RAIMON EN NOSOTROS

Como es sabido, la Plataforma Gure Esku Dago ha convocado para el próximo 8 de junio una cadena humana entre Durango y Pamplona impulsada por bajo el lema "Somos una nación, tenemos derecho a decidir, es el momento de la ciudadanía". La convocatoria está siendo precedida de numerosos actos por la geografía vasconavarra. Con ecos de la Vía Catalana hacia la Independencia del pasado 11 de septiembre que, organizada por la Asamblea Nacional Catalana, reunió a decenas de miles de personas entre Le Perthus y Vinaroz, la diferencia fundamental entre ambas iniciativas consistiría en que mientras la primera une ámbitos espaciales extensos de dos comunidades autónomas, apelando al derecho a decidir de las poblaciones de la Comunidad Autonóma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra, consideradas ambas como una única nación, un único sujeto nacional, la segunda, a pesar de introducirse levemente en territorios de otra obediencia administrativa, se centraba en una sola realidad políticoinstitucional. El Manifiesto de aquella plataforma, emitido el 9 de diciembre de 2013, hace referencia a vivirse “un nuevo tiempo en Euskal Herria” para el que se requerirían “nuevas iniciativas de hondo calado por la senda del trabajo en común” en las que “la ciudadanía se convierta en la principal protagonista de ese camino”. “Más allá de los diferentes proyectos que pueda proponer cada cual de cara al futuro, entendemos que es posible, necesaria, oportuna y legitima la acción colectiva en torno a la socialización y ejercicio” del derecho a decidir, “un derecho, como punto de encuentro de diferentes sensibilidades”. Por todo lo cual, se afirma “que como pueblo tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro” y “que la decisión nos corresponde a las ciudadanas y los ciudadanos”. En otro lugar de la página web se considera que “es el origen del conflicto político que vive Euskal Herria. Porque es una reivindicación prepolítica, para crear una base democrática. Punto de encuentro de todas las sensibilidades” y se afirma que “la reivindicación del derecho a decidir ha estado constantemente en la agenda política y social de Euskal Herria (en el Aberri Eguna de 1978, en el Parlamento Vasco en 1990, en Udalbiltza y en su Carta de Derechos, en los documentos de referencia de Lizarra- Garazi, en las conversaciones de Loiola, en la cumbre de Aiete y en el punto cuarto de la Declaración).

La extensión de la reivindicación del derecho a decidir en Catalunya tiene que ver con el carácter traumático del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de aquella comunidad. La propuesta aprobada por el Parlament de Catalunya en septiembre de 2005 con los votos favorables de 120 de los 135 diputados (todos menos los del PP) fue modificada por la Comisión Constitucional del Congreso y por las negociaciones entabladas por el Gobierno de Zapatero y CiU, quedando excluídas de éstas ERC, haciendo que este último partido, miembro hasta entonces del gobierno tripartito impulsor de la propuesta, no apoyara la redacción final aprobada por el Congreso en marzo de 2006. Posteriormente, a pesar del refrendo popular a ese texto final (con un 73,9 por ciento de síes, aunque con una abstención del 50,6) el 18 de junio de 2006, el Tribunal Constitucional resolvería en junio de 2010 el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del Partido Popular, dictaminando la "ineficacia jurídica" del Preámbulo, así como la inconstitucionalidad de catorce artículos y la lectura de otra decena según el criterio del propio Tribunal. La manifestación, de respuesta a esa sentencia, que reunió en Barcelona el 10 de julio de 2010, bajo el lema "Som una nació, nosaltres decidim" a más de un millón de personas con el apoyo de todos los partidos políticos del Parlament, a excepción del PPC y de Ciutadans, representaría el pistoletazo de salida de crecimiento de los apoyos al movimiento a favor del derecho a decidir.  

En el caso de la CAV, la propuesta de reforma del Estatuto, planteada en 2003 por el Gobierno de coalición del Lehendakari Ibarretxe, fue rechazada en febrero de 2005 por el Congreso por 313 votos en contra (PSOE, PP, IU, CC y CHA), 29 a favor (PNV, ERC, CiU, EA, NaBai y BNG) y 2 abstenciones (ICV). 

Esos dos proyectos fracasados de ampliación del autogobierno registraron, o han registrado, sendos episodios finales que tienen que ver con el intento de conformación de sendos sujetos decisorios fragmentarios en las comunidades autónomas vasca y catalana. 

En la CAV, ante el fracaso de un nuevo intento negociador con el Gobierno de España para el establecimiento de un nuevo marco, el Gobierno de Ibarretxe impulsó la aprobación en junio de 2008 de un proyecto de ley de consulta a la ciudadanía vasca, fijando el texto de las preguntas. Esa ley sería declarada inconstitucional en septiembre del mismo año por el Tribunal Constitucional.  

Precisamente el contenido de aquella sentencia, la 103/2008 del Tribunal Constitucional, prefiguró en buena medida la reciente sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 25 de marzo relativa a la Declaración del Parlamento catalán de 23 de enero de 2013, por la que el Parlement de Catalunya proclamaba al pueblo catalán como sujeto político y jurídico soberano. El Tribunal Constitucional afirma que el reconocimiento de un sujeto dotado de soberanía y distinto del pueblo español, como pudiera serlo el catalán o el de otra comunidad del Estado, resulta contrario a las previsiones de los artículos 1.2 y 2 de la Constitución. Por lo tanto, ninguna Comunidad Autónoma podría unilateralmente convocar un referéndum sobre su forma de integración en España o de segregación del Estado. Con todo, en las mismas dos sentencias se abre la puerta a modificaciones del engarce de las partes con el todo mediante propuestas de reforma de la Constitución dirigidas a ser consideradas por el Parlamento Español, es decir, mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional del artículo 168 de la Constitución. Debe subrayarse que, en el caso catalán, de cara a esa "interpretación constitucional de las referencias al derecho a decidir" de los ciudadanos catalanes, el Tribunal Constitucional recuerda que son "los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales" quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación" los problemas que se suscitan en el orden constitucional, "en particular los derivados de la voluntad de una parte de alterar su estatus jurídico". También hay que decir que, contando con el antecedente de la primera sentencia, el Consejo Asesor para la Transición Nacional en su informe La consulta sobre el futur polític de Catalunya había juzgado que, en comparación con otras cuatro posibles vías legales (dos de ellas surgidas de artículos de la Constitución, otra de la ley autonómica 4/2010 y la última, de la proposición de ley sobre consultas populares), la vía de la reforma constitucional suponía un proceso largo y complejo en el que las fuerzas políticas catalanas siempre estarían en minoría, exigiendo, además, de ingeniería constitucional. 

Por lo tanto, la historia reciente prueba que intentar ampliar el autogobierno siguiendo las vías constitucionales puede ser arrumbado o recortado por las fuerzas dominantes en Madrid, bien en el Congreso o bien por el Tribunal Constitucional. A su vez, la puerta que abren las dos sentencias del TC sobre un posible derecho a decidir fragmentario que siga la vía constitucional de la reforma de la Constitución es inconcreta y nebulosa (¿cómo podría obviarse el contenido de los dos primeros artículos del texto constitucional?) y siempre penderá sobre ella el veto del PP y del PSOE.

En lo que respecta a Navarra, las tesis favorables al aumento de nuestro autogobierno de algunas formaciones políticas no han podido abrirse camino, por cuestión de mayorías y por la imposibilidad de articularse una alternativa a UPN por la negativa del PSN a apostar por otras opciones que no sean la entrada en gobiernos de coalición con aquel partido o apoyar su acción de gobierno, en situación de minoría parlamentaria, desde el exterior. No hace falta recordar el fracaso la Ponencia sobre Autogobierno de la legislatura 2003-2007 y de los vanos intentos por resucitarla ulteriormente. Paralelamente, y por las mismas razones que las antedichas, tampoco se ha podido impulsar ninguna iniciativa, siguiendo parámetros constitucionales, tendente a establecer políticas estables de cooperación con la Comunidad Autónoma Vasca mediante órganos permanentes como el previsto por el gobierno de coalición entre el PSN, CDN y EA de 1995, que fue finalmente abortado por la demolición de dicho gobierno, decidida por el propio PSN, tras el asunto de las cuentas secretas en Suiza de Otano. 

Curiosamente tampoco han sido socializadas convenientemente propuestas de incremento del autogobierno navarro, calificables como de “terceras vías” entre la inmovilidad del bloque constitucionalista y las procedentes de la izquierda abertzale, como la de Nafarroa Bai de 2007. Dicha propuesta, asumida en su plenitud hoy en día por formaciones como Zabaltzen, integrada en la coalición Geroa Bai, habla también del empleo de la vía de los derechos históricos para lograr dicho incremento competencial, de la defensa de la concepción de la ciudadanía navarra como sujeto político decisorio libre e incondicionado, del respeto a la convivencia interidentitaria y del establecimiento, en el corto plazo, de un órgano de cooperación permanente entre Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca como el que casi se puso en marcha 1995. Todo ello, desde la perspectiva de que la voluntad democrática y la negociación son las fuentes primordiales de legitimación de las organizaciones políticas, con lo que se residencian las decisiones relacionadas con el marco políticoinstitucional navarro en la conformación de mayorías a través del pacto. Y con la idea de agotar, en relación con todo lo anterior, los mecanismos que proporciona el actual marco constitucional. 

