LA RESURRECCIÓN DEL ASUNTO FASA. CRÍTICA DE UNA RECONSTRUCCIÓN INCOMPLETA. TERCERA PARTE

El asunto FASA, como tal, comienza el 18 de junio de 1979 cuando la Diputación acuerda abonar a aquella empresa 20 millones de pesetas que habían quedado aplazados y anticipar a la misma el importe del préstamo que le acordare conceder la CAN, cantidad que sería devuelta por esta entidad a la Diputación cuando se formalizasen las escrituras correspondientes. Los diputados asistentes a la reunión ignoraban completamente los créditos dados por la CAN a FASA y pendientes de amortización. Del Burgo, conocedor de la existencia de esos préstamos por ser avalista solidario de alguno de ellos, se ausentó de la reunión antes de la adopción del acuerdo manifestando que prefería ausentarse aún cuando ya no tenía ningún vínculos con FASA, existentes, según comunicó, hasta antes de acceder al cargo de diputado foral como accionista y secretario de su consejo de administración. Por lo tanto, del Burgo no hizo la más mínima alusión a que existieran en la CAN a favor de FASA créditos vigentes pendientes de amortización ni a la existencia de avales solidarios suyos, recalcando, además, que no estaba afectado por incompatibilidad legal alguna. Además, del Burgo fue conocedor del acuerdo y no mostró el más mínimo reparo sobre él.

La cuestión no estallaría hasta ocho meses después del acuerdo, el 7 de febrero de 1980, cuando la Diputación conoció del Director de Hacienda que la CAN no había reintegrado a las arcas forales el importe de 81 millones que, como anticipo, se había entregado a FASA. El diputado Lasunción elaboró un informe reservado para la Diputación sobre el tema señalando que, tras la concesión de dos créditos por un total de 81 millones por parte de la CAN a FASA el 28 de junio de 1979, el día siguiente, 29 de junio de 1979, se habían presentado en las oficinas de Contaduría de Fondos de Navarra Ignacio Irazoqui Araníbar y el jefe de créditos de la CAN, Fermín Vera, solicitando el libramiento de aquella cantidad. Estando ausentes de sus despachos el diputado de Hacienda, el director de Hacienda y el secretario general, que eran quienes debían haber firmado el libramiento, por las prisas se recurrió al único diputado foral presente, Ángel García de Dios (de HB), y al Subdirector de Hacienda y al Vicesecretario de la Diputación, también presentes, quienes firmaron sin sospechar que el dinero del anticipo se iba a destinar a cancelar los créditos anteriores que FASA tenía con la CAN. Esa cuestión tampoco habrían podido ser conocida por los titulares de los cargos, en la hipótesis de que hubieran estado presentes, por ignorar absolutamente la situación crediticia de la empresa ante la entidad. Lasunción señalaba en el informe que con los 81 millones se cancelaron dos créditos que sumaban 62 millones, llevándose Irazoqui los 19 millones restantes a FASA como única ayuda para la maltrecha economía de la empresa.

Los diputados desconocieron absolutamente el asunto porque incluso cuando el 21 de junio de 1979 la CAN tomó el acuerdo de concesión de los créditos para cancelación de un préstamo anterior no se les comunicó nada en absoluto. Estando aquéllos en la reunión (a excepción de del Burgo, Presidente del Consejo de Administración, que se ausentó afirmando que no tenía ninguna vinculación con FASA, lo que era una verdad a medias que no podía ignorar Juan Luis Uranga Santesteban, director-gerente de la entidad), éste último no dió ningún dato acerca del mismo ni sobre quiénes eran los avalistas.

Con el acuerdo desapareció la condición de avalista de del Burgo al cancelarse el préstamo en el que figuraba como tal, quedando FASA como deudora de otro crédito hipotecario de la misma cuantía y garantía inmobiliaria que el anterior. A efectos prácticos, la finalidad perseguida por el acuerdo de la DFN de ayudar a FASA para que la empresa no incurriera en suspensión de pagos (que fue estimada por la misma en 97 millones) se redujo al montante de 19 millones que Irazoqui llevó a la misma. En vez de entregar la CAN dinero a FASA después de haber hecho cuentas con lo que la empresa le debía, lo que sucedió es que la CAN recibió el dinero de la DFN de forma anticipada e impropia.

