LAS POSTURAS DE LOS PARTIDOS ANTE EL PROCESO ESTATUTARIO DE 1932.

Pasando ya a las posturas de los partidos en relación con el Estatuto Vasco-Navarro, resulta ocioso hablar de la actitud del PNV por cuanto fue el partido que más propaganda hizo del Estatuto y que más se implicó en su aprobación.

En el seno de la Comunión Tradicionalista había quienes lo apoyaban como Joaquín Beúnza y quienes lo denostaban como el flanco integrista y Víctor Pradera. Tan es así que dicha formación dio en una reunión celebrada en mayo libertad de voto a sus afiliados con cargos en ayuntamientos. El sector de los católicos independientes no carlistas, que se integrarían en 1933 en Unión Navarra, luego confederada en la CEDA, también mantuvo posturas ambivalentes. Dos de sus figuras más destacadas, Rafael Aizpún Santafé, coautor del proyecto de las gestoras, y Miguel Gortari Errea, se manifestaron favorables al Estatuto Vasco, aún cuando remarcaron sus reservas. De cualquier forma, Diario de Navarra, el periódico de mayor tirada en Navarra, con mucha diferencia sobre los demás, siempre se significó por situarse en contra del Estatuto común ya desde la primavera de 1931. Al fin y a la postre, dentro del bloque configurado por conservadores y tradicionalistas, los proestatutistas se revelaron en la votación decisiva como minoritarios. También hay que decir que la Gaceta del Norte, portavoz de la derecha católica en Vizcaya, no hizo campaña a favor del Estatuto Vasco-Navarro.

Las formaciones políticas republicanas también se caracterizaron por la diversidad de puntos de vista acerca de la materia autonómica. En general, en el conjunto de Vascongadas y Navarra, la actitud de los republicanos se resumiría así: “apoyo casi unánime en las Vascongadas (excepción: el Partido Radical de Álava) y rechazo también casi unánime en Navarra (excepción: Acción Republicana)”. Con todo, su apoyo no era sinónimo de entusiasmo, que sólo era sentido en Vascongadas por unos pocos. Además, la izquierda hizo propaganda a favor, más a través de las instituciones que de los partidos y de su prensa. Su principal periódico, por ejemplo, El Liberal, no hizo campaña a favor. De cualquier forma, el PSOE y los republicanos “aprobaron el proyecto en las Vascongadas, pero se reservaron el derecho de defender varias enmiendas en las Cortes”.

Tal y como queda dicho, en Navarra, a excepción de Acción Republicana, los demás partidos republicanos no fueron favorables. El Partido Republicano Radical Socialista se declaró abiertamente en contra del Estatuto Vasco-Navarra en la asamblea de su agrupación pamplonesa de 4 de mayo de 1932, porque, si bien no había “en varios aspectos más que moderada y justa autonomía”, se advertía “en otros varias notas separatistas”. Además de ello, no hay que olvidar las decisivas actuaciones de Azarola, dirigente del partido, para que finalmente los representantes municipales navarros votaran en contra del Estatuto común.

El partido republicano más claramente autonomista fue Acción Republicana. Mariano Ansó ya expresó su autonomismo en un discurso en las Cortes el 30 de julio de 1931, afirmando su apuesta por un estatuto que respetara “rigurosamente los derechos individuales y todas las conquistas de la civilización”. Más adelante, en una conferencia de junio de 1932 precisó las bases de su apoyo al estatuto común. Si bien entendía los recelos por el antecedente reaccionario de las enmiendas de Estella, Navarra no podía contentarse con el marco de la ley de 1841. Además, la vinculación de Navarra con el País Vasco se hacía respetando su personalidad, abriendo la posibilidad de “desarraigar la fuerza política de Navarra de la fuerza de la reacción”. El encauzamiento de la autonomía debilitaría al nacionalismo despojado de la fuerza que da la persecución. De cualquier forma, el voto favorable al Estatuto no significaba aceptarlo en su totalidad, pudiendo ser reformado por las enmiendas presentadas por los ayuntamientos y “si las enmiendas que se presenten al mismo no prosperasen, quedan las Cortes que realizarán la labor depuradora”. El punto de vista de Ansó quedó refrendado en la asamblea general de su formación en la que se decidió aceptar el proyecto que se sometía a la aprobación de los ayuntamientos, admitiendo la posibilidad de presentación ulterior de enmiendas al mismo. Otro señalado autonomista de Acción Republicana fue el tafallés David Jaime, concejal de su localidad y miembro de la gestora provincial, quien repetidamente hizo gestiones a favor de la autonomía, siendo, junto con Rufino García Larrache, como ya se ha dicho, su propagandista más activo en la mitad sur de Navarra.