Teniendo en cuenta todo ello, y volviendo a la iniciativa de la cadena humana del 8 de junio, no parece de demasiado recorrido la mezcla, implícita en esa iniciativa, de ámbitos de decisión tan diferentes como el de la CAV y el navarro. Asimismo, no parece demasiado acertado partir de enfoques desiderativos y prepolíticos, que busquen un amoldamiento de la realidad a una determinada concepción de la sociedad y de la territorialidad vasconavarra, sin tener e cuenta, en última instancia, la necesidad de hacer política desde la evidencia.

A pesar de la diferencia de estadio y de clima entre el contexto catalán, el de la CAV y el de la Navarra, queremos hacernos eco también aquí de las reflexiones del cantante valenciano Raimon sobre las repercusiones del actual proceso catalán en otros territorios de lengua catalana como la Comunidad Valenciana o Baleares. Artista que no necesita presentación para quienes ya tenemos cierta edad y cuyas actitudes personales han sido en más de ocasión dignas de elogio, Raimon afirmó la semana pasada en unas declaraciones en Catalunya: “Yo no soy independentista porque no me lo había planteado nunca y desde Valencia todo esto se mira de otro modo”; la independencia “te la miras con más atención, si piensas en términos de unidad cultural, y con más alarmas porque en el País Valenciano hay un anticatalanismo que está funcionando y puede crecer”; “Yo soy valenciano. ¿Qué repercusiones podría tener la independencia de Cataluña en el País Valenciano? El anticatalanismo crecería todavía más”. Aunque posteriormente ha subrayado su apoyo a la consulta a la ciudadanía e incluso su hipotético voto positivo de poder votar en ella, sus posturas han generado múltiples reacciones, así como críticas en las redes sociales. Con todo, en su tierra de origen no faltan quienes ven razonables sus palabras, si bien también es justo reconocer que no yerran quienes apuntan a que a la derecha valenciana no le hace falta la independencia de Catalunya para distinguirse por su anticatalanismo extremo.

No podemos dejar se sentirnos concernidos por las palabras de Raimon. Hay muchas similitudes entre la Comunidad Valenciana y Navarra. Entre ellas, un dualismo identitario de base (si bien hoy en día proyectado a una diversidad de etiquetas identificatorias); una parecida situación de doble perifericidad ante un nacionalismo español dominante y un nacionalismo, mayoritario en la comunidad vecina, pero minoritario aquí; una similar pulsión de adaptación a Navarra de uno y otro nacionalismo, que complejiza mucho las cosas, no sólo por la introducción de un pathos radical; una cierta desmemoria, no obstante, ante la valoración de lo propio que dificulta la emergencia de un sentimiento particularista estrictamente autóctono y sin ataduras; una derecha, por último, cuyas formas de gobierno son deleznables y cuya gestión está teñidísima de corrupción, que emplea el argumento identitario como parapeto defensivo y que hasta ahora se ha beneficiado de esa estrategia. 

También es preciso recordar, por otra parte, que iniciativas similares a la Giza Katea del 8 de junio no han contribuído históricamente a acercar Navarra al resto de Euskal Herria, sino más bien a fortalecer a los agentes contrarios a dicha aproximación. El triunfalismo peneuvista del finalmente fracasado proceso estatutario de 1931-1932 dejó demasiados cabos por atar y cometió demasiados fallos, tal y como no se privó de señalar el mismo Manuel de Irujo. Hace unas décadas, los actos de masas y la campaña del Nafarroa Euskadi Da de finales de los setenta registraron serios fallos de calibración, el peor de ellos no entender el lastre que suponía la violencia terrorista de ETA. 

No sólo hay que ir al pasado. Ejemplos recientes, en contextos absolutamente favorables a la iniciativa reseñada, prueban que apelar al derecho a decidir ni siquiera sirve para avalar las tesis de fondo de aquélla. La consulta llevada a cabo en Etxarri Aranatz el pasado 13 de abril, convocada por la plataforma ciudadana A13 y apadrinada por EH Bildu y por Geroa Bai, tal y como se veía en el cartel, se saldó con un fracaso. Ante la pregunta “¿Quieres ser ciudadano o ciudadana de una Euskal Herria independiente?”, sobre un total de 1.990 vecinos mayores de 16 años llamados a participar, solamente emitieron su voto 851, el 42,8 por ciento. De ellos, 804 votaron a favor de la independencia y 18 en contra. Además, se registraron 26 votos blancos y tres nulos. Además, a la escasez de los apoyos recabados, hay que añadir que los resultados obtenidos expresan una fractura clara dentro del nacionalismo vasco. Hay una clara disonancia entre los síes y los votos obtenidos por las opciones nacionalistas en anteriores convocatorias electorales. En las elecciones generales de noviembre de 2011 Amaiur sacó 837 votos y Geroa Bai 237. En las elecciones autonómicas de mayo del mismo año Bildu consiguió 795 apoyos y Nafarroa Bai 2011 306. De todo ello, se puede presumir que el electorado de Geroa Bai no votó sí en el referéndum, aún cuando dicho partido lo apoyaba, lo que se puede considerar un divorcio entre las instrucciones dadas por la élite del partido y las bases, interpretable, entre otras razones, en clave ideológica. 

Esos datos, procedentes de un laboratorio extremo, avalarían que en Navarra la política basada en la evidencia nos revela una y otra vez que, aunque las perspectivas reduccionistas, basadas en rotundas líneas de fractura y expresadas en eslóganes de trinchera, tienen su mercado en los extremos del electorado (es decir, en UPN y en Bildu), gran parte de la sociedad comparte otro tipo de visiones no maximalistas que asumen que múltiples valores pueden ser compartidos por gente de origen e idearios diferentes. Por supuesto, esos sectores más centrados del electorado se verán ahora entre dos fuegos. ¿Alguien duda que el navarrismo españolista reactivo de UPN y del PP se privará de responder con toda la artillería pesada a la iniciativa del 8 de junio? No serían de extrañar convocatorias de actos masivos por parte de esos partidos (también incluso cadenas humanas o consultas a nivel municipal) invocando un supuesto derecho a decidir de los navarros en relación, por ejemplo, de la derogación de la disposición transitoria cuarta, algo acerca de lo que ya se han manifestado en múltiples ocasiones líderes de dichas formaciones. 

Raimon en nosotros. En ocasiones, en demasiadas ocasiones quizás, también se hace patria de una forma diferente, de una manera distinta a la propugnada por los guardianes de las esencias identitarias. Desde el equilibrio y el respeto proactivo a la diversidad de los ciudadanos de tu propio país.

LA ESTRATEGIA DE DOBLE ELIMINACIÓN DEL PSN/PSOE.

En nuestra última entrada, publicada pocas horas antes de que Ferraz prohibiera al PSN seguir adelante con la moción de censura, vaticinamos lo que iba a suceder, basándonos en los pronunciamientos del principal periódico estatal de centro-izquierda y en la resolución relativa al mantenimiento del status políticoinstitucional de Navarra aprobada en el último Debate de la Nación, redactada en conformidad con los tonos apocalípticos enunciados por el diputado de UPN en el Congreso, que presentaban a nuestra comunidad como rompeolas frente al riesgo de disgregación del Estado español. 

Los comentarios posteriores surgidos al hilo de la decisión de la dirección federal del PSOE han subrayado las negativas consecuencias de la misma para el PSN en el escenario político navarro en el futuro, así como su actitud servil en relación con la actitud chantajista de UPN, su supeditación a la razón de Estado y su obediencia a decisiones tomadas fuera de nuestro territorio, obviando la voluntad y los intereses de la ciudadanía navarra y de los propios votantes socialistas en Navarra. Esas consideraciones son pertinentes y personalmente las compartimos. Ahora bien, ¿son las únicas reflexiones que deben hacerse?.

Partamos de un hecho. El axioma fundamental de la teoría de juegos es el que en sus decisiones los agentes actúan considerando también a los demás actores, barajando las reacciones que las decisiones propias van a suscitar en las decisiones de los demás. Y como es obvio, se trata de fortalecer las expectativas propias y las de los aliados más afines y de debilitar a los contemplados como adversarios y contrincantes más peligrosos. Pues bien, la experiencia de los últimos veinte años prueba que el PSN/PSOE ha optado por una estrategia de doble eliminación: tras automutilar sus posibilidades de gobernar en solitario o en situación de franca preponderancia política por los costes de la corrupción de la era Urralburu, ha desechado la vía de gobernar en gobiernos tripartitos con formaciones nacionalistas vascas y con Izquierda Unida. Además, su decisión conlleva costes y perjuicios para la existencia misma de los partidos y formaciones con los que podía coaligarse, de forma que el beneficiado absoluto de su política ha sido UPN que pudo gobernar entre 1996 y 2011 en solitario con el apoyo externo socialista o en gobiernos de coalición absolutamente asimétrica con el CDN. 

