NUEVAS PRUEBAS SOBRE EL CARÁCTER IDEOLÓGICO DEL CRIMEN DE GAZTELU Y SOBRE LA PROBIDAD DE TOMÁS ALCAINE EXPÓSITO.

A causa de diversas razones que ya hemos apuntado en nuestros libros, la gestión de la limpieza política registrada en Navarra en 1936-1937 tanto desde el plano institucional como desde los planos memorialístico e historiográfico se ha caracterizado en gran medida, y salvo algunas excepciones, por la extensión de la omertá, de la ley del silencio, en cuanto a las formas como se desarrolló y en cuanto a sus agentes.

De forma llamativa, esa omertá solamente se ha predicado en relación con los bárbaros asesinatos de Juana Josefa Goñi Sagardía y de sus seis hijos en Gaztelu a finales de agosto de 1936 tras haber sido expulsados del lugar quince días antes por la mayoría de los vecinos. Unos asesinatos ciertamente icónicos tras recuperarse finalmente sus restos por un equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi en octubre de 2016 en la sima de Legarrea a donde los cadáveres fueron arrojados, y evidenciarse así la verosimilitud de los rumores difundidos desde el mismo momento de los hechos. Desde siempre, pero sobre todo en las últimas décadas, ese crimen había ejemplificado la vigencia de un código de silencio en el seno de una comunidad pequeña, de un centenar de habitantes tan solo, hasta el punto de aparecer como el culmen del horror de la violencia en la retaguardia de la guerra en el interior de Navarra. En nuestro último libro (Muertes Oscuras. Contrabandistas, Redes de Evasión y Asesinatos Políticos en el País del Bidasoa 1936, publicado en 2017) aportamos suficientes informaciones sobre el trasfondo de dicha omertá en relación con dicho crimen. Siendo su raíz ideológico-política a causa de las relaciones familiares y sociales de Pedro Sagardía con los republicanos y ugetistas de la zona y pudiendo insertarse en la cadena de asesinatos políticos, y de otros acontecimientos de naturaleza represiva, que tuvieron lugar en la zona aquellos mismos meses, así como meses después, el aparente misterio del mismo tendría que ver con el afán de ocultamiento de sus responsables últimos en un escenario muy complejo en el que, por la existencia de redes de contrabando importante que alimentaban redes de evasión y de otros géneros, se entrecruzaban intereses variados. La investigación que durante años hice del mismo acredita que las informaciones del sumario que se incoó sobre el mismo, una fuente ciertamente amañada, debían de ser forzosamente complementadas por el repaso exhaustivo en archivos de todo tipo ya que los relatos de los testigos o inculpados presentes en él, así como la actitud de los jueces y abogados, están afectados por sesgos ligados al afán de encubrimiento y a las dobles intenciones. Tal y como dice Kalyvas, el máximo experto en la violencia política en la retaguardia de las guerras civiles, en asuntos como el referido el investigador no puede limitarse a las informaciones del sumario sin profundizar en sus limitaciones ni en las razones de estas y sin complementarlas con todos los datos relativos a la persecución de desafectos en el entorno y a la personalidad de los perseguidores y de los inductores. Semejantes crímenes no pueden ser interpretados solamente como resultado: hay que verlos como proceso. Menos todavía se pueden contemplar como resultado de una locura colectiva ya que entonces se les despoja “de todo significado que vaya más allá de su finalidad”, se contemplan solamente los efectos y no las causas, sólo se constata condena en vez de explicación. 

No obstante, a pesar de los indicios acumulados en nuestra investigación, una nueva omertá se ha añadido a la tradicional en los últimos tiempos, sin que puedan vislumbrase adecuadamente las razones. A pesar de los muchos miles de euros gastados por el Gobierno de Navarra en su programa de exhumaciones en el rescate de los restos de Juana Josefa Goñi y de sus hijos, estos están ausentes en el listado oficial de víctimas de la limpieza política registrada en Navarra, cuando estaban presentes en los listados no oficiales anteriores. A fecha de principios de septiembre de 2018 siguen sin figurar en la Base de Datos del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra, elaborado por investigadores del Departamento de Geografía e Historia de la UPNA. Lo más curioso es que hace algunos años estaban ciertamente presentes en esa base de datos. Con lo que están excluídas del estatus de víctimas de la brutal limpieza política impulsada por requetés, falangistas y autoridades militares en 1936-1937 y que se llevó por delante en nuestra tierra a más de tres millares de simpatizantes de fuerzas opuestas a ellos, esencialmente izquierdistas.

En los últimos meses he recogido más pruebas en apoyo de mi lectura del asunto: la más contundente el homenaje que se le hizo a Tomás Alcaine en Lesaka en 1932 como ejemplo de militancia republicana en un pueblo pequeño de la Montaña y que recogió la prensa. El periódico republicano Democracia publicaba un reportaje el 7 de junio de 1932 sobre la inauguración de un centro republicano en Lesaka. Asistieron comisiones de Bera, Etxalar, “de Elizondo, de Santesteban, de Legasa” y también de Irún, Hondarribia, Lezo, Pasaia, Rentería y San Sebastián. Intervino entre otros Nicolás Guerendiain, el que sería alcalde de Irun durante la República y posteriormente fusilado en 1936, y Ramón Bengaray, cabeza de lista del Frente Popular Navarro en las elecciones de febrero de 1936 y también asesinado en agosto de aquel año. Se decía que “como detalle bien elocuente de que las ideas republicanas se van abriendo paso a marchas forzadas por la región montañesa, debemos consignar que de pueblo tan distante como Legasa (valle de Bertizarana) acudieron dos ancianos, los señores Segundo Leiva y Tomás Alcaine, septuagenarios ambos, pero con un entusiasmo y un fervor republicano, verdaderamente aleccionadores y confortadores”. Con anterioridad, el 24 de mayo de 1932 el mismo periódico publicaría otra prueba del ideario de Alcaine al figurar, donando una peseta, en la suscripción pro víctimas de los sucesos del 17 de abril de aquel año que, como se recordará, fueron resultado de las provocaciones de los jóvenes carlistas, saldándose con que se saldaron con la muerte por disparos de pistola de Saturnino Bandrés, de 22 años, afiliado al PSOE y a la UGT, empleado de El Secretariado Navarro; de Julián Velasco Arzabala, de 18 años y también ugetista; y de José Luis Pérez Lozano, jaimista, también de 18 años. Asimismo resultaron heridas graves otras personas como Andrés Munárriz, Eusebio Lazcano y Ezequiel Soto, este por una paliza porque le confundieron con el autor de los disparos. el asesinato de dos izquierdistas y de un jaimista. Junto con Alcaine, también aparecían en la lista un republicano radical socialista de Santesteban y un un republicano a secas de la misma localidad, ambos con tres pesetas. En otras listas de donantes constaban nombres de personas que también serían fusiladas en 1936.