Por lo que toca a los socialistas, sus posturas tampoco eran del todo homogéneas ni inmutables. Los principales valedores del Estatuto común dentro del PSOE navarro fueron Constantino Salinas, vicepresidente de la gestora provincial, y Salvador Goñi Urriza, ponente que participó en la redacción del texto y representante de Pamplona en la asamblea estatutaria de enero de 1932. Sin embargo, la mayoría del PSOE y de la UGT se posicionaron en contra.

De esta forma, el órgano de la UGT de Navarra, ¡¡Trabajadores!!, publicó en los meses siguientes varios textos en los que señalaba que el Estatuto no era operativo para solucionar los problemas sociales y agrarios que aquejaban al sur de Navarra, problemas que sólo podían ser afrontados con garantías desde el poder central. Además, se indicaba que la autonomía podía “convertir a Navarra en un foco de conspiración permanente en contra de la República”, marginándola de las orientaciones progresistas republicanas, y se expresaban reticencias hacia el PNV, ante el temor de que éste capitalizase los logros del proceso estatutario. El tono de algunos artículos no hacía, desde luego, ninguna justicia a los intentos de Rufino García Larrache y de David Jaime por hacer del Estatuto Común una herramienta válida contra las desigualdades sociales en el mediodía navarro, y muestran una confianza extraordinaria en las posibilidades que podía ofrecer el gobierno central en sus proyectos de reforma agraria, posibilidades que no se concretaron en nada en relación con Navarra.

Por su parte, el dictamen de la ponencia designada por la agrupación socialista de Pamplona, publicado en ¡¡Trabajadores!! el 20 de mayo, negaba la unidad étnica del País Vasco-Navarro, consideraba excesivos los derechos lingüísticos asignados en el estatuto a las comunidades vascoparlantes y, en lo concerniente a legislación agraria y social, afirmaba que “la región no necesita reglamento especial ni poder alguno que (…) podría ser, al fin, más que una ayuda un obstáculo”. Además, el documento valoraba que el Estatuto acarrearía inconvenientes en el plano económico “porque provocaría un aumento de los gastos burocráticos y en la aplicación de los impuestos habría de predominar el espíritu reaccionario y de clase de los políticos dominantes”.

Obviamente, la postura contraria al Estatuto desde el PSOE y la UGT, el componente mayoritario con mucha diferencia dentro del bloque de las izquierdas navarras, así como la del PRRS, plantea la cuestión de los porqués de la escasa socialización entre la conjunción republicano-socialista de la apuesta estratégica de Constantino Salinas, David Jaime y Rufino García-Larrache, los tres miembros de la conjunción en la Gestora más comprometidos con la República en Navarra, tal y como demostraría su práctica política y su trayectoria posterior. Creemos que para responder a esa pregunta habría que enfocar, quizás, no tanto hacia aspectos relacionados con la validez de las estrategias políticas como hacia problemas derivados de las relaciones grupales y personales entre las diferentes formaciones del ámbito republicano y socialista en Navarra, en el conjunto del país vasconavarro y en España, un tema todavía por trabajar.

LOS REPUBLICANOS ESTATUTISTAS NAVARROS Y LA GÉNESIS DEL PROYECTO DE ESTATUTO VASCONAVARRO DE 1932.