La publicación de la noticia en El País, con una acusación velada en el titular de supuesta malversación de fondos por parte de del Burgo (lo que era, según Gortari Unanua en el libro que estamos comentando, una absoluta falsedad), desató todo un chaparrón de reacciones y de derivaciones de naturaleza variadas, políticas, mediáticas y judiciales. Entre las políticas, sobresalieron la destitución de del Burgo de la Presidencia de la corporación foral y de su exclusión de la comisión negociadora navarra del Amejoramiento del Fuero, lo que fue acompañado con duros enfrentamientos en el seno de la Diputación y en el Parlamento. Todas esas repercusiones son descritas por Gortari Unanua con mucha prolijidad y exhaustividad a través de la recopilación y análisis de los acuerdos de la Diputación; de los debates en el Parlamento; de los artículos, comunicados y entrevistas publicados en la prensa por los protagonistas; de los comentarios valorativos de los periódicos; y de la jurisprudencia de los tribunales.

Finalmente Irazoqui fue absuelto en la jurisdicción penal tras la querella interpuesta por el Fiscal, previa denuncia de la Diputación, afirmándose que no había existido engaño en su actuación; del Burgo fue excluído por el Fiscal de la querella; y de nadie de la CAN fue imputado. No obstante, lo acaecido suscita el juicio valorativo de Gortari Unanua. La ejecución de los acuerdos de la corporación foral y de la CAN se debía haber hecho de otra manera. Además, aunque Irazoqui consiguió ahorrar así el pago de intereses a FASA, no fue lógica la actuación de Fermín Vera porque cancelaba unos créditos que no habían vencido todavía y que producían muy buenos intereses para la CAN, con lo que la entidad quedaba como perjudicada. Con ello, la CAN eliminó la posibilidad de que la hipótesis de la ejecución de los créditos en los que aparecía como avalista del Burgo (lo que podía producirse en cualquier momento dada la crítica situación de FASA, que de hecho hizo suspensión de pagos en septiembre sin que se formalizara el crédito, con lo que el anticipo de la Diputación nunca se recuperó) produjera serios problemas en el seno del propio Consejo de la entidad.

Por otra parte, Gortari Unanua considera que, desconociendo los demás diputados forales totalmente el asunto porque el director-gerente de la CAN y el presidente de la corporación provincial del Burgo no les suministraron la información complementaria pertinente, eran creíbles sus manifestaciones posteriores de que no habrían apoyado el acuerdo ni en la Diputación ni en la CAN de haber conocido esos extremos. Aunque no hay ninguna prueba fecaciente y directa de que del Burgo, presidente de la CAN y de la Diputación, hubiera intervenido personalmente en la cancelación de los créditos por él avalados, sí que puede afirmarse que no confesó la verdad y que, al igual que los demás avalistas solidarios, se benefició económicamente con la cancelación de los avales que tenía formalizados ante la CAN por medio del anticipo que, en cuantía indebida, se retiró de la contaduría de la Diputación. Del Burgo habría debido de haber explicado su verdadera posición personal en el asunto evitándose el escándalo político y el deterioro institucional que el caso llevó consigo. Por último, Gortari aduce el ejemplo de Industrias Armendáriz de Tafalla, en donde, en el contexto de una operación similar a la de FASA realizada por la Diputación, hubo perfecta coordinación entre la CAN y la corporación foral.

