sábado, 15 de diciembre de 2012

HISTORIA PERSONAL Y FAMILIAR, MEMORIA Y RECONCILIACIÓN. EL CASO DE RAFAEL GURREA.



Al hilo de una de nuestras últimas entradas, la relativa a la resurrección del tema de la laureada, hemos recordado algunas informaciones que invitan a reflexionar en las relaciones entre historia y memoria en el plano personal, familiar e ideológico y los posicionamientos acerca de ellas y acerca de los gestos de reconciliación. El motivo último de esta entrada son las posturas mantenidas por Mariano Zufía, representante del Partido Carlista/EKA, en los debates sobre la eliminación de aquélla registrados entre 1979 y 1981 en el Parlamento Foral, así como el hecho de que las mismas le valieron un doble reproche de parlamentarios de la derecha: uno personal, por haber salido Zufía, siendo estudiante, voluntario en el requeté con 16 años el 19 de julio de 1936 en la columna de García Escámez para Somosierra; el otro, grupal, por el entusiasta apoyo proporcionado por los carlistas a la sublevación y por la discontinuidad con el mismo que mostraba el carlismo de Carlos Hugo durante la Transición. Justamente uno de los más críticos fue Rafael Gurrea Induráin, parlamentario entonces de UCD y persona en cuya familia concurrían antecedentes llamativos y que queremos poner de relieve por cuanto objetivamente tenía razones para haber sido más benévolo con Zufía.

Dichos debates se iniciaron en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento navarro el 26 de septiembre de 1979 con la discusión de varias mociones, prosiguiendo en otras sesiones, bien de comisión, bien de pleno, durante los dos años siguientes.

La primera moción sobre la que se habló fue la del Grupo Parlamentario Herri Batasuna referida tanto a la eliminación de la laureada del escudo de Navarra como a la supresión de las denominaciones franquistas de vías y lugares públicos y de los monumentos a los muertos en la guerra civil y a la transformación del Monumento a los Caídos en un Monumento a todos los navarros muertos en defensa de la libertad de Navarra y de sus gentes. Ya en relación con esa moción el parlamentario Zufía señaló su apoyo a la misma, aún cuando no estaba de acuerdo “con algunas de las expresiones de la misma ni tampoco con alguna de las manifestaciones” que se habían pronunciado, por considerar que lo nuclear era, en el caso específico del escudo, la eliminación de un elemento “objeto de división de los navarros”. También indicó su apoyo a los otros dos puntos por no estar de acuerdo en que las calles y el monumento a los caídos homenajearan a sólo un bando. En contra de esa moción se posicionarían Astráin (UCD), Arbeloa (PSOE) y Viguria (UPN).

La segunda moción en debatirse en aquella moción fue la presentada por el propio Mariano Zufía. En ella planteó el regreso “al escudo tradicional de Navarra”, eliminando de él la laureada por no ser ésta “de recibo para una parte de los navarros” y en cuanto que el escudo y la bandera debían “ser el símbolo de Navarra, el símbolo de todos los navarros”. Esgrimió los acuerdos de la Diputación de 22 de enero y 15 de julio de 1910 sobre el escudo y la bandera oficiales de Navarra para afirmar que no hacían falta nuevas investigaciones sobre el tema. Propuso asimismo una enmienda a su propia moción, reconvirtiendo la misma en el sentido de dejar sin efecto el acuerdo de 14 de diciembre de 1937 por el que se incorporaba la laureada y declarar vigentes los acuerdos de 1910.

Tras el posicionamiento a favor de la misma de Sorauren (EE) y Aldecoa (HB), se posicionó en contra el representante de UCD Rafael Gurrea Induráin. Para Gurrea la supresión de la laureada no era válida de cara a la reconciliación porque podía “poner en actualidad una confrontación que ha existido en el pueblo navarro últimamente, pero que en este momento sería de nuevo sacada a la palestra, en un momento que es poco oportuno, en un momento en que muchas gentes creerían que es una concesión al revanchismo, y puede ser así interpretada por un sector amplio de nuestra sociedad”. Desde su punto de vista, el electorado de UCD percibía que los pasos y las muestras ofrecidas por ese partido de querer la reconciliación, “como el de la amnistía o el de la aceptación de un Estatuto”, no eran correspondidos “con una mejora sustancial de las condiciones de reconciliación del pueblo, sino que, todo lo contrario, en algunos casos se ha contestado con un recrudecimiento de las causas y de los hechos de enfrentamiento”. Expresado sintéticamente, el electorado ucedista tendría, según él, “la sensación de que está dando algo a cambio de nada”. Además, Gurrea señaló que “cualquier otro partido hubiera sido mucho mejor portavoz” para la retirada de la laureada en cuanto que los carlistas estaban “muy ligados en su origen” a dicha concesión y afirmaba que algo “importante” había sucedido para que EKA, “un partido que debiera recoger las aspiraciones de aquellos mismos carlistas”, pidiera su eliminación. Por otra parte, pensaba que la corona del escudo debía mantenerse como expresión del “glorioso pasado” de “nuestro viejo reino”. Concluía diciendo que el tema debería estudiarse en otro momento en el que el clima fuera más sereno y en el que realmente pudiera tener lugar la reconciliación.

