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sábado, 29 de marzo de 2014

EMPECINADA MEMORIA DE NEGACIÓN.


El pasado jueves 27 de marzo, bajo el título “Memoria histórica fraccionada”, diversos miembros del Comité Político del Partido Carlista-EKA de Navarra (Juan Luis Aldaya, Paco Zamora, Maribel Alzórriz, Feliciano Vélez, Ana Montoya, Andoni Rabanal, José Lázaro Ibáñez), así como Jesús Mª Aragón Samanes, secretario general federal del Partido Carlista de las Españas (sic), se referían, adjuntando diversos comentarios críticos, a un reportaje que publiqué en este periódico el pasado domingo (y que el 8 de febrero había sido publicado en el diario Deia) titulado El carlismo y el castigo al nacionalismo. 

Considerando el trasfondo último de los contenidos de la misma, quisiera expresar mi perplejidad porque dirigentes de un partido que se autodefine como de una línea política de izquierda alternativa, encuadrada en el socialismo autogestionario (y que llegó incluso a formar parte de Izquierda Unida), sea incapaz de efectuar una reflexión crítica sobre el papel que el carlismo de los años treinta, muy distante ideológicamente del partido de los autores de la mencionada carta (o, al menos, eso es que se percibe desde el exterior, si las palabras valen algo), tuvo en la durísima represión de retaguardia acaecida en Navarra y en territorios próximos. Lamento profundamente que aquellas personas no sepan aquilatar la trascendencia del hecho de la recuperación de un texto que no sólo expresa intenciones, sino que, además, anticipa realidades. Sin duda, todo ello es responsabilidad también de los demás: por muchas razones que sería prolijo comentar, la memoria histórica de la violencia política desarrollada en nuestra tierra durante la guerra civil se ha limitado exclusivamente a las víctimas y no ha profundizado en el tema de los verdugos, lo que se ha revelado como un grave error porque no ha hecho más que acrecentar el sentimiento de impunidad y el impulso a la manipulación histórica de los herederos biológicos o ideológicos de aquellos matarifes. 

Puestos a reconvenir, y ya que se sienten tan concernidos por algo que a priori no tenía por qué concernirles, hablen, hablen de Benito Santesteban, killer de la Junta Carlista Central de Guerra de Navarra; de su tío José Martínez Berasáin, presidente de facto de aquel órgano, y de su libreta; de Luis Martínez Erro, primo del primero e hijo del segundo, mecanógrafo de las instrucciones reservadas de Mola y escolta de éste; hablen de los expurgos en la documentación de aquella Junta; hablen de los registros de presos y de la documentación de la cárcel de Escolapios, el centro de detención de los requetés; hablen del Tercio Móvil y si hay documentación propia del mismo y acerca de sus salidas; hablen de los componentes de las juntas locales de guerra y si se conservan documentos sobre ellas y sobre todos aquellos que en los primeros meses de guerra se quedaron en los pueblos para reprimir; etc. Y ya que lo citan, hablen de dónde podría estar el listado de los fusilados en Bera (que sus familiares tienen todo el derecho a saber donde fueron enterrados, que los familiares de los enterrados en Polloe ya lo pudieron saber).

Y háganlo, en el caso de que sean capaces de hacerlo, solamente por humanidad para con los ejecutados, por solidaridad con aquellos voluntarios carlistas que de buena fe marcharon al frente y no se enfangaron en cometer actos indignos y para enseñar a las nuevas generaciones la regla de oro de la convivencia política: el rechazo al ejercicio de la violencia para perseguir objetivos políticos.

sábado, 28 de septiembre de 2013

ASESINATO DE TRES JELTZALES NAVARROS A ORILLAS DEL BIDASOA.


La celebración el sábado 28 de septiembre de un homenaje por parte del ayuntamiento de Lizarra/Estella a Fortunato de Agirre, alcalde de dicha localidad por el Partido Nacionalista Vascofusilado en Tajonar el día de San Miguel de 1936, nos ha hecho recordar el asesinato por las mismas fechas de otras tres personas de la misma filiación política y cuya memoria no suele ser recordada.

