viernes, 28 de diciembre de 2012

NUESTROS NAZIS DOMÉSTICOS. GALO EGÜÉS CENOZ Y LA ESCUADRA DEL AGUILA DE PAMPLONA.




Cualquier persona que repase la producción historiográfica existente sobre la limpieza política llevada a cabo en la retaguardia franquista, constatará la escasez de datos para ir más allá del perfil sociopolítico de los asesinados e intentar escarbar en otros aspectos, tan o más importantes, como, por ejemplo, el perfil de los verdugos. En gran medida esas dificultades son atribuibles al número, calidad y veracidad de los testimonios orales o de los documentos escritos que puedan conservarse en relación con la cuestión mencionada, muchos de ellos desaparecidos o expurgados, de forma que sólo podemos guiarnos de indicios localizables de forma trabajosa. 

Ciñéndonos a la caracterización de los agentes de la limpieza política en la zona rebelde, tal y como han afirmado los especialistas que se han ocupado del tema, a escala general pueden citarse cuatro grupos estrechamente relacionados entre sí y posicionados en forma de pirámide vertical. En primer lugar, las autoridades militares, bajo cuya jurisdicción exclusiva estaba el territorio que controlaban y que dictaron los bandos de guerra. En segundo lugar, los dirigentes de las formaciones políticas civiles aliadas del ejército rebelde a cuyas órdenes se situaban también los cuerpos paramilitares de las mismas. En Navarra esas formaciones fueron fundamentalmente la Comunión Tradicionalista, Falange Española y Unión Navarra, siendo el Requeté la estructura paramilitar de la primera de ellas y las escuadras falangistas la de la segunda. Estas organizaciones codirigieron desde arriba, junto con las autoridades castrenses, la represión y regularon sus niveles y cronología. En tercer lugar, figurarían las bandas constituidas por miembros de las organizaciones paramilitares mencionadas que, bajo la jerarquía de los dos primeros grupos y auxiliados por fuerzas del orden, llevaron a cabo el trabajo más sucio de la represión, las sacas individuales o colectivas, en la mayoría de los casos efectuadas desde las calabozos municipales o desde las cárceles y los centros de detención del distrito judicial o de la capital. El cuarto agente represivo estaría conformado por los sectores de la población que colaboraron con el hecho represivo a través de denuncias y de la participación en batidas y a través del apoyo activo a los castigos y escarnios hechos públicamente. 

De entre las bandas paramilitares que ejercieron directamente la limpieza política en Navarra, conocemos sólo someramente las características de la que operó desde Pamplona, la denominada del Águila Negra o Escuadra del Águila. También es superficialmente conocida la Escuadra Negra de Tudela. De cualquier forma, si bien se ha mencionado repetidamente la figura del grupo del Chato de Berbinzana, así como la responsabilidad de la mencionada Escuadra del Águila de la Falange pamplonesa, en relación con la limpieza política en caliente, es evidente que no pudieron ser los responsables de todas las sacas del periodo, sobre todo, porque la coincidencia de fechas de matanzas colectivas en lugares bien diferentes de la geografía navarra hace pensar en la actuación simultánea de varios escuadrones. Por otra parte, hay que mencionar también que, sin perjuicio de que pudieran confluir en esas partidas individuos tanto de la Falange como del Tradicionalismo, además de esos grupos de militancia falangista, también debieron actuar otros de militancia requeté, dada la importancia del centro de detención que regentaban los carlistas en Pamplona (en Escolapios) y dada la existencia de algunos testimonios puntuales para determinadas localidades que existen sobre ello. También es profundamente llamativo que sean realmente escasas las informaciones relativas a los agentes represores en Tierra Estella, merindad cuya zona sur fue durísimamente castigada. 

La presente entrada ha venido motivada por el hallazgo de un artículo publicado por Galo Egües Cenoz, uno de los líderes primordiales de la Escuadra del Águila pamplonesa, en Diario de Navarra el 22 de abril de 1936 bajo el título “La verdad sobre los judíos en Alemania”.

Diversos testimonios apuntan a que Galo Egües capitaneaba la mencionada escuadra falangista. Galo Vierge (Los culpables. Pamplona 1936, Pamplona, Pamiela, 2006, pp. 94 y 150) señaló que Galo Egüés capitaneaba la patrulla de la Falange denominada del Águila Negra o Escuadra del Águila “que dejaría una huella de repugnantes crímenes por dondequiera que pasó y que cubrió de luto a numerosas familias de Navarra durante el tiempo que duró la guerra”. Dicha escuadra, según el mismo autor, “amparándose en las sombras de la noche, irrumpían en los domicilios de los <<rojos>> y, entre gritos de terror de los familiares, se los llevaban para ser fusilados en cualquier rincón de Navarra”. Un informe sobre la represión en Navarra presente en el libro 36´ko gudaldian su-izkillatutako idazle gazteak, publicado por Euskerazaintza en 2002 y que se puede descargar en Internet asegura que "la banda del Aguila" dirigida por un individuo apellidado Apesteguia, que era un lechero del barrio de la Rochapea y que ya desde antes era el responsable de la Primera Línea pamplonesa, y compuesta por dieciocho pistoleros de Falange, se le atribuían en Navarra centenares de crimenes y que “solamente de uno de sus miembros, llamado Galo Egues, se dice que ha intervenido en más de trescientos asesinatos”. Por su parte, en el libro de testimonios recogidos sobre la guerra por José Miguel de Barandiarán se añade la ascendencia sobre el grupo de José Moreno, llamado Pepe Perla por ser el dueño del Hotel La Perla, y de que disponían de un automóvil que tenía el número 34. Reproducimos en esta entrada una foto, publicada en la primera página del número de 19 de agosto de ¡Arriba España!, en la que el Cardenal Primado Gomá pasa revista a siete miembros de la Escuadra El Águila de Pamplona. De esa foto hay alguna otra versión en la que aparecen más miembros de la misma escuadra.



Por otro lado, por nuestra parte, hemos podido conocer que Galo Egüés Cenoz fue despedido en dos ocasiones de sendos trabajos de comercial. En Diario de Navarra de 13 de diciembre de 1930 Aurelio Barber, representante único y exclusivo de las máquinas Alexandervek y PROBAT, comunicaba a su numerosa clientela, para que no fuera “sorprendida su buena fe”, que Galo Egüés había “sido despedido de la casa y cesado como vendador de estas marcas” y de que se consideraban “nulos cuantos pedidos se le hagan al mencionado Egüés no respondiendo de los pagos que se efectúen al mismo”. En Diario de Navarra de 2 de octubre de 1932, el agente general de venta de las cajas regitradoras Crupp en Navarra y la región adyacente ponía en conocimiento del Comercio en general que Egües “no tiene ninguna relación comercial directa ni indirecta con las cajas registradoras Crupp”. Posteriormente, de forma llamativa, en 1933 Galo Egües era secretario de la Agrupación Pamplonesa del Partido Republicano Radical Socialista. Puede presumirse que en su abrupto paso del PRRS a la Falange intervino la figura de Julio Ruiz de Alda, cofundador de la Falange junto con José Antonio Primo de Rivera en 1933, por ser aquél yerno de Emilio Azarola, el principal líder de los radicales socialistas y alcalde de Santesteban por el artículo 29, dado su matrimonio con la hija de éste, Amelia, en octubre de 1931. 

Asimismo, hemos podido saber que Galo Egües Cenoz, salió el 19 de julio de 1936 para Aragón en calidad de Jefe de Centuria, pero inmediatamente pasó al Frente de Guipúzcoa, donde resultaría herido en la toma de Beasain el 28 de julio. Recordemos que la conquista de esta localidad guipuzcoana por las tropas regulares del teniente coronel Cayuela y de los voluntarios navarros requetés y falangistas estuvo acompañada de una elevada agresividad: se saldó con el fusilamiento ese mismo día 28 de julio de 37 personas, entre ellas 7 guardias civiles y varias personas de derechas que habían intentado interceder, saqueándose previamente, con el permiso de la oficialidad, las viviendas abandonadas pertenecientes a personas afines a la República. Posteriormente, Galo Egüés habría estado varios meses trabajando en la retaguardia navarra en labores de “contraespionaje” según su propia afirmación. Por último, cayó enfermo en Teruel debido al intenso frío con congestión pulmonar que le originó inutilidad total. Posteriormente contraería matrimonio en 1942. Nuestros intentos de conseguir más datos sobre el personaje no han dado más resultados, fuera de ser recordado por su asistencia regular a determinados establecimientos. 

Pues bien, el texto que hemos localizado entre las páginas de Diario de Navarra es el único artículo de opinión publicado en la prensa de la época por una de las personas incriminadas en los escuadrones de la muerte que operaron en Navarra y nos permite conocer algo de los parámetros ideológicos en los que se movían aquéllas. En este caso concreto nos permite calibrar el profundo antisemitismo y la honda identificación con el nacionalsocialismo de Galo Egüés Cenoz, desmintiendo una opinion no expresada de forma tácita, pero relativamente extendida entre la opinión pública de la derechona de nuestra tierra, de que nuestro fascismo autóctono, pese a las barbaridades que cometió, tenía en el fondo un carácter más inofensivo que el alemán o el de otras zonas de Europa colaboracionista con éste, sobre todo por su pátina de defensa de catolicidad. 

Galo Egüés comienza asegurando que “Por su situación geográfica era Alemania desde tiempo inmemorial, como no lo fue otro país alguno en la tierra, la meta de la avalancha judaica que de oriente iba irrumpiendo en occidente. Hasta los comienzos del siglo XVIII impidieron medidas de orden legal el que los inmigrantes de abolengo judaico pudiesen adquirir influjo en Alemania. Mas al haber sido derogadas tales medidas de protección, pusiéronse los judíos a penetrar en las esferas, todas de orientación de la vida económica, política y espiritual del pueblo alemán”. De esta forma, señala que en Alemania vivían en 1918 600.000 judíos, “o sea, el uno por ciento de la población total alemana”, pero que en los años siguientes llegó desde Polonia al país germano “un torrente de emigrantes judíos”, favorecidos porque “en Prusia había conseguido el judío Badt el ocupar la jefatura de los asuntos de Inmigración y Naturalización”, quien “tomó las medidas conducentes a facilitar la inmigración de sus congéneres raciales”. Egüés aporta estadísticas amañadas y fantasiosas, copiadas de la literatura nazi de la época, en los que se insiste que, siendo los judíos el uno por ciento de la población alemana, los judíos suponían porcentajes elevadísimos del profesorado de la universidad alemana, de los juristas, de los médicos, de la intelectualidad, de los círculos financieros, de los puestos directivos de las empresas alemanas privadas y de la administración pública y de los cuadros dirigentes de los partidos de la izquierda alemana. Todo ello, para subrayar la infiltración masiva de judíos en los altos cargos de la República de Weimar: “en todos los Gobiernos confederados, así como también en las Administraciones de la ciudades, se aseguraron a la vez los judíos un ascendiente decisivo, y desde estos baluartes iban luego infiltrándose en todos los puestos administrativos del Reich, de sus regiones y municipios”. 

