miércoles, 15 de agosto de 2012

LA NEGOCIACIÓN PERSONAL Y PARALELA DE DEL BURGO EN RELACIÓN CON LA LORAFNA.



La segunda parte del reciente libro de Juan Cruz Alli y Joaquín Gortari Unanua (La transición política en Navarra 1979-1982, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2011, 2 volúmenes), obra del primero de los autores y que entonces actuó como asesor del Presidente de la Diputación Juan Manuel Arza, proporciona numerosos detalles, algunos ya conocidos por obras anteriores, de la negociación personal y paralela mantenida por Jaime Ignacio del Burgo en el proceso que desembocaría en la promulgación de la LORAFNA. A pesar de perder su condición de presidente de la Diputación y de ser excluído de la comisión negociadora por efecto del asunto FASA, del Burgo continuó manteniendo una negociación en la sombra con los ministros y con la representación del Estado, condicionando altamente todo el proceso. Ello fue posible por su peso en la UCD navarra y nacional y por sus contactos con los sucesivos titulares del Ministerio de Administración Territorial (Clavero Arévalo, Martín Villa y Arias Salgado). En la medida en que sobre esta cuestión, nuclear a nuestro entender, se ha incidido poco a la hora de las críticas formuladas a dicho proceso, centradas sobre todo en la marginación de los partidos nacionalistas vascos y en la falta de ratificación popular de la ley orgánica finalmente aprobada, creemos importante incidir en ella, sobre todo porque agudiza la percepción de que Navarra fue tratada como objeto político en función de la razón de Estado.

Serían premonitorias de la actuación de del Burgo sus afirmaciones a la prensa de 20 de diciembre de 1980 en las que señaló que aunque estaría ausente de la sala de negociaciones, estaría muy presente en las gestiones, sobre todo porque muchas de las ideas que se iban a barajar eran suyas.

Desde el primer momento, del Burgo contó con la complicidad de los órganos de la UCD de Navarra, partido del que era presidente, para tratar de influir sobre el Gobierno de Madrid con una intensa actividad de propuesta, seguimiento y control sobre la negociación, subrayando que no apoyaban la acción de los diputados del partido miembros de la Comisión negociadora navarra. Al no recibir información de éstos sobre el desarrollo de las negociaciones, UCD de Navarra tuvo que recabar datos a través de las vías internas del partido a nivel del Estado y del Gobierno, pudiendo realizar propuestas sobre los acuerdos adoptados al margen de la Comisión, siempre bajo la batuta de del Burgo o con su gestión directa por sus estancias como parlamentario en Madrid.

Los negociadores navarros, por la prensa o directamente, constataron en repetidas ocasiones la existencia de contactos mantenidos por del Burgo con el ministro, previa o posteriormente a las reuniones de la Comisión negociadora.

Así, el 6 de mayo de 1981 se reunió con el ministro Martín Villa, suscitando las quejas de los negociadores navarros. El 6 de noviembre de aquel año, previamente a la novena reunión de las Comisión negociadora, el mismo ministro se reunió por espacio de una hora en un hostal a la salida de Tafalla con el presidente de UCD de Navarra del Burgo y otros miembros de su ejecutiva, lo que redundó en la postura y exigencias posteriores del ministro. El 17 de noviembre de 1981 tuvo lugar una reunión en Madrid entre Martín Villa y del Burgo con el fin “de valorar el estado del proceso negociador del Amejoramiento y transmitir al Ministro la opinión de UCD de Navarra”, lo que fue interpretado por el Diario de Navarra en el sentido de que las negociaciones podían acelerarse, superándose la situación de impasse en la que se encontraban y girándose hacia las posiciones de la UCD.

Con el fin de condicionar más las negociaciones, del Burgo impulsó la aprobación el 23 de noviembre de 1981 por parte del Comité Regional de UCD de Navarra de un Memorándum sobre el Amejoramiento del Fuero en el que dicho partido se posicionaba sobre los aspectos sustantivos de la negociación y del contenido: sus aspectos jurídico-constitucionales, el alcance político y la posición de UCD. El documento tenía varias partes. La parte dedicada a los aspectos jurídico-constitucionales del Amejoramiento analizaba el reconocimiento constitucional de los derechos históricos, el alcance de la unidad constitucional, las competencias forales y el papel de las Cortes respecto a la aprobación o ratificación del proceso y su formalización por medio de ley orgánica u ordinaria. La parte dedicada al alcance político del Amejoramiento valoraba al mismo como “razón de estado” desde la perspectiva de la unidad española y de la estabilidad del sistema político a causa de los ataques del nacionalismo vasco, lo que exigía impedir la integración de Navarra en Euskadi por el desarrollo de su capacidad de autogobierno a través del Amejoramiento. Ese documento fue remitido a Calvo Sotelo y a Martín Villa.

El 14 de diciembre de 1981 se reunieron del Burgo y el Ministro de Administración Territorial Arias Salgado, reunión previa a la que éste mantuvo con el presidente de la Diputación Arza. En la undécima reunión de la Comisión Negociadora en Madrid del 1 al 3 de febrero de 1981 del Burgo también estaba en la reunión, produciéndose una situación de opereta que Alli describe así: “Los miembros de la Comisión negociadora navarra tuvieron conocimiento directo de la presencia del señor del Burgo en el Ministerio cuando un ordenanza abrió la puerta de un salón en el que se iban a reunir. Allí estaba el Presidente de UCD de Navarra, que se vió tan sorprendido del inicio de entrada, como quienes lo hacían de encontrarlo, volviendo rápidamente sobre sus pasos. El funcionario se disculpó por su error, al creer que allí se reunían los miembros navarros para pasar juntos a una sala próxima, en la que estaba prevista la reunión con la Comisión ministerial, a la que les condujo”. El Diario de Navarra también informó que del Burgo había seguido las negociaciones desde una dependencia del Ministerio con cuyo titular había mantenido diversas entrevistas.

