LA VIOLENCIA POLÍTICA Y LA GESTIÓN DE SU MEMORIA COMO ÍTEM EN LA AGENDA ACADÉMICA Y EN LA AGENDA SOCIOPOLÍTICA.

Uno de los elementos que más ha marcado al país vasconavarro en los dos últimos siglos ha sido la violencia política explícita, actuando como factor importantísimo en relación con la evolución políticoideológica en general del territorio, así como en relación con el posicionamiento de las personas ante las alternativas en pugna.

Aunque en la Guerra de la Independencia los componentes de enfrentamiento interno entre sectores de la misma población vasca fueron enmascarados por la violencia exógena de los franceses, en aquella contienda quedó claramente configurado el discurso contrarrevolucionario que apelaría a la defensa de la religión católica y de las tradiciones y al exterminio de los liberales autóctonos. Tras 1814 y la restauración absolutista después del breve episodio constitucional, se abren las espitas para la división abierta, conduciendo a diferentes guerras civiles ciertamente cruentas. Suele advertirse un hilo de continuidad claro entre la guerra realista del Trienio Liberal (1821-1823) y las dos guerras carlistas (1833-1839 y 1872-1876), en las que el espacio vasconavarro fue escenario principal, pero también es cierto que en cada una de ellas convergieron circunstancias un tanto diferentes que las individualizan en parte. Por otro lado, la mayor brutalidad, por su mayor modernidad, de la guerra civil de 1936-1939, en la que Navarra fue el epicentro de la conspiración de los sublevados, no es entendible sin la simiente de intolerancia de las contiendas del siglo anterior. Por último, la espiral de las últimas décadas en forma de conflicto de baja intensidad (sin que este último elemento calificativo signifique en absoluto rebajar su carácter salvaje e inhumano), heredera de la represión franquista durante la Dictadura, y cuyos agentes principales han sido desde finales de los años setenta primordialmente la bárbara actividad terrorista de ETA, y muy secundariamente la violencia del Estado y de agentes parapoliciales, ha dejado heridas que tardarán tiempo en cicatrizar en relación con las pérdidas de vidas humanas y las conculcaciones de derechos humanos registradas.

De cualquier forma, cuando nos referimos a la cuestión de la violencia política, queremos considerarla relacionada con dos elementos íntimamente relacionados con ella y estrechamente ligados entre sí: el de su prolongación en el ámbito de lo político y de lo ideológico y el de su recuerdo por medio de la gestión de la memoria.

Acerca del primer aspecto, el de la extensión de la violencia en el campo de la política y de las ideologías y en la conformación de cleavages o líneas de fractura que segmentan políticamente la sociedad, proyectándose en el tiempo, creemos de gran utilidad sacar a colación algunas categorías y conceptos acuñados desde la sociología histórica.

En sus estudios sobre el conflicto y la lucha política Charles Tilly planteó que las acciones colectivas generaban identidad y repertorio a los actores en determinados contextos de oportunidad. El concepto de repertorio se refiere a un modelo de actuación colectiva validado por la experiencia acumulada de los actores en cuanto a su practicidad y que se transmitiría en el tiempo como experiencias vitales generacionales. Los repertorios más efectivos serían aquéllos que hubieran conseguido movilizar un número significativo de participantes con un alto grado de cohesión interna y convencimiento para comprometerles en el logro de determinados objetivos bien definidos, consiguiendo además respetabilidad y legitimidad social. Las acciones colectivas contempladas en esta teorización son muy amplias: van desde el motín hasta la guerra civil, guerrilla, conflicto de baja intensidad u otras prácticas de destrucción coordinada.

A nuestro entender, si aplicamos todos los conceptos anteriores a las guerras civiles abiertas registradas en nuestro suelo, así como al conflicto de baja intensidad de las últimas décadas, podremos comprender mejor la persistencia de la violencia política en nuestro suelo. En todas esas dinámicas los alzados contra el poder establecido han conseguido, en diferente medida según las épocas (pero en cualquier caso, significativa para cada contexto), un número amplio de seguidores, cohesionados, convencidos y comprometidos con el ejercicio de la violencia, logrando además cierta respetabilidad y legitimidad social. En todos lo casos, además, se ha partido de un convencimiento: el de las posibilidades de conseguir fines políticos mediante el empleo de la violencia, fines que resultarían imposibles de conseguir para esos movimientos mediante las vías parlamentarias o civiles. Asimismo, la violencia ha actuado como elemento polarizador de las posiciones políticas en cada momento y ha marcado a las generaciones siguientes. Y todo eso vale para los carlistas del siglo XIX, los carlofascistas de 1936 e incluso para la izquierda abertzale de finales del siglo XX y principios del XXI. De todos ellos, los sublevados de 1936 salieron ciertamente triunfantes, constituyendo un modelo a seguir para aquéllos persuadidos de la rentabilidad política de la violencia por los increíbles réditos que sacaron del ejercicio de la misma: los falangistas, por ejemplo, de ser un partido políticamente marginal en febrero de 1936 pasarían a regir el Estado español durante cuarenta años, un caso del que no existen muchos otros parangonables a escala mundial. Por otra parte, aunque algún lector pueda pensar que la analogía que planteamos no es acertada, le animaríamos a meditar sobre las maneras concretas de proceder de unos y de otros: siempre el recurso a la violencia para el logro de objetivos políticos conlleva unas estrategias parecidas de movilización del bando propio y de conformación del adversario.

La gestión de la memoria de la violencia política es, como es sabido, un tema de gran actualidad en el terreno de lo político. Desde la consideración del historiador que ha investigado la masacre que se registró en Navarra en el verano y otoño de 1936 y que cada vez descubre datos nuevos sobre la misma y como miembro de esta sociedad que abomina del dolor y del sufrimiento de la violencia de estas últimas décadas, generada mayormente por ETA, no compartimos el triple reduccionismo que se suele hacer del tema.

En primer lugar, el reduccionismo de quienes quieren circunscribir la cuestión de la gestión de la memoria de la violencia política a determinados arcos temporales, bien al de la guerra civil y el franquismo, bien al posterior a 1975. A nuestro juicio, deberíamos enfocar todo el periodo posterior a 1936 en cuanto que constituye el marco vital y experiencial de cohortes generacionales todavía vivas y en cuanto que el recuerdo/olvido de la violencia de la guerra civil y la dictadura sigue siendo todavía una asignatura socialmente pendiente.