Para Egüés, la infiltración judía servía a los fines del comunismo y coincidía con la generalización de la corrupción a todos los niveles: “Mano a mano con esta conquista solapada iba obrándose la intoxicación del pueblo alemán con el virus comunista, cuyos portadores principales eran los inmigrantes judíos. Simultáneamente desbaratándose también las rectas usanzas en la vida económica. Las nociones de probidad en el comercio y en la vida pública fueron escarnecidas por prevaricadores en grande y por estafas de alto copete (…). Venalidad, corrupción y disolución iban enseñoreándose cada vez más en la vida pública”. En su delirio, Egüés interpreta que “el incendio del Parlamento en Febrero de 1933, debía llegar a ser el punto inicial con que rematar la revolución judaico bolchevique, preparada ya desde hacía años”. Toda esa situación fue salvada por el Führer: “En aquel momento crítico el porvenir del pueblo alemán estuvo en inminente peligro. El que el pueblo alemán se preservara de un lago de sangre y de miseria, eso se le debe a su salvador Adolf Hitler”. Seguidamente afirma que aunque “los difamadores mundiales le presentaron como un monstruo”, Hitler se habría limitado a depurar con comedimiento la infiltración judía ya que “los empleados judíos no fueron por tanto echados a la calle, sino recibieron su retiro, es decir, percibieron desde entonces [según la ley de 7 de abril de 1933] la misma pensión legalmente fijada a que tenían derecho al igual que otro funcionario cualquiera en estado de clase pasiva”. 

Ni que decir tiene que, en su párrafo final, Galo Egüés obvia el contenido el Programa nazi de 1920 que declaraba públicamente su intención de segregar a los judíos de la sociedad “aria” y de abolir sus derechos políticos, legales, y civiles, así como de la exclusión de la administración pública de los funcionarios y empleados judíos y de aquéllos "políticamente poco confiables" serian excluidos de la administración publica mediante la ley que él mismo citaba, la "Ley de la Restauración de la Administración Publica". Esa ley fue la primera formulación del así llamado "Párrafo Ario," utilizado después en distintas normas para excluir a los judíos (y por extensión a otros "no arios") de distintas organizaciones, profesiones, y sectores de la vida pública. En abril de 1933, otras leyes limitarían el número de estudiantes judíos en las escuelas y universidades alemanas y reducirían marcadamente la "actividad judía" en las profesiones médicas y legales. Por otra parte, en Nuremberg, en la reunión anual del partido celebrada en septiembre de 1935, los lideres nazis anunciaron nuevas leyes institucionalizando muchas de las teorías raciales prevalecientes en la ideología nazi. Estas "Leyes de Nuremberg" excluían a los judíos alemanes de la ciudadanía del Reich, y les prohibía de casarse o tener relaciones sexuales con personas "alemanas o de sangre alemana." Otras normas complementarias los privaron de la mayoría de sus derechos políticos. Los judíos fueron privados del derecho a votar y no podían ser funcionarios públicos. Las Leyes de Nuremberg no identificaban a un judío como alguien con determinadas creencias religiosas; la primer enmienda a la Leyes de Nuremberg definía en cambio a un judío como cualquier persona que tenia tres o cuatro abuelos judíos, sin importar si esa persona se reconocía a si misma como judía o parte de la comunidad judía. Muchos alemanes que no habían practicado el judaísmo o que no lo habían hecho en años se encontraron en manos del terror nazi. Incluso gente con abuelos judíos que se habían convertido al cristianismo podían ser definidos como judíos. En los años posteriores, como es sabido, la ofensiva antisemita del poder nazi iría en crescendo hasta llegar a la solución final exterminadora de los habitantes considerados judíos de Alemania y de los demás países invadidos por las tropas alemanas, previa identificación de los mismos. 

Teniendo en cuenta que en Navarra no había población judía, el apego de Galo Egüés por las doctrinas nazis y por la figura hitleriana y su profundo anticomunismo explicarían su ensañamiento con los sectores favorables a la legalidad republicana en aquel verano y otoño de 1936. En el pensamiento expresado por Galo Egüés, y compartido por las cabezas rectoras del falangismo de entonces, encontraríamos las claves de la tormenta asesina desatada durante aquellos meses. A pesar de que el título de la última obra de Preston ha generado polémica, la palabra holocausto también puede ser utilizada en el contexto español y navarro: no sólo por el elevado volumen de víctimas y por la alevosía cómo fueron asesinadas, sino también por el ideario genocida y aniquilador que movía a los asesinos.

sábado, 22 de diciembre de 2012

LA OPACIDAD DE LA NAVARRA OFICIAL.



Este sábado 22 de diciembre nos hemos desayunado con dos informaciones (una divulgada en la prensa y otra localizada en la fuente primaria correspondiente y de la que no hemos encontrado ecos en los periódicos) que corroboran el comportamiento opaco de la Navarra oficial, y de las instituciones ligadas a ella, respecto al afán de transparencia de la ciudadanía, sobre todo, si, como es el caso, están ligadas a cuestiones económicas.

La primera información es el rechazo, por los votos en contra de UPN y PSN y con los votos a favor del resto de los partidos (Bildu, NaBai, PP, Izquierda-Ezkerra y los parlamentarios no adscritos de Geroa Bai), a la comisión de investigación sobre Caja Navarra solicitada por estos últimos partidos, a excepción del PP, y cuyo objetivo era determinar cuáles fueron las decisiones tomadas por los responsables (Consejo de Administración y Directivos) de la CAN “han llevado a la Comunidad Foral a perder su más importante y necesario instrumento financiero autóctono”. En la exposición de motivos, la propuesta de creación de la Comisión de Investigación censuraba la “opacidad y falta de transparencia” que han caracterizado los “procesos de gestión y decisión” que han desembocado en la “perdida del instrumento financiero que más ha participado en el desarrollo y modernización de Navarra”. A ese respecto, los impulsores de la iniciativa constataban que la “ciudadanía de Navarra, sus administraciones públicas, empresarios, autónomos y pymes” están acusando ya las “muy negativas” consecuencias económicas derivadas de la compra de la CAN por otra entidad bancaria, “a un precio muy inferior a la valoración real que tenía muy poco antes de su venta”. Por todo ello, se reclamaba el “esclarecimiento” de las decisiones que han propiciado la “desaparición real” de la CAN y la “pérdida de su capacidad para realizar la función social y financiera para la que fue creada”, sin olvidar que su “futuro como entidad formal está puesto en duda por las repercusiones de una posible intervención del Estado en el control de la Fundación Caja Navarra”.

No hace falta indicar que el voto contrario de UPN y PSN a la comisión de investigación está directísimamente relacionado con el papel central y preponderante desempeñado por esos dos partidos en la gestión de la CAN no sólo durante los últimos años, sino también durante las últimas décadas. El portavoz del primero de esos dos partidos ha afirmado que "si alguien cree que se ha cometido algo ilícito en la entidad ahí están los tribunales de Justicia". El portavoz socialista rechazó la comisión con el argumento de que "es lo más efectista pero no necesariamente lo más eficaz" y recordó que, además de que muchas otras cajas también han desaparecido, su partido está a la espera del informe que solicitó a los servicios jurídicos del Parlamento para conocer si la Cámara de Comptos es competente para analizar el proceso seguido por la CAN. De cualquier forma, algunos sectores del socialismo navarro, más realistas en relación con las auténticas dimensiones del asunto y con los efectos sobre la opinión pública del asunto Cervera, se habrían posicionado en contra de la postura de su partido. Entre ellos estarían ni más menos el diputado Moscoso y el líder del sector crítico Manuel Campillo.

Además de todo lo anterior hoy mismo hemos accedido a la contestación proporcionada por el Secretario de Estado en Relaciones con las Cortes a la pregunta escrita formulada por el diputado Sabino Cuadra, de Amaiur, en el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre en relación con el asunto del IVA de la Volkswagen.

La pregunta constaba en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D de 18 de octubre, entre las páginas 297-298, figuraban los extremos de la misma, fechada el 1 de octubre. En ella se apuntaba, tal y como se había visto reflejado en los artículos que se habían ocupado del tema, que “a fines del pasado año 2011, los Técnicos del Ministerio de Hacienda procedieron a realizar diversas revisiones e investigaciones en relación con el cobro del IVA relativo a las ventas de los vehículos Volkswagen fabricados en el Polígono de Landaben, en Nafarroa, resultando de ello, según los citados Técnicos, la comprobación de diversas irregularidades” y que “como consecuencia de ello, en marzo del presente año la Hacienda estatal procedió a reclamar al Gobierno de Navarra 1.513 millones de euros correspondientes a ingresos dejados de percibir en los últimos 17 años, desde que la entonces planta SEAT de Landaben fue adquirida por la multinacional alemana Volkswagen”. Se añadía que “junto a ello, el Ministerio reclamaba también al Gobierno de Navarra una cantidad de 780 millones de euros por las cantidades de IVA a las que nos estamos refiriendo correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014”. En la pregunta el interpelante se refería asimismo a la solución acordada por la Comisión de Arbitraje del Convenio Económico el 7 de mayo por el que el Gobierno de Navarra pagaba 75 millones de euros, 25 por año, a la Hacienda estatal en relación con el IVA correspondiente a esos tres años y a que “quedaría en manos de la citada Comisión de Arbitraje resolver sobre la posible presentación de un recurso en contra de la reclamación de los 1.513 millones de atrasos a las que antes se ha hecho referencia”. En la pregunta Amaiur se refería a que “Todo lo expuesto ha sido realizado por medio de unas negociaciones que apenas han trascendido públicamente y, lo qué es mas grave aún, sin que haya sido dado a conocer, ni al Parlamento Foral, ni a la ciudadanía navarra, el texto del Acuerdo al cual han llegado los Gobiernos estatal y foral a través de la Comisión de Arbitraje del Convenio. No solo esto, sino que la propia presidenta del Gobierno de Navarra, en su comparecencia ante el Parlamento Foral, realizada a últimos de junio a requerimiento de sus grupos, ha señalado la improcedencia y la innecesariedad de que el citado acuerdo fuera publicado”. Bajo todo ello se preguntaba por “el contenido expreso” del Acuerdo de 7 de mayo de 2012, por “las razones legales, fiscales, económicas, contables o de cualquier otro tipo que haya podido justificar el rebaje de la petición inicial de 781 millones de euros correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, a los 75 millones de euros acordados”, por “las razones legales, fiscales o de cualquier otro tipo que hayan podido justificar que los 1.513 millones de euros correspondientes al IVA de los últimos 17 años hayan sido aplazados en el cobro”, por “las condiciones concretas acordadas (plazos, cuantías, intereses,..) referidas al cobro por parte del Gobierno del Estado —PP— al Gobierno de Navarra —UPN— en relación con los citados 1.513 millones de euros”, por si ha habido alguna cantidad que ha sido condonada por el Gobierno estatal al Gobierno de Navarra y por si “tiene el Gobierno del PP un pacto con UPN consistente en el apoyo diario que estos últimos están dando al Gobierno del PP en el Congreso de los Diputados como contrapartida política al trato ventajoso dado por el Gobierno del PP al Gobierno de Navarra en relación con el tema del IVA”.

Pues bien, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D-General, de anteayer 20 de diciembre, entre las páginas 109 y 111, puede verse la respuesta. El Secretario de Estado en Relaciones con las Cortes se limita a adjuntar dos anexos, el cuarto y el octavo, del Acta 1/2012 de la Comisión coordinadora prevista en el artículo 67 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. El Anejo IV se refiere a la Modificación del método para hacer efectivo el ajuste de la recaudación del impuesto sobre el valor añadido en el quinquenio 2010-2014 a partir del 1 de abril de 2012 y tiene contenidos meramente técnicos relativos a la alteración del cálculo del IVA del objeto en cuestión. El Anejo VIII se refiere al Recurso a la Junta Arbitral: como consecuencia de los acuerdos de liquidación del IVA dictados por la Agencia Tributaria con fecha de 7 de marzo de 2012 en relación con las operaciones realizados por la sociedad Volkswagen Audi España SA (en adelante, VAESA), integrada en el Grupo Volkswagen, respecto de su labor comercializadora de los vehículos fabricados en la factoría de Volkswagen Navarra SA, situada en territorio navarro, “la Administración del Estado presentó ante el Gobierno de Navarra, con fecha 16 de marzo, su declaración de incompetencia para la devolución del IVA soportado por VAESA” y “a su vez, y con fecha 24 de abril, la Comunidad Foral de Navarra, se declaró igualmente incompetente para dicha devolución”, elevando por todo ello la Administración del Estado el asunto a la Junta Arbitral del Convenio Económico, cuya resolución se evaluará en el seno de la Comisión Coordinadora del Convenio.  