Zufía volvió a intervenir en el turno de réplica negando que la supresión de la laureada fuera “motivo de confrontación” y “concesión al revanchismo”. En cuanto a las alusiones de Gurrea, Zufía afirmó que “efectivamente, por ser miembro del Partido Carlista, por estar aquí representándolo, por haber participado personalmente, como requeté voluntario en aquella guerra”, le correspondía a él presentar esa moción “sin entrar para nada en esa concesión de la laureada, sino precisamente para que desaparezca de la bandera”. Por último, Zufía creía que la corona debía mantenerse. La moción fue rechazada.

Finalmente, en aquella sesión solamente se aprobaría el primer punto, aunque enmendado, de la moción del Grupo Parlamentario Socialista que se refería a la conveniencia de que una comisión de expertos del Archivo General de Navarra y de la Institución Príncipe de Viana emitieran un informe sobre los escudos y banderas de Navarra a lo largo de la historia que serviría de base para un posterior dictamen de la Comisión de Régimen Foral que sería luego debatido por el Pleno del Parlamento. La enmienda de adición presentada por HB. que se añadiría a la moción original, hablaba de que, sin perjuicio de que el Pleno estudiara en su día el informe a elaborar por una comisión de expertos, se adoptaba como escudo oficial de Navarra el escudo de las Cortes de Navarra que venía utilizando el Parlamento Foral, trasladando ese acuerdo a la Diputación a los efectos oportunos. Tal solución sería rechazada sólo por UCD y UPN.

Por último, la eliminación de la laureada se sustanciaría para el futuro en un debate de pleno del Parlamento Foral de 26 de octubre de 1981.

Bastantes años después, Rafael Gurrea volvió a manifestarse en dos ocasiones a favor del mantenimiento de la laureada en aquellos escudos de Navarra en los que la legislación del momento no obligaba a su eliminación. Hemos de recordar que Rafael Gurrea, alcalde de Burlada desde 1974 y cabeza de lista ucedista en las elecciones al Parlamento Foral de 1979 por la merindad de Sangüesa pasó de UCD a UPN en 1983, fue de forma ininterrumpidamente desde 1979 parlamentario foral hasta hace unos pocos años por ese último partido, formación de la que fue secretario general desde 1985 hasta 2002. También llegó a ser Vicepresidente del Gobierno y consejero de Presidencia e Interior y Administración Local de 1996 a 2003 y Presidente del Parlamento navarro entre 2003 y 2007. Su postura favorable a la laureada en las situaciones expresadas se manifestó en dos ocasiones, una en 1992 y otra en 2002.