Un día antes que Fortunato de Agirre, el día 28 de septiembre, fueron fusilados en un pinar cercano al puente de Lesaka, pero en término de Etxalar, Pedro María Gorostidi Imaz, Miguel Hualde Gorosterrazu y Juan Bautista Iriarte Azpíroz, los tres vecinos de Ituren.

Pedro María Gorostidi Imaz nacido en San Sebastián en 1896, tenía entonces 40 años. Casado con Victoria (Bittori) Urroz Zubizarreta, sin hijos, era médico de la localidad en la que residía desde 1927. Con anterioridad, tal y como nos informó Jokin Iturria, que conocía la circunstancia, para nosotros desconocida, por su padre, Joxe Iturria, fue médico titular de Lesaka. Hemos confirmado ese dato: en el archivo municipal lesakarra consta que ejerció tal cargo entre febrero de 1922 y finales de 1925, fecha ésta última en que materializó la dimisión que presentó en marzo de aquel mismo año por desavenencias con el otro médico, Diego Olaechea, relacionadas con la asistencia sanitaria que prestaban a la vecindad, y a pesar del apoyo recibido de la mayoría de la junta local de sanidad. 

Por otra parte, Gorostidi fue miembro del Napar Buru Batzar en 1933-1934 y en 1934 formó parte de una efímera asamblea regional que duró unos pocos meses a causa de las fuertes tensiones internas registradas en el PNV navarro por la gestión de Jesús Doxanbaratz. Los testimonios orales recabados en Zubieta por Juainas Paul Arzak y otros (en Elkarren artean, Zubieta 1931-1936. Errepublika eta 1936ko gerra Baztan-Bidasoan, 1995) hablan bien a las claras de la intensísima actividad política desplegada por Gorostidi y su cónyuge a favor del nacionalismo vasco, subrayando sobre todo el papel que solía hacer la segunda a través de iniciativas de tipo cultural. A la ascendencia de ambos se debe la constitución de varias juntas locales jeltzales en la zona de Malda Erreka y aledaños, llegando a tener el PNV agrupaciones municipales en Ituren, Zubieta, Saldías, Beintza-Labaien, Elgorriaga y Bertizarana. Asimismo, Emakume Abertzale Batza llegaría a tener agrupación local en Ituren. De cualquier forma, la mejor forma de ponderación del trabajo realizado por Gorostidi y su esposa la tenemos en los resultados electorales por municipios de la zona en las elecciones de 1933 y 1936, elecciones en las que, como es sabido, el PNV presentó lista separada.

En las elecciones de 1933 los peneuvistas lograron unos resultados ciertamente espectaculares en Ituren y Zubieta, arrollando al Bloque de Derechas, precisamente en las elecciones en las que éste se hizo con la hegemonía absoluta en Navarra de la que ya no se desprendería. La candidatura jeltzale conseguiría un tercio más de votos que la derecha en la primera localidad y casi la multiplicó por tres en la segunda. En pueblos adyacentes, donde también actuaría el influjo del matrimonio Gorostidi, como Beintza-Labaien, Doneztebe, Elgorriaga y Ezkurra, el PNV también consiguió resultados dignos. Posteriormente, en las elecciones de 1936, Ituren y Zubieta, así como otros colindantes como Arantza y Elgorriaga, se significaron por ser de los más resistentes al tsunami derechista en el País del Bidasoa y en toda Navarra. No hace falta explicar la inquina que todo ello tuvo que provocar en una derechona ávida de eliminar cualquier obstáculo que se resistiera a su afán de monopolización. 

Gorostidi y su esposa trabajaron arduamente no sólo en la divulgación del ideario y del electorado jeltzale, sino también en la de la práctica sindical solidaria (es decir, de ELA/STV) que en aquel entonces se entendía concurrente con aquéllos. Dato significativo de lo que estamos diciendo es el hecho de que en mayo de 1932, según narraban los periódicos nacionalistas Euzkadi y El Día, el matrimonio se comprometiera a donar 15.000 pesetas anuales, el sueldo de varios meses de actividad profesional, al sindicato abertzale del que también eran militantes. 

