EMPECINADA MEMORIA DE NEGACIÓN.

El pasado jueves 27 de marzo, bajo el título “Memoria histórica fraccionada”, diversos miembros del Comité Político del Partido Carlista-EKA de Navarra (Juan Luis Aldaya, Paco Zamora, Maribel Alzórriz, Feliciano Vélez, Ana Montoya, Andoni Rabanal, José Lázaro Ibáñez), así como Jesús Mª Aragón Samanes, secretario general federal del Partido Carlista de las Españas (sic), se referían, adjuntando diversos comentarios críticos, a un reportaje que publiqué en este periódico el pasado domingo (y que el 8 de febrero había sido publicado en el diario Deia) titulado El carlismo y el castigo al nacionalismo. 

Considerando el trasfondo último de los contenidos de la misma, quisiera expresar mi perplejidad porque dirigentes de un partido que se autodefine como de una línea política de izquierda alternativa, encuadrada en el socialismo autogestionario (y que llegó incluso a formar parte de Izquierda Unida), sea incapaz de efectuar una reflexión crítica sobre el papel que el carlismo de los años treinta, muy distante ideológicamente del partido de los autores de la mencionada carta (o, al menos, eso es que se percibe desde el exterior, si las palabras valen algo), tuvo en la durísima represión de retaguardia acaecida en Navarra y en territorios próximos. Lamento profundamente que aquellas personas no sepan aquilatar la trascendencia del hecho de la recuperación de un texto que no sólo expresa intenciones, sino que, además, anticipa realidades. Sin duda, todo ello es responsabilidad también de los demás: por muchas razones que sería prolijo comentar, la memoria histórica de la violencia política desarrollada en nuestra tierra durante la guerra civil se ha limitado exclusivamente a las víctimas y no ha profundizado en el tema de los verdugos, lo que se ha revelado como un grave error porque no ha hecho más que acrecentar el sentimiento de impunidad y el impulso a la manipulación histórica de los herederos biológicos o ideológicos de aquellos matarifes. 

Puestos a reconvenir, y ya que se sienten tan concernidos por algo que a priori no tenía por qué concernirles, hablen, hablen de Benito Santesteban, killer de la Junta Carlista Central de Guerra de Navarra; de su tío José Martínez Berasáin, presidente de facto de aquel órgano, y de su libreta; de Luis Martínez Erro, primo del primero e hijo del segundo, mecanógrafo de las instrucciones reservadas de Mola y escolta de éste; hablen de los expurgos en la documentación de aquella Junta; hablen de los registros de presos y de la documentación de la cárcel de Escolapios, el centro de detención de los requetés; hablen del Tercio Móvil y si hay documentación propia del mismo y acerca de sus salidas; hablen de los componentes de las juntas locales de guerra y si se conservan documentos sobre ellas y sobre todos aquellos que en los primeros meses de guerra se quedaron en los pueblos para reprimir; etc. Y ya que lo citan, hablen de dónde podría estar el listado de los fusilados en Bera (que sus familiares tienen todo el derecho a saber donde fueron enterrados, que los familiares de los enterrados en Polloe ya lo pudieron saber).

Y háganlo, en el caso de que sean capaces de hacerlo, solamente por humanidad para con los ejecutados, por solidaridad con aquellos voluntarios carlistas que de buena fe marcharon al frente y no se enfangaron en cometer actos indignos y para enseñar a las nuevas generaciones la regla de oro de la convivencia política: el rechazo al ejercicio de la violencia para perseguir objetivos políticos.

SUÁREZ, DEL BURGO Y LA HUELLA DE YANGUAS Y MIRANDA.

Con ocasión del reciente fallecimiento de Adolfo Suárez nos ha venido a la memoria un artículo clásico de Enzensberger, de 1989 nada menos, en el que englobaba su figura como uno de los ejemplos arquetípicos de lo que el denominaba “los héroes de la retirada”. Desde su punto de vista, Suárez, al igual que personalidades como Jaruzelski o Gorbachov, encarnaría a aquellos líderes “que no representan el triunfo, la conquista, la victoria, sino la renuncia, la demolición, el desmontaje” de posiciones insostenibles. En sus palabras, “Suárez fue participante y beneficiario del régimen de Franco; si no hubiera pertenecido al círculo más íntimo del poder no habría estado en disposición de abolir la dictadura. Al mismo tiempo, su pasado le aseguró la desconfianza insuperable de todos los demócratas. De hecho, España no le ha perdonado hasta el presente. A los ojos de sus antiguos camaradas, él fue un traidor; a los ojos de aquellos para quienes había abierto el camino, fue un oportunista. Desde que se retiró como típica figura de la transición [recordemos que Enzensberger escribió aquel texto en 1989] no ha vuelto a pisar terreno firme. El papel que él representa en el actual sistema de partidos ha quedado más bien oscuro. Una cosa, y solamente una, tiene garantizada el héroe de la retirada: la ingratitud de la patria”.

Con todo, la muerte de Suárez ha servido durante los últimos días para reescribir en positivo una Transición cada vez más cuestionada desde todos los órdenes: desde el territorial (con unas reivindicaciones secesionistas catalanas que nos recuerdan que Cataluña ha sido siempre históricamente el primer problema en relación con la cuestión de la conformación del Estado español, empequeñeciendo la envergadura de las reivindicaciones vascas dada la enorme pluralidad vasconavarra) hasta el socioeconómico (veáse la multitudinaria protesta social del sábado en Madrid) pasando por el institucional (a causa del descrédito de la monarquía y de los partidos políticos mayoritarios). 

En nuestro caso la desaparición del expresidente nos ha hecho recordar un aspecto capital que suele pasar al olvido cuando pensamos en la Transición navarra: el diseño de quién debía protagonizar la negociación con el Estado de cara al Amejoramiento del Fuero. Ese diseño respondió a las estrategias planteadas por Jaime Ignacio del Burgo, quien habría contado con el apoyo de los ministros Clavero Arévalo y Martín Villa y con el del presidente Suárez. 

Ya a finales de 1977 se abortó la posibilidad, implícita en el acuerdo del ministro Clavero con la Asamblea de Parlamentarios Vascos de 11 de noviembre de 1977, de que Navarra se incorporara al Consejo General Vasco a través del órgano foral competente, y transitoriamente a través de sus parlamentarios (lo que garantizaba que no tuviera lugar, por la mayoría contraria de los representantes de la UCD navarra). Tras entrevistarse los diputados y senadores de UCD de Navarra en Madrid con Clavero y con Suárez, argumentando que las negociaciones las debía llevar la Diputación, el 25 de noviembre se constituyó el Consejo Parlamentario de Navarra con los nueve parlamentarios elegidos en junio. Este órgano consiguió paralizar aquel acuerdo mediante la introducción, a instancias de UCD, de una claúsula en el proyecto de Decreto-Ley, finalmente publicado el 4 de enero, que facultaba al Gobierno de acuerdo con la Diputación para la determinación del órgano foral competente que debía decidir sobre la posible incorporación, siendo necesaria la ratificación de esa decisión por el pueblo navarro mediante referéndum. Todo ello ha sido recientemente recordado por el propio Jaime Ignacio del Burgo.

En el debate constitucional, aunque las tesis de la UCD de Navarra no consiguieron prosperar del todo en lo que se refiere a la Disposición Transitoria Cuarta ni en lo que respecta a la Disposición Adicional Primera (ésta última producto de una enmienda del PNV), triunfaron absolutamente en relación con la disposición derogatoria. Planteada dicha disposición en el Pleno del Congreso, del Burgo consiguió evitar el planteamiento del PNV que extendía la derogación de la ley de agosto de 1839 también a Navarra (y que llegó a reflejarse en una primera versión a la misma), en cuanto que dicha ley había sido para Navarra la base de la solución de 1841 y en cuanto que ésta última debía ser fundamento, a su vez, del futuro Amejoramiento del Fuero. Con la no derogación de la ley de 1839 para Navarra se abría la posibilidad de la fórmula que desembocaría en 1983 en la LORAFNA. 

Cerrado lo anterior, el fleco pendiente era la determinación de quién debía protagonizar el proceso negociador con el Estado y cuáles debían ser las fórmulas para la elección del Parlamento Foral y la Diputación en 1979. Las bases aprobadas por la Diputación, elegida en las postrimerías del franquismo, el 13 de junio de 1978 para la democratización de las instituciones forales y amejoramiento del Fuero, que habían sido elaboradas por una comisión de técnicos foralistas, muy alejadas de las posturas de UCD, PSOE y de los demás partidos, y que defendían un Consejo Foral supeditado a la Diputación y de composición muy compleja y estrambótica, fueron rechazadas por el ministro Martín Villa. 

Finalmente, el Decreto-Ley 121/1979 de 26 de enero sobre elecciones locales y ordenación de las instituciones forales de Navarra (que en sus líneas generales se conocía desde octubre por filtraciones a la prensa y cuyo proyecto fue presentado por Martín Villa el 22 de noviembre) atendía a los intereses ucedistas. Se conformaba un sistema de elección de la Diputación y del Parlamento con las merindades como circunscripción electoral, siendo diputados el primero o los primeros (en el caso de Tudela y Pamplona) que mayor número de votos alcanzaran en cada merindad. Mediante dicho sistema UCD planeaba asumir la mayoría absoluta de los siete componentes de la Diputación. Dicho pronóstico se cumplió, aunque menos holgadamente de lo inicialmente calculado, puesto que para UCD fueron sólo cuatro de los siete diputados y no los cinco o seis previstos de antemano. Sea como sea, UCD consiguió con 20 sobre 70 escaños en el Parlamento Foral tener el 57,1 por ciento de los puestos de la Corporación Foral. Además, no menos importante, se establecía la primacía de la Diputación sobre el órgano parlamentario al no ser aquélla elegida por éste. Por tanto, las tesis de la Corporación Foral como custodio inviolable de la soberanía navarra se imponían a las tesis de la democracia moderna según las cuales la soberanía popular reside en los órganos parlamentarios representativos. Con todas esas circunstancias, a pesar de las interferencias provocadas por el asunto FASA, que del Burgo pudo sortear por sus contactos personales con la UCD de Madrid, UCD pudo pilotar con total autoridad la vía navarra hacia la autonomía, siguiendo la prefijada hoja de ruta delburguiana, tal y como se explicó en otra entrada de este blog. 

No queremos dejar de reseñar que todo lo anterior contenía ciertos resabios del pasado. En el proceso que llevó a Navarra de ser reino a provincia en 1839-1841, los pasos a seguir también fueron dictados por Madrid según la partitura redactada por un navarro, en este caso el tudelano Yanguas y Miranda. La clave fue el Real Decreto promulgado el 16 de noviembre de 1839 para que pudiera “tener efecto lo dispuesto” en el artículo segundo de la Ley de 25 de octubre, esto es, para que se pudiera llevar a cabo el trámite de audiencia de Navarra y Vascongadas necesario para la elaboración de las propuestas de modificación de los fueros que el Gobierno debía presentar a las Cortes para cada territorio. 