El papel de Alcaine fue fundamental a la hora de la activación del sumario por el crimen de Gaztelu, el único sumario incoado por desapariciones sucedidas en aquellos años. En septiembre de 1937 Pedro Sagardía comunicó al Juzgado de Primera Instrucción de Pamplona que un amigo suyo, albañil y residente en Pamplona, llamado Mariano Rodríguez, le había dicho que el citado Alcaine le había dicho que la familia Sagardía «estaba echada el año pasado por gente de Gaztelu a la sima llamada de Legarrea, a la que la habían aproximado por medio de amenaza de fuego por detrás». Estas afirmaciones habrían sido repetidas ante Santiago Elizalde, dueño de una tienda en la calle Campana de Pamplona, y habrían sido corroboradas por el tal Elizalde ante el mismo Pedro Sagardía. También habían sido testigos de aquellas palabras otros vecinos de Legasa. 

Rodriguez Zubiría y Alcaine refrendarían sus testimonios ante el juez. Alcaine señalaría que «se decía por el pueblo de Legasa que la mujer y los hijos habían sido arrojados a la sima de Legarrea a la que les habían llevado empujándoles con fuego». Otros vecinos de Legasa apuntarían en la misma dirección, así como la hermana del viudo, residente en Oitz. 

Las aportaciones concertadas de Mariano Rodríguez Zubiría y de Tomás Alcaine iban más allá de la denuncia original realizada por Pedro Sagardía en agosto de 1937. Esta hablaba de la expulsión y de la desaparición de sus familiares, insinuando su asesinato. Aquellas se hacían eco del carácter generalizado de los rumores y ponían ya el foco en la sima a la que la mujer de aquel y sus hijos habrían sido arrojados, obviamente después de ser asesinados.

Tal y como comentamos en el libro Muertes Oscuras las declaraciones de Rodriguez Zubiría y de Alcaine estaban ligadas con su posicionamiento político. El de Alcaine ya ha quedado reseñado. En cuanto a Mariano Rodríguez Zubiría, nacido en la localidad de Eltzaburu en el valle de Ultzama, con 54 años en el padrón de Pamplona de 1940 y de profesión albañil, vivía efectivamente en 1937 en la capital, en el número 3 de la calle Eslava para mayor concreción. Pero su mujer era Guadalupe Vera Jaunarena, precisamente la hermana de la esposa de Miguel Taberna Crespo, uno de los principales republicanos doneztebarras, junto con su hermano Liborio, de cuyo compromiso político ya hablamos en el citado libro. Rodríguez Zubiría y su familia residieron ininterrumpidamente en Doneztebe hasta 1935. En las elecciones municipales de abril de 1933 Rodríguez Zubiría recibió cuatro votos, al igual que otros republicanos y ugetistas que no formaban parte de la candidatura izquierdista, por lo que se puede pensar que estaba alineado con ese sector ideológico del pueblo. Mariano Rodríguez, al igual que su mujer, eran perfectos conocedores desde el primer momento de los rumores en torno al destino de Juana Josefa Goñi y de sus hijos por cuanto su cuñado Miguel Taberna Crespo era el dueño de la casa en la que vivían en Gaztelu el matrimonio Sagardía-Goñi.

Según los libros de la Inclusa Tomás Alcaine nació el 20 de abril de 1856 en aquella institución y fue dado para criar a una nodriza de Saldías. Aparece residiendo en Legasa al menos desde el padrón de 1880, casado con la zubietarra Catalina Urriza Saldías, mudando de domicilio a lo largo del tiempo, tal y como era habitual entre los maisterrak o arrendatarios. De oficio tejedor, en 1935 residía en la casa situada en la calle Santa Catalina 34 junto con su esposa y sus cuatro hijos solteros y un nieto. 

Hay motivos para pensar que Tomás Alcaine y Pedro Sagardia compartían la categoría antropológica de «xelebre», concepto acuñado por Julio Caro Baroja para aquellas personas del mundo rural vasco sostenedoras de posiciones heterodoxas respecto a temas como la religión, la política o la costumbre desde una perspectiva irónica, sujetos aficionados a cultivar la paradoja y a propagar ocurrencias y comentarios opuestos a la moral tradicional. Tomás Alcaine tuvo varios incidentes entre 1913 y 1916 con el alcalde de Legasa, Eusebio Babace Urrestarazu. En 1913 este le acusó, sin éxito, de la explosión de un cartucho de dinamita enfrente de su casa porque le había visto por las inmediaciones «en actitud poco tranquila» y «gritando Viva la bandera española» junto con otros dos, Francisco Antonio Mendiola y Antonio Hualde, y porque los tres habían sido multados hacía poco por infringir las ordenanzas o por blasfemar. En 1916 Alcaine había sido condenado a vivir desterrado a más de veinticinco kilómetros del pueblo durante varios meses en un proceso por injurias, en el que también había intervenido el bertsolari Txirrita con unos bertsos que se imprimieron y circularon por la zona y en el que el denunciante había sido el mismo Eusebio Babace, todavía alcalde de Legasa, tal y como ha señalado Mikel Taberna en un artículo reciente en la revista Bertsolari, indicando asimismo comentarios sobre el republicanismo de Alcaine. De forma llamativa, Tomás Alcaine iría a residir en Pamplona por efecto de aquella condena de 1916 justamente en el domicilio en el que más de dos décadas después entraría a vivir Pedro Sagardía. El domicilio radicado en Santo Andía 12, en el que se integraría Alcaine, estaba formado por Gregorio Prat Martínez (nacido en Cadreita, 56 años en 1917), su mujer Amelia Suescun Rodríguez (nacida en Larraga, 52 años) y sus hijos Rufino, Manuel y Alejandro Prat Suescun de diecisiete, seis y tres. Era el mismo (solo que con el cambio de nombre de la calle hecho en 1936-1937, que unía bajo el nombre de Recoletas, las calles de Santo Andía, Virgen de la O y Recoletas, y adecuado a la nueva numeración) que acogería a Pedro Sagardía y que, como se recordará, se componía del último de los hijos mencionados con su mujer, su madre, varios hijos y algunos huéspedes. De esa circunstancia se desprende la amistad previa de Alcaine con Sagardía, y también se infiere la existencia de pautas comunes entre ambos como el que compartieran elementos arquetípicos de aquel referido carácter de «xelebre», o como su querencia por el ámbito urbano pamplonés, y más en concreto de su parte vieja, a la hora de elegir ámbito de transterramiento.

Antes de concluir, creo necesario referir que Tomás Alcaine residía en la siguiente casa de la calle Santa Catalina en la que vivían los Miquelarena Inda, familiares del que suscribe estas líneas (aquel, como ha quedado dicho en el número 34, y estos últimos en el número 32). Estaban fuertemente ligados con la potentísima red de contrabandistas de Agustín Arrieta a través de Fernando Inda Irigoyen, hermano de la madre de los Miquelarena Inda y uno de los contados vecinos de Gaztelu que no participó en la expulsión de Juana Josefa Goñi y de sus hijos y que sería detenido en noviembre de 1936 junto con Timoteo Plaza, el principal responsable de la posteriormente conocida como red Alava y que, en rigor, había empezado a funcionar desde las semanas posteriores al golpe de estado. Por otra parte, pueden advertirse ecos de la actitud de Alcaine en las posturas de denuncia que una miembro de la citada familia, María Luz Miquelarena Inda, protagonizaría en contra de los agentes represores requetés del valle de Bertizarana, tanto en 1937 y 1938 como años más tarde, en 1952, y que le llevarían a pleitear en los tribunales pamploneses e incluso en el Tribunal Supremo, tal y como narramos en el libro mencionado. Los procesos referidos incoados a partir de denuncias de María Luz Miquelarena, y en los cuales contó con el apoyo de gente de mucho peso político en Bertizarana e involucrada en redes de contrabando importantes como el beratarra afincado en Narbarte Modesto Liquiniano, constituyen una excepción en el contexto de la época , tanto por las causas como por el contexto en el que se situaron. 