Por la entidad de su intromisión hay que mencionar lo que sucedió con el Título Preliminar del Amejoramiento. Tras hacer público el 7 de junio de 1981 la Comisión negociadora de Navarra su propuesta de contenido del Título Preliminar, el Comité Ejecutivo de UCD de Navarra aprobó un texto alternativo redactado por del Burgo que introducía diversas modificaciones (entre ellas la consignación de nombres historicistas como “antiguo Reino de Navarra”, “Cortes de Navarra”, “Diputación Foral” y la alteración del régimen lingüístico acordado por el Parlamento Foral el 8 de noviembre de 1980 estableciendo la cooficialidad en toda Navarra). Aunque la Diputación asumió la propuesta de Título Preliminar de la Comisión Negociadora y la remitió al Parlamento el 11 de junio, los parlamentarios de UCD presentarían aquel texto en dicho foro en la sesión de 20 de junio de 1981, publicándose también entonces una nota de del Burgo en la que se criticaba la propuesta de Título Preliminar de la Comisión con la tesis de que el Amejoramiento del Fuero no era un estatuto de autonomía a consecuencia del carácter paccionado del régimen navarro. El debate en la sesión del 20 de junio de 1981 del Parlamento Foral acerca del título preliminar (en el que UPN presentó una propuesta alternativa) no se zanjó con ninguna votación pero Arza se comprometió a transmitir a la Comisión los contenidos debatidos para que se tuvieran en cuenta. Finalmente, tras la sexta reunión de la Comisión negociadora celebrada en Madrid el 23 y 24 de junio de 1981, la comisión negociadora navarra encargó un informe al asesor Asiain Ayala acerca de varios artículos del título preliminar, después de cuyo análisis se modificarían varios puntos de los previamente acordados por aquélla, entre ellos el relativo al régimen lingüístico de acuerdo con lo indicado por del Burgo y el sector que le apoyaba de la UCD.

lunes, 13 de agosto de 2012

LA HOJA DE RUTA PROPOSITIVA DE DEL BURGO EN RELACIÓN CON LA LORAFNA.



Ante la celebración en estos días de los treinta años de la promulgación y entrada en vigor de la LORAFNA, queremos remarcar el indiscutible papel desempeñado por Jaime Ignacio del Burgo como formulador de las propuestas que finalmente dieron lugar a aquella ley orgánica y cuya datación arranca de fechas muy anteriores al inicio del proceso de negociaciones. Las bases teóricas del Amejoramiento del Fuero están presentes ya en su tesis doctoral, publicada en 1968 bajo el título Origen y fundamento del régimen foral de Navarra (Pamplona, 1968) en cuanto que constituía una positiva valorización de la ley de agosto de 1841.

Entre 1976 y 1979 su ideario programático conoció diversas formulaciones, apareciendo como una constante su empeño en reivindicar las posibilidades que presentaba la actualización de la ley de agosto de 1841 y en refutar las posiciones de aquéllos, entre los que se contaban nacionalistas vascos pero también el foralismo tradicionalista, que exigían la derogación de la ley de octubre de 1839, a causa de su trasfondo soberanista y contrario a la unidad constitucional.

Del Burgo planteó por primera vez sus posiciones de cara al futuro más inmediato en un folleto publicado en 1976, en el que se afirmaba la necesidad de reforma de la ley de 1841. Esas tesis se manifestaron también en el Programa Foral de UCD de 1977 que se acompañaba de unas Bases para la modificación del sistema institucional de la ley paccionada de 1841 y de un Régimen transitorio, presentados el 25 de octubre de aquel año. Ese programa de UCD era su respuesta a la estrambótica, por inconsistente con su praxis de los cuarenta años anteriores, propuesta de reintegración foral hecha por la Diputación el 20 de agosto de 1977 y que sería rechazada por el Consejo Foral por ser susceptible de ser interpretada como separatista. UCD se oponía así a los peligros que podían proceder de una reintegración foral plena que supusiera la derogación de la Ley de 25 de octubre de 1839 y la consecuente suspensión de la Ley de 16 de agosto de 1841 y apostaba por la reforma de ésta última para llevar a cabo la reforma democratizadora de las instituciones forales navarras. Dicho programa foral de UCD se basaba en el voto particular de Del Burgo sobre el informe del Consejo de Estudios de Derecho Navarro relativo a aquel acuerdo de la Diputación, fechado el 3 de octubre de 1977, el cual pugnó con otras posturas más afines al foralismo tradicionalista. Ese programa insistía, además, en oponerse a un ente preautonómico junto con Alava, Guipúzcoa y Vizcaya dado que el régimen foral conservado garantizaba ya un marco autonómico que podía modificarse a través de un nuevo pacto con el Estado, abogándose por una Asamblea o Consejo de Parlamentarios Navarros y rechazándose formar parte de la Asamblea de Parlamentarios Vascos. También se planteaba la democratización de las instituciones forales y una nueva institucionalización de las mismas bajo un esquema de división de poderes.

A pesar de sus diferencias con el foralismo tradicionalista, las tesis de UCD compartían con aquél algunos puntos comunes (el común esencialismo historicista que partía de 1841 y la negativa a Euskadi, sobre todo) que permitirían limar con el tiempo las diferencias entre unas y otras.

Del Burgo también se mostró muy activo en la cuestión preautonómica y en el debate constitucional. Tras el acuerdo del ministro Clavero con la Asamblea de Parlamentarios Vascos de 11 de noviembre de 1977 donde se reconocía el derecho de Navarra a su plena incorporación al Consejo General Vasco a través del órgano foral competente, los parlamentarios de UCD forzaron que el Consejo Parlamentario de Navarra, integrado por los nueve parlamentarios elegidos en junio de Navarra y constituído el 25 de aquel mismo mes, paralizara aquel acuerdo. Una claúsula en el proyecto de Decreto-Ley, finalmente publicado el 4 de enero, facultaba al Gobierno de acuerdo con la Diputación para determinar el órgano foral competente que debía decidir sobre la posible incorporación, siendo necesaria la ratificación de esa decisión por el pueblo navarro mediante referéndum.

En el debate constitucional, las tesis de la UCD de Navarra no consiguieron prosperar del todo en lo que se refiere a la Disposición Transitoria Cuarta ni en lo que respecta a la Disposición Adicional Primera, aún cuando del Burgo supo sacar el jugo necesario al éxito del PNV con el reconocimiento de los derechos históricos vasconavarros implícito en la segunda de esas disposiciones. Con todo, mayor sería el triunfo del líder de la UCD navarra en relación con la disposición derogatoria segunda. Planteada dicha disposición en el Pleno del Congreso, Del Burgo consiguió evitar el planteamiento del PNV que extendía la derogación de la ley de agosto de 1839 también a Navarra (y que llegó a reflejarse en una primera versión a la misma), en cuanto que dicha ley había sido para Navarra la base de la solución de 1841 y en cuanto que el Amejoramiento del Fuero precisaba de la ley paccionada de 1841. La omisión para Navarra de la derogación de la ley de 1839 significaba posibilitar una vía navarra hacia la autonomía diferenciada de la del País Vasco.