Por lo que respecta a los otros dos fusilados iturendarras, Miguel Hualde Gorosterrazu, soltero de 32 años que vivía con su madre viuda de 60 años Maria Santos Gorosterrazu Hualde, había nacido en Venezuela. De profesión comerciante, ejercía de Depositario en el ayuntamiento. Por su parte, Juan Bautista Iriarte Azpíroz, soltero de 26 años, nacido en Argentina, residía con su madre viuda de 56 años, Dionisia Azpíroz Galain, y tres hermanos más jóvenes: Graciosa, de 24 años, Francisco de 22 y Rosario de 17, todos solteros. Maestro que había terminado sus estudios hacía poco tiempo, había ejercido únicamente en Arraitz, donde se hospedaba en la Venta Juan Simón, tal y como nos ha recordado una antigua exalumna. No deja de ser llamativa, por si pudiera haber influído en su detención y asesinato, la circunstancia de que residiera en la misma casa en la que vivía Pedro Gorostidi, en otra vivienda. 

Pedro Gorostidi y Miguel Hualde fueron destituídos de sus cargos, de médico y depositario respectivamente, el día 14 de agosto de 1936. Ese día, el alcalde de Ituren, notificaba mediante oficio a Gorostidi que a las 16 horas del día 13 se había personado en la alcaldía “el Señor Comandante del puesto de la Guardia Civil de Sumbilla, quien en cumplimiento de orden del Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta provincia”, había procedido “a la destitución de V. como Médico titular”. En el mismo oficio se requería a Gorostidi para que firmara el duplicado, tal y como lo hizo con su firma. Una carta de César Aguirre Vértiz, médico de Santesteban, al alcalde de Ituren fechada el mismo día de 14 de agosto de 1936 decía: “Acuso recibo de un oficio de día de hoy en el que me comunica la destitución del médito titular Don Pedro Maria de Gorostidi y solicita mi servicio para evitar quede desatendido; debiendo manifestarle que, como en casos análogos, estoy dispuesto a prestarlo conforme a lo que en el citado oficio se indica”. Otro oficio remitido a un hermano de Miguel Hualde aquella misma jornada le solicitaba que, “en virtud de la destitución del cargo de Depositario de este Ayuntamiento, que en presencia de V. comunicó a esta Alcaldía el Señor Comandante del puesto de la Guardia Civil de Sumbilla”, presentara las cuentas municipales “con la urgencia posible”, tal y como había acordado el mismo ayuntamiento. 

Aquellos días fueron aciagos en el país del Bidasoa. Dos días antes habían sido detenidos en Bera los dos médicos titulares de la localidad, Vicente Unzalu y José Ochoteco, junto con otros dos vecinos de la misma. El motivo, según decía la prensa, su “conducta muy sospechosa” y “por su convivencia [sic] con el enemigo y el segundo además por haberse negado, pretextando una indisposición, la asistencia a un guardia civil”. Vicente Unzalu, de ideario socialista, salvaría su vida de milagro después de pasar tres larguísimos meses en el Fuerte de San Cristóbal. Tras pasar pena de destierro volvería a ejercer a partir de 1940 en Bera, donde residiría hasta su fallecimiento a finales de los años setenta. El anecdotario cuenta que sobreseyó, desde su puesto de encargado de la sanidad pública local, un caso de intoxicación masiva en la localidad provocado por un error en un compuesto alimenticio producido por la empresa de uno de los que le denunciaron. Desde estas líneas queremos llamar la atención sobre la circunstancia de que del archivo local del pueblo ha desaparecido el primer expediente que se le formó en 1936, conservándose solamente el segundo, instruído en 1940, una pérdida documental ciertamente relevante. Por lo que respecta a Ochoteco, es de dominio público que fue el médico que acompañó a Pío Baroja, junto con un policía destinado en la aduana de Bera, en el viaje a Almándoz para ver a las tropas que venían por Belate y que terminaría de forma brusca en Santesteban donde los tres fueron detenidos y encarcelados en los calabozos del ayuntamiento de esa localidad. El episodio, recreado de diferentes formas por quienes se han ocupado del tema, entre ellos dos de sus protagonistas, el propio Baroja y el propio Ochoteco, ha dado lugar, como es sabido, a una controversia notable acerca quienes mediaron en el asunto, templando las iras de los voluntarios requetés, para que no pasara a mayores,. De cualquier forma, tras su segunda detención en veinte días, Ochoteco abandonaría Bera tras ser puesto en libertad en Pamplona. Cabe añadir, asimismo, que otro médico de la zona también sería afectado por los sucesos que estamos comentando. Según recuerda Eduardo Gil Bera, al ya mencionado César Aguirre, médico de Doneztebe/Santesteban, que alojó en su casa a Baroja y a Ochoteco, lo denunciaría “el veterinario Albistur [también de la misma localidad] por hospedar desafectos al Alzamiento [refiriéndose a Baroja y Ochoteco] y serlo él mismo, porque era considerado <<cáscara verde>>, que era como llamaban a los indiferentes en religión. José Meoqui, el cura de Lecároz, intervino a su favor”. El mencionado Albistur, originario de Lesaka, estaba casado con una hermana del también lesakarra, y subdirector de Diario de Navarra (y responsable de la Delegación de Prensa de los carlistas en la guerra) Eladio Esparza, de quien ya hemos hablado con anterioridad en este blog acerca de sus responsabilidades en la conspiración y la represión franquistas en Navarra y también estaba emparentado con la mujer del más arriba citado Diego Olaechea.