Regresando a Tomás Alcaine, resulta humillante que los esfuerzos de aquellos republicanos y ugetistas de la Montaña cantábrica, numéricamente marginales, para esclarecer aquellos bárbaros asesinatos de Juana Josefa Goñi y de sus hijos (así como otros acaecidos en la zona), y que son una prueba de la probidad del comportamiento de aquellos, no se vean correspondidos por el reconocimiento de aquellos asesinados como víctimas de la violencia política en la base de datos correspondiente.

SARTAGUDA, EL PUEBLO DE LAS VIUDAS

Sartaguda, localidad situada al sur de la merindad de Estella en la subcomarca de la Ribera Estellesa, fue el municipio más castigado por la durísima limpieza política realizada por el bando golpista en Navarra. Es un pueblo sumamente representativo de lo que sucedió en el conjunto de la Ribera, zona en la que en solamente unos pueblos, como aquel, el Frente Popular ganó al Bloque de Derechas en las elecciones de 1936, pero que era el ámbito geográfico en donde la izquierda tenía, con mucho, más presencia. El tercio meridional de Navarra concentró el 59 por ciento de los 3.000 asesinados navarros a o residentes en la provincia. 

Los 84 asesinados de Sartaguda, según se vió en el libro Sartaguda 1936. El Pueblo de las Viudas (Pamplona, Pamiela, 2008) que publicamos en 2008 junto con José María Jimeno Jurío, erige a dicha localidad en el pueblo mártir por excelencia, con una tasa de 67,6 asesinados por cada mil habitantes, muy por encima del grupo de tres localidades que también sobrepasaron los 30 asesinados, Cárcar (33,1), Lodosa (31,7) y Mendavia (30,1), las tres localizadas en la misma comarca que aquella. Desde otro punto de vista, según nuestros cálculos, en Sartaguda habrían sido eliminados el 40 por ciento de los votantes masculinos del Frente Popular, algo solamente superado en Funes y Marcilla, estas dos localidades con unas tasas algo más elevadas. No hay que olvidar que en el conjunto de la Ribera Estellesa habrían sido asesinados uno de cada cinco hombres votantes del Frente Popular, en la Ribera Central uno de cada seis y en la Ribera Tudelana uno de cada diez. Fueron auténticas limpiezas políticas, por tanto, en los que los simpatizantes de las izquierdas fueron auténticamente masacrados. 

En Sartaguda prácticamente todo el término municipal era del Duque del Infantado. El administrador del duque cedía la tierra a los vecinos a renta según criterios de discrecionalidad y parámetros no igualitarios. Mientras que el 25 por ciento de las unidades familiares carecía de tierra cedida a renta y otro 17 por ciento cultivaba fincas pequeñas, había sectores de medianos y grandes renteros que cultivaban mucha más tierra de lo que representaba su peso demográfico. 

Las marcadas desigualdades en los parámetros de cesión de tierra arrendada por parte del administrador del Duque motivaron que los campesinos más damnificados, en unión de los campesinos arrendatarios medianos, impulsaran desde 1919, fecha en la que surgió un sindicato ugetista, medidas de rechazo de la subida de la renta de la tierra, así como medidas políticas de presión desde el ayuntamiento, tratando que el Duque vendiera sus tierras a los vecinos. Entre 1919 y 1923 los juicios por impagos de renta a partir de agosto desembocarán en desahucios, detenciones, encarcelamientos, protestas, enfrentamientos con la guardia civil y daños en propiedades. En 1921 el entonces elegido diputado foral Manuel de Irujo intentó negociar infructuosamente ante el propio Duque la compra del pueblo para su reparto ulterior, lo que al final tendría lugar dos décadas más tarde. El conflicto llegó a su cénit a finales de 1922 cuando muchísimos vecinos corrieron el riesgo de ser desahuciados. Finalmente, por un acuerdo de 1923, en el que el Duque cedió muy poco a cambio de la desarticulación del movimiento societario, finalizó aquella etapa de tensiones. 

Durante la República el conflicto se modificó en cuanto que los renteros medianos cambiaron de posicionamiento. Ahora, los arrendatarios que llevaban, gracias al tratamiento favorable hacia a ellos por parte del administrador, explotaciones grandes y medianas se posicionan en el bando de la derecha. Enfrente, se situarán los renteros con explotaciones de menor tamaño y los jornaleros, consiguiendo estos durante la mayor parte del periodo dominar el ayuntamiento. Los posicionados en la derecha no defenderán tanto las prerrogativas del duque, sino su propia situación socieconómica, comparativamente mejor que la de quienes, a causa de la voluntad discriminatoria del administrador, tenían que conformarse con el cultivo de menos tierra o la de quienes debían de vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. Por contra, la izquierda, que gobernó el ayuntamiento durante la mayor parte del periodo republicano, no se cansará de exigir la cesión de tierra para los más necesitados. Destacará en ese sentido la gestión del alcalde Eustaquio Mangado, llegando a obtener logros sustantivos.

En Sartaguda la limpieza política se abatió esencialmente sobre unos segmentos de edades concretos: el 41 por ciento de los hombres de entre 25 y 29 años fueron exterminados, llegando esa proporción al 49 por ciento entre los hombres de entre 30 y 34 años. Por lo tanto, fueron los hombres cuya actitud reivindicativa se desarrolló durante la Segunda República los más afectados. Fueron los jornaleros en general, pero sobre todo, los jornaleros de las generaciones entre 20 y 39 años, los que sufrieron en sus carnes la mayor parte de la matanza. La proporción de jornaleros asesinados sobre el total de personas asesinadas por tramos de edades ascendió a cuatro de cada cinco en el tramo de 25 a 29, a tres de cada cuatro en los tramos de 20 a 24 y de 35 a 39 y a tres cada cinco en el tramo de 30 a 34. Además, los jornaleros asesinados representaban una porción cuantiosa de los jornaleros totales. En los tramos de edad de 25 a 29 y de 30 a 34 fueron eliminados uno de cada dos braceros. La mayoría de los asesinados a partir de los 25 años eran cabezas de familia con mujeres y/o hijos a su cargo. 

Por consiguiente, queda claro que la limpieza política tuvo como objetivo esencial a los jornaleros jóvenes, casados hace relativamente poco tiempo y con hijos de corta edad, que tenían, a causa de sus circunstancias vitales, necesidad de cultivar más tierra de aquélla a la que podían optar por el momento porque, según los mecanismos sucesorios vigentes en relación con las unidades de explotación, debían de esperar a que sus padres y suegros se hicieran realmente mayores o fallecieran para así poder acceder al cultivo de la totalidad de las parcelas que ellos llevaban a renta. 

La mayor parte de los componentes de las juntas directivas de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, adscrita a la UGT, sería asesinada. De los 143 afiliados de la UGT que hemos encontrado en una lista de 1932 serían asesinados 45, perdiendo la vida en el frente 4. También fueron aniquilados casi todos los cenetistas. 

