miércoles, 27 de julio de 2016

MEMORIA Y RELATO DE LA LIMPIEZA POLÍTICA DE 1936-1939 EN NAVARRA. VERSIÓN AMPLIA PUBLICADA EN LA REVISTA HERMES






A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS COMO ENTRADA EN ESTE BLOG LA VERSIÓN AMPLIADA DEL ARTÍCULO MEMORIA Y RELATO DE LA LIMPIEZA POLÍTICA QUE HEMOS PUBLICADO EN EL NÚMERO 52 DE LA REVISTA HERMES, MONOGRÁFICO DEDICADO A LA MEMORIA HISTÓRICA.

MEMORIA Y RELATO DE LA LIMPIEZA POLÍTICA DE 1936-1939 EN NAVARRA.

La gestión de la memoria de la limpieza política realizada en Navarra en 1936-1939 por el bando golpista arranca de finales de los años setenta. Navarra fue uno de los territorios pioneros a nivel del Estado en la exhumación de los restos de los asesinados entonces y en la realización de listados de los ejecutados por el franquismo en los años ochenta, sobresaliendo la labor de José María Jimeno Jurío, gracias a cuyo trabajo podría elaborarse el libro publicado por el Colectivo Altaffaylla Navarra 1936. De la esperanza al terror, un hito fundamental. Por su parte, la gestión institucional de la memoria de los asesinados por el bando golpista, sobre todo desde el Parlamento de Navarra y desde los ayuntamientos más importantes, impulsada desde sectores a la izquierda del PSOE y desde el nacionalismo vasco, tendría que esperar a principios del siglo XXI, siguiendo la estela constatada en las Cortes españoles y en otros parlamentos autonómicos. 

No obstante, aunque a lo largo de los últimos veinte años se ha avanzado notablemente en la gestión de dicha memoria, a nuestro juicio se comprueba una deficiencia estructural: el de la ausencia de un relato íntegro de lo sucedido que, por un lado, pondere adecuadamente sus dimensiones y aspectos formales y que, por otro, vaya más allá de las víctimas, abarcando también a los victimarios.

DIMENSIONES DE LA LIMPIEZA POLÍTICA REGISTRADA EN NAVARRA.

Tal y como explicamos en nuestro libro Sin Piedad. Limpieza política en Navarra. Responsables, colaboradores y ejecutores (Pamplona, Pamiela, 2015), Navarra fue, a pesar de no ser escenario bélico sino retaguardia estricta, una de las provincias que a, nivel relativo, más duramente padeció la limpieza política desarrollada por los golpistas. 

Aunque las cifras de casi tres mil navarros o residentes en Navarra asesinados, el 99 por ciento de ellos simpatizantes de la izquierda, son menores que las cifras absolutas de asesinados de muchas provincias (sobre todo del sur del Estado español, en las que el número de los votantes al Frente Popular era mucho mayor), si ponemos en relación la cifra de asesinatos con el volumen de población reprimible (es decir, la población desafecta, según los criterios de los militares, carlistas y falangistas que apoyaron el golpe de estado) Navarra ocupa un lugar destacadísimo. 

Con un valor de 81,70 asesinados totales por cada mil votantes al Frente Popular, Navarra ocupa la primera posición en la clasificación de las 37 provincias del Estado completamente estudiadas hasta el momento en lo relativo al número de asesinados por los franquistas. Dado que casi la totalidad de los asesinados fueron hombres votantes de aquella opción política y dado que puede presumirse que la estructura del voto al Frente Popular se dividía, más o menos, a partes iguales entre hombres y mujeres, aquel valor de 81,70 podría reconvertirse en el de 163,40 asesinados por cada mil hombres votantes izquierdistas. O lo que es lo mismo, uno de cada seis simpatizantes de la izquierda de género masculino. Es decir, la izquierda navarra sufrió un proceso de aniquilación que perseguía condicionar el devenir político futuro. 

La entidad de esas cifras no es fácilmente explicable, toda vez que no encaja con las conclusiones a las que han llegado los historiadores como Kalyvas que se han preocupado por investigar de forma comparativa los efectos de la violencia política en la retaguardia de las guerras civiles a lo largo de la historia contemporánea en los diversos países y que apuntan a que en los territorios tempranamente controlados, como el nuestro, la represión no suele mostrar niveles intensos. 

Por otra parte, atendiendo al origen geográfico por comarcas de los asesinados por la limpieza política franquista, estos procedían en su inmensa mayoría de la Ribera o tercio meridional de Navarra. La Ribera Occidental tuvo 859 fusilados (el 30,1 del total de Navarra), la Ribera Central 363 (el 12,7) y la Ribera Tudelana 456 (el 15,9). De esta forma, el sur de la provincia concentró el 59 por ciento de los asesinados en toda Navarra. Mediante la utilización de un cociente que pone en relación a los asesinados de más de 23 años (por cuanto con esos años se entraba en la mayoría de edad electoral) con los votantes totales al Frente Popular en cada municipio hemos podido calibrar que en la Ribera Estellesa habrían sido asesinados uno de cada cinco hombres votantes del Frente Popular, en la Ribera Central uno de cada seis y en la Ribera Tudelana uno de cada diez. Esas tasas equivalen a hablar de auténticas limpiezas políticas en los que los simpatizantes de las izquierdas fueron auténticamente masacrados. Por otra parte, no hay que olvidar que, si desglosáramos los asesinados y los votantes por cohortes generacionales, los resultados por debajo de los 40 años serían todavía más elevados, infiriéndose de ahí casi el exterminio prácticamente absoluto de algunas cohortes generacionales de izquierdistas en algunos pueblos. 

Pueden enumerarse diversas razones de esa geografía de la limpieza política en Navarra. A nuestro juicio, las mayores o menores cifras de asesinados descansan sobre el mayor o menor peso de varios factores: la existencia de población reprimible, es decir, que hubiera habido población ideológicamente adversaria o enemiga desde el punto de vista ideológico-político de los sublevados; la posibilidad de huída de la población reprimible (nula en la Ribera, mientras que posible en la Montaña); el grado de voluntad represora de los represores; el grado de cohesión de la comunidad; y el nivel de conflictividad de los años anteriores.

ASPECTOS FORMALES DE LA LIMPIEZA POLÍTICA REGISTRADA EN NAVARRA.

A la brutalidad de la limpieza política desarrollada en Navarra que queda de manifiesto a partir de las cifras de asesinados hay que añadir otros elementos complementarios que acrecientan el carácter bárbaro de aquella. 

Aunque carecemos de informaciones sobre los encarcelados en la cárcel de Escolapios, regentada por los requetés, y en el Penal de San Cristóbal, así como de los cárceles municipales y de las cárceles de los distritos judiciales de Estella y Tafalla, los datos que hemos podido recuperar de los ingresados en la Prisión Provincial de Pamplona y en la Prisión del Partido Judicial de Tudela apuntan a que en los primeros meses la cifra de los prisioneros fue enormemente alta. Solamente en aquellos dos centros de detención, casi 1.500 personas fueron detenidas y encarceladas en las primeras siete semanas. Esa constatación obliga a pensar que la represión fue mucho más sistemática y científica que lo que dan a entender las cifras de fusilados. Las listas de elementos a neutralizar, elaboradas por los dirigentes de la acción represiva tras el golpe de estado, se basaban en las listas de detenidos en los episodios conflictivos anteriores, en la documentación incautada en los registros de sedes de partidos y de sindicatos y en las relaciones confeccionadas a partir de cualquier hecho digno de ser considerado como elemento a tener en cuenta. Uno de esos expertos en la guerra desde los despachos fue Marcelino de Ulíbarri. Aunque nadie se ha dado cuenta de ello hasta ahora, este carlistón pasaría de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra (JCCGN), el órgano que gestionaría la limpieza política por el lado tradicionalista, a ocupar los cargos más altos de las responsabilidades represoras en el organigrama del estado franquista a partir de 1938. Consecuentemente existió una estrategia de control, anulación y amedrentamiento generalizado de los sectores considerados como desafectos. 

Además del número de los detenidos, mediante los testimonios recabados por José Miguel de Barandiarán y publicados por José María de Gamboa y Jean-Claude Larronde y mediante las entrevistas realizadas a diferentes testigos por José María Jimeno Jurío en los año 1977-1979, se corrobora el carácter generalizado de las prácticas de malos tratos hacia los mismos. También hemos documentado a través de las afirmaciones contenidas en el Fichero de Combatientes conservado en el Archivo Real y General de Navarra (ARGN) la participación de numeroso voluntariado requeté y falangista en labores represivas como las de vigilancia en los centros de detención. Por otra parte, mediante el estudio de las sacas y paseos colectivos de todos los municipios de la Ribera, hemos podido extraer diversas conclusiones, la principal la de que hubo muchos más escuadrones que los comúnmente mencionados ya que hubo días específicos con múltiples sacas en los que tuvieron que emplearse no menos de 50 personas para cada uno de esos días. Por último, existen testimonios sobre la extrema inclemencia y brutalidad de los ejecutores. A pesar de que solemos creer que los asesinados fueron fusilados, hay testimonios de que en muchos casos su muerte fue mucho menos digna y de que se les ejecutó con un tiro a cañón tocante en la nuca o en la sien, no ante un pelotón de fusilamiento.

RESPONSABLES DE LA LIMPIEZA POLÍTICA REGISTRADA EN NAVARRA.

Al igual que en otras partes, existieron diferentes niveles de responsabilidad en relación con la limpieza política referida. Hubo una cadena de mando que iba de unos responsables últimos (autoridades militares y jefes de las milicias carlista y falangista) a los ejecutores de los escuadrones de la muerte, pasando por una extensa red de colaboradores. Hemos podido detallar las responsabilidades de los órganos de mando y la forma de funcionamiento de aquellas milicias y también se han podido trazar perfiles personales de diversos ejecutores conocidos. Por último, hemos podido recoger datos sobre la participación de numerosas personas corrientes que realizaron labores de apoyo en cuestión de batidas, registros, detenciones, castigos y denuncias, así como de participación en actos más graves. 

