parte del ayuntamiento de Lizarra/Estella a Fortunato de Agirre, alcalde de dicha localidad por el Partido Nacionalista Vascofusilado en Tajonar el día de San Miguel de 1936, nos ha hecho recordar el asesinato por las mismas fechas de otras tres personas de la misma filiación política y cuya memoria no suele ser recordada.

Un día antes que Fortunato de Agirre, el día 28 de septiembre, fueron fusilados en un pinar cercano al puente de Lesaka, pero en término de Etxalar, Pedro María Gorostidi Imaz, Miguel Hualde Gorosterrazu y Juan Bautista Iriarte Azpíroz, los tres vecinos de Ituren.

Pedro María Gorostidi Imaz nacido en San Sebastián en 1896, tenía entonces 40 años. Casado con Victoria (Bittori) Urroz Zubizarreta, sin hijos, era médico de la localidad en la que residía desde 1927. Con anterioridad, tal y como nos informó Jokin Iturria, que conocía la circunstancia, para nosotros desconocida, por su padre, Joxe Iturria, fue médico titular de Lesaka. Hemos confirmado ese dato: en el archivo municipal lesakarra consta que ejerció tal cargo entre febrero de 1922 y finales de 1925, fecha ésta última en que materializó la dimisión que presentó en marzo de aquel mismo año por desavenencias con el otro médico, Diego Olaechea, relacionadas con la asistencia sanitaria que prestaban a la vecindad, y a pesar del apoyo recibido de la mayoría de la junta local de sanidad. 

Por otra parte, Gorostidi fue miembro del Napar Buru Batzar en 1933-1934 y en 1934 formó parte de una efímera asamblea regional que duró unos pocos meses a causa de las fuertes tensiones internas registradas en el PNV navarro por la gestión de Jesús Doxanbaratz. Los testimonios orales recabados en Zubieta por Juainas Paul Arzak y otros (en Elkarren artean, Zubieta 1931-1936. Errepublika eta 1936ko gerra Baztan-Bidasoan, 1995) hablan bien a las claras de la intensísima actividad política desplegada por Gorostidi y su cónyuge a favor del nacionalismo vasco, subrayando sobre todo el papel que solía hacer la segunda a través de iniciativas de tipo cultural. A la ascendencia de ambos se debe la constitución de varias juntas locales jeltzales en la zona de Malda Erreka y aledaños, llegando a tener el PNV agrupaciones municipales en Ituren, Zubieta, Saldías, Beintza-Labaien, Elgorriaga y Bertizarana. Asimismo, Emakume Abertzale Batza llegaría a tener agrupación local en Ituren. De cualquier forma, la mejor forma de ponderación del trabajo realizado por Gorostidi y su esposa la tenemos en los resultados electorales por municipios de la zona en las elecciones de 1933 y 1936, elecciones en las que, como es sabido, el PNV presentó lista separada.

En las elecciones de 1933 los peneuvistas lograron unos resultados ciertamente espectaculares en Ituren y Zubieta, arrollando al Bloque de Derechas, precisamente en las elecciones en las que éste se hizo con la hegemonía absoluta en Navarra de la que ya no se desprendería. La candidatura jeltzale conseguiría un tercio más de votos que la derecha en la primera localidad y casi la multiplicó por tres en la segunda. En pueblos adyacentes, donde también actuaría el influjo del matrimonio Gorostidi, como Beintza-Labaien, Doneztebe, Elgorriaga y Ezkurra, el PNV también consiguió resultados dignos. Posteriormente, en las elecciones de 1936, Ituren y Zubieta, así como otros colindantes como Arantza y Elgorriaga, se significaron por ser de los más resistentes al tsunami derechista en el País del Bidasoa y en toda Navarra. No hace falta explicar la inquina que todo ello tuvo que provocar en una derechona ávida de eliminar cualquier obstáculo que se resistiera a su afán de monopolización. 