Huelga decir que las preguntas de fondo planteadas por el diputado navarro continúan sin tener respuesta, hurtándose la contestación también al resto de parlamentarios  y, a través suya, a la ciudadanía tanto de Navarra como del resto del Estado, y que las consecuencias del asunto en el conjunto de las relaciones económicas entre nuestra comunidad y el Estado, algo de lo que vimos un reflejo en la drástica disminución de la inversión estatal en nuestro suelo, seguirán siendo un arcano. Cabe preguntarse sobre si la tendencia a la opacidad de nuestras élites respecto a las dos cuestiones reseñadas no puedan terminar por tener efectos no previstos ni deseados, que, al final, vayan a perjudicar sobre todo a la ciudadanía navarra. Especialmente en la actual situación, cuando la dureza de la crisis y el desmoronamiento del Estado autonómico obligan a adoptar soluciones realmente duras por todas partes y fomenta la emisión desde diversos ángulos, incluso desde ámbitos académicos, de discursos de revisión de los marcos consensuados desde 1978,  y cuando, con el bochornoso affaire Cervera, los intentos para que pase desapercibido todo lo que guarde relación con la economía y el marco fiscal navarro se zanjan en un estrepitoso fracaso, convirtiendo a Navarra en la comidilla y el centro de todas las dianas.





sábado, 15 de diciembre de 2012

HISTORIA PERSONAL Y FAMILIAR, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN. EL CASO DE RAFAEL GURREA.



Al hilo de una de nuestras últimas entradas, la relativa a la resurrección del tema de la laureada, hemos recordado algunas informaciones que invitan a reflexionar en las relaciones entre historia y memoria en el plano personal, familiar e ideológico y los posicionamientos acerca de ellas y acerca de los gestos de reconciliación. El motivo último de esta entrada son las posturas mantenidas por Mariano Zufía, representante del Partido Carlista/EKA, en los debates sobre la eliminación de aquélla registrados entre 1979 y 1981 en el Parlamento Foral, así como el hecho de que las mismas le valieron un doble reproche de parlamentarios de la derecha: uno personal, por haber salido Zufía, siendo estudiante, voluntario en el requeté con 16 años el 19 de julio de 1936 en la columna de García Escámez para Somosierra; el otro, grupal, por el entusiasta apoyo proporcionado por los carlistas a la sublevación y por la discontinuidad con el mismo que mostraba el carlismo de Carlos Hugo durante la Transición. Justamente uno de los más críticos fue Rafael Gurrea Induráin, parlamentario entonces de UCD y persona en cuya familia concurrían antecedentes llamativos y que queremos poner de relieve por cuanto objetivamente tenía razones para haber sido más benévolo con Zufía.

Dichos debates se iniciaron en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento navarro el 26 de septiembre de 1979 con la discusión de varias mociones, prosiguiendo en otras sesiones, bien de comisión, bien de pleno, durante los dos años siguientes.

La primera moción sobre la que se habló fue la del Grupo Parlamentario Herri Batasuna referida tanto a la eliminación de la laureada del escudo de Navarra como a la supresión de las denominaciones franquistas de vías y lugares públicos y de los monumentos a los muertos en la guerra civil y a la transformación del Monumento a los Caídos en un Monumento a todos los navarros muertos en defensa de la libertad de Navarra y de sus gentes. Ya en relación con esa moción el parlamentario Zufía señaló su apoyo a la misma, aún cuando no estaba de acuerdo “con algunas de las expresiones de la misma ni tampoco con alguna de las manifestaciones” que se habían pronunciado, por considerar que lo nuclear era, en el caso específico del escudo, la eliminación de un elemento “objeto de división de los navarros”. También indicó su apoyo a los otros dos puntos por no estar de acuerdo en que las calles y el monumento a los caídos homenajearan a sólo un bando. En contra de esa moción se posicionarían Astráin (UCD), Arbeloa (PSOE) y Viguria (UPN).

La segunda moción en debatirse en aquella moción fue la presentada por el propio Mariano Zufía. En ella planteó el regreso “al escudo tradicional de Navarra”, eliminando de él la laureada por no ser ésta “de recibo para una parte de los navarros” y en cuanto que el escudo y la bandera debían “ser el símbolo de Navarra, el símbolo de todos los navarros”. Esgrimió los acuerdos de la Diputación de 22 de enero y 15 de julio de 1910 sobre el escudo y la bandera oficiales de Navarra para afirmar que no hacían falta nuevas investigaciones sobre el tema. Propuso asimismo una enmienda a su propia moción, reconvirtiendo la misma en el sentido de dejar sin efecto el acuerdo de 14 de diciembre de 1937 por el que se incorporaba la laureada y declarar vigentes los acuerdos de 1910.

Tras el posicionamiento a favor de la misma de Sorauren (EE) y Aldecoa (HB), se posicionó en contra el representante de UCD Rafael Gurrea Induráin. Para Gurrea la supresión de la laureada no era válida de cara a la reconciliación porque podía “poner en actualidad una confrontación que ha existido en el pueblo navarro últimamente, pero que en este momento sería de nuevo sacada a la palestra, en un momento que es poco oportuno, en un momento en que muchas gentes creerían que es una concesión al revanchismo, y puede ser así interpretada por un sector amplio de nuestra sociedad”. Desde su punto de vista, el electorado de UCD percibía que los pasos y las muestras ofrecidas por ese partido de querer la reconciliación, “como el de la amnistía o el de la aceptación de un Estatuto”, no eran correspondidos “con una mejora sustancial de las condiciones de reconciliación del pueblo, sino que, todo lo contrario, en algunos casos se ha contestado con un recrudecimiento de las causas y de los hechos de enfrentamiento”. Expresado sintéticamente, el electorado ucedista tendría, según él, “la sensación de que está dando algo a cambio de nada”. Además, Gurrea señaló que “cualquier otro partido hubiera sido mucho mejor portavoz” para la retirada de la laureada en cuanto que los carlistas estaban “muy ligados en su origen” a dicha concesión y afirmaba que algo “importante” había sucedido para que EKA, “un partido que debiera recoger las aspiraciones de aquellos mismos carlistas”, pidiera su eliminación. Por otra parte, pensaba que la corona del escudo debía mantenerse como expresión del “glorioso pasado” de “nuestro viejo reino”. Concluía diciendo que el tema debería estudiarse en otro momento en el que el clima fuera más sereno y en el que realmente pudiera tener lugar la reconciliación.

Zufía volvió a intervenir en el turno de réplica negando que la supresión de la laureada fuera “motivo de confrontación” y “concesión al revanchismo”. En cuanto a las alusiones de Gurrea, Zufía afirmó que “efectivamente, por ser miembro del Partido Carlista, por estar aquí representándolo, por haber participado personalmente, como requeté voluntario en aquella guerra”, le correspondía a él presentar esa moción “sin entrar para nada en esa concesión de la laureada, sino precisamente para que desaparezca de la bandera”. Por último, Zufía creía que la corona debía mantenerse. La moción fue rechazada.

Finalmente, en aquella sesión solamente se aprobaría el primer punto, aunque enmendado, de la moción del Grupo Parlamentario Socialista que se refería a la conveniencia de que una comisión de expertos del Archivo General de Navarra y de la Institución Príncipe de Viana emitieran un informe sobre los escudos y banderas de Navarra a lo largo de la historia que serviría de base para un posterior dictamen de la Comisión de Régimen Foral que sería luego debatido por el Pleno del Parlamento. La enmienda de adición presentada por HB. que se añadiría a la moción original, hablaba de que, sin perjuicio de que el Pleno estudiara en su día el informe a elaborar por una comisión de expertos, se adoptaba como escudo oficial de Navarra el escudo de las Cortes de Navarra que venía utilizando el Parlamento Foral, trasladando ese acuerdo a la Diputación a los efectos oportunos. Tal solución sería rechazada sólo por UCD y UPN.

Por último, la eliminación de la laureada se sustanciaría para el futuro en un debate de pleno del Parlamento Foral de 26 de octubre de 1981.

Bastantes años después, Rafael Gurrea volvió a manifestarse en dos ocasiones a favor del mantenimiento de la laureada en aquellos escudos de Navarra en los que la legislación del momento no obligaba a su eliminación. Hemos de recordar que Rafael Gurrea, alcalde de Burlada desde 1974 y cabeza de lista ucedista en las elecciones al Parlamento Foral de 1979 por la merindad de Sangüesa pasó de UCD a UPN en 1983, fue de forma ininterrumpidamente desde 1979 parlamentario foral hasta hace unos pocos años por ese último partido, formación de la que fue secretario general desde 1985 hasta 2002. También llegó a ser Vicepresidente del Gobierno y consejero de Presidencia e Interior y Administración Local de 1996 a 2003 y Presidente del Parlamento navarro entre 2003 y 2007. Su postura favorable a la laureada en las situaciones expresadas se manifestó en dos ocasiones, una en 1992 y otra en 2002.

La primera ocasión fue en relación con la única moción de todo el periodo 1983-1999 en la que el Parlamento de Navarra trató de cuestiones relacionadas con la memoria histórica de la época de la Segunda República, de la Guerra Civil y del Franquismo: la presentada por Izquierda Unida a finales de 1992 para instar al Gobierno de Navarra a la eliminación de los símbolos fascistas del espacio público y en la que el parlamentario de esa formación Taberna Monzón criticó cómo se había gestionado durante la Transición esa cuestión en Navarra, mencionando la existencia de diversos ejemplos, para solicitar que se cumpliera en ese aspecto la Ley de Símbolos de 1986 por cuanto ésta establecía “cuáles son los símbolos de Navarra y donde deben estar en los sitios públicos y visibles”. Gurrea tachó de falsedad la afirmación de Taberna acerca de la inexistencia de transición en España en cuanto que aquí se habría “producido una transición ejemplar como en ningún otro país que haya tenido un gobierno autocrático en los últimos años en la historia europea”. Calificó de regresión en el tiempo la semántica utilizada en la moción en cuanto que le recordaba a la que se utilizaba “en este Parlamento hace doce o trece años” y razonó la existencia de la moción como “parte del ritual de un grupo radical en este tipo de cuestiones, que cumple con la misión de excitar a la sociedad en un tema que, afortunadamente, está olvidado, y no pertenece al primer plano de las preocupaciones de los ciudadanos”. También negó el carácter fascista de la laureada que según él sería “una medalla al más alto mérito militar” y “anterior al franquismo y ajena al fascismo”. Realizó una digresión afirmando que él pensaba que Taberna se habría referido a otros símbolos que se podían ver en la paredes de Pamplona “que no tienen nada que ver con Mussolini, uno de los apuntadores del fascismo, pero que representan a organizaciones que yo tengo por fascistas”. Y al respecto añadió “Pero es muy probable que ustedes no se refieran a ellos porque no lo citan aquí”. Aunque indicó que él no se había dado cuenta de la existencia de la laureada en el edificio de la CAN, sí se había percatado que en el escudo y la placa de la plaza de la Cruz figuraba como último nombre de los inscritos en la misma el de un Taberna, lo que tal vez, según Gurrea, habría motivado al mocionante a proponer la iniciativa “para que no haya confusiones, para que nadie crea que un Taberna de los de su raigambre” estaba “comprometido” con lo que se conmemoraba en el monumento. Mantuvo que tanto la Ley navarra de Símbolos de 1986 como el Real Decreto del 81 referido al ámbito del Estado exoneraban de la supresión de simbología a “aquellos edificios o monumentos que, aunque no tengan carácter histórico-artístico, estén hechos de tal manera que quitarlos produzca una violencia al inmueble”. Gurrea entendía que ésa era “una fórmula pacificadora que se utilizó en aquel momento, en un momento necesario para conseguir una estabilidad y una serenidad de ánimos que ustedes, naturalmente, están deseosos de romper, pero que nosotros no vamos a quebrar”. Para finalizar, tildó a la moción de anacrónica y zafia. Por último, la moción fue rechazada por la acción conjunta de UPN y PSN.