En segundo lugar, el reduccionismo de quienes limitan la gestión de la memoria de la violencia política a las víctimas directas. Es verdad que las víctimas directas y sus familiares deben de constituir el núcleo central de atención en las labores de reconocimiento y reparación de su sufrimiento en todos los planos, desde el historiográfico y mediático hasta el moral y el político. Ahora bien, convendrá asimismo recordar a quienes, sin haber perdido la vida, tuvieron o han tenido que actuar de un modo no voluntario a causa de las amenazas y sufrieron o han sufrido ultrajes y perjuicios, así como conculcaciones de sus derechos. De cualquier forma, siempre habrá que tener en cuenta que en el caso de los 3.000 navarros asesinados en 1936, un tercio de los cuales sigue en fosas comunes, su misma identificación fue fruto del trabajo desinteresado hace más de tres décadas de un pequeño número de personas que actuaron totalmente al margen de los poderes públicos, sin que éstos se colocasen entonces a la altura de las circunstancias.

En tercer lugar, el reduccionismo de quienes olvidan en la gestión de la memoria de la violencia política a los verdugos. Aunque existe un porcentaje de asesinados en los que la responsabilidad no está aclarada y la acción de la justicia no ha sido igual de contundente y de severa con las conculcaciones de derechos producidas por agentes del Estado o por mercenarios del mismo, la mayoría de los asesinados por motivaciones políticas de las últimas décadas han sido objeto de resarcimiento a través de procedimientos penales que han implicado castigos a los culpables. Los asesinos de la guerra civil y de la Dictadura, en cambio, han gozado de impunidad no sólo jurídica, sino también historiográfica: a causa de la destrucción deliberada de documentación sólo indiciariamente podemos llegar a ser capaces de delimitar las diferentes responsabilidades a distintos niveles de una represión de la que no cabe dudas de su naturaleza metódica y exhaustiva, así como las características de la cadena de mando que terminaba en los miembros de los escuadrones de la muerte.

Una consideración integral de la violencia política en el plano analítico ayuda a entender mejor cuestiones ciertamente complejas: desde cómo funcionan los mecanismos de socialización, de legitimación y de ocultamiento de la práctica de una violencia política bárbara hasta cómo se efectúa la gestión de la memoria y del olvido por parte de las instituciones, las familias, los grupos y las personas. Asimismo, tal enfoque global dificulta el mantenimiento de actitudes incívicas y escapistas como las de aquéllos que persisten en el negacionismo o en la subestimación de las responsabilidades de los ideológica o familiarmente próximos en la generación de sufrimiento al adversario político.

De cualquier forma, la gestión de la memoria de la violencia política entendida en sentido omnímodo no puede ser sólo responsabilidad de las instituciones, sino que ha de descender también al plano de la sociedad civil e incluso de las personas. La sociedad en su conjunto ha de valorar la necesidad del ejercicio del derecho a la memoria de aquella violencia. De la misma manera, todos debemos de compartir la noción de deber de memoria, pese a quien pese y cueste lo que cueste.

Contrariamente a Malcolm Lowry, quien en un pasaje de su más célebre novela hacía que el protagonista se preguntara en el curso de un monólogo interior cómo convencerá la víctima al asesino de que no ha de aparecérsele, un interrogante recordado por muchos otros autores, nuestra sociedad no podrá liberarse de las rémoras más dolorosas de su pasado hasta que los fantasmas de la violencia política, y con ellos la pretensión de que el ejercicio de la misma sirve para la imposición de proyectos políticos, consigan definitivamente desvanecerse.

INVERSIÓN DEL ESTADO EN NAVARRA E IVA DE LA VOLKSWAGEN: UNA ACLARACIÓN PENDIENTE.

A finales de septiembre pudo conocerse que Navarra era la comunidad autónoma en la que más caída ha registrado la inversión del Estado en los PGE para 2013, de un 68 por ciento. Tras nuestra comunidad se situan Baleares (un 45% menos), la Comunidad Valenciana (un 35,1 % menos) y el País Vasco (32,8 % menos). Por su parte, en Aragón el descenso ha sido del 30,2 %, en Castilla-La Mancha del 28,4%, en Galicia del  23,3%, en Asturias del 15,9 %, en la Comunidad de Madrid del  14,28%, en Extremadura del 11,2% y en Cataluña del 10,76 %. Por el contrario,  la inversión sólo aumentará en Cantabria, Murcia y Castilla y León. Más allá de los porcentajes, la cifras absolutas terminan de perfilar el significado de aquellos descensos porcentuales. La comunidad autónoma que más inversión recibirá en términos absolutos será Andalucía, con una inversión de 1.632,84 millones de euros. Por detrás se sitúan Castilla y León (1.587,11 millones), Galicia (1.309,08 millones), Cataluña (1.262,30 millones) y la Comunidad de Madrid (1.078,65 millones).Ya por debajo de los mil millones se sitúan la Comunidad Valenciana (654,45 millones), Castilla-La Mancha (612,33 millones), Asturias (426,07 millones), Murcia (408,56 millones), País Vasco (350,36 millones), Aragón (328,96 millones), Extremadura (327,60 millones), Canarias (269,54 millones), Cantabria (159,55 millones), Baleares (78,72 millones), La Rioja (64,51 millones), Ceuta (44,13 millones), Navarra (25,34 millones) y Melilla (22,77 millones).

Esta situación ha dado lugar hoy mismo a un debate en el Congreso de los Diputados motivada por un comentario efectuado por el ministro Montoro a la intervención de la diputada de GB Uxue Barkos en el que vendría a justificar el recorte en los PGE para Navarra con la solución dada al tema del IVA de la Volkswagen y del rescate encubierto que representaba para Navarra, de lo que ya hemos hablado anteriormente en este blog. El titular de la cartera de Economía y Hacienda ha afirmado textualmente: "¿Navarra? Claro que hemos apoyado a Navarra, lo hemos hecho de una manera muy concreta y muy clara en procedimientos que eran discutibles, que estaban sujetos a debate, a polémica, sobre la distribución del Impuesto sobre el Valor Añadido". Posteriormente la diputada navarra ha planteado a los responsables del  Gobierno de Navarra que expliquen y aclaren si es cierto que una y otra cuestión están interrelacionadas.  

Ya anteriormente, el 9 de octubre, la misma diputada había denunciado el recorte y la actitud aquiescente de UPN, apuntando que las inversiones en Navarra se habían visto reducidas en más de un 80 por ciento en sólo tres años, al pasar de los 137 millones en 2011 a 24 millones para el próximo año.

Todas estas cuestiones se encuentran interrelacionadas con una pregunta escrita formulada por el diputado Sabino Cuadra, de Amaiur, en el Congreso de los Diputados y de la que la prensa informó el 4 de octubre. 