En relación con las responsabilidades de los mandos de los requetés, la milicia de la Comunión Tradicionalista, se pueden reconstruir, a través de la prensa y a través de documentación específica conservada en el ARGN. Sobre las circunstancias sobre el surgimiento y conformación de la JCCGN, el órgano que gestionó la represión de boina roja, podemos saber que nació de forma supeditada a Mola, quien fue el que seleccionó a sus integrantes entre los carlistas de su confianza, destacando sobre todo el presidente efectivo de la misma, José Martínez Berasain. Dicho órgano también estaba subordinado a los designios de las élites socioeconómicas navarras, que lograron infiltrar en él a diversos integrantes como Esteban Ezcurra, Javier Martínez de Morentin o Víctor Eúsa. A pesar de las dificultades ocasionadas por los expurgos documentales relacionados con la documentación más incriminatoria registrados en el curso del tiempo, hemos reconstruído las funciones declaradas y encubiertas de dicho órgano colegiado, así como numerosos detalles de las características de la estructura y de la dinámica represivas del requeté navarro, entre ellos los perfiles de diversas personas destacadas en la mecánica depuradora y ejecutora de dicha milicia. Queremos subrayar el protagonismo en dichas labores depurativas de diferentes personajes, bien en la esfera de lo directivo (como José Martínez Berasáin), bien en el plano técnico (como Marcelino Ulíbarri) o bien en el plano de la implementación de las ejecuciones (casos de Esteban Ezcurra, Benito Santesteban y Vícente Munárriz, quienes se servían de la unidad requeté que protagonizaba la represión: el Tercio Móvil, que estaba alojado en el centro de detención que los paramilitares tradicionalistas tenían en Escolapios). También queremos llamar la atención sobre la circunstancia de que Benito Santesteban, junto con Vicente Munárriz, uno de los dos ejecutores finales de las funciones represivas asumidas por la JCCGN, tras llevar a cabo su función depuradora en Navarra, siguió ejerciéndola en Vizcaya, tal y como se comprueba en los informes policiales presentes en un sumario de 1948 que hemos exhumado.

En cuanto a la participación de los falangistas en el proceso de limpieza política, hemos reconstruido la estructura de la formación en Navarra entre 1933 y 1937, así como los perfiles de los presuntos integrantes del escuadrón de la muerte falangista más famoso (la Escuadra del Águila de Pamplona), cuestiones ambas que no habían merecido tratamiento detallado por parte de nadie. En este caso queremos remarcar la importancia de los perfiles de represores falangistas poco conocidos como José Moreno, Lucio Arrieta, Galo Egües, Gregorio Apesteguía, Faustino Escribano, Atanasio Zabalza, etc. Muchos de ellos también operaron en Guipúzcoa.

La presencia de personas significadas de las élites socioeconómicas conservadoras navarras en los órganos gestores de la limpieza política por el lado de las milicias, carlista y falangista, que apoyaron el golpe de estado militar, muestra que el proceso represivo no era una cuestión limitada al rigorismo político-ideológico de los mandos militares y de los sectores más radicalizados de las formaciones derechistas. Las élites estuvieron ciertamente representadas en la JCCGN de los requetés y en las Jefaturas Provincial y Local de Pamplona de la Falange y fueron corresponsables de lo que estaba sucediendo. Incluso podría decirse que se esforzaron porque dichos órganos estuvieran conformados por las personas más afines y más cómodas para ellas y para los propios mandos militares. La JCCGN obedeció en su diseño a los designios de Mola y de Garcilaso, director este de Diario de Navarra, y Martínez Berasáin y Marcelino de Ulíbarri actuaron siempre a su favor. En la Falange destacaron personas de las élites como Lucio Arrieta, Daniel Arraiza y los hermanos Uranga, muy vinculadas todas ellas a la actuación represiva de dicha formación en el verano y otoño de 1936. Resulta revelador que las personas de dichos órganos de mando del tradicionalismo y del falangismo más vinculadas a las élites apoyaran, con estusiasmo y mediante fórmulas coactivas y trapaceras, el proceso de unificación de carlistas y falangistas diseñado por Franco en su propio interés y en contra de los sectores de ambas formaciones que trataban de que las mismas gozaran de autonomía ideológica y funcional dentro del entramado franquista. 

Los movimientos de las élites socioeconómicas conservadoras navarras, desde luego, tenían razón de ser. Mientras la victoria en la guerra supuso una promoción personal para los combatientes más relevantes, llegando un buen número de ellos a cargos importantes en el organigrama del Estado franquista, aquellas élites consiguieron seguir gozando del poder provincial a su plena satisfacción, tal y como habían hecho hasta entonces con la única excepción del periodo republicano. Así, durante el franquismo en Navarra los sectores políticamente más beneficiados fueron, como es obvio, los ligados a los sublevados en julio de 1936, que pudieron disponer durante décadas del poder provincial a su antojo, conformando redes clientelares a su conveniencia en todas las direcciones. Si la represión de la guerra civil sirvió para la eliminación de todas las corrientes políticas que tenían proyectos alternativos para Navarra, la gestión de la victoria hizo que la derecha navarrista, y las élites en torno a ella, disfrutaran del poder local y provincial en exclusividad absoluta, permitiéndoles crear las estructuras y los imaginarios más convenientes para su teórica perpetuación en el tiempo. 

PROCESO DE BRUTALIZACIÓN DE CIUDADANOS NORMALES Y CORRIENTES.

Navarra, asimismo, habría sido un campo de pruebas en lo relativo al proceso de brutalización de ciudadanos corrientes instigado desde las autoridades militares y desde las milicias carlista y falangista con el fin de que el mayor número de personas posibles se mancharan las manos con sangre. Los responsables últimos del proceso de limpieza política (entendiendo por tales a los mandos militares y a los dirigentes de los órganos de gestión de la represión por parte del Requeté y de la Falange, así como a las élites socioeconómicas navarras que estuvieron presentes en ellos) supieron involucrar a numerosos sectores de la sociedad navarra que se mantuvieron en la retaguardia, llegando hasta la base de la misma y haciendo que muchas personas quedaran contaminadas por el mismo por medio de los rituales de cohesión primaria de grupo desarrollados en torno al ejercicio de la violencia. 

Dinámicas de ideologización exacerbada, en las que también participaron la prensa y la Iglesia, alentaron la deshumanización del adversario político con sus mensajes de cruzada y de reconquista para así contrarrestar los posibles escrúpulos de conciencia de los milicianos derechistas de base. Republicanos de izquierda, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas vascos fueron presentados como enemigos absolutos que no merecían ningún tipo de piedad. 

Los responsables últimos de dicho proceso hicieron partícipes de su estrategia exterminadora no sólo a la red de ejecutores que pusieron en práctica la misma y que sería mucho más amplia de lo que nunca podamos llegar a conocer, sino también a toda una miríada de colaboradores que trabajaron en la sombra en labores de castigo y vigilancia de diferente naturaleza, garantizando así el silencio de todos ellos y su impunidad global de cara al futuro en todos los órdenes. 

La conquista de lo que hemos denominado como “Ribera Roja”, aquellas localidades del sur de Navarra más volcadas hacia la izquierda, así como de las localidades guipuzcoanas tomadas en las primeras semanas, serían claves en la conformación inicial de dicho proceso de brutalización que afectó a las personas que colaboraron activamente en la limpieza política constatada. En el caso de la denominada Ribera Roja, muchos voluntarios requetés y falangistas colaboraron con la guardia civil en las batidas registradas en numerosos pueblos a la caza de los izquierdistas fugados y otros muchos permanecieron en los mismos desempeñando labores represivas durante semanas o meses. En nuestra labor de investigación sobre esas responsabilidades individuales nos hemos valido de las autodeclaraciones consignadas en el Fichero de Combatientes conservado en el ARGN y que hasta ahora nadie había explotado de forma sistemática. De los datos de ese Fichero se desprende que muchas personas prosiguieron su labor represiva también en la capital, Pamplona, no yendo al frente hasta mucho después. 

CAUSAS DE LA DEFICIENCIA DEL RELATO.

Esa realidad descrita no había sido hasta ahora abordada en su plenitud ni por la historiografía ni por la memorialística, de forma que la gestión de la memoria de aquella limpieza política partía de un relato parcial e incompleto. Además, dicha gestión se ha caracterizado por su carácter reduccionista en cuanto que se ha olvidado de los verdugos. Las razones de todo ello han sido diversas. 

En primer lugar, hay que mencionar la limitada disponibilidad documental ya que durante los años sesenta y setenta del siglo pasado casi toda la documentación más directamente explícita se hizo desaparecer de forma deliberada o fue objeto de expurgo selectivo. Por ello, la confección de un relato que aspire a cierta completitud (que sólo podrá ser aproximativa) tiene que basarse en una reconstrucción trabajosa a partir de indicios indirectos, de testimonios fragmentarios de la época y de la segunda mitad de los años setenta y de datos obtenidos mediante la explotación del Fichero de Combatientes y mediante la consulta exhaustiva de la prensa y de los fondos judiciales. 

En segundo lugar, hasta el año 2000 pervivió el “pacto de silencio o de olvido” fomentado desde los partidos políticos mayoritarios durante de la Transición por el que, en aras del espíritu de la reconciliación, se adoptó una especie de convención de no remover temas acerca de la guerra civil que pudieran suscitar divisiones en la opinión pública. Esa política fue perjudicial porque fomentó en el caso de la derecha el negacionismo y la subestimación de las responsabilidades de los ideológica o familiarmente próximos en la generación de sufrimiento al adversario político. No obstante, a pesar de los avances, aquel pacto se ha prolongado, como ha quedado dicho, en relación con los victimarios, en una especie de convención mayoritariamente acordada.

En tercer lugar, relacionado con el final del párrafo anterior, aunque es verdad que durante décadas se ha inducido al olvido y a la desmemoria por parte de los poderes establecidos en relación con la limpieza política desarrollada por el bando franquista, mayor importancia, a nuestro juicio, ha desempeñado el vértigo al pasado de la misma sociedad, el miedo a desvelar que personas cercanas y familiares hubieran estado involucrados en actuaciones represivas. Obviamente el tema se complejiza asimismo porque no hay que olvidar que en los ochenta años transcurridos desde 1936 han tenido lugar mezcolanzas ideológicas de lo más variopinto dentro de las familias. De padres y abuelos falangistas o carlistas han salido hijos que se han posicionado en sectores de la izquierda y del nacionalismo. Y a la inversa, en familias de padres republicanos, socialistas, anarquistas o nacionalistas hay ahora hijos o nietos ubicados en la derecha. Ligado con todo ello, incluso cabría afirmar que la izquierda y el nacionalismo vasco en las últimas décadas han actuado con una mirada atemperada sobre todo aquello para no enajenarse el apoyo político de los hijos de los golpistas en el 36. Resulta llamativo comprobar que las responsabilidades de los carlistas han sido minimizadas, en parte por el relato de autoindulto elaborado desde el propio carlismo desde fechas muy tempranas, en parte porque hijos y nietos de requetés abundan en todos los partidos actuales.

