Pasando ya a las posturas
de los partidos en relación con el Estatuto Vasco-Navarro, resulta
ocioso hablar de la actitud del PNV por cuanto fue el partido que más
propaganda hizo del Estatuto y que más se implicó en su aprobación.
En el seno de la Comunión
Tradicionalista había quienes lo apoyaban como Joaquín Beúnza y
quienes lo denostaban como el flanco integrista y Víctor Pradera.
Tan es así que dicha formación dio en una reunión celebrada en
mayo libertad de voto a sus afiliados con cargos en ayuntamientos. El
sector de los católicos independientes no carlistas, que se
integrarían en 1933 en Unión Navarra, luego confederada en la CEDA,
también mantuvo posturas ambivalentes. Dos de sus figuras más
destacadas, Rafael Aizpún Santafé, coautor del proyecto de las
gestoras, y Miguel Gortari Errea, se manifestaron favorables al
Estatuto Vasco, aún cuando remarcaron sus reservas. De cualquier
forma, Diario de Navarra, el periódico de mayor tirada en Navarra,
con mucha diferencia sobre los demás, siempre se significó por
situarse en contra del Estatuto común ya desde la primavera de 1931.
Al fin y a la postre, dentro del bloque configurado por conservadores
y tradicionalistas, los proestatutistas se revelaron en la votación
decisiva como minoritarios. También hay que decir que la Gaceta del
Norte, portavoz de la derecha católica en Vizcaya, no hizo campaña
a favor del Estatuto Vasco-Navarro.
Las formaciones políticas
republicanas también se caracterizaron por la diversidad de puntos
de vista acerca de la materia autonómica. En general, en el conjunto
de Vascongadas y Navarra, la actitud de los republicanos se resumiría
así: “apoyo casi unánime en las Vascongadas (excepción: el
Partido Radical de Álava) y rechazo también casi unánime en
Navarra (excepción: Acción Republicana)”. Con todo, su apoyo no
era sinónimo de entusiasmo, que sólo era sentido en Vascongadas por
unos pocos. Además, la izquierda hizo propaganda a favor, más a
través de las instituciones que de los partidos y de su prensa. Su
principal periódico, por ejemplo, El Liberal, no hizo campaña a
favor. De cualquier forma, el PSOE y los republicanos “aprobaron el
proyecto en las Vascongadas, pero se reservaron el derecho de
defender varias enmiendas en las Cortes”.
Tal y como queda dicho,
en Navarra, a excepción de Acción Republicana, los demás partidos
republicanos no fueron favorables. El Partido Republicano Radical
Socialista se declaró abiertamente en contra del Estatuto
Vasco-Navarra en la asamblea de su agrupación pamplonesa de 4 de
mayo de 1932, porque, si bien no había “en varios aspectos más
que moderada y justa autonomía”, se advertía “en otros varias
notas separatistas”. Además de ello, no hay que olvidar las
decisivas actuaciones de Azarola, dirigente del partido, para que
finalmente los representantes municipales navarros votaran en contra
del Estatuto común.
El partido republicano
más claramente autonomista fue Acción Republicana. Mariano Ansó ya
expresó su autonomismo en un discurso en las Cortes el 30 de julio
de 1931, afirmando su apuesta por un estatuto que respetara
“rigurosamente los derechos individuales y todas las conquistas de
la civilización”. Más adelante, en una conferencia de junio de
1932 precisó las bases de su apoyo al estatuto común. Si bien
entendía los recelos por el antecedente reaccionario de las
enmiendas de Estella, Navarra no podía contentarse con el marco de
la ley de 1841. Además, la vinculación de Navarra con el País
Vasco se hacía respetando su personalidad, abriendo la posibilidad
de “desarraigar la fuerza política de Navarra de la fuerza de la
reacción”. El encauzamiento de la autonomía debilitaría al
nacionalismo despojado de la fuerza que da la persecución. De
cualquier forma, el voto favorable al Estatuto no significaba
aceptarlo en su totalidad, pudiendo ser reformado por las enmiendas
presentadas por los ayuntamientos y “si las enmiendas que se
presenten al mismo no prosperasen, quedan las Cortes que realizarán
la labor depuradora”. El punto de vista de Ansó quedó refrendado
en la asamblea general de su formación en la que se decidió aceptar
el proyecto que se sometía a la aprobación de los ayuntamientos,
admitiendo la posibilidad de presentación ulterior de enmiendas al
mismo. Otro señalado autonomista de Acción Republicana fue el
tafallés David Jaime, concejal de su localidad y miembro de la
gestora provincial, quien repetidamente hizo gestiones a favor de la
autonomía, siendo, junto con Rufino García Larrache, como ya se ha
dicho, su propagandista más activo en la mitad sur de Navarra.