Asimismo, en 2002, ante una pregunta realizada por el mismo Taberna Monzón, sobre la retirada de los símbolos franquistas, el mismo Gurrea, desde 1996 Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, respondió que no a la pregunta de si consideraba necesario modificar la ley de símbolos de 1986 “para proceder a la retirada de la simbología franquista”. De hecho, en el proyecto de Ley Foral de Símbolos, presentado por él, en marzo de 2003, no se hacía ninguna mención a la retirada de los símbolos franquistas presentes en espacios públicos, lo que finalmente se consiguió a partir de una enmienda in voce del PSN de creación de una disposición transitoria que se incorporó al Dictamen aprobado por la Comisión de Régimen Foral acerca del mencionado Proyecto y que sería apoyada en el Pleno.

Más allá de la postura, continuada en el tiempo, de apoyo de Gurrea al mantenimiento de la laureada, lo que nos interesa destacar es su posicionamiento acerca de la actitud de los mocionantes que solicitaban la eliminación de aquélla. Tanto respecto a Mariano Zufía como en relación con Félix Taberna se advierte un comportamiento parecido, ya comprobado en el caso de Palacios Zuasti. Se obvia el significado negativo e insultante de la condecoración sobre la que se debatía para una parte importante de la ciudadanía navarra y se enfoca hacia el pasado tratando de buscar contradicciones entre las actuaciones de las personas en el momento presente y las actuaciones de esas mismas personas (o de familiares suyos, incluso presuntos, o de los partidos en los que se encuadran) en el pasado recreado por la derecha navarra, como si tuvieran que ser esclavos ineludibles de la manera en que ésta lo reinterpreta a su propia conveniencia. También se percibe una postura de distanciamiento respecto al tema de discusión, como si los representantes de UCD en la primera legislatura y de UPN y PP en las últimas décadas no se contemplaran como concernidos en relación a los aspectos últimos del mismo: el derecho a la memoria de los demás y al deber de memoria y de apostar por la reconciliación por parte de todos los representantes políticos y de toda la ciudadanía navarra.

En el caso de Gurrea la cosa sorprende porque en el plano familiar sí que es una persona concernida por acontecimientos oscuros de la guerra civil de los que se colegiría una actitud menos contundente a la hora de enjuiciar los posicionamientos y gestos de los demás en relación con la memoria histórica de aquel periodo. De forma que pueden entenderse sus posicionamientos como de fidelidad a la memoria de la conducta de su padre y a la de un tío suyo y también como de estrategia política, entendible desde cierta racionalidad que opta más por la confrontación que por el entendimiento sin mostrar empatía con las circunstancias ajenas y que aboga por el cierre de filas en relación con la lectura unilateral de la guerra civil y de la postguerra.

Cuando nos referimos a la conducta de su padre, Rafael Gurrea Ureña, nos hacemos eco de dos artículos que se refieren al asesinato del Comandante de la Guardia Civil José Rodriguez-Medel Briones en la propia comandancia de Pamplona, en la calle Ansoleaga, el 18 de julio de 1936 hacia las 20 horas y al hecho de que en el segundo de ellos aparece mencionado el nombre de aquél.

El primero de los artículos fue publicado en 1991 en la revista Príncipe de Viana por Gonzalo Jar Couselo y constituye una revisión minuciosa de las versiones ofrecidas de la muerte de Rodriguez-Medel y de la trama conspiratoria conducida por el general Mola. Hay que subrayar que Gonzalo Jar Couselo, fallecido en 2009, fue general de división dela Guardia Civil, Doctor en Ciencias Políticas y autor de numerosas publicaciones de contenidos sociológicos, politológicos o historiográficos que demuestran su interés por las intervenciones humanitarias y el respeto a los derechos humanos y a la democracia. De dicho artículo se infiere que las versiones tradicionales acerca del suceso analizado deben ser rectificadas ya que queda claro que el Comandante Rodriguez-Medel fue disparado por la espalda por alguno de sus propios subordinados cuando pretendía trasladarlos a Tafalla para establecer una línea defensiva desde la cual oponerse a los sublevados contra el gobierno legítimo. El único punto oscuro que restaría en relación con tal suceso sería, según Gonzalo Jar, el de quién fue el asesino del mencionado comandante ya que sus intentos por hablar con familiares de quienes fueron testigos directos del mismo se toparon con un muro de silencio.

Precisamente dicha cuestión conoció un inesperado giro en el año 2008 con la publicación en la revista Hermes de un artículo del periodista Mikel Donazar, que daría lugar a un documental que puede verse en Youtube, dividido en parte primera y parte segunda, en el que se incluía una relación de los 93 números y oficiales que se encontraban en aquel momento en la Comandancia de la calle Ansoleaga, documento aportado por el hijo de uno de los relacionados. En dicho listado figura una cruz que identificaría supuestamente a una treintena de guardias civiles implicados en una conspiración, urdida en última instancia por Mola para desembarazarse del único elemento que podía obstaculizar el éxito de la sublevación en Pamplona, justamente el mencionado Comandante Rodríguez-Medel. Junto a los protagonistas esenciales de la confabulación en la misma comandancia, también destacados por Jar Couselo, como el capitán Domingo Auría Lasierra (el cual se vanagloriaría de su conducta en su expediente personal) y los tres hermanos Nuin Mutilva (uno de los cuales, Serapio, acudiría a la Comandancia Militar, comunicando textualmente en persona a Mola que “Acabamos de matar a nuestro comandante y, de parte del Capitán Auria, hemos venido a decirle que estamos a sus órdenes para que nos mande”), aparece en dicha lista el más arriba mencionado Rafael Gurrea Ureña, progenitor como se dijo de Rafael Gurrea Induráin. En nuestras investigaciones sobre Sartaguda ya pudimos comprobar que Rafael Gurrea Ureña residía, con 11 años de edad, en 1925 en esa localidad en cuyo puesto de la guardia civil estaba destinado su padre.

En relación con todo lo anterior, son desconocidas hasta el momento las opiniones de Rafael Gurrea Induráin acerca del grado de veracidad de dicho listado, así como su nivel de conocimiento de tal acontecimiento y de los implicados en él. Asimismo, hay que recordar que en relación con lo sucedido la tarde del 18 de julio en la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, además del asesinato del comandante Rodríguez-Medel, también tendría lugar la detención de otros dos mandos de la misma comandancia por su posicionamiento a una con aquél: el Comandante José Martínez Friera y el Capitán Ricardo Fresno Urzáiz, ambos posteriormente fusilados a finales de agosto.


Todo lo anterior constituiría una muestra más de los peligros de los juicios taxativos y de las tácticas de enmañamiento y de confusionismo, tan propias de la derecha navarra, acerca del comportamiento y de las intenciones ajenas en relación con las cuestiones ligadas con la historia, la memoria y la gestión de ésta última desde una vertiente política e institucional. Más de treinta años después del ataque de Gurrea al pasado y al afán reconciliador de Zufía, y aunque la implicación del padre de aquél en los sucesos referidos en la Comandancia de la calle Ansoleaga el 18 de julio de 1936 es algo que nunca se podrá determinar con exactitud en vista de la debilidad del documento mencionado y de la inexistencia en su momento de una investigación, algo que afecta a la práctica totalidad de los asesinados por los golpistas durante la guerra civil en los que la concreción de la autoría de los crímenes no puede ir como mucho más allá de lo indiciario, los datos aportados aquí sirven para interpretar las palabras del entonces parlamentario de la UCD como una suerte de salivazo al cielo, quizás inconscientemente realizado, pero en todo caso significativo.

domingo, 9 de diciembre de 2012

WERT, ¿FRANCOTIRADOR ESPONTÁNEO O IDEÓLOGO DE CABECERA?.



El día 5 de este mes Antoni Gutiérrez-Rubí planteaba que las últimas provocaciones en relación con la lengua catalana del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega, obedecían a una estrategia de fondo, no a un mero movimiento improvisado e individual. Personalmente, estoy sólo parcialmente de acuerdo con el mencionado experto en comunicación política. Comparto su idea de la existencia de una estrategia planificada colegiada por parte del Partido Popular con la finalidad de conformar determinados escenarios políticos en el futuro, así como su percepción sobre las consecuencias y riesgos para la convivencia del enfoque adoptado por Wert en relación con las lenguas cooficiales, sobre todo en un momento en el que echar leña al fuego a la cuestión catalana es ciertamente peligroso. Ahora bien, disiento de la perspectiva que plantea que Wert sería sólo un histrión que verbalizaría argumentos ajenos. Desconociendo su peso real dentro del gobierno y dentro del partido que le sostiene, que aparentemente no puede ser excesivo, no creo que sea un francotirador espontáneo. Se suele olvidar su amplia trayectoria desde 1977 dentro de las filas de la derecha, su militancia en UCD hasta 1982, los puestos de responsabilidad política que desempeñó, y su militancia en el PDP desde 1983, partido éste, en colación con AP y UL, por el que fue concejal en Madrid y diputado. Además, quiero llamar la atención sobre su papel de ideólogo de cabecera, que iría mucho más allá del de agitador a la búsqueda de titulares impactantes, en la medida en que es autor de un documento relativamente importante en el que cuestiones como la reforma territorial y los cambios en política social y educativa aparecen fuertemente imbricadas, consignándose asimismo reflexiones de base relacionadas con la necesidad de alteración de muchos elementos axiológicos de la sociedad española.

El documento al que me refiero se denomina Los españoles ante el cambio y fue publicado en febrero de este año por la Fundación FAES, el think tank del Partido Popular, pudiéndose descargar de su página web. Fue escrito antes de ser nombrado ministro y puede entenderse como un auténtico manifiesto en el que, mezclándose ultraliberalismo y neoconservadurismo, se propugna aprovechar las circunstancias de la crisis para inducir una transformación profunda del Estado y de la sociedad españolas. Ha recibido loas, entre otros, del navarro Santiago Cervera, ahora diputado en Cortes por Madrid del PP, quien se ha sentido identificado con Wert por las bajas calificaciones que recibe en las encuestas, algo a lo que aquél estaría ya acostumbrado en Navarra tras su larga trayectoria política.