Por todas esas razones, los asesinos de la guerra civil han gozado de impunidad no sólo jurídica, sino también historiográfica y memorialística. Nadie se ha enfrentado a ningún procedimiento judicial en una interpretación in extenso de la ley de amnistía de 1977. Asimismo, hasta ahora la historiografía y la memoria circulante han aceptado la consideración de los responsables como un tabú a respetar.

A nuestro juicio es mucho más conveniente adoptar una perspectiva integral en la gestión de la memoria de esa limpieza política acaecida en Navarra en 1936-1939: las víctimas no fueron víctimas porque sí, lo fueron porque hubo victimarios. No puede haber un relato sin verdugos. El derecho a la memoria de los asesinados y nuestro deber de memoria para con ellos así nos lo exige. 

AUSENCIA DE DEBATE PÚBLICO.

Ochenta años después, un debate público sigue pendiente: el relativo a la mayor tragedia padecida por la sociedad navarra a lo largo de su historia y a su proyección en el terreno de lo político. No sólo es que todas las visiones alternativas quedaran proscritas y que los defensores de las mismas fueran, en el caso de la izquierda, virtualmente aniquilados. Además, la gestión de la victoria permitió a la derecha navarrista, y a las élites en torno a ella, aprovecharse en total exclusividad de los recursos que proporcionaba el poder local y provincial y crear los discursos y las estructuras de dominación para poder fortalecer su posición durante las décadas siguientes, instaurándose así una forma de pensar mayoritaria que condicionó altamente la Transición. 



martes, 3 de mayo de 2016

MEMORIA Y RELATO DE LA LIMPIEZA POLÍTICA DE 1936-1939 EN NAVARRA.




REPRODUCIMOS ESTE ARTÍCULO QUE RECIENTEMENTE HEMOS PUBLICADO EN EL NÚMERO MONOGRÁFICO DE LA REVISTA HERRIA 2000 ELIZA DEDICADO A "RELATO Y MEMORIA".

MEMORIA Y RELATO DE LA LIMPIEZA POLÍTICA DE 1936-1939 EN NAVARRA.

La gestión de la memoria de la limpieza política realizada en Navarra en 1936-1939 por el bando golpista arranca de finales de los años setenta. Navarra fue uno de los territorios pioneros a nivel del Estado en la exhumación de los restos de los asesinados entonces y en la realización de listados de los ejecutados por el franquismo en los años ochenta, sobresaliendo la labor de José María Jimeno Jurío, gracias a cuyo trabajo podría elaborarse el libro publicado por el Colectivo Altaffaylla Navarra 1936. De la esperanza al terror, un hito fundamental. Por su parte, la gestión institucional de la memoria de los asesinados por el bando golpista, sobre todo desde el Parlamento de Navarra y desde los ayuntamientos más importantes, impulsada desde sectores a la izquierda del PSOE y desde el nacionalismo vasco, tendría que esperar a principios del siglo XXI, siguiendo la estela constatada en las Cortes españoles y en otros parlamentos autonómicos. 

No obstante, aunque a lo largo de los últimos veinte años se ha avanzado notablemente en la gestión de dicha memoria, a nuestro juicio se comprueba una deficiencia estructural: el de la ausencia de un relato íntegro de lo sucedido que, por un lado, pondere adecuadamente sus dimensiones y aspectos formales y que, por otro, vaya más allá de las víctimas, abarcando también a los victimarios.

En relación con el primer aspecto, tal y como se puede comprobar en mi libro Sin Piedad. Limpieza política en Navarra, 1936. Responsables, Colaboradores y Ejecutores (Pamplona, Editorial Pamiela, 2015), Navarra fue, a pesar de no ser escenario bélico sino retaguardia estricta, una de las provincias que a, nivel relativo, más duramente padeció la limpieza política desarrollada por los golpistas. 

Aunque las cifras de casi tres mil navarros o residentes en Navarra asesinados son menores que las cifras absolutas de asesinados de muchas provincias (sobre todo del sur del Estado español, en las que el número de los votantes de izquierda era mucho mayor), si ponemos en relación la cifra de asesinatos con el volumen de población reprimible (es decir, la población desafecta, según los criterios de los militares, carlistas y falangistas que apoyaron el golpe de estado) Navarra ocupa un lugar destacadísimo. 

Con un valor de 81,70 asesinados totales por cada mil votantes al Frente Popular, Navarra ocupa la primera posición en la clasificación de las 37 provincias del Estado completamente estudiadas hasta el momento en lo relativo al número de asesinados por los franquistas. No obstante, en rigor, dado que la inmensa mayoría de los asesinados fueron hombres y dado que puede presumirse que la estructura del voto al Frente Popular se dividía, más o menos, a partes iguales entre hombres y mujeres, aquel valor podría reconvertirse en el de 163,40 asesinados por cada mil hombres votantes izquierdistas. O lo que es lo mismo, uno de cada seis simpatizantes de la izquierda de género masculino. Es decir, la izquierda navarra sufrió un proceso de aniquilación que perseguía condicionar el devenir político futuro. 

La entidad de esas cifras no es fácilmente explicable, toda vez que no encaja con las conclusiones a las que han llegado los historiadores que se han preocupado por investigar de forma comparativa los efectos de la violencia política en la retaguardia de las guerras civiles a lo largo de la historia contemporánea en los diversos países y que apuntan a que en los territorios tempranamente controlados, como el nuestro, la represión no suele mostrar niveles intensos. 

Además del número de los asesinados, otros aspectos como el de los cientos y cientos de detenidos durante las primeras semanas certifican que Navarra actuó de laboratorio experimental de una estrategia que perseguía la total anulación y amedrentamiento de los sectores que no apoyaron el golpe de estado. En este sentido, no hay que olvidar que la gestión de la limpieza política desarrollada en Navarra estuvo en manos de auténticos expertos en la la guerra desde los despachos, como Marcelino de Ulíbarri. Este carlistón pasaría de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, el órgano que gestionaría la limpieza política por el lado tradicionalista, a ocupar los cargos más altos de las responsabilidades represoras en el organigrama del estado franquista a partir de 1938 y sería el diseñador de la práctica de decomiso y vaciado sistemático de los ficheros de las organizaciones políticas y sindicales de izquierda y nacionalistas con el fin de implementar una represión científica.

Navarra, asimismo, habría sido un campo de pruebas en lo relativo al proceso de brutalización de ciudadanos corrientes instigado desde las autoridades militares y desde las milicias carlista y falangista con el fin de que el mayor número de personas posibles se mancharan las manos con sangre. Los responsables últimos del proceso de limpieza política (entendiendo por tales a los mandos militares y a los dirigentes de los órganos de gestión de la represión por parte del Requeté y de la Falange, así como a las élites socioeconómicas navarras que estuvieron presentes en ellos) supieron involucrar a numerosos sectores de la sociedad navarra que se mantuvieron en la retaguardia, llegando hasta la base de la misma y haciendo que muchas personas quedaran contaminadas por el mismo por medio de los rituales de cohesión primaria de grupo desarrollados en torno al ejercicio de la violencia. 

Dinámicas de ideologización exacerbada, en los que también participaron la prensa y la Iglesia, alentaron la deshumanización del adversario político con sus mensajes de cruzada y de reconquista para así contrarrestar los posibles escrúpulos de conciencia de los milicianos derechistas de base. Republicanos de izquierda, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas vascos fueron presentados como enemigos absolutos que no merecían ningún tipo de piedad. 

Los responsables últimos de dicho proceso hicieron partícipes de su estrategia exterminadora no sólo a la red de ejecutores que pusieron en práctica la misma y que sería mucho más amplia de lo que nunca podamos llegar a conocer, sino también a toda una miríada de colaboradores que trabajaron en la sombra en labores de castigo y vigilancia de diferente naturaleza, garantizando así el silencio de todos ellos y su impunidad global de cara al futuro en todos los órdenes. 

Por otra parte, la brutalidad de la limpieza política desarrollada en Navarra no sólo queda manifestada por las ya referidas elevadas cifras de asesinatos y de detenciones, sino también por el maltrato a los presos en los centros de detención, por las características de las sacas y de los asesinatos (en muchos casos, no producto de fusilamientos, sino de ejecuciones a cañón tocante) y por los rituales despiadados que tuvieron lugar.

El tremendo impacto de todo lo anterior provocó que los familiares de los víctimas, absolutamente desasistidas por parte de la sociedad navarra, tuvieran que asumir, e interiorizar hasta lo más hondo, el olvido y la desmemoria como pauta forzada de conducta ante la brutalidad del hecho represivo del que nadie podía conocer hasta dónde podía llegar ni su fecha de caducidad. En numerosas familias se renunció a la reivindicación de la memoria de sus familiares asesinados, represaliados o vejados, rompiéndose la cadena de la memoria para su transmisión a los miembros más jóvenes de las mismas con lo que éstos ya no pudieron disponer de la información necesaria para una toma de conciencia articulada en base al alcance de los acontecimientos en el propio linaje. 

No obstante lo expresado en el párrafo anterior, hay que llamar la atención sobre el hecho de que el nacionalismo vasco y los republicanos de izquierda en el exilio consiguieron cumplimentar dos primeros listados de fusilados nada menos que en 1940 y en 1946 y que en esta última fecha explicitaron todo un programa de justicia restaurativa integral para el supuesto de que la democracia retornara a España en el que la reparación a las víctimas se veía acompañada del castigo a los asesinos.

Esa realidad descrita no había sido hasta ahora abordada en su plenitud ni por la historiografía ni por la memorialística, de forma que la gestión de la memoria de aquella limpieza política partía de un relato parcial e incompleto. Además, dicha gestión se ha caracterizado por su carácter reduccionista en cuanto que se ha olvidado de los verdugos. Las razones de todo ello han sido diversas. 

En primer lugar, hay que mencionar la limitada disponibilidad documental ya que durante los años sesenta y setenta del siglo pasado casi toda la documentación más directamente explícita se hizo desaparecer de forma deliberada o fue objeto de expurgo selectivo. Por ello, la confección de un relato que aspire a cierta completitud (que sólo podrá ser aproximativa) tiene que basarse en una reconstrucción trabajosa a partir de indicios indirectos.

