SOBRE LA DIPUTACIÓN EN EL FRANQUISMO.

A pesar del vigor y del reconocimiento académico obtenidos en los últimos lustros por la denominada historia actual o historia del tiempo presente, una de las mayores contradicciones de la historiografía y de los historiadores en general es la de prestar una mucha, o quizás mejor, muchísima menor atención al análisis de las épocas más recientes que son, precisamente, las que más han influído en la conformación del ahora. Aún cuando cabe pensar en la incidencia sobre el hoy en día de las estructuras de larga duración y de la concatenación de los fenómenos sucedidos desde siglos atrás, resulta a nivel científico poco satisfactorio obviar el poso de las ultimísimas décadas, sobre todo cuando éste ha condicionado altamente el presente.

El funcionamiento del régimen franquista y la artículación de las élites y de la redes clientelares dimanadas de ellas sigue siendo en nuestra tierra, y en muchas otras, una asignatura pendiente que casa mal con la preocupación por la memoria histórica, como si ésta debiera de circunscribirse a las represión de la dictadura, sin prestar atención a quienes se beneficiaron de la misma y salieron del final de la misma con una ventaja sustancial, habida cuenta de la naturaleza para nada rupturista del proceso de transición democrática. En otras palabras, hablar de éste último, sin referirnos para nada a la herencia de las décadas anteriores y de la positiva correlación de fuerzas disfrutada por los ganadores de la guerra civil y por sus descendientes, constituye un error epistemológico que se traslada a otros ámbitos, entre ellos el político.

En el caso de Navarra un puñado de obras, entre ellas como la más sobresaliente el Diccionario Biográfico de los Diputados Forales de Navarra (1931-1984) y de los Secretarios de la Diputación (1834-1984), publicada en 1998 por Ángel García-Sanz Marcotegui, César Layana Ilundáin, Eduardo Martínez Lacabe y Mikel Pérez Olascoaga, nos permiten extraer una serie de conclusiones acerca de las interioridades del funcionamiento del poder provincial durante el franquismo que ahora se mencionarán brevemente y que en entradas ulteriores se desarrollarán con mayor profundidad.

La primera de ellas es la importancia política y social de la Diputación de Navarra y de los diputados forales a la hora de la conformación de redes clientelares, lo que explicaría los apoyos electorales recibidos, más allá de 1979, por las formaciones de la derecha navarrista, vinculada por múltiples lazos (familiares, económicos, sociales, políticos) con quienes ocuparon posiciones relevantes en el régimen franquista. No sólo es que las competencias de la Diputación fueran superiores a las de las demás diputaciones del Estado, incrementándose los recursos económicos de que podía disponer la misma por el apoyo de Navarra al bando nacional en la guerra civil y por el trato preferente por parte de la Jefatura del Estado ante las pretensiones de nivelización y de intromisión procedentes del Movimiento. Además, el número de los miembros de la Corporación Provincial era mucho más bajo que en ningún otro sitio, no existiendo hasta muy entrados los años sesenta instancia de control alguna de su gestión.

Por otra parte, del análisis prosopográfico de los diputados forales del periodo 1939-1979, se infieren diversas conclusiones primordiales.

Con el franquismo, y como consecuencia de la guerra, irrumpió en la Diputación una clase política nueva con pocas conexiones con el pasado y sin vínculos con las sagas familiares que habían dominado la política provincial tradicionalmente hasta 1931. Considerando la falta de adversarios políticos fuera de la derecha, eso se debió a dos factores: la renovación que se produjo en el seno del carlismo y el peso que adquirió una fuerza nueva, la Falange.

Dentro de esa élite provincial, no cabe dudar de la importancia de determinadas personalidades por el elevado número de años que estuvieron el cargo de diputado: así por ejemplo, si Amadeo Marco fue diputado sin interrupción desde 1940, Julio Asiain Gurucharri lo fue desde 1958 y Jesús Fortún lo fue en 1949-1955, 1967-1974 y 1974-1979. Su trascendencia aumenta si consideramos que esos tres diputados configuraron un bloque inmovilista que votó de forma sindicada en los años sesenta y setenta, en un momento contra las iniciativas impulsadas por Huarte y en otro contra los afanes reformistas de un bloque minoritario de miembros de la corporación.