Gorostidi y su esposa trabajaron arduamente no sólo en la divulgación del ideario y del electorado jeltzale, sino también en la de la práctica sindical solidaria (es decir, de ELA/STV) que en aquel entonces se entendía concurrente con aquéllos. Dato significativo de lo que estamos diciendo es el hecho de que en mayo de 1932, según narraban los periódicos nacionalistas Euzkadi y El Día, el matrimonio se comprometiera a donar 15.000 pesetas anuales, el sueldo de varios meses de actividad profesional, al sindicato abertzale del que también eran militantes. 

Por lo que respecta a los otros dos fusilados iturendarras, Miguel Hualde Gorosterrazu, soltero de 32 años que vivía con su madre viuda de 60 años Maria Santos Gorosterrazu Hualde, había nacido en Venezuela. De profesión comerciante, ejercía de Depositario en el ayuntamiento. Por su parte, Juan Bautista Iriarte Azpíroz, soltero de 26 años, nacido en Argentina, residía con su madre viuda de 56 años, Dionisia Azpíroz Galain, y tres hermanos más jóvenes: Graciosa, de 24 años, Francisco de 22 y Rosario de 17, todos solteros. Maestro que había terminado sus estudios hacía poco tiempo, había ejercido únicamente en Arraitz, donde se hospedaba en la Venta Juan Simón, tal y como nos ha recordado una antigua exalumna. No deja de ser llamativa, por si pudiera haber influído en su detención y asesinato, la circunstancia de que residiera en la misma casa en la que vivía Pedro Gorostidi, en otra vivienda. 

Pedro Gorostidi y Miguel Hualde fueron destituídos de sus cargos, de médico y depositario respectivamente, el día 14 de agosto de 1936. Ese día, el alcalde de Ituren, notificaba mediante oficio a Gorostidi que a las 16 horas del día 13 se había personado en la alcaldía “el Señor Comandante del puesto de la Guardia Civil de Sumbilla, quien en cumplimiento de orden del Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta provincia”, había procedido “a la destitución de V. como Médico titular”. En el mismo oficio se requería a Gorostidi para que firmara el duplicado, tal y como lo hizo con su firma. Una carta de César Aguirre Vértiz, médico de Santesteban, al alcalde de Ituren fechada el mismo día de 14 de agosto de 1936 decía: “Acuso recibo de un oficio de día de hoy en el que me comunica la destitución del médito titular Don Pedro Maria de Gorostidi y solicita mi servicio para evitar quede desatendido; debiendo manifestarle que, como en casos análogos, estoy dispuesto a prestarlo conforme a lo que en el citado oficio se indica”. Otro oficio remitido a un hermano de Miguel Hualde aquella misma jornada le solicitaba que, “en virtud de la destitución del cargo de Depositario de este Ayuntamiento, que en presencia de V. comunicó a esta Alcaldía el Señor Comandante del puesto de la Guardia Civil de Sumbilla”, presentara las cuentas municipales “con la urgencia posible”, tal y como había acordado el mismo ayuntamiento. 