Mediante ese Real Decreto se comenzaban a bifurcar los caminos de Navarra y de las provincias hermanas. Mientras, por el artículo primero, en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya se resucitaba el sistema foral tradicional, ordenándose que se constituyeran sus respectivas Juntas Generales para elegir a sus Diputaciones, en lo que respecta a Navarra, según el artículo cuarto, se establecía que la Diputación, ya no del Reino, debía ser nombrada según los parámetros constitucional fijados para la elección de las diputaciones provinciales. Se consumaba, por consiguiente, la eliminación de las Cortes que eran, según la constitución histórica de Navarra, las que designaban a los miembros de la Diputación del Reino, obviándose, además, la razón de ser primigenia de ésta, que era la de ser la representación permanente de aquéllas. Por el mismo artículo cuarto se conservaban, no obstante, algunos aspectos formales y competenciales de las pautas constitucionales propias relativas a la Diputación: ésta estaría formada por “siete individuos como antes constaba la diputación del reino, nombrando un diputado cada merindad, los dos restantes las de mayor población”. En cuanto a las competencias de la misma, eran menores que las de la Diputación del Reino: aunque se reconocían las de ésta en aquélla, se supeditaban a “las que siendo compatibles con ellas señala la ley general a las diputaciones provinciales”, sumándose “las de administración y gobierno interior que competían al Consejo de Navarra”, todo ello, claro está, “sin perjuicio de la unidad constitucional”. 

Por otra parte, según el artículo séptimo se determinaba, en conformidad con todo lo anterior, una clara diferenciación entre los protagonistas de la interlocución con el gobierno de Madrid: en Vascongadas serían las Juntas Generales las que nombrarían los “dos o más individuos que unos a otros se sustituyan” para conferenciar con aquél; en cambio, en Navarra los designaría “la nueva diputación”, convirtiéndose ésta en el árbitro del proceso para dicho territorio. Las disimilitudes en el apartado de nombramiento de delegados, así como por defecto en todo lo que tuviera que ver con la concreción de contenidos a negociar y con la gestión de los tiempos de la negociación, eran palpables. En Vascongadas esos aspectos cruciales se debatirían en un foro asambleario con representantes municipales de extracción social variada. En Navarra todo ello sería dirimido por un órgano de siete miembros elegidos por un sufragio fuertemente censitario en un escenario político en el que los diputados elegibles pertenecerían bien al liberalismo moderado, bien al progresista, permaneciendo fuera de juego, por proscripción política tácita, otros posibles candidatos adscritos al carlismo, el predominante entre la opinión pública navarra. 

Por consiguiente, dicho real decreto corroboraba las tesis de Yanguas, seguidas por varios intervinientes en las Cortes españolas en el debate sobre la ley de 25 de octubre de 1839, de que el procedimiento de modificación foral en Navarra debía hacerse mediante un método diferente al vascongado por cuanto se subrayaba la imposibilidad de convocatoria de las Cortes navarras. Así, se conformaba una Diputación que respondía, a pesar de diversos arreglos cosméticos, más al carácter y naturaleza de las diputaciones provinciales que a la extinta, e imposible también de resucitar, Diputación del Reino cuya misión esencial era, recordémoslo, velar por el cumplimiento de los cánones constitucionales propios del reino, tal y como había intentado hacer a lo largo de toda su historia. Y, paralelamente, se facilitaba el futuro desenlace al quedar configurada la parte negociadora navarra como amigable respecto de Madrid, carente absolutamente de los perfiles reivindicativos de los fueristas vascongados que se negarán a entablar negociaciones. 

En 1839-1841 una Diputación dispuesta por Madrid, y amoldada a la estrategia de Yanguas y a los intereses de los grupos sociales que el tudelano representaba, desplazaba a unas Cortes navarras consideradas como un nudo gordiano. Nadie, a excepción de Sagaseta de Ilurdoz, haría comentario alguno sobre la hipotética reforma del legislativo navarro y sobre la usurpación del papel de éste que entrañaba el protagonismo negociador otorgado a la nueva Diputación de cara a la configuración de aquel nuevo marco políticoinstitucional. En 1979-1983 las directrices de la UCD estatal y de la UCD navarra decidirían sobre quién iba a ser el agente primordial en las negociaciones para el nuevo marco de autogobierno, imponiéndose a todas las corrientes democráticas que en la época en el mundo occidental reservaban tal cometido a los órganos parlamentarios. Ciento cuarenta años después se adoptaban los mismos principios tendentes a concentrar el poder decisional en el menor número de personas y a anular o disminuir las posibles interferencias de los foros parlamentarios autóctonos.

LA ESTRATEGIA DE DOBLE ELIMINACIÓN DEL PSN/PSOE.

En nuestra última entrada, publicada pocas horas antes de que Ferraz prohibiera al PSN seguir adelante con la moción de censura, vaticinamos lo que iba a suceder, basándonos en los pronunciamientos del principal periódico estatal de centro-izquierda y en la resolución relativa al mantenimiento del status políticoinstitucional de Navarra aprobada en el último Debate de la Nación, redactada en conformidad con los tonos apocalípticos enunciados por el diputado de UPN en el Congreso, que presentaban a nuestra comunidad como rompeolas frente al riesgo de disgregación del Estado español. 

Los comentarios posteriores surgidos al hilo de la decisión de la dirección federal del PSOE han subrayado las negativas consecuencias de la misma para el PSN en el escenario político navarro en el futuro, así como su actitud servil en relación con la actitud chantajista de UPN, su supeditación a la razón de Estado y su obediencia a decisiones tomadas fuera de nuestro territorio, obviando la voluntad y los intereses de la ciudadanía navarra y de los propios votantes socialistas en Navarra. Esas consideraciones son pertinentes y personalmente las compartimos. Ahora bien, ¿son las únicas reflexiones que deben hacerse?.

Partamos de un hecho. El axioma fundamental de la teoría de juegos es el que en sus decisiones los agentes actúan considerando también a los demás actores, barajando las reacciones que las decisiones propias van a suscitar en las decisiones de los demás. Y como es obvio, se trata de fortalecer las expectativas propias y las de los aliados más afines y de debilitar a los contemplados como adversarios y contrincantes más peligrosos. Pues bien, la experiencia de los últimos veinte años prueba que el PSN/PSOE ha optado por una estrategia de doble eliminación: tras automutilar sus posibilidades de gobernar en solitario o en situación de franca preponderancia política por los costes de la corrupción de la era Urralburu, ha desechado la vía de gobernar en gobiernos tripartitos con formaciones nacionalistas vascas y con Izquierda Unida. Además, su decisión conlleva costes y perjuicios para la existencia misma de los partidos y formaciones con los que podía coaligarse, de forma que el beneficiado absoluto de su política ha sido UPN que pudo gobernar entre 1996 y 2011 en solitario con el apoyo externo socialista o en gobiernos de coalición absolutamente asimétrica con el CDN. 

El PSN/PSOE ha jugado el papel de árbitro en cuanto a la posibilidad de impulsar el cambio político en el escenario político navarro, pudiendo haber desalojado del poder a UPN por medio de la formación de gobiernos de coalición, en tres ocasiones en los últimos veinte años: en 1995-1996, en 2007 y en 2014. En las tres ocasiones los socialistas navarros han obedecido las directrices de la dirección federal en el sentido de ceder el gobierno de Navarra a UPN. Además, en las tres ocasiones las decisiones del PSN/PSOE han tenido consecuencias en los agentes políticos que podían coaligarse con dicho partido, consecuencias que (no nos equivoquemos, puesto que las decisiones en políticas se toman con la conciencia del posible desgaste que puedan entrañar en los demás) entrarían dentro de los cálculos de los propios estrategas socialistas. 

El fin en 1996 del gobierno tripartito constituído en 1995 por los socialistas, el CDN y Eusko Akartasuna, tuvo como principal damnificado al partido liderado por Juan Cruz Alli. Recordemos que, en su primera comparecencia electoral tras la ruptura con UPN, el CDN tuvo un arranque fulgurante y que, por su posición centrada y por su asunción de un nacionalismo navarro no soberanista, integrador e incluyente, podía haber desempeñado una función en el espectro político e ideológico de Navarra muy importante, como bisagra en más de una dirección y como renovador del navarrismo de centro-derecha o de derecha. 

Juan Cruz Alli en su libro La Cooperación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, San Sebastián, FEDHAV, 2004 (descargable en Internet) menciona múltiples pormenores acerca de las interioridades del final de aquella experiencia tripartita, posteriormente refrendados públicamente por Otano, el presidente de aquel gobierno. Asimismo, el firmante de estas líneas también pudo conocer, en conversación personal, una versión idéntica a la transmitida por Alli y por Otano de otro testigo de los hechos. 

Según cuenta Alli, en una reunión de finales de mayo de 1996 Miguel Sanz ofreció al PSN un acuerdo de estabilidad si se retiraba el apoyo al acuerdo de cooperación y a la previsión del Órgano Común con la CAV, lo que se acompañó de amenazas por parte de Rafael Gurrea que dijo que dicho acuerdo eran la gota que colmaba el vaso de lo que estaba UPN dispuesta a consentir. Con la publicación en primera página el 18 de junio de aquel año en Diario de Navarra de la noticia de que el presidente Otano era el titular de una cuenta en Suiza, cuenta de la que habían sido titulares anteriores Malón y Aragón, responsables del PSN, finalizaba una secuencia de rumores y de filtraciones informativas y judiciales iniciada semanas antes, tal y como admitieron con posterioridad Ollarra o Juan Ignacio del Burgo. A juicio de Federico Tajadura, Consejero de Presidencia de aquel gobierno tripartito, Otano y el PSN cometieron dos errores políticos graves al asumir el primero la titularidad de la cuenta y al aceptar la Secretaría General del partido, la candidatura a la presidencia, y la presidencia misma, sin depurar esa situación y las vinculaciones personales a esa situación. 

De cualquier forma, la tesis sobre un posible derribo controlado de aquel gobierno tripartito no es inverosímil: a la conducta entonces del sector del partido socialista menos proclive a la normalización de las relaciones con la CAV, se añade el comportamiento ulterior del PSN/PSOE: el nombramiento de una Comisión Gestora del partido, presidida por el catedrático de Derecho Constitucional de la UPNA Alberto Pérez Calvo, fue seguido del cese de los ataques de UPN y de Diario de Navarra a la corrupción socialista, así como de las acciones legales con las que UPN y PP amenazaron a los responsables de los anteriores gobiernos socialistas de Navarra. A cambio de ello el Gobierno de Navarra quedaba en manos de UPN y el PSN facilitaba la gobernabilidad con una oposición moderada y una actitud políticamente neutral, estado de cosas que perduró una buena serie de años. Después de todo aquello, el CDN bajó de 10 escaños en 1995 a 3 en 1999, a 4 en 2003 y a 2 en 2007. Su presencia como miembro minoritario en dos gobiernos de coalición con UPN (entre 2003 y 2007 y entre 2007 y 2009, rompiéndose el de esta última legislatura por discrepancias en relación con la Ley del Vascuence) fue el umbral del total desdibujamiento de la formación centrista. 