En segundo lugar, hasta el año 2000 pervivió el “pacto de silencio o de olvido” fomentado desde los partidos políticos mayoritarios durante de la Transición por el que, en aras del espíritu de la reconciliación, se adoptó una especie de convención de no remover temas acerca de la guerra civil que pudieran suscitar divisiones en la opinión pública. Esa política fue perjudicial porque fomentó en el caso de la derecha el negacionismo y la subestimación de las responsabilidades de los ideológica o familiarmente próximos en la generación de sufrimiento al adversario político. No obstante, a pesar de los avances, aquel pacto se ha prolongado, como ha quedado dicho, en relación con los victimarios, en una especie de convención mayoritariamente acordada.

En tercer lugar, relacionado con el final del párrafo anterior, aunque es verdad que durante décadas se ha inducido al olvido y a la desmemoria por parte de los poderes establecidos en relación con la limpieza política desarrollada por el bando franquista, mayor importancia, a nuestro juicio, ha desempeñado el vértigo al pasado de la misma sociedad, el miedo a desvelar que personas cercanas y familiares hubieran estado involucrados en actuaciones represivas. Obviamente el tema se complejiza asimismo porque no hay que olvidar que en los ochenta años transcurridos desde 1936 han tenido lugar en Navarra, así como en todas partes, mezcolanzas ideológicas de lo más variopinto dentro de las familias. De padres y abuelos falangistas o carlistas han salido hijos que se han posicionado en sectores de la izquierda y del nacionalismo. Y a la inversa, en familias de padres republicanos, socialistas, anarquistas o nacionalistas hay ahora hijos o nietos ubicados en la derecha. Ligado con todo ello, incluso cabría afirmar que la izquierda y el nacionalismo vasco en las últimas décadas han actuado con una mirada atemperada sobre todo aquello para no enajenarse el apoyo político de los hijos de los golpistas en el 36. Resulta llamativo comprobar que las responsabilidades de los carlistas han sido minimizadas, en parte por el relato de autoindulto de aquellas elaborado desde el propio carlismo desde fechas muy tempranas, en parte porque hijos y nietos de requetés abundan en todos los partidos actuales.

Por todas esas razones, los asesinos de la guerra civil han gozado de impunidad no sólo jurídica, sino también historiográfica y memorialística. Nadie se ha enfrentado a ningún procedimiento judicial en una interpretación in extenso de la ley de amnistía de 1977. Asimismo, hasta ahora la historiografía y la memoria circulante han aceptado la consideración de los responsables como un tabú a respetar.

Ante todo ello, nos interrogamos por la conveniencia de una perspectiva integral en la gestión de la memoria de la limpieza política acaecida en Navarra en 1936-1939: las víctimas no fueron víctimas porque sí, lo fueron porque hubo victimarios. No puede haber un relato sin verdugos. El derecho a la memoria de los asesinados y nuestro deber de memoria para con ellos así nos lo exige. 

Ochenta años después, un debate público sigue pendiente: el relativo a la mayor tragedia padecida por la sociedad navarra a lo largo de su historia y a su proyección en el terreno de lo político. No sólo es que la limpieza política de 1936-1939 sirviera para la eliminación de todas las corrientes políticas que tenían proyectos alternativos para Navarra. Además, la gestión de la victoria permitió a la derecha navarrista, y a las élites en torno a ella, disfrutar del poder local y provincial en exclusividad absoluta y crear las estructuras y los imaginarios más convenientes para poder fortalecer su posición durante las décadas siguientes, instaurándose así una forma de pensar mayoritaria que condicionó altamente la Transición. 

lunes, 15 de junio de 2015

CUANDO NAVARRA DEBATIÓ LA CREACIÓN DE UN EJÉRCITO PROPIO (1794).




LA PAUTA TRADICIONAL DE MOVILIZACIÓN MILITAR EN NAVARRA Y LOS INTENTOS DE INTRODUCCIÓN DE QUINTAS EN EL SIGLO XVIII.

La pauta tradicional de movilización militar general en Navarra obedecía a lo señalado por el Fuero General. El apellido o llamamiento universal, que ponía en pie de guerra a las milicias del reino, convocando a todos los hombres entre los 18 y los 60 años, debía realizarse en caso de invasión de Navarra por parte de ejército extranjero por un máximo de tres días. Bajo cualquier otro supuesto, el rey debía solicitar la concesión de un servicio militar a las Cortes navarras, las cuales quienes podían concederlo o no. En relación con esta otra posibilidad, las repetidas reclamaciones de contrafueros por los alistamientos efectuados por los virreyes en Navarra suscitaron el establecimiento en 1642 del servicio de soldados, destinados a campañas en el exterior. Los tercios concedidos, siempre muy por debajo de lo solicitado por el virrey, se entendían como una concesión voluntaria destinada con carácter temporal a empresas bélicas determinadas y con la condición de que el legislativo navarro designara a los oficiales y gestionase el alistamiento. Por otra parte, Navarra se opuso a los diversos intentos de introducción de un sistema de quintas, un servicio militar obligatorio, a lo largo del siglo XVIII por parte de la monarquía, el último entre 1770 y 1777. Las resistencias por parte de la Diputación en esa ocasión consiguieron que Campomanes desistiese de sus propósitos. Posteriormente el problema no se volvió a plantear, al menos durante lo que restaba de siglo, porque en la guerra de la Convención se produjo un alistamiento general de todos los navarros según los patrones forales.

EL INTENTO DE CREACIÓN DE UN EJÉRCITO NAVARRO PROPIO DURANTE LA GUERRA DE LA CONVENCIÓN . 

Durante la Guerra de Convención las Cortes navarras de 1794-1796 debatieron sobre la creación de un ejército navarro propio, incrementando las tensiones con el gobierno central que ya inicialmente se había mostrado reticente a la apertura del legislativo navarro. Las Cortes fueron convocadas porque la Diputación respondió al virrey que sólo el legislativo navarro podían introducir modificaciones en lo relativo a la contribución militar de los navarros, de cara a hipotéticas peticiones por parte de la monarquía. 

Hasta junio de 1794, la demora de las autoridades navarras y de los municipios navarros en atender las continuas peticiones de los jefes militares españoles de cara a un incremento del número de voluntarios sólo se palió en los momentos en que las ofensivas francesas amenazaban más peligrosamente. Con todo, ncluso entonces se constataron recriminaciones y deserciones. 

Pese a todo, la gravedad de la situación bélica motivó que el 21 de junio de 1794 las Cortes navarras decidieran en una reunión en la que previamente a ella se juró “guardar un escrupuloso silencio” sobre cuanto se iba a tratar, de llamar al Apellido (o movilización general) conforme al Fuero para llamar a 20.000 hombres. Esa decisión habría empujado a diversos miembros del legislativo navarro a elaborar documentos acerca de la conveniencia de que Navarra contara con un cuerpo militar estable propio. Se presentaron tres memoriales, uno del conde de Echauz, otro anónimo y otro del Marqués de San Adrián. 

El memorial de Echauz plantea un servicio estable de 6.000 hombres, recurriéndose al apellido en caso de invasión. Para contar con ese “servicio estable u ordinario de campaña” de 6.000 hombres hacía falta formar un cuerpo de 18.000, que se dividirían en tres tercios de 6.000 que se alternarían en el servicio estable cada uno durante dos meses. Los 18.000 hombres estarían mandados por un Comandante General que estaría sujeto “únicamente al Reyno junto en Cortes o en Diputación”. Los mandos se elegirían entre la nobleza. 

El memorial anónimo hablaban de que los oficiales y soldados que entraran “a servir en este cuerpo” deberían ser navarros y de que “la constitución de este cuerpo será de tropa ligera”. En tiempo de paz estos batallones no permanecerían fijos en Navarra, sino que podrían salir fuera para adquirir experiencia militar y para fomentar el ascenso en la carrera militar de sus integrantes. Por otra parte, el nombramiento de mandos sería a propuesta de las Cortes o de la Diputación, siempre entre navarros que tuvieran la graduación correspondiente. También se planteaba el establecimiento de un colegio de cadetes. No obstante, también se sugería un segundo plan que se hacía “indispensable atendidas las actuales críticas circunstancias”. Se proponía que todo Navarro estabá “obligado a servir a la Patria desde la edad de 17 años hasta la de 56”. Los solteros de entre 17 y 56 años serían los primeramente movilizados, asumirían los destinos más alejados y harían instrucción militar en sus pueblos una hora todos los domingos, mientras los casados se ejercitarían con mayor intervalo temporal. Hacia el final del documento se habla de la necesidad de inculcación de valores navarristas puesto que se dice “para que nadie ignore desde su niñez las obligaciones que ha contrahído por nacer en Navarra, deverán imprimirse las que fuesen en preguntas, y respuestas, para que las aprendan de memoria”. Esto debería “enseñarse en las escuelas después de los compendios de Religión que regularmente se dan”.

El tercer plan fue redactado por el Marqués de San Adrían. Los cálculos aplicados por San Adrián a la población navarra, ponderados por parámetros relativos al número de soldados similares a los empleados para la conformación del ejército prusiano, fijaban en 10.556 hombres los que constituirían “el cuerpo militar de Navarra”, estructurados en once batallones y 91 compañías. Este nuevo sistema precisaría de un alistamiento general regular de todos los individuos de cada pueblo, introduciéndose algunos criterios de exención. Como es de suponer, los cargos de oficialía quedaban reservados para los nobles. El mando de los batallones sería fijado por las instituciones del reino entre “Personas entresacadas del exército” por méritos de graduación y de mérito militar, “prefiriendo para dichos empleos en igualdad de circunstancias a los que tubieren la calidad de naturales del Reino”. Habría dos batallones en cada merindad, a excepción de en la de Pamplona, donde habría tres, habiendo un cuartel en la capital de cada distrito. Los soldados se ejercitarían dos meses al año, en los meses de abril y mayo. Cada dos años, en los mismos meses mencionados, se juntarían todos los batallones para ejercitarse en cuestiones de táctica militar de mayor enjundia. “Esta misma repetición de campamentos propagará insensiblemente por el País, un cierto entusiasmo y espíritu Militar que hará Marcial y Guerrero el carácter de todos los Navarros”. Con todo, en el cuartel de cada merindad habría siempre cinco compañías permanentemente dispuestas. 