Aquellos días fueron aciagos en el país del Bidasoa. Dos días antes habían sido detenidos en Bera los dos médicos titulares de la localidad, Vicente Unzalu y José Ochoteco, junto con otros dos vecinos de la misma. El motivo, según decía la prensa, su “conducta muy sospechosa” y “por su convivencia [sic] con el enemigo y el segundo además por haberse negado, pretextando una indisposición, la asistencia a un guardia civil”. Vicente Unzalu, de ideario socialista, salvaría su vida de milagro después de pasar tres larguísimos meses en el Fuerte de San Cristóbal. Tras pasar pena de destierro volvería a ejercer a partir de 1940 en Bera, donde residiría hasta su fallecimiento a finales de los años setenta. El anecdotario cuenta que sobreseyó, desde su puesto de encargado de la sanidad pública local, un caso de intoxicación masiva en la localidad provocado por un error en un compuesto alimenticio producido por la empresa de uno de los que le denunciaron. Desde estas líneas queremos llamar la atención sobre la circunstancia de que del archivo local del pueblo ha desaparecido el primer expediente que se le formó en 1936, conservándose solamente el segundo, instruído en 1940, una pérdida documental ciertamente relevante. Por lo que respecta a Ochoteco, es de dominio público que fue el médico que acompañó a Pío Baroja, junto con un policía destinado en la aduana de Bera, en el viaje a Almándoz para ver a las tropas que venían por Belate y que terminaría de forma brusca en Santesteban donde los tres fueron detenidos y encarcelados en los calabozos del ayuntamiento de esa localidad. El episodio, recreado de diferentes formas por quienes se han ocupado del tema, entre ellos dos de sus protagonistas, el propio Baroja y el propio Ochoteco, ha dado lugar, como es sabido, a una controversia notable acerca quienes mediaron en el asunto, templando las iras de los voluntarios requetés, para que no pasara a mayores,. De cualquier forma, tras su segunda detención en veinte días, Ochoteco abandonaría Bera tras ser puesto en libertad en Pamplona. Cabe añadir, asimismo, que otro médico de la zona también sería afectado por los sucesos que estamos comentando. Según recuerda Eduardo Gil Bera, al ya mencionado César Aguirre, médico de Doneztebe/Santesteban, que alojó en su casa a Baroja y a Ochoteco, lo denunciaría “el veterinario Albistur [también de la misma localidad] por hospedar desafectos al Alzamiento [refiriéndose a Baroja y Ochoteco] y serlo él mismo, porque era considerado <<cáscara verde>>, que era como llamaban a los indiferentes en religión. José Meoqui, el cura de Lecároz, intervino a su favor”. El mencionado Albistur, originario de Lesaka, estaba casado con una hermana del también lesakarra, y subdirector de Diario de Navarra (y responsable de la Delegación de Prensa de los carlistas en la guerra) Eladio Esparza, de quien ya hemos hablado con anterioridad en este blog acerca de sus responsabilidades en la conspiración y la represión franquistas en Navarra y también estaba emparentado con la mujer del más arriba citado Diego Olaechea.

Los expedientes de fuera de plazo en el registro civil de los tres asesinados nos proporcionan algunas pocas informaciones complementarias. La viuda de Gorostidi activó la instrucción del primer expediente mediante instancia presentada el 17 de Agosto de 1937 dirigida al Juzgado Municipal de Ituren y posteriormente derivada, como era preceptivo, al titular del Juzgado de Primera Instrucción de Pamplona Garcia-Rodrigo. En la solicitud señalaba que su marido había sido conducido el 26 de Agosto de 1936 “a la cárcel de Vera del Bidasoa permaneciendo en la misma hasta el 28 de septiembre de 1936 fecha esta probable de su fallecimiento según se deduce de las noticias adquiridas acerca del lugar en que se encuentra el cadáver del mencionado Don Pedro Gorostidi e Ymaz que debe de ser cerca del puente de Lesaca (Navarra) a unos 300 metros del kilómetro 72 de la carretera de Irún a Elizondo y en esta dirección y a la derecha entre el Rio Bidasoa y la referida carretera”. Varios testigos certificaron el asesinato de Gorostidi. Amadeo Galle Larre, divorciado, comerciante y vecino de San Sebastián, afirmó “que conoce a la familia Gorostidi-Urroz y por ello y por razón de su servicio en la Jefatura de Información de FET y de las JONS, le consta de manera cierta que el Señor Don Pedro María Gorostidi e Imaz falleció en Lesaca el día veintiocho de setiembre último a consecuencia del Movimiento nacional”. Jesús Conejo Martín, técnico industrial y vecino de san Sebastián, indicó “que conoce a la familia Gorostidi-Urroz y por ello le cosnta así como de rumor público y de frecuentar a menudo los pueblos de Lesaca, Vera etc... que Don Pedro María Gorostidi e Imaz falleció en el citado Lesaca el día veintiocho de setiembre último a consecuencia del Movimiento nacional”. Jorge Taberna Tompes, músico y vecino de Lesaca, dijo lo mismo. Por su parte, el alcalde de Bera Juan José Irazoqui comunicó en un oficio de 9 de septiembre de 1937 en contestación al oficio que le había sido remitido “sobre los datos obrantes en esta Alcaldía relativos al ingreso y salida del Depósito Municipal del presunto fallecido Don Pedro María Gorostidi e Imaz, vecino de Ituren” que “en la fecha 28 de septiembre de 1936 referida en el oficio, el Depósito Municipal era intervenido directamente por la Autoridad Militar, sin que conste en esta Alcaldía, dato alguno con referencia al ingreso y salida de los detenidos en la repetida prisión municipal”. Es de señalar que testimonios procedentes de la familia Baroja han sostenido que el mencionado alcalde, también conocido por su alias de “Zerruki”, solía asistir a los fusilamientos de la cantera de Bera, en los que habrían sido ejecutadas 130 personas procedentes de centros de detención guipuzcoanos. El contenido del mencionado oficio del citado alcalde conectaría con la penosa circunstancia, que a los beratarras nos llena de ignominia por cuanto impide la expedición de informaciones a los familiares de la mayoría de esas 130 personas que siguen careciendo de datos sobre cuál fue su suerte, de que en los archivos públicos de la localidad las personas que se han aplicado a la tarea no hayan encontrado ninguna relación referente a todo ese montón de personas fusiladas. Por otra parte, en el expediente de Gorostidi también consta un oficio del Coronel Gobernador Militar de 18 de septiembre de 1937 que decía que en el Gobierno Militar no constaban los antecedentes referentes al fallecido “pues solamente existe una declaración prestada por dicho individuo ante la policía de Vera del Bidasoa el día 1º de Septiembre de 1936”.