Gortari Unanua considera un grave error político la actitud de del Burgo por cuanto, a su juicio, si éste hubiera explicado su conducta ante el pleno de la Diputación, solicitando su amparo ante la falsedad de la acusación hecha por El País, no habría tenido lugar la excesiva politización que pagaron las instituciones navarras por efecto de la línea de defensa seguida por aquél. Gortari Unanua expresa asimismo su opinión de que del Burgo debía de haber actuado contra quienes utilizaron los 81 millones del anticipo para una finalidad no prevista por la Diputación ya que aquella cantidad no debiera haberse empleado para cancelar créditos ya existentes y menos tratándose de créditos que estaban garantizados con los avales solidarios de los consejeros de FASA. Desde su punto de vista, si la empresa no los podía amortizar, como era el caso, éstos deberían de haber respondido a sus obligaciones con su peculio particular. Del Burgo se habría equivocado al no pensar nunca en el resquebrajamiento de la confianza de los demás diputados suscitada por su forma de actuar, trasluciendo una evidente falta de capacidad de liderazgo de del Burgo. Para el secretario de la Diputación en aquel entonces, si del Burgo simplemente hubiera reconocido sus fallos al no proporcionar la información pertinente y hubiera actuado para reponer las cosas al estado en que estaban antes de consumarse el perjuicio para la Diputación, en el sentido de reconvenir a los demás avalistas para abonar el montante del anticipo perdido a través de sus haberes particulares, habría sido suficiente para desvanecer el asunto. De hecho, Gortari Unanua habría recomendado a del Burgo dimitir y defenderse desde su casa de las injustificadas imputaciones que se le hacían, pero se topó con su negativa bajo el argumento de que con ello habría defraudado a sus votantes.

Por último, negando que se tratara de un caso de corrupción política, Gortari Unanua cita entre los ganadores del asunto FASA a la CAN (por las actuaciones de sus altos empleados) y a los avalistas solidarios de la empresa (entre los que figuraba el propio del Burgo, presidente de la Diputación y de la CAN). Entre los perdedores estarían FASA que se fue a la quiebra, Ignacio Irazoqui por el quebranto de su fortuna familiar y la Hacienda navarra que nunca recuperó el importe de los 81 millones del anticipo que se fue directamente a la CAN con destino a un fin no previsto ni deseado por la Diputación. También, a juicio de Gortari Unanua, perdieron las instituciones públicas por los efectos políticos del asunto que hicieron que del Burgo tuviera que abandonar la presidencia de la Diputación y fuera excluído de la comisión negociadora del Amejoramiento del Fuero y que UCD se desangrara en luchas intestinas.

Desde nuestra perspectiva, las preguntas que finalmente se hace Gortari Unanua de por qué quienes salieron beneficiados del asunto, esencialmente del Burgo y la Caja de Ahorros, se comportaron como lo hicieron, sin valorar los perjuicios indirectos que ocasionaban a las instituciones en un momento crucial de la historia de Navarra, excede el ámbito de lo jurídicoadministrativo al que aquel autor intentó en un principio reducirlo. Más acertado sería asumir enfoques institucionalistas que, como es sabido, valoran la capacidad de influencia de las características de las instituciones de una sociedad determinada en las estrategias de los actores y en sus procesos de adopción de decisiones y que, partiendo del individualismo metodológico y de la teoría de la elección racional, tienden a considerar que los actores se comportan de acuerdo con el comportamiento de los demás actores y con la naturaleza de la estructura institucional existente. Según esas premisas, en los rasgos inherentes al sistema institucional predemocrático navarro de falta de control de las decisiones tomadas por un número reducido de personas, lo que posibilitaba la impunidad de comportamientos absolutamente discrecionales y que actuaban en beneficio de redes personales específicas relacionadas con el pasado, estarían las claves explicativas de lo acaecido. De hecho, el convencimiento del peso de esos factores en los diferentes sectores políticos, incluídos los de la misma UCD, contribuyó al desbordamiento del asunto FASA en el ámbito de lo político, tanto en el seno de la Diputación como en el Parlamento Foral recién constituído, en los medios de comunicación o en la mismísima calle.

LA RESURRECCIÓN DEL ASUNTO FASA. CRÍTICA DE UNA RECONSTRUCCIÓN INCOMPLETA. SEGUNDA PARTE.

En su presentación de los actores primordiales del asunto (Jaime Ignacio Del Burgo Tajadura e Ignacio Irazoqui Araníbar), Gortari Unanua obvia algunas circunstancias precedentes que, a nuestro juicio, tienen su importancia a la hora de entender las repercusiones políticas y mediáticas del mismo. A nuestro juicio, en su afán de reducir el asunto a la esfera de lo jurídicoadministrativo y de poner el cuentakilómetros de la historia a partir del momento en que la Diputación tomó el acuerdo de ayudar a la empresa FASA, Gortari Unanua se equivoca al dejar de lado cuestiones como las relativas a los cargos ocupados anteriormente por los protagonistas en la Diputación y en la empresa privada o a las redes y entramados políticoeconómicos en las que se inscribieron al calor del desarrollismo navarro de los años sesenta y setenta del siglo pasado, todo ello en el contexto de un régimen en el que imperaban la discrecionalidad y la falta de controles en las decisiones adoptadas por la corporación provincial, tal y como pusimos derelieve en otra entrada de este blog.