En el año 2007 el fracaso de las negociaciones entre el PSN/PSOE, Nafarroa Bai e Izquierda Unida de Navarra (de las que hizo un seguimiento ciertamente interesante el blog Nabarratik)  no sólo tuvo como telón de fondo el final de las conversaciones de Loiola en el otoño de 2006 y la persistencia de la acción criminal de ETA (que el 30 de diciembre de 2006 puso fin al alto el fuego permanente mantenido desde el 22 de marzo del mismo año con el atentado de la T4 de Madrid y a la que el 2 de julio de 2007, en pleno proceso negociador del gobierno de Navarra, las fuerzas de seguridad interceptaron un coche con más de 200 kilos de explosivos). También incidió la posibilidad de un inminente anuncio por parte del lehendakari Ibarretxe de una nueva hoja de ruta que incluía un proceso acordado con el Estado a refrendar con un referéndum vinculante y, en el caso de no llegarse a pacto alguno, una consulta no vinculante previa aprobación del Parlamento Vasco, lo que finalmente sería concretado en septiembre de aquel año. 

La cesión en 2007 del gobierno de Navarra a UPN, que se coaligaría con CDN, por orden de la dirección federal de Ferraz, desde luego, conllevó el desplome ulterior de los socialistas navarros que de los 61.000/64.000 votos y 11 escaños obtenidos en 1995, 1999 y 2003 y de los 73.000 y 12 escaños conseguidos en 2007 pasaban en 2011 a su suelo histórico: 51.000 votos y 9 escaños, con un retroceso muy severo en la conurbación pamplonesa que compromete seriamente el futuro de dicho partido allí donde el voto en Navarra tiene una mayor cualificación. 

Ahora bien, resulta excesivamente reduccionista afirmar que fue el PSN/PSOE el único afectado por el fracaso de aquel proceso negociador de 2007. Dicho desenlace también tuvo repercusiones en Nafarroa Bai, la coalición que integraba al PNV, EA, Aralar, Batzarre y a independientes y que fue capaz de emitir formulaciones novedosas y altamente renovadoras, sobre todo en el plano identitario y político institucional para la convocatoria electoral de 2007 (se puede ver aquella propuesta políticoinstitucional en Internet), hasta el punto de llegar a forzar a UPN en octubre de 2008 a romper su coalición con el PP, vigente desde 1991, por el afán de aquel partido a llegar a una entente estructural con el PSN, visto de que a su defensa de las singularidades navarras le surgía un competidor nabarrista. 

A los tres años de aquel fracaso, con los primeros pasos del proceso de normalización política, Nafarroa Bai sufrió una implosión. La primera salida de Batzarre en 2010 por entender que en la coalición primaban los criterios nacionalistas, y que se unió a IUN, fue seguida de la de EA al año siguiente por efecto de sus acuerdos con la izquierda abertzale. Al final de 2011 los restos de la coalición, mantenidos como Nafarroa Bai 2011 para las elecciones autonómicas con la suma de Aralaz, PNV e independientes, se descomponían al unirse para las elecciones generales el partido de Patxi Zabaleta a Bildu en la nueva coalición Amaiur y al integrar PNV y Zabaltzen, la asociación conformada por los independientes en septiembre de aquel año, una nueva entidad, Geroa Bai. 

Dicha implosión puede ser entendida como derivada, aparte de por las guerras intestinas producidas por cuestiones organizativas y de representación, de una confrontación de posiciones: tal y como expresaba Bixente Serrano Izko en un artículo, la de quienes piensan en la conveniencia de reunir a todos los nacionalistas en una opción política que dispute la hegemonía política a los demás agentes políticos y negocie con estos desde la defensa de su propio proyecto, y la de quienes apuestan por abrirse desde el nacionalismo a otros sectores mediante un proyecto que haga de la transversalidad su eje medular. Obviamente, la primera alternativa parte de las dudas que suscita el PSN como agente de cambio, quedando relegada la necesidad de entendimientos programáticos previos con dicha formación. En cuanto a la segunda fórmula, la operatividad de la vía trasversalista queda a expensas de la actitud que puedan mostrar los socialistas. No obstante, también hay que remarcar que, en la práctica, el discurso trasversalista, que ya quedó en sordina en la NaBai de 2007, todavía no ha sido difundido ni socializado ni siquiera por quienes lo reivindican más activamente, en cuanto que ese pensamiento se recoge en su acta fundacional: la asociación de independientes Zabaltzen. 

La negativa final del PSN/PSOE a presentar una moción de censura al gobierno de Yolanda Barcina condiciona altamente el futuro de aquel partido en Navarra. El comentarista político que desde El País apostó claramente por la solución finalmente concretada sigue aconsejando a los socialistas navarros que se encardinen a UPN de cara a los próximos años por la imposibilidad de pactar con Bildu por los razonamientos ya repetidos hasta la exasperación en las últimas semanas. No obstante, curiosamente, introduce una novedad. Según dicho autor, “tras el cese del terrorismo, una estrategia inteligente de los partidos moderados de Navarra debería impulsar políticas de cooperación con las instituciones vascas en materias culturales y otras como forma de favorecer la convivencia con el sector vasquista de la población sin ceder a las pretensiones del nacionalismo radical. Esa fue la posición del navarrismo moderado de fines de los setenta, que estuvo a punto de plasmarse en los noventa cuando un Gobierno presidido por el socialista Otano, con presencia de los foralistas moderados de Juan Cruz Alli y de los nacionalistas de EA, aprobó, al amparo del artículo 145-2 de la Constitución, un proyecto de Organo Permanente de Cooperación que decayó por la dimisión de Otano a cuenta de escándalos que afectaron a su partido por entonces”. Planteamiento que, desde luego, fue furibundamente rechazado a mediados de los noventa y que choca con las esencias ideológicas últimas de UPN y con los beneficios que depara a los simpatizantes de UPN y PSN y de los sindicatos estatalistas (por cierto, silencio ensordecedor el de UGT y el de CCOO a lo largo de todo este último mes) la política activa de exclusión de más de un tercio de la población. De cualquier forma, no hay que ser demasiado imaginativo como para pensar que si son altas las posibilidades de una grosse koalition entre el PP y el PSOE en el conjunto del Estado a partir de 2015, a poco que los números ayuden habrá con toda seguridad un equivalente foral capitaneado por UPN.

En cuanto a los demás agentes, los partidos de EH Bildu contemplarán con alborozo un reportaje reciente de El País en el que se plantea como cierta la posibilidad de un sorpasso por parte de los partidos nacionalistas, protagonizado sobre todo por aquella coalición, y que para nosotros tiene mucho de maniobra intoxicadora y de movilización del votante constitucionalista con carácter inmediato para no dar ni siquiera ocasión de que la opción vencedora en las elecciones europeas de mayo sea la que suman las dos izquierdas abertzales y EA. Para quienes encarnan el espíritu del nacionalismo y del vasquismo más templado y aperturista, los consejos de Aingeru Epaltza de abrirse incluso a sectores no considerados en absoluto como propios debería ser acompañado de todo un ejercicio de pedagogía y de socialización de mensajes hasta ahora sólo vagamente esbozado. De cualquier forma, el premio a tal perseverancia no sería ya la búsqueda de la aquiescencia socialista. Se debería reemplazar la estrategia de buscar y consolidar transversalidades con otras formaciones políticas que siempre van a defraudar expectativas por razones de orden superior a las que pueden caber en la cabeza de un ciudadano navarro, por la de buscar y consolidar transversalidades con los votantes, apelando directamente al electorado de centroizquierda con un mensaje social socialdemocrata inequívoco y con un mensaje nacionalista navarro basado en la convivencia identitaria. Quizás el esfuerzo valga la pena y haya un futuro que compense tanta decepción.

NUESTRO FUTURO EN OTROS FOROS.

El repaso al tratamiento que la prensa de Madrid ha realizado en los últimos días sobre la cuestión navarra no plantea grandes novedades sobre lo ya esperable. El pasado viernes 28 el diario El Pais aseguraba que el dictamen de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre supuestas prácticas corruptas e ilegales de la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, con el aval de la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, que reprobaba a ambas y les instaba a dimitir, no tiene suficiente fundamento jurídico para una moción de censura y que, de cualquier forma, “intentar llegar al poder desde posiciones minoritarias (9 de 50 escaños) forzando la dimisión de quien ganó las elecciones y formando coaliciones alternativas inverosímiles es un vicio muy arraigado; y casi siempre sale mal”.

Anteriormente, el día 19, otro editorial del mismo periódico había alertado al PSN contra la tentación de realizar acciones conjuntas del calibre de una moción de censura junto con Bildu porque, siendo “cierto que Bildu no puede ser excusa para permitir la corrupción”, “tampoco sería aceptable considerar que el objetivo de desplazar a Barcina justifique convalidar como un partido democrático más, con el que es legítimo alcanzar acuerdos de fondo, al de los herederos de Batasuna, que dista mucho de serlo”.

El miércoles 26 de febrero, Juan Mari Gastaca, Delegado del mismo periódico para el País Vasco, subrayaba la trascendencia del tema navarro: “Navarra, que no el proceso de paz, es un auténtico tema de Estado para Mariano Rajoy. Convencido de que ETA no volverá a pegar un tiro, ajeno al carrusel de visitadores internacionales a Euskadi y expectante tan solo ante la deriva de un desarme que acaba de empezar a trompicones, el presidente ha dejado expreso recado de que solo se ocupa de lo que le preocupa. Y la posibilidad electoral de que el centroderecha pierda el poder en la comunidad foral en favor del nacionalismo vasco sencillamente le aterra”. “Con la permanente herida abierta en Cataluña más allá de pronunciamientos rocosos del Congreso y el lehendakari Urkullu cada día más molesto por la displicencia de Moncloa hacia el proceso de paz, Rajoy nunca podría permitirse el triunfo nacionalista en Navarra. Y es a partir de la perentoria búsqueda de soluciones alternativas para contener esa bola de nieve que se desliza desde hace meses sin parar cuando el presidente invocará al PSOE en nombre del Estado. ¿Cuál será la respuesta?”. “Los socialistas, en clara línea descendente en Navarra, saben que se juegan su futuro para algo más que la próxima legislatura. Envalentonados sí para esgrimir una moción de censura contra Barcina, siguen sin ganarse, en cambio, la confianza sobre su última palabra. Son víctimas, sin duda, de su pasado cuando José Blanco impidió en 2007 un gobierno nacionalista y, por si fuera poco, Rubalcaba siente el mismo pánico que Rajoy por imaginarse a Bildu en el poder, justo al lado del País Vasco. Ahora bien, ¿y si la suma de UPN-PP y PSN ni siquiera fuera suficiente?”.

Fuera de esa sintonía se ha expresado, en cambio, Pablo Sebastián para quien Barcina debería dimitir por haber sido “cazada” la consejera Goicoechea “pidiendo favores a la inspección de Hacienda para los que fueron sus clientes cuando ella trabajaba en un despacho fiscal” y para quien la estrategia de la presidenta de sacar a relucir el fantasma de Bildu “es tan indecente como aquellas escandalosas dietas que ella misma cobró -aunque las haya devuelto- de la Caja de Navarra por solo asistir unos minutos a unos encuentros reiterados y sin contenido alguno”. El recurso al “aparente pacto del PSOE navarro con Bildu es un discurso tramposo”: a su juicio, “Barcina debió cesar sin la menor dilación a su consejera Goicoechea al conocer, por boca de la que fuera directora de la inspección de la Hacienda Foral, Idoia Nieves, lo ocurrido. Pero al no hacer y amparar a su colaboradora la presidenta Barcina ha entrado en complicidad y ello la obliga a dimitir, lo que debió de haber hecho hace tiempo con motivo de las dietas de miles de euros que cobró por más que luego se dijera que eso no era delito, pero sí una desvergüenza descomunal que desacredita a la tal Barcina para ocupar cualquier cargo público”.