La limpieza política registrada en Sartaguda fue más abyecta si cabe si consideramos el hecho de que algunos clanes familiares padecieron la violencia asesina en una magnitud ciertamente espectacular. En la familia del alcalde, por ejemplo, hemos contabilizado once parientes asesinados. Para otros cinco clanes los datos son, asimismo, espantosos. 

También hay que hablar de lo apropiado de la denominación Pueblo de las Viudas para la localidad. Si en 1935 se contabilizaban 12 viudas por debajo de los 55 años, en 1940 se computaban 59. Si en la primera fecha había solamente una viuda de menos de 40 años, en la segunda se relacionaban 40. Además de la dura situación material en que quedaron las viudas de los asesinados, muchas de ellas añadieron al dolor por la pérdida de los seres queridos el agravio de ser rapadas en público y de ser humilladas ante los vecinos. 

En cuanto a los victimarios, el análisis de los perfiles de los miembros de la Junta Local de Guerra de Sartaguda muestra que en el caso de cuatro de ellos se detecta su presencia en las juntas directivas de las agrupaciones y secciones locales de partidos políticos fomentadas por la derecha sartagudesa durante la Segunda República. Esas personas habían coincidido en su militancia en esas agrupaciones locales con algunos de los miembros de la corporación municipal surgida de la legalidad golpista el 31 de julio de 1936. Por consiguiente, aunque entre las personas del ayuntamiento franquista designado por los sublevados y que gobernaron el pueblo varios años no había ninguna que estuviese directamente en la Junta de Guerra, sí que se evidencian conexiones entre quienes estuvieron en ese órgano y quienes fueron ediles de la corporación sartagudesa a nivel de militancia compartida en las mismas secciones locales de formaciones políticas. Además, algunos testimonios de las entrevistas indican que hubo connivencia entre el presidente de la Junta de Guerra y el alcalde Víctor Cordón. Por otra parte, Víctor Cordón y el médico Luis Bastero habrían conducido a Zaragoza a los alistados forzosos del tercio de Sanjurjo en cuyo fusilamiento colectivo en octubre en el cuartel fueron asesinados una cuarentena de sartagudeses. La responsabilidad en la tragedia del párroco y de los números del puesto de la Guardia Civil también aparece citada en los testimonios. 

Lo más chocante es que tras la guerra la Diputación Foral satisfizo las reivindicaciones realizadas por la izquierda sartagudesa desde 1919, adquiriendo las tierras del Duque e impulsando un proceso de reparto que benefició a los pequeños y medianos renteros que en 1945 se convertían en propietarios. Las viudas de los asesinados no quedaron excluídas de este proceso, pero tampoco obtuvieron ninguna recompensa especial, entendiendo como tal el hacerse con más tierra que la media, que les satisficiera del dolor y del sufrimiento experimentado. 25 años y 84 asesinados después, la Diputación franquista se hacía eco de los planteamientos de Manuel de Irujo de 1921.

SEGUNDA RESPUESTA (INDIVIDUALIZADA) A JESÚS MARIA ARAGÓN SAMANES

Reproduzco mis dos respuestas a la carta publicada por Jesús María Aragón Samanes, Secretario General Federal del Partido Carlista de las Españas, el día 5 de abril en Diario de Noticias en la que replicaba a mi contestación anterior a una carta publicada por el Comité Político de EKA en relación con un reportaje mío publicado en dicho periódico. La primera carta es la definitivamente publicada en el mismo medio. La segunda es más extensa y es la que en principio remití pero que, por lo visto, excedía presuntamente los límites de espacio que deben guardar estos textos.

La primera carta de respuesta, como digo, la definitivamente publicada, es ésta: 

"El 5 de abril Jesús Maria Aragón Samanes contestaba a la respuesta que dí a una carta remitida por el comité político de su partido. Afirmaba que no me ceñía a los contenidos sugeridos en su primer escrito, aunque no refutaba los datos nuevos que yo aportaba ni los del primer reportaje. 

Obvié el llamamiento a los Carlistas de la Junta Regional de la Comunión Tradicionalista de Navarra, del 24 de julio de 1936, porque la práctica de la Junta Central Carlista de Guerra, el órgano del tradicionalismo que de verdad mandaba en esa situación, se condujo por derroteros auténticamente represivos. Respecto al bando de Mola, es una ficción considerarlo exógeno a aquella Junta Central: el hijo del cabeza de facto de dicho órgano fue el que redactaba las instrucciones reservadas del propio Mola, que prefiguraban el significado que había que dar a aquél. El propio Benito Santesteban reconocería su proximidad a Mola en las funciones represivas que acometió. 

Eladio Esparza desempeñó el cargo que mencioné y no hay contradicción con que fuera simultáneamente subdirector de Diario de Navarra, porque lo que cuenta es su propio pensamiento. El concepto de carlofalangismo lo razono desde el hecho de que a partir del 19 de julio carlistas y falangistas coparticiparon en labores represivas, habiendo sobre ello numerosos testimonios. Sobre los intercambios de prisioneros, la documentación conservada menciona posturas intransigentes, amén de la ominosa cuestión de Francisco Lizarza.

Por otra parte, sobre las calificaciones que suscita mi labor, soy de la opinión de que la envergadura de limpieza política sufrida por quienes fueron considerados como enemigos a batir por los sublevados se merece que se hable de los responsables de la misma. Aunque nunca, ciertamente, podremos conocer los detalles por la desaparición deliberada de la documentación de los organismos represores del momento. Recordaré que el secretario de la Junta Central Carlista de la Guerra, José Úriz Beriain, fue posteriormente, durante décadas, secretario de la Diputación Foral. 

Para terminar, reitero mi extrañeza a que sean precisamente dirigentes de EKA quienes se sientan agredidos por mis aportaciones. Lo entendería en el caso de quienes, tras colaborar con el franquismo y beneficiarse de sus prebendas, nunca han condenado de lo sucedido aquellos años y, para remate, no pierden ocasión de imputar a todos los demás todo tipo de connivencias execrables".

Por su parte, la segunda carta (como digo, la originalmente remitida y que fue retocada, por razones de espacio, era esta): 

El sábado 5 de abril Jesús Maria Aragón Samanes, Secretario General Federal del partido Carlista de las Españas, contestaba a la respuesta que dí a una carta remitida a este periódico por el comité político del Partido Carlista-EKA de Navarra. En ella me acusaba de que, en lugar de ceñirme a los contenidos sugeridos en su primer escrito, yo aportaba “unos datos, ya divulgados por otros historiadores, y por eso conocidos por todos nosotros, o sea: aporta más árboles que limitan más aún la visión del bosque”. De cualquier forma, Aragón Samanes ni niega dichos datos ni los que se aportaban en el primer reportaje objeto de refutación por su parte. 

Por contra, llama la atención sobre mi silencio sobre “el llamamiento a los Carlistas de la Junta Regional de la Comunión Tradicionalista de Navarra, del 24 de julio de 1936, así como la aclaración de que el bando era el bando de guerra del general republicano Mola, el director del golpe de Estado al que se sumó el Carlismo, y alguna que otra puntualización en ese totum revolutum”. 

He de decir que no tomé en consideración aquel llamamiento porque la práctica de la Junta Central Carlista de Guerra, el órgano del tradicionalismo que de verdad mandaba en esa situación, se condujo por otros derroteros, auténticamente represivos. 