Después de ser Secretario general de AUTHI, una de las principales empresas del desarrollismo navarro, entre 1966 y 1970, Jaime Ignacio del Burgo Tajadura fue nombrado Secretario técnico de Hacienda de Navarra en 1970, puesto que abandonó en 1973 al ser designado Director de Coordinación, Planificación y Desarrollo de la Diputación Foral de Navarra de 1973 a 1976. Se ha comentado que del Burgo tuvo un fuerte protagonismo en las gestiones ante la Diputación para la instalación de la planta de Authi en un proceso que suscitó críticas como las reflejadas en el Libro negro sobre la Diputación Foral de Navarra, obra publicada en 1978. Del Burgo habría inscrito a su nombre la empresa Construcciones Tajadura la empresa de la que se sirvió el Banco de Santander hasta que Authi se implantara. y habría servido “de puente entre la Diputación Foral y Authisa, facilitando al máximo las ayudas” que la corporación foral concedió a la sociedad, financiando indirectamente las inversiones de la misma. También en el paso de Authisa a manos de British Leyland habría hecho del Burgo “de puente entre la Diputación y los ingleses”, beneficiándose aquella empresa de exenciones fiscales a la exportación. También del Burgo habría mediado en la ampliación de la fábrica cuando SEAT la adquirió.

En aquel libro citado se mencionaba asimismo que en relación con la construcción de la autopista de la Navarra del Burgo habría participado en la comisión, presidida por el mismísimo Félix Huarte, encargada de realizar el estudio sobre la conveniencia de construcción de la autopista de Navarra por encargo de la Diputación en virtud de acuerdo del 28 de enero de 1970. Posteriormente en mayo de 1973 del Burgo, como secretario técnico de la Hacienda navarra, habría estado en la comisión, presidida por el diputado foral Jesús Fortún, que informó a favor de la concesión de la obra de la autopista de Navarra a una empresa del grupo Huarte, desechando la opción de una empresa catalana, aún cuando aquélla pedía más años de explotación (41 contra 27) y peajes más caros, planteando ambas el mismo trazado. A pesar de la sentencia de un tribunal de Madrid a favor de la sociedad catalana, la Diputación, sirviéndose del Tribunal Administrativo de Navarra, legitimó la concesión en favor de Huarte y de su empresa Audenasa en cuyo consejo de administración estaban, entre otros, Rafael Aizpún Santafé y Juan Luis Uranga Santesteban, éste último director de la Caja de Ahorros de Navarra.

Ignacio Irazoqui Araníbar era originalmente titular de un negocio fronterizo en la localidad de Bera. Su carrera política comenzó en 1967 al ser nombrado por el gobernador civil, Francisco Queipo de Llano y Acuña, alcalde del ayuntamiento de Bera, puesto que ocupó hasta noviembre de 1972, fecha en la que cesó en la alcaldía. Posteriormente sería designado primer teniente de alcalde de la misma localidad, cargo que ocupó hasta 1974. Siguió siendo concejal hasta las primeras elecciones democráticas en 1979. Fue elegido diputado foral en las elecciones provinciales de marzo de 1971 frente a otros candidatos entre los que estaban Jesús Ezponda Garaicoechea, Tomás Caballero Pastor y Auxilio Goñi Donázar. Mientras Ezponda obtuvo 67 votos de los 77 posibles de los representantes municipales, Irazoqui consiguió 57, Goñi 20 y Caballero 6. Esos resultados hacen pensar que existió una clara mediación oficialista en la elección de los elegidos, toda vez que Goñi, procurador en Cortes por el tercio familiar, era la opción carlista, Caballero formaba parte del sector renovador y Ezponda había contado con el apoyo, tanto tácito como subterráneo, de insignes próceres del régimen como los diputados forales Amadeo Marco Ilincheta y Julio Asiain Gurucharri (los diputados forales que estuvieron más años en el cargo durante el franquismo, el primero, del sector carlista colaboracionista con el régimen, ininterrumpidamente desde 1940; y el segundo, de la Falange, desde 1958, así como alcalde de Corella de 1945 a 1971) en las elecciones a procuradores en Cortes frente a los candidatos del carlismo.