Los expedientes de fuera de plazo en el registro civil de los tres asesinados nos proporcionan algunas pocas informaciones complementarias. La viuda de Gorostidi activó la instrucción del primer expediente mediante instancia presentada el 17 de Agosto de 1937 dirigida al Juzgado Municipal de Ituren y posteriormente derivada, como era preceptivo, al titular del Juzgado de Primera Instrucción de Pamplona Garcia-Rodrigo. En la solicitud señalaba que su marido había sido conducido el 26 de Agosto de 1936 “a la cárcel de Vera del Bidasoa permaneciendo en la misma hasta el 28 de septiembre de 1936 fecha esta probable de su fallecimiento según se deduce de las noticias adquiridas acerca del lugar en que se encuentra el cadáver del mencionado Don Pedro Gorostidi e Ymaz que debe de ser cerca del puente de Lesaca (Navarra) a unos 300 metros del kilómetro 72 de la carretera de Irún a Elizondo y en esta dirección y a la derecha entre el Rio Bidasoa y la referida carretera”. Varios testigos certificaron el asesinato de Gorostidi. Amadeo Galle Larre, divorciado, comerciante y vecino de San Sebastián, afirmó “que conoce a la familia Gorostidi-Urroz y por ello y por razón de su servicio en la Jefatura de Información de FET y de las JONS, le consta de manera cierta que el Señor Don Pedro María Gorostidi e Imaz falleció en Lesaca el día veintiocho de setiembre último a consecuencia del Movimiento nacional”. Jesús Conejo Martín, técnico industrial y vecino de san Sebastián, indicó “que conoce a la familia Gorostidi-Urroz y por ello le cosnta así como de rumor público y de frecuentar a menudo los pueblos de Lesaca, Vera etc... que Don Pedro María Gorostidi e Imaz falleció en el citado Lesaca el día veintiocho de setiembre último a consecuencia del Movimiento nacional”. Jorge Taberna Tompes, músico y vecino de Lesaca, dijo lo mismo. Por su parte, el alcalde de Bera Juan José Irazoqui comunicó en un oficio de 9 de septiembre de 1937 en contestación al oficio que le había sido remitido “sobre los datos obrantes en esta Alcaldía relativos al ingreso y salida del Depósito Municipal del presunto fallecido Don Pedro María Gorostidi e Imaz, vecino de Ituren” que “en la fecha 28 de septiembre de 1936 referida en el oficio, el Depósito Municipal era intervenido directamente por la Autoridad Militar, sin que conste en esta Alcaldía, dato alguno con referencia al ingreso y salida de los detenidos en la repetida prisión municipal”. Es de señalar que testimonios procedentes de la familia Baroja han sostenido que el mencionado alcalde, también conocido por su alias de “Zerruki”, solía asistir a los fusilamientos de la cantera de Bera, en los que habrían sido ejecutadas 130 personas procedentes de centros de detención guipuzcoanos. El contenido del mencionado oficio del citado alcalde conectaría con la penosa circunstancia, que a los beratarras nos llena de ignominia por cuanto impide la expedición de informaciones a los familiares de la mayoría de esas 130 personas que siguen careciendo de datos sobre cuál fue su suerte, de que en los archivos públicos de la localidad las personas que se han aplicado a la tarea no hayan encontrado ninguna relación referente a todo ese montón de personas fusiladas. Por otra parte, en el expediente de Gorostidi también consta un oficio del Coronel Gobernador Militar de 18 de septiembre de 1937 que decía que en el Gobierno Militar no constaban los antecedentes referentes al fallecido “pues solamente existe una declaración prestada por dicho individuo ante la policía de Vera del Bidasoa el día 1º de Septiembre de 1936”.