En los pasos siguientes la hoja de ruta de Del Burgo siguió imponiéndose a otras alternativas. El Decreto-Ley 121/1979 de 26 de enero sobre elecciones locales y ordenación de las instituciones forales de Navarra respondía a los planteamientos de UCD de Navarra, confirmando la mitificación de la ley de 1841 en cuanto que se simulaba su plena vigencia acomodándola a las nuevas circunstancias. La fórmula de la Diputación de siete miembros elegidos por las cinco merindades, siendo diputados el primero o los primeros (en el caso de Tudela y Pamplona) que mayor número de votos alcanzaran en cada merindad, resultante de ese decreto-ley, también respondía a la estrategia ucedista. No aparecía en ninguno de los proyectos presentados por los partidos políticos, ni en el elaborado por el Consejo parlamentario de Navarra, que había sido consensuado por la mayor parte de las fuerzas, sino que fue introducido por Martín Villa en el primer proyecto que presentó a la Diputación el 25 de octubre de 1978, siendo aceptada por ésta. Podría pensarse que obedecía a los cálculos de UCD en la medida en que este partido pensaba, erróneamente, tal y como demostraron los resultados electorales, que podía sacar seis de los siete diputados.

Del Burgo, presidente ya de la Diputación, también fue el redactor del Proyecto de Bases de Negociación para el Amejoramiento del Fuero de Navarra aprobado por la Diputación el 27 de diciembre de 1979, basándose en su ya mencionado voto particular al acuerdo del Consejo de Estudios de Derecho de Navarra y siendo prenegociado su contenido, según reconoció aquél en una entrevista publicada en el Diario de Navarra el 22 de junio de 2002, con el ministro Pérez Llorca, quien las había aceptado en sus términos. También fue el mismo Del Burgo quien, por encargo de la Diputación fechado el 22 de noviembre de 1979, elaboró el Proyecto del nuevo pacto con el Estado sobre la definitiva institucionalización de los organismos forales solicitado por el Parlamento Foral. El 26 de febrero de 1980 la Diputación aprobó (con los votos de los 4 diputados de UCD y del único diputado de PSOE y el voto en contra de Bueno Asín de Amaiur) el Proyecto de Bases sobre distribución de funciones, composición y forma de elección de los órganos de las instituciones forales redactado por aquél, no sin que antes lo sometiera a la aprobación de los órganos de la UCD.

La LORAFNA fue, por lo tanto, desde el punto de vista propositivo un genuino producto delburguiano. Los obstáculos surgidos por efecto del asunto FASA (destitución de del Burgo de la Diputación y exclusión de su persona de la comisión negociadora navarra) no impedirían en absoluto, gracias a su presencia indirecta en la mesa de negociaciones tal y como veremos en otro artículo, impedirle actuar a la hora de la concreción definitiva de sus propuestas en el texto final resultante.

jueves, 9 de agosto de 2012

LA RESURRECCIÓN DEL ASUNTO FASA. CRÍTICA DE UNA RECONSTRUCCIÓN INCOMPLETA. TERCERA PARTE



El asunto FASA, como tal, comienza el 18 de junio de 1979 cuando la Diputación acuerda abonar a aquella empresa 20 millones de pesetas que habían quedado aplazados y anticipar a la misma el importe del préstamo que le acordare conceder la CAN, cantidad que sería devuelta por esta entidad a la Diputación cuando se formalizasen las escrituras correspondientes. Los diputados asistentes a la reunión ignoraban completamente los créditos dados por la CAN a FASA y pendientes de amortización. Del Burgo, conocedor de la existencia de esos préstamos por ser avalista solidario de alguno de ellos, se ausentó de la reunión antes de la adopción del acuerdo manifestando que prefería ausentarse aún cuando ya no tenía ningún vínculos con FASA, existentes, según comunicó, hasta antes de acceder al cargo de diputado foral como accionista y secretario de su consejo de administración. Por lo tanto, del Burgo no hizo la más mínima alusión a que existieran en la CAN a favor de FASA créditos vigentes pendientes de amortización ni a la existencia de avales solidarios suyos, recalcando, además, que no estaba afectado por incompatibilidad legal alguna. Además, del Burgo fue conocedor del acuerdo y no mostró el más mínimo reparo sobre él.

La cuestión no estallaría hasta ocho meses después del acuerdo, el 7 de febrero de 1980, cuando la Diputación conoció del Director de Hacienda que la CAN no había reintegrado a las arcas forales el importe de 81 millones que, como anticipo, se había entregado a FASA. El diputado Lasunción elaboró un informe reservado para la Diputación sobre el tema señalando que, tras la concesión de dos créditos por un total de 81 millones por parte de la CAN a FASA el 28 de junio de 1979, el día siguiente, 29 de junio de 1979, se habían presentado en las oficinas de Contaduría de Fondos de Navarra Ignacio Irazoqui Araníbar y el jefe de créditos de la CAN, Fermín Vera, solicitando el libramiento de aquella cantidad. Estando ausentes de sus despachos el diputado de Hacienda, el director de Hacienda y el secretario general, que eran quienes debían haber firmado el libramiento, por las prisas se recurrió al único diputado foral presente, Ángel García de Dios (de HB), y al Subdirector de Hacienda y al Vicesecretario de la Diputación, también presentes, quienes firmaron sin sospechar que el dinero del anticipo se iba a destinar a cancelar los créditos anteriores que FASA tenía con la CAN. Esa cuestión tampoco habrían podido ser conocida por los titulares de los cargos, en la hipótesis de que hubieran estado presentes, por ignorar absolutamente la situación crediticia de la empresa ante la entidad. Lasunción señalaba en el informe que con los 81 millones se cancelaron dos créditos que sumaban 62 millones, llevándose Irazoqui los 19 millones restantes a FASA como única ayuda para la maltrecha economía de la empresa.

Los diputados desconocieron absolutamente el asunto porque incluso cuando el 21 de junio de 1979 la CAN tomó el acuerdo de concesión de los créditos para cancelación de un préstamo anterior no se les comunicó nada en absoluto. Estando aquéllos en la reunión (a excepción de del Burgo, Presidente del Consejo de Administración, que se ausentó afirmando que no tenía ninguna vinculación con FASA, lo que era una verdad a medias que no podía ignorar Juan Luis Uranga Santesteban, director-gerente de la entidad), éste último no dió ningún dato acerca del mismo ni sobre quiénes eran los avalistas.

Con el acuerdo desapareció la condición de avalista de del Burgo al cancelarse el préstamo en el que figuraba como tal, quedando FASA como deudora de otro crédito hipotecario de la misma cuantía y garantía inmobiliaria que el anterior. A efectos prácticos, la finalidad perseguida por el acuerdo de la DFN de ayudar a FASA para que la empresa no incurriera en suspensión de pagos (que fue estimada por la misma en 97 millones) se redujo al montante de 19 millones que Irazoqui llevó a la misma. En vez de entregar la CAN dinero a FASA después de haber hecho cuentas con lo que la empresa le debía, lo que sucedió es que la CAN recibió el dinero de la DFN de forma anticipada e impropia.