No obstante, a partir de 1976 Irazoqui se ubicó junto con los diputados forales Arza Muñuzuri y Visús Armañanzas frente al sector inmovilista mayoritario de la Diputación (conformado por los citados Marco Ilincheta y Asiain Gurucharri, asi como por Fortún Ardaiz e Iturralde Agorreta) a causa de su actitud favorable a una relativa democratización de las instituciones forales, actitud apoyada entre otros por José Javier Uranga, director del Diario de Navarra, quien por lo visto habría sido también responsable de la célebre moción presentada por aquéllos el 21 de julio de 1976, y Miguel Javier Urmeneta. Hacia mediados de 1977 decidió, a modo de protesta por la falta de voluntad reformadora de la Diputación, ausentarse de su cargo hasta la convocatoria de una sesión extraordinaria de la misma que tratase la necesaria democratización de las entidades navarras. Su prolongada inasistencia a las sesiones ordinarias motivó que el 10 de febrero de 1978 se incluyera en el orden del día de la corporación un punto relativo a su cese, que finalmente no se discutió. De cualquier forma, en mayo de 1978 se reincorporó a su puesto tras mantener conversaciones con el ministro Manuel Clavero que sugerían un cambio en la actitud de la corporación.

En el plano económico Irazoqui fue vocal de la Sociedad Anónima Navarra de Desarrollo e Inversión (SANDE) en cuyo consejo de administración estaban también Juan Luis Uranga Santesteban (director de la Caja de Ahorros de Navarra), Jesús Echarte Latasa (del grupo Huarte), etc. y cuyo objetivo era “el estudio, promoción, gestión administrativa y financiación de empresas”. Asimismo, era consejero delegado, como se ha dicho, de Fundiciones de Alsasua, así como de alguna otra empresa del sector. Irazoqui también estuvo involucrado en el asunto Belagua, en el que la Diputación apoyaba un proyecto impulsado por Bankunión, comprometiéndose a adquirir terrenos comunales en dicha zona del Pirineo navarro y cederlos a una empresa del grupo de aquélla, así como a invertir 872 millones en infraestructuras. En tal asunto, en el que también aparece mencionado del Burgo, Irazoqui habría escrito una carta a los vecinos de Isaba en la que, “además de convocarles a una reunión, intenta <<persuadirlos>>, diciéndoles que <<antes de tomar medidas drásticas, como la expropiación, es preferible llegar entre todos a un acuerdo sobre algo beneficioso para todos>>”, y habría acudido a la reunión con aquéllos, sin mostrar ningún proyecto concreto.

En el plano político el apoyo mencionado de Irazoqui a la democratización de la Diputación llegó tras un proceso de evolución ideológica peculiar visto los apoyos oficialistas que recabó inicialmente. En 1973 fue miembro fundador de Unión Navarra, una asociación cultural surgida como entidad dedicada al "cultivo, desarrollo y promoción de los valores espirituales y culturales de Navarra, así como a la realización de toda clase de estudios y trabajos encaminados a facilitar el desarrollo económico y social de nuestro viejo reino de Navarra", junto con insignes personalidades, todos ellos ligados a la derecha navarra y muchos de ellos cómodamente asentados en la órbita en torno a la Diputación o de empresas ligadas al desarrollismo de la época y fuertemente conectadas con la corporación foral.