Los expedientes de Bautista Iriarte Azpíroz y de Miguel Hualde Gorosterrazu, ambos instados por instancias efectuadas por sendos familiares en diciembre de 1939 aportan informaciones de interés. Habría sido conducidos a los calabozos municipales beratarras el 31 de agosto de 1936, tres días después que Gorostidi por lo tanto, permaneciendo también en la misma hasta el 28 de septiembre, día de su fusilamiento y enterramiento en el lugar más arriba mencionado. Si bien el pelotari beratarra Segundo Ugartemendía Olaso, que actuó de testigo, no aportó ninguna concreción más allá del hecho del fallecimiento, Santos Bengoechea Bengoechea (según el documento caminero y vecino de Bera ) y Emiliano Irigoyen Damboriena (minero y vecino de Lesaka) indicaron que no tenían dudas sobre la fecha de la muerte y el lugar de enterramiento de los cadáveres por haber sido ellos quienes les dieron sepultura. Santos Bengoechea, conocido como Rothschild, era obrero de Fundiciones de Bera, empresa de la que se fugaron 40 trabajadores de izquierdas al inicio de la guerra, y habría sido obligado a ejercer de enterrador, tal y como sucedió con otros trabajadores de simpatías ugetistas de dicha fábrica. 

Asimismo, algunas fuentes indican que también fue encarcelado en Bera otro iturendarra, un tal José Nagore, que habría sido liberado. También se ha dicho que los tres asesinados fueron conducidos en una primera instancia hacia Belate antes de ser asesinados cerca del puente de Lesaka. 

Sobre el trágico destino de los tres jelkides iturendarras caben varias preguntas, relativas sobre todo a los responsables del mismo y al hecho de que fueran encarcelados en Bera, no siendo conducidos a los diversos centros de detención de la capital (cárcel, Fuerte de San Cristóbal, Escolapios y Salesianos), tal y como sucedía con la mayoría de los detenidos. Aunque en el libro anteriormente citado coordinado por Juainas Paul Arzak se habla de la responsabilidad como denunciantes de dos curas de Zubieta y del secretario, todos carlistas, creemos más bien en los efectos de la concurrencia de la actuación de las nuevas élites en la comarca en el hecho de la detención y prolongación del cautiverio en Bera durante todo un mes, por un lado, y las intrucciones sobre el castigo que merecían los prisioneros nacionalistas en Gipuzkoa emitidas por la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra pocos días antes de las ejecuciones, por otro. Algunos documentos muestran que en principio no parece que hubiera consignas claras sobre qué hacer con los tres presos. Así, una carta fechada en Bera el 13 de septiembre de 1936 y firmada por el Comandante Militar y dirigida al alcalde de aquella localidad en la que se permitía al detenido Bautista Iriarte Azpíroz acudir, escoltado por la Guardia Civil a Ituren, presumiblemente por la enfermedad de su abuela, aquel mismo día y permanecer en él hasta el 17 apoyarían aquella interpretación. 