El 19 de junio de 2012 se cumplen 80 años de la celebración en el Teatro Gayarre de la Asamblea de Pamplona en la que se debatió el Estatuto Vasco-Navarro, la única vez en la historia que se ha discutido públicamente la conformación de un marco político-institucional común entre los cuatro territorios históricos vascopeninsulares. En varias entradas nos dedicaremos a recordar las características de aquel proceso estatutario, centrándonos especialmente en su vertiente en Navarra.

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 dieron el triunfo a las candidaturas derechistas en la mayoría de los ayuntamientos navarros. El bloque republicano-socialista sólo venció en una quincena de pueblos importantes de la Ribera, entre ellos Tudela, y también en algunos pocos septentrionales como Alsasua. Sin embargo, la repetición del proceso electoral el 31 de mayo originó el control de la izquierda también en Pamplona y en otra decena de ayuntamientos importantes de la mitad sur.

En las elecciones a Cortes constituyentes de 28 de junio de 1931, la coalición católico-fuerista, conformada por los carlistas, los católicos independientes y el PNV, venció en Navarra al conseguir cinco diputados y el 64 por ciento de los votos. En dichas elecciones, la conjunción republicano-socialista en Navarra obtuvo los dos diputados restantes con el 36 por ciento de los votantes. Las izquierdas ganaron en Pamplona y en la Ribera.

Con todo, a pesar de esos resultados, la conjunción republicano-socialista había conseguido hacerse con el poder en la Diputación al ser nombrada el 25 de abril de 1931 la Comisión Gestora de la misma por parte del Gobernador. Entre sus siete miembros estaban cinco miembros de la conjunción: el socialista Constantino Salinas y los republicanos Rufino García Larrache, David Jaime Deán, Luis Soriano Tapia y Benito Munilla García. Salinas fue nombrado vicepresidente. Como veremos, los tres primeros siempre llevaron una labor concertada en pro del Estatuto común. Esa primera Comisión Gestora duraría hasta comienzos de 1933.

La composición de esa Comisión Gestora difería, al dar entrada a dos miembros de la derecha (Marco Ilincheta y Fernández de Piérola), de las pautas seguidas en la designación de las Comisiones Gestoras que gobernarían las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya puesto que éstas estaban formadas sólo por integrantes de partidos de izquierda (republicanos y socialistas en la primera provincia; republicanos, socialistas y de Acción Nacionalista Vasca en las otras dos).

En septiembre de 1931 finalizaban su recorrido los dos proyectos de estatuto debatidos en los meses anteriores y que se caracterizaban por su naturaleza unilateral: el Estatuto de Estella era sostenido por el bloque católicofuerista, mientras que el Estatuto de las Gestoras de las Diputaciones era apoyado por las fuerzas republicanas y socialistas que controlaban esos órganos. El texto aprobado en Estella fue desechado por ser contrario a la Constitución en redacción su artículo sobre las relaciones con el Vaticano. El texto aprobado por las Gestoras de las Diputaciones fue dejado de lado porque, aparte de la cuestión religiosa incorporada por las enmiendas añadidas en una Asamblea de Pamplona celebrada en agosto por representantes de los partidos del bloque católicofuerista, hablaba de una República Federal y no de “República Integral” (modelo intermedio entre la unitaria y la federal) que era la que afirmaba la Constitución.

Con todo, las gestiones de republicanos y socialistas reactivaron el proceso. El 25 de septiembre las Gestoras de las cuatro Diputaciones acordaron elaborar un Estatuto compatible con la República. El 6 de octubre una comisión de las mismas (en la que estaban los navarros Rufino García Larrache y Constantino Salinas) arrancaron el compromiso por parte del Gobierno de que éste aprobaría rápidamente un decreto autorizando a que los ayuntamientos de las respectivas provincias fueran convocados por los cuatro entes forales con el fin de redactar un proyecto de estatuto en sintonía con la Constitución en elaboración.