En el preámbulo del libro se afirma que la finalidad del mismo es, a partir de “una reflexión ordenada” acerca de la sociedad española, “servir de pauta a un debate más amplio sobre los desafíos de nuestro país” en el difícil contexto actual considerado como “un cruce de caminos histórico, de cuya respuesta al mismo va a depender su devenir en los próximos y decisivos años”. La estructura misma del documento en su parte principal (el primer capítulo está dedicado a la cuestión territorial e identitaria, el segundo a la crisis del estado del bienestar, el tercero a los valores personales y sociales y el cuarto a la política) obedece a un propósito claro de dirigir al lector hacia las opciones de actuación que se plantean en cuanto que el marco interpretativo o frame de interpretación de la realidad que se propugna apela con fuerza desde el inicio a aspectos en los que la emotividad resulta fácilmente suscitable. Puestos de relieve en primer lugar los problemas identitarios causados por los nacionalismos periféricos, a partir de ahí resulta fácil predisponer al lector, de antemano altamente predispuesto si es consumidor habitual de los productos de FAES, a favor de las tesis que se presentan después sobre el carácter ruinoso del estado autonómico o el dispendioso del estado de bienestar español. Añadiremos también que las argumentaciones están acompañadas de datos estadísticos en su mayor parte tomados de encuestas, sin que aquéllas sean sopesadas o ponderadas con otros datos estadísticos de índole mucho más incontestable que contribuyan a dimensionar las cuestiones a debate en su magnitud auténtica, con el objetivo de que el relato que se propone sea aceptado de forma acrítica. Por consiguiente, como veremos, el análisis adolece de una excesiva carga retórica.

En la parte dedicada a “Identidad, nación, autonomías” se afirma que los problemas identitarios en España están provocados exclusivamente por los sentimientos particularistas motivados por los nacionalismos periféricos. Los sentimientos duales de pertenencia, de apego “armonioso” a la comunidad autónoma respectiva y a la nación española, están generalizados con la sola excepción de tres comunidades: Cataluña, País Vasco y Navarra. La inclusión de nuestra comunidad en tal nómina justificaría esta entrada por ser los navarros concernidos como problemáticos y objeto de diagnóstico y tratamiento. Mientras en el conjunto de España el 60% de la gente considera a España “su país” (lo que constituiría la forma más fuerte de identificación emocional-racional, frente a otras variantes menos comprometidas como “una nación de la que me siento miembro”, “un país del que soy ciudadano”o “un país compuesto por varias nacionalidades y regiones”, o totalmente descomprometidas como “un Estado al que mi país no pertenece”), en Cataluña esa identificación fuerte la comparten el 34,7% de los ciudadanos, en Navarra el 34,9% y en el País Vasco apenas el 21%. Asímismo, frente a una actitud favorable al reconocimiento al derecho de secesión de las Comunidades Autónomas, que sería inferior al 2% en el conjunto de las demás Comunidades, en Navarra, esa actitud la suscriben el 13%, en el País Vasco el 21,9% y en Cataluña el 23,6%. Por último, mientras en el conjunto de las demás Comunidades menos del 8% dice sentirse “poco” o “nada” orgulloso de ser español, en Navarra ese sentimiento de distancia afectiva lo suscriben el 26%; en Cataluña, el 29,4%, y en el País Vasco, el 40,3%.

Bajo todo lo anterior Wert concluye, que aunque “la sociedad española no presenta ni mucho menos un cuadro de desintegración que se pueda comparar al de otras sociedades que en el pasado reciente han experimentado procesos de fragmentación violentos (como la antigua Yugoslavia) o más o menos pacíficos y pactados (como la antigua Checoslovaquia) o que se enfrenten ahora a un riesgo de fragmentación (como Bélgica)”, “no puede desconocerse que en España es necesario encontrar una forma de canalizar esas pulsiones de desintegración –por limitadas o selectivas que sean– antes de que las mismas se enquisten más dañinamente en la convivencia”. Es de pensar que esas consideraciones, realizadas varios meses antes de la reciente dinámica catalana, se hayan reforzado en el ánimo del ministro durante los últimos tiempos, tal y como ha tenido ocasión de verbalizar.

Sin embargo, no son aquellas tres comunidades el único foco de preocupaciones del sociólogo metido a teórico del Partido Popular. Otra fuente de problemas es la misma organización autonómica del Estado en sí ya que además de haber agravado los problemas de las nacionalidades históricas, ha generado “una dinámica de emulación entre Comunidades potencialmente desintegradora”. Por un lado, se ha asistido a la inclusión en la agenda de las sociedades políticas del País Vasco y Cataluña, a causa sobre todo de la labor de las élites nacionalistas, de conceptos ligados al soberanismo explícito (en el caso de la segunda comunidad porque el PSC habría hecho una labor de “tonto útil”, al decir de Wert), con lo que “la vieja referencia orteguiana de la “conllevancia” como estrategia a aplicar en las relaciones con Cataluña (y habría que añadir en la perspectiva actual al País Vasco) se está poniendo muy difícil”. Por otro, la dinámica de emulación negativa habría “arrastrado a otras Comunidades a buscarse a sí mismas exaltando su particularismo, inventando identidades y jugando con las palabras al borde del precipicio”.

Con el apoyo de datos demoscópicos que asegurarían que “por primera vez desde el comienzo de la Transición encontramos encuestas en las que hay una proporción significativa de gente que creen excesivo el grado de autonomía transferido a los gobiernos autonómicos” y que habría porcentajes importantes de ciudadanos que desearían menores niveles de autogobierno para su comunidad, Wert menciona que la necesidad de reflexionar sobre la sostenibilidad del actual modelo territorial estaría obstaculizada por la existencia “de unas élites políticas celosas de lo conseguido y, probablemente, resistentes a cualquier redimensionamiento a la baja del tinglado institucional construido y del soporte competencial que lo sostiene”. Esas élites no se encontrarían sola, ni principalmente, en los partidos de identidad nacionalista, ya que también estarían ubicadas en los partidos nacionales y, por supuesto, también en los partidos regionalistas como UPN. Para el ministro de educación la reforma del modelo territorial, “sin necesidad a priori de una reforma constitucional, pero sin descartarla si fuera imprescindible”, debe hacerse por motivos de economía y eficacia y porque, en definitiva, “es preciso podar la fronda político-administrativa que se ha ido creando en las Comunidades Autónomas, con estructuras de mini-Estados que no es posible –ni útil– mantener”, urgiendo para ello el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales. Puede pensarse que todo este análisis, en el que se marginan y obvian todos aquellos elementos distorsionadores, sobre todo el despilfarro y la corrupción generalizadas en la mayoría de las comunidades autónomas, sobresaliendo entre ellas las gobernadas por el Partido Popular, que han convertido en inviable el estado autonómico (y que harían inviable cualquier otro modelo, fuera centralizado o mixto), ha sido el que ha pautado la actuación política del Gobierno del PP. Al decir de Pérez Royo, el Gobierno de Rajoy “con mayoría absoluta, en lugar de considerar que el derecho a la autonomía puede ser un instrumento de gobernabilidad, vive el ejercicio de tal derecho como un obstáculo para la acción del Estado”, instalándonos “en un momento desconstituyente, en el que se está procediendo a derribar lo que se construyó con base en el clima constituyente de 1978-83”, por medio del “uso abusivo del decreto-ley”, y con la puesta en marcha, con el pretexto “del conflicto con Cataluña”, de una agenda, no reformista sino reaccionaria, en todos los terrenos. Cabe concluir, por tanto, que la campaña centralizadora, de la que hemos conocido los primeros avances por medio de la intervención competencial mediante norma superior y que terminará afectada a parcelas importantes del autogobierno autonómico y, por extensión, a expresiones más específicas y singulares como el régimen fiscal concertado vasconavarro, encuentra sus primeros anclajes teóricos en las tesis wertianas.

Acerca de la crisis del estado de bienestar, Wert asegura que la sociedad española “por razones que sería no solo compleja sino probablemente imposible de enumerar aquí por falta de espacio, responde más que ninguna otra de aquellas con las que la podamos comparar a lo que yo he llamado en alguna ocasión el síndrome estatal asistencialista”, según la cual “el Estado es el responsable del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos”. Dicha concepción estaría profundamente arraigada en España frente a la opción intermedia conservadora-corporativa o frente a la opción extrema liberal “que dice que los ciudadanos son esencialmente responsables de su propio bienestar y es a ellos a quienes les toca garantizarlo y asegurarlo”. Las encuestas mostrarían que aquella concepción sería mucho más generalizada en España que en cualquier otro país occidental, yendo, además, en aumento en los últimos años y estando presente en todas las cohortes generacionales y entre los simpatizantes de todos los partidos. Todo ello constituiría un evidente obstáculo de cara la implementación de las ineludibles reformas que habría que acometer dada la obvia, según Wert, inviabilidad del sistema de política social en España, en especial de cara al futuro dado el creciente envejecimiento de la población española. A su juicio, “es precisa alguna forma de nuevo contrato social que redefina la solidaridad intergeneracional sobre bases posibilistas y realistas, atentas a las nuevas realidades demográficas que la condicionan más allá de lo ideológico, del voluntarismo o de las buenas intenciones”.

Resulta sorprendente que en todo el enfoque wertiano se hable de recortar el estado de bienestar español y se silencien absolutamente los datos relativos a las características del mismo, entre los que sobresalen, tal y comoha recordado repetidamente Vicenç Navarro, su escasa financiación y desarrollo. España tiene el gasto público social, tanto por habitante como en relación al PIB, más bajo de la UE-15 (el grupo de países de semejante desarrollo económico al español). Por otra parte, España se gasta en el Estado del bienestar mucho menos de lo que debería gastarse por su nivel de riqueza: con un PIB per cápita del 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15, se gasta en su Estado del bienestar sólo el 74% de lo que se gasta el promedio de la UE-15. Los problemas del estado del bienestar español no son, por tanto, derivados de su hipertrofia, sino de un recaudación fiscal muy deficiente a causa de un fraude fiscal, en especial de las rentas superiores y de las grades empresas, que alcanzaría un montante, estimado por el citado profesor, de 44.000 millones de euros al año. Teniendo en cuenta todos esos datos las percepciones subjetivas de los ciudadanos españoles en pro de un estado asistencialista serían producto de una enorme ansía de lo imposible o de una dramática distorsión cognitiva, habida cuenta del exigente esfuerzo fiscal exigido a los asalariados y clases medias, en sensible aumento en los últimos años, en especial a partir de la toma de posesión de Mariano Rajoy.

En relación con los valores personales y sociales, por último, Wert llama la atención sobre “el acusado pluralismo axiológico” asentado en la sociedad española tras 1975, así como la situación de desconcierto que vive la misma en ese ámbito debido a que el vacío prescriptivo dejado por la Iglesia no ha sido “rellenado con otras alternativas –sistemáticas o no– de valores”. Además, la sociedad española se caracterizaría, a tenor de las preferencias denotadas por las encuestas, “de un patrón cultural muy vitalista y presentista, una cultura del carpe diem, desentendida de lo social-abstracto y más atenta al disfrute que al sacrificio”, advirtiéndose entre los jóvenes “una cierta ruptura del vínculo entre el trabajo (y extensivamente, el esfuerzo y el sacrificio) y el logro (en su dimensión más mostrenca, al menos, la del bienestar económico)”. Esas valoraciones pecan, a nuestro juicio, de ahistóricas y esencialistas ya que presentan los presuntos valores anteriores a 1975 como no afectados por la influencia de los elementos de aculturación política y religiosa del franquismo o por la misma situación de mayor pobreza relativa, en todas las esferas, de los ciudadanos españoles de los años sesenta y setenta. Asimismo, creemos que se olvidan de la doble moral imperante durante la dictadura franquista, tanto entre las élites como en muchos ámbitos de la sociedad española, sobre una pluralidad de cuestiones. También convendría recordar que, en todo caso, el hedonismo, el acriticismo y la cultura consumista han sido profusamente difundidos como pautas a imitar por los jóvenes españoles desde los nodos centrales del sistema, en especial en los últimos lustros, y que, de cualquier forma, grupos y personas afines al Partido Popular, también son profundamente responsables de la catastrófica situación del país por su querencia hacia el enriquecimiento súbito mediante fórmulas que nada tienen que ver con la cultura del esfuerzo, sino más bien con la de la corrupción pura y dura.