La primera ocasión fue en relación con la única moción de todo el periodo 1983-1999 en la que el Parlamento de Navarra trató de cuestiones relacionadas con la memoria histórica de la época de la Segunda República, de la Guerra Civil y del Franquismo: la presentada por Izquierda Unida a finales de 1992 para instar al Gobierno de Navarra a la eliminación de los símbolos fascistas del espacio público y en la que el parlamentario de esa formación Taberna Monzón criticó cómo se había gestionado durante la Transición esa cuestión en Navarra, mencionando la existencia de diversos ejemplos, para solicitar que se cumpliera en ese aspecto la Ley de Símbolos de 1986 por cuanto ésta establecía “cuáles son los símbolos de Navarra y donde deben estar en los sitios públicos y visibles”. Gurrea tachó de falsedad la afirmación de Taberna acerca de la inexistencia de transición en España en cuanto que aquí se habría “producido una transición ejemplar como en ningún otro país que haya tenido un gobierno autocrático en los últimos años en la historia europea”. Calificó de regresión en el tiempo la semántica utilizada en la moción en cuanto que le recordaba a la que se utilizaba “en este Parlamento hace doce o trece años” y razonó la existencia de la moción como “parte del ritual de un grupo radical en este tipo de cuestiones, que cumple con la misión de excitar a la sociedad en un tema que, afortunadamente, está olvidado, y no pertenece al primer plano de las preocupaciones de los ciudadanos”. También negó el carácter fascista de la laureada que según él sería “una medalla al más alto mérito militar” y “anterior al franquismo y ajena al fascismo”. Realizó una digresión afirmando que él pensaba que Taberna se habría referido a otros símbolos que se podían ver en la paredes de Pamplona “que no tienen nada que ver con Mussolini, uno de los apuntadores del fascismo, pero que representan a organizaciones que yo tengo por fascistas”. Y al respecto añadió “Pero es muy probable que ustedes no se refieran a ellos porque no lo citan aquí”. Aunque indicó que él no se había dado cuenta de la existencia de la laureada en el edificio de la CAN, sí se había percatado que en el escudo y la placa de la plaza de la Cruz figuraba como último nombre de los inscritos en la misma el de un Taberna, lo que tal vez, según Gurrea, habría motivado al mocionante a proponer la iniciativa “para que no haya confusiones, para que nadie crea que un Taberna de los de su raigambre” estaba “comprometido” con lo que se conmemoraba en el monumento. Mantuvo que tanto la Ley navarra de Símbolos de 1986 como el Real Decreto del 81 referido al ámbito del Estado exoneraban de la supresión de simbología a “aquellos edificios o monumentos que, aunque no tengan carácter histórico-artístico, estén hechos de tal manera que quitarlos produzca una violencia al inmueble”. Gurrea entendía que ésa era “una fórmula pacificadora que se utilizó en aquel momento, en un momento necesario para conseguir una estabilidad y una serenidad de ánimos que ustedes, naturalmente, están deseosos de romper, pero que nosotros no vamos a quebrar”. Para finalizar, tildó a la moción de anacrónica y zafia. Por último, la moción fue rechazada por la acción conjunta de UPN y PSN.

Asimismo, en 2002, ante una pregunta realizada por el mismo Taberna Monzón, sobre la retirada de los símbolos franquistas, el mismo Gurrea, desde 1996 Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, respondió que no a la pregunta de si consideraba necesario modificar la ley de símbolos de 1986 “para proceder a la retirada de la simbología franquista”. De hecho, en el proyecto de Ley Foral de Símbolos, presentado por él, en marzo de 2003, no se hacía ninguna mención a la retirada de los símbolos franquistas presentes en espacios públicos, lo que finalmente se consiguió a partir de una enmienda in voce del PSN de creación de una disposición transitoria que se incorporó al Dictamen aprobado por la Comisión de Régimen Foral acerca del mencionado Proyecto y que sería apoyada en el Pleno.

Más allá de la postura, continuada en el tiempo, de apoyo de Gurrea al mantenimiento de la laureada, lo que nos interesa destacar es su posicionamiento acerca de la actitud de los mocionantes que solicitaban la eliminación de aquélla. Tanto respecto a Mariano Zufía como en relación con Félix Taberna se advierte un comportamiento parecido, ya comprobado en el caso de Palacios Zuasti. Se obvia el significado negativo e insultante de la condecoración sobre la que se debatía para una parte importante de la ciudadanía navarra y se enfoca hacia el pasado tratando de buscar contradicciones entre las actuaciones de las personas en el momento presente y las actuaciones de esas mismas personas (o de familiares suyos, incluso presuntos, o de los partidos en los que se encuadran) en el pasado recreado por la derecha navarra, como si tuvieran que ser esclavos ineludibles de la manera en que ésta lo reinterpreta a su propia conveniencia. También se percibe una postura de distanciamiento respecto al tema de discusión, como si los representantes de UCD en la primera legislatura y de UPN y PP en las últimas décadas no se contemplaran como concernidos en relación a los aspectos últimos del mismo: el derecho a la memoria de los demás y al deber de memoria y de apostar por la reconciliación por parte de todos los representantes políticos y de toda la ciudadanía navarra.

En el caso de Gurrea la cosa sorprende porque en el plano familiar sí que es una persona concernida por acontecimientos oscuros de la guerra civil de los que se colegiría una actitud menos contundente a la hora de enjuiciar los posicionamientos y gestos de los demás en relación con la memoria histórica de aquel periodo. De forma que pueden entenderse sus posicionamientos como de fidelidad a la memoria de la conducta de su padre y a la de un tío suyo y también como de estrategia política, entendible desde cierta racionalidad que opta más por la confrontación que por el entendimiento sin mostrar empatía con las circunstancias ajenas y que aboga por el cierre de filas en relación con la lectura unilateral de la guerra civil y de la postguerra.

Cuando nos referimos a la conducta de su padre, Rafael Gurrea Ureña, nos hacemos eco de dos artículos que se refieren al asesinato del Comandante de la Guardia Civil José Rodriguez-Medel Briones en la propia comandancia de Pamplona, en la calle Ansoleaga, el 18 de julio de 1936 hacia las 20 horas y al hecho de que en el segundo de ellos aparece mencionado el nombre de aquél.