El PSN/PSOE ha jugado el papel de árbitro en cuanto a la posibilidad de impulsar el cambio político en el escenario político navarro, pudiendo haber desalojado del poder a UPN por medio de la formación de gobiernos de coalición, en tres ocasiones en los últimos veinte años: en 1995-1996, en 2007 y en 2014. En las tres ocasiones los socialistas navarros han obedecido las directrices de la dirección federal en el sentido de ceder el gobierno de Navarra a UPN. Además, en las tres ocasiones las decisiones del PSN/PSOE han tenido consecuencias en los agentes políticos que podían coaligarse con dicho partido, consecuencias que (no nos equivoquemos, puesto que las decisiones en políticas se toman con la conciencia del posible desgaste que puedan entrañar en los demás) entrarían dentro de los cálculos de los propios estrategas socialistas. 

El fin en 1996 del gobierno tripartito constituído en 1995 por los socialistas, el CDN y Eusko Akartasuna, tuvo como principal damnificado al partido liderado por Juan Cruz Alli. Recordemos que, en su primera comparecencia electoral tras la ruptura con UPN, el CDN tuvo un arranque fulgurante y que, por su posición centrada y por su asunción de un nacionalismo navarro no soberanista, integrador e incluyente, podía haber desempeñado una función en el espectro político e ideológico de Navarra muy importante, como bisagra en más de una dirección y como renovador del navarrismo de centro-derecha o de derecha. 

Juan Cruz Alli en su libro La Cooperación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, San Sebastián, FEDHAV, 2004 (descargable en Internet) menciona múltiples pormenores acerca de las interioridades del final de aquella experiencia tripartita, posteriormente refrendados públicamente por Otano, el presidente de aquel gobierno. Asimismo, el firmante de estas líneas también pudo conocer, en conversación personal, una versión idéntica a la transmitida por Alli y por Otano de otro testigo de los hechos. 

Según cuenta Alli, en una reunión de finales de mayo de 1996 Miguel Sanz ofreció al PSN un acuerdo de estabilidad si se retiraba el apoyo al acuerdo de cooperación y a la previsión del Órgano Común con la CAV, lo que se acompañó de amenazas por parte de Rafael Gurrea que dijo que dicho acuerdo eran la gota que colmaba el vaso de lo que estaba UPN dispuesta a consentir. Con la publicación en primera página el 18 de junio de aquel año en Diario de Navarra de la noticia de que el presidente Otano era el titular de una cuenta en Suiza, cuenta de la que habían sido titulares anteriores Malón y Aragón, responsables del PSN, finalizaba una secuencia de rumores y de filtraciones informativas y judiciales iniciada semanas antes, tal y como admitieron con posterioridad Ollarra o Juan Ignacio del Burgo. A juicio de Federico Tajadura, Consejero de Presidencia de aquel gobierno tripartito, Otano y el PSN cometieron dos errores políticos graves al asumir el primero la titularidad de la cuenta y al aceptar la Secretaría General del partido, la candidatura a la presidencia, y la presidencia misma, sin depurar esa situación y las vinculaciones personales a esa situación. 

De cualquier forma, la tesis sobre un posible derribo controlado de aquel gobierno tripartito no es inverosímil: a la conducta entonces del sector del partido socialista menos proclive a la normalización de las relaciones con la CAV, se añade el comportamiento ulterior del PSN/PSOE: el nombramiento de una Comisión Gestora del partido, presidida por el catedrático de Derecho Constitucional de la UPNA Alberto Pérez Calvo, fue seguido del cese de los ataques de UPN y de Diario de Navarra a la corrupción socialista, así como de las acciones legales con las que UPN y PP amenazaron a los responsables de los anteriores gobiernos socialistas de Navarra. A cambio de ello el Gobierno de Navarra quedaba en manos de UPN y el PSN facilitaba la gobernabilidad con una oposición moderada y una actitud políticamente neutral, estado de cosas que perduró una buena serie de años. Después de todo aquello, el CDN bajó de 10 escaños en 1995 a 3 en 1999, a 4 en 2003 y a 2 en 2007. Su presencia como miembro minoritario en dos gobiernos de coalición con UPN (entre 2003 y 2007 y entre 2007 y 2009, rompiéndose el de esta última legislatura por discrepancias en relación con la Ley del Vascuence) fue el umbral del total desdibujamiento de la formación centrista. 

En el año 2007 el fracaso de las negociaciones entre el PSN/PSOE, Nafarroa Bai e Izquierda Unida de Navarra (de las que hizo un seguimiento ciertamente interesante el blog Nabarratik)  no sólo tuvo como telón de fondo el final de las conversaciones de Loiola en el otoño de 2006 y la persistencia de la acción criminal de ETA (que el 30 de diciembre de 2006 puso fin al alto el fuego permanente mantenido desde el 22 de marzo del mismo año con el atentado de la T4 de Madrid y a la que el 2 de julio de 2007, en pleno proceso negociador del gobierno de Navarra, las fuerzas de seguridad interceptaron un coche con más de 200 kilos de explosivos). También incidió la posibilidad de un inminente anuncio por parte del lehendakari Ibarretxe de una nueva hoja de ruta que incluía un proceso acordado con el Estado a refrendar con un referéndum vinculante y, en el caso de no llegarse a pacto alguno, una consulta no vinculante previa aprobación del Parlamento Vasco, lo que finalmente sería concretado en septiembre de aquel año. 

La cesión en 2007 del gobierno de Navarra a UPN, que se coaligaría con CDN, por orden de la dirección federal de Ferraz, desde luego, conllevó el desplome ulterior de los socialistas navarros que de los 61.000/64.000 votos y 11 escaños obtenidos en 1995, 1999 y 2003 y de los 73.000 y 12 escaños conseguidos en 2007 pasaban en 2011 a su suelo histórico: 51.000 votos y 9 escaños, con un retroceso muy severo en la conurbación pamplonesa que compromete seriamente el futuro de dicho partido allí donde el voto en Navarra tiene una mayor cualificación. 

Ahora bien, resulta excesivamente reduccionista afirmar que fue el PSN/PSOE el único afectado por el fracaso de aquel proceso negociador de 2007. Dicho desenlace también tuvo repercusiones en Nafarroa Bai, la coalición que integraba al PNV, EA, Aralar, Batzarre y a independientes y que fue capaz de emitir formulaciones novedosas y altamente renovadoras, sobre todo en el plano identitario y político institucional para la convocatoria electoral de 2007 (se puede ver aquella propuesta políticoinstitucional en Internet), hasta el punto de llegar a forzar a UPN en octubre de 2008 a romper su coalición con el PP, vigente desde 1991, por el afán de aquel partido a llegar a una entente estructural con el PSN, visto de que a su defensa de las singularidades navarras le surgía un competidor nabarrista. 

A los tres años de aquel fracaso, con los primeros pasos del proceso de normalización política, Nafarroa Bai sufrió una implosión. La primera salida de Batzarre en 2010 por entender que en la coalición primaban los criterios nacionalistas, y que se unió a IUN, fue seguida de la de EA al año siguiente por efecto de sus acuerdos con la izquierda abertzale. Al final de 2011 los restos de la coalición, mantenidos como Nafarroa Bai 2011 para las elecciones autonómicas con la suma de Aralaz, PNV e independientes, se descomponían al unirse para las elecciones generales el partido de Patxi Zabaleta a Bildu en la nueva coalición Amaiur y al integrar PNV y Zabaltzen, la asociación conformada por los independientes en septiembre de aquel año, una nueva entidad, Geroa Bai. 

Dicha implosión puede ser entendida como derivada, aparte de por las guerras intestinas producidas por cuestiones organizativas y de representación, de una confrontación de posiciones: tal y como expresaba Bixente Serrano Izko en un artículo, la de quienes piensan en la conveniencia de reunir a todos los nacionalistas en una opción política que dispute la hegemonía política a los demás agentes políticos y negocie con estos desde la defensa de su propio proyecto, y la de quienes apuestan por abrirse desde el nacionalismo a otros sectores mediante un proyecto que haga de la transversalidad su eje medular. Obviamente, la primera alternativa parte de las dudas que suscita el PSN como agente de cambio, quedando relegada la necesidad de entendimientos programáticos previos con dicha formación. En cuanto a la segunda fórmula, la operatividad de la vía trasversalista queda a expensas de la actitud que puedan mostrar los socialistas. No obstante, también hay que remarcar que, en la práctica, el discurso trasversalista, que ya quedó en sordina en la NaBai de 2007, todavía no ha sido difundido ni socializado ni siquiera por quienes lo reivindican más activamente, en cuanto que ese pensamiento se recoge en su acta fundacional: la asociación de independientes Zabaltzen. 