Por lo que toca a los
socialistas, sus posturas tampoco eran del todo homogéneas ni
inmutables. Los principales valedores del Estatuto común dentro del
PSOE navarro fueron Constantino Salinas, vicepresidente de la gestora
provincial, y Salvador Goñi Urriza, ponente que participó en la
redacción del texto y representante de Pamplona en la asamblea
estatutaria de enero de 1932. Sin embargo, la mayoría del PSOE y de
la UGT se posicionaron en contra.
De esta forma, el órgano
de la UGT de Navarra, ¡¡Trabajadores!!, publicó en los meses
siguientes varios textos en los que señalaba que el Estatuto no era
operativo para solucionar los problemas sociales y agrarios que
aquejaban al sur de Navarra, problemas que sólo podían ser
afrontados con garantías desde el poder central. Además, se
indicaba que la autonomía podía “convertir a Navarra en un foco
de conspiración permanente en contra de la República”,
marginándola de las orientaciones progresistas republicanas, y se
expresaban reticencias hacia el PNV, ante el temor de que éste
capitalizase los logros del proceso estatutario. El tono de algunos
artículos no hacía, desde luego, ninguna justicia a los intentos de
Rufino García Larrache y de David Jaime por hacer del Estatuto Común
una herramienta válida contra las desigualdades sociales en el
mediodía navarro, y muestran una confianza extraordinaria en las
posibilidades que podía ofrecer el gobierno central en sus proyectos
de reforma agraria, posibilidades que no se concretaron
en nada en relación con Navarra.
Por su parte, el dictamen
de la ponencia designada por la agrupación socialista de Pamplona,
publicado en ¡¡Trabajadores!! el 20 de mayo, negaba la unidad
étnica del País Vasco-Navarro, consideraba excesivos los derechos
lingüísticos asignados en el estatuto a las comunidades
vascoparlantes y, en lo concerniente a legislación agraria y social,
afirmaba que “la región no necesita reglamento especial ni poder
alguno que (…) podría ser, al fin, más que una ayuda un
obstáculo”. Además, el documento valoraba que el Estatuto
acarrearía inconvenientes en el plano económico “porque
provocaría un aumento de los gastos burocráticos y en la aplicación
de los impuestos habría de predominar el espíritu reaccionario y de
clase de los políticos dominantes”.
Obviamente, la postura
contraria al Estatuto desde el PSOE y la UGT, el componente
mayoritario con mucha diferencia dentro del bloque de las izquierdas
navarras, así como la del PRRS, plantea la cuestión de los porqués
de la escasa socialización entre la conjunción
republicano-socialista de la apuesta estratégica de Constantino
Salinas, David Jaime y Rufino García-Larrache, los tres miembros de
la conjunción en la Gestora más comprometidos con la República en
Navarra, tal y como demostraría su práctica política y su
trayectoria posterior. Creemos que para responder a esa pregunta
habría que enfocar, quizás, no tanto hacia aspectos relacionados
con la validez de las estrategias políticas como hacia problemas
derivados de las relaciones grupales y personales entre las
diferentes formaciones del ámbito republicano y socialista en
Navarra, en el conjunto del país vasconavarro y en España, un tema
todavía por trabajar.
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