Las peticiones de llamada al apellido de 21 de junio y de 22 de agosto, así como esas propuestas de alteración de la constitución militar del reino, no habrían sido del agrado del gobierno de Madrid. El 23 de agosto el virrey contestó a la segunda de las solicitudes de llamada al apellido afirmando que no le parecía oportuno y recomendando que se formaran batallones de voluntarios. Una semana antes las tres personas comisionadas por las Cortes ante el gobierno de Madrid y ante el rey (el obispo de Pamplona, el marqués de Fontellas y el representante de Tudela y dramaturgo Cristóbal María Cortes) se habían entrevistado con Carlos IV, a quien expresaron la preocupación de las instituciones navarras por la precaria defensa del reino de Navarra ante los franceses. En su correspondencia con las Cortes navarras los delegados se hacían eco de que el rey no sólo estaba “instruído (…) del estado actual de ese reino y necesidades de socorro, sino que también lo estaba de varias expresiones que se han vertido en el Congreso con alguna imprudencia, sobre lo que ha instado para saber si podría contar seguramente con la fidelidad de V. S.”, aludiendo con ello a las cuestiones de alcance que se habían debatido en los últimos meses. Los comisionados respondieron al monarca con “fuerza y vigor (…) asegurando que ese fidelísimo Reino derramaría la última gota de sangre, antes que apartarse del dominio de tan digno Dueño”.

Hacia julio de 1795 cuando Pamplona y toda Navarra estuvieron a punto de caer a manos de los franceses, el virrey Castelfranco no se recató de expresar su desconfianza hacia las instituciones navarras. Durante todo aquel mes se esforzó para que las Cortes se trasladaran a Olite, animando a la población a evacuar la ciudad. Castelfranco se mostraba sospechoso de la fidelidad de los pamploneses ya que mencionaba en dicho documento la posibilidad de que, “sitiada Pamplona, no resistiera el tiempo que debe esperarse por haber en ella las gentes y efectos que, por su número, devilidad u otras circunstancias, puedan ser obstáculo a la buena defensa”. Asimismo, el virrey decía que “la prebención impone siempre al enemigo, así como se aprobecha de los descuidos y confianzas temerarias. Estas son las precapciones juiciosas que se siguen en la guerra, y el que resiste su execución y práctica pasará por la nota de descuidado o de preparador de las glorias del enemigo”. En su decisión de no abandonar Pamplona, las Cortes hicieron referencia a esas insinuaciones como “hideas de una sombra” y defendieron la probada fidelidad demostrada por el reino. Finalmente la firma de la paz de Basilea el 22 de julio y el éxito del representante español en sortear las solicitudes francesas de negociar aspectos que afectaran “la integridad del territorio peninsular de España”, conviniendo “en someter a examen la cesión de Santo Domingo y la Luisiana”, zanjaría cualquier polémica, si bien Godoy se instalaría en la desconfianza ante Navarra.

lunes, 12 de mayo de 2014

RAIMON EN NOSOTROS


Como es sabido, la Plataforma Gure Esku Dago ha convocado para el próximo 8 de junio una cadena humana entre Durango y Pamplona impulsada por bajo el lema "Somos una nación, tenemos derecho a decidir, es el momento de la ciudadanía". La convocatoria está siendo precedida de numerosos actos por la geografía vasconavarra. Con ecos de la Vía Catalana hacia la Independencia del pasado 11 de septiembre que, organizada por la Asamblea Nacional Catalana, reunió a decenas de miles de personas entre Le Perthus y Vinaroz, la diferencia fundamental entre ambas iniciativas consistiría en que mientras la primera une ámbitos espaciales extensos de dos comunidades autónomas, apelando al derecho a decidir de las poblaciones de la Comunidad Autonóma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra, consideradas ambas como una única nación, un único sujeto nacional, la segunda, a pesar de introducirse levemente en territorios de otra obediencia administrativa, se centraba en una sola realidad políticoinstitucional. El Manifiesto de aquella plataforma, emitido el 9 de diciembre de 2013, hace referencia a vivirse “un nuevo tiempo en Euskal Herria” para el que se requerirían “nuevas iniciativas de hondo calado por la senda del trabajo en común” en las que “la ciudadanía se convierta en la principal protagonista de ese camino”. “Más allá de los diferentes proyectos que pueda proponer cada cual de cara al futuro, entendemos que es posible, necesaria, oportuna y legitima la acción colectiva en torno a la socialización y ejercicio” del derecho a decidir, “un derecho, como punto de encuentro de diferentes sensibilidades”. Por todo lo cual, se afirma “que como pueblo tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro” y “que la decisión nos corresponde a las ciudadanas y los ciudadanos”. En otro lugar de la página web se considera que “es el origen del conflicto político que vive Euskal Herria. Porque es una reivindicación prepolítica, para crear una base democrática. Punto de encuentro de todas las sensibilidades” y se afirma que “la reivindicación del derecho a decidir ha estado constantemente en la agenda política y social de Euskal Herria (en el Aberri Eguna de 1978, en el Parlamento Vasco en 1990, en Udalbiltza y en su Carta de Derechos, en los documentos de referencia de Lizarra- Garazi, en las conversaciones de Loiola, en la cumbre de Aiete y en el punto cuarto de la Declaración).

La extensión de la reivindicación del derecho a decidir en Catalunya tiene que ver con el carácter traumático del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de aquella comunidad. La propuesta aprobada por el Parlament de Catalunya en septiembre de 2005 con los votos favorables de 120 de los 135 diputados (todos menos los del PP) fue modificada por la Comisión Constitucional del Congreso y por las negociaciones entabladas por el Gobierno de Zapatero y CiU, quedando excluídas de éstas ERC, haciendo que este último partido, miembro hasta entonces del gobierno tripartito impulsor de la propuesta, no apoyara la redacción final aprobada por el Congreso en marzo de 2006. Posteriormente, a pesar del refrendo popular a ese texto final (con un 73,9 por ciento de síes, aunque con una abstención del 50,6) el 18 de junio de 2006, el Tribunal Constitucional resolvería en junio de 2010 el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del Partido Popular, dictaminando la "ineficacia jurídica" del Preámbulo, así como la inconstitucionalidad de catorce artículos y la lectura de otra decena según el criterio del propio Tribunal. La manifestación, de respuesta a esa sentencia, que reunió en Barcelona el 10 de julio de 2010, bajo el lema "Som una nació, nosaltres decidim" a más de un millón de personas con el apoyo de todos los partidos políticos del Parlament, a excepción del PPC y de Ciutadans, representaría el pistoletazo de salida de crecimiento de los apoyos al movimiento a favor del derecho a decidir.  

En el caso de la CAV, la propuesta de reforma del Estatuto, planteada en 2003 por el Gobierno de coalición del Lehendakari Ibarretxe, fue rechazada en febrero de 2005 por el Congreso por 313 votos en contra (PSOE, PP, IU, CC y CHA), 29 a favor (PNV, ERC, CiU, EA, NaBai y BNG) y 2 abstenciones (ICV). 

Esos dos proyectos fracasados de ampliación del autogobierno registraron, o han registrado, sendos episodios finales que tienen que ver con el intento de conformación de sendos sujetos decisorios fragmentarios en las comunidades autónomas vasca y catalana. 

En la CAV, ante el fracaso de un nuevo intento negociador con el Gobierno de España para el establecimiento de un nuevo marco, el Gobierno de Ibarretxe impulsó la aprobación en junio de 2008 de un proyecto de ley de consulta a la ciudadanía vasca, fijando el texto de las preguntas. Esa ley sería declarada inconstitucional en septiembre del mismo año por el Tribunal Constitucional.  

Precisamente el contenido de aquella sentencia, la 103/2008 del Tribunal Constitucional, prefiguró en buena medida la reciente sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 25 de marzo relativa a la Declaración del Parlamento catalán de 23 de enero de 2013, por la que el Parlement de Catalunya proclamaba al pueblo catalán como sujeto político y jurídico soberano. El Tribunal Constitucional afirma que el reconocimiento de un sujeto dotado de soberanía y distinto del pueblo español, como pudiera serlo el catalán o el de otra comunidad del Estado, resulta contrario a las previsiones de los artículos 1.2 y 2 de la Constitución. Por lo tanto, ninguna Comunidad Autónoma podría unilateralmente convocar un referéndum sobre su forma de integración en España o de segregación del Estado. Con todo, en las mismas dos sentencias se abre la puerta a modificaciones del engarce de las partes con el todo mediante propuestas de reforma de la Constitución dirigidas a ser consideradas por el Parlamento Español, es decir, mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional del artículo 168 de la Constitución. Debe subrayarse que, en el caso catalán, de cara a esa "interpretación constitucional de las referencias al derecho a decidir" de los ciudadanos catalanes, el Tribunal Constitucional recuerda que son "los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales" quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación" los problemas que se suscitan en el orden constitucional, "en particular los derivados de la voluntad de una parte de alterar su estatus jurídico". También hay que decir que, contando con el antecedente de la primera sentencia, el Consejo Asesor para la Transición Nacional en su informe La consulta sobre el futur polític de Catalunya había juzgado que, en comparación con otras cuatro posibles vías legales (dos de ellas surgidas de artículos de la Constitución, otra de la ley autonómica 4/2010 y la última, de la proposición de ley sobre consultas populares), la vía de la reforma constitucional suponía un proceso largo y complejo en el que las fuerzas políticas catalanas siempre estarían en minoría, exigiendo, además, de ingeniería constitucional. 

Por lo tanto, la historia reciente prueba que intentar ampliar el autogobierno siguiendo las vías constitucionales puede ser arrumbado o recortado por las fuerzas dominantes en Madrid, bien en el Congreso o bien por el Tribunal Constitucional. A su vez, la puerta que abren las dos sentencias del TC sobre un posible derecho a decidir fragmentario que siga la vía constitucional de la reforma de la Constitución es inconcreta y nebulosa (¿cómo podría obviarse el contenido de los dos primeros artículos del texto constitucional?) y siempre penderá sobre ella el veto del PP y del PSOE.

En lo que respecta a Navarra, las tesis favorables al aumento de nuestro autogobierno de algunas formaciones políticas no han podido abrirse camino, por cuestión de mayorías y por la imposibilidad de articularse una alternativa a UPN por la negativa del PSN a apostar por otras opciones que no sean la entrada en gobiernos de coalición con aquel partido o apoyar su acción de gobierno, en situación de minoría parlamentaria, desde el exterior. No hace falta recordar el fracaso la Ponencia sobre Autogobierno de la legislatura 2003-2007 y de los vanos intentos por resucitarla ulteriormente. Paralelamente, y por las mismas razones que las antedichas, tampoco se ha podido impulsar ninguna iniciativa, siguiendo parámetros constitucionales, tendente a establecer políticas estables de cooperación con la Comunidad Autónoma Vasca mediante órganos permanentes como el previsto por el gobierno de coalición entre el PSN, CDN y EA de 1995, que fue finalmente abortado por la demolición de dicho gobierno, decidida por el propio PSN, tras el asunto de las cuentas secretas en Suiza de Otano. 