Por lo que respecta al bando de Mola, es una ficción considerarlo exógeno a aquella Junta Central: Luis Martínez Erro, el hijo del cabeza de facto de dicho órgano, José Martínez Berasain, fue el que redactaba las instrucciones reservadas del propio Mola, instrucciones que hablaban de lo que hablaban y que prefiguraban el significado que había que dar a aquel bando de guerra. Por otra parte, el propio Benito Santesteban, primo y sobrino respectivamente de aquéllos, reconocería su proximidad a Mola en las funciones represivas que desarrolló. 

Otras cuestiones a las que se refieren en sus escritos (como las relativas a Eladio Esparza, al concepto de carlofalangismo o a los intercambios de prisioneros) y que ustedes consideran que he tratado de forma reduccionista o sesgada, son, desde luego, en el caso de que las desarrollara por extenso, bastante más complejas que lo que ustedes insinúan y apuntan más hacia mis tesis. Baste decir que Eladio Esparza desempeñó el cargo que mencioné, compatibilizándolo, es verdad, con la subdirección de Diario de Navarra, pero es que desde el periódico fue el máximo valedor de la integración de todos los autores de la derecha desde el año 1931 cuando menos (en una labor ciertamente meritoria) y sus responsabilidades intelectuales en lo que pasó en el verano y otoño de 1936 son evidentes (y no sólo por preparar la coreografía de la procesión del 23 de agosto, día de la matanza de la Valcardera). En cuanto al concepto de carlofalangismo, lo razono desde el hecho de que a partir del 19 de julio carlistas y falangistas coparticiparon en labores represivas, habiendo sobre ello numerosos testimonios. Sobre los intercambios de prisioneros, la documentación de la Junta Central Carlista de Guerra menciona posturas ciertamente intransigentes, amén de la ominosa cuestión de Francisco Lizarza.

Por otra parte, sobre la mención de que con mis textos están descontextualizados y de que no contribuyen “a la integración de la Historia que nos concierne en nuestra convivencia ciudadana”, por lo que desarrollo un ejercicio de memoria “fraccionada, o sea, sesgada, incompleta”, dejénme decirles que soy de la opinión de que la envergadura de limpieza política sufrida por quienes fueron considerados como enemigos a batir por los sublevados en julio de 1936 (Navarra fue la provincia española, con diferencia, con mayor número de asesinados por votantes al Frente Popular) se merece que se hable de los responsables de la misma. Hablar de que fueron circunstancias propias del conflicto no me vale. En Navarra no hubo frente de guerra y el tratamiento hacia los desafectos en la retaguardia fue absolutamente terrible y excesivo. Aspirar a una reconstrucción máxima de lo sucedido (en la medida de lo posible) es un ejercicio de mínima justicia. Lamentablemente, estoy con ustedes, aunque por otro motivo, en relación con lo de la memoria fraccionada, sesgada e incompleta. La ocultación y la desaparición de la documentación de los organismos represores del momento impiden conocer muchísimos detalles. Pero también hay que decir que la misma fue deliberada. Lamento centrarme en los carlistas, pero no es de recibo que el secretario de la Junta Central carlista de la Guerra, José Úriz Beriain, fuera posteriormente, durante décadas, secretario de la Diputación Foral (en cuyo Palacio, hay que decirlo, asentó sus reales aquel órgano). 

Para terminar, reitero mi extrañeza a que sean precisamente ustedes quienes se sientan agredidos por mis aportaciones, usurpando el lugar de quienes, tras colaborar con el régimen franquista y beneficiarse de las prebendas concedidas por el mismo, en ningún momento han condenado de verdad lo sucedido aquellos años y, para remate, no pierden ocasión de esgrimir un discurso de trinchera, trufado de superioridad moral, imputando a todos los demás todo tipo de connivencias execrables.

EMPECINADA MEMORIA DE NEGACIÓN.

El pasado jueves 27 de marzo, bajo el título “Memoria histórica fraccionada”, diversos miembros del Comité Político del Partido Carlista-EKA de Navarra (Juan Luis Aldaya, Paco Zamora, Maribel Alzórriz, Feliciano Vélez, Ana Montoya, Andoni Rabanal, José Lázaro Ibáñez), así como Jesús Mª Aragón Samanes, secretario general federal del Partido Carlista de las Españas (sic), se referían, adjuntando diversos comentarios críticos, a un reportaje que publiqué en este periódico el pasado domingo (y que el 8 de febrero había sido publicado en el diario Deia) titulado El carlismo y el castigo al nacionalismo. 

Considerando el trasfondo último de los contenidos de la misma, quisiera expresar mi perplejidad porque dirigentes de un partido que se autodefine como de una línea política de izquierda alternativa, encuadrada en el socialismo autogestionario (y que llegó incluso a formar parte de Izquierda Unida), sea incapaz de efectuar una reflexión crítica sobre el papel que el carlismo de los años treinta, muy distante ideológicamente del partido de los autores de la mencionada carta (o, al menos, eso es que se percibe desde el exterior, si las palabras valen algo), tuvo en la durísima represión de retaguardia acaecida en Navarra y en territorios próximos. Lamento profundamente que aquellas personas no sepan aquilatar la trascendencia del hecho de la recuperación de un texto que no sólo expresa intenciones, sino que, además, anticipa realidades. Sin duda, todo ello es responsabilidad también de los demás: por muchas razones que sería prolijo comentar, la memoria histórica de la violencia política desarrollada en nuestra tierra durante la guerra civil se ha limitado exclusivamente a las víctimas y no ha profundizado en el tema de los verdugos, lo que se ha revelado como un grave error porque no ha hecho más que acrecentar el sentimiento de impunidad y el impulso a la manipulación histórica de los herederos biológicos o ideológicos de aquellos matarifes. 

Puestos a reconvenir, y ya que se sienten tan concernidos por algo que a priori no tenía por qué concernirles, hablen, hablen de Benito Santesteban, killer de la Junta Carlista Central de Guerra de Navarra; de su tío José Martínez Berasáin, presidente de facto de aquel órgano, y de su libreta; de Luis Martínez Erro, primo del primero e hijo del segundo, mecanógrafo de las instrucciones reservadas de Mola y escolta de éste; hablen de los expurgos en la documentación de aquella Junta; hablen de los registros de presos y de la documentación de la cárcel de Escolapios, el centro de detención de los requetés; hablen del Tercio Móvil y si hay documentación propia del mismo y acerca de sus salidas; hablen de los componentes de las juntas locales de guerra y si se conservan documentos sobre ellas y sobre todos aquellos que en los primeros meses de guerra se quedaron en los pueblos para reprimir; etc. Y ya que lo citan, hablen de dónde podría estar el listado de los fusilados en Bera (que sus familiares tienen todo el derecho a saber donde fueron enterrados, que los familiares de los enterrados en Polloe ya lo pudieron saber).

Y háganlo, en el caso de que sean capaces de hacerlo, solamente por humanidad para con los ejecutados, por solidaridad con aquellos voluntarios carlistas que de buena fe marcharon al frente y no se enfangaron en cometer actos indignos y para enseñar a las nuevas generaciones la regla de oro de la convivencia política: el rechazo al ejercicio de la violencia para perseguir objetivos políticos.