El primero de los artículos fue publicado en 1991 en la revista Príncipe de Viana por Gonzalo Jar Couselo y constituye una revisión minuciosa de las versiones ofrecidas de la muerte de Rodriguez-Medel y de la trama conspiratoria conducida por el general Mola. Hay que subrayar que Gonzalo Jar Couselo, fallecido en 2009, fue general de división dela Guardia Civil, Doctor en Ciencias Políticas y autor de numerosas publicaciones de contenidos sociológicos, politológicos o historiográficos que demuestran su interés por las intervenciones humanitarias y el respeto a los derechos humanos y a la democracia. De dicho artículo se infiere que las versiones tradicionales acerca del suceso analizado deben ser rectificadas ya que queda claro que el Comandante Rodriguez-Medel fue disparado por la espalda por alguno de sus propios subordinados cuando pretendía trasladarlos a Tafalla para establecer una línea defensiva desde la cual oponerse a los sublevados contra el gobierno legítimo. El único punto oscuro que restaría en relación con tal suceso sería, según Gonzalo Jar, el de quién fue el asesino del mencionado comandante ya que sus intentos por hablar con familiares de quienes fueron testigos directos del mismo se toparon con un muro de silencio.

Precisamente dicha cuestión conoció un inesperado giro en el año 2008 con la publicación en la revista Hermes de un artículo del periodista Mikel Donazar, que daría lugar a un documental que puede verse en Youtube, dividido en parte primera y parte segunda, en el que se incluía una relación de los 93 números y oficiales que se encontraban en aquel momento en la Comandancia de la calle Ansoleaga, documento aportado por el hijo de uno de los relacionados. En dicho listado figura una cruz que identificaría supuestamente a una treintena de guardias civiles implicados en una conspiración, urdida en última instancia por Mola para desembarazarse del único elemento que podía obstaculizar el éxito de la sublevación en Pamplona, justamente el mencionado Comandante Rodríguez-Medel. Junto a los protagonistas esenciales de la confabulación en la misma comandancia, también destacados por Jar Couselo, como el capitán Domingo Auría Lasierra (el cual se vanagloriaría de su conducta en su expediente personal) y los tres hermanos Nuin Mutilva (uno de los cuales, Serapio, acudiría a la Comandancia Militar, comunicando textualmente en persona a Mola que “Acabamos de matar a nuestro comandante y, de parte del Capitán Auria, hemos venido a decirle que estamos a sus órdenes para que nos mande”), aparece en dicha lista el más arriba mencionado Rafael Gurrea Ureña, progenitor como se dijo de Rafael Gurrea Induráin. En nuestras investigaciones sobre Sartaguda ya pudimos comprobar que Rafael Gurrea Ureña residía, con 11 años de edad, en 1925 en esa localidad en cuyo puesto de la guardia civil estaba destinado su padre.

En relación con todo lo anterior, son desconocidas hasta el momento las opiniones de Rafael Gurrea Induráin acerca del grado de veracidad de dicho listado, así como su nivel de conocimiento de tal acontecimiento y de los implicados en él. Asimismo, hay que recordar que en relación con lo sucedido la tarde del 18 de julio en la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, además del asesinato del comandante Rodríguez-Medel, también tendría lugar la detención de otros dos mandos de la misma comandancia por su posicionamiento a una con aquél: el Comandante José Martínez Friera y el Capitán Ricardo Fresno Urzáiz, ambos posteriormente fusilados a finales de agosto.


Todo lo anterior constituiría una muestra más de los peligros de los juicios taxativos y de las tácticas de enmañamiento y de confusionismo, tan propias de la derecha navarra, acerca del comportamiento y de las intenciones ajenas en relación con las cuestiones ligadas con la historia, la memoria y la gestión de ésta última desde una vertiente política e institucional. Más de treinta años después del ataque de Gurrea al pasado y al afán reconciliador de Zufía, y aunque la implicación del padre de aquél en los sucesos referidos en la Comandancia de la calle Ansoleaga el 18 de julio de 1936 es algo que nunca se podrá determinar con exactitud en vista de la debilidad del documento mencionado y de la inexistencia en su momento de una investigación, algo que afecta a la práctica totalidad de los asesinados por los golpistas durante la guerra civil en los que la concreción de la autoría de los crímenes no puede ir como mucho más allá de lo indiciario, los datos aportados aquí sirven para interpretar las palabras del entonces parlamentario de la UCD como una suerte de salivazo al cielo, quizás inconscientemente realizado, pero en todo caso significativo.

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