Curiosamente tampoco han sido socializadas convenientemente propuestas de incremento del autogobierno navarro, calificables como de “terceras vías” entre la inmovilidad del bloque constitucionalista y las procedentes de la izquierda abertzale, como la de Nafarroa Bai de 2007. Dicha propuesta, asumida en su plenitud hoy en día por formaciones como Zabaltzen, integrada en la coalición Geroa Bai, habla también del empleo de la vía de los derechos históricos para lograr dicho incremento competencial, de la defensa de la concepción de la ciudadanía navarra como sujeto político decisorio libre e incondicionado, del respeto a la convivencia interidentitaria y del establecimiento, en el corto plazo, de un órgano de cooperación permanente entre Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca como el que casi se puso en marcha 1995. Todo ello, desde la perspectiva de que la voluntad democrática y la negociación son las fuentes primordiales de legitimación de las organizaciones políticas, con lo que se residencian las decisiones relacionadas con el marco políticoinstitucional navarro en la conformación de mayorías a través del pacto. Y con la idea de agotar, en relación con todo lo anterior, los mecanismos que proporciona el actual marco constitucional. 

Teniendo en cuenta todo ello, y volviendo a la iniciativa de la cadena humana del 8 de junio, no parece de demasiado recorrido la mezcla, implícita en esa iniciativa, de ámbitos de decisión tan diferentes como el de la CAV y el navarro. Asimismo, no parece demasiado acertado partir de enfoques desiderativos y prepolíticos, que busquen un amoldamiento de la realidad a una determinada concepción de la sociedad y de la territorialidad vasconavarra, sin tener e cuenta, en última instancia, la necesidad de hacer política desde la evidencia.

A pesar de la diferencia de estadio y de clima entre el contexto catalán, el de la CAV y el de la Navarra, queremos hacernos eco también aquí de las reflexiones del cantante valenciano Raimon sobre las repercusiones del actual proceso catalán en otros territorios de lengua catalana como la Comunidad Valenciana o Baleares. Artista que no necesita presentación para quienes ya tenemos cierta edad y cuyas actitudes personales han sido en más de ocasión dignas de elogio, Raimon afirmó la semana pasada en unas declaraciones en Catalunya: “Yo no soy independentista porque no me lo había planteado nunca y desde Valencia todo esto se mira de otro modo”; la independencia “te la miras con más atención, si piensas en términos de unidad cultural, y con más alarmas porque en el País Valenciano hay un anticatalanismo que está funcionando y puede crecer”; “Yo soy valenciano. ¿Qué repercusiones podría tener la independencia de Cataluña en el País Valenciano? El anticatalanismo crecería todavía más”. Aunque posteriormente ha subrayado su apoyo a la consulta a la ciudadanía e incluso su hipotético voto positivo de poder votar en ella, sus posturas han generado múltiples reacciones, así como críticas en las redes sociales. Con todo, en su tierra de origen no faltan quienes ven razonables sus palabras, si bien también es justo reconocer que no yerran quienes apuntan a que a la derecha valenciana no le hace falta la independencia de Catalunya para distinguirse por su anticatalanismo extremo.

No podemos dejar se sentirnos concernidos por las palabras de Raimon. Hay muchas similitudes entre la Comunidad Valenciana y Navarra. Entre ellas, un dualismo identitario de base (si bien hoy en día proyectado a una diversidad de etiquetas identificatorias); una parecida situación de doble perifericidad ante un nacionalismo español dominante y un nacionalismo, mayoritario en la comunidad vecina, pero minoritario aquí; una similar pulsión de adaptación a Navarra de uno y otro nacionalismo, que complejiza mucho las cosas, no sólo por la introducción de un pathos radical; una cierta desmemoria, no obstante, ante la valoración de lo propio que dificulta la emergencia de un sentimiento particularista estrictamente autóctono y sin ataduras; una derecha, por último, cuyas formas de gobierno son deleznables y cuya gestión está teñidísima de corrupción, que emplea el argumento identitario como parapeto defensivo y que hasta ahora se ha beneficiado de esa estrategia. 

También es preciso recordar, por otra parte, que iniciativas similares a la Giza Katea del 8 de junio no han contribuído históricamente a acercar Navarra al resto de Euskal Herria, sino más bien a fortalecer a los agentes contrarios a dicha aproximación. El triunfalismo peneuvista del finalmente fracasado proceso estatutario de 1931-1932 dejó demasiados cabos por atar y cometió demasiados fallos, tal y como no se privó de señalar el mismo Manuel de Irujo. Hace unas décadas, los actos de masas y la campaña del Nafarroa Euskadi Da de finales de los setenta registraron serios fallos de calibración, el peor de ellos no entender el lastre que suponía la violencia terrorista de ETA. 

No sólo hay que ir al pasado. Ejemplos recientes, en contextos absolutamente favorables a la iniciativa reseñada, prueban que apelar al derecho a decidir ni siquiera sirve para avalar las tesis de fondo de aquélla. La consulta llevada a cabo en Etxarri Aranatz el pasado 13 de abril, convocada por la plataforma ciudadana A13 y apadrinada por EH Bildu y por Geroa Bai, tal y como se veía en el cartel, se saldó con un fracaso. Ante la pregunta “¿Quieres ser ciudadano o ciudadana de una Euskal Herria independiente?”, sobre un total de 1.990 vecinos mayores de 16 años llamados a participar, solamente emitieron su voto 851, el 42,8 por ciento. De ellos, 804 votaron a favor de la independencia y 18 en contra. Además, se registraron 26 votos blancos y tres nulos. Además, a la escasez de los apoyos recabados, hay que añadir que los resultados obtenidos expresan una fractura clara dentro del nacionalismo vasco. Hay una clara disonancia entre los síes y los votos obtenidos por las opciones nacionalistas en anteriores convocatorias electorales. En las elecciones generales de noviembre de 2011 Amaiur sacó 837 votos y Geroa Bai 237. En las elecciones autonómicas de mayo del mismo año Bildu consiguió 795 apoyos y Nafarroa Bai 2011 306. De todo ello, se puede presumir que el electorado de Geroa Bai no votó sí en el referéndum, aún cuando dicho partido lo apoyaba, lo que se puede considerar un divorcio entre las instrucciones dadas por la élite del partido y las bases, interpretable, entre otras razones, en clave ideológica. 

Esos datos, procedentes de un laboratorio extremo, avalarían que en Navarra la política basada en la evidencia nos revela una y otra vez que, aunque las perspectivas reduccionistas, basadas en rotundas líneas de fractura y expresadas en eslóganes de trinchera, tienen su mercado en los extremos del electorado (es decir, en UPN y en Bildu), gran parte de la sociedad comparte otro tipo de visiones no maximalistas que asumen que múltiples valores pueden ser compartidos por gente de origen e idearios diferentes. Por supuesto, esos sectores más centrados del electorado se verán ahora entre dos fuegos. ¿Alguien duda que el navarrismo españolista reactivo de UPN y del PP se privará de responder con toda la artillería pesada a la iniciativa del 8 de junio? No serían de extrañar convocatorias de actos masivos por parte de esos partidos (también incluso cadenas humanas o consultas a nivel municipal) invocando un supuesto derecho a decidir de los navarros en relación, por ejemplo, de la derogación de la disposición transitoria cuarta, algo acerca de lo que ya se han manifestado en múltiples ocasiones líderes de dichas formaciones. 

Raimon en nosotros. En ocasiones, en demasiadas ocasiones quizás, también se hace patria de una forma diferente, de una manera distinta a la propugnada por los guardianes de las esencias identitarias. Desde el equilibrio y el respeto proactivo a la diversidad de los ciudadanos de tu propio país.

sábado, 12 de abril de 2014

SEGUNDA RESPUESTA (INDIVIDUALIZADA) A JESÚS MARIA ARAGÓN SAMANES


Reproduzco mis dos respuestas a la carta publicada por Jesús María Aragón Samanes, Secretario General Federal del Partido Carlista de las Españas, el día 5 de abril en Diario de Noticias en la que replicaba a mi contestación anterior a una carta publicada por el Comité Político de EKA en relación con un reportaje mío publicado en dicho periódico. La primera carta es la definitivamente publicada en el mismo medio. La segunda es más extensa y es la que en principio remití pero que, por lo visto, excedía presuntamente los límites de espacio que deben guardar estos textos.

La primera carta de respuesta, como digo, la definitivamente publicada, es ésta: 

"El 5 de abril Jesús Maria Aragón Samanes contestaba a la respuesta que dí a una carta remitida por el comité político de su partido. Afirmaba que no me ceñía a los contenidos sugeridos en su primer escrito, aunque no refutaba los datos nuevos que yo aportaba ni los del primer reportaje. 

Obvié el llamamiento a los Carlistas de la Junta Regional de la Comunión Tradicionalista de Navarra, del 24 de julio de 1936, porque la práctica de la Junta Central Carlista de Guerra, el órgano del tradicionalismo que de verdad mandaba en esa situación, se condujo por derroteros auténticamente represivos. Respecto al bando de Mola, es una ficción considerarlo exógeno a aquella Junta Central: el hijo del cabeza de facto de dicho órgano fue el que redactaba las instrucciones reservadas del propio Mola, que prefiguraban el significado que había que dar a aquél. El propio Benito Santesteban reconocería su proximidad a Mola en las funciones represivas que acometió. 

Eladio Esparza desempeñó el cargo que mencioné y no hay contradicción con que fuera simultáneamente subdirector de Diario de Navarra, porque lo que cuenta es su propio pensamiento. El concepto de carlofalangismo lo razono desde el hecho de que a partir del 19 de julio carlistas y falangistas coparticiparon en labores represivas, habiendo sobre ello numerosos testimonios. Sobre los intercambios de prisioneros, la documentación conservada menciona posturas intransigentes, amén de la ominosa cuestión de Francisco Lizarza.

Por otra parte, sobre las calificaciones que suscita mi labor, soy de la opinión de que la envergadura de limpieza política sufrida por quienes fueron considerados como enemigos a batir por los sublevados se merece que se hable de los responsables de la misma. Aunque nunca, ciertamente, podremos conocer los detalles por la desaparición deliberada de la documentación de los organismos represores del momento. Recordaré que el secretario de la Junta Central Carlista de la Guerra, José Úriz Beriain, fue posteriormente, durante décadas, secretario de la Diputación Foral. 