ÚLTIMO ACTO DE REVISIÓN DE LA POLÍTICA DEL OLVIDO Y DE SUSPENSIÓN DE LA MEMORIA.

La cronología de la gestión, institucional y general, de la memoria histórica de la represión franquista durante la guerra civil y la posguerra desde la Transición a la actualidad diferencia varias fases. Se ha dicho que a un primer periodo, el de 1977 a 1981, conocido como de de “políticas del olvido”, siguió una segunda etapa, calificada como de “suspensión de la memoria”, entre 1982 y 1996. A partir de 1996 comenzaría una última fase, denominada como de “el resurgir de la memoria”.

A finales de los años setenta el desinterés de la mayor parte de las instituciones, así como del mundo académico, hacia las víctimas del franquismo, del que participaron la mayoría de los partidos políticos, encontró un contrapunto en numerosas iniciativas surgidas de la sociedad civil y alentadas por familiares y por sectores receptivos a sus reclamaciones que permitieron la recuperación de restos de asesinados tras la exhumación de fosas comunes.

Por el “pacto de silencio o de olvido” existente hasta mediados de los años noventa del siglo pasado, en aras del espíritu de la reconciliación, se adoptó una especie de convención de no agitar temas que pudieran suscitar divisiones en la opinión pública. A pesar de que el partido socialista dispuso del poder durante catorce años, con amplias mayorías parlamentarias en varias legislaturas), en ese lapso de tiempo no se impulsaron medidas en relación con las olvidadas víctimas franquistas. De esta forma, hay que recordar que el gobierno socialista se posicionó en 1986 a favor de no celebrar el cincuentenario de la guerra civil porque “una guerra civil no es un acontecimiento conmemorable”. Años más tarde, en 1994 el periodista Walter Bernecker comentaba que no se podía acusar al gobierno socialista de revanchista en cuanto que animó a pasar por encima del tema de las víctimas del bando republicano en la guerra civil con el propósito “de no contribuir a reabrir las heridas producidas por la guerra, confundiendo el <<revanchismo>> -que nadie propugna- con la ineludible necesidad de recomponer los trazos esenciales de la reciente historia por dolorosa que ésta sea” . Historiográficamente, eso entronca con el hecho de que el cincuentenario transcurrió dentro de un clima moral e intelectual en el que desde la comunidad académica se postuló que la guerra había que asumirla como “error colectivo y como expiación”, como el ejemplo contrapuesto a la presunta reconciliación posibilitada por la Transición a la democracia .

Por contra, desde mediados de los años noventa se entró en una fase bien diferente. Entonces, diversas asociaciones iniciaron sus campañas reivindicativas de la memoria antifranquista, actuando como lo que se viene en denominar emprendedores de la memoria. Esas asociaciones estarían impulsadas por la generación de los nietos, una generación que, al no vivir ni la guerra ni el franquismo no estaría hipotecado por sus recuerdos personales ni por los compromisos sociopolíticos de los años setenta y ochenta en relación con el pasado, llegando a ser crítica con la gestión de la memoria de la época de la Transición. Estarían imbuidas de la noción de deber de memoria para reivindicar a las víctimas de la represión, como un impulso moral y cívico solidario con los derrotados .

Se ha solido indicar que un primer punto de arranque para la dinamización de las actividades de esas asociaciones lo constituyó la decisión en el verano de 1995 del Ministerio de Defensa del último gobierno socialista de Felipe González de colaborar en la recuperación de los cadáveres de los soldados españoles que habían combatido en Rusia enrolados en la División Azul. Esa primera chispa fue posteriormente alimentada por la política de la memoria emprendida por los gobiernos del Partido Popular entre 1996 y 2004. A la celebración de conmemoraciones apoyadas de forma entusiasta por el gobierno español de entonces, centradas en personajes e hitos como los cien años de la muerte de Cánovas del Castillo, el centenario de 1898, el cuarto centenario del fallecimiento de Felipe II o el quinto centenario del nacimiento de Carlos V, se añadieron iniciativas que trataban de acomodar la enseñanza de la Historia a los intereses político-ideológicos del PP tales como el debate en el año 2000 sobre los libros de texto de la asignatura de aquella asignatura en la enseñanza secundaria, al que acompañó un nada neutral informe emitido por la Real Academia de la Historia. Asimismo, no hay que olvidar que entonces comenzó a extenderse un discurso revisionista en relación con la Segunda República y la Guerra Civil por parte de autores que, fuera de la historiografía académica y con puntos de vista más ligados al periodismo tendencioso (Federico Jiménez Losantos, Pío Moa, José María Marco, César Vidal), se ubicaban en ámbitos próximos al Partido Popular. Historiadores como Moradiellos, Reig Tapia o Viñas han incidido en la repetición de argumentarios franquistas de que hace gala esa publicística revisionista, así como en su desconocimiento de la historiografía crítica académica .

Al poco de su nacimiento a mediados de los noventa, el movimiento social en pro de la memoria histórica se convertirá en un fenómeno de dimensiones amplias que se introducirá en las agendas programáticas de los partidos de izquierda y del nacionalismo periférico. La reacción del Partido Popular será dar “apoyo al movimiento revisionista”, mostrando en su segunda legislatura “y ya con mayoría absoluta, unas facetas que muchos creían ya superadas”.

El primer debate público de una cierta intensidad en relación con las políticas de memoria vino precisamente en septiembre de 1999, momento éste en el que se debatió por primera vez en el Parlamento español una moción de condena del golpe de estado de 18 de julio de 1936 y del régimen de Franco. Posteriormente, el debate, además, se tornó cada vez más polarizado a causa de las iniciativas mantenidas por el PP en relación con la relectura del pasado por las que esa formación intentaba apropiarse totalitariamente de la democracia mediante la interpretación de ésta desde postulados neoconservadores y la sacralización de la Constitución, presentando, además, como víctimas del terrorismo, del todo equiparables a las asesinadas con posterioridad a 1977, a personas asesinadas en las postrimerías del franquismo de las que era más que conocida su fidelidad militante, homicida y torturadora hacia el régimen franquista.

A partir de entonces se sucederían numerosos debates en foros parlamentarios, algunos de los cuales darían lugar a pronunciamientos y normas jurídicas aprobadas conocidas por el gran público. Asimismo, se desarrollarían un gran número de actuaciones e iniciativas de las que no vamos a ocuparnos aquí por razones de espacio.

En Navarra también imperó la política del olvido hasta finales de los años noventa. Durante la primera legislatura, la que va de 1979 a 1983, solamente hubo dos debates en el pleno del Parlamento, en julio de 1980 y en octubre de 1981, ceñidos ambos a la cuestión del escudo y la bandera de Navarra y a la supresión en ambas de la laureada. Los debates preliminares registrados en la Comisión de Régimen Foral (en número de tres, en septiembre y octubre de 1979 y en junio de 1980, respecto al primero de aquellos dos debates plenarios; y otro en diciembre de 1980, respecto al segundo y último) se centraron también en dichos símbolos, si bien en el primero de todos las dos mociones presentadas respectivamente por el Partido Socialista y por Herri Batasuna abordaban, asimismo, la cuestión del callejero y de los monumentos a los caídos franquistas, aspectos que desaparecieron ulteriormente de la discusión. La supresión finalmente de la laureada se sustentaría en el apoyo de las fuerzas de izquierda frente a la oposición de UCD y UPN que obtendrían un premio de consolación con el apoyo socialista a su propuesta de proscripción de la ikurriña de los edificios públicos.