De cualquier forma, la estrategia de UPN y de Barcina está volcada en la dirección que apuntaba Gastaca. En su comparecencia del mismo viernes Barcina apelaba la “inteligencia” de la dirección federal del PSOE, se negó a dimitir para no "seguir la hoja de ruta de Bildu", arremetió contra Roberto Jiménez y mencionó en varios veces la comisión de investigación como “comisión-trampa”, un recurso que fue acuñado por el PP de Aznaz y Mayor Oreja cuando la tregua de ETA de 1998 y que ha sido aplicada en múltiples ocasiones por dicho partido para descalificar las posiciones y planteamientos de los adversarios.

Un primer refrendo oficial de la estrategia de UPN y de Barcina tuvo lugar en el pasado debate de la nación. Entre las 22 resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados el 27 de febrero se encontraba una planteada por UPN y que recabó el apoyo del PP y de UpyD solamente. Dicha resolución habla de la “Necesidad de trabajar conjuntamente por la consecución del final del terrorismo” y confunde la lucha contra ETA, la presunta instrumentalización de la educación y la manipulación de la historia (por parte de los nacionalistas) con la hipotética posibilidad de alteración del marco político-institucional navarro que antecedería al rompimiento de España. Dicha resolución dice así: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y a las formaciones políticas democráticas a trabajar conjuntamente, desde la confianza, la responsabilidad y la lealtad, en la consecución del final del terrorismo y en la derrota política y social de la organización terrorista ETA en todos sus frentes, evitando la instrumentalización de la educación, la elaboración de un relato que justifique la actividad terrorista, la manipulación de la historia para justificar sus objetivos de construcción nacional y la modificación del estatus jurídico de Navarra como paso previo a la fractura de España”. Ecos salvíficos, como se ve, de Navarra como rompeolas de España que nos recuerdan a la Covadonga tantas veces cantada por la derechona navarrista en 1936.

De cualquier forma, dicha resolución era consecuencia de una intervención el día anterior del diputado Salvador de UPN de tintes apocalípticos contra la presión separatista. En el último año, “el desafío separatista” habría “intensificado su presión poniendo en cuestión nuestra unidad”, no pudiéndose “ocultar la gravedad del momento”. En su opinión, “algunos nacionalismos” estarían actuando “bordeando la legalidad, cuando no la violan abiertamente, utilizando todavía la misma odiosa presión que utilizaban las plataformas afines a ETA”. “La prueba es que en los lugares donde vencen los más radicales no solo su credo se convierte en una obligación, sino que se ha llegado a perder el significado mismo de la libertad hasta el punto de que son más queridos los verdugos que quienes garantizan su seguridad y la libertad de todos”. “Navarra, que también es una manera de hablar de la nación, del futuro de la nación” es “como una encrucijada en la que se libra una vez más el combate entre la libertad y el gulag que algunos quieren imponer a la medida de sus presuntos héroes, los Bolinaga, Inés del Río, etcétera”. En esta línea engarzaba la comisión de investigación con la estrategia secreta de Bildu, negando la existencia de corrupción en Navarra y aprovechando para afirmar la existencia de contactos entre el PSN y esa formación. La caída de Navarra en manos de la izquierda abertzale conllevaría el rompimiento de España. Por eso pedía al presidente Rajoy “compromiso con Navarra y con España” ante “el desafío separatista que se pretende abrir en Navarra de la mano de los que nunca quisieron ni la libertad ni la paz” y así evitar “sacrificar Navarra en el altar de los intereses de los nacionalistas”.

Por su parte, la respuesta de Rajoy a Salvador certificaba el pleno apoyo del gobierno central a UPN ya que recalcó lo siguiente: “estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho usted sobre la organización terrorista ETA, estoy de acuerdo en que en Navarra no ha habido corrupción, estoy de acuerdo en que hay quien quiere llegar al poder por cualquier procedimiento, estoy de acuerdo en trabajar por una Navarra foral y española, reafirmo el compromiso que usted me ha pedido con Navarra y su foralidad. Todo esto que digo me resulta muy fácil decirlo porque es verdad y porque lo siento”.

Por otra parte, una cuestión que no se ha comentado es que la resolución mencionada precedía a otra, la aprobada en décimo lugar, sobre “Constitución y modelo de Estado”, dirigida sobre todo a las peticiones que llegan desde Cataluña y en la que se subrayaba “que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”; se proclamaba “que, de acuerdo a esta realidad jurídica, legal y democrática, no puede una parte de la ciudadanía decidir lo que le corresponde al conjunto del pueblo español, ni una autoridad o poder público situarse por encima de la Ley”; y se recordaba “que, en virtud de todo ello, no caben aquellas iniciativas, planes y resoluciones tomadas en cualquier ámbito institucional que rebasen los principios de soberanía y legalidad, que han permitido la mejor experiencia de democracia y convivencia de nuestra historia”.

Por lo tanto, tras tratar de blindar el tema navarro por medio de declaraciones grandilocuentes que sólo buscan enturbiar el tema de fondo (un comunidad desgobernada con un gobierno en minoría incapaz de llegar a ningún acuerdo con ninguna otra fuerza política, a excepción del PP, y cuya gestión es percibida, con razón, como sospechosa por la mayor parte de los navarros), con el fin de hurtar la posibilidad a la ciudadanía navarra de expresarse en unas elecciones, se recalcaba al nacionalismo catalán la inviabilidad de sus demandas.

De cualquier forma, esa última resolución centrada en Cataluña iba en la línea de la moción aprobada por el Congreso el pasado 20 de febrero a partir una iniciativa de UpyD, enmendada por el PSOE, en la que se rechazaba el plan soberanista de los nacionalistas catalanes y se instaba al Gobierno a "seguir utilizando los instrumentos de la Constitución y del conjunto del ordenamiento jurídico para garantizar el cumplimiento de la legalidad". Aunque desde el PSOE se afirmó aquel mismo día que de ahora en adelante no iba a apoyar ninguna iniciativa no acordada con los demás grupos, era la segunda vez que UPyD, desde su exigua minoría, marcaba el paso a los partidos mayoritarios.

Esas resoluciones tomadas recientemente por el Pleno del Congreso en relación con Cataluña chocan con las posturas recientemente expresadas por expertos en materia autonómica, no precisamente proclives a las demandas del nacionalismo periférico, en relación con las demandas catalanas. En los últimos días hemos leído el libro de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna y Santiago Muñoz Machado, La organización territorial del Estado en España. Del fracaso de la I República a la crisis del Estado autonómico (1873-2013) (Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europa, 2013). Al final de la segunda parte del mismo, la firmada por Santiago Muñoz Machado con el epígrafe de “Crisis y reconstitución de la Estructura territorial del Estado”, acerca del tema catalán se abren las puertas a soluciones pactadas que no aparecían en la obra del mismo autor, editada a finales de 2012, Informe sobre España. Repensar el estado o destruirlo, de la que ya nos hicimos eco en este blog. Muñoz Machado, por un lado, llega a afirmar, a contracorriente de lo afirmado por el gobierno del Partido Popular, que “No es imposible, contando con autorización del gobierno del Estado, que pueda celebrarse un referéndum en Cataluña para que los ciudadanos respondan a una o varias preguntas pactadas, pero todo lo demás que se pretende en la versión independentista del <<derecho a decidir>> reclama inequívocamente una reforma constitucional”. A pesar de reconocer el interés desde el punto de vista político y jurídico de muchos de los argumentos esgrimidos por la parte catalana en el debate que suscita Cataluña (como “por ejemplo, el alcance del principio democrático y el derecho de participación popular, que se proponen como fundamento para desplazar las regulaciones <<formalistas>> de la Constitución; la autoatribución del poder constituyente por una parte del territorio de un Estado regido por instituciones democráticas; la reposición de la verdad histórica sobre las relaciones entre Cataluña, Aragón y Castilla; el apoyo que puede tener una reclamación de independencia en la legislación de las organizaciones internacionales o en la de la Unió Europea; los paralelismos con la declaración unilateral de Kosovo; la medida en que resulta invocable razonablemente, como con tanta frecuencia se invoca, la declaración del Tribunal Supremo de Canadá de 1998 sobre la independencia de Quebec; las similitudes con el referéndum de independencia escocés), Muñoz Machado insinúa sus preferencias por un arreglo pactado de índole bilateral acotado solamente a determinados extremos: “Es un debate intelectual al que merecerá la pena acudir, pero, desde el punto de vista del inmediato futuro de Cataluña y del Estado lo mejor, por el momento, es detenerse a considerar en qué medida las justas reclamaciones de aquel territorio periférico pueden ser atendidas, cambiando el sistema de financiación autonómica, respaldando el fortalecimiento de sus instituciones y reconfigurando en profundidad el modelo constitucional de sus instituciones actual para abrirlo a fórmulas más flexibles de relación en las que se haga más presente la cooperación y el pactismo. Esta última práctica, cuya reposición suele solicitarse, forma verdaderamente parte de la cultura histórica mediterránea”. 

Volviendo a Navarra, los antecedentes mediáticos y políticos expresados no hablan precisamente a favor de que la Dirección Federal del PSOE vaya a avalar la presentación del PSN de una moción de censura. Lo contrario sería una sorpresa.

LA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL DE UPN: LA OBEDIENCIA A MADRID Y LOS FAVORES A LAS ÉLITES EN LA SOMBRA.

La filtración de la carta de dimisión (¿accidental?, ¿interesada?) y las dos comparecencias de la exdirectora gerente de la Hacienda Foral, Idoia Nieves, la última ante una comisión parlamentaria de investigación cuyos resultados dictarán el futuro político de Navarra según remarcó el PSN, han desvelado una serie de cuestiones, hasta hora desconocidos del todo, a los ciudadanos navarros. A pesar de las alusiones a la enjundia de las injerencias de la Consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, de las que se podrán conocer más detalles las próximas jornadas, en esta entrada queremos centrarnos en dos cuestiones sobre las cuales creemos que no se ha puesto excesivo acento. Una se refiere a los efectos del sometimiento del gobierno de UPN a los dictados del gobierno de España. La otra, a la discriminación positiva que el mismo gobierno de UPN lleva a cabo en el terreno fiscal con determinados poderes en la sombra, llegando a consentir prácticas que durante muchos años han lindado con lo fraudulento hasta su legalización final hace poco más de dos años. 