La negativa final del PSN/PSOE a presentar una moción de censura al gobierno de Yolanda Barcina condiciona altamente el futuro de aquel partido en Navarra. El comentarista político que desde El País apostó claramente por la solución finalmente concretada sigue aconsejando a los socialistas navarros que se encardinen a UPN de cara a los próximos años por la imposibilidad de pactar con Bildu por los razonamientos ya repetidos hasta la exasperación en las últimas semanas. No obstante, curiosamente, introduce una novedad. Según dicho autor, “tras el cese del terrorismo, una estrategia inteligente de los partidos moderados de Navarra debería impulsar políticas de cooperación con las instituciones vascas en materias culturales y otras como forma de favorecer la convivencia con el sector vasquista de la población sin ceder a las pretensiones del nacionalismo radical. Esa fue la posición del navarrismo moderado de fines de los setenta, que estuvo a punto de plasmarse en los noventa cuando un Gobierno presidido por el socialista Otano, con presencia de los foralistas moderados de Juan Cruz Alli y de los nacionalistas de EA, aprobó, al amparo del artículo 145-2 de la Constitución, un proyecto de Organo Permanente de Cooperación que decayó por la dimisión de Otano a cuenta de escándalos que afectaron a su partido por entonces”. Planteamiento que, desde luego, fue furibundamente rechazado a mediados de los noventa y que choca con las esencias ideológicas últimas de UPN y con los beneficios que depara a los simpatizantes de UPN y PSN y de los sindicatos estatalistas (por cierto, silencio ensordecedor el de UGT y el de CCOO a lo largo de todo este último mes) la política activa de exclusión de más de un tercio de la población. De cualquier forma, no hay que ser demasiado imaginativo como para pensar que si son altas las posibilidades de una grosse koalition entre el PP y el PSOE en el conjunto del Estado a partir de 2015, a poco que los números ayuden habrá con toda seguridad un equivalente foral capitaneado por UPN.

En cuanto a los demás agentes, los partidos de EH Bildu contemplarán con alborozo un reportaje reciente de El País en el que se plantea como cierta la posibilidad de un sorpasso por parte de los partidos nacionalistas, protagonizado sobre todo por aquella coalición, y que para nosotros tiene mucho de maniobra intoxicadora y de movilización del votante constitucionalista con carácter inmediato para no dar ni siquiera ocasión de que la opción vencedora en las elecciones europeas de mayo sea la que suman las dos izquierdas abertzales y EA. Para quienes encarnan el espíritu del nacionalismo y del vasquismo más templado y aperturista, los consejos de Aingeru Epaltza de abrirse incluso a sectores no considerados en absoluto como propios debería ser acompañado de todo un ejercicio de pedagogía y de socialización de mensajes hasta ahora sólo vagamente esbozado. De cualquier forma, el premio a tal perseverancia no sería ya la búsqueda de la aquiescencia socialista. Se debería reemplazar la estrategia de buscar y consolidar transversalidades con otras formaciones políticas que siempre van a defraudar expectativas por razones de orden superior a las que pueden caber en la cabeza de un ciudadano navarro, por la de buscar y consolidar transversalidades con los votantes, apelando directamente al electorado de centroizquierda con un mensaje social socialdemocrata inequívoco y con un mensaje nacionalista navarro basado en la convivencia identitaria. Quizás el esfuerzo valga la pena y haya un futuro que compense tanta decepción.

NUESTRO FUTURO EN OTROS FOROS.

El repaso al tratamiento que la prensa de Madrid ha realizado en los últimos días sobre la cuestión navarra no plantea grandes novedades sobre lo ya esperable. El pasado viernes 28 el diario El Pais aseguraba que el dictamen de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre supuestas prácticas corruptas e ilegales de la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, con el aval de la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, que reprobaba a ambas y les instaba a dimitir, no tiene suficiente fundamento jurídico para una moción de censura y que, de cualquier forma, “intentar llegar al poder desde posiciones minoritarias (9 de 50 escaños) forzando la dimisión de quien ganó las elecciones y formando coaliciones alternativas inverosímiles es un vicio muy arraigado; y casi siempre sale mal”.

Anteriormente, el día 19, otro editorial del mismo periódico había alertado al PSN contra la tentación de realizar acciones conjuntas del calibre de una moción de censura junto con Bildu porque, siendo “cierto que Bildu no puede ser excusa para permitir la corrupción”, “tampoco sería aceptable considerar que el objetivo de desplazar a Barcina justifique convalidar como un partido democrático más, con el que es legítimo alcanzar acuerdos de fondo, al de los herederos de Batasuna, que dista mucho de serlo”.

El miércoles 26 de febrero, Juan Mari Gastaca, Delegado del mismo periódico para el País Vasco, subrayaba la trascendencia del tema navarro: “Navarra, que no el proceso de paz, es un auténtico tema de Estado para Mariano Rajoy. Convencido de que ETA no volverá a pegar un tiro, ajeno al carrusel de visitadores internacionales a Euskadi y expectante tan solo ante la deriva de un desarme que acaba de empezar a trompicones, el presidente ha dejado expreso recado de que solo se ocupa de lo que le preocupa. Y la posibilidad electoral de que el centroderecha pierda el poder en la comunidad foral en favor del nacionalismo vasco sencillamente le aterra”. “Con la permanente herida abierta en Cataluña más allá de pronunciamientos rocosos del Congreso y el lehendakari Urkullu cada día más molesto por la displicencia de Moncloa hacia el proceso de paz, Rajoy nunca podría permitirse el triunfo nacionalista en Navarra. Y es a partir de la perentoria búsqueda de soluciones alternativas para contener esa bola de nieve que se desliza desde hace meses sin parar cuando el presidente invocará al PSOE en nombre del Estado. ¿Cuál será la respuesta?”. “Los socialistas, en clara línea descendente en Navarra, saben que se juegan su futuro para algo más que la próxima legislatura. Envalentonados sí para esgrimir una moción de censura contra Barcina, siguen sin ganarse, en cambio, la confianza sobre su última palabra. Son víctimas, sin duda, de su pasado cuando José Blanco impidió en 2007 un gobierno nacionalista y, por si fuera poco, Rubalcaba siente el mismo pánico que Rajoy por imaginarse a Bildu en el poder, justo al lado del País Vasco. Ahora bien, ¿y si la suma de UPN-PP y PSN ni siquiera fuera suficiente?”.

Fuera de esa sintonía se ha expresado, en cambio, Pablo Sebastián para quien Barcina debería dimitir por haber sido “cazada” la consejera Goicoechea “pidiendo favores a la inspección de Hacienda para los que fueron sus clientes cuando ella trabajaba en un despacho fiscal” y para quien la estrategia de la presidenta de sacar a relucir el fantasma de Bildu “es tan indecente como aquellas escandalosas dietas que ella misma cobró -aunque las haya devuelto- de la Caja de Navarra por solo asistir unos minutos a unos encuentros reiterados y sin contenido alguno”. El recurso al “aparente pacto del PSOE navarro con Bildu es un discurso tramposo”: a su juicio, “Barcina debió cesar sin la menor dilación a su consejera Goicoechea al conocer, por boca de la que fuera directora de la inspección de la Hacienda Foral, Idoia Nieves, lo ocurrido. Pero al no hacer y amparar a su colaboradora la presidenta Barcina ha entrado en complicidad y ello la obliga a dimitir, lo que debió de haber hecho hace tiempo con motivo de las dietas de miles de euros que cobró por más que luego se dijera que eso no era delito, pero sí una desvergüenza descomunal que desacredita a la tal Barcina para ocupar cualquier cargo público”.

De cualquier forma, la estrategia de UPN y de Barcina está volcada en la dirección que apuntaba Gastaca. En su comparecencia del mismo viernes Barcina apelaba la “inteligencia” de la dirección federal del PSOE, se negó a dimitir para no "seguir la hoja de ruta de Bildu", arremetió contra Roberto Jiménez y mencionó en varios veces la comisión de investigación como “comisión-trampa”, un recurso que fue acuñado por el PP de Aznaz y Mayor Oreja cuando la tregua de ETA de 1998 y que ha sido aplicada en múltiples ocasiones por dicho partido para descalificar las posiciones y planteamientos de los adversarios.