En el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados serie D de 18 de octubre, entre las páginas 297-298, figuran los extremos de dicha pregunta para respuesta escrita, fechada el 1 de octubre. En ella se apuntaba, tal y como se ha visto reflejado en los artículos que se han ocupado del tema, que “a fines del pasado año 2011, los Técnicos del Ministerio de Hacienda procedieron a realizar diversas revisiones e investigaciones en relación con el cobro del IVA relativo a las ventas de los vehículos Volkswagen fabricados en el Polígono de Landaben, en Nafarroa, resultando de ello, según los citados Técnicos, la comprobación de diversas irregularidades” y que “Como consecuencia de ello, en marzo del presente año la Hacienda estatal procedió a reclamar al Gobierno de Navarra 1.513 millones de euros correspondientes a ingresos dejados de percibir en los últimos 17 años, desde que la entonces planta SEAT de Landaben fue adquirida por la multinacional alemana Volkswagen”. Se añadía que “junto a ello, el Ministerio reclamaba también al Gobierno de Navarra una cantidad de 780 millones de euros por las cantidades de IVA a las que nos estamos refiriendo correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014”. En la pregunta el interpelante se refería asimismo a la solución acordada por la Comisión de Arbitraje del Convenio Económico el 7 de mayo por el que el Gobierno de Navarra pagaba 75 millones de euros, 25 por año, a la Hacienda estatal en relación con el IVA correspondiente a esos tres años y a que “quedaría en manos de la citada Comisión de Arbitraje resolver sobre la posible presentación de un recurso en contra de la reclamación de los 1.513 millones de atrasos a las que antes se ha hecho referencia”. En la pregunta Amaiur se refería a que “Todo lo expuesto ha sido realizado por medio de unas negociaciones que apenas han trascendido públicamente y, lo qué es mas grave aún, sin que haya sido dado a conocer, ni al Parlamento Foral, ni a la ciudadanía navarra, el texto del Acuerdo al cual han llegado los Gobiernos estatal y foral a través de la Comisión de Arbitraje del Convenio. No solo esto, sino que la propia presidenta del Gobierno de Navarra, en su comparecencia ante el Parlamento Foral, realizada a últimos de junio a requerimiento de sus grupos, ha señalado la improcedencia y la innecesariedad de que el citado acuerdo fuera publicado”.  Bajo todo ello se preguntaba por “el contenido expreso” del Acuerdo de 7 de mayo de 2012, por “las razones legales, fiscales, económicas, contables o de cualquier otro tipo que haya podido justificar el rebaje de la petición inicial de 781 millones de euros correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, a los 75 millones de euros acordados”, por “las razones legales, fiscales o de cualquier otro tipo que hayan podido justificar que los 1.513 millones de euros correspondientes al IVA de los últimos 17 años hayan sido aplazados en el cobro”, por “las condiciones concretas acordadas (plazos, cuantías, intereses,..) referidas al cobro por parte del Gobierno del Estado —PP— al Gobierno de Navarra —UPN— en relación con los citados 1.513 millones de euros”, por si ha habido alguna cantidad que ha sido condonada por el Gobierno estatal al Gobierno de Navarra y por si “tiene el Gobierno del PP un pacto con UPN consistente en el apoyo diario que estos últimos están dando al Gobierno del PP en el Congreso de los Diputados como contrapartida política al trato ventajoso dado por el Gobierno del PP al Gobierno de Navarra en relación con el tema del IVA”.

También hay que recordar que el pasado lunes 8 de octubre la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento Foral acordaron, por unanimidad que la Cámara comparezca, en caso de que se abra, en el procedimiento contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional tras el anuncio de UPyD de recurrir el acuerdo de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico por el que se modificaba el método para hacer efectivo el ajuste de la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido en el quinquenio 2010-2014, en el marco del citado Convenio. Los representantes de todos los grupos presentes en el Parlamento navarro, también Bildu (partido que en su programa para las elecciones al Parlamento de Navarra  no mencionaba en absoluto el Convenio Económico y que en su versión de EHBildu para las recientemente celebradas elecciones en la CAV hablaba de “recuperar la soberanía fiscal plena, un objetivo imposible de garantizar con el actual sistema de Concierto y Convenio Económico; y abandonar la tentación de imitar y copiar las medidas fiscales aprobadas en Madrid"), atacaron tras esa decisión la iniciativa de UPyD, posicionándose unánimente en defensa del régimen concertado navarro.

No obstante, a pesar de que desde el punto de vista técnico se ha razonado suficientemente la inviabilidad de la judicialización del tema por parte del partido liderado por Rosa Díez por la modificación de la estrategia comercial a partir de 1 de abril de 2012 por parte de VW Navarra de forma que los vehículos producidos en Navarra se han unido al procedimiento general de exportación directa desde las factorías productoras a los lugares de destino, con lo que es la Hacienda Tributaria de Navarra la que tiene que hacerse cargo de la correspondiente devolución del IVA que soporta Volkswagen en los vehículos que exporta desde dicha fecha, la realidad es que siguen existiendo dudas razonables de naturaleza política sobre cómo se ha desarrollado la cuestión, tal y como expresaba la pregunta de Amaiur y tal y como se desprende de la respuesta de hoy mismo del ministro Montoro. No cabe olvidar que, previamente al acuerdo de la Comisión Coordinadora, existió, según los indicios disponibles, un acta de inspección de la Agencia Tributaria que motivó la solución finalmente alcanzada, lo que indicaría una descoordinación rampante entre la administración navarra y la estatal para llegar a tal punto. Eso y todos los aspectos oscuros del asunto implícitos en la pregunta de Amaiur y en la respuesta de Montoro son los que de verdad debilitan el régimen concertado, no posibles recursos ni el hecho de que se hable de él.

NAVARRA EN LOS PROGRAMAS: LA ASUNCIÓN DEL REALISMO POLÍTICO.

Picado por la curiosidad y sin ninguna información previa, hemos examinado en Internet los programas de los partidos políticos principales que compiten en las elecciones del próximo domingo en la CAV en busca de las alusiones a Navarra que en ellos se pudiera encontrar.

No hemos encontrado ninguna mención a nuestro territorio en los programas del Partido Popular, de EzkerAnitza y de UpyD. En el caso del programa del PSE solamente hemos encontrado una mención relativa a colaboración en temas lingüísticos y otra mención relativa al engarce con el TAP. Se dirá: nada nuevo bajo el sol. Seguimos con los viejos paradigmas políticos. En los partidos de signo no nacionalista mencionar a Navarra sería incurrir en el grave delito de la territorialidad. Como si una referencia a políticas estables de colaboración con una comunidad vecina fuera algo deleznable.