Entre 1983 y 1999 (que cubre las legislaturas de 1983-1987 y de 1987-1991 en las que Navarra fue gobernada por el PSN-PSOE, la legislaturas de 1991-1995 en la que Navarra fue gobernada por UPN y la legistura de 1995-1999 en la que un breve gobierno de coalición constituído por PSN, EA y CDN dio paso tras un periodo de un año a un nuevo gobierno monocolor de UPN con el apoyo externo del PSN por no considerar posible este partido seguir en el gobierno tras destaparse el escándalo Urralburu) la cuestión de la memoria histórica solamente se debatiría en una ocasión en el Parlamento de Navarra. En diciembre de 1992 se discutió una moción de Izquierda Unida en la que se pedía instar al Gobierno de Navarra a la eliminación de los símbolos fascistas del espacio público. La iniciativa sería rechazada por la tajante oposición de UPN y PSN, que entonces se posicionó tenaz y agresivamente con la derecha navarra, recabando solamente apoyos de los partidos nacionalistas.

En su defensa de la moción el parlamentario Taberna Monzón, de IU, negó de principio que la moción tuviera carácter anacrónico, afirmando que tenía “una vigencia política importante y fundamentalmente por la reticencia de determinados grupos políticos a que se normalice, por lo menos en los simbólico, la transición democrática, que va siendo larga”. Taberna comentó las dificultades que tuvo que superar la moción para ser presentada debido a que UPN , aprovechando la ausencia de un miembro de la Mesa, no la admitió a trámite y hubo que presentar un recurso. Asimismo, citó que en Corella, “la patria chica del vicepresidente” [Miguel Sanz], había fracasado una moción del PSOE; que en Marcilla, municipio gobernado por los socialistas, seguían habiendo calles con el nombre de Francisco Franco o General Mola; y que en Pamplona existían una serie de símbolos como “el monumento a los caídos con la frase de la cruzada” y la laureada en diversos edificios públicos como el de la Caja de Ahorros de Navarra y el Instituto de la Plaza de la Cruz. Todo ello, calificado como “lacerante desde el punto de la vista de la tolerancia”, servía a Taberna para concluir que no había “habido en lo simbólico una transición democrática deseable dentro de Navarra”. También adujo que “si para algunos tiene una fuerza importante el hecho de que el escudo de Navarra esté dentro del de la Comunidad Autónoma Vasca, también para nuestro grupo que exista la laureada, determinadas calles o símbolos que denotan toda la parafernalia y toda la propaganda fascista de su época”. Por último, pedía que se cumpliera en ese aspecto la Ley de Símbolos de 1986 por cuanto ésta establecía “cuáles son los símbolos de Navarra y donde deben estar en los sitios públicos y visibles”.

Los grupos parlamentarios de HB y de EA se manifestaron a favor de la moción. Araiz Flamarique por el primero señaló que “sin ningún ánimo de revanchismo” había que “recuperar la memoria histórica de quienes fueron vilmente asesinados y tirados en las cunetas de nuestras calles y carreteras”, tal y como se había planteado “en muchas entidades locales cuando se habla de este tema”. Indicó que en la anterior legislatura se habían presentado unas 150 mociones en el Ayuntamiento de Pamplona sobre el tema de los símbolos y que muchas habían contado con el apoyo del PSOE. Por el segundo grupo, Cabasés Hita dijo que el apoyo de su grupo era para “contribuir a la extensión y al mantenimiento de los principios democráticos” y que, aunque se habían realizado algunas acciones a partir de la Ley de Símbolos de 1986, había que “completar la tarea para que nadie pueda acusar de dejación” al Parlamento.

En contra se posicionaron los portavoces de UPN, Rafael Gurrea Induráin, y del PSOE, Aladino Colín. El primero tachó de falsedad la afirmación de Taberna acerca de la inexistencia de transición en España en cuanto que aquí se habría “producido una transición ejemplar como en ningún otro país que haya tenido un gobierno autocrático en los últimos años en la historia europea”. Calificó de regresión en el tiempo la semántica utilizada en la moción en cuanto que le recordaba a la que se utilizaba “en este Parlamento hace doce o trece años” y razonó la existencia de la moción como “parte del ritual de un grupo radical en este tipo de cuestiones, que cumple con la misión de excitar a la sociedad en un tema que, afortunadamente, está olvidado, y no pertenece al primer plano de las preocupaciones de los ciudadanos”. También negó el carácter fascista de la laureada que según él sería “una medalla al más alto mérito militar” y “anterior al franquismo y ajena al fascismo”. Realizó un digresión afirmando que él pensaba que Taberna se habría referido a otros símbolos que se podían ver en la paredes de Pamplona “que no tienen nada que ver con Mussolini, uno de los apuntadores del fascismo, pero que representan a organizaciones que yo tengo por fascistas”. Y al respecto añadió “Pero es muy probable que ustedes no se refieran a ellos porque no lo citan aquí”. Aunque indicó que él no se había dado cuenta de la existencia de la laureada en el edificio de la CAN, sí se había percatado que en el escudo y la placa de la plaza de la Cruz figuraba como último nombre de los inscritos en la misma el de un Taberna, lo que tal vez, según Gurrea, habría motivado al mocionante a proponer la iniciativa “para que no haya confusiones, para que nadie crea que un Taberna de los de su raigambre” estaba “comprometido” con lo que se conmemoraba en el monumento. Mantuvo que tanto la Ley navarra de Símbolos de 1986 como el Real Decreto del 81 referido al ámbito del Estado exoneraban de la supresión de simbología a “aquellos edificios o monumentos que, aunque no tengan carácter histórico-artístico, estén hechos de tal manera que quitarlos produzca una violencia al inmueble”. Gurrea entendía que ésa era “una fórmula pacificadora que se utilizó en aquel momento, en un momento necesario para conseguir una estabilidad y una serenidad de ánimos que ustedes, naturalmente, están deseosos de romper, pero que nosotros no vamos a quebrar”. Para finalizar, tildó a la moción de anacrónica y zafia.