Un primer refrendo oficial de la estrategia de UPN y de Barcina tuvo lugar en el pasado debate de la nación. Entre las 22 resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados el 27 de febrero se encontraba una planteada por UPN y que recabó el apoyo del PP y de UpyD solamente. Dicha resolución habla de la “Necesidad de trabajar conjuntamente por la consecución del final del terrorismo” y confunde la lucha contra ETA, la presunta instrumentalización de la educación y la manipulación de la historia (por parte de los nacionalistas) con la hipotética posibilidad de alteración del marco político-institucional navarro que antecedería al rompimiento de España. Dicha resolución dice así: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y a las formaciones políticas democráticas a trabajar conjuntamente, desde la confianza, la responsabilidad y la lealtad, en la consecución del final del terrorismo y en la derrota política y social de la organización terrorista ETA en todos sus frentes, evitando la instrumentalización de la educación, la elaboración de un relato que justifique la actividad terrorista, la manipulación de la historia para justificar sus objetivos de construcción nacional y la modificación del estatus jurídico de Navarra como paso previo a la fractura de España”. Ecos salvíficos, como se ve, de Navarra como rompeolas de España que nos recuerdan a la Covadonga tantas veces cantada por la derechona navarrista en 1936.

De cualquier forma, dicha resolución era consecuencia de una intervención el día anterior del diputado Salvador de UPN de tintes apocalípticos contra la presión separatista. En el último año, “el desafío separatista” habría “intensificado su presión poniendo en cuestión nuestra unidad”, no pudiéndose “ocultar la gravedad del momento”. En su opinión, “algunos nacionalismos” estarían actuando “bordeando la legalidad, cuando no la violan abiertamente, utilizando todavía la misma odiosa presión que utilizaban las plataformas afines a ETA”. “La prueba es que en los lugares donde vencen los más radicales no solo su credo se convierte en una obligación, sino que se ha llegado a perder el significado mismo de la libertad hasta el punto de que son más queridos los verdugos que quienes garantizan su seguridad y la libertad de todos”. “Navarra, que también es una manera de hablar de la nación, del futuro de la nación” es “como una encrucijada en la que se libra una vez más el combate entre la libertad y el gulag que algunos quieren imponer a la medida de sus presuntos héroes, los Bolinaga, Inés del Río, etcétera”. En esta línea engarzaba la comisión de investigación con la estrategia secreta de Bildu, negando la existencia de corrupción en Navarra y aprovechando para afirmar la existencia de contactos entre el PSN y esa formación. La caída de Navarra en manos de la izquierda abertzale conllevaría el rompimiento de España. Por eso pedía al presidente Rajoy “compromiso con Navarra y con España” ante “el desafío separatista que se pretende abrir en Navarra de la mano de los que nunca quisieron ni la libertad ni la paz” y así evitar “sacrificar Navarra en el altar de los intereses de los nacionalistas”.

Por su parte, la respuesta de Rajoy a Salvador certificaba el pleno apoyo del gobierno central a UPN ya que recalcó lo siguiente: “estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho usted sobre la organización terrorista ETA, estoy de acuerdo en que en Navarra no ha habido corrupción, estoy de acuerdo en que hay quien quiere llegar al poder por cualquier procedimiento, estoy de acuerdo en trabajar por una Navarra foral y española, reafirmo el compromiso que usted me ha pedido con Navarra y su foralidad. Todo esto que digo me resulta muy fácil decirlo porque es verdad y porque lo siento”.

Por otra parte, una cuestión que no se ha comentado es que la resolución mencionada precedía a otra, la aprobada en décimo lugar, sobre “Constitución y modelo de Estado”, dirigida sobre todo a las peticiones que llegan desde Cataluña y en la que se subrayaba “que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”; se proclamaba “que, de acuerdo a esta realidad jurídica, legal y democrática, no puede una parte de la ciudadanía decidir lo que le corresponde al conjunto del pueblo español, ni una autoridad o poder público situarse por encima de la Ley”; y se recordaba “que, en virtud de todo ello, no caben aquellas iniciativas, planes y resoluciones tomadas en cualquier ámbito institucional que rebasen los principios de soberanía y legalidad, que han permitido la mejor experiencia de democracia y convivencia de nuestra historia”.

Por lo tanto, tras tratar de blindar el tema navarro por medio de declaraciones grandilocuentes que sólo buscan enturbiar el tema de fondo (un comunidad desgobernada con un gobierno en minoría incapaz de llegar a ningún acuerdo con ninguna otra fuerza política, a excepción del PP, y cuya gestión es percibida, con razón, como sospechosa por la mayor parte de los navarros), con el fin de hurtar la posibilidad a la ciudadanía navarra de expresarse en unas elecciones, se recalcaba al nacionalismo catalán la inviabilidad de sus demandas.

De cualquier forma, esa última resolución centrada en Cataluña iba en la línea de la moción aprobada por el Congreso el pasado 20 de febrero a partir una iniciativa de UpyD, enmendada por el PSOE, en la que se rechazaba el plan soberanista de los nacionalistas catalanes y se instaba al Gobierno a "seguir utilizando los instrumentos de la Constitución y del conjunto del ordenamiento jurídico para garantizar el cumplimiento de la legalidad". Aunque desde el PSOE se afirmó aquel mismo día que de ahora en adelante no iba a apoyar ninguna iniciativa no acordada con los demás grupos, era la segunda vez que UPyD, desde su exigua minoría, marcaba el paso a los partidos mayoritarios.

Esas resoluciones tomadas recientemente por el Pleno del Congreso en relación con Cataluña chocan con las posturas recientemente expresadas por expertos en materia autonómica, no precisamente proclives a las demandas del nacionalismo periférico, en relación con las demandas catalanas. En los últimos días hemos leído el libro de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna y Santiago Muñoz Machado, La organización territorial del Estado en España. Del fracaso de la I República a la crisis del Estado autonómico (1873-2013) (Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europa, 2013). Al final de la segunda parte del mismo, la firmada por Santiago Muñoz Machado con el epígrafe de “Crisis y reconstitución de la Estructura territorial del Estado”, acerca del tema catalán se abren las puertas a soluciones pactadas que no aparecían en la obra del mismo autor, editada a finales de 2012, Informe sobre España. Repensar el estado o destruirlo, de la que ya nos hicimos eco en este blog. Muñoz Machado, por un lado, llega a afirmar, a contracorriente de lo afirmado por el gobierno del Partido Popular, que “No es imposible, contando con autorización del gobierno del Estado, que pueda celebrarse un referéndum en Cataluña para que los ciudadanos respondan a una o varias preguntas pactadas, pero todo lo demás que se pretende en la versión independentista del <<derecho a decidir>> reclama inequívocamente una reforma constitucional”. A pesar de reconocer el interés desde el punto de vista político y jurídico de muchos de los argumentos esgrimidos por la parte catalana en el debate que suscita Cataluña (como “por ejemplo, el alcance del principio democrático y el derecho de participación popular, que se proponen como fundamento para desplazar las regulaciones <<formalistas>> de la Constitución; la autoatribución del poder constituyente por una parte del territorio de un Estado regido por instituciones democráticas; la reposición de la verdad histórica sobre las relaciones entre Cataluña, Aragón y Castilla; el apoyo que puede tener una reclamación de independencia en la legislación de las organizaciones internacionales o en la de la Unió Europea; los paralelismos con la declaración unilateral de Kosovo; la medida en que resulta invocable razonablemente, como con tanta frecuencia se invoca, la declaración del Tribunal Supremo de Canadá de 1998 sobre la independencia de Quebec; las similitudes con el referéndum de independencia escocés), Muñoz Machado insinúa sus preferencias por un arreglo pactado de índole bilateral acotado solamente a determinados extremos: “Es un debate intelectual al que merecerá la pena acudir, pero, desde el punto de vista del inmediato futuro de Cataluña y del Estado lo mejor, por el momento, es detenerse a considerar en qué medida las justas reclamaciones de aquel territorio periférico pueden ser atendidas, cambiando el sistema de financiación autonómica, respaldando el fortalecimiento de sus instituciones y reconfigurando en profundidad el modelo constitucional de sus instituciones actual para abrirlo a fórmulas más flexibles de relación en las que se haga más presente la cooperación y el pactismo. Esta última práctica, cuya reposición suele solicitarse, forma verdaderamente parte de la cultura histórica mediterránea”. 

Volviendo a Navarra, los antecedentes mediáticos y políticos expresados no hablan precisamente a favor de que la Dirección Federal del PSOE vaya a avalar la presentación del PSN de una moción de censura. Lo contrario sería una sorpresa.

HISTORIA PERSONAL Y FAMILIAR, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN. EL CASO DE RAFAEL GURREA.

Al hilo de una de nuestras últimas entradas, la relativa a la resurrección del tema de la laureada, hemos recordado algunas informaciones que invitan a reflexionar en las relaciones entre historia y memoria en el plano personal, familiar e ideológico y los posicionamientos acerca de ellas y acerca de los gestos de reconciliación. El motivo último de esta entrada son las posturas mantenidas por Mariano Zufía, representante del Partido Carlista/EKA, en los debates sobre la eliminación de aquélla registrados entre 1979 y 1981 en el Parlamento Foral, así como el hecho de que las mismas le valieron un doble reproche de parlamentarios de la derecha: uno personal, por haber salido Zufía, siendo estudiante, voluntario en el requeté con 16 años el 19 de julio de 1936 en la columna de García Escámez para Somosierra; el otro, grupal, por el entusiasta apoyo proporcionado por los carlistas a la sublevación y por la discontinuidad con el mismo que mostraba el carlismo de Carlos Hugo durante la Transición. Justamente uno de los más críticos fue Rafael Gurrea Induráin, parlamentario entonces de UCD y persona en cuya familia concurrían antecedentes llamativos y que queremos poner de relieve por cuanto objetivamente tenía razones para haber sido más benévolo con Zufía.