Los expedientes de Bautista Iriarte Azpíroz y de Miguel Hualde Gorosterrazu, ambos instados por instancias efectuadas por sendos familiares en diciembre de 1939 aportan informaciones de interés. Habría sido conducidos a los calabozos municipales beratarras el 31 de agosto de 1936, tres días después que Gorostidi por lo tanto, permaneciendo también en la misma hasta el 28 de septiembre, día de su fusilamiento y enterramiento en el lugar más arriba mencionado. Si bien el pelotari beratarra Segundo Ugartemendía Olaso, que actuó de testigo, no aportó ninguna concreción más allá del hecho del fallecimiento, Santos Bengoechea Bengoechea (según el documento caminero y vecino de Bera ) y Emiliano Irigoyen Damboriena (minero y vecino de Lesaka) indicaron que no tenían dudas sobre la fecha de la muerte y el lugar de enterramiento de los cadáveres por haber sido ellos quienes les dieron sepultura. Santos Bengoechea, conocido como Rothschild, era obrero de Fundiciones de Bera, empresa de la que se fugaron 40 trabajadores de izquierdas al inicio de la guerra, y habría sido obligado a ejercer de enterrador, tal y como sucedió con otros trabajadores de simpatías ugetistas de dicha fábrica. 

Asimismo, algunas fuentes indican que también fue encarcelado en Bera otro iturendarra, un tal José Nagore, que habría sido liberado. También se ha dicho que los tres asesinados fueron conducidos en una primera instancia hacia Belate antes de ser asesinados cerca del puente de Lesaka. 

Sobre el trágico destino de los tres jelkides iturendarras caben varias preguntas, relativas sobre todo a los responsables del mismo y al hecho de que fueran encarcelados en Bera, no siendo conducidos a los diversos centros de detención de la capital (cárcel, Fuerte de San Cristóbal, Escolapios y Salesianos), tal y como sucedía con la mayoría de los detenidos. Aunque en el libro anteriormente citado coordinado por Juainas Paul Arzak se habla de la responsabilidad como denunciantes de dos curas de Zubieta y del secretario, todos carlistas, creemos más bien en los efectos de la concurrencia de la actuación de las nuevas élites en la comarca en el hecho de la detención y prolongación del cautiverio en Bera durante todo un mes, por un lado, y las intrucciones sobre el castigo que merecían los prisioneros nacionalistas en Gipuzkoa emitidas por la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra pocos días antes de las ejecuciones, por otro. Algunos documentos muestran que en principio no parece que hubiera consignas claras sobre qué hacer con los tres presos. Así, una carta fechada en Bera el 13 de septiembre de 1936 y firmada por el Comandante Militar y dirigida al alcalde de aquella localidad en la que se permitía al detenido Bautista Iriarte Azpíroz acudir, escoltado por la Guardia Civil a Ituren, presumiblemente por la enfermedad de su abuela, aquel mismo día y permanecer en él hasta el 17 apoyarían aquella interpretación. 