Creemos que el destino de los tres jelkides iturendarras quedó cerrado, al igual que habría sucedido con el de Fortunato de Agirre, tras los nuevos posicionamientos de los carlistas en relación con los nacionalistas que serían reflejados documentalmente en un informe elevado el 24 de septiembre de 1936 por la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra “a los señores generales y jefes de la Junta de Defensa Nacional de Burgos”. En ese informe, al que ya nos referimos en una entrada anterior, la Junta Central Carlista de Guerra, dirigida en la práctica por José Martínez Berasáin, no contenta con la represión llevada a cabo en Navarra (y que para el 24 de septiembre se había llevado consigo centenares y centenares de vidas, sobre todo de votantes de izquierda), se animó a aconsejar en la fecha indicada sobre la conveniencia de adopción de una política de mano dura contra el nacionalismo en Gipuzkoa y, por extensión, dentro también de Navarra. 

La detención y posterior asesinato de los tres jelkides iturendarras tendría consecuencias inmediatas en el pueblo. En carta de 18 de agosto Benedicto Vicente Gárriz, secretario de Ituren y Elgorriaga, se quejaba de su destitución acusado de nacionalista, lo que era negado por él. Asimismo, afirmaba su adscripción al Bloque de Derechas, que  podía ser testificada por Eleuterio Arraiza (vocal de la Junta Carlista de Guerra), Joaquin Urisarri (apoderado de Rodezno) y el tradicionalista Joaquín Erviti, quienes finalmente aportaron informes favorables. Por su parte, en una carta enviada al alcalde de Ituren por Pedro Miqueo, representante de la Junta Municipal del PNV, el 5 de septiembre de 1936 se decía que la Junta Municipal del Partido Nacionalista Vasco de esta villa “estando en un todo disconforme con la actitud del Partido Nacionalista Vasco”, acordaba “darse de baja en dicho partido, con inutilización de los carnés ante el Requeté Don Francisco Tena” y adherirse “incondicionalmente al Movimiento Salvador de España para toda clase de servicios para la prosperidad del mismo”. Por si acaso, se solicitaba al alcalde que pusiera dicha decisión en conocimiento del Gobernador Civil de la provincia. 

Sirvan estas líneas para recordar, por lo tanto, la memoria de los tres asesinados, toda vez, sobre todo, que no parece que las organizaciones políticas y sindicales de las que formaron parte hayan mostrado demasiado interés en ejercicios de memoria histórica relativos a estas personas. Asimismo, no queremos tampoco finalizar sin hacer un llamamiento a los descendientes del máximo responsable por la parte carlista del genocidio y represión llevados a cabo en Navarra (y Gipuzkoa, habría que añadir) para que dejen de lado por un tiempo sus manifiestos principialistas y prepolíticos relativos a la soberanía vasca (interpretada según matriz navarra) que llegan incluso, veáse este ejemplo de los múltiples publicitados por sus propios medios o por otros ajenos, a deslegitimar intentos de propuestas basadas en el derecho a decidir, así como otras que son equiparadas por ellos a los anteriores y que son de naturaleza pactada como el de la reforma del Estatuto de la CAV protagonizado por el gobierno del Lehendakari Ibarretxe, y pongan a disposición del público posibles documentos privados que sirvan para la identificación y localización de los restos de las víctimas de 1936 y 1937 aún por recuperar.

viernes, 21 de junio de 2013

LA RECETA DE JARABE DE PALO CONTRA EL NACIONALISMO VASCO DE LA JUNTA CENTRAL CARLISTA DE GUERRA DE NAVARRA DE SEPTIEMBRE DE 1936.


En una entrada anterior hablamos de la participación navarra en la represión acaecida en Gipuzkoa en el otoño de 1936. Como se recordará, en aquella entrada se apuntó a que con posterioridad a la toma de San Sebastián el día 13 de septiembre y durante ese mes y los dos meses siguientes se producirían las cifras más altas de asesinatos por parte de los ocupantes franquistas. Si entre julio y septiembre los franquistas asesinaron en Guipúzcoa a unas 150 personas, muchas de ellas tras la entrada en Beasain, Oyarzun y Tolosa, en octubre fueron fusilados otras 150 y en noviembre unas 90 personas. De 25 fusilados en diciembre se pasó a una decena de fusilados al mes en los meses siguientes, con oscilaciones al alza en algunos de ellos, pero sin superarse nunca la treintena de asesinados mensuales.