De hecho, entre la nómina de fundadores de la mencionada asociación que proporciona la Gran Enciclopedia Navarra, Irazoqui es, junto con Francisco Elizalde Goldáraz, el único miembro de la Diputación de la época. Entre los demás están diversos vocales del Tribunal Administrativo de Navarra, órgano surgido en 1964: Juan Echandi Indart (vocal entre 1964 y 1967), Jesús Luis Iribarren Rodríguez (entre 1964 y 1978), Arturo Azpíroz Barcos (entre 1964 y 1978), Francisco Salinas Quijada (entre 1964 y 1968) y Javier Martinena Flamarique (entre 1970-1991). Dos de ellos (los tudelanos Iribarren y Salinas) fueron, además, asesores de la Diputación, el primero, al menos, a lo largo de treinta años, desempeñando con algunos de los mencionados anteriormente y de los que se mencionan seguidamente el papel de oráculos del Fuero en los dictámenes que emitieron unos pocos años después. Otros eran empresarios, algunos de ellos muy ligados al Grupo Huarte como Jaime Azcona Garnica o Jesús Aizpún Tuero y otros estaban muy ligados a la construcción (como Jesus Ibáñez Ardanaz que era Presidente de la Asociación Navarra de Promotores y Constructores en 1970 y que fue duramente criticado por el sector de concejales sociales de la época al ser nombrado al frente de la Comisión de Urbanismo del ayuntamiento de Pamplona). Por su parte, Rafael Aizpún Santafé, también ligado al grupo Huarte por ser presidente del Consejo de Administración de Audenasa, había sido en la época republicana la cabeza del partido homónimo de la asociación, formación integrada en la CEDA, llegando a ser entonces diputado a Cortes y ministro tanto de Justicia como de Industria. Muchos de ellos migrarían a los partidos que en 1977 desembocarían en UCD. Otro miembro, Francisco Javier Lizarza Inda, abogado y empresario de gran relevancia en el ámbito de los navarros en Madrid, también era accionista importante de FASA como resultado, tal y como se ha publicado en prensa y en este mismo blog, de haber entrado su padre en el accionariado de la empresa en los años cuarenta tras los cambios que hubo en la misma tras el asesinato en 1936 de su dueño, Joaquín Lizarraga, y de dos de sus hijos.

En cambio, en 1977 Irazoqui estuvo en la lista del Frente Navarro Independiente junto con Miguel Javier Urmeneta, José Ángel Zubiaur, Víctor Manuel Arbeloa y Jesús Malón, estos dos últimos al poco tiempo incorporados al PSOE. Dicha coalición, integrada por 36 personas, sin dependencia política de ningún partido en aquel entonces y de idearios ciertamente variados, contaba, tal y como recoge la Gran Enciclopedia Navarra, con un programa de cinco puntos: Amnistía y reconocimiento y promoción de todas las libertades individuales y colectivas; profunda transformación del sistema capitalista: reestructuración de la empresa con la participación de los trabajadores en decisiones y control; transformación social sin violencia ni totalitarismos; los fueros, libertades para vivir como pueblo y garantía de administración con igualdad, transparencia y participación; solidaridad con otros pueblos. Ante el fracaso electoral, producto de la mezcla tan variada de personas que se avenía además mal con los contenidos programáticos enunciados, el FNI se disolvió tres meses después.

Por otro lado, acerca de las relaciones de Irazoqui y del Burgo pueden referirse su común pertenencia a la asociación Unión Navarra, la presencia del segundo en un departamento importante de la Diputación, el hecho de ser su asesor en FASA y de haberle adquirido el primero su participación empresarial en dicha empresa. Además, aquél prologó en 1976 el libro de del Burgo Titulado Los fueros del Futuro: ideas para la reforma foral.

SOBRE LA DIPUTACIÓN EN EL FRANQUISMO.

A pesar del vigor y del reconocimiento académico obtenidos en los últimos lustros por la denominada historia actual o historia del tiempo presente, una de las mayores contradicciones de la historiografía y de los historiadores en general es la de prestar una mucha, o quizás mejor, muchísima menor atención al análisis de las épocas más recientes que son, precisamente, las que más han influído en la conformación del ahora. Aún cuando cabe pensar en la incidencia sobre el hoy en día de las estructuras de larga duración y de la concatenación de los fenómenos sucedidos desde siglos atrás, resulta a nivel científico poco satisfactorio obviar el poso de las ultimísimas décadas, sobre todo cuando éste ha condicionado altamente el presente.