La publicación de la noticia en El País, con una acusación velada en el titular de supuesta malversación de fondos por parte de del Burgo (lo que era, según Gortari Unanua en el libro que estamos comentando, una absoluta falsedad), desató todo un chaparrón de reacciones y de derivaciones de naturaleza variadas, políticas, mediáticas y judiciales. Entre las políticas, sobresalieron la destitución de del Burgo de la Presidencia de la corporación foral y de su exclusión de la comisión negociadora navarra del Amejoramiento del Fuero, lo que fue acompañado con duros enfrentamientos en el seno de la Diputación y en el Parlamento. Todas esas repercusiones son descritas por Gortari Unanua con mucha prolijidad y exhaustividad a través de la recopilación y análisis de los acuerdos de la Diputación; de los debates en el Parlamento; de los artículos, comunicados y entrevistas publicados en la prensa por los protagonistas; de los comentarios valorativos de los periódicos; y de la jurisprudencia de los tribunales.

Finalmente Irazoqui fue absuelto en la jurisdicción penal tras la querella interpuesta por el Fiscal, previa denuncia de la Diputación, afirmándose que no había existido engaño en su actuación; del Burgo fue excluído por el Fiscal de la querella; y de nadie de la CAN fue imputado. No obstante, lo acaecido suscita el juicio valorativo de Gortari Unanua. La ejecución de los acuerdos de la corporación foral y de la CAN se debía haber hecho de otra manera. Además, aunque Irazoqui consiguió ahorrar así el pago de intereses a FASA, no fue lógica la actuación de Fermín Vera porque cancelaba unos créditos que no habían vencido todavía y que producían muy buenos intereses para la CAN, con lo que la entidad quedaba como perjudicada. Con ello, la CAN eliminó la posibilidad de que la hipótesis de la ejecución de los créditos en los que aparecía como avalista del Burgo (lo que podía producirse en cualquier momento dada la crítica situación de FASA, que de hecho hizo suspensión de pagos en septiembre sin que se formalizara el crédito, con lo que el anticipo de la Diputación nunca se recuperó) produjera serios problemas en el seno del propio Consejo de la entidad.

Por otra parte, Gortari Unanua considera que, desconociendo los demás diputados forales totalmente el asunto porque el director-gerente de la CAN y el presidente de la corporación provincial del Burgo no les suministraron la información complementaria pertinente, eran creíbles sus manifestaciones posteriores de que no habrían apoyado el acuerdo ni en la Diputación ni en la CAN de haber conocido esos extremos. Aunque no hay ninguna prueba fecaciente y directa de que del Burgo, presidente de la CAN y de la Diputación, hubiera intervenido personalmente en la cancelación de los créditos por él avalados, sí que puede afirmarse que no confesó la verdad y que, al igual que los demás avalistas solidarios, se benefició económicamente con la cancelación de los avales que tenía formalizados ante la CAN por medio del anticipo que, en cuantía indebida, se retiró de la contaduría de la Diputación. Del Burgo habría debido de haber explicado su verdadera posición personal en el asunto evitándose el escándalo político y el deterioro institucional que el caso llevó consigo. Por último, Gortari aduce el ejemplo de Industrias Armendáriz de Tafalla, en donde, en el contexto de una operación similar a la de FASA realizada por la Diputación, hubo perfecta coordinación entre la CAN y la corporación foral.

Gortari Unanua considera un grave error político la actitud de del Burgo por cuanto, a su juicio, si éste hubiera explicado su conducta ante el pleno de la Diputación, solicitando su amparo ante la falsedad de la acusación hecha por El País, no habría tenido lugar la excesiva politización que pagaron las instituciones navarras por efecto de la línea de defensa seguida por aquél. Gortari Unanua expresa asimismo su opinión de que del Burgo debía de haber actuado contra quienes utilizaron los 81 millones del anticipo para una finalidad no prevista por la Diputación ya que aquella cantidad no debiera haberse empleado para cancelar créditos ya existentes y menos tratándose de créditos que estaban garantizados con los avales solidarios de los consejeros de FASA. Desde su punto de vista, si la empresa no los podía amortizar, como era el caso, éstos deberían de haber respondido a sus obligaciones con su peculio particular. Del Burgo se habría equivocado al no pensar nunca en el resquebrajamiento de la confianza de los demás diputados suscitada por su forma de actuar, trasluciendo una evidente falta de capacidad de liderazgo de del Burgo. Para el secretario de la Diputación en aquel entonces, si del Burgo simplemente hubiera reconocido sus fallos al no proporcionar la información pertinente y hubiera actuado para reponer las cosas al estado en que estaban antes de consumarse el perjuicio para la Diputación, en el sentido de reconvenir a los demás avalistas para abonar el montante del anticipo perdido a través de sus haberes particulares, habría sido suficiente para desvanecer el asunto. De hecho, Gortari Unanua habría recomendado a del Burgo dimitir y defenderse desde su casa de las injustificadas imputaciones que se le hacían, pero se topó con su negativa bajo el argumento de que con ello habría defraudado a sus votantes.

Por último, negando que se tratara de un caso de corrupción política, Gortari Unanua cita entre los ganadores del asunto FASA a la CAN (por las actuaciones de sus altos empleados) y a los avalistas solidarios de la empresa (entre los que figuraba el propio del Burgo, presidente de la Diputación y de la CAN). Entre los perdedores estarían FASA que se fue a la quiebra, Ignacio Irazoqui por el quebranto de su fortuna familiar y la Hacienda navarra que nunca recuperó el importe de los 81 millones del anticipo que se fue directamente a la CAN con destino a un fin no previsto ni deseado por la Diputación. También, a juicio de Gortari Unanua, perdieron las instituciones públicas por los efectos políticos del asunto que hicieron que del Burgo tuviera que abandonar la presidencia de la Diputación y fuera excluído de la comisión negociadora del Amejoramiento del Fuero y que UCD se desangrara en luchas intestinas.