Creemos que el destino de los tres jelkides iturendarras quedó cerrado, al igual que habría sucedido con el de Fortunato de Agirre, tras los nuevos posicionamientos de los carlistas en relación con los nacionalistas que serían reflejados documentalmente en un informe elevado el 24 de septiembre de 1936 por la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra “a los señores generales y jefes de la Junta de Defensa Nacional de Burgos”. En ese informe, al que ya nos referimos en una entrada anterior, la Junta Central Carlista de Guerra, dirigida en la práctica por José Martínez Berasáin, no contenta con la represión llevada a cabo en Navarra (y que para el 24 de septiembre se había llevado consigo centenares y centenares de vidas, sobre todo de votantes de izquierda), se animó a aconsejar en la fecha indicada sobre la conveniencia de adopción de una política de mano dura contra el nacionalismo en Gipuzkoa y, por extensión, dentro también de Navarra. 

La detención y posterior asesinato de los tres jelkides iturendarras tendría consecuencias inmediatas en el pueblo. En carta de 18 de agosto Benedicto Vicente Gárriz, secretario de Ituren y Elgorriaga, se quejaba de su destitución acusado de nacionalista, lo que era negado por él. Asimismo, afirmaba su adscripción al Bloque de Derechas, que  podía ser testificada por Eleuterio Arraiza (vocal de la Junta Carlista de Guerra), Joaquin Urisarri (apoderado de Rodezno) y el tradicionalista Joaquín Erviti, quienes finalmente aportaron informes favorables. Por su parte, en una carta enviada al alcalde de Ituren por Pedro Miqueo, representante de la Junta Municipal del PNV, el 5 de septiembre de 1936 se decía que la Junta Municipal del Partido Nacionalista Vasco de esta villa “estando en un todo disconforme con la actitud del Partido Nacionalista Vasco”, acordaba “darse de baja en dicho partido, con inutilización de los carnés ante el Requeté Don Francisco Tena” y adherirse “incondicionalmente al Movimiento Salvador de España para toda clase de servicios para la prosperidad del mismo”. Por si acaso, se solicitaba al alcalde que pusiera dicha decisión en conocimiento del Gobernador Civil de la provincia. 

Sirvan estas líneas para recordar, por lo tanto, la memoria de los tres asesinados, toda vez, sobre todo, que no parece que las organizaciones políticas y sindicales de las que formaron parte hayan mostrado demasiado interés en ejercicios de memoria histórica relativos a estas personas. Asimismo, no queremos tampoco finalizar sin hacer un llamamiento a los descendientes del máximo responsable por la parte carlista del genocidio y represión llevados a cabo en Navarra (y Gipuzkoa, habría que añadir) para que dejen de lado por un tiempo sus manifiestos principialistas y prepolíticos relativos a la soberanía vasca (interpretada según matriz navarra) que llegan incluso, veáse este ejemplo de los múltiples publicitados por sus propios medios o por otros ajenos, a deslegitimar intentos de propuestas basadas en el derecho a decidir, así como otras que son equiparadas por ellos a los anteriores y que son de naturaleza pactada como el de la reforma del Estatuto de la CAV protagonizado por el gobierno del Lehendakari Ibarretxe, y pongan a disposición del público posibles documentos privados que sirvan para la identificación y localización de los restos de las víctimas de 1936 y 1937 aún por recuperar.

LOS REPUBLICANOS ESTATUTISTAS NAVARROS Y LA GÉNESIS DEL PROYECTO DE ESTATUTO VASCONAVARRO DE 1932.