Como causas últimas de las actitudes de la sociedad española en relación con los valores, Wert apunta hacia la pérdida de peso de la familia y de la escuela como elementos transmisores de valores. En el caso de la familia apela a la incidencia “del cambio en los roles familiares que la incorporación masiva de la mujer al trabajo fuera del hogar supone”, ya que “más trabajo de la mujer fuera de casa no significa, ni mucho menos, desatención a los hijos y a su educación, pero sí implica una dedicación cuantitativa menor a todo ello”. En el caso de la escuela, “el modelo educativo imperante –más aun desde su radical descentralización– por encima de su mediocre rendimiento en la función de transmisión de conocimientos, como acreditan persistentemente las comparaciones internacionales, lleva a que prevalezca –especialmente en el gestionado públicamente– un práctico desistimiento de la función de transmisión de valores o, quizá dicho de modo más preciso, la idea de que debe inculcarse en los educandos el concepto de que los valores –especialmente en lo que se refiere a las orientaciones de moral individual– banalizados en el concepto de estilos de vida son todos igualmente aceptables”. Sobre la hipotética incidencia de la incorporación masiva de la mujer al trabajo en las últimas décadas, basta señalar que, de ser cierta, incriminaría, sobre todo, a la incapacidad de las parejas de sexo masculino de las mujeres trabajadoras de cara a asumir los roles compensatorios normales propios de la época y de la situación. Sobre los comentarios referidos al sistema educativo, vuelven a estar ausentes elementos de ponderación objetiva, como la inversión en relación con el PIB, que explican una parte sustantiva del fracaso escolar en España. Tampoco se mencionan otros más ligados al modelo económico de bajo capital humano y basado en la construcción que fue potenciado en la segunda mitad de los años noventa por el Partido Popular y que fue continuado a partir de 2004 por los gestores socialistas. Como es ampliamente conocido, con el boom del ladrillo, jóvenes que ganaban en la construcción más de 2.000 euros al mes abandonaron tempranamente sus estudios y ahora, carentes de formación, están abocados al paro de larga duración con el BMV o Audi estacionado a la puerta porque no tienen dinero para combustible ni compradores de segunda mano.

Para finalizar, en el apartado de conclusiones se remarca el carácter de la crisis económica actual como oportunidad “para tomar impulso como país y como sociedad” y se alude a que “hay que retomar –o refundar– el vínculo nacional y el vínculo social debilitados respectivamente por errores políticos y falencias sociales de distinto tipo”. Para ello, las reformas necesitan de una labor previa, de construcción de “un relato de sacrificios compartidos y de sacrificios con sentido”, todo ello compatible con la circunstancia de que el Partido Popular no necesitaba (recordemos que el texto fue escrito antes de las elecciones de noviembre de 2011) comprometerse con un programa explicitado puesto que “es mejor afrontar la crítica a la inconcreción que el repudio al incumplimiento” y “la próxima legislatura va a ser muy dura y muy exigente para el futuro Gobierno y bastante lastre va a llevar en todo caso como para necesitar ponerse él mismo más cargasobre los hombros. Asimismo, se debe ampliar la mirada de la ciudadanía, en un esfuerzo de corrección de “las limitaciones de comprensión de las interdependencias globales”, de su “provincianismo en la lectura del fenómeno de la globalización” y de su percepción “insuficiente o sesgada de las implicaciones de la pertenencia a un espacio económico supranacional como el de la Unión Económica y Monetaria”. A diferencia de otros sociólogos de otros países, que también han tratado de desarrollar una función similar de consejeros aúlicos de los gobernantes nacionales, pero que han avisado de las consecuencias negativas del proceso de globalización para las sociedades propias, Wert se muestra absolutamente acrítico con el mismo, como si la economía española, muy débil estructuralmente y más debilitada todavía por efecto de la política económica seguida en los últimos quince años y por las decisiones de los ultimísimos años, estuviera en posiciones de concurrencia perfecta frente a otros países.

Wert finaliza su texto reclamando la reforma educativa y la reforma territorial. Sobre la primera, los argumentos son ya conocidos por el lector a través de la prensa: resultados pobres en las comparaciones internacionales sobre rendimiento académico de nuestros jóvenes, bajo nivel de conocimiento de inglés, escasa calidad de la enseñanza universitaria, primacía de la organización del sistema y de los valores educativos sobre los recursos a invertir como factores a tener en cuenta, falta de compromiso con el esfuerzo y el mérito y complacencia con el fracaso y la mediocridad. A la luz de todo ello, resultan fáciles de entender los contenidos que se van conociendo de su propuesta en nueva ley de educación basados en la potenciación de la escuela concertada y en el ataque a la escuela pública. Seguirían siendo, en cambio, difíciles de entender, por no verificables en relación con los objetivos de reforzamiento de los valores morales e identitarios preconizados por el ministro, las razones de fondo de la eliminación de la asignatura de Educación para la ciudadanía, la defensa de la Religión como optativa, el blindaje de la concertación religiosa y de la segregación por sexos o el descrédito de los modelos bilingües o trilingües que parten de un idioma vehicular diferente al castellano. Aunque retóricamente puedan entenderse, a la luz de sus consideraciones sobre la necesidad de reforzar los elementos de aculturación identitaria propios del nacionalismo español, sus propuestas de reducción de la autonomía de las CCAA a la hora de la fijación de contenidos y de imposición de otros dictados desde Madrid, la experiencia histórica dicta que los empeños en adoctrinar ideológicamente desde la escuela, sea en la esfera identitario como en la axiológica, suelen chocar con una realidad mucho más poliédrica, no resultando operativos más que allá donde el contexto es altamente coincidente y siendo, a la larga, germen de problemas por su afán de simplificación.

Acerca de la reforma del estado autonómico, “racionalizar el Estado multinivel suprimiendo la miríada de duplicaciones, solapamientos e ineficiencias del mismo” es para el ministro “algo imprescindible y urgente” porque “tenemos una Administración antieconómica no sólo por lo que cuesta, sino por lo que entorpece la vida económica y social” ya que “fenómenos como la hiperlexis, la multiplicidad reglamentaria, las contradicciones normativas, las intervenciones administrativas múltiples, perjudican la actividad económica y atentan contra la unidad de mercado”. Para esta última reforma, haría falta “un sólido acuerdo político entre los partidos nacionales y un compromiso honrado también con los partidos nacionalistas y con las sociedades en las que aquellos se han arraigado”, si bien “la búsqueda de esos compromisos no puede enervar eternamente la acción”, con lo que, aunque “esta reforma será mucho mejor con ese acuerdo”, “la falta de él no puede ser excusa para abordarla”.

Un documento, en definitiva, imprescindible para entender las claves últimas de la actuación política del gobierno popular. Si bien las ideas de fondo inclinan a pensar que estamos ante un mero aggiornamento, no excesivamente intenso, de los mensajes de siempre de la derecha española, la agenda mencionada anima a pensar que la derecha española quiere protagonizar un segundo intento, truncado el de Aznar, de corrección de todas aquellas cuestiones con las que tuvo que transigir a finales de los setenta y que, tras evaluar la correlación de fuerzas que puedan oponérsele, no sólo no duda en optar por la confrontación, sino que estima como más conveniente un escenario de polarización.




lunes, 3 de diciembre de 2012

LA VERSIÓN DE SAN FRANCISCO JAVIER DEL NAVARRISMO DE DERECHAS DURANTE LA REPÚBLICA Y EL FRANQUISMO.



Con ocasión del día de hoy, festividad de San Francisco Javier, resulta pertinente profundizar en las características de uno de las interpretaciones discursivas en torno a aquél, la propugnada desde el navarrismo de derechas, sobre todo por su carácter movilizador durante la época de la República y por su trascendencia durante la postguerra y la dictadura franquista.

Tras su beatificación por Pablo V en 1619, la Diputación del Reino de Navarra, en nombre de éste, acordó en 1621 recibirlo por patrón a Francisco de Javier a expensas de que dicho acuerdo fuera ratificado por parte las Cortes en su próxima reunión. Para cuando éstas corroboraron dicha decisión, en 1624, Gregorio XV había canonizado dos años antes a aquél, junto con San Ignacio de Loyola, San Isidro Labrador, Santa Teresa de Jesús y San Felipe Neri. El acuerdo del legislativo navarro añadía la petición a la Diputación para que estableciese el ceremonial pertinente, lo que fue raudamente cumplimentado, así como la solicitud a todos los obispos que tenían jurisdicción en tierras navarras para que la festividad fuese de precepto en todo el Reino. No obstante lo anterior, entre 1647 y 1657 se registró un debate porque el Ayuntamiento de Pamplona y el Cabildo de la Catedral quisieron hacer valer la primacía de San Fermín como patrón de Navarra. Finalmente se optaría por designar a ambos santos como copatronos igualmente principales del reino.

Dada la condición objetiva de ser San Francisco Javier miembro de una familia agramontesa que luchó en contra de la invasión castellana, se ha comentado que su nombramiento como patrón del reino fue una expresión de patriotismo navarro por parte de las instituciones navarras en esos años. La revitalización del sentimiento particularista estuvo acompañado de otros acuerdos de las mismas como la solicitud de que el obispado de Pamplona y las abadías recayeran en hombres navarros; el nombramiento del jesuita pamplonés José Moret como primer cronista del reino, o el encargo a Antonio Chavier de la recopilación de la legislación autóctona, quien de paso insistirá, al igual que Moret, en la primacía del reino y de sus leyes sobre la soberanía del monarca.

Durante el siglo XIX se perdió la convergencia barroca en la que en los actos en homenaje al santo confluían visiblemente autoridades civiles y eclesiásticas con la mayor pompa. De hecho, hacia finales de siglo el ceremonial civil y el religioso tomaron caminos separados: la Diputación se limitaba a acudir a una misa que se celebraba en la capilla del Palacio Provincial en honor del patrón de Navarra, mientras el obispo y la Archicofradía de San Francisco Javier celebraban sendas misas a horas distintas por la mañana. De cualquier forma, hacia finales de la misma centuria la figura de San Francisco Javier comenzaría a ser reivindicada con fuerza con arreglo a los parámetros del romanticismo eúskaro. Así, en 1882 Paulino Gil Bardaji le incluía en su Memoria acerca de los hombres célebres de Navarra, Claudio Otaegui le dedicaba el poema San Francisko Javierko Indietako apostulari alabanzak, premiado en el certamen literario celebrado en Pamplona en 1882 y Juan Iturralde y Suit publicaba en 1883 Una visita al Castillo de Javier. Esos textos fueron previos a la peregrinación que organizó la Diputación en 1886 en acción de gracias por haber considerado que el santo había evitado una epidemia de cólera morbo en Navarra y a la que acudieron gentes de todas las Merindades, especialmente desde Pamplona.

Durante las tres primeras décadas del siglo XX tendría lugar una primera consolidación de la interpretación de San Francisco Javier como símbolo de la catolicidad de Navarra frente a los intentos de laicización de los gobiernos liberales que ya en diciembre de 1906 habían provocado una fuerte contestación con ocasión de la Ley de Asociaciones que se quería aplicar a las congregaciones religiosas. Tras un primer intento de instituir anualmente una marcha a Javier por parte de Diario de Navarra en 1911, que no tendría continuidad inmediata, la Diputación acordó en 1916 “reponer el acuerdo del Reino del 2 de agosto de 1622” y restablecer la participación solemne de la corporación en los actos de San Saturnino en corporación, recreando una escenografía tradicionalista de gran boato. Ese ceremonial se repetiría anualmente sin variaciones hasta la llegada de la República.