Desde nuestra perspectiva, las preguntas que finalmente se hace Gortari Unanua de por qué quienes salieron beneficiados del asunto, esencialmente del Burgo y la Caja de Ahorros, se comportaron como lo hicieron, sin valorar los perjuicios indirectos que ocasionaban a las instituciones en un momento crucial de la historia de Navarra, excede el ámbito de lo jurídicoadministrativo al que aquel autor intentó en un principio reducirlo. Más acertado sería asumir enfoques institucionalistas que, como es sabido, valoran la capacidad de influencia de las características de las instituciones de una sociedad determinada en las estrategias de los actores y en sus procesos de adopción de decisiones y que, partiendo del individualismo metodológico y de la teoría de la elección racional, tienden a considerar que los actores se comportan de acuerdo con el comportamiento de los demás actores y con la naturaleza de la estructura institucional existente. Según esas premisas, en los rasgos inherentes al sistema institucional predemocrático navarro de falta de control de las decisiones tomadas por un número reducido de personas, lo que posibilitaba la impunidad de comportamientos absolutamente discrecionales y que actuaban en beneficio de redes personales específicas relacionadas con el pasado, estarían las claves explicativas de lo acaecido. De hecho, el convencimiento del peso de esos factores en los diferentes sectores políticos, incluídos los de la misma UCD, contribuyó al desbordamiento del asunto FASA en el ámbito de lo político, tanto en el seno de la Diputación como en el Parlamento Foral recién constituído, en los medios de comunicación o en la mismísima calle.

domingo, 5 de agosto de 2012

LA RESURRECCIÓN DEL ASUNTO FASA. CRÍTICA DE UNA RECONSTRUCCIÓN INCOMPLETA. SEGUNDA PARTE.



En su presentación de los actores primordiales del asunto (Jaime Ignacio Del Burgo Tajadura e Ignacio Irazoqui Araníbar), Gortari Unanua obvia algunas circunstancias precedentes que, a nuestro juicio, tienen su importancia a la hora de entender las repercusiones políticas y mediáticas del mismo. A nuestro juicio, en su afán de reducir el asunto a la esfera de lo jurídicoadministrativo y de poner el cuentakilómetros de la historia a partir del momento en que la Diputación tomó el acuerdo de ayudar a la empresa FASA, Gortari Unanua se equivoca al dejar de lado cuestiones como las relativas a los cargos ocupados anteriormente por los protagonistas en la Diputación y en la empresa privada o a las redes y entramados políticoeconómicos en las que se inscribieron al calor del desarrollismo navarro de los años sesenta y setenta del siglo pasado, todo ello en el contexto de un régimen en el que imperaban la discrecionalidad y la falta de controles en las decisiones adoptadas por la corporación provincial, tal y como pusimos derelieve en otra entrada de este blog.

Después de ser Secretario general de AUTHI, una de las principales empresas del desarrollismo navarro, entre 1966 y 1970, Jaime Ignacio del Burgo Tajadura fue nombrado Secretario técnico de Hacienda de Navarra en 1970, puesto que abandonó en 1973 al ser designado Director de Coordinación, Planificación y Desarrollo de la Diputación Foral de Navarra de 1973 a 1976. Se ha comentado que del Burgo tuvo un fuerte protagonismo en las gestiones ante la Diputación para la instalación de la planta de Authi en un proceso que suscitó críticas como las reflejadas en el Libro negro sobre la Diputación Foral de Navarra, obra publicada en 1978. Del Burgo habría inscrito a su nombre la empresa Construcciones Tajadura la empresa de la que se sirvió el Banco de Santander hasta que Authi se implantara. y habría servido “de puente entre la Diputación Foral y Authisa, facilitando al máximo las ayudas” que la corporación foral concedió a la sociedad, financiando indirectamente las inversiones de la misma. También en el paso de Authisa a manos de British Leyland habría hecho del Burgo “de puente entre la Diputación y los ingleses”, beneficiándose aquella empresa de exenciones fiscales a la exportación. También del Burgo habría mediado en la ampliación de la fábrica cuando SEAT la adquirió.

En aquel libro citado se mencionaba asimismo que en relación con la construcción de la autopista de la Navarra del Burgo habría participado en la comisión, presidida por el mismísimo Félix Huarte, encargada de realizar el estudio sobre la conveniencia de construcción de la autopista de Navarra por encargo de la Diputación en virtud de acuerdo del 28 de enero de 1970. Posteriormente en mayo de 1973 del Burgo, como secretario técnico de la Hacienda navarra, habría estado en la comisión, presidida por el diputado foral Jesús Fortún, que informó a favor de la concesión de la obra de la autopista de Navarra a una empresa del grupo Huarte, desechando la opción de una empresa catalana, aún cuando aquélla pedía más años de explotación (41 contra 27) y peajes más caros, planteando ambas el mismo trazado. A pesar de la sentencia de un tribunal de Madrid a favor de la sociedad catalana, la Diputación, sirviéndose del Tribunal Administrativo de Navarra, legitimó la concesión en favor de Huarte y de su empresa Audenasa en cuyo consejo de administración estaban, entre otros, Rafael Aizpún Santafé y Juan Luis Uranga Santesteban, éste último director de la Caja de Ahorros de Navarra.

Ignacio Irazoqui Araníbar era originalmente titular de un negocio fronterizo en la localidad de Bera. Su carrera política comenzó en 1967 al ser nombrado por el gobernador civil, Francisco Queipo de Llano y Acuña, alcalde del ayuntamiento de Bera, puesto que ocupó hasta noviembre de 1972, fecha en la que cesó en la alcaldía. Posteriormente sería designado primer teniente de alcalde de la misma localidad, cargo que ocupó hasta 1974. Siguió siendo concejal hasta las primeras elecciones democráticas en 1979. Fue elegido diputado foral en las elecciones provinciales de marzo de 1971 frente a otros candidatos entre los que estaban Jesús Ezponda Garaicoechea, Tomás Caballero Pastor y Auxilio Goñi Donázar. Mientras Ezponda obtuvo 67 votos de los 77 posibles de los representantes municipales, Irazoqui consiguió 57, Goñi 20 y Caballero 6. Esos resultados hacen pensar que existió una clara mediación oficialista en la elección de los elegidos, toda vez que Goñi, procurador en Cortes por el tercio familiar, era la opción carlista, Caballero formaba parte del sector renovador y Ezponda había contado con el apoyo, tanto tácito como subterráneo, de insignes próceres del régimen como los diputados forales Amadeo Marco Ilincheta y Julio Asiain Gurucharri (los diputados forales que estuvieron más años en el cargo durante el franquismo, el primero, del sector carlista colaboracionista con el régimen, ininterrumpidamente desde 1940; y el segundo, de la Falange, desde 1958, así como alcalde de Corella de 1945 a 1971) en las elecciones a procuradores en Cortes frente a los candidatos del carlismo.