Dichos debates se iniciaron en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento navarro el 26 de septiembre de 1979 con la discusión de varias mociones, prosiguiendo en otras sesiones, bien de comisión, bien de pleno, durante los dos años siguientes.

La primera moción sobre la que se habló fue la del Grupo Parlamentario Herri Batasuna referida tanto a la eliminación de la laureada del escudo de Navarra como a la supresión de las denominaciones franquistas de vías y lugares públicos y de los monumentos a los muertos en la guerra civil y a la transformación del Monumento a los Caídos en un Monumento a todos los navarros muertos en defensa de la libertad de Navarra y de sus gentes. Ya en relación con esa moción el parlamentario Zufía señaló su apoyo a la misma, aún cuando no estaba de acuerdo “con algunas de las expresiones de la misma ni tampoco con alguna de las manifestaciones” que se habían pronunciado, por considerar que lo nuclear era, en el caso específico del escudo, la eliminación de un elemento “objeto de división de los navarros”. También indicó su apoyo a los otros dos puntos por no estar de acuerdo en que las calles y el monumento a los caídos homenajearan a sólo un bando. En contra de esa moción se posicionarían Astráin (UCD), Arbeloa (PSOE) y Viguria (UPN).

La segunda moción en debatirse en aquella moción fue la presentada por el propio Mariano Zufía. En ella planteó el regreso “al escudo tradicional de Navarra”, eliminando de él la laureada por no ser ésta “de recibo para una parte de los navarros” y en cuanto que el escudo y la bandera debían “ser el símbolo de Navarra, el símbolo de todos los navarros”. Esgrimió los acuerdos de la Diputación de 22 de enero y 15 de julio de 1910 sobre el escudo y la bandera oficiales de Navarra para afirmar que no hacían falta nuevas investigaciones sobre el tema. Propuso asimismo una enmienda a su propia moción, reconvirtiendo la misma en el sentido de dejar sin efecto el acuerdo de 14 de diciembre de 1937 por el que se incorporaba la laureada y declarar vigentes los acuerdos de 1910.

Tras el posicionamiento a favor de la misma de Sorauren (EE) y Aldecoa (HB), se posicionó en contra el representante de UCD Rafael Gurrea Induráin. Para Gurrea la supresión de la laureada no era válida de cara a la reconciliación porque podía “poner en actualidad una confrontación que ha existido en el pueblo navarro últimamente, pero que en este momento sería de nuevo sacada a la palestra, en un momento que es poco oportuno, en un momento en que muchas gentes creerían que es una concesión al revanchismo, y puede ser así interpretada por un sector amplio de nuestra sociedad”. Desde su punto de vista, el electorado de UCD percibía que los pasos y las muestras ofrecidas por ese partido de querer la reconciliación, “como el de la amnistía o el de la aceptación de un Estatuto”, no eran correspondidos “con una mejora sustancial de las condiciones de reconciliación del pueblo, sino que, todo lo contrario, en algunos casos se ha contestado con un recrudecimiento de las causas y de los hechos de enfrentamiento”. Expresado sintéticamente, el electorado ucedista tendría, según él, “la sensación de que está dando algo a cambio de nada”. Además, Gurrea señaló que “cualquier otro partido hubiera sido mucho mejor portavoz” para la retirada de la laureada en cuanto que los carlistas estaban “muy ligados en su origen” a dicha concesión y afirmaba que algo “importante” había sucedido para que EKA, “un partido que debiera recoger las aspiraciones de aquellos mismos carlistas”, pidiera su eliminación. Por otra parte, pensaba que la corona del escudo debía mantenerse como expresión del “glorioso pasado” de “nuestro viejo reino”. Concluía diciendo que el tema debería estudiarse en otro momento en el que el clima fuera más sereno y en el que realmente pudiera tener lugar la reconciliación.

Zufía volvió a intervenir en el turno de réplica negando que la supresión de la laureada fuera “motivo de confrontación” y “concesión al revanchismo”. En cuanto a las alusiones de Gurrea, Zufía afirmó que “efectivamente, por ser miembro del Partido Carlista, por estar aquí representándolo, por haber participado personalmente, como requeté voluntario en aquella guerra”, le correspondía a él presentar esa moción “sin entrar para nada en esa concesión de la laureada, sino precisamente para que desaparezca de la bandera”. Por último, Zufía creía que la corona debía mantenerse. La moción fue rechazada.

Finalmente, en aquella sesión solamente se aprobaría el primer punto, aunque enmendado, de la moción del Grupo Parlamentario Socialista que se refería a la conveniencia de que una comisión de expertos del Archivo General de Navarra y de la Institución Príncipe de Viana emitieran un informe sobre los escudos y banderas de Navarra a lo largo de la historia que serviría de base para un posterior dictamen de la Comisión de Régimen Foral que sería luego debatido por el Pleno del Parlamento. La enmienda de adición presentada por HB. que se añadiría a la moción original, hablaba de que, sin perjuicio de que el Pleno estudiara en su día el informe a elaborar por una comisión de expertos, se adoptaba como escudo oficial de Navarra el escudo de las Cortes de Navarra que venía utilizando el Parlamento Foral, trasladando ese acuerdo a la Diputación a los efectos oportunos. Tal solución sería rechazada sólo por UCD y UPN.

Por último, la eliminación de la laureada se sustanciaría para el futuro en un debate de pleno del Parlamento Foral de 26 de octubre de 1981.

Bastantes años después, Rafael Gurrea volvió a manifestarse en dos ocasiones a favor del mantenimiento de la laureada en aquellos escudos de Navarra en los que la legislación del momento no obligaba a su eliminación. Hemos de recordar que Rafael Gurrea, alcalde de Burlada desde 1974 y cabeza de lista ucedista en las elecciones al Parlamento Foral de 1979 por la merindad de Sangüesa pasó de UCD a UPN en 1983, fue de forma ininterrumpidamente desde 1979 parlamentario foral hasta hace unos pocos años por ese último partido, formación de la que fue secretario general desde 1985 hasta 2002. También llegó a ser Vicepresidente del Gobierno y consejero de Presidencia e Interior y Administración Local de 1996 a 2003 y Presidente del Parlamento navarro entre 2003 y 2007. Su postura favorable a la laureada en las situaciones expresadas se manifestó en dos ocasiones, una en 1992 y otra en 2002.

La primera ocasión fue en relación con la única moción de todo el periodo 1983-1999 en la que el Parlamento de Navarra trató de cuestiones relacionadas con la memoria histórica de la época de la Segunda República, de la Guerra Civil y del Franquismo: la presentada por Izquierda Unida a finales de 1992 para instar al Gobierno de Navarra a la eliminación de los símbolos fascistas del espacio público y en la que el parlamentario de esa formación Taberna Monzón criticó cómo se había gestionado durante la Transición esa cuestión en Navarra, mencionando la existencia de diversos ejemplos, para solicitar que se cumpliera en ese aspecto la Ley de Símbolos de 1986 por cuanto ésta establecía “cuáles son los símbolos de Navarra y donde deben estar en los sitios públicos y visibles”. Gurrea tachó de falsedad la afirmación de Taberna acerca de la inexistencia de transición en España en cuanto que aquí se habría “producido una transición ejemplar como en ningún otro país que haya tenido un gobierno autocrático en los últimos años en la historia europea”. Calificó de regresión en el tiempo la semántica utilizada en la moción en cuanto que le recordaba a la que se utilizaba “en este Parlamento hace doce o trece años” y razonó la existencia de la moción como “parte del ritual de un grupo radical en este tipo de cuestiones, que cumple con la misión de excitar a la sociedad en un tema que, afortunadamente, está olvidado, y no pertenece al primer plano de las preocupaciones de los ciudadanos”. También negó el carácter fascista de la laureada que según él sería “una medalla al más alto mérito militar” y “anterior al franquismo y ajena al fascismo”. Realizó una digresión afirmando que él pensaba que Taberna se habría referido a otros símbolos que se podían ver en la paredes de Pamplona “que no tienen nada que ver con Mussolini, uno de los apuntadores del fascismo, pero que representan a organizaciones que yo tengo por fascistas”. Y al respecto añadió “Pero es muy probable que ustedes no se refieran a ellos porque no lo citan aquí”. Aunque indicó que él no se había dado cuenta de la existencia de la laureada en el edificio de la CAN, sí se había percatado que en el escudo y la placa de la plaza de la Cruz figuraba como último nombre de los inscritos en la misma el de un Taberna, lo que tal vez, según Gurrea, habría motivado al mocionante a proponer la iniciativa “para que no haya confusiones, para que nadie crea que un Taberna de los de su raigambre” estaba “comprometido” con lo que se conmemoraba en el monumento. Mantuvo que tanto la Ley navarra de Símbolos de 1986 como el Real Decreto del 81 referido al ámbito del Estado exoneraban de la supresión de simbología a “aquellos edificios o monumentos que, aunque no tengan carácter histórico-artístico, estén hechos de tal manera que quitarlos produzca una violencia al inmueble”. Gurrea entendía que ésa era “una fórmula pacificadora que se utilizó en aquel momento, en un momento necesario para conseguir una estabilidad y una serenidad de ánimos que ustedes, naturalmente, están deseosos de romper, pero que nosotros no vamos a quebrar”. Para finalizar, tildó a la moción de anacrónica y zafia. Por último, la moción fue rechazada por la acción conjunta de UPN y PSN.