Nuestra mirada se posa a continuación en los programas de las dos opciones nacionalistas: PNV y la coalición EH Bildu. Cuando uno esperaba toparse con los mismos discursos de los últimos treinta años, advertimos la presencia de elementos relativamente inesperados que han estado siempre presentes desde 2007 en los programas de Nafarroa Bai.

El PNV incorpora la mención a Navarra en un apartado específicamente titulado como de articulación territorial del Pueblo Vasco. Esa articulación se contempla como objetivo esencial para defender los intereses de la ciudadanía de los siete territorios que conforman Euskal Herria. No obstante, se habla de respeto a las tres realidades político-administrativas en que se estructura aquélla y de la apuesta para extender progresivamente las relaciones y el sentimiento de identidad que se contempla compartido, sin perjuicio de reivindicar para la ciudadanía de los mismos el reconocimiento del derecho a decidir libremente sobre el grado y vinculo de relaciones que desean tener entre los distintos territorios, incluida la posibilidad de conformar un marco institucional unitario, si esa es su voluntad mayoritaria. De esta forma ya a nivel propositivo se plantea en relación con Navarra el estrechamiento de las relaciones entre la CAV y la Comunidad Foral, por medio de la formalización de acuerdos de colaboración y convenios sectoriales con Nafarroa en todas las materias de interés común, del inicio de un diálogo sincero con las instituciones navarras para recuperar el espíritu de colaboración que se recogía en el órgano de cooperación permanente aprobado por los respectivos Parlamentos en 1996 y de la colaboración  para la defensa común del Concierto y Convenio Económico ante las autoridades españolas y europeas. También se formula la adhesión de Nafarroa a la Eurorregión en el marco del fomento de la cooperación transfronteriza con Iparralde. Hay otra mención a Navarra en el apartado centrado en la actualización de los Derechos Históricos y en la institucionalización del derecho a decidir. Con respeto al ámbito de decisión que constituye la Comunidad Foral de Navarra se habla de que dicho territorio, “que constituye un verdadero sujeto político”, pueda determinar con plena libertad, el régimen político que sus ciudadanos y ciudadanas estimen oportuno. EAJ-PNV, como partido también navarro que es, defenderá  “el establecimiento de un marco jurídico confederal” con la CAV y con Iparralde.  Hay que señalar que todos esos aspectos referidos a la cooperación estable mediante un órgano de cooperación y a las demás cuestiones tal y como quedan recogidas en el presente año no figuraban en el programa para las elecciones autonómicas vascas de 2009.

Las menciones a Navarra en elprograma de EH Bildu son más difíciles de encontrar y constan en el capítulo dedicado a Relaciones Exteriores (?). Partiendo del firme compromiso de la coalición  con la vertebración social y política del conjunto de Euskal Herria a todos los niveles, entre las tres misiones principales de la acción exterior que desarrollará desde el Gobierno Vasco se menciona  la de “articular espacios de trabajo en común con los demás territorios de Euskal Herria promoviendo así la cohesión e integración territorial”. Tras pormenorizar las relaciones con la diáspora vasca, se  menciona a Navarra dentro del apartado centrado en las Relaciones exteriores a nivel europeo e internacional, bastante poco estructurado por cierto. EH Bildu explicita su voluntad, en el contexto de la “Europa de los pueblos” que se persigue, de desarrollar “la cooperación interregional y, de forma prioritaria, la cooperación transfronteriza, con vistas a reforzar los vínculos históricos, sociales, culturales y económicos con los demás territorios de Euskal Herria, avanzando así en la construcción nacional”. En consecuencia, EH Bildu apuesta por hacer “de las  mugas impuestas un elemento de unión frente a la división que con ellas se ha pretendido impulsar” y se pretende por medio de “la intensificación de la cooperación transfronteriza de la CAPV con la Comunidad Foral de Navarra y con los territorios de Ipar Euskal Herria englobados en el Departamento de los Pirineos Atlánticos” “propiciar la sutura de hecho de los territorios vascos frente a la fractura impuesta por los Estados español y francés, promoviendo la búsqueda de soluciones compartidas a problemas similares”. Como medida prioritaria ligada con lo anterior se propone la “Definición de una Estrategia Vasca de Cooperación Transfronteriza, con el objetivo de optimizar recursos y esfuerzos y ofrecer y garantizar la coherencia de la colaboración con las entidades territoriales vecinas. Esta estrategia se basará en dos pilares: (1) Reforzamiento de la identidad cultural vasca; y (2) reducción de los desequilibrios territoriales y mejora de la interrelación entre los diferentes territorios vascos”.

Hasta aquí lo que dicen los programas. No resulta descabellado razonar la aparición de los novedosos elementos mencionados como consecuencia de la participación del PNV, EA y Aralar, integrantes éstos dos últimos de EH Bildu, en el proyecto de NaBai, prolongado en el caso del primero de dichos partidos en la iniciativa de Geroa Bai. Se podría afirmar que la sustitución de la concepción ortodoxa de territorialidad en relación con Navarra por otros enfoques más realistas ha sido una derivada de la renovación ideológica promovida por la experiencia nabaitarra, llegando a impregnar puntos de vista del nacionalismo globalmente considerado y del de la CAV en particular.  

Para finalizar ya, personalmente saludamos esta asunción de realismo político en cuanto que somos muchos los que pensamos que constituyó una ocasión perdida el truncamiento del órgano de cooperación permanente surgido en 1995 con el gobierno tripartito formado por PSN, CDN y EA a causa de la voladura del mismo al año siguiente a causa de las filtraciones interesadas sobre corrupción efectuadas a Diario de Navarra. De cualquier forma, recomendamos la lectura de la única monografía que ha tratado exhaustivamente del tema de la cooperación entre comunidades autónomas en el ordenamiento jurídico español y de la cuestión más particular de la cooperación entre la CAV y la Comunidad Foral de Navarra. Su autor es Juan Cruz Alli Aranguren y se puede descargar gratuitamente de Internet desde la página de laFundacion Para El Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia (FEDHAV)en tres ficheros. Merece la pena, ahuyenta maniqueísmos y ayuda a profundizar en las posibilidades que proporciona el constitucionalismo, en especial si se entiende de forma útil, flexible y al servicio de la ciudadanía.

REIVINDICACIONES CATALANAS Y NAVARRISMO DE DERECHAS.