Por otra parte, los diputados forales constituyeron una élite mayoritariamente centrada en la política provincial: muchos de ellos fueron alcaldes de sus localidades y llegaron algunos de ellos a ser procuradores en las Cortes franquistas, en la mayor parte de los casos como representantes de la Diputación o como alcaldes de Pamplona, pero no se observan, salvo casos esporádicos, carreras políticas que traspasasen las fronteras navarras, accediendo a la alta política estatal o a la alta administración del Estado.

Por último, observándose contradicciones entre el sector más reaccionario y bunkerizado de la Diputación y los sectores más aperturistas, sobre todo por la querencia del primero por esquemas tradicionalistas ya superados, la aportación más significativa de la corporación provincial en su conjunto a lo largo del franquismo sería su apoyo a la estructuración definitiva del navarrismo cuarentayunista con unas bases jurídicas firmes y a su difusión entre la opinión pública.

MAGNITUD ABSOLUTA Y RELATIVA DE LA LIMPIEZA POLÍTICA FRANQUISTA.

En estos días en que conmemoramos el bombardeo de Gernika, queremos traer a colación la magnitud de la limpieza política franquista tanto en su consideración global como en lo que respecta a Navarra, expresada tanto en términos absolutos como en términos relativos.

Las estimaciones más ajustadas en términos cuantitativos acerca de la magnitud de la represión franquista en el conjunto del Estado hablan de 100.000 asesinados durante la guerra, otros 50.000 asesinados desde el final de la guerra hasta 1949, 500.000 presos en cárceles y campos de concentración y 450.000 refugiados en los primeros tres meses de 1939. Unas cifras ciertamente espectaculares y ante las que no caben matizaciones.

Prosiguiendo con las cifras absolutas, los datos de algunas provincias, por su carácter mayúsculo, siguen invitando a la reflexión sobre el significado de lo vivido y sobre la legitimidad del movimiento de recuperación de la memoria de aquellas víctimas. Los 9.500 asesinados en Córdoba, los 8.000 de Sevilla, los 7.000 de Málaga, los 6.500 de Zaragoza, los 6.000 de Asturias, los 5.500 de Huelva, los 5.000 de Granada, los 3.700 de Toledo, son, teniendo en cuenta que en el listado de base (tomado de “Apéndice. Las cifras. Estado de la cuestión”, en JULIÁ, S. (Coord.), Víctimas de la guerra civil, Temas de Hoy-Colección Booket, 2006, pp. 407-413) faltan los datos de algunas provincias como Madrid o Barcelona en las que la represión tuvo que ser de muchos miles, francamente espeluznantes. La circunstancia de que en lo que queda de artículo manejemos, sobre todo, valores relativos, con el fin de ponderar comparativamente las cifras de Navarra no deben, a pesar de todo, hacernos olvidar lo tremebundo de los números absolutos de la represión en muchas provincias ni el hecho de que la tragedia fue ubicua.

Pasando ya a una escala comparativa, en el análisis geográfico de esa represión, Navarra, epicentro de la conspiración contra la República, ocupa una posición especial. Aunque si utilizamos indicadores toscos de la misma, los valores navarros no son sobresalientes, sí que aparecen como tales cuando empleamos tasas más refinadas, tal y como hemos efectuado en nuestras investigaciones acerca de la materia y presentes en el libro Sartaguda 1936. El Pueblo de las Viudas y también en algún artículo disponible en Internet.

Si nos fijamos en las cifras de asesinados por cada mil habitantes, la tasa navarra de 8,3 es sobrepasada con holgura por las de Huelva (15,4), Córdoba (14,3), Zaragoza (12,2) y Málaga (11,4), pero no dista mucho de los niveles ligeramente inferiores al 10 por ciento de Sevilla (9,9) y de la Rioja (9,8). Utilizando ese primer indicador, la intensidad de la limpieza política en Navarra se habría situado algo por encima de la registrada en Asturias (7,5), Granada (7,8) y Toledo (7,7), siendo bastante superior a la de la mayoría de las demás provincias. Con todo, no hay que olvidar que, si limitamos nuestra mirada a aquellas provincias que fueron desde el primer momento zona de retaguardia del bando sublevado, la tasa navarra sería superada sólo por la riojana, multiplicando por varios enteros la segoviana y la soriana.