Por otra parte, a partir de entonces comenzó a publicar sus trabajos el jesuita Francisco Escalada en los que se difundiría la imagen del santo como heroe misionero navarro. En 1922, año en que se celebró el Centenario de la canonización del Santo, esa imagen sería proyectada a través de la prensa, de las revistas eruditas como el Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra y por múltiples intelectuales de la provincia como Campión, Altadill, Eladio Esparza, etc., en multitud de artículos y conferencias. Además, la llegada de las reliquias del santo aquel mismo año y su paseo itinerante por toda Navarra, incluída la sexta merindad, la Peregrinación Oficial a Javier a la que llegaría a acudir el propio rey Alfonso XIII y la Procesión celebrada en Pamplona servirían para construir un discurso identificativo entre San Francisco Javier como esencia de lo navarro que sería de gran utilidad para la utilización movilizadora que del mismo se haría en el periodo republicano. Con todo, ya en aquellos actos de 1922 se vertebrarían los ejes primordiales de tal discurso: en una conferencia pronunciada en el Teatro Gayarre el tradicionalista Joaquín Beúnza hablaría de las virtudes misioneras del santo, símbolo del pietismo católico navarro, y daría a entender que Navarra era el centro de una España interpretada por un designio de catolicidad imperial y activa en defensa de la unidad de la patria española y de la Iglesia.

Con la República, la figura de San Francisco Javier sería empleada en un primer conato movilizador por las derechas navarras que ilustraría a las mismas acerca de la rentabilidad de explotación de los iconos religiosos y de la religión en general para la estructuración del descontento antirrepublicano. La ocasión la daría la Comisión Gestora de la Diputación, designada por el Gobierno de Madrid en abril de 1931 y en el que los republicanos-socialistas constituían la mayoría, al decidir que, consecuentemente con el espíritu laico de los valores republicanos y con el articulado de la Constitución que iba a aprobarse en los próximos días, decidió romper con la tradición acuñada desde 1916 y no acudir a los actos religiosos del día. Esa decisión se topó con el llamamiento a participar en ellos de la prensa de derechas y de diversas personalidades de los partidos de esos espectros ideológicos, así como de los alcaldes de diversas localidades, difundiendo el mensaje que con ello se compensaba el desagravio ocasionado por las nuevas autoridades provinciales. La medida adoptada por el gobernador civil Ramón Bandrés de sancionar a los alcaldes que se habían pronunciado al respecto, animando a estar presentes en los actos religiosos, facilitó la propagación de la maniobra de contestación al acusarse abiertamente a la Comisión Gestora de la Diputación de ir en contra de las tradiciones y de los símbolos más enraizados de Navarra. Asimismo, animó a que fueran los ex-diputados forales anteriores a 1931 quienes tomaran el testigo de convocar a la participación en dichos actos que, dicho sea de paso, se prepararon con la máxima riqueza escenográfica y solemnidad.

Aquel jueves de diciembre de 1931, que no era laboralmente festivo, cesó casi toda la actividad laboral de Pamplona y una multitud de ciudadanos acudieron a arropar a las personalidades de los partidos derechistas animadores a participar en el acto. Entre ellos, esta vez, no estaban solamente conservadores, tradicionalistas, católicos independientes y dinásticos. También acudieron insignes representantes del Partido Nacionalista Vasco como el futuro lehendakari José Antonio Aguirre, diputado en Madrid por Navarra por la coalición católicofuerista (coalición formada entre las derechas navarras y el PNV) elegido en junio de 1931 y Manuel Irujo. También acudieron representantes de la Comisión Permanente de Alcaldes de Vizcaya y la de Guipúzcoa, comisión nuclear en el proceso estatutario desarrollado por dicha coalición y cuya labor se sustanciaría en el fracasado estatuto de Estella y en la que los nacionalistas tenían fuerte presencia. Otros diputados peneuvistas se adhirieron al llamamiento. Llama la atención la apuesta del PNV en esta movilización católica claramente de tintes claramente antirrepublicanos, sobre todo, porque dicho partido estaba en aquel momento sustanciando su reconocimiento de la legalidad y de la constitución de la República, así como la ruptura de la coalición de la que formaba parte en el Parlamento de Madrid. El mismo día 3 de diciembre diversos diputados peneuvistas visitaron a Alcalá-Zamora en su propio domicilio para anunciarle su regreso a la Cámara de la que se habían ausentado, en unión de toda la minoría vasconavarra, el 14 de octubre por la votación del artículo 26 de la Constitución, así como el voto de su formación a su favor una semana más tarde. Efectivamente, el día 10 de diciembre el PNV votaba a favor de la investidura de Alcalá-Zamora como Presidente de la República, reconociendo en una nota que su voto implicaba la aceptación del régimen republicano, que no estimaban incompatible con el Estatuto que propugnaban, mientras que los demás diputados de la minoría católicofuerista se abstenían. Dicha actitud positiva volvería a activar el proceso estatutario mediante el decreto del Gobierno Azaña del 8 de ese mes, publicado en la Gaceta de Madrid al día siguiente y redactado por Indalecio Prieto, sobre la regulación legal del mismo. Este comportamiento contradictorio en Madrid y en Pamplona de los jeltzales en aquel momento era una prueba de la debilidad de su implantación en Navarra y les garantizaría la enemiga a partir de entonces de la derecha navarrista al igual que el apoyo a ésta les había ocasionado la incomprensión a lo largo de 1931 de los partidos de la izquierda.

Los mensajes pronunciados en la misa de aquel día subrayaron, como no podía ser de otro modo, las “glorias misionales” de San Francisco Javier, “las virtudes de la raza” y “los sentimientos piadosos y religiosos del pueblo navarro”. Tras el final de la función religiosa, se produjeron incidentes. Una nutrida manifestación se dirigió al Palacio de la Diputación para expresar su rechazo de la conducta de la Comisión Gestora. Posteriormente, unos jóvenes se encaramaron al balcón del Palacio y colgaron la bandera de Navarra en su versión tradicional (es decir, con la Corona, que confrontaba con la mural adoptada por las autoridades republicanas), rompiendo de paso la bandera de España tricolor republicana. Su acción fue refrendada por gritos de los manifestantes a favor de la Navarra católica y a San Francisco Javier. Una congregación de signo contrario se enfrentó a los manifestantes y hubo incidentes entre unos y otros y la fuerza pública. Los ánimos se volvieron a encrespar cuando la bandera de Navarra colocada por los manifestantes en el balcón fue retirada por algunos operarios mandados por las autoridades republicanas y socialistas de la Diputación y del Ayuntamiento de Pamplona, siendo luego rasgada y quemada.

Después la guerra civil, San Francisco Javier sería repetidamente enarbolado como símbolo por el bando vencedor de la contienda. Ya en marzo de 1940 losexcombatientes de la guerra civil, agrupados en la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz organizaron una Marcha a Javier. Esa hermandad fue conformada en diciembre de 1939 en Irache “para perpetuar el espíritu de la Cruzada, para que no se olvide a los que murieron”. Formaban parte de ella ilustres derechistas como José Ángel Zubiaur Alegre, Cesáreo Sanz Orrio, Jaime del Burgo e Ignacio Baleztena. En el acto de constitución les impuso los hábitos el obispo de Pamplona Marcelino Olaechea, el mismo que el 23 de agosto de 1936, día de la matanza de Valcardera en la que asesinarían a 52 miembros de los partidos navarros de izquierda, acuñaría en un artículo en la prensa la expresión de cruzada para referirse a la guerra de 1936 ya que, aunque tal término para denotar la guerra civil había sido ya usado por los militares, por la prensa navarra o por la Junta Carlista de Guerra, la jerarquía eclesiástica no lo había utilizado todavía. En dicha peregrinación de marzo de 1940 tomaron parte 5.000 antiguos combatientes que recibieron la bendición del mencionado obispo. Al año siguiente, sería el propio Marcelino Olaechea quien convocaría a los jóvenes navarros a acudir a Javier. Allí comunicaría a los asistentes que los navarros que habían combatido en el bando franquista luchaban “por Dios”, tenían “alma de virgen” y eran “como Javier navarros” y exhortó a aquéllos a ingresar en la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz. El mismo Olaechea no se privaría de denominar a los voluntarios de 1936 “javieres” ni de contemplar la sedición contra la República como “la Javierada de 1936”. En los años siguientes, sin que la anteriormente citada Hermandad se desvinculara del mismo, el organizador primordial de las Marchas a Javier, desde la sección masculina de jóvenes de Acción Católica, sería el sacerdote Santos Beguiristáin, de funesto recuerdo en Azagra a causa de su activa colaboración como párroco en los asesinatos de 71 izquierdistas en dicha localidad ribera (donde se registró una saca de 21 personas de una tacada el 6 de septiembre, festividad de la Virgen del Olmo, patrona de la misma). Según atestiguan diversos textos, las connotaciones belicistas de la peregrinación persistirían años más tarde como un hilo de la lectura misionera y castrense de San Francisco Javier ofrecida en 1941 por Eladio Esparza, el más relevante teórico del navarrismo foral de derechas desde las páginas de Diario de Navarra del que era subdirector y donde se ocupaba de las cuestiones que tenían que ver con la política navarra.

Dicha lectura conocería una plasmación iconográfica en los frescos de Ramón Stolz para el monumento a los Caídos, inaugurado por Franco en diciembre de 1952, aprovechando la visita que el dictador hizo con motivo justamente del IV Centenario de la muerte de San Francisco Javier. Es la imagen central de San Francisco Javier la que sirve de nexo unión de la Navarra guerrera y la Navarra misionera en una interpretación teleológica de la historia de Navarra como un combate eterno por la religión y por la patria. 


sábado, 17 de noviembre de 2012

LA RESURRECCIÓN DEL TEMA DE LA LAUREADA.



En las últimas semanas hemos asistido, atónitos, a la resurrección de un tema que creíamos ciertamente superado (el referido a la laureada de San Fernando y el escudo de Navarra) al cumplirse los 75 años de la firma del Decreto411/1937, de 8 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial delEstado de 14 del mismo mes, hace ahora 75 años, por parte de Francisco Franco, Jefe del Estado del bando nacional y Generalísimo de sus ejércitos, en el que en artículo único se concedía a Navarra la Cruz Laureada de San Fernando, que desde aquél día debería “grabar en sus Escudos”, como “recuerdo a las gestas heroicas” de dicha provincia “en el Movimiento Nacional y homenaje a quien tan reciamente atesora las virtudes de la Raza”. En la exposición de motivos de dicho decreto se recordaba que Navarra había destacado “en el resurgir de España (...) de modo señalado por su heroísmo y sacrificio”, que fue “la provincia en que se fijaba la mirada de los españoles en los días tristes del derrumbamiento de la Patria”, que “fue el crédito de sus virtudes el que la convirtió en sólida base de partida de nuestro Alzamiento, y fué su juventud en armas la que en los primeros momentos formó el nervio del Ejército del Norte”, rivalizando “durante toda la campaña los navarros, con su bravura legendaria, encuadrados en los Tercios de Requetés en Banderas de Falange y en Batallones, (…) en valor con las más distinguidas fuerzas del Ejército”. También se mencionaba que “es la Cruz Laureada de San Fernando el más alto galardón de nuestras Milicias, el símbolo más destacado del valor y del sacrificio heroico. Por ello, nunca puede estar más justificado la ejecutoria que una la Cruz Laureada de San Fernando a las Cadenas gloriosas y simbólicas de su Escudo”.