En aquella entrada se manejaron testimonios, como el del doctor Gabarain, que podían haber hecho pensar en una mayor responsabilidad falangista en la represión registrada. No obstante, allí también había indicaciones acerca del importante papel desarrollado por los requetés en dicha represión. No hay que olvidar que, al igual que la Falange, los carlistas también dispusieron de centro de detención propio en San Sebastián, tal y como se citaba en aquel artículo. El mismo Arteche conoció a un requeté que participó activamente en los piquetes, según narra en su obra El Abrazo de los Muertos, siendo sus referencias a dicha persona reproducidas en aquel texto nuestro.

Recientemente hemos localizado un documento que Miguel Sánchez Ostiz cita parcialmente en su última novela El escarmiento (Pamplona, Pamiela, 2013) y que algunos apologetas del Requeté, obligados por su fidelidad a la militancia paterna, han obviado. Ese documento es un informe elevado el 24 de septiembre de 1936 por la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra “a los señores generales y jefes de la Junta de Defensa Nacional de Burgos”. 

La Junta Central Carlista de Guerra estaba presidida por Joaquín Baleztena Azcárate, presidente de la Junta Regional de la Comunión Tradicionalista; pero su auténtico director era el vicepresidente, José Martínez Berasáin, director del Banco de Bilbao y responsable de toda la actividad carlista en Navarra durante la República y en el verano y otoño de 1936, al ser el verdadero «hombre fuerte» en la nueva situación, según se desprende de la documentación conservada a pesar de los expurgos sufridos. El resto de los miembros de dicha Junta eran Javier Martínez de Morentín por la Merin dad de Estella, José Gómez por la Merindad de Aoiz; el arquitecto Víctor Eusa por la Merindad de Pamplona; Marcelino Ulíbarri por la Merindad de Tafalla; Víctor Morte por la Merindad de Tudela; y Eleuterio Arraiza y José Uriz Beriáin, este último secretario. Desde dicha Junta Central se conformaron también Juntas de Merindad. Además de encargarse de las cuestiones ligadas a la movilización carlista y a las tareas relacionadas con la participación de la Comunión Tradicionalista en el golpe de estado militar, la Junta Central Carlista de Guerra asumió papeles represoras, impulsando la limpieza política efectuada por los carlistas en la propia Navarra. 

El informe que hemos localizado demuestra que la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, no contenta con la represión llevada a cabo en Navarra (y que para el 24 de septiembre se había llevado consigo centenares y centenares de vidas, sobre todo de votantes de izquierda), se animó a aconsejar en la fecha indicada sobre la conveniencia de adopción de una política de mano dura contra el nacionalismo en Gipuzkoa. Recordemos que para entonces se había conquistado San Sebastián y que la mayor parte del territorio guipuzcoano estaba en manos franquistas. 