Asimismo, en 2002, ante una pregunta realizada por el mismo Taberna Monzón, sobre la retirada de los símbolos franquistas, el mismo Gurrea, desde 1996 Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, respondió que no a la pregunta de si consideraba necesario modificar la ley de símbolos de 1986 “para proceder a la retirada de la simbología franquista”. De hecho, en el proyecto de Ley Foral de Símbolos, presentado por él, en marzo de 2003, no se hacía ninguna mención a la retirada de los símbolos franquistas presentes en espacios públicos, lo que finalmente se consiguió a partir de una enmienda in voce del PSN de creación de una disposición transitoria que se incorporó al Dictamen aprobado por la Comisión de Régimen Foral acerca del mencionado Proyecto y que sería apoyada en el Pleno.

Más allá de la postura, continuada en el tiempo, de apoyo de Gurrea al mantenimiento de la laureada, lo que nos interesa destacar es su posicionamiento acerca de la actitud de los mocionantes que solicitaban la eliminación de aquélla. Tanto respecto a Mariano Zufía como en relación con Félix Taberna se advierte un comportamiento parecido, ya comprobado en el caso de Palacios Zuasti. Se obvia el significado negativo e insultante de la condecoración sobre la que se debatía para una parte importante de la ciudadanía navarra y se enfoca hacia el pasado tratando de buscar contradicciones entre las actuaciones de las personas en el momento presente y las actuaciones de esas mismas personas (o de familiares suyos, incluso presuntos, o de los partidos en los que se encuadran) en el pasado recreado por la derecha navarra, como si tuvieran que ser esclavos ineludibles de la manera en que ésta lo reinterpreta a su propia conveniencia. También se percibe una postura de distanciamiento respecto al tema de discusión, como si los representantes de UCD en la primera legislatura y de UPN y PP en las últimas décadas no se contemplaran como concernidos en relación a los aspectos últimos del mismo: el derecho a la memoria de los demás y al deber de memoria y de apostar por la reconciliación por parte de todos los representantes políticos y de toda la ciudadanía navarra.

En el caso de Gurrea la cosa sorprende porque en el plano familiar sí que es una persona concernida por acontecimientos oscuros de la guerra civil de los que se colegiría una actitud menos contundente a la hora de enjuiciar los posicionamientos y gestos de los demás en relación con la memoria histórica de aquel periodo. De forma que pueden entenderse sus posicionamientos como de fidelidad a la memoria de la conducta de su padre y a la de un tío suyo y también como de estrategia política, entendible desde cierta racionalidad que opta más por la confrontación que por el entendimiento sin mostrar empatía con las circunstancias ajenas y que aboga por el cierre de filas en relación con la lectura unilateral de la guerra civil y de la postguerra.

Cuando nos referimos a la conducta de su padre, Rafael Gurrea Ureña, nos hacemos eco de dos artículos que se refieren al asesinato del Comandante de la Guardia Civil José Rodriguez-Medel Briones en la propia comandancia de Pamplona, en la calle Ansoleaga, el 18 de julio de 1936 hacia las 20 horas y al hecho de que en el segundo de ellos aparece mencionado el nombre de aquél.

El primero de los artículos fue publicado en 1991 en la revista Príncipe de Viana por Gonzalo Jar Couselo y constituye una revisión minuciosa de las versiones ofrecidas de la muerte de Rodriguez-Medel y de la trama conspiratoria conducida por el general Mola. Hay que subrayar que Gonzalo Jar Couselo, fallecido en 2009, fue general de división dela Guardia Civil, Doctor en Ciencias Políticas y autor de numerosas publicaciones de contenidos sociológicos, politológicos o historiográficos que demuestran su interés por las intervenciones humanitarias y el respeto a los derechos humanos y a la democracia. De dicho artículo se infiere que las versiones tradicionales acerca del suceso analizado deben ser rectificadas ya que queda claro que el Comandante Rodriguez-Medel fue disparado por la espalda por alguno de sus propios subordinados cuando pretendía trasladarlos a Tafalla para establecer una línea defensiva desde la cual oponerse a los sublevados contra el gobierno legítimo. El único punto oscuro que restaría en relación con tal suceso sería, según Gonzalo Jar, el de quién fue el asesino del mencionado comandante ya que sus intentos por hablar con familiares de quienes fueron testigos directos del mismo se toparon con un muro de silencio.

Precisamente dicha cuestión conoció un inesperado giro en el año 2008 con la publicación en la revista Hermes de un artículo del periodista Mikel Donazar, que daría lugar a un documental que puede verse en Youtube, dividido en parte primera y parte segunda, en el que se incluía una relación de los 93 números y oficiales que se encontraban en aquel momento en la Comandancia de la calle Ansoleaga, documento aportado por el hijo de uno de los relacionados. En dicho listado figura una cruz que identificaría supuestamente a una treintena de guardias civiles implicados en una conspiración, urdida en última instancia por Mola para desembarazarse del único elemento que podía obstaculizar el éxito de la sublevación en Pamplona, justamente el mencionado Comandante Rodríguez-Medel. Junto a los protagonistas esenciales de la confabulación en la misma comandancia, también destacados por Jar Couselo, como el capitán Domingo Auría Lasierra (el cual se vanagloriaría de su conducta en su expediente personal) y los tres hermanos Nuin Mutilva (uno de los cuales, Serapio, acudiría a la Comandancia Militar, comunicando textualmente en persona a Mola que “Acabamos de matar a nuestro comandante y, de parte del Capitán Auria, hemos venido a decirle que estamos a sus órdenes para que nos mande”), aparece en dicha lista el más arriba mencionado Rafael Gurrea Ureña, progenitor como se dijo de Rafael Gurrea Induráin. En nuestras investigaciones sobre Sartaguda ya pudimos comprobar que Rafael Gurrea Ureña residía, con 11 años de edad, en 1925 en esa localidad en cuyo puesto de la guardia civil estaba destinado su padre.

En relación con todo lo anterior, son desconocidas hasta el momento las opiniones de Rafael Gurrea Induráin acerca del grado de veracidad de dicho listado, así como su nivel de conocimiento de tal acontecimiento y de los implicados en él. Asimismo, hay que recordar que en relación con lo sucedido la tarde del 18 de julio en la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, además del asesinato del comandante Rodríguez-Medel, también tendría lugar la detención de otros dos mandos de la misma comandancia por su posicionamiento a una con aquél: el Comandante José Martínez Friera y el Capitán Ricardo Fresno Urzáiz, ambos posteriormente fusilados a finales de agosto.

Por otra parte, otro hermano del padre de Rafael Gurrea Induráin, Antonio Gurrea Ureña, habría muerto en Rusia en 1943, combatiendo con la División Azul en calidad de cabo.

Todo lo anterior constituiría una muestra más de los peligros de los juicios taxativos y de las tácticas de enmañamiento y de confusionismo, tan propias de la derecha navarra, acerca del comportamiento y de las intenciones ajenas en relación con las cuestiones ligadas con la historia, la memoria y la gestión de ésta última desde una vertiente política e institucional. Más de treinta años después del ataque de Gurrea al pasado y al afán reconciliador de Zufía, y aunque la implicación del padre de aquél en los sucesos referidos en la Comandancia de la calle Ansoleaga el 18 de julio de 1936 es algo que nunca se podrá determinar con exactitud en vista de la debilidad del documento mencionado y de la inexistencia en su momento de una investigación, algo que afecta a la práctica totalidad de los asesinados por los golpistas durante la guerra civil en los que la concreción de la autoría de los crímenes no puede ir como mucho más allá de lo indiciario, los datos aportados aquí sirven para interpretar las palabras del entonces parlamentario de la UCD como una suerte de salivazo al cielo, quizás inconscientemente realizado, pero en todo caso significativo.