No obstante, a partir de 1976 Irazoqui se ubicó junto con los diputados forales Arza Muñuzuri y Visús Armañanzas frente al sector inmovilista mayoritario de la Diputación (conformado por los citados Marco Ilincheta y Asiain Gurucharri, asi como por Fortún Ardaiz e Iturralde Agorreta) a causa de su actitud favorable a una relativa democratización de las instituciones forales, actitud apoyada entre otros por José Javier Uranga, director del Diario de Navarra, quien por lo visto habría sido también responsable de la célebre moción presentada por aquéllos el 21 de julio de 1976, y Miguel Javier Urmeneta. Hacia mediados de 1977 decidió, a modo de protesta por la falta de voluntad reformadora de la Diputación, ausentarse de su cargo hasta la convocatoria de una sesión extraordinaria de la misma que tratase la necesaria democratización de las entidades navarras. Su prolongada inasistencia a las sesiones ordinarias motivó que el 10 de febrero de 1978 se incluyera en el orden del día de la corporación un punto relativo a su cese, que finalmente no se discutió. De cualquier forma, en mayo de 1978 se reincorporó a su puesto tras mantener conversaciones con el ministro Manuel Clavero que sugerían un cambio en la actitud de la corporación.

En el plano económico Irazoqui fue vocal de la Sociedad Anónima Navarra de Desarrollo e Inversión (SANDE) en cuyo consejo de administración estaban también Juan Luis Uranga Santesteban (director de la Caja de Ahorros de Navarra), Jesús Echarte Latasa (del grupo Huarte), etc. y cuyo objetivo era “el estudio, promoción, gestión administrativa y financiación de empresas”. Asimismo, era consejero delegado, como se ha dicho, de Fundiciones de Alsasua, así como de alguna otra empresa del sector. Irazoqui también estuvo involucrado en el asunto Belagua, en el que la Diputación apoyaba un proyecto impulsado por Bankunión, comprometiéndose a adquirir terrenos comunales en dicha zona del Pirineo navarro y cederlos a una empresa del grupo de aquélla, así como a invertir 872 millones en infraestructuras. En tal asunto, en el que también aparece mencionado del Burgo, Irazoqui habría escrito una carta a los vecinos de Isaba en la que, “además de convocarles a una reunión, intenta <<persuadirlos>>, diciéndoles que <<antes de tomar medidas drásticas, como la expropiación, es preferible llegar entre todos a un acuerdo sobre algo beneficioso para todos>>”, y habría acudido a la reunión con aquéllos, sin mostrar ningún proyecto concreto.

En el plano político el apoyo mencionado de Irazoqui a la democratización de la Diputación llegó tras un proceso de evolución ideológica peculiar visto los apoyos oficialistas que recabó inicialmente. En 1973 fue miembro fundador de Unión Navarra, una asociación cultural surgida como entidad dedicada al "cultivo, desarrollo y promoción de los valores espirituales y culturales de Navarra, así como a la realización de toda clase de estudios y trabajos encaminados a facilitar el desarrollo económico y social de nuestro viejo reino de Navarra", junto con insignes personalidades, todos ellos ligados a la derecha navarra y muchos de ellos cómodamente asentados en la órbita en torno a la Diputación o de empresas ligadas al desarrollismo de la época y fuertemente conectadas con la corporación foral.

De hecho, entre la nómina de fundadores de la mencionada asociación que proporciona la Gran Enciclopedia Navarra, Irazoqui es, junto con Francisco Elizalde Goldáraz, el único miembro de la Diputación de la época. Entre los demás están diversos vocales del Tribunal Administrativo de Navarra, órgano surgido en 1964: Juan Echandi Indart (vocal entre 1964 y 1967), Jesús Luis Iribarren Rodríguez (entre 1964 y 1978), Arturo Azpíroz Barcos (entre 1964 y 1978), Francisco Salinas Quijada (entre 1964 y 1968) y Javier Martinena Flamarique (entre 1970-1991). Dos de ellos (los tudelanos Iribarren y Salinas) fueron, además, asesores de la Diputación, el primero, al menos, a lo largo de treinta años, desempeñando con algunos de los mencionados anteriormente y de los que se mencionan seguidamente el papel de oráculos del Fuero en los dictámenes que emitieron unos pocos años después. Otros eran empresarios, algunos de ellos muy ligados al Grupo Huarte como Jaime Azcona Garnica o Jesús Aizpún Tuero y otros estaban muy ligados a la construcción (como Jesus Ibáñez Ardanaz que era Presidente de la Asociación Navarra de Promotores y Constructores en 1970 y que fue duramente criticado por el sector de concejales sociales de la época al ser nombrado al frente de la Comisión de Urbanismo del ayuntamiento de Pamplona). Por su parte, Rafael Aizpún Santafé, también ligado al grupo Huarte por ser presidente del Consejo de Administración de Audenasa, había sido en la época republicana la cabeza del partido homónimo de la asociación, formación integrada en la CEDA, llegando a ser entonces diputado a Cortes y ministro tanto de Justicia como de Industria. Muchos de ellos migrarían a los partidos que en 1977 desembocarían en UCD. Otro miembro, Francisco Javier Lizarza Inda, abogado y empresario de gran relevancia en el ámbito de los navarros en Madrid, también era accionista importante de FASA como resultado, tal y como se ha publicado en prensa y en este mismo blog, de haber entrado su padre en el accionariado de la empresa en los años cuarenta tras los cambios que hubo en la misma tras el asesinato en 1936 de su dueño, Joaquín Lizarraga, y de dos de sus hijos.

En cambio, en 1977 Irazoqui estuvo en la lista del Frente Navarro Independiente junto con Miguel Javier Urmeneta, José Ángel Zubiaur, Víctor Manuel Arbeloa y Jesús Malón, estos dos últimos al poco tiempo incorporados al PSOE. Dicha coalición, integrada por 36 personas, sin dependencia política de ningún partido en aquel entonces y de idearios ciertamente variados, contaba, tal y como recoge la Gran Enciclopedia Navarra, con un programa de cinco puntos: Amnistía y reconocimiento y promoción de todas las libertades individuales y colectivas; profunda transformación del sistema capitalista: reestructuración de la empresa con la participación de los trabajadores en decisiones y control; transformación social sin violencia ni totalitarismos; los fueros, libertades para vivir como pueblo y garantía de administración con igualdad, transparencia y participación; solidaridad con otros pueblos. Ante el fracaso electoral, producto de la mezcla tan variada de personas que se avenía además mal con los contenidos programáticos enunciados, el FNI se disolvió tres meses después.

Por otro lado, acerca de las relaciones de Irazoqui y del Burgo pueden referirse su común pertenencia a la asociación Unión Navarra, la presencia del segundo en un departamento importante de la Diputación, el hecho de ser su asesor en FASA y de haberle adquirido el primero su participación empresarial en dicha empresa. Además, aquél prologó en 1976 el libro de del Burgo Titulado Los fueros del Futuro: ideas para la reforma foral.

jueves, 2 de agosto de 2012

LA RESURRECCIÓN DEL ASUNTO FASA. CRÍTICA DE UNA RECONSTRUCCIÓN INCOMPLETA. PARTE PRIMERA.