Para terminar, reitero mi extrañeza a que sean precisamente dirigentes de EKA quienes se sientan agredidos por mis aportaciones. Lo entendería en el caso de quienes, tras colaborar con el franquismo y beneficiarse de sus prebendas, nunca han condenado de lo sucedido aquellos años y, para remate, no pierden ocasión de imputar a todos los demás todo tipo de connivencias execrables".

Por su parte, la segunda carta (como digo, la originalmente remitida y que fue retocada, por razones de espacio, era esta): 

El sábado 5 de abril Jesús Maria Aragón Samanes, Secretario General Federal del partido Carlista de las Españas, contestaba a la respuesta que dí a una carta remitida a este periódico por el comité político del Partido Carlista-EKA de Navarra. En ella me acusaba de que, en lugar de ceñirme a los contenidos sugeridos en su primer escrito, yo aportaba “unos datos, ya divulgados por otros historiadores, y por eso conocidos por todos nosotros, o sea: aporta más árboles que limitan más aún la visión del bosque”. De cualquier forma, Aragón Samanes ni niega dichos datos ni los que se aportaban en el primer reportaje objeto de refutación por su parte. 

Por contra, llama la atención sobre mi silencio sobre “el llamamiento a los Carlistas de la Junta Regional de la Comunión Tradicionalista de Navarra, del 24 de julio de 1936, así como la aclaración de que el bando era el bando de guerra del general republicano Mola, el director del golpe de Estado al que se sumó el Carlismo, y alguna que otra puntualización en ese totum revolutum”. 

He de decir que no tomé en consideración aquel llamamiento porque la práctica de la Junta Central Carlista de Guerra, el órgano del tradicionalismo que de verdad mandaba en esa situación, se condujo por otros derroteros, auténticamente represivos. 

Por lo que respecta al bando de Mola, es una ficción considerarlo exógeno a aquella Junta Central: Luis Martínez Erro, el hijo del cabeza de facto de dicho órgano, José Martínez Berasain, fue el que redactaba las instrucciones reservadas del propio Mola, instrucciones que hablaban de lo que hablaban y que prefiguraban el significado que había que dar a aquel bando de guerra. Por otra parte, el propio Benito Santesteban, primo y sobrino respectivamente de aquéllos, reconocería su proximidad a Mola en las funciones represivas que desarrolló. 

Otras cuestiones a las que se refieren en sus escritos (como las relativas a Eladio Esparza, al concepto de carlofalangismo o a los intercambios de prisioneros) y que ustedes consideran que he tratado de forma reduccionista o sesgada, son, desde luego, en el caso de que las desarrollara por extenso, bastante más complejas que lo que ustedes insinúan y apuntan más hacia mis tesis. Baste decir que Eladio Esparza desempeñó el cargo que mencioné, compatibilizándolo, es verdad, con la subdirección de Diario de Navarra, pero es que desde el periódico fue el máximo valedor de la integración de todos los autores de la derecha desde el año 1931 cuando menos (en una labor ciertamente meritoria) y sus responsabilidades intelectuales en lo que pasó en el verano y otoño de 1936 son evidentes (y no sólo por preparar la coreografía de la procesión del 23 de agosto, día de la matanza de la Valcardera). En cuanto al concepto de carlofalangismo, lo razono desde el hecho de que a partir del 19 de julio carlistas y falangistas coparticiparon en labores represivas, habiendo sobre ello numerosos testimonios. Sobre los intercambios de prisioneros, la documentación de la Junta Central Carlista de Guerra menciona posturas ciertamente intransigentes, amén de la ominosa cuestión de Francisco Lizarza.

Por otra parte, sobre la mención de que con mis textos están descontextualizados y de que no contribuyen “a la integración de la Historia que nos concierne en nuestra convivencia ciudadana”, por lo que desarrollo un ejercicio de memoria “fraccionada, o sea, sesgada, incompleta”, dejénme decirles que soy de la opinión de que la envergadura de limpieza política sufrida por quienes fueron considerados como enemigos a batir por los sublevados en julio de 1936 (Navarra fue la provincia española, con diferencia, con mayor número de asesinados por votantes al Frente Popular) se merece que se hable de los responsables de la misma. Hablar de que fueron circunstancias propias del conflicto no me vale. En Navarra no hubo frente de guerra y el tratamiento hacia los desafectos en la retaguardia fue absolutamente terrible y excesivo. Aspirar a una reconstrucción máxima de lo sucedido (en la medida de lo posible) es un ejercicio de mínima justicia. Lamentablemente, estoy con ustedes, aunque por otro motivo, en relación con lo de la memoria fraccionada, sesgada e incompleta. La ocultación y la desaparición de la documentación de los organismos represores del momento impiden conocer muchísimos detalles. Pero también hay que decir que la misma fue deliberada. Lamento centrarme en los carlistas, pero no es de recibo que el secretario de la Junta Central carlista de la Guerra, José Úriz Beriain, fuera posteriormente, durante décadas, secretario de la Diputación Foral (en cuyo Palacio, hay que decirlo, asentó sus reales aquel órgano). 

Para terminar, reitero mi extrañeza a que sean precisamente ustedes quienes se sientan agredidos por mis aportaciones, usurpando el lugar de quienes, tras colaborar con el régimen franquista y beneficiarse de las prebendas concedidas por el mismo, en ningún momento han condenado de verdad lo sucedido aquellos años y, para remate, no pierden ocasión de esgrimir un discurso de trinchera, trufado de superioridad moral, imputando a todos los demás todo tipo de connivencias execrables.

sábado, 29 de marzo de 2014

EMPECINADA MEMORIA DE NEGACIÓN.


El pasado jueves 27 de marzo, bajo el título “Memoria histórica fraccionada”, diversos miembros del Comité Político del Partido Carlista-EKA de Navarra (Juan Luis Aldaya, Paco Zamora, Maribel Alzórriz, Feliciano Vélez, Ana Montoya, Andoni Rabanal, José Lázaro Ibáñez), así como Jesús Mª Aragón Samanes, secretario general federal del Partido Carlista de las Españas (sic), se referían, adjuntando diversos comentarios críticos, a un reportaje que publiqué en este periódico el pasado domingo (y que el 8 de febrero había sido publicado en el diario Deia) titulado El carlismo y el castigo al nacionalismo. 

Considerando el trasfondo último de los contenidos de la misma, quisiera expresar mi perplejidad porque dirigentes de un partido que se autodefine como de una línea política de izquierda alternativa, encuadrada en el socialismo autogestionario (y que llegó incluso a formar parte de Izquierda Unida), sea incapaz de efectuar una reflexión crítica sobre el papel que el carlismo de los años treinta, muy distante ideológicamente del partido de los autores de la mencionada carta (o, al menos, eso es que se percibe desde el exterior, si las palabras valen algo), tuvo en la durísima represión de retaguardia acaecida en Navarra y en territorios próximos. Lamento profundamente que aquellas personas no sepan aquilatar la trascendencia del hecho de la recuperación de un texto que no sólo expresa intenciones, sino que, además, anticipa realidades. Sin duda, todo ello es responsabilidad también de los demás: por muchas razones que sería prolijo comentar, la memoria histórica de la violencia política desarrollada en nuestra tierra durante la guerra civil se ha limitado exclusivamente a las víctimas y no ha profundizado en el tema de los verdugos, lo que se ha revelado como un grave error porque no ha hecho más que acrecentar el sentimiento de impunidad y el impulso a la manipulación histórica de los herederos biológicos o ideológicos de aquellos matarifes. 

Puestos a reconvenir, y ya que se sienten tan concernidos por algo que a priori no tenía por qué concernirles, hablen, hablen de Benito Santesteban, killer de la Junta Carlista Central de Guerra de Navarra; de su tío José Martínez Berasáin, presidente de facto de aquel órgano, y de su libreta; de Luis Martínez Erro, primo del primero e hijo del segundo, mecanógrafo de las instrucciones reservadas de Mola y escolta de éste; hablen de los expurgos en la documentación de aquella Junta; hablen de los registros de presos y de la documentación de la cárcel de Escolapios, el centro de detención de los requetés; hablen del Tercio Móvil y si hay documentación propia del mismo y acerca de sus salidas; hablen de los componentes de las juntas locales de guerra y si se conservan documentos sobre ellas y sobre todos aquellos que en los primeros meses de guerra se quedaron en los pueblos para reprimir; etc. Y ya que lo citan, hablen de dónde podría estar el listado de los fusilados en Bera (que sus familiares tienen todo el derecho a saber donde fueron enterrados, que los familiares de los enterrados en Polloe ya lo pudieron saber).

Y háganlo, en el caso de que sean capaces de hacerlo, solamente por humanidad para con los ejecutados, por solidaridad con aquellos voluntarios carlistas que de buena fe marcharon al frente y no se enfangaron en cometer actos indignos y para enseñar a las nuevas generaciones la regla de oro de la convivencia política: el rechazo al ejercicio de la violencia para perseguir objetivos políticos.

miércoles, 26 de marzo de 2014

SUÁREZ, DEL BURGO Y LA HUELLA DE YANGUAS Y MIRANDA.


Con ocasión del reciente fallecimiento de Adolfo Suárez nos ha venido a la memoria un artículo clásico de Enzensberger, de 1989 nada menos, en el que englobaba su figura como uno de los ejemplos arquetípicos de lo que el denominaba “los héroes de la retirada”. Desde su punto de vista, Suárez, al igual que personalidades como Jaruzelski o Gorbachov, encarnaría a aquellos líderes “que no representan el triunfo, la conquista, la victoria, sino la renuncia, la demolición, el desmontaje” de posiciones insostenibles. En sus palabras, “Suárez fue participante y beneficiario del régimen de Franco; si no hubiera pertenecido al círculo más íntimo del poder no habría estado en disposición de abolir la dictadura. Al mismo tiempo, su pasado le aseguró la desconfianza insuperable de todos los demócratas. De hecho, España no le ha perdonado hasta el presente. A los ojos de sus antiguos camaradas, él fue un traidor; a los ojos de aquellos para quienes había abierto el camino, fue un oportunista. Desde que se retiró como típica figura de la transición [recordemos que Enzensberger escribió aquel texto en 1989] no ha vuelto a pisar terreno firme. El papel que él representa en el actual sistema de partidos ha quedado más bien oscuro. Una cosa, y solamente una, tiene garantizada el héroe de la retirada: la ingratitud de la patria”.