Constituye un lugar común conceptualizar al navarrismo como un regionalismo foralista de índole españolista surgido como reacción al nacionalismo vasco. Aunque los acontecimientos de los últimos decenios subrayan la validez de tal afirmación, se ha solido olvidar que los grandes hitos conformadores del mismo durante la mayor parte del siglo XX también fueron respuestas a reivindicaciones del nacionalismo catalán al que el vasco imitaría poco tiempo después a manera de agente secundario de la dialéctica centro/periferia en el contexto del Estado.

Así, el navarrismo de derechas surge en la coyuntura autonomista de 1917-1918. Hasta entonces, tradicionalistas e integristas habían hecho gala del vasquismo cultural y del fuerismo reintegracionista como argumentos en contra del liberalismo, acompañados en ocasiones de mensajes de simpatía por el nacionalismo vasco. Los conservadores del Diario de Navarra también participaron de aquellas posturas culturalmente provasquistas. El proceso autonomista de 1917-1918 comienza en julio de 1917 cuando las diputaciones vascongadas, a imitación de las catalanas, demandan al Gobierno central el restablecimiento del régimen foral. Con todo, la huelga general de agosto de 1917 y el temor a un estallido revolucionario, a imitación del ruso, forzará una situación de impasse de un año. Las reivindicaciones autonomistas se reavivarán en el otoño de 1918. En el plazo de un mes la mayoría de los ayuntamientos navarros se suma a la petición de reintegración foral realizada por el ayuntamiento de Pamplona. Finalmente, la cuestión fue debatida en una asamblea de ayuntamientos celebrada en Pamplona el 30 de diciembre de 1918.

En dicha asamblea se aprobará por amplia mayoría una propuesta de carácter muy ambiguo presentada por una serie de personalidades (Uranga, Pradera, Oroz, Beunza, el conde de Rodezno) en la que se solicitaba la reintegración foral, aunque sin mencionar las leyes de 1839 y de 1841, y dejando claro su carácter no separatista. La exigencia nacionalista, formulada por Cunchillos y Aranzadi, de una mayor claridad y de derogación de aquellas dos leyes, con arreglo lo solicitado por los ayuntamientos, quedará finalmente en minoría, sin poder contrarrestar la rotunda defensa por parte de Víctor Pradera del marco cuarentayunista argumentando el carácter arcaico de las instituciones navarras anteriores a 1839, el coste económico de la reintegración foral y el rechazo a la unión vasconavarra. 

El proceso autonomista del 1917-1918 desembocará en la asunción explícita y rotunda de las posiciones cuarentaiunistas por parte de las derechas navarras, en especial de los conservadores y del sector praderista del tradicionalismo, así como en un progresivo alejamiento de esos sectores de las manifestaciones vasquistas. Los mensajes se acompañarán de proclamas antisocialistas y marcadamente españolistas en los años siguientes. 

Ya en la Segunda República, los ideólogos principales del navarrismo de derechas en materia autonómica e identitaria (Eladio Esparza e Hilario Yaben, ambos desde las columnas de Diario de Navarra) no sólo criticarán sin pausa los proyectos sucesivos de estatuto vasconavarro de 1931-1932, inclusive el de Estella elaborado entre los tradicionalistas, la derecha conservadora y el PNV, aglutinados entre junio y diciembre de 1931 en la coalición católico-fuerista. También fustigarán de forma ininterrumpida las reivindicaciones estatutarias catalanas. A lo largo de 1931 mostrarán su rechazo a la posibilidad de conformación de España como República Federal, ésta última considerada como antesala y también corolario de aquéllas, sobre todo por el apoyo del nacionalismo catalán al Pacto de San Sebastián. A pesar de que finalmente la Constitución de 1931 no hablará de estado federal, sino de estado integral, y de que en absoluto pudiera afirmarse que se amparara ninguna fragmentación de la soberanía, la circunstancia de que posibilitara una asimetría teórica entre las regiones autónomas (aquéllas conformadas por una o varias provincias limítrofes que, compartiendo “características históricas, culturales y económicas comunes”, quisiesen constituirse como tales) y las regiones carentes de tal pulsión autonomista, hirió el profundo españolismo de aquella derecha navarrista, sobre todo porque Cataluña fue en la práctica la única región en la que las posibilidades de autonomía que otorgaba dicha Constitución se concretaron de hecho a partir de 1932. Además, al corresponder la iniciativa estatutaria en todo momento en Cataluña al mayoritario nacionalismo republicano, laico y de izquierdas y al gobernar éste en las instituciones autonómicas resultantes, los navarristas de derechas, absolutamente predominantes en Navarra desde 1933, demonizaron la vía estatutaria conforme al cauce constitucional como infectada por el constitucionalismo laicista y presentaron el autonomismo catalán como prólogo del separatismo al servicio, en última instancia, de los intereses del bolchevismo y de la revolución social.

La articulación territorial forjada durante la Transición perfiló dos asimetrías primordiales (las de la CAV y Navarra) en relación con la fórmula, no del todo exacta en cuanto que se obvia el hecho objetivo del reconocimiento de diversas diferencialidades para nada despreciables a algunas comunidades, del café para todos a causa de la conformación de un espacio tributario diferente para aquellas dos comunidades, en virtud de la Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978, y de un espacio común para todas las demás, incluída Cataluña. La crisis económica ha dinamitado esa estructura y tras un primer amago de petición, denegada, de extensión de la solución concertada vasconavarra a Cataluña, el nacionalismo catalán se dispone a explorar otros caminos.

Qué duda cabe que la actual reivindicación catalana incidirá en el régimen concertado de Vascongadas y Navarra. Todos los posibles escenarios relativos al futuro status políticoinstitucional catalán conllevarán una mayor vigilancia sobre las maneras de gestionar aquel régimen concertado. De hecho, hoy mismo, se informa de la judicialización de lacuestión de la devolución del IVA de la Volkwagen. Pero no sólo se trata de disquisiciones en el terreno económico-fiscal. En el terreno de lo político convendría no olvidar que, históricamente, las reivindicaciones en pro de un mayor autogobierno para Cataluña han encontrado continuidad del mismo tenor en los territorios que en las últimas décadas han conformado la CAV, pero también contrarréplicas en Navarra o la Comunidad Valenciana, en donde existen sectores minoritarios de población que miran con simpatía la conformación de espacios comunes con aquellas comunidades, contrarréplicas que han acabado fortaleciendo las opciones reactivas de signo regionalista o abiertamente españolista y excluyentes, en cualquier caso, de las sensibilidades discrepantes autóctonas.