Según se ha podidoconocer, la obsesión por cumplir a rajatabla con los criterios de déficit estipulados desde Madrid impulsaron al Gobierno de Navarra (desdeñando otras opciones, apunta Idoia Nieves) a tomar la decisión de retrasar las devoluciones del IVA a las empresas del ejercicio de 2012 a 2013, superando el plazo legal de devolución de seis meses. Todo ello, por la mecánica de los ajustes del Convenio Económico, terminó causando un agujero presupuestario de 251 millones en el ejercicio de 2013, al menos a fecha de septiembre. Obviamente, además de las arcas de la Hacienda navarra, las principales afectadas han sido las empresas del territorio, a las que, en serias dificultades por las dificultades de recabar créditos de las entidades bancarias por la sequía financiera de los últimos años, se les terminaba de ahogar. De hecho, incluso a Volkswagen Navarra se le retrasó el pago de 24,7 millones. De rebote, se abocaba a la propia ciudadanía a una espiral de recortes sin fin. Con los datos aportados por Nieves la opinión pública navarra termina por entender el estado del erario público y se confirmaban las sospechas surgidas de las contradictorias e incomprensibles explicaciones proporcionadas por la consejera de Economía y Hacienda, cuyos números no encajaban en ningún análisis. De cualquier forma, no hay que olvidar que la práctica de retrasar el pago de las devoluciones también se había hecho en los años anteriores, con el PSN en el gobierno de coalición, por ejemplo, aunque con un impacto notablemente menor. Asimismo, también hay que llamar la atención que todavía está la ciudadanía navarra a la espera de que se le ofrezca una explicación consistente, transparente e íntegra de los flujos económicos con el Estado durante los últimos años, algo que no tiene por qué rodearse de ningún halo de oscurantismo, sobre todo por las corrientes de fondo que circulan en la política española en relación con las aportaciones de los diversos territorios.

Acerca de dichos flujos, la mencionada exdirectora de la Hacienda foral ha remarcado las dudas que al equipo directivo de dicho Departamento le surgieron en una reunión celebrada hace mes y medio sobre la negociación del Convenio Económico. Nieves afirma que a los responsables de la Hacienda de Navarra les quedó patente que "no había ideas claras" sobre dicha cuestión, "ni estrategia sobre qué negociar y cómo negociar" con el Gobierno central. En torno a esa cuestión uno quisiera poner de relieve que los fallos y errores en los planteamientos negociadores pueden tener enormes consecuencias. Hasta que no se cierre el debate catalán (que no es más que la expresión más aguda del debate territorial y sobre la articulación del Estado a nivel general) sería imprudente acometer avances sustanciales. Asimismo, lo más juicioso sería ir de la mano en dicha cuestión con el Gobierno de la CAV y con las haciendas forales de dicha comunidad, asumiendo tácitamente la realidad contrastada históricamente desde hace más de tres décadas de que lo conseguido allí redunda finalmente en beneficio de Navarra.

La segunda cuestión en la que queremos centrarnos es la relativa al tratamiento fiscal de las matrículas gratuitas de los empleados de la Universidad de Navarra (en rigor, Universidad de la Iglesia en Navarra, vulgo Universidad del Opus Dei). De los datos aportados por Nieves se ha podido conocer que la consejera Goicoechea trató de entrometerse en la labor de la Hacienda Foral en relación con una actuación fiscal que afectaba a dicha universidad. 

Hemos podido conocer los pormenores del asunto gracias a una nota remitida a los medios informativos por el gerente de la Universidad de Navarra, Isidro Abad, el 21 de febrero y publicada por Navarra Confidencial. Según consta en dicha nota, la Universidad de Navarra concede matrículas gratuitas a los hijos de los empleados de la misma. “Se trata de una medida que se aplica por igual a todos: profesores, investigadores, directivos y otro personal de administración y servicios, con independencia de su sueldo o categoría profesional. Este modo de actuar incluye también a los hijos de trabajadores fallecidos o jubilados y se aplica a todos los descendientes, sea cual fuere su número”. La Universidad de Navarra “estima que la matrícula gratuita a los familiares de los empleados debe ser considerada beneficio social y no una retribución en especie” y argumenta que “este tipo de políticas no son excepcionales. Existen empresas e instituciones que ofrecen beneficios sociales equiparables a sus trabajadores, a través normalmente de descuentos en la compra de los bienes o servicios producidos”.

Esas afirmaciones requieren un mínimo contraste con la realidad. Es cierto que otras universidades, las universidades públicas, por ejemplo, conceden el beneficio de la matrícula gratuita a sus empleados, así como a sus cónyuges y a los hijos hasta una determinada edad como los 26 años. Así ocurre en universidad públicas vecinas como la de Zaragoza. Ahora bien, tal y como marca la normativa fiscal en el régimen común, “estas ayudas al estudio tienen la consideración de retribución en especie por la cuantía que en cada caso corresponda. Como consecuencia de ello, la base de cálculo de las retribuciones a efectos de IRPF se ve afectada y, por tanto, el porcentaje de retención, en su caso, igualmente afecta a la base de cotización mensual a la Seguridad Social hasta el tope máximo de cotización del grupo de tarifa para aquellos empleados afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, en cambio no afecta a los funcionarios de carrera que estén sujetos al Régimen de Clases Pasivas”.

De hecho, el texto consolidado de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, dice en su artículo 42. 2.g. Que “No tendrán la consideración de rendimientos del trabajo en especie” “la prestación del servicio de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado”, no incluyéndose, por tanto, bajo esa caracterización de quedar exceptuadas a las matrículas gratuitas en la enseñanza universitaria. 

Tampoco hay que olvidar que el Gobierno de España está combatiendo los excesos cometidos bajo la excusa de la exención fiscal de determinadas retribuciones en especie. El Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores que favorecen la contratación estable, obliga a las empresas a incluir la retribución en especie (aportaciones al plan de empleo, seguro médico, guardería, cheques comida, transporte del domicilio al trabajo…) en las bases de cotización.

De cualquier forma, volviendo a las matrículas gratuitas a los empleados de la Universidad de Navarra es preciso subrayar su significado económico a causa de varios factores. En primer lugar, por el número de los empleados: 4.286 sólo en el campus de Pamplona en 2008, a los que habría que añadir los jubilados y ya fallecidos de los que hablaba el gerente Abad. En segundo lugar, por el hecho de aplicarse “a todos los descendientes, sea cual fuere su número”, lo cual es especialmente significativo en grupos de población como el relacionado con la mencionada Universidad, de elevada fecundidad matrimonial en el caso de los individuos casados, por efecto del seguimiento de pautas reproductivas acordes con los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica. En tercer lugar, por el coste de las matrículas en la propia Universidad de Navarra: tal y como se puede ver, en la mayoría de los grados la matrícula está por encima de los 9.000 euros y, en muchos, de los 10.000, legándose en algunos a superar los 12.000. Ni que decir tiene que la exención fiscal de esas matrículas gratuitas suma un montante elevadísimo en total y supone para determinadas familias que se beneficien de ello un sobreingreso de muchos miles de euros, superior desde luego a los niveles de renta de una parte muy importante de la población navarra.

Y es que, de forma llamativa, según el apartado de “nota técnica” aportado por el mismo gerente de la Universidad de Navarra y que seguía a aquella nota informativa, hemos podido saber que, históricamente, la Hacienda de Navarra seguía el juego a las consideraciones que la mencionada Universidad hacía en su propio beneficio (y en el de sus empleados). 

Según se dice en dicha “nota técnica”, “la Comunidad Foral de Navarra, en aplicación de su potestad legislativa en materia fiscal, ha venido estableciendo qué son y cómo tributan las retribuciones en especie. Desde el inicio de la vigencia de estas normas el criterio de la Hacienda navarra sobre nuestro beneficio social ha sido el expuesto: consideraba la matrícula gratuita para los hijos de los trabajadores un beneficio social, por lo que estaba excluída de tributación”. “En 2012”, continúa el gerente Abad, “la ley navarra introduce una norma específica de valoración para aquellas empresas que conceden a sus trabajadores el disfrute gratuito o ventajoso de sus propios productos. El legislador navarro, para preservar el criterio hasta entonces vigente en Navarra sobre la educación gratuita, introduce una exclusión expresa de tributación sobre las empresas dedicadas a la educación Primaria, Secundaria y Superior, a las que mantiene excluídas de tributación por este concepto”. “Sin embargo, y ante nuestra sorpresa”,finalizaba Abad, “después de entrar en vigor esta ley en 2012, la Hacienda Navarra cambia el criterio histórico y decide inspeccionar a la Universidad de Navarra por este beneficio social por los cuatro ejercicios anteriores: 2011, 2010, 2009 y 2008. Esta inspección concluye con un acta sancionadora. La Universidad ha recurrido esta decisión de la Hacienda y ahora es el Tribunal Económico-Administrativo Foral el encargado de fijar el criterio. El caso está pendiente de resolución en estos momentos”.

Esas afirmaciones de dicha “nota técnica” precisan de comentario. La práctica de considerar las matrículas gratuitas de la mencionada Universidad como retribución en especie solamente se ajustó a derecho tras la publicación a finales de 2011 de la Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias (BON N.º 256 de 30 de diciembre de 2011; corr. err., BON 12/01/2012) en cuyo artículo primero se introducían diversas modificaciones en el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, entre ellos varios aspectos relativos a las retribuciones en especie. Así, se añadía una letra e) al artículo 15.2, por lo que no tienen la consideración de retribución en especie: “la prestación del servicio de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanza universitaria por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado”. Como puede verse, se extendía a la enseñanza universitaria lo aprobado en el 2006 para las comunidades de régimen fiscal común. 

Dicha Ley, que beneficiaba enormemente a la Universidad de Navarra, se aprobó con el apoyo de UPN y PSN (que fueron quienes presentaron el proyecto de ley, como miembros que eran de aqueL gobierno de coalición) y con el voto en contra de los demás partidos. De cualquier forma, si observamos los pormenores de su tramitación, hay que pensar que los demás partidos dieron su aquiescencia a dicha cuestión de la exención fiscal de las matrículas gratuitas de la citada universidad porque en el debate ningún grupo parlamentario presentó ninguna enmienda en relación con ese aspecto, tal y como se puede ver en el boletín correspondiente. Mostramos nuestra estupefacción por este gol por toda la escuadra a las formaciones de izquierda de la cámara navarra.

Ahora bien, si el tema sólo se blindó a partir de finales de 2011 para el IRPF de 2012, ¿que sucedía con anterioridad?. Que sin blindaje de ningún tipo la Hacienda Foral compartía, tal y como señalaba Abad, el criterio de la Universidad de Navarra de no considerar dichas matrículas gratuitas como retribución en especie. En un alarde de discrecionalidad partidaria, la Hacienda navarra eximía a determinados contribuyentes de unos sobreingresos cuantiosos, fortaleciendo el entramado de la mencionada institución universitaria y exceptuando de persecución fiscal una práctica que lindaba con el fraude al tratar desigualmente a los ciudadanos e implantar distorsiones en la fiscalidad directa. Por ello, la Hacienda, a la búsqueda del último euro con unas arcas forales vacías, habría abierto expediente a la Universidad de Navarra, un expediente relativo al periodo sobre el que podía actuar, posterior a 2008, y que culminó en una sanción, recurrida posteriormente por dicha institución. 