Con todo, la muerte de Suárez ha servido durante los últimos días para reescribir en positivo una Transición cada vez más cuestionada desde todos los órdenes: desde el territorial (con unas reivindicaciones secesionistas catalanas que nos recuerdan que Cataluña ha sido siempre históricamente el primer problema en relación con la cuestión de la conformación del Estado español, empequeñeciendo la envergadura de las reivindicaciones vascas dada la enorme pluralidad vasconavarra) hasta el socioeconómico (veáse la multitudinaria protesta social del sábado en Madrid) pasando por el institucional (a causa del descrédito de la monarquía y de los partidos políticos mayoritarios). 

En nuestro caso la desaparición del expresidente nos ha hecho recordar un aspecto capital que suele pasar al olvido cuando pensamos en la Transición navarra: el diseño de quién debía protagonizar la negociación con el Estado de cara al Amejoramiento del Fuero. Ese diseño respondió a las estrategias planteadas por Jaime Ignacio del Burgo, quien habría contado con el apoyo de los ministros Clavero Arévalo y Martín Villa y con el del presidente Suárez. 

Ya a finales de 1977 se abortó la posibilidad, implícita en el acuerdo del ministro Clavero con la Asamblea de Parlamentarios Vascos de 11 de noviembre de 1977, de que Navarra se incorporara al Consejo General Vasco a través del órgano foral competente, y transitoriamente a través de sus parlamentarios (lo que garantizaba que no tuviera lugar, por la mayoría contraria de los representantes de la UCD navarra). Tras entrevistarse los diputados y senadores de UCD de Navarra en Madrid con Clavero y con Suárez, argumentando que las negociaciones las debía llevar la Diputación, el 25 de noviembre se constituyó el Consejo Parlamentario de Navarra con los nueve parlamentarios elegidos en junio. Este órgano consiguió paralizar aquel acuerdo mediante la introducción, a instancias de UCD, de una claúsula en el proyecto de Decreto-Ley, finalmente publicado el 4 de enero, que facultaba al Gobierno de acuerdo con la Diputación para la determinación del órgano foral competente que debía decidir sobre la posible incorporación, siendo necesaria la ratificación de esa decisión por el pueblo navarro mediante referéndum. Todo ello ha sido recientemente recordado por el propio Jaime Ignacio del Burgo.

En el debate constitucional, aunque las tesis de la UCD de Navarra no consiguieron prosperar del todo en lo que se refiere a la Disposición Transitoria Cuarta ni en lo que respecta a la Disposición Adicional Primera (ésta última producto de una enmienda del PNV), triunfaron absolutamente en relación con la disposición derogatoria. Planteada dicha disposición en el Pleno del Congreso, del Burgo consiguió evitar el planteamiento del PNV que extendía la derogación de la ley de agosto de 1839 también a Navarra (y que llegó a reflejarse en una primera versión a la misma), en cuanto que dicha ley había sido para Navarra la base de la solución de 1841 y en cuanto que ésta última debía ser fundamento, a su vez, del futuro Amejoramiento del Fuero. Con la no derogación de la ley de 1839 para Navarra se abría la posibilidad de la fórmula que desembocaría en 1983 en la LORAFNA. 

Cerrado lo anterior, el fleco pendiente era la determinación de quién debía protagonizar el proceso negociador con el Estado y cuáles debían ser las fórmulas para la elección del Parlamento Foral y la Diputación en 1979. Las bases aprobadas por la Diputación, elegida en las postrimerías del franquismo, el 13 de junio de 1978 para la democratización de las instituciones forales y amejoramiento del Fuero, que habían sido elaboradas por una comisión de técnicos foralistas, muy alejadas de las posturas de UCD, PSOE y de los demás partidos, y que defendían un Consejo Foral supeditado a la Diputación y de composición muy compleja y estrambótica, fueron rechazadas por el ministro Martín Villa. 

Finalmente, el Decreto-Ley 121/1979 de 26 de enero sobre elecciones locales y ordenación de las instituciones forales de Navarra (que en sus líneas generales se conocía desde octubre por filtraciones a la prensa y cuyo proyecto fue presentado por Martín Villa el 22 de noviembre) atendía a los intereses ucedistas. Se conformaba un sistema de elección de la Diputación y del Parlamento con las merindades como circunscripción electoral, siendo diputados el primero o los primeros (en el caso de Tudela y Pamplona) que mayor número de votos alcanzaran en cada merindad. Mediante dicho sistema UCD planeaba asumir la mayoría absoluta de los siete componentes de la Diputación. Dicho pronóstico se cumplió, aunque menos holgadamente de lo inicialmente calculado, puesto que para UCD fueron sólo cuatro de los siete diputados y no los cinco o seis previstos de antemano. Sea como sea, UCD consiguió con 20 sobre 70 escaños en el Parlamento Foral tener el 57,1 por ciento de los puestos de la Corporación Foral. Además, no menos importante, se establecía la primacía de la Diputación sobre el órgano parlamentario al no ser aquélla elegida por éste. Por tanto, las tesis de la Corporación Foral como custodio inviolable de la soberanía navarra se imponían a las tesis de la democracia moderna según las cuales la soberanía popular reside en los órganos parlamentarios representativos. Con todas esas circunstancias, a pesar de las interferencias provocadas por el asunto FASA, que del Burgo pudo sortear por sus contactos personales con la UCD de Madrid, UCD pudo pilotar con total autoridad la vía navarra hacia la autonomía, siguiendo la prefijada hoja de ruta delburguiana, tal y como se explicó en otra entrada de este blog

No queremos dejar de reseñar que todo lo anterior contenía ciertos resabios del pasado. En el proceso que llevó a Navarra de ser reino a provincia en 1839-1841, los pasos a seguir también fueron dictados por Madrid según la partitura redactada por un navarro, en este caso el tudelano Yanguas y Miranda. La clave fue el Real Decreto promulgado el 16 de noviembre de 1839 para que pudiera “tener efecto lo dispuesto” en el artículo segundo de la Ley de 25 de octubre, esto es, para que se pudiera llevar a cabo el trámite de audiencia de Navarra y Vascongadas necesario para la elaboración de las propuestas de modificación de los fueros que el Gobierno debía presentar a las Cortes para cada territorio. 

Mediante ese Real Decreto se comenzaban a bifurcar los caminos de Navarra y de las provincias hermanas. Mientras, por el artículo primero, en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya se resucitaba el sistema foral tradicional, ordenándose que se constituyeran sus respectivas Juntas Generales para elegir a sus Diputaciones, en lo que respecta a Navarra, según el artículo cuarto, se establecía que la Diputación, ya no del Reino, debía ser nombrada según los parámetros constitucional fijados para la elección de las diputaciones provinciales. Se consumaba, por consiguiente, la eliminación de las Cortes que eran, según la constitución histórica de Navarra, las que designaban a los miembros de la Diputación del Reino, obviándose, además, la razón de ser primigenia de ésta, que era la de ser la representación permanente de aquéllas. Por el mismo artículo cuarto se conservaban, no obstante, algunos aspectos formales y competenciales de las pautas constitucionales propias relativas a la Diputación: ésta estaría formada por “siete individuos como antes constaba la diputación del reino, nombrando un diputado cada merindad, los dos restantes las de mayor población”. En cuanto a las competencias de la misma, eran menores que las de la Diputación del Reino: aunque se reconocían las de ésta en aquélla, se supeditaban a “las que siendo compatibles con ellas señala la ley general a las diputaciones provinciales”, sumándose “las de administración y gobierno interior que competían al Consejo de Navarra”, todo ello, claro está, “sin perjuicio de la unidad constitucional”. 

Por otra parte, según el artículo séptimo se determinaba, en conformidad con todo lo anterior, una clara diferenciación entre los protagonistas de la interlocución con el gobierno de Madrid: en Vascongadas serían las Juntas Generales las que nombrarían los “dos o más individuos que unos a otros se sustituyan” para conferenciar con aquél; en cambio, en Navarra los designaría “la nueva diputación”, convirtiéndose ésta en el árbitro del proceso para dicho territorio. Las disimilitudes en el apartado de nombramiento de delegados, así como por defecto en todo lo que tuviera que ver con la concreción de contenidos a negociar y con la gestión de los tiempos de la negociación, eran palpables. En Vascongadas esos aspectos cruciales se debatirían en un foro asambleario con representantes municipales de extracción social variada. En Navarra todo ello sería dirimido por un órgano de siete miembros elegidos por un sufragio fuertemente censitario en un escenario político en el que los diputados elegibles pertenecerían bien al liberalismo moderado, bien al progresista, permaneciendo fuera de juego, por proscripción política tácita, otros posibles candidatos adscritos al carlismo, el predominante entre la opinión pública navarra. 

Por consiguiente, dicho real decreto corroboraba las tesis de Yanguas, seguidas por varios intervinientes en las Cortes españolas en el debate sobre la ley de 25 de octubre de 1839, de que el procedimiento de modificación foral en Navarra debía hacerse mediante un método diferente al vascongado por cuanto se subrayaba la imposibilidad de convocatoria de las Cortes navarras. Así, se conformaba una Diputación que respondía, a pesar de diversos arreglos cosméticos, más al carácter y naturaleza de las diputaciones provinciales que a la extinta, e imposible también de resucitar, Diputación del Reino cuya misión esencial era, recordémoslo, velar por el cumplimiento de los cánones constitucionales propios del reino, tal y como había intentado hacer a lo largo de toda su historia. Y, paralelamente, se facilitaba el futuro desenlace al quedar configurada la parte negociadora navarra como amigable respecto de Madrid, carente absolutamente de los perfiles reivindicativos de los fueristas vascongados que se negarán a entablar negociaciones. 

En 1839-1841 una Diputación dispuesta por Madrid, y amoldada a la estrategia de Yanguas y a los intereses de los grupos sociales que el tudelano representaba, desplazaba a unas Cortes navarras consideradas como un nudo gordiano. Nadie, a excepción de Sagaseta de Ilurdoz, haría comentario alguno sobre la hipotética reforma del legislativo navarro y sobre la usurpación del papel de éste que entrañaba el protagonismo negociador otorgado a la nueva Diputación de cara a la configuración de aquel nuevo marco políticoinstitucional. En 1979-1983 las directrices de la UCD estatal y de la UCD navarra decidirían sobre quién iba a ser el agente primordial en las negociaciones para el nuevo marco de autogobierno, imponiéndose a todas las corrientes democráticas que en la época en el mundo occidental reservaban tal cometido a los órganos parlamentarios. Ciento cuarenta años después se adoptaban los mismos principios tendentes a concentrar el poder decisional en el menor número de personas y a anular o disminuir las posibles interferencias de los foros parlamentarios autóctonos.