El funcionamiento del régimen franquista y la artículación de las élites y de la redes clientelares dimanadas de ellas sigue siendo en nuestra tierra, y en muchas otras, una asignatura pendiente que casa mal con la preocupación por la memoria histórica, como si ésta debiera de circunscribirse a las represión de la dictadura, sin prestar atención a quienes se beneficiaron de la misma y salieron del final de la misma con una ventaja sustancial, habida cuenta de la naturaleza para nada rupturista del proceso de transición democrática. En otras palabras, hablar de éste último, sin referirnos para nada a la herencia de las décadas anteriores y de la positiva correlación de fuerzas disfrutada por los ganadores de la guerra civil y por sus descendientes, constituye un error epistemológico que se traslada a otros ámbitos, entre ellos el político.

En el caso de Navarra un puñado de obras, entre ellas como la más sobresaliente el Diccionario Biográfico de los Diputados Forales de Navarra (1931-1984) y de los Secretarios de la Diputación (1834-1984), publicada en 1998 por Ángel García-Sanz Marcotegui, César Layana Ilundáin, Eduardo Martínez Lacabe y Mikel Pérez Olascoaga, nos permiten extraer una serie de conclusiones acerca de las interioridades del funcionamiento del poder provincial durante el franquismo que ahora se mencionarán brevemente y que en entradas ulteriores se desarrollarán con mayor profundidad.

La primera de ellas es la importancia política y social de la Diputación de Navarra y de los diputados forales a la hora de la conformación de redes clientelares, lo que explicaría los apoyos electorales recibidos, más allá de 1979, por las formaciones de la derecha navarrista, vinculada por múltiples lazos (familiares, económicos, sociales, políticos) con quienes ocuparon posiciones relevantes en el régimen franquista. No sólo es que las competencias de la Diputación fueran superiores a las de las demás diputaciones del Estado, incrementándose los recursos económicos de que podía disponer la misma por el apoyo de Navarra al bando nacional en la guerra civil y por el trato preferente por parte de la Jefatura del Estado ante las pretensiones de nivelización y de intromisión procedentes del Movimiento. Además, el número de los miembros de la Corporación Provincial era mucho más bajo que en ningún otro sitio, no existiendo hasta muy entrados los años sesenta instancia de control alguna de su gestión.

Por otra parte, del análisis prosopográfico de los diputados forales del periodo 1939-1979, se infieren diversas conclusiones primordiales.

Con el franquismo, y como consecuencia de la guerra, irrumpió en la Diputación una clase política nueva con pocas conexiones con el pasado y sin vínculos con las sagas familiares que habían dominado la política provincial tradicionalmente hasta 1931. Considerando la falta de adversarios políticos fuera de la derecha, eso se debió a dos factores: la renovación que se produjo en el seno del carlismo y el peso que adquirió una fuerza nueva, la Falange.

Dentro de esa élite provincial, no cabe dudar de la importancia de determinadas personalidades por el elevado número de años que estuvieron el cargo de diputado: así por ejemplo, si Amadeo Marco fue diputado sin interrupción desde 1940, Julio Asiain Gurucharri lo fue desde 1958 y Jesús Fortún lo fue en 1949-1955, 1967-1974 y 1974-1979. Su trascendencia aumenta si consideramos que esos tres diputados configuraron un bloque inmovilista que votó de forma sindicada en los años sesenta y setenta, en un momento contra las iniciativas impulsadas por Huarte y en otro contra los afanes reformistas de un bloque minoritario de miembros de la corporación.

Por otra parte, los diputados forales constituyeron una élite mayoritariamente centrada en la política provincial: muchos de ellos fueron alcaldes de sus localidades y llegaron algunos de ellos a ser procuradores en las Cortes franquistas, en la mayor parte de los casos como representantes de la Diputación o como alcaldes de Pamplona, pero no se observan, salvo casos esporádicos, carreras políticas que traspasasen las fronteras navarras, accediendo a la alta política estatal o a la alta administración del Estado.

Por último, observándose contradicciones entre el sector más reaccionario y bunkerizado de la Diputación y los sectores más aperturistas, sobre todo por la querencia del primero por esquemas tradicionalistas ya superados, la aportación más significativa de la corporación provincial en su conjunto a lo largo del franquismo sería su apoyo a la estructuración definitiva del navarrismo cuarentayunista con unas bases jurídicas firmes y a su difusión entre la opinión pública.