Como hemos anticipado ya, tres miembros de la conjunción que formaban parte de esa Comisión Gestora de la Diputación navarra apoyaron sin reservas el proyecto de estatuto común de 1932. A nuestro juicio, animados por el 36 por ciento de los votos conseguidos en las elecciones generales constituyentes y por el hecho de disponer de los resortes del poder provincial, así como del poder local en las dos núcleos urbanos principales de la provincia y en muchos ayuntamientos de la mitad sur, pudieron sopesar la idea de que siendo mucho más irrealizable la hipótesis de que la izquierda gobernara democráticamente en una Navarra configurada como autonomía separada, la opción de un marco autonómico conjunto podía incrementar las posibilidades de que republicanos y socialistas estuvieran en el gobierno regional subsiguiente. 

Hemos de tener en cuenta que desde finales de 1931 las relaciones entre el PNV y el resto de los partidos de la Candidatura Católico-Fuerista se agrietaron a causa de la admisión por parte de aquél de la legalidad republicana. El 10 de diciembre el PNV votó a favor de la investidura de Alcalá-Zamora como Presidente de la República, reconociendo en una nota que su voto implicaba la aceptación del régimen republicano, mientras que los demás diputados de la minoría se abstenían. Esa decisión fue precedida por la visita que el día 3 los diputados peneuvistas Aguirre, Horn y Leizaola realizaron a Alcalá-Zamora en su propio domicilio para anunciarle el sentido de su voto. Seguidamente el PNV decidía aceptar la vía autonómica abierta por el decreto del Gobierno Azaña del 8 de diciembre, publicado en la Gaceta de Madrid al día siguiente y redactado por Indalecio Prieto, sobre la regulación legal del proceso estatutario vasco-navarro. Mientras tanto, muchos sectores de la Comunión Tradicionalista y de la derecha conservadora se negaban a aceptar ese cauce, en su estrategia de refutación sin tregua de la República.

Los cálculos de esos republicanos estatutistas navarros estaban avalados por el hecho de que, si bien las elecciones generales de 1931 habían mostrado una mayoría clara en Navarra de la derecha tradicional, ésta no era ni mucho menos rotunda ya que en el 63 por ciento de la Candidatura Católico-Fuerista se incluían los votos del PNV, votos que en las elecciones posteriores, yendo en solitario, se situarían en torno al 9 por ciento. Por su parte, los datos de aquellas elecciones daban un panorama más esperanzador para republicanos y socialistas en los demás territorios vascopeninsulares. En Alava su porcentaje era del 40,3, en Guipúzcoa del 41,0 y en Vizcaya del 41,2. En la suma de las cuatro provincias llegaban al 40,8. Además, la mayor fuerza del PNV en las otras tres provincias, hacía que la fuerza de conservadores y tradicionalistas disminuyera notablemente si aquel partido se separara de ellos. De hecho, en 1936, si bien el Bloque de Derechas consiguió el 69,7 por ciento de los votos en Navarra y el 59,7 en Alava, en Guipúzcoa consiguió el 33,0 por ciento y en Vizcaya el 25,1.

Además de por los resultados electorales de 1931 y por el progresivamente cada vez más visible deterioro de la alianza entre la derecha españolista y el PNV, la apuesta por el Estatuto Vasconavarro, impulsado por las propias Gestoras Republicanas que gobernaban las cuatro Diputaciones vascas, de los mencionados Salinas, García Larrache y Jaime tenía también razón de ser si pensamos, que, como veremos, la configuración geográfica de la forma de elección de los parlamentarios en el legislativo común beneficiaba más a republicanos y socialistas que en los proyectos anteriores.

Por otra parte, no hay que olvidar una cuestión de la que se suele a menudo prescindir. El Proyecto de Estatuto Común confeccionado desde las mismas Gestoras republicanas que gobernaban las cuatro Diputaciones, después de ser aprobado por los representantes municipales en la Asamblea final correspondiente, podía ser enmendado posteriormente por los ayuntamientos, pero, sobre todo, por las Cortes a lo largo de su tramitación parlamentaria. De ello se hizo eco el diputado republicano por Navarra Mariano Ansó en la defensa de sus posiciones proestatutistas. Así, el texto finalmente resultante del proceso podía ser incluso más favorable en sus contenidos a la izquierda.