Un reciente libro (Juan Cruz Alli Aranguren y Joaquin Gortari Unanua, La transición política en Navarra, 1979-1982, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2011, 2 volúmenes) ha supuesto una resurrección inesperada del asunto FASA, más de treinta años después del mismo, en cuanto que el segundo de los autores realiza un prolijo y exhaustivo análisis del mismo desde un prisma jurídicoadministrativo, reconstruyéndose asimismo sus consecuencias tanto en la esfera de lo político a través de las actas de las sesiones de la Diputación y de los debates en el Parlamento Foral como en la esfera de lo jurídico por medio de los recursos y sentencias dimanadas del mismo. Por más que nadie se haya hecho eco del tema, en una actitud de silenciamiento inexplicable, creemos que por su entidad merece una cierta atención, por lo que en varias entradas de este blog nos centraremos en él.

No hace falta subrayar el carácter cualificado de Joaquin Gortari Unanua como testigo directo de parte de los hechos estudiados. Entre 1964 y 1978 trabajó en la Dirección de Industria de la Diputación en el Programa de Promoción Industrial, ocupando sucesivamente los puestos de administrativo, Letrado y Subdirector y compatibilizando sus funciones en la Administración Pública con el ejercicio de la abogacía y con los cargos de consejero y secretario de varias empresas industriales de las que fue promotor. En marzo de 1978 fue nombrado secretario general de la Diputación, cesando a partir de entonces todas sus actividades profesionales privadas para dedicarse íntegramente al ejercicio de su cargo. Participó en las negociaciones con el Estado que culminaron en el Real Decreto de 26 de enero de 1979 y fue Secretario de Actas de la Comisión designada por la Diputación para negociar con el Estado el pacto de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra que daría lugar finalmente a la Ley Orgánica del mismo nombre de 10 de agosto de 1982. A partir de la entrada en vigor de esta ley y de la instauración del nuevo sistema institucional de Navarra pasó a ser Secretario General de Presidencia con el nivel orgánico de Dirección General y adscrito al Departamento de Presidencia. Aunque en los gabinetes del presidente Alli (1991-1995) y del presidente Sanz entre 1996 y 2001 ejercería también la secretaría del gobierno, estando presente en las sesiones del Consejo de Gobierno, no desarrollaría esas últimas funciones en las presidencias de Urralburu (1984-1991) y de Otano (1995-1996). A pesar de que en 1991 fue admitido como militante de UPN, al poco tiempo de su ingreso se daría de baja con el fin de mantener la apariencia de independencia de su cargo ante la opinión pública. En 1984 fue designado asimismo componente de la primera Junta de Cooperación conformada para la resolución de conflictos del Gobierno de Navarra con el Estado, así como de varias Juntas de Transferencias centradas en la cuestión de las competencias a transferir a Navarra. En aquel mismo año fue designado por el primer gobierno Urralburu miembro de SODENA (Sociedad de Desarrollo de Navarra) en donde sería elegido secretario. Además de ser consejero de la Caja de Ahorros de Navarra durante algunos años, también sería consejero de la sociedad Navarra 92. En cuanto a su faceta publicística, además de autor de un libro titulado La transición política en Navarra, 1976-1978 (Pamplona, Gobierno de Navarra, 1995) y que constituye una primera parte de la monografía objeto de comentario en esta reseña, es coautor de Navarra y el nacionalismo vasco: ensayo histórico-político sobre las señas de identidad originaria del Viejo Reino, publicado con José Manuel Azcona Pastor (Madrid, Biblioteca Nueva, 2001) y de un artículo con reflexiones acerca de la obra de Oroz Zabaleta editado en la revista Azpilicueta. Cuadernos de Derecho en 1986. También ha colaborado en prensa.

Gortari Unanua denomina el caso FASA como “aquel suceso jurídico-político-mediático, que convulsionó la vida pública de Navarra e influyó poderosamente en su vida institucional durante los años 1979 a 1982”. Preguntándose sobre la utilidad o conveniencia de tratar aquel asunto, enjuicia que los pueblos tienen que asumir y recordar las “páginas negras” de su historia y señala que “algunos recuerdan todavía la gran polémica que suscitó, pero nadie ha analizado en asunto en su conjunto”. La sobreabundancia de información publicada en la prensa y la utilización partidista del caso, derivadas de la cuestión Navarra-Euskadi y de las querellas internas de la UCD, habrían hecho que los árboles no dejaran ver el bosque ni a los informadores ni a los agentes políticos y sociales ni a los ciudadanos de Navarra. En su opinión, “siendo el factor desencadenante del <<caso>> una cuestión meramente jurídica y administrativa, se desbordaron innecesariamente los límites de ese ámbito y se desató una guerra política y mediática de imprevisibles consecuencias, en la que todos los agentes políticos y sociales de Navarra se vieron involucrados”.

Ponderando positivamente su capacidad de análisis del asunto en cuanto que “abordar todo lo acontecido con rigor histórico y científico, pese a los riesgos que comporta la referencia a conductas personales” es una “cuestión siempre muy delicada, a menos que, quien analice, detalle y exponga, sea un testigo presencial de muchos de los acontecimientos que se produjeron” lo que “ha sido nuestro caso”, discierne en su exposición “dos grandes ejes principales, uno, el proceso administrativo de concesión y ejecución de las ayudas extraordinarias articuladas por la Diputación Foral de Navarra (DFN) y la Caja de Ahorros de Navarra (CAN) a favor de la empresa Fundiciones de Alsasua, S. A. (FASA), que definimos como el origen y la causa; y otro, la innecesaria y encarnizada vorágine política que se instrumentalizó deliberadamente, propiciando un grave deterioro institucional en Navarra, que fue el efecto”. Por efecto del asunto FASA, la Hacienda de Navarra “padeció un perjuicio económico de 81 millones de pesetas”, cifra equivalente en la actualidad según la evolución del IPC a unos 3 millones de euros, llevando aparejado ese importante daño sufrido por las arcas forales “el beneficio injustificado de determinados intereses particulares, nada confesados”.

Previamente a su estudio de esas dos cuestiones primordiales, Gortari Unanua proporciona algunas informaciones relevantes sobre el proceso de elección de Jaime Ignacio del Burgo Tajadura como Presidente de la Diputación Foral de Navarra en 1979 y sobre la estructura y la forma de funcionamiento de la Caja de Ahorros de Navarra.