El regreso a la actualidad de dicha cuestión ha sido ocasionado por un artículo, titulado “Navarra. Su escudo y la Laureada” de José Ignacio Palacios Zuasti, senador popular por nuestra comunidad, publicado en Navarra Confidencial el 23 de octubre de 2012 y que también estácolgado en la página web del PP navarro. En él, el autor recuerda con añoranza el decreto mencionado de 8 de noviembre de 1937, rememorando la aportación de los contingentes navarros al bando nacional. Asimismo, remarca la circunstancia, apelando para ello a un dictamen del Consejo de Estado de 1982, de que, la eliminación de la laureada del escudo de Navarra en 1981 mediante acuerdo del Parlamento Foral, ratificado posteriormente en otras disposiciones normativas, no habría afectado “al hecho indudable de que Navarra continua ostentando la Cruz Laureada de San Fernando”. Apoyándose en las tesis del Cronista Rey de Armas, Decano del Cuerpo, Vicente de Cadenas y Vicent, en un informe relativo al Escudo de Navarra fechado el 14 de agosto de 1982, el senador navarro por el PP asegura que las normas sobre símbolos aprobadas por el legislativo navarro en diversos momentos y que asentaban el actual escudo, basado a su vez en el inicial diseñado en 1910, se referirían a la versión sencilla o pequeña del mismo y que no impedirían que el escudo de Navarra con la laureada podría seguir usándose en lo que sería su versión “grande o solemne” que incluiría “los ornamentos exteriores, condecoraciones, etc., que lo solemnizan”. Bajo todo lo anterior, sostiene que, “por tanto, aunque en el actual escudo oficial de Navarra no esté la Laureada, nuestro viejo Reyno la sigue ostentando de pleno derecho” y abre la posibilidad de que “puede llegar un día en el que generaciones futuras que no le den la connotación que algunos le atribuyen en la actualidad descubran ese blasón, lo quieran lucir y con pleno derecho lo vuelvan a poner oficialmente orlando con él nuestro escudo”.  

Ese artículo ha sido replicado por otro de Álvaro Baraibar y Patxi Leuza quienes han subrayado el empeño de Palacios Zuasti, conocedor “de la existencia de legislación foral y estatal que prohíbe la presencia de símbolos del franquismo en espacios públicos y, evidentemente, en los símbolos que representan a la comunidad”, en elogiar el valor del “símbolo franquista por antonomasia en el Viejo Reino, en la esencia misma de esa navarridad española que tanto gustó al dictador”. Asimismo, han indicado que “es necesario distinguir el recuerdo personal, íntimo y familiar incluso de lo que alguien pudo hacer 75 años atrás -convencido de sus ideas u obligado por las circunstancias-, de lo que nuestra sociedad en su conjunto quiera recordar públicamente” y que, siendo o debiendo ser diferentes “la memoria individual y la memoria colectiva o pública”, “el recuerdo público del pasado, la memoria, se construye como un reconocimiento de aquellos elementos, sucesos, personajes y símbolos de nuestra historia con los que hoy nos sentimos representados”.

Por otro lado, el tema se ha deslizado como próximo objeto de debate en el Parlamento de Navarra en cuanto que Bildu y Geroa Bai han presentado sendasmociones para que la Cámara Foral haga explícita la renuncia adicha condecoración. La propuesta de Bildu pide la "reprobación a la concesión de esta distinción militar y su renuncia expresa a la Cruz Laureada de San Fernando, concedida por el valor y la entrega del pueblo Navarro en el golpe de Estado del 36", así como "devolver al Gobierno español y los documentos y símbolos que pudieran haber acompañado a la concesión de la citada condecoración militar" y a que el Gobierno retire "cualquier símbolo franquista que pudiera existir en nuestra comunidad". La enmienda de Geroa Bai contempla además de los anteriores puntos el rechazo y condena a la sublevación militar del 1936.   

A los argumentos empleados en contra de la postura de Palacios Zuasti, quisiéramos añadir otros referidos a la biografía de otros receptores de la misma condecoración por aquellos mismos años. La Cruz Laureada de San Fernando, la más preciada condecoración militar española cuyo objeto desde 1811, fecha en que fue instaurada por las Cortes liberales gaditanas, es "honrar el reconocido valor heroico y el muy distinguido, como virtudes que, con abnegación, inducen a acometer acciones excepcionales o extraordinarias, individuales o colectivas, siempre en servicio y beneficio de España y que pueden recibirla los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil (cuando realicen actividades de carácter militar) y aquellos civiles que presten servicio dentro de fuerzas militares organizadas. Pues bien, durante los años de la guerra civil o de la inmediatapostguerra dicho distintivo fue concedido a insignes golpistas y responsables de prácticas de genocidio en las personas de simpatizantes del bando republicano como Emilio Mola Vidal (4 de junio de 1937), el mismo Francisco Franco (20 de mayo de 1939) o Gonzalo Queipo de Llano (3 de marzo de 1944).  

Mola, gobernador militar de Pamplona por nombramiento publicado el 1 de marzo de 1936, sería autor de la Instrucción reservada número 1 de Mola de 28 de mayo en la que se decía: “La acción deberá ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al Movimiento y se les aplicarán castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”. En línea con ello, el 19 de julio el mismo Mola afirmaría: “Es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión, todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado”. Por su parte, en el bando militar del general Queipo de Llano de 24 de julio de 1936 se consignaba: “Serán pasadas por la armas, sin formación de causa, las directivas de las organizaciones marxistas o comunistas que en el pueblo existan, y en el caso de no darse con tales directivos, serán ejecutados un número igual de afiliados, arbitrariamente elegidos”. En la práctica, son bien conocidos los efectos de las órdenes de Mola en Navarra en relación con la limpieza política abatida sobre los adversarios de quienes apoyaron la sublevación de 18 de julio. Con todo, siendo la masacre capitaneada por Mola de enormes dimensiones, mucho mayor fue la que tuvo por ejecutor primordial a Queipo de Llano en Andalucía. Sobre las responsabilidades de Franco, como jefe máximo del bando nacional y como Jefe de Estado durante casi cuatro décadas, en la guerra, en la inmediata postguerra y durante todo el periodo posterior poco hay que añadir a lo que ya sabe el lector.

Además de los tres citados, también fueron condecorados con la mencionado distinción el general Moscardó (18 de mayo de 1937) de tanta presencia en nuestros libros de historia infantiles por el asedio del alcázar de Toledo, así como otros héroes del bando franquista como el general Aranda o el capitán Cortés. Asimismo, el 5 de septiembre de 1936 recibió tal honor Sidi Hamed Ganmia, Gran Visir del protectorado Español de Marruecos por su apoyo a los sublevados en los primeros momentos y por facilitar la incorporación de tropas marroquíes a aquéllos, personalidad que también sería honrada, a través de persona interpuesta, por la Diputación navarra a principios de 1937.

Considerando todo lo anterior no compartimos la opinión, expresada en múltiples ocasiones ya en el debate de los años 1979-1981 por portavoces de los sectores favorables al mantenimiento de la laureada en el escudo oficial navarro, de que la misma no debía eliminarse por constituir un reconocimiento de los méritos del voluntariado navarro en la guerra civil, constituyendo aquél un signo de respeto hacia éste. Es francamente dudoso que muchos voluntarios navarros que, a pesar de colaborar en un golpe de estado contra un gobierno legítimo, combatieron, noblemente y sin incurrir en infamias, en primera línea desde el primer momento contemplaran como homologables su sacrificio personal al servicio de una causa que creían justa con actitudes de excitación a la barbarie como las protagonizadas por personajes como Mola o Queipo de Llano, responsables últimos de las salvajadas que se cometieron en la retaguardia de los territorios que gobernaron. De hecho, en la intrahistoria de muchos de nuestros pueblos y familias hay ejemplos de combatientes navarros, tanto requetés pero también incluso falangistas, que, tan pronto como tuvieron noticias de lo que estaba sucediendo, marcarían distancias con quienes estaban inundando de sangre sus pueblos, asesinando con la mayor de las impunidades. Esa actitud se plasmaría políticamente en un temprano alejamiento de las consignas oficiales que no sería suscitado en exclusiva por el rechazo al decreto de unificación de abril de 1937 de falangistas y carlistas en FET y de las JONS, sino que habría estado también provocado por factores como el que hemos mencionado.

Y es que en definitiva la cuestión de la laureada remite al derecho a la memoria de las personas afectadas por el genocidio de entonces y al deber por nuestra parte de recordarlo. En el debate de la eliminación de la laureada de 1979-1981 en el Parlamento Foral hubo personas que fueron muy conscientes de ello, sobresaliendo, por ejemplo, la figura de Mariano Zufía, voluntario del primer día en julio de 1936 y que, como parlamentario del Partido carlista en aquella legislatura, entendió que la reconciliación entre los navarros pasaba ineludiblemente por aquella medida, algo que no fue entendido por la derecha navarra entonces, representada por UCD y UPN en aquel órgano legislativo. A tenor de lo traído a colación actualmente por Palacios Zuasti, el tema seguiría constituyendo todavía una espinita clavada para algunos sectores de la misma.

Al hilo de ello, también queremos recordar que el mencionado senador del PP ya se había significado históricamente por tomas de postura similares, incluso bastante más estridentes. En octubre de 1987 en el ayuntamiento de Pamplona, en el que Palacios Zuasti era concejal, ante una moción de HB sobre Elaboración de Estudios Urbanísticos que perseguía la retirada del monolito del general golpista Sanjurjo y que, tras varios intentos, consiguió concitar el apoyo mayoritario PSOE, CDS y EA, además del de la propia izquierda abertzale, tras afirmar que la guerra civil estaba “olvidada o superada”, reinterpretó a Sanjurjo como “pacificador de la larga guerra de Marruecos y héroe del Rif”. También denunció que la moción respondió a la tendencia de “los partidos nacionalistas o separatistas que tratan de eliminar todo vestigio que suponga mostrar que Navarra es España, todavía más, que Navarra es uno de los Reinos que construyeron España”, aludiendo a que el atentado de la Bajada Javier de 30 de mayo de 1985, en el que resultarían asesinados el joven Alfredo Aguirre y el agente de la policía nacional Miguel Sánchez y heridas otras cuatro personas, no había sido condenado por HB, al igual que todos los demás atentados de ETA. Atacó la postura del PSOE y del CDS y puso en marcha el ventilador, una estrategia muy socorrida para el olvido de las responsabilidades del bando al que uno se adscribe por medio de la imputación de corresponsabilidades en las atrocidades franquistas en la guerra civil a padres y parientes de los políticos con los que se está debatiendo. De esta forma, mencionó que no entendía la postura de “los socialistas que, en muchos casos, son hijos de hombres que lucharon en el mismo bando que Sanjurjo en la guerra, como lo hizo la gran mayoría de los navarros” y aseguró que uno de los consejeros socialistas del gobierno de Urralburu “es sobrino del hijo del que fue lugarteniente de la Guardia de Franco en Navarra; otro, hijo de un falangista que salió de la cárcel el 19-VII-1987 [sic, así figura en el acta] y era la envidia de sus camaradas por las preciosas guerreras negras que llevaba; otro es nieto, hijo y sobrino de militares y procede del carlismo. Sin contar, también, p. e. a ese diputado que es hijo de requeté muerto en guerra”.