Volviendo a las declaraciones de Idoia Nieves, con motivo de ese expediente, la consejera Goicoechea habría mostrado en julio de 2012 en un bar de la calle San Ignacio su desacuerdo al respecto aludiendo a una modificación normativa que, sin embargo, al entender de los profesionales de la Hacienda Tributaria no podía ser de aplicación con carácter retroactivo. Nieves habría trasladado a la consejera que "ella carecía de competencia para determinar a quién se revisaba y a quién no" y la Hacienda Foral decidió que la actuación siguiese su curso. En septiembre de 2013 Goicoechea habría vuelto a intentar interceder a favor de la Universidad de Navarra. Después de que Nieves explicase a la consejera los criterios a los que obedecía la actuación con respecto a la Universidad de Navarra, Goicoechea respondió de la siguiente manera. "Buenas tardes Idoia, ¿Qué criterio de mercado se ha utilizado? ¿El del precio de la pública o de la privada? Me parece una faena para (espacio en blanco) y desde luego viendo la norma que se aprobó para el ejercicio 2012 me parece tremendo, yo creo que no es una buena política. Lo voy a comentar con la presidenta ya que se trata de un contribuyente muy importante para nuestra comunidad. Lourdes Goicoechea". Según la exdirectora, el siguiente paso de Goicoechea fue llamar al superior jerárquico de la persona que había realizado la actuación. Finalmente, tras una reunión de la vicepresidenta con el administrador general de la Universidad de Navarra, la consejera llamó "encolerizada" a Nieves el 11 de septiembre de 2013 remarcando su malestar porque la actuación se hubiese producido "bajo su mandato". Esa llamada habría constituído "un último intento de que se cambiara el contenido de la actuación".

Sin embargo, son muchas las cuestiones que la ciudadanía navarra tendría derecho a conocer. ¿Cuando se implantó dicho “criterio histórico” de no considerar retribución en especie dichas matrículas gratuitas de los empleados de la Universidad de Navarra? ¿Cuál ha sido el montante global enmarcado dentro de dichas prácticas a lo largo de los años? ¿En qué medida supone dicha doctrina de facto un tratamiento discrecionalmente favorecedor para determinadas personas? ¿Qué transferencia de rentas presupone y quiénes han sido los sectores de población y organismos perjudicados? Y muchas otras que, por razones de espacio, no vamos a mencionar. 

Y es que la utilización del autogobierno fiscal y económico para los intereses de determinados grupos de población en perjuicio de la mayoría, acompañándose además de opacidades y oscurantismos, es lo que más puede dañar la defensa del régimen fiscal concertado en un contexto en el que desde el exterior se nos examina con mirada escrutadora.

LA PROPUESTA CONFEDERALISTA PLANTEADA DESDE NAVARRA EN 1838.

Con ocasión de celebrarse hoy la festividad conmemorativa de la Constitución traemos a colación una propuesta confederalista planteada desde Navarra en 1838, más de un año antes del abrazo de Bergara y de la aprobación de la ley de 25 de octubre de 1839 al que aquel convenio daría lugar y del que se derivaría ulteriormente la ley de 16 de agosto de 1841 por la que Navarra pasaba definitivamente de ser un reino con instituciones propias insertado en la monarquía española a convertirse en una provincia del Estado liberal dotada con una limitada autonomía administrativa y fiscal.

Con la publicación de esta entrada queremos rescatar del olvido una proposición que trataba de conjugar el respeto a la Constitución Histórica de Navarra con el encaje en el nuevo Estado liberal español. Mal que le pese al pactismo menor cuarentayunista, doctrina política e historiográfica que presenta la ley de 16 de agosto de 1841 (denominada como paccionada por los defensores de aquélla) como la única posibilidad susceptible de ser debatida en aquel momento, la realidad es que el análisis de textos de aquellos años, así como las menciones implícitas en el mismo debate de la ley de octubre de 1839, apoyan la creencia de que la cuestión navarra, y vasca en general, estuvo más abierta de lo que haya podido parecer, tal y como indicamos en un artículo disponible en Internet en la página web de la Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia (FEDHAV) y publicado en la revista Iura Vasconiae de dicha institución. 

Por otra parte, el documento que rescatamos sirve también para recordar que Navarra, en virtud de su categoría de Reino, jurídicamente en pie de igualdad con el Reino de Castilla, era el único territorio del que podían surgir propuestas similares. De hecho, en una entrada anterior ya apuntamos que desde Navarra se apuntó, tanto en relación con la Constitución de Bayona de 1808 como en relación con la Constitución de Cádiz de 1812, la necesidad, en consonancia con los parámetros constitucionales propios, de validar la recepción de dichas innovaciones constitucionales mediante la convocatoria de las Cortes navarras. De cualquier forma, la primacía navarra, en virtud de aquel status, en la contestación a los aires centralistas no se limitaba a los devenidos con el naciente constitucionalismo liberal español. Con anterioridad, ya había dejado huella al replicar los intentos de limitación del autogobierno a través de la teoría tardoabsolutista de la segunda mitad del siglo XVIII que insistía en la superioridad de la constitución histórica castellana. 

Es una auténtica lástima que el ya mencionado pactismo menor cuarentayunista en su obsesión por realzar la ley de 1841 y presentarla como el eje articulador de la inserción de Navarra en el Estado se haya olvidado, de forma claramente intencionada, de todos los intentos, empeños y formulaciones del periodo 1770-1843 en pro del mantenimiento del orden políticoinstitucional propio en toda su dimensión. Esa dejadez, así como los fuertes tintes de defensa de la unidad española de los que el referido pactismo menor ha hecho gala en numerosos momentos de la historia, ha provocado que Navarra aparezca en una posición secundaria desde hace muchísimas décadas en el ranking de los territorios en función de su actitud reclamatoria en la dialéctica centro/periferia.

La propuesta a la que aludimos se denomina Bases bajo las cuales Navarra y las provincias Vascongadas seguirán adheridas a la monarquía de Carlos 5º. Aunque su título remite también a los tres territorios de Vascongadas, el hecho de que casi todo el articulado se refiera únicamente a Navarra hace que pueda plantearse como una propuesta hecha esencialmente desde nuestro territorio. 

Se publicó inicialmente en el Boletín Oficial de Pamplona el 27 de mayo de 1838. Por publicarse en las mismas fechas en que se desarrollaba la Bandera de Paz y Fueros de Muñagorri, puede interpretarse dicho documento como una respuesta al proyecto del escribano de Berástegi. También hay que subrayar que el documento, a pesar de haber surgido desde el bando carlista, no tiene visos de haber tenido carácter oficial. En el mismo Boletín Oficial de Pamplona que lo dió a publicar se menciona como presentación del documento que “El siguiente papel, que acabamos de recibir por un conducto respetable, manifiesta que entre los navarros y provincias de la facción existen excisiones de gravedad y proyectos que indican sus temores de ser subyugados de nuevo por el capricho de los mandarines castellanos, en el caso de llegar a colocarse el pretendiente en el trono; y que tratan de curarse en sana salud para no ser el juguete y el escarnio de la Corte de los reyes absolutos”. Por ello, puede pensarse que respondió a la iniciativa de alguna personalidad del bando carlista experta en temas políticoinstitucionales que trató de contrarrestar los efectos que podía tener la bandera de Muñagorri en aquel bando y en el mismo conjunto de la población. 

En la medida en que la propuesta se centra sobre todo, como veremos, en Navarra y en la medida en que sus contenidos son ciertamente coincidentes con una propuesta posterior suya que más adelante repasaremos, somos de la opinión que la autoría de la propuesta recae con toda seguridad en Angel Sagaseta de Ilurdoz, un síndico del reino que desde 1834 había sido obligado a dejar su cargo y que se encontraba transterrado en Valencia y que fue el miembro más relevante de los que componían o habían compuesto la sindicatura desde 1815. 

Por otra parte, no deja de ser chocante que la propuesta se publicara inicialmente en un medio liberal, tal y como lo era el Boletín Oficial de Pamplona, algo de lo que hasta ahora solamente se había hecho eco Idoia Estornés Zubizarreta ya que otros autores que se habían hecho eco de ella, reproduciéndola también (el primero de ellos, Rodrigo Rodriguez Garraza en 1968), no aportaban comentario alguno sobre su autoría o circunstancias. No hay que olvidar que la Diputación había restablecido la publicación a su cuenta del Boletín Oficial pamplonés el 13 de febrero de 1838, acordándose tres días más tarde aceptar la propuesta del impresor Ramón Domingo. 

A lo anterior hay que añadir que la extrañeza se agudiza si pensamos que en el Boletín de Navarra y Provincias Vascongadas, el Boletín Oficial carlista, no hay ninguna mención a la propuesta, máxime cuando por aquel entonces en respuesta al proyecto de Muñagarri diversos artículos publicados en el mismo los días 27 de abril, 4 y 8 de mayo y 1 de junio de 1838 rompían el silencio tradicional de dicho órgano oficial respecto a los fueros. 

Por otra parte, El Eco del Comercio, el periódico liberal progresista más importante de Madrid, recogió aquella propuesta en su número de 9 de junio de 1838 presentándolas como las “bases que deberían observarse en Navarra y las Provincias vascongadas si el rebelde Carlos dirigiese los destinos de la nación” que habían sido publicadas en el BOP. Aquel periódico no adjuntaba, a excepción de esa mención recogida en la presentación, ningún comentario. Por lo tanto, con su publicación en un medio madrileño dicha propuesta pudo ser conocida a nivel estatal.

Dicha propuesta de Bases se artícula en quince puntos que, fundamentándose en los fueros de Vascongadas y Navarra, proponen el mantenimiento de los mismos dando lugar a una relación de corte confederal entre aquellos territorios y el resto de España en el contexto de un Estado regido por el pretendiente carlista. Esos quince son los siguientes: “1. Navarra y las provincias Vascongadas formarán otras tantas repúblicas independientes, federativas de la monarquía española; 2. Cada una de las provincias de Alava y Guipúzcoa, y señorio de Vizcaya se gobernarán según sus antiguos fueros; 3. Navarra se gobernará también según sus fueros en el estado que tenían cuando se agregó a la corona de Castilla en el año 1512, con las modificaciones que exijan las circunstancias; 4. Se reformará la representación nacional en la forma que las Cortes acordaren, reunidas según el estado antiguo; pero a votación nominal y no por estamentos y a pluralidad absoluta de votos; 5. Habrá un Virrey que mandará las armas a nombre del Rey sin entrometerse absolutamente en los negocios civiles ni gubernativos. Sus atribuciones principales serán las de proteger el país y las autoridades cuando éstas lo exigieren para el cumplimiento de las leyes; 6. El Virrey será precisamente navarro nombrado por el Rey a propuesta de tres que le harán las Cortes; 7. A falta del Virrey no estando reunidas las Cortes, la Diputación del Reino nombrará interinamente al que haya de ejercer sus funciones entre los que fueron incluídos en la propuesta; 8. El Virrey será pagado por el Reino; las Cortes designarán su sueldo en cada Virreinato; 9. El Virrey dará la sanción de los proyectos de ley a nombre del Rey en la forma que las Cortes adoptaren; 10. Navarra mantendrá por sí las tropas de continuo servicio, cuyo número y organización serán objeto de una ley acordada en Cortes; 11. Las plazas fuertes serán guarnecidas por la Milicia Real, compuesta de naturales del país, mandada por gefes del mismo que nombrará el Rey a propuesta de las Cortes o su Diputación; 12. No podrán entrar españolas en Navarra sin que lo pidan o consientan expresamente las Cortes o su Diputación; 13. Los jueces de los tribunales superiores serán nombrados por el Rey, a su nombre administrarán la justicia, y podrán ser castellanos; pero sus funciones se limitarán a determinar pleitos y juzgar las causas criminales que fueren en apelación de los juzgados inferiores con arreglo a las leyes; 14. Los juzgados inferiores serán desempeñados por navarros nombrados por el Rey a propuesta de tres hecha por las Cortes o su Diputación, cuando no se hallaren reunidas; 15. Las Cortes acordarán los subsidios que hayan de darse a la España: los impuestos y contribuciones y todo lo concerniente al comercio interior y exterior, administración de justicia y gobierno político y económico de los pueblos y del Reino”.