El 19 de junio de 2012 se cumplen 80 años de la celebración en el Teatro Gayarre de la Asamblea de Pamplona en la que se debatió el Estatuto Vasco-Navarro, la única vez en la historia que se ha discutido públicamente la conformación de un marco político-institucional común entre los cuatro territorios históricos vascopeninsulares. En varias entradas nos dedicaremos a recordar las características de aquel proceso estatutario, centrándonos especialmente en su vertiente en Navarra.

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 dieron el triunfo a las candidaturas derechistas en la mayoría de los ayuntamientos navarros. El bloque republicano-socialista sólo venció en una quincena de pueblos importantes de la Ribera, entre ellos Tudela, y también en algunos pocos septentrionales como Alsasua. Sin embargo, la repetición del proceso electoral el 31 de mayo originó el control de la izquierda también en Pamplona y en otra decena de ayuntamientos importantes de la mitad sur.

En las elecciones a Cortes constituyentes de 28 de junio de 1931, la coalición católico-fuerista, conformada por los carlistas, los católicos independientes y el PNV, venció en Navarra al conseguir cinco diputados y el 64 por ciento de los votos. En dichas elecciones, la conjunción republicano-socialista en Navarra obtuvo los dos diputados restantes con el 36 por ciento de los votantes. Las izquierdas ganaron en Pamplona y en la Ribera.

Con todo, a pesar de esos resultados, la conjunción republicano-socialista había conseguido hacerse con el poder en la Diputación al ser nombrada el 25 de abril de 1931 la Comisión Gestora de la misma por parte del Gobernador. Entre sus siete miembros estaban cinco miembros de la conjunción: el socialista Constantino Salinas y los republicanos Rufino García Larrache, David Jaime Deán, Luis Soriano Tapia y Benito Munilla García. Salinas fue nombrado vicepresidente. Como veremos, los tres primeros siempre llevaron una labor concertada en pro del Estatuto común. Esa primera Comisión Gestora duraría hasta comienzos de 1933.

La composición de esa Comisión Gestora difería, al dar entrada a dos miembros de la derecha (Marco Ilincheta y Fernández de Piérola), de las pautas seguidas en la designación de las Comisiones Gestoras que gobernarían las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya puesto que éstas estaban formadas sólo por integrantes de partidos de izquierda (republicanos y socialistas en la primera provincia; republicanos, socialistas y de Acción Nacionalista Vasca en las otras dos).

En septiembre de 1931 finalizaban su recorrido los dos proyectos de estatuto debatidos en los meses anteriores y que se caracterizaban por su naturaleza unilateral: el Estatuto de Estella era sostenido por el bloque católicofuerista, mientras que el Estatuto de las Gestoras de las Diputaciones era apoyado por las fuerzas republicanas y socialistas que controlaban esos órganos. El texto aprobado en Estella fue desechado por ser contrario a la Constitución en redacción su artículo sobre las relaciones con el Vaticano. El texto aprobado por las Gestoras de las Diputaciones fue dejado de lado porque, aparte de la cuestión religiosa incorporada por las enmiendas añadidas en una Asamblea de Pamplona celebrada en agosto por representantes de los partidos del bloque católicofuerista, hablaba de una República Federal y no de “República Integral” (modelo intermedio entre la unitaria y la federal) que era la que afirmaba la Constitución.

Con todo, las gestiones de republicanos y socialistas reactivaron el proceso. El 25 de septiembre las Gestoras de las cuatro Diputaciones acordaron elaborar un Estatuto compatible con la República. El 6 de octubre una comisión de las mismas (en la que estaban los navarros Rufino García Larrache y Constantino Salinas) arrancaron el compromiso por parte del Gobierno de que éste aprobaría rápidamente un decreto autorizando a que los ayuntamientos de las respectivas provincias fueran convocados por los cuatro entes forales con el fin de redactar un proyecto de estatuto en sintonía con la Constitución en elaboración.