INVERSIÓN DEL ESTADO EN NAVARRA E IVA DE LA VOLKSWAGEN: UNA ACLARACIÓN PENDIENTE.

A finales de septiembre pudo conocerse que Navarra era la comunidad autónoma en la que más caída ha registrado la inversión del Estado en los PGE para 2013, de un 68 por ciento. Tras nuestra comunidad se situan Baleares (un 45% menos), la Comunidad Valenciana (un 35,1 % menos) y el País Vasco (32,8 % menos). Por su parte, en Aragón el descenso ha sido del 30,2 %, en Castilla-La Mancha del 28,4%, en Galicia del  23,3%, en Asturias del 15,9 %, en la Comunidad de Madrid del  14,28%, en Extremadura del 11,2% y en Cataluña del 10,76 %. Por el contrario,  la inversión sólo aumentará en Cantabria, Murcia y Castilla y León. Más allá de los porcentajes, la cifras absolutas terminan de perfilar el significado de aquellos descensos porcentuales. La comunidad autónoma que más inversión recibirá en términos absolutos será Andalucía, con una inversión de 1.632,84 millones de euros. Por detrás se sitúan Castilla y León (1.587,11 millones), Galicia (1.309,08 millones), Cataluña (1.262,30 millones) y la Comunidad de Madrid (1.078,65 millones).Ya por debajo de los mil millones se sitúan la Comunidad Valenciana (654,45 millones), Castilla-La Mancha (612,33 millones), Asturias (426,07 millones), Murcia (408,56 millones), País Vasco (350,36 millones), Aragón (328,96 millones), Extremadura (327,60 millones), Canarias (269,54 millones), Cantabria (159,55 millones), Baleares (78,72 millones), La Rioja (64,51 millones), Ceuta (44,13 millones), Navarra (25,34 millones) y Melilla (22,77 millones).

Esta situación ha dado lugar hoy mismo a un debate en el Congreso de los Diputados motivada por un comentario efectuado por el ministro Montoro a la intervención de la diputada de GB Uxue Barkos en el que vendría a justificar el recorte en los PGE para Navarra con la solución dada al tema del IVA de la Volkswagen y del rescate encubierto que representaba para Navarra, de lo que ya hemos hablado anteriormente en este blog. El titular de la cartera de Economía y Hacienda ha afirmado textualmente: "¿Navarra? Claro que hemos apoyado a Navarra, lo hemos hecho de una manera muy concreta y muy clara en procedimientos que eran discutibles, que estaban sujetos a debate, a polémica, sobre la distribución del Impuesto sobre el Valor Añadido". Posteriormente la diputada navarra ha planteado a los responsables del  Gobierno de Navarra que expliquen y aclaren si es cierto que una y otra cuestión están interrelacionadas.  

Ya anteriormente, el 9 de octubre, la misma diputada había denunciado el recorte y la actitud aquiescente de UPN, apuntando que las inversiones en Navarra se habían visto reducidas en más de un 80 por ciento en sólo tres años, al pasar de los 137 millones en 2011 a 24 millones para el próximo año.

Todas estas cuestiones se encuentran interrelacionadas con una pregunta escrita formulada por el diputado Sabino Cuadra, de Amaiur, en el Congreso de los Diputados y de la que la prensa informó el 4 de octubre. 

En el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados serie D de 18 de octubre, entre las páginas 297-298, figuran los extremos de dicha pregunta para respuesta escrita, fechada el 1 de octubre. En ella se apuntaba, tal y como se ha visto reflejado en los artículos que se han ocupado del tema, que “a fines del pasado año 2011, los Técnicos del Ministerio de Hacienda procedieron a realizar diversas revisiones e investigaciones en relación con el cobro del IVA relativo a las ventas de los vehículos Volkswagen fabricados en el Polígono de Landaben, en Nafarroa, resultando de ello, según los citados Técnicos, la comprobación de diversas irregularidades” y que “Como consecuencia de ello, en marzo del presente año la Hacienda estatal procedió a reclamar al Gobierno de Navarra 1.513 millones de euros correspondientes a ingresos dejados de percibir en los últimos 17 años, desde que la entonces planta SEAT de Landaben fue adquirida por la multinacional alemana Volkswagen”. Se añadía que “junto a ello, el Ministerio reclamaba también al Gobierno de Navarra una cantidad de 780 millones de euros por las cantidades de IVA a las que nos estamos refiriendo correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014”. En la pregunta el interpelante se refería asimismo a la solución acordada por la Comisión de Arbitraje del Convenio Económico el 7 de mayo por el que el Gobierno de Navarra pagaba 75 millones de euros, 25 por año, a la Hacienda estatal en relación con el IVA correspondiente a esos tres años y a que “quedaría en manos de la citada Comisión de Arbitraje resolver sobre la posible presentación de un recurso en contra de la reclamación de los 1.513 millones de atrasos a las que antes se ha hecho referencia”. En la pregunta Amaiur se refería a que “Todo lo expuesto ha sido realizado por medio de unas negociaciones que apenas han trascendido públicamente y, lo qué es mas grave aún, sin que haya sido dado a conocer, ni al Parlamento Foral, ni a la ciudadanía navarra, el texto del Acuerdo al cual han llegado los Gobiernos estatal y foral a través de la Comisión de Arbitraje del Convenio. No solo esto, sino que la propia presidenta del Gobierno de Navarra, en su comparecencia ante el Parlamento Foral, realizada a últimos de junio a requerimiento de sus grupos, ha señalado la improcedencia y la innecesariedad de que el citado acuerdo fuera publicado”.  Bajo todo ello se preguntaba por “el contenido expreso” del Acuerdo de 7 de mayo de 2012, por “las razones legales, fiscales, económicas, contables o de cualquier otro tipo que haya podido justificar el rebaje de la petición inicial de 781 millones de euros correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, a los 75 millones de euros acordados”, por “las razones legales, fiscales o de cualquier otro tipo que hayan podido justificar que los 1.513 millones de euros correspondientes al IVA de los últimos 17 años hayan sido aplazados en el cobro”, por “las condiciones concretas acordadas (plazos, cuantías, intereses,..) referidas al cobro por parte del Gobierno del Estado —PP— al Gobierno de Navarra —UPN— en relación con los citados 1.513 millones de euros”, por si ha habido alguna cantidad que ha sido condonada por el Gobierno estatal al Gobierno de Navarra y por si “tiene el Gobierno del PP un pacto con UPN consistente en el apoyo diario que estos últimos están dando al Gobierno del PP en el Congreso de los Diputados como contrapartida política al trato ventajoso dado por el Gobierno del PP al Gobierno de Navarra en relación con el tema del IVA”.

También hay que recordar que el pasado lunes 8 de octubre la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento Foral acordaron, por unanimidad que la Cámara comparezca, en caso de que se abra, en el procedimiento contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional tras el anuncio de UPyD de recurrir el acuerdo de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico por el que se modificaba el método para hacer efectivo el ajuste de la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido en el quinquenio 2010-2014, en el marco del citado Convenio. Los representantes de todos los grupos presentes en el Parlamento navarro, también Bildu (partido que en su programa para las elecciones al Parlamento de Navarra  no mencionaba en absoluto el Convenio Económico y que en su versión de EHBildu para las recientemente celebradas elecciones en la CAV hablaba de “recuperar la soberanía fiscal plena, un objetivo imposible de garantizar con el actual sistema de Concierto y Convenio Económico; y abandonar la tentación de imitar y copiar las medidas fiscales aprobadas en Madrid"), atacaron tras esa decisión la iniciativa de UPyD, posicionándose unánimente en defensa del régimen concertado navarro.

No obstante, a pesar de que desde el punto de vista técnico se ha razonado suficientemente la inviabilidad de la judicialización del tema por parte del partido liderado por Rosa Díez por la modificación de la estrategia comercial a partir de 1 de abril de 2012 por parte de VW Navarra de forma que los vehículos producidos en Navarra se han unido al procedimiento general de exportación directa desde las factorías productoras a los lugares de destino, con lo que es la Hacienda Tributaria de Navarra la que tiene que hacerse cargo de la correspondiente devolución del IVA que soporta Volkswagen en los vehículos que exporta desde dicha fecha, la realidad es que siguen existiendo dudas razonables de naturaleza política sobre cómo se ha desarrollado la cuestión, tal y como expresaba la pregunta de Amaiur y tal y como se desprende de la respuesta de hoy mismo del ministro Montoro. No cabe olvidar que, previamente al acuerdo de la Comisión Coordinadora, existió, según los indicios disponibles, un acta de inspección de la Agencia Tributaria que motivó la solución finalmente alcanzada, lo que indicaría una descoordinación rampante entre la administración navarra y la estatal para llegar a tal punto. Eso y todos los aspectos oscuros del asunto implícitos en la pregunta de Amaiur y en la respuesta de Montoro son los que de verdad debilitan el régimen concertado, no posibles recursos ni el hecho de que se hable de él.