Hay muchas cuestiones novedosas que se desprenden del documento. La primera, la de que, según el punto primero, cada uno de los cuatro territorios constituirían una república independiente federada a la Corona. 

La segunda, la de que, dejando de lado el punto segundo que se refiere a los tres territorios de Vascongadas, que se gobernarían según su régimen foral tradicional, las demás bases se refieren únicamente a Navarra, lo que hace pensar que su autor era navarro. Como se ve en los demás puntos, las preocupaciones del mismo giraban en torno a la posible actualización del marco políticoinstitucional navarro tradicional según un esquema confederal de unión con el Estado a través del monarca. En esta línea, se trata de salvar los obstáculos con los que se habían tropezado los representantes institucionales navarros en Bayona y en Cádiz y el nudo gordiano que había planteado Yanguas y Miranda (en el Análisis Histórico Crítico de los Fueros de Navarra de Yanguas y Miranda, publicado como folleto en 1838 en la imprenta pamplonesa de Francisco Erasun, y que también se difundió en el Boletín Oficial de Pamplona los días 15 19, 22, 26 y 29 de marzo, así como el 2 de abril de 1838 y en El Eco del Comercio los días 15, 16, 17 y 19 de marzo de 1839), mediante una fórmula muy diferente a la que postulaba el autor tudelano y que finalmente desembocaría en la solución cuarentayunista. 

La relación confederal posibilitaba el mantenimiento de todas las instituciones navarras, pero, además, se planteaba ahora su reforma, anunciada ésta última por la base tercera que abría la puerta a la modificación del marco políticoinstitucional navarro tal y como se había pactado en 1512 según lo exigieran las circunstancias. La primera modificación que se planteaba era la relativa a las Cortes: éstas debían acordar su reforma, reuniéndose unicameralmente y por estamentos como lo hacían tradicionalmente, pero realizándose las votaciones de forma muy diferente a como lo hacían hasta 1829, fechas de celebración de las últimas, ya que la votación sería “nominal y no por estamentos y a pluralidad absoluta de votos”. Esta forma de funcionamiento haría que ningún estamento tuviera capacidad de bloqueo, que el estamento clerical quedara en absoluta minoría y que el estamento noble y el de universidades pudieran conducir la reforma. 

Por otra parte, la mayor parte de los puntos restantes se fijan en la figura del virrey cuyas competencias serían exclusivamente militares y siendo de naturaleza navarra, elegido por el rey sobre una terna propuesta por las Cortes navarras. La navarrización de la figura del representante del virrey se acompañaba de la de las tropas que custodiarían las plazas fuertes del reino, no pudiendo entrar, además, tropas españolas en Navarra sin la autorización de las Cortes o de la Diputación. También se ponen límites al número y a las funciones de los jueces no navarros, limitados a los tribunales superiores. Por último, serían las Cortes navarras las que decidirían sobre la contribución a otorgar a la Corona, así como sobre todo lo relativo a la administración interior de Navarra.

Más de medio siglo antes del surgimiento del nacionalismo vasco, ya había, por lo tanto, autores que defendían propuestas cuyo fondo guarda profunda similitud con propuestas como la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi presentada por el Gobierno Vasco el 25 de octubre de 2003 y aprobada por el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004 para su envío al Congreso de los Diputados con 39 votos favor y 35 en contra y que, posteriormente, fue rechazado en ese último foro parlamentario el 1 de febrero de 2005 por 313 votos en contra (PSOE, PP, IU, CC y CHA), 29 a favor (PNV, ERC, CiU, EA, NaBai y BNG) y 2 abstenciones (ICV). Cuando el debate catalán sigue vivo y cuando se están dando los pasos para la creación de una ponencia parlamentaria que debata de forma consensuada un nuevo status político para Euskadi, resulta interesante, y hasta cierto punto frustrante, comprobar que Navarra, del todo ausente en el debate territorial actual, fue pionera en la cuestión del encaje en el Estado hace la friolera de 175 años.

ÚLTIMO ACTO DE REVISIÓN DE LA POLÍTICA DEL OLVIDO Y DE SUSPENSIÓN DE LA MEMORIA.

La cronología de la gestión, institucional y general, de la memoria histórica de la represión franquista durante la guerra civil y la posguerra desde la Transición a la actualidad diferencia varias fases. Se ha dicho que a un primer periodo, el de 1977 a 1981, conocido como de de “políticas del olvido”, siguió una segunda etapa, calificada como de “suspensión de la memoria”, entre 1982 y 1996. A partir de 1996 comenzaría una última fase, denominada como de “el resurgir de la memoria”.

A finales de los años setenta el desinterés de la mayor parte de las instituciones, así como del mundo académico, hacia las víctimas del franquismo, del que participaron la mayoría de los partidos políticos, encontró un contrapunto en numerosas iniciativas surgidas de la sociedad civil y alentadas por familiares y por sectores receptivos a sus reclamaciones que permitieron la recuperación de restos de asesinados tras la exhumación de fosas comunes.

Por el “pacto de silencio o de olvido” existente hasta mediados de los años noventa del siglo pasado, en aras del espíritu de la reconciliación, se adoptó una especie de convención de no agitar temas que pudieran suscitar divisiones en la opinión pública. A pesar de que el partido socialista dispuso del poder durante catorce años, con amplias mayorías parlamentarias en varias legislaturas), en ese lapso de tiempo no se impulsaron medidas en relación con las olvidadas víctimas franquistas. De esta forma, hay que recordar que el gobierno socialista se posicionó en 1986 a favor de no celebrar el cincuentenario de la guerra civil porque “una guerra civil no es un acontecimiento conmemorable”. Años más tarde, en 1994 el periodista Walter Bernecker comentaba que no se podía acusar al gobierno socialista de revanchista en cuanto que animó a pasar por encima del tema de las víctimas del bando republicano en la guerra civil con el propósito “de no contribuir a reabrir las heridas producidas por la guerra, confundiendo el <<revanchismo>> -que nadie propugna- con la ineludible necesidad de recomponer los trazos esenciales de la reciente historia por dolorosa que ésta sea” . Historiográficamente, eso entronca con el hecho de que el cincuentenario transcurrió dentro de un clima moral e intelectual en el que desde la comunidad académica se postuló que la guerra había que asumirla como “error colectivo y como expiación”, como el ejemplo contrapuesto a la presunta reconciliación posibilitada por la Transición a la democracia .

Por contra, desde mediados de los años noventa se entró en una fase bien diferente. Entonces, diversas asociaciones iniciaron sus campañas reivindicativas de la memoria antifranquista, actuando como lo que se viene en denominar emprendedores de la memoria. Esas asociaciones estarían impulsadas por la generación de los nietos, una generación que, al no vivir ni la guerra ni el franquismo no estaría hipotecado por sus recuerdos personales ni por los compromisos sociopolíticos de los años setenta y ochenta en relación con el pasado, llegando a ser crítica con la gestión de la memoria de la época de la Transición. Estarían imbuidas de la noción de deber de memoria para reivindicar a las víctimas de la represión, como un impulso moral y cívico solidario con los derrotados .

Se ha solido indicar que un primer punto de arranque para la dinamización de las actividades de esas asociaciones lo constituyó la decisión en el verano de 1995 del Ministerio de Defensa del último gobierno socialista de Felipe González de colaborar en la recuperación de los cadáveres de los soldados españoles que habían combatido en Rusia enrolados en la División Azul. Esa primera chispa fue posteriormente alimentada por la política de la memoria emprendida por los gobiernos del Partido Popular entre 1996 y 2004. A la celebración de conmemoraciones apoyadas de forma entusiasta por el gobierno español de entonces, centradas en personajes e hitos como los cien años de la muerte de Cánovas del Castillo, el centenario de 1898, el cuarto centenario del fallecimiento de Felipe II o el quinto centenario del nacimiento de Carlos V, se añadieron iniciativas que trataban de acomodar la enseñanza de la Historia a los intereses político-ideológicos del PP tales como el debate en el año 2000 sobre los libros de texto de la asignatura de aquella asignatura en la enseñanza secundaria, al que acompañó un nada neutral informe emitido por la Real Academia de la Historia. Asimismo, no hay que olvidar que entonces comenzó a extenderse un discurso revisionista en relación con la Segunda República y la Guerra Civil por parte de autores que, fuera de la historiografía académica y con puntos de vista más ligados al periodismo tendencioso (Federico Jiménez Losantos, Pío Moa, José María Marco, César Vidal), se ubicaban en ámbitos próximos al Partido Popular. Historiadores como Moradiellos, Reig Tapia o Viñas han incidido en la repetición de argumentarios franquistas de que hace gala esa publicística revisionista, así como en su desconocimiento de la historiografía crítica académica .

Al poco de su nacimiento a mediados de los noventa, el movimiento social en pro de la memoria histórica se convertirá en un fenómeno de dimensiones amplias que se introducirá en las agendas programáticas de los partidos de izquierda y del nacionalismo periférico. La reacción del Partido Popular será dar “apoyo al movimiento revisionista”, mostrando en su segunda legislatura “y ya con mayoría absoluta, unas facetas que muchos creían ya superadas”.

El primer debate público de una cierta intensidad en relación con las políticas de memoria vino precisamente en septiembre de 1999, momento éste en el que se debatió por primera vez en el Parlamento español una moción de condena del golpe de estado de 18 de julio de 1936 y del régimen de Franco. Posteriormente, el debate, además, se tornó cada vez más polarizado a causa de las iniciativas mantenidas por el PP en relación con la relectura del pasado por las que esa formación intentaba apropiarse totalitariamente de la democracia mediante la interpretación de ésta desde postulados neoconservadores y la sacralización de la Constitución, presentando, además, como víctimas del terrorismo, del todo equiparables a las asesinadas con posterioridad a 1977, a personas asesinadas en las postrimerías del franquismo de las que era más que conocida su fidelidad militante, homicida y torturadora hacia el régimen franquista.

A partir de entonces se sucederían numerosos debates en foros parlamentarios, algunos de los cuales darían lugar a pronunciamientos y normas jurídicas aprobadas conocidas por el gran público. Asimismo, se desarrollarían un gran número de actuaciones e iniciativas de las que no vamos a ocuparnos aquí por razones de espacio.

En Navarra también imperó la política del olvido hasta finales de los años noventa. Durante la primera legislatura, la que va de 1979 a 1983, solamente hubo dos debates en el pleno del Parlamento, en julio de 1980 y en octubre de 1981, ceñidos ambos a la cuestión del escudo y la bandera de Navarra y a la supresión en ambas de la laureada. Los debates preliminares registrados en la Comisión de Régimen Foral (en número de tres, en septiembre y octubre de 1979 y en junio de 1980, respecto al primero de aquellos dos debates plenarios; y otro en diciembre de 1980, respecto al segundo y último) se centraron también en dichos símbolos, si bien en el primero de todos las dos mociones presentadas respectivamente por el Partido Socialista y por Herri Batasuna abordaban, asimismo, la cuestión del callejero y de los monumentos a los caídos franquistas, aspectos que desaparecieron ulteriormente de la discusión. La supresión finalmente de la laureada se sustentaría en el apoyo de las fuerzas de izquierda frente a la oposición de UCD y UPN que obtendrían un premio de consolación con el apoyo socialista a su propuesta de proscripción de la ikurriña de los edificios públicos.