LA EMULACIÓN CATALANA DE LOS REGÍMENES CONCERTADOS VASCO Y NAVARRO.

A pesar de que los recientes acontecimientos (negativa de Rajoy a debatir el asunto en su entrevista con el President Mas en su entrevista de la pasada semana, rechazo de los barones del PP a una nueva reforma de lafinanciación autonómica y resolución de CiU de cara a la celebración de una consulta de naturaleza soberanista) han diluído las posibilidades de prosperar de la propuesta de pacto fiscal, basada en los regímenes concertados de aportación económica de la CAV y de Navarra al Estado, esgrimida inicialmente por el nacionalismo catalán, quizás resulte útil repasar sucintamente algunas cuestiones de la misma.

Existen dificultades jurídicas para extender el concierto vasco y el convenio navarro a Cataluña. La Sentencia 76/1988 del Tribunal Constitucional afirmó que los territorios forales mencionados en la Disposición Adicional Primera y dotados de derechos históricos debían identificarse con “aquellos territorios integrantes de la Monarquía española que, pese a la unificación del Derecho público y de las instituciones políticas y administrativas del resto de los reinos y regiones de España, culminada en los Decretos de Nueva Planta de 1707, 1711, 1715 y 1716, mantuvieron sus propios fueros (entendidos tanto en el sentido de peculiar forma de organización de sus poderes públicos como del régimen jurídico propio en otras materias) durante el siglo XVIII y gran parte del XIX, llegando incluso hasta nuestros días manifestaciones de esa peculiaridad foral. Tal fue el caso de cada una de las Provincias Vascongadas y de Navarra”. Además, la misma sentencia venía a disponer la dependencia del régimen concertado vasco y navarro de esa Disposición Adicional Primera y, por ende, de esa acotación realizada de cuáles eran los territorios forales, en cuanto que subrayaba que la Constitución actúa como aval de la foralidad de los mismos y en cuanto que el concierto económico vasco era contemplado como núcleo del régimen foral y como garantizador y factor esencial para la pervivencia del mismo.

Aunque ha solido repetirse la aversión de los nacionalistas catalanes en el debate constituyente al empleo de argumentaciones foralistas de naturaleza historicista, así como su prevención al riesgo político de asumir la autogestión fiscal para no reivindicar entonces el concierto económico, algunas voces autorizadas han matizado esas tesis. El propio Jordi Pujol, en un artículo publicado el 5 de noviembre de 2011, recordaba que alguna fuerza política catalana como CDC planteó en el proceso estatutario que condujo al Estatuto de Sau una fórmula próxima al Concierto vasco y al Convenio navarro, mediante la cual la Generalitat se ocuparía de la recaudación y gestión, incluida la inspección, de los tributos recaudados a Catalunya por derecho propio o por delegación del Estado, proponiéndose dos tipos de distribución entre el Estado y la Generalitat, una automática y la otra, cada cinco años. A pesar de contar con el apoyo de ERC, la propuesta no prosperó por el voto contrario de PSC, PSUC, UCD y Entesa, que habrían avalado desde la propia Cataluña las advertencias que se hacían desde el gobierno central a los políticos nacionalistas catalanes que de ninguna manera conseguirían fórmulas excepcionales de financiación similares a las vasconavarras.

Por otra parte, no hay que olvidar que en el marco del proceso de reforma del Estatut, el tripartito catalán realizó notables esfuerzos dirigidos a legitimar jurídicamente la inclusión del concepto de derechos históricos en el texto estatutario, de forma que, como es sabido, los mismos son invocados en el preámbulo y en el artículo 5, si bien no queda claro hasta qué punto esa mención podía amparar una propuesta como la de pacto fiscal.

Asimismo, juristas catalanes han subrayado contradicciones en las partes de la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre el Estatut de Catalunya referida a esas menciones de los derechos históricos hechas en el texto del Estatut y han apuntado hacia interpretaciones según las cuales los derechos históricos de Cataluña podrían ser homologables a los derechos históricos de los territorios forales citados en la Disposición adicional primera. Asimismo, obviando el contenido de la sentencia del TC del año 1988 antes mencionada, se han preguntado por los motivos por los que no se pueda aplicarse a Cataluña la Disposición adicional primera en cuanto que el texto constitucional no explicita cuáles son los territorios forales, mencionando de paso que, aunque habitualmente se ha considerado que se refieren a los territorios vascos y navarro, no se ha discutido la constitucionalidad de la Disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Aragón, a la que en realidad nunca se ha recurrido, que dispone: «La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, los que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece la Disposición adicional primera de la Constitución». Al no haberse declarado explícitamente la inconstitucionalidad de esa disposición, según aquellos expertos, la Disposición adicional primera de la Constitución sería aplicable más allá de los territorios vascos y navarros, también a los demás territorios de la antigua Corona de Aragón.

Con todo, además de las dificultades juridicoconstitucionales mencionales, la dificultad de exportar los régimenes concertados vasco y navarro a Cataluña tendría, asimismo, razones económiccas. También se ha argüido que aquéllos son posibles por ser el peso económico de esas dos comunidades autónomas mucho menor que el catalán (mientras el País Vasco y Navarra representan un 8% del PIB español, Cataluña supone el 18,6%.) y que aplicarlo a esta última dinamitaría la viabilidad de la financiación autonómica globalmente considerada.

Tras haber aceptado en el curso de los años varios sistemas de financiación diferentes, todos ellos finalmente desechados por no poder garantizar el bienestar y el desarrollo de Cataluña, el intento de emulación catalana, mediante la iniciativa de pacto fiscal, del Convenio Económico navarro y del Concierto Económico de la CAV, está siendo acompañado de enfoques que remarcan los beneficios de ambos para esas dos comunidades, no por sus cualidades inherentes, sino por la forma en la que son aplicados con la venia del gobierno central. No hace falta insistir en el efecto dañino de esas consideraciones en un contexto de vacas flacas, sobre sí se ven avaladas, por ejemplo, por una discrecionalidad más que palpable por parte del Estado hacia Navarra, y ello a pesar de la denuncia de los inspectores de la Agencia Tributaria, a la que ya nos hemos referido en otro artículo.

De cualquier forma, el intento catalán, posiblemente ya postergado por la aceleración de los acontecimientos políticos, sirve, por lo menos, para que la ciudadanía vasconavarra se percate de la importancia de dichos regímenes concertados que dotan a nuestra comunidad, así como a la CAV, de autonomía tributaria, configurándolas como un espacio fiscal diferenciado que permite márgenes de actuación notables en la esfera de lo económico y que constituye garantía del autogobierno. Todo ello a partir de un pactismo bilateral fundamentado en la historia, constitucionalmente consignado y refrendado por el tribunal que actúa como intérprete supremo de la Constitución.