El Punto F) relativo a las medidas a adoptar en el ámbito de lo político decía lo siguiente: “Con el mayor respeto tenemos que declarar que en Guipúzcoa se está siguiendo una política de lenidad tan acusada que constituye una alarma para las gentes que han padecido los horrores rojos y nacionalistas. Si esa política responde a una norma directiva con vistas a hacer más fácil la rendición de Vizcaya, esperamos que cuando ésta se logre se rectificará radicalmente”. En la Nota 9ª del Anexo se ahondaba en la cuestión y se aconsejaba la conveniencia de la aplicación de una dura represión del nacionalismo vasco en Gipuzkoa. “La dureza del castigo aplicado en Andalucía, Extremadura, parte de Aragón y parte de Castilla, contrasta con esa lenidad apuntada. Pero ha de advertirse que el nacionalista ha atentado de manera más directa a la Patria y de modo más reflexivo que los rojos que defendían un estado de derecho que les favorecía y no tenían en su ánimo ir contra la Patria misma, sino únicamente contra un orden de cosas representado por el Ejército, que no les convenía. Mientras que los nacionalistas, que son los que han dado lugar a la resistencia que ha motivado la guerra, han pretendido con su alianza criminal aniquilar a la Patria. En vano se dirá que han evitado muchos males, porque esos que han evitado y los que no han podido evitar, hubieran dejado de suceder si en el primer momento hubieran cumplido sus obligaciones de católicos y de españoles. La política con los nacionalistas debe ser la de la aplicación de las penas del Bando a los que estén incursos en él y aquéllos a quienes no les sea demostrada su participación activa pero que sean destacados nacionalistas, debe serles impuestas penas de orden económico y destierro”. No en preciso insistir en que dicho llamamiento no fue en vano. Así, por ejemplo, según los datos aportados en la obra dirigida por Mikel Aizpuru, El otoño de 1936 en Guipúzcoa. Los fusilamientos de Hernani (Irún, Alberdania, 2007), de más de cuarenta fusilados en el cementerio de Hernani a las semanas siguientes a la redacción del informe mencionado consta su militancia y sus simpatías hacia partidos o sindicatos nacionalistas. También hay que señalar que pocos días después de redactarse el texto comentado fueron fusilados cerca del puente de Lesaka los tres vecinos de Ituren, todos ellos militantes del PNV, Pedro Gorostidi Imaz, Miguel Hualde Gorosterratzu y Juan bautista Iriarte Azpíroz. 

Por su parte, la Nota 11ª del Anexo se refería al clero nacionalista. “Especialmente urge actuar contra el clero nacionalista; contra los que estén comprendidos en el Bando, imponiéndoles sin contemplación las penas, contra aquellos otros, destacados, pero que no se les demuestra su actuación con los rojos desterrándolos. Para no dar pretesto a protestas que puedan perturbar las conciencias de algunos timoratos y en todo caso porque en conciencia debe hacerse, bueno será dirigir un escrito a Roma declarando que en extricta aplicación de las leyes y dentro de la excepcional gravedad y urgencia de la guerra hay que actuar en juicios sumarísimos (subrayado en el original) contra clérigos amparados de ordinario por el fuero personal del canon 120 y que no siendo factible dirigirse a los Prelados siendo uno de estos -el de Vitoria- el que comprende el mayor número de los clérigos nacionalistas y él no ajeno de responsabilidad, no podrían solicitar la licencia canónica, que se solicita genéricamente para todos aquellos clérigos comprendidos en el Bando de guerra. La comunicación oficial suple a la petición de licencia y no puede ser lícitamente negada ésta o sea que sin esperarla se considera canónicamente autorizada la actuación judicial contra los clérigos sin lesión de ser privilegio amparar la impunidad. La comunicación a la Santa Sede reportará el bien de que cese la intriga que allí se forja contra el movimiento. A la petición de separación del Obispo de Vitoria, deben seguir otras en especial la del Cardenal de Tarragona”. Como es sabido, la llamada al castigo del clero nacionalista de dicho informe fue prontamente ejecutada. Así, por ejemplo, en Hernani en octubre de 1936 serían fusilados los sacerdotes Antonio Bombín, Gervasio Albisu, Martin Lekuona, José Adarraga, Jose Ariztimuño (Aitzol), Alejandro Mendikute, José Otano, José Ignacio Peñagarikano y Celestino Onaindia; y en Oyarzun serían ejecutados en las mismas fechas José Joaquín Arin, Leonardo Guridi, José Marquiegui y Joaquín Iturricastillo. Por otra parte, Mateo Múgica, obispo de Vitoria, sería expulsado de España en el mismo mes de octubre de 1936. Él, junto con el cardenal de Tarragona Vidal y Barraquer y el cardenal Seguram serían los únicos miembros de la alta jerarquía eclesiástica española que se negarían a firmar la Carta Colectiva de los obispos españoles a los obispos del mundo, que se publicó el 1 de julio de 1937 y fue firmada por 48 prelados, de los que 8 eran arzobispos, 35 obispos y 5 vicarios capitulares.