En cambio, un segundo indicador más elaborado y preciso, por cuanto introduce una ponderación relativa a la población en riesgo de ser asesinada, resalta lo acaecido en nuestra tierra y lo coloca en los niveles comparativamente más elevados. Este indicador alternativo es la tasa de asesinados por cada mil votos al Frente Popular, correspondiéndose las cifras de votos a esa candidatura con el número de votos del candidato más votado de la lista del Frente Popular en cada provincia. Este indicador sirve para las provincias en las que la población en riesgo de ser asesinada por su carácter ideológicamente opuesto al de los sublevados se correspondía en una elevadísima medida con la de la población votante al Frente Popular (no valdría, por lo tanto, para provincias como Guipúzcoa o Vizcaya en las que el nacionalismo vasco tenía una importante presencia electoral) o en las que las víctimas de la represión fueron en su inmensa mayoría las afines a esa opción política, circunstancia en la que, al igual que sucede con la mayoría de las provincias, se encuentra Navarra a causa de concurrir la segunda circunstancia. Por otra parte, aunque tampoco es ni mucho menos exacto por otras dos razones (más que por la incidencia de la conducta política de anarquistas que en aquellas elecciones abandonaron su postura abstencionista para votar a la coalición de izquierdas, porque los votantes debían ser mayores de 23 años y entre los asesinados por la violencia facciosa había personas que no llegaban a esa edad), este segundo indicador es el único que puede incorporar un cierto dimensionamiento real de la magnitud represiva al integrar la cuantía de la población directamente reprimible.

Según este segundo cociente la limpieza política registrada en Navarra aparece en toda su crudeza. El valor navarro de 81,7 asesinados por cada mil votantes del Frente Popular constituye la tasa con diferencia más elevada de toda la tabla. Los siguientes valores son los de Huelva (68,5), Córdoba (60,6), Zaragoza (58,8), Rioja (56,0), Málaga (52,1) y Granada (50,5).

Unos datos que alteran nuestra percepción acerca de lo vivido en nuestra tierra. Navarra, la Covadonga insurgente parafraseando un libro, clásico ya de la historiografía, que analizaba las razones del éxito movilizador del voluntariado navarro en julio del 36, si bien olvidándose de los aspectos colaterales que estamos apuntando, fue también el territorio de la brutalidad y del comportamiento despiadado para con el desafecto, constituyendo la gestión de la memoria de aquellas víctimas una tarea que difícilmente puede darse, a pesar de todos los avances, por acabada. 

UN BICENTENARIO SILENCIADO.

Dada la proverbial tendencia historicista de la opinión pública, de los medios de comunicación, de las formaciones políticas y de las instituciones en Navarra, sorprende el silenciamiento del que está siendo objeto en nuestra tierra el bicentenario de la promulgación de la Constitución de Cádiz, a celebrar el próximo 19 de marzo. Por parte institucional solamente pudimos conocer la firma, en el mes de octubre del año pasado, por parte del presidente del Parlamento de Navarra de un convenio con el Consorcio conformado para dicha Conmemoración, si bien reducido  al reconocimiento de la memoria del único diputado navarro presente en aquella asamblea constituyente. En cambio, por parte del Gobierno navarro no se ha mostrado ninguna voluntad conmemorativa o, al menos, así nos lo han indicado nuestras búsquedas en Internet, zanjadas sin resultados. Por su parte, en lo que  respecta a los partidos, la prensa y la ciudadanía, tampoco hemos encontrado ecos de tal celebración, siendo, por lo tanto, inexistente cualquier toma de postura o actitud valorativa.

Puede razonarse tal circunstancia por el efecto de un tsunami bipolarizador suscitado por la confrontación de lecturas en relación con una efemérides anterior, la ligada con la conquista de Navarra por parte de la monarquía castellanoaragonesa en 1512. Tal y como se está viendo en lo que llevamos de año y tal y como parecía prefigurarse desde el año pasado, podría parecer que el hito histórico mencionado colma las pulsiones historicistas navarras, difuminando la magnitud de cualesquiera acontecimientos posteriores o anteriores, sea cual sea su trascendencia. De hecho, aparte de la práctica anulación del recuerdo de la constitución gaditana, tampoco la batalla de las Navas de Tolosa de 1212 está saliendo bien parada. En el programa de actos y de publicaciones que se dió a conocer a mediados del pasado mes por parte del consejero Sánchez de Muniain, dicho episodio se menciona sólo tangencialmente en un pack global en el que la conquista es el protagonista incontestable, quizás para evitar recargar todavía más la atmósfera de la contemplación del pasado lejano con discusiones sobre el presunto alineamiento, ya a principios del siglo XIII, del reino navarro junto con otros reinos cristianos peninsulares, alguno de ellos el principal amputador unos años antes del territorio de aquél en su costado occidental.