Sobre lo primero, recuerda que en la UCD, el partido de del Burgo Tajadura, que esperaba haber copado prácticamente, con seis miembros, aquella Diputación elegida por merindades con arreglo al Real Decreto Decreto-Ley 121/1979 de 26 de enero sobre elecciones locales y ordenación de las instituciones forales de Navarra, obteniendo finalmente sólo cuatro (los otros correspondían respectivamente al PSOE, a Herri Batasuna y a la agrupación Orhi-Mendi de la merindad de Sangüesa), hubo disensiones a la hora de la aceptación de que fuera aquél el candidato a presidir la Diputación. Además de los apoyos suscitados por Ángel Lasunción en la UCD nacional, Arza fue animado a postularse por personalidades tan diferentes como José Javier Uranga Santesteban, Ollarra, director de Diario de Navarra, y por Carlos Garaikoetxea, presidente del EBB del PNV desde 1977 y lehendakari de la CAV a partir de 1980.

Por su parte, en relación con la entidad crediticia dependiente de la Diputación, Gortari Unanua recuerda que la presidía el mismo del Burgo Tajadura en su calidad de presidente de la corporación foral, que el director-gerente era Juan Luis Uranga Santesteban (hermano del director de Diario de Navarra) por designación de la Diputación, que formaban parte del Consejo de Administración los demás diputados forales, y que los demás miembros del mismo también eran nombrados por aquélla. En el juego de interdependencias entre la Diputación y la CAN, Gortari apunta que se producía una cierta asimetría y unas ciertas disfuncionalidades: mientras que aquélla siempre buscaba favorecer a ésta, la entidad a través de su director-gerente no se privaba de defender sus propios intereses frente a los diputados forales que poseían la mayoría en el Consejo. Aquellas deficiencias serían la causa última de la ausencia de críticas y de la no exigencia de responsabilidades por parte de los diputados a los responsables de la CAN en el asunto FASA.

Gortari Unanua nos introduce en algunas cuestiones interiores del asunto FASA. El consejero delegado de Fundiciones de Alsasua Sociedad Anónima (FASA) era el exdiputado foral Ignacio Irazoqui Araníbar quien, al cesar en el año 1978 en aquella condición y, por tanto, de la de consejero de la CAN, “dedicó toda su actividad personal a la Empresa de la que había adquirido una participación importante en el capital”.

FASA había estado en los años anteriores “permanentemente aquejada de problemas económicos y la Diputación Foral le ayudó, reiteradamente, a solventarlos” con ayudas, a la par que la CAN le concedía créditos, avalados éstos por los consejeros de la empresa. Por su parte, antes de haber sido elegido diputado foral, Jaime Ignacio del Burgo Tajadura fue consejero de FASA, con funciones de secretario y asesor jurídico del Consejo y era accionista con un pequeño número de acciones que le habrían sido entregadas por su trabajo de asesoramiento, participando en los avales solidarios de los consejeros de la empresa. Previamente a su elección como presidente de la Diputación, dimitió de su puesto de consejero y secretario de FASA y vendió sus acciones a Irazoqui por una peseta, permaneciendo como avalista solidario hasta que los créditos avalados se cancelaran.

No obstante, de forma llamativa, Gortari Unanua, que por sus años en la Dirección de Industria de la Diputación deberá disponer de información al respecto, no proporciona todos los datos acerca de la cuestión. En la información que daba el diario El País el26 de febrero de 1980 acerca del asunto FASA se narraban otros extremos producidos con anterioridad. Así, se mencionaba en primer lugar una primera escritura de afianzamiento suscrita el 27 de abril de 1977 por los ocho consejeros de la sociedad, entre ellos, según se dice, del Burgo, por la que se comprometían solidariamente entre ellos, de forma que podían ser demandados todos y cada uno de los fiadores y se obligaban a favor de la Diputación Foral de Navarra, respondiendo de esta forma a un anticipo sin interés de 10.214.000 pesetas concedido por la Diputación a FASA a reintegrar a siete años, los dos primeros sin amortización (pero que conllevaban que FASA debería haber devuelto a la Diputación de Navarra al cumplirse los tres años una quinta parte), recibidos por la empresa el 11 de noviembre de 1976 para paliar sus problemas de tesorería por lo que había acudido a la Diputación de Navarra para acogerse al plan de promoción industrial y obtener asimismo beneficios fiscales, así como una subvención de 10.214.000 pesetas, además de aquel anticipo de la misma cantidad. En segundo lugar, se citaba un acuerdo de la Diputación de 30 de noviembre de 1978 por el que, ante la petición de ayuda por parte de FASA para no dejar en la calle a 230 trabajadores de la empresa, se acordaba concederle una subvención de 50 millones de pesetas, 30 de ellos entregados de forma inmediata, a fondo perdido en su casi totalidad, ya que la empresa no debía devolver mas que quince millones de pesetas, cuando hubiera aliviado la situación de su tesorería. En tercer lugar, se daba cuenta de la formalización de un crédito por parte de los miembros del consejo de administración de FASA con la Caja de Ahorros de Navarra por un importe de 40 millones de pesetas y vencimiento a un año el 31 de agosto de 1978. En ese documento figuraban como consejeros Ignacio Irazoqui (en aquella fecha todavía diputado foral y miembro como tal del consejo de administración de la Caja de Ahorros de Navarra), Francisco Lizarza, José Marquina, Antonio García Munté, Juan Sánchez Rodríguez, Juan Rozón, Jaime Ignacio del Burgo y Martín Arregui, todos los cuales firmaron un documento de aval por el que se comprometíann a «garantizar la obligación contraída por FASA en este documento, constituyéndose en fiadores obligados solidariamente al pago, con renuncia expresa al beneficio de excusión, mientras no quede cancelada totalmente la obligación ... ». El crédito tenía como fecha de vencimiento del 26 de julio de 1979. Fue tras la recepción de este último crédito y en la medida en que proseguían los “serios problemas, debidos, en parte, a una mala gestión” de la empresa que “en los últimos tres años (...) había conocido cinco gerentes distintos” que “el consejero-delegado de FASA, Ignacio Irazoqui, persona que está luchando por la supervivencia de FASA arriesgando su fortuna personal, se dirige de nuevo a la Diputación Foral de Navarra, presidida por Jaime Ignacio del Burgo desde el 24 de abril de 1979, para solicitar una nueva ayuda económica de la Corporación”. Esa solicitud daría lugar al asunto FASA como tal.

Por otra parte, tampoco explica Gortari Unanua por qué motivo y cómo Irazoqui, que no era precisamente un empresario experto para afrontar tales retos, entró en el capital accionarial, con una participación importante además, de una empresa con fortísimos problemas, a causa sobre todo de la reducción de su cuota de mercado por problemas de competitividad a causa de una política inversora deficiente del accionariado frente a otras empresas del sector como Roca y otras empresas extranjeras, ni tampoco da datos de la presencia del mencionado exdiputado en el consejo de administración de alguna otra sociedad del mismo sector.