ELITE DE PODER Y ELITE EXTRACTIVA EN NAVARRA.

La tesis doctoral de Ricardo Feliú, titulada La distribución social del poder: la élite navarra en el cambio de siglo (1999 – 2004), defendida en 2009 y de la que disponemos en la red tanto su versión íntegra como otra resumida publicada en la revista Hermes reconstruye las características del grupo social que ostenta el poder de hecho en la sociedad navarra actual.

Ese grupo queda articulado mediante unas redes de poder principales que recorren, retroalimentándose, los ámbitos político, administrativo, económico, intelectual y mediático y en las que los nodos primordiales son UPN, el Gobierno de Navarra, el Diario de Navarra, las dos universidades (aunque la Universidad del Opus, con una importancia muy superior a la de la UPNA), el Consejo de Navarra, el Consejo Económico Social, las fundaciones y sociedades públicas, la ya extinta Caja Navarra, la Confederación de Empresarios de Navarra, la Cámara Navarra de Comercio e Industria y la Fundación Empresa-Universidad. En una posición secundaria se hallarían otros nodos como los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, cumpliendo un papel de legitimación social en el ámbito sindical de los dictados de aquellos grupos preeminentes.

Cuantitativamente, la élite navarra estaría formada por aproximadamente 114 personas, de las que la mitad pertenecería al ámbito económico (de los cuales el 55% son altos directivos, el 22% empresarios, un 16% agentes y grupos de interés como sindicatos y patronal y solo un 7% capitalistas financieros), un tercio a la élite burocrática navarra, y el quinto restante a la clase política constituída por altos cargos del Gobierno navarro y por personas relevantes de UPN y PSN.

De esas 114 personas, unas 90 se conformarían como la auténtica élite dominante y se caracterizarían por una gran homogeneidad en cuanto a su extracción social y a sus valores normativos e ideológicos. En su mayor parte procederían de una vieja clase media-alta que supo aprovechar la movilidad ascendente del desarrollismo franquista, reduciéndose a menos del 20 por ciento los vástagos o parientes de la oligarquía tradicional anterior. Todos ellos comulgarían en su mayor parte de un mismo credo normativo en las esferas de lo políticoeconómico, de lo religioso-moral y de lo identitario, siendo precisamente el referente a la identidad colectiva el aspecto sobre el que regiría un mayor consenso y el que se erigiría como más determinante. Todos se definen como navarros-españoles, es casi inexistente cualquier referencia a un sentimiento vasquista y se observa un fuerte sentimiento en contra del nacionalismo vasco. El sentimiento navarrista, aunque más matizado en su valoración de los elementos culturales vascos, sería compartido por una veintena de personas, de posición subsidiada a las anteriores y ubicadas en las cúpulas de los sindicatos UGT y CCOO y que, pese a su extracción social trabajadora y a sus creencias escoradas hacia la izquierda, perpetuarían en su praxis los intereses de los que auténticamente gestionan el poder en nuestra comunidad, obteniendo a cambio una serie de cesiones para ellos y sus afiliados.

Como es sabido, el eje nuclear de los comportamientos estratégicos de dicha auténtica élite, actuante en todos los planos, y de la subélite a ella supeditada, y que se limitaría a la esfera de lo sindical, pero con ramificaciones secundarias también en otros ámbitos, sería la exclusión de todos aquellos agentes considerados como favorables a las tesis del nacionalismo vasco, o susceptibles de serlo, mediante la aplicación tajante y radical de la teoría del cordón sanitario. Esa argamasa excluyente fortalecería los nexos de unión de las partes implicadas en la medida en que la discrecionalidad y el oscurantismo de las pautas conductuales inherentes a aquélla alimentan intereses puramente materiales en relaciones de bucle.

Bajo todo lo anterior, cobra relevancia un reciente artículo de César Molinas tituladoTeoría de la clase política española publicado en el diario El País. Tras preguntarse por la inoperancia de los agentes primordiales de cara a ofrecer respuestas ante la crisis, se subraya que la élite española, en general, se ha comportado como una élite extractiva, según el concepto acuñado por Acemoglu y Robinson, en el sentido de fomentar un sistema de captura de rentas en su propio beneficio, y en el de los grupos que les sostienen, relegando a un segundo término el interés general de la nación. Dicha élite sería, según Molinas, la principal responsable de tres burbujas (la inmobiliaria, la de las energías renovables y la de las infraestructuras innecesarias), así como del colapso de las cajas de ahorro. En su enfoque se remarca el perjuicio ocasionado por el sistema electoral de listas cerradas; por el control de las instituciones políticas, económicas, sociales y judiciales por parte de los partidos políticos mayoritarios; y por pautas de actuación relacionadas con la evasión de responsabilidades y la animadversión hacia las apuestas a medio y largo plazo vinculadas con el capital humano, así como con la alta valorización de las estrategias aparentemente rentables a corto.

No hace falta hacer un gran esfuerzo de extrapolación para entender que todo ello también se puede aplicar perfectamente a Navarra. Podrían añadirse, sin embargo, algunos elementos que agravan la cuestión en nuestra comunidad: sin ir más lejos, la opacidad con la que se han envuelto tanto la desaparición de Caja Navarra como el rescate encubierto ligado a la solución dada al problema de la devolución del IVA dela Volkswagen. Con el primero de ellos se ha supeditado el mantenimiento de una estructura crediticia a una geopolítica financiera determinada; con el segundo, ha quedado dañada la credibilidad del Convenio Económico y se ha empañado su potencialidad de cara a fundamentar una economía con bases firmes, máxime si tenemos en cuenta que la tutela del Gobierno central ha permitido y permite una financiación suplementaria de naturaleza irregular de en torno al 10 por ciento del presupuesto navarro.