Como hemos anticipado ya, tres miembros de la conjunción que formaban parte de esa Comisión Gestora de la Diputación navarra apoyaron sin reservas el proyecto de estatuto común de 1932. A nuestro juicio, animados por el 36 por ciento de los votos conseguidos en las elecciones generales constituyentes y por el hecho de disponer de los resortes del poder provincial, así como del poder local en las dos núcleos urbanos principales de la provincia y en muchos ayuntamientos de la mitad sur, pudieron sopesar la idea de que siendo mucho más irrealizable la hipótesis de que la izquierda gobernara democráticamente en una Navarra configurada como autonomía separada, la opción de un marco autonómico conjunto podía incrementar las posibilidades de que republicanos y socialistas estuvieran en el gobierno regional subsiguiente. 

Hemos de tener en cuenta que desde finales de 1931 las relaciones entre el PNV y el resto de los partidos de la Candidatura Católico-Fuerista se agrietaron a causa de la admisión por parte de aquél de la legalidad republicana. El 10 de diciembre el PNV votó a favor de la investidura de Alcalá-Zamora como Presidente de la República, reconociendo en una nota que su voto implicaba la aceptación del régimen republicano, mientras que los demás diputados de la minoría se abstenían. Esa decisión fue precedida por la visita que el día 3 los diputados peneuvistas Aguirre, Horn y Leizaola realizaron a Alcalá-Zamora en su propio domicilio para anunciarle el sentido de su voto. Seguidamente el PNV decidía aceptar la vía autonómica abierta por el decreto del Gobierno Azaña del 8 de diciembre, publicado en la Gaceta de Madrid al día siguiente y redactado por Indalecio Prieto, sobre la regulación legal del proceso estatutario vasco-navarro. Mientras tanto, muchos sectores de la Comunión Tradicionalista y de la derecha conservadora se negaban a aceptar ese cauce, en su estrategia de refutación sin tregua de la República.

Los cálculos de esos republicanos estatutistas navarros estaban avalados por el hecho de que, si bien las elecciones generales de 1931 habían mostrado una mayoría clara en Navarra de la derecha tradicional, ésta no era ni mucho menos rotunda ya que en el 63 por ciento de la Candidatura Católico-Fuerista se incluían los votos del PNV, votos que en las elecciones posteriores, yendo en solitario, se situarían en torno al 9 por ciento. Por su parte, los datos de aquellas elecciones daban un panorama más esperanzador para republicanos y socialistas en los demás territorios vascopeninsulares. En Alava su porcentaje era del 40,3, en Guipúzcoa del 41,0 y en Vizcaya del 41,2. En la suma de las cuatro provincias llegaban al 40,8. Además, la mayor fuerza del PNV en las otras tres provincias, hacía que la fuerza de conservadores y tradicionalistas disminuyera notablemente si aquel partido se separara de ellos. De hecho, en 1936, si bien el Bloque de Derechas consiguió el 69,7 por ciento de los votos en Navarra y el 59,7 en Alava, en Guipúzcoa consiguió el 33,0 por ciento y en Vizcaya el 25,1.

Además de por los resultados electorales de 1931 y por el progresivamente cada vez más visible deterioro de la alianza entre la derecha españolista y el PNV, la apuesta por el Estatuto Vasconavarro, impulsado por las propias Gestoras Republicanas que gobernaban las cuatro Diputaciones vascas, de los mencionados Salinas, García Larrache y Jaime tenía también razón de ser si pensamos, que, como veremos, la configuración geográfica de la forma de elección de los parlamentarios en el legislativo común beneficiaba más a republicanos y socialistas que en los proyectos anteriores.

Por otra parte, no hay que olvidar una cuestión de la que se suele a menudo prescindir. El Proyecto de Estatuto Común confeccionado desde las mismas Gestoras republicanas que gobernaban las cuatro Diputaciones, después de ser aprobado por los representantes municipales en la Asamblea final correspondiente, podía ser enmendado posteriormente por los ayuntamientos, pero, sobre todo, por las Cortes a lo largo de su tramitación parlamentaria. De ello se hizo eco el diputado republicano por Navarra Mariano Ansó en la defensa de sus posiciones proestatutistas. Así, el texto finalmente resultante del proceso podía ser incluso más favorable en sus contenidos a la izquierda.