Entre 1983 y 1999 (que cubre las legislaturas de 1983-1987 y de 1987-1991 en las que Navarra fue gobernada por el PSN-PSOE, la legislaturas de 1991-1995 en la que Navarra fue gobernada por UPN y la legistura de 1995-1999 en la que un breve gobierno de coalición constituído por PSN, EA y CDN dio paso tras un periodo de un año a un nuevo gobierno monocolor de UPN con el apoyo externo del PSN por no considerar posible este partido seguir en el gobierno tras destaparse el escándalo Urralburu) la cuestión de la memoria histórica solamente se debatiría en una ocasión en el Parlamento de Navarra. En diciembre de 1992 se discutió una moción de Izquierda Unida en la que se pedía instar al Gobierno de Navarra a la eliminación de los símbolos fascistas del espacio público. La iniciativa sería rechazada por la tajante oposición de UPN y PSN, que entonces se posicionó tenaz y agresivamente con la derecha navarra, recabando solamente apoyos de los partidos nacionalistas.

En su defensa de la moción el parlamentario Taberna Monzón, de IU, negó de principio que la moción tuviera carácter anacrónico, afirmando que tenía “una vigencia política importante y fundamentalmente por la reticencia de determinados grupos políticos a que se normalice, por lo menos en los simbólico, la transición democrática, que va siendo larga”. Taberna comentó las dificultades que tuvo que superar la moción para ser presentada debido a que UPN , aprovechando la ausencia de un miembro de la Mesa, no la admitió a trámite y hubo que presentar un recurso. Asimismo, citó que en Corella, “la patria chica del vicepresidente” [Miguel Sanz], había fracasado una moción del PSOE; que en Marcilla, municipio gobernado por los socialistas, seguían habiendo calles con el nombre de Francisco Franco o General Mola; y que en Pamplona existían una serie de símbolos como “el monumento a los caídos con la frase de la cruzada” y la laureada en diversos edificios públicos como el de la Caja de Ahorros de Navarra y el Instituto de la Plaza de la Cruz. Todo ello, calificado como “lacerante desde el punto de la vista de la tolerancia”, servía a Taberna para concluir que no había “habido en lo simbólico una transición democrática deseable dentro de Navarra”. También adujo que “si para algunos tiene una fuerza importante el hecho de que el escudo de Navarra esté dentro del de la Comunidad Autónoma Vasca, también para nuestro grupo que exista la laureada, determinadas calles o símbolos que denotan toda la parafernalia y toda la propaganda fascista de su época”. Por último, pedía que se cumpliera en ese aspecto la Ley de Símbolos de 1986 por cuanto ésta establecía “cuáles son los símbolos de Navarra y donde deben estar en los sitios públicos y visibles”.

Los grupos parlamentarios de HB y de EA se manifestaron a favor de la moción. Araiz Flamarique por el primero señaló que “sin ningún ánimo de revanchismo” había que “recuperar la memoria histórica de quienes fueron vilmente asesinados y tirados en las cunetas de nuestras calles y carreteras”, tal y como se había planteado “en muchas entidades locales cuando se habla de este tema”. Indicó que en la anterior legislatura se habían presentado unas 150 mociones en el Ayuntamiento de Pamplona sobre el tema de los símbolos y que muchas habían contado con el apoyo del PSOE. Por el segundo grupo, Cabasés Hita dijo que el apoyo de su grupo era para “contribuir a la extensión y al mantenimiento de los principios democráticos” y que, aunque se habían realizado algunas acciones a partir de la Ley de Símbolos de 1986, había que “completar la tarea para que nadie pueda acusar de dejación” al Parlamento.

En contra se posicionaron los portavoces de UPN, Rafael Gurrea Induráin, y del PSOE, Aladino Colín. El primero tachó de falsedad la afirmación de Taberna acerca de la inexistencia de transición en España en cuanto que aquí se habría “producido una transición ejemplar como en ningún otro país que haya tenido un gobierno autocrático en los últimos años en la historia europea”. Calificó de regresión en el tiempo la semántica utilizada en la moción en cuanto que le recordaba a la que se utilizaba “en este Parlamento hace doce o trece años” y razonó la existencia de la moción como “parte del ritual de un grupo radical en este tipo de cuestiones, que cumple con la misión de excitar a la sociedad en un tema que, afortunadamente, está olvidado, y no pertenece al primer plano de las preocupaciones de los ciudadanos”. También negó el carácter fascista de la laureada que según él sería “una medalla al más alto mérito militar” y “anterior al franquismo y ajena al fascismo”. Realizó un digresión afirmando que él pensaba que Taberna se habría referido a otros símbolos que se podían ver en la paredes de Pamplona “que no tienen nada que ver con Mussolini, uno de los apuntadores del fascismo, pero que representan a organizaciones que yo tengo por fascistas”. Y al respecto añadió “Pero es muy probable que ustedes no se refieran a ellos porque no lo citan aquí”. Aunque indicó que él no se había dado cuenta de la existencia de la laureada en el edificio de la CAN, sí se había percatado que en el escudo y la placa de la plaza de la Cruz figuraba como último nombre de los inscritos en la misma el de un Taberna, lo que tal vez, según Gurrea, habría motivado al mocionante a proponer la iniciativa “para que no haya confusiones, para que nadie crea que un Taberna de los de su raigambre” estaba “comprometido” con lo que se conmemoraba en el monumento. Mantuvo que tanto la Ley navarra de Símbolos de 1986 como el Real Decreto del 81 referido al ámbito del Estado exoneraban de la supresión de simbología a “aquellos edificios o monumentos que, aunque no tengan carácter histórico-artístico, estén hechos de tal manera que quitarlos produzca una violencia al inmueble”. Gurrea entendía que ésa era “una fórmula pacificadora que se utilizó en aquel momento, en un momento necesario para conseguir una estabilidad y una serenidad de ánimos que ustedes, naturalmente, están deseosos de romper, pero que nosotros no vamos a quebrar”. Para finalizar, tildó a la moción de anacrónica y zafia.

Por su parte, Aladino Colín (para las nuevas generaciones, hay que explicar que es el nombre de una persona real, mano derecha de Urralburu, que llegó a ejercer la portavocía del PSN en el Parlamento de Navarra y que fue Vicepresidente Segundo y Consejero de Presidencia e Interior del Gobierno de Navarra entre 1987 y 1991) comenzó su intervención centrándose en el anacronismo de la moción. A su juicio, acerca de la cuestión “ni había debate hace mucho tiempo ni lo hay ahora. Pretender hacer un debate aquí y ahora sobre estas cuestiones, cuando no es un debate que se plantee la sociedad ni una preocupación de la sociedad, me sugiere antes que nada y en primer lugar que se ha traído a la Cámara un debate absolutamente artificial”. Recordó que los miles de mociones sobre la cuestión planteadas en la segunda mitad de los años setenta habían “desaparecido de la circulación” en un proceso connatural en el que a un primer periodo de efervescencia en el que “se hace los posible por acabar con toda la simbología” de las dictaduras sucede un segundo “en el que las cosas se serenan” y “van cobrando protagonismo los asuntos relacionados con lo que de verdad importa, la consolidación de las instituciones democráticas, la vertebración de la sociedad civil, etcétera, y en relación con estas cuestiones, la de la simbología, se van adoptando decisiones más razonables por más objetivas”. Posteriormente, según Colín, en una tercera etapa tiene lugar “la definición positiva de los símbolos de los estados democráticos y la adopción de acuerdos de conservación de los símbolos anteriores, fundamentalmente (...), por razones de orden de preservación del patrimonio histórico arquitectónico”. También rememoró la retirada de la laureada en los debates de 1979-1981, así como la solución dada por la Ley de Símbolos de 1986 en relación con los escudos anteriores con el añadido franquista, “un criterio conservador (...), cuando se afirma que no afectará a los escudos existentes en edificios o monumentos sitos en el territorio de la Comunidad Foral que sean declarados de carácter histórico artístico o que, sin serlo, formen parte del ornamento y decoración de los mencionados edificios o monumentos de una manera fija, de tal manera que no puedan separarse de ellos sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto”. En consonancia con eso último, dijo que el tema planteado en la moción, “además de ser en el fondo artificial, es en la forma atrabiliario” por pretender “modificar nada más y nada menos que algo inmodificable por una moción, que es una ley”. Además, para el portavoz socialista todos los pueblos, “después de épocas turbulentas”, acaban conviviendo “con su historia de manera pacífica, aceptando la anterior sin ira”, “como manifestaciones de épocas históricas que son siempre por su propia esencia dinámicas, que se mueven de la misma manera que se mueve la sociedad”. En cuanto a los monumentos a los caídos, deberían mantenerse por ser “justamente el símbolo de lo que no se debe hacer”. En cuanto a las calles, por el contrario, Colín afirmó que en los casos de las referidas a personas que habían “sido defensores activos de la dictadura” y que habían “contribuído a dividir pueblos” se deberían buscar “mínimos comunes denominadores para encontrar los símbolos que unen a todos”.

En el turno de réplica, el parlamentario mocionante Taberna Monzón insistió en la necesidad de “profundizar en la democracia día a día” y, tras replicar a UPN que si en 1979 no veían oportuno quitar la laureada, ahora argumentaban que era “un problema de zafiedad de la moción”, acabó preguntándoles: “Constantemente se están dando argumentos formales pero nunca se llega al fondo. ¿Somos partidarios de quitar la simbología fascista o franquista de la vida cotidiana navarra, sí o no?”. Si a Taberna la actitud de UPN le parecía “comprensible por la tradición, por la historia y porque es la línea que sigue en la actualidad”, la del PSOE le parecía “incomprensible, sobre todo, cuando grupos municipales, como el citado socialista de Corella, presentan otro tipo de mociones que vienen a significar el mismo contenido de esta moción”.

Finalmente, la moción fue rechazada por 8 votos a favor, 32 noes y ninguna abstención.

A partir de 1999 la cuestión de la memoria se asentó con firmeza en los debates de la cámara parlamentaria navarra y numerosas iniciativas de recuperación, rehabilitación y reparación de la memoria de las víctimas del franquismo pudieron ser aprobadas con la sola oposición o abstención de la derecha. Muchas de esas iniciativas son conocidas por el gran público.

En el día de hoy, más de veinte años después de aquella única moción planteada en los años del olvido, el Parlamento de Navarra, al aprobar en sesión plenaria la proposición de ley foral de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos navarros asesinados a raíz del golpe militar de 1936, presentada por Izquierda-Ezkerra y apoyada por el PSN, Bildu, Aralar y Geroa Bai (mientras que UPN se ha abstenido y el PPN ha votado en contra), ha culminado el viraje, emprendido en la legislatura 1999-2003, de revisión de la política de gestión de la memoria histórica de los años ochenta y noventa del siglo pasado.