No alargándonos más sobre la cuestión relativa a la conmemoración de la conquista, tema sobre el que nos detendremos en el futuro, tampoco es ajeno al hecho del desplazamiento del hito de 1812 la incomodidad que suscita en determinados sectores. Independientemente del grado de la misma, por sí o en comparación con la que provoca 1512, la promulgación del texto doceañista supuso un antes y un después en la esfera de lo políticoinstitucional que se proyectó durante los dos siglos posteriores. La carta magna aprobada en la capital andaluza supuso el tercer encontronazo de la Constitución Histórica de Navarra con los nuevos marcos del constitucionalismo liberal. En el primero, producido en 1789 en el contexto de la Asamblea Nacional Francesa, tal constitución fue absolutamente anulada a pesar de los esfuerzos argumentativos de las instituciones de la Baja Navarra (donde aquélla estaba también en vigor hasta entonces). En el segundo, registrado en el ámbito de la Asamblea de Bayona de 1808, la Alta Navarra consiguió salvaguardar su status políticoinstitucional  momentáneamente, confiándose el mismo a una decisión ulterior de unas Cortes, que nunca serían convocadas por el gobierno josefino, por el artículo 144 colado de rondón en el Estatuto finalmente aprobado gracias a las mediaciones de un navarro (Azanza) y de un vizcaíno (Urquijo), de gran ascendiente sobre Napoleón y que actuaron auspiciando la acción concertada de los representantes de los cuatro territorios vascopeninsulares, entre los cuales el de Vizcaya (Yandiola) y el de Navarra (el corellano Miguel Escudero) fueron los más sobresalientes. Por último, en Cádiz en 1812 el régimen foral navarro sería abolido en la práctica al no ser mencionado en absoluto en el texto constitucional finalmente resultante, pese a haber sido objeto de alabanzas sin cuento en el Discurso Preliminar del mismo leído unos meses antes en la cámara en un intento de los doceañistas de buscar legitimaciones historicistas. La abolición indicada por el articulado se convertiría en proscripción tácita en agosto de 1813 cuando una petición firmada por representantes de la Diputación navarra vigente hasta finales de agosto de 1808, momento en que huyó de Pamplona por rechazar al invasor francés, solicitó la convocatoria de las Cortes navarras para el juramento y aprobación de la Constitución de Cádiz. Llegados a este punto recordaremos que las Cortes eran el órgano sobre el que pivotaba todo el entramado institucional navarro y el que debía sancionar cualquier modificación de la Constitución navarra según los parámetros de funcionamiento constitucionales navarros. La decisión del Congreso gaditano quedó razonada por la absoluta imposibilidad de coexistencia de dos poderes legislativos en un mismo Estado. Con todo, no obstante todo lo anterior, queremos remarcar que todo el proceso fue de una gran complejidad en todos sus extremos, característica ésta predicable también de las derivaciones inauguradas tras 1812, tanto en los años inmediatamente posteriores como en las décadas siguientes, por todo lo cual las aproximaciones a trazo grueso resultarían erróneas. 

La actitud de indiferencia expuesta ante la cita conmemorativa gaditana por las instancias oficiales navarras extraña más todavía si consideramos el tantas veces durante los últimos lustros proclamado fervor constitucionalista de los dos partidos actualmente con responsabilidades de gobierno en Navarra (aun a pesar de que UPN, el partido sin duda predominante del actual ejecutivo de coalición, en el que el PSN aparece como convidado de piedra, surgió en 1978 en contra del texto constitucional de ese año, en razón no sólo de la disposición transitoria cuarta). Como en otras cuestiones, también en ésta el olvido es algo premeditado y al servicio de una estrategia política.