Sin embargo, cabe añadir algunas vertientes de la teoría primigenia en la que se basa el artículo de Molinas, también vigentes aquí. Nos estamos refiriendo a que el enfoque institucionalista de Acemoglu y Robinson pone el acento en los efectos negativos de los sistemas institucionales y de las estrategias que rehúyen la inclusividad de las diferentes sensibilidades existentes en una sociedad y que desconfían, excluyéndolos, de la lealtad y de las aportaciones de los agentes sociales no representados en la élite gobernante. Las sociedades modernas, a fuerza de plurales, no pueden sostenerse en estrategias de monopolización del poder y de las instituciones al servicio de unos pocos. En el caso de Navarra, donde los cleavages o líneas divisorias de lo político conforman en la actualidad hasta hasta seis espacios electorales diferenciados (PP, UPN, PSN, I-E, GB y EHBildu) y donde los sondeos vaticinan, como en muchas otras partes, una mayor fragmentación de la representación política, el empecinamiento en modelos de usurpación del poder por parte de una minoría no casa en absoluto con la dimensión de los retos actuales frente a la crisis ni con los retos que en los próximos lustros tendrá que afrontar la ciudadanía navarra en la esfera de lo socioeconómico.  

NAVARRA TUTELADA: AUTOGOBIERNO, ESPACIO FISCAL VASCONAVARRO Y DISCRECIONALIDAD DEL ESTADO.

El hecho diferencial vasconavarro en materia tributaria, plasmado en el Concierto Económico en el caso de la CAV, tras su recuperación en este ámbito en 1981, y en el Convenio Económico en el caso de Navarra, éste último vigente desde 1841 y desde entonces varias veces adaptado a los tiempos, suele ser, como es sabido, frecuentemente tachado desde varios foros de privilegio atentatorio contra el principio de igualdad de los ciudadanos del Estado. Sin embargo, suele olvidarse a menudo que el Estado no se comporta con ambos instrumentos de autonomía fiscal de manera idéntica, sino que lo hace de manera discrecional y diferenciada según criterios políticos.

Normas fiscales prácticamente iguales en contenidos, aunque de diferente rango y con distinto control jurisdiccional (mientras las navarras son leyes recurribles exclusivamente ante el Tribunal Constitucional, las de los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca son normas de carácter reglamentario que pueden impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia o en su caso del Tribunal Supremo) han tenido suerte absolutamente dispar en el ámbito de los tribunales. Las leyes tributarias navarras no han sido por lo general cuestionadas, al contrario que muchas normas forales de los territorios de la CAV que han sido objeto de recursos por parte del Estado y de las comunidades autónomas vecinas. Así, se ha dicho que en la práctica el espacio socioeconómico fiscal vasconavarro devenido del reconocimiento constitucional de los derechos históricos de la Comunidad Foral de Navarra y de los territorios de la CAV ha quedado escindido entre regímenes forales buenos y malos, y por tanto impugnables o no ante el ámbito jurisdiccional correspondiente, respondiendo el grado de bondad al grado de simpatía que despiertan en el gobierno central y en los partidos mayoritarios estatales los gobiernos que están al frente de aquellas comunidades autónomas forales. La discrecionalidad valorativa del Estado y de los territorios allende el Ebro tampoco han solido considerar la circunstancia de que, aunque hasta la reforma del Concierto Económico de la CAV en 1997 la autonomía tributaria de Navarra, fijada con la actualización del Convenio de 1990, era mayor que la de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, desde entonces nuestra comunidad ha ido a rebufo de las modificaciones de aquél, aprovechándose de la estela de los logros conseguidos por la mayor imaginación y audacia en el terreno fiscal de aquellos territorios.

El tratamiento tutelado de Navarra por parte del Estado ha tenido una última expresión con el tema de la devolución del IVA de la Volkswagen, cuyos coches han sido desde hace quinquenios exportados a Europa por una empresa radicada en Barcelona -es decir, en territorio común. A cuenta de ese asunto, destapado la pasada primavera a cuenta de una investigación de la inspección de la Agencia Tributaria, nuestra comunidad se habría embolsado indebidamente desde mediados de los años noventa del pasado siglo una cantidad astronómica, de 1.500 millones sólo desde 2007. No obstante, a pesar del acta levantada, el Gobierno navarro consiguió no sólo la condonación de la mayor parte de esa deuda, sino, además, la consolidación de la práctica, con lo que Navarra recibe una inyección anual extraordinaria de 245 millones de euros, una cantidad que supone una parte nada desdeñable de su presupuesto. En comparación, hace falta recordar que la actitud de la Hacienda central contrasta fuertemente con la que mantuvo en su día con Álava a cuenta del pago del IVA por parte de la multinacional Rover. El Gobierno central recurrió una decisión de la Junta Arbitral, y al final, ante la sentencia del Tribunal Supremo favorable a la Agencia Tributaria, la Diputación alavesa tuvo que devolver 435 millones al Estado, retirando el recurso de amparo que había interpuesto ante el Tribunal Constitucional.

A todo ello hay que añadir que en la negociación mantenida se ha conseguido evadir cualquier control parlamentario. En la respuesta dada por elministerio de Hacienda al grupo parlamentario de UPyD se dice textualmente que "a diferencia de lo que sucede en el País Vasco, los acuerdos para establecer la cuantificación y liquidación de los ajustes a consumo de la imposición indirecta son competencia de la Comisión coordinadora, sin que tradicionalmente haya resultado necesaria su aprobación posterior por Ley en las Cortes Generales". Un régimen tutelado, por tanto, basado en la opacidad y en las negociaciones encubiertas en las altas instancias de cuya efectividad cabe dudar dado que nos encontramos ante un rescate disfrazado, máxime cuando las cifras de recaudación siguen en una caída sin final, tal y como lo prueba el desplome de 144 millones de euros enla recaudación del IVA de los dos primeros cuatrimestres del años, facilitado por las medidas de penalización del consumo.

Todo lo anterior sirve para concluir que, por sí solo, el Convenio facilita, pero no garantiza absolutamente, el desarrollo socioeconómico navarro. Para constituir tal aval tiene que enraizarse en una economía robusta y firme que permita las menores afecciones posibles incluso en situaciones de riesgo tan complejas y graves como la presente. Rasgos que, desde luego, no han podido ser implementados, por lo visto, a pesar de la generosa aportación complementaria otorgada por el Estado durante los últimos lustros.

Desde el punto de vista político, cabe subrayar que el concepto de autogobierno de UPN descansa sobre un sistema de cartas marcadas que no opera en la CAV ni operaría, con toda seguridad, en la misma Navarra en el caso de que el gobierno foral recayera en agentes que no fueran del agrado del PP. Por último, el fundamento último de aquel concepto, a partir de concesiones graciosas del poder central, suscita sospechas legítimas de que, además de relacionarse con motivaciones relativas a la razón de estado frente al peligro nacionalista, las mismas puedan objetivarse en contrapartidas de naturaleza política o económica, aún cuando no se pueda atisbar de momento ni su sentido ni su magnitud, en perjuicio para la ciudadanía navarra.