Por su parte, Aladino Colín (para las nuevas generaciones, hay que explicar que es el nombre de una persona real, mano derecha de Urralburu, que llegó a ejercer la portavocía del PSN en el Parlamento de Navarra y que fue Vicepresidente Segundo y Consejero de Presidencia e Interior del Gobierno de Navarra entre 1987 y 1991) comenzó su intervención centrándose en el anacronismo de la moción. A su juicio, acerca de la cuestión “ni había debate hace mucho tiempo ni lo hay ahora. Pretender hacer un debate aquí y ahora sobre estas cuestiones, cuando no es un debate que se plantee la sociedad ni una preocupación de la sociedad, me sugiere antes que nada y en primer lugar que se ha traído a la Cámara un debate absolutamente artificial”. Recordó que los miles de mociones sobre la cuestión planteadas en la segunda mitad de los años setenta habían “desaparecido de la circulación” en un proceso connatural en el que a un primer periodo de efervescencia en el que “se hace los posible por acabar con toda la simbología” de las dictaduras sucede un segundo “en el que las cosas se serenan” y “van cobrando protagonismo los asuntos relacionados con lo que de verdad importa, la consolidación de las instituciones democráticas, la vertebración de la sociedad civil, etcétera, y en relación con estas cuestiones, la de la simbología, se van adoptando decisiones más razonables por más objetivas”. Posteriormente, según Colín, en una tercera etapa tiene lugar “la definición positiva de los símbolos de los estados democráticos y la adopción de acuerdos de conservación de los símbolos anteriores, fundamentalmente (...), por razones de orden de preservación del patrimonio histórico arquitectónico”. También rememoró la retirada de la laureada en los debates de 1979-1981, así como la solución dada por la Ley de Símbolos de 1986 en relación con los escudos anteriores con el añadido franquista, “un criterio conservador (...), cuando se afirma que no afectará a los escudos existentes en edificios o monumentos sitos en el territorio de la Comunidad Foral que sean declarados de carácter histórico artístico o que, sin serlo, formen parte del ornamento y decoración de los mencionados edificios o monumentos de una manera fija, de tal manera que no puedan separarse de ellos sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto”. En consonancia con eso último, dijo que el tema planteado en la moción, “además de ser en el fondo artificial, es en la forma atrabiliario” por pretender “modificar nada más y nada menos que algo inmodificable por una moción, que es una ley”. Además, para el portavoz socialista todos los pueblos, “después de épocas turbulentas”, acaban conviviendo “con su historia de manera pacífica, aceptando la anterior sin ira”, “como manifestaciones de épocas históricas que son siempre por su propia esencia dinámicas, que se mueven de la misma manera que se mueve la sociedad”. En cuanto a los monumentos a los caídos, deberían mantenerse por ser “justamente el símbolo de lo que no se debe hacer”. En cuanto a las calles, por el contrario, Colín afirmó que en los casos de las referidas a personas que habían “sido defensores activos de la dictadura” y que habían “contribuído a dividir pueblos” se deberían buscar “mínimos comunes denominadores para encontrar los símbolos que unen a todos”.

En el turno de réplica, el parlamentario mocionante Taberna Monzón insistió en la necesidad de “profundizar en la democracia día a día” y, tras replicar a UPN que si en 1979 no veían oportuno quitar la laureada, ahora argumentaban que era “un problema de zafiedad de la moción”, acabó preguntándoles: “Constantemente se están dando argumentos formales pero nunca se llega al fondo. ¿Somos partidarios de quitar la simbología fascista o franquista de la vida cotidiana navarra, sí o no?”. Si a Taberna la actitud de UPN le parecía “comprensible por la tradición, por la historia y porque es la línea que sigue en la actualidad”, la del PSOE le parecía “incomprensible, sobre todo, cuando grupos municipales, como el citado socialista de Corella, presentan otro tipo de mociones que vienen a significar el mismo contenido de esta moción”.

Finalmente, la moción fue rechazada por 8 votos a favor, 32 noes y ninguna abstención.

A partir de 1999 la cuestión de la memoria se asentó con firmeza en los debates de la cámara parlamentaria navarra y numerosas iniciativas de recuperación, rehabilitación y reparación de la memoria de las víctimas del franquismo pudieron ser aprobadas con la sola oposición o abstención de la derecha. Muchas de esas iniciativas son conocidas por el gran público.

En el día de hoy, más de veinte años después de aquella única moción planteada en los años del olvido, el Parlamento de Navarra, al aprobar en sesión plenaria la proposición de ley foral de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos navarros asesinados a raíz del golpe militar de 1936, presentada por Izquierda-Ezkerra y apoyada por el PSN, Bildu, Aralar y Geroa Bai (mientras que UPN se ha abstenido y el PPN ha votado en contra), ha culminado el viraje, emprendido en la legislatura 1999-2003, de revisión de la política de gestión de la memoria histórica de los años ochenta y noventa del siglo pasado.

ASESINATO DE TRES JELTZALES NAVARROS A ORILLAS DEL BIDASOA.

La celebración el sábado 28 de septiembre de un homenaje por parte del ayuntamiento de Lizarra/Estella a Fortunato de Agirre, alcalde de dicha localidad por el Partido Nacionalista Vascofusilado en Tajonar el día de San Miguel de 1936, nos ha hecho recordar el asesinato por las mismas fechas de otras tres personas de la misma filiación política y cuya memoria no suele ser recordada.

Un día antes que Fortunato de Agirre, el día 28 de septiembre, fueron fusilados en un pinar cercano al puente de Lesaka, pero en término de Etxalar, Pedro María Gorostidi Imaz, Miguel Hualde Gorosterrazu y Juan Bautista Iriarte Azpíroz, los tres vecinos de Ituren.

Pedro María Gorostidi Imaz nacido en San Sebastián en 1896, tenía entonces 40 años. Casado con Victoria (Bittori) Urroz Zubizarreta, sin hijos, era médico de la localidad en la que residía desde 1927. Con anterioridad, tal y como nos informó Jokin Iturria, que conocía la circunstancia, para nosotros desconocida, por su padre, Joxe Iturria, fue médico titular de Lesaka. Hemos confirmado ese dato: en el archivo municipal lesakarra consta que ejerció tal cargo entre febrero de 1922 y finales de 1925, fecha ésta última en que materializó la dimisión que presentó en marzo de aquel mismo año por desavenencias con el otro médico, Diego Olaechea, relacionadas con la asistencia sanitaria que prestaban a la vecindad, y a pesar del apoyo recibido de la mayoría de la junta local de sanidad. 

Por otra parte, Gorostidi fue miembro del Napar Buru Batzar en 1933-1934 y en 1934 formó parte de una efímera asamblea regional que duró unos pocos meses a causa de las fuertes tensiones internas registradas en el PNV navarro por la gestión de Jesús Doxanbaratz. Los testimonios orales recabados en Zubieta por Juainas Paul Arzak y otros (en Elkarren artean, Zubieta 1931-1936. Errepublika eta 1936ko gerra Baztan-Bidasoan, 1995) hablan bien a las claras de la intensísima actividad política desplegada por Gorostidi y su cónyuge a favor del nacionalismo vasco, subrayando sobre todo el papel que solía hacer la segunda a través de iniciativas de tipo cultural. A la ascendencia de ambos se debe la constitución de varias juntas locales jeltzales en la zona de Malda Erreka y aledaños, llegando a tener el PNV agrupaciones municipales en Ituren, Zubieta, Saldías, Beintza-Labaien, Elgorriaga y Bertizarana. Asimismo, Emakume Abertzale Batza llegaría a tener agrupación local en Ituren. De cualquier forma, la mejor forma de ponderación del trabajo realizado por Gorostidi y su esposa la tenemos en los resultados electorales por municipios de la zona en las elecciones de 1933 y 1936, elecciones en las que, como es sabido, el PNV presentó lista separada.

En las elecciones de 1933 los peneuvistas lograron unos resultados ciertamente espectaculares en Ituren y Zubieta, arrollando al Bloque de Derechas, precisamente en las elecciones en las que éste se hizo con la hegemonía absoluta en Navarra de la que ya no se desprendería. La candidatura jeltzale conseguiría un tercio más de votos que la derecha en la primera localidad y casi la multiplicó por tres en la segunda. En pueblos adyacentes, donde también actuaría el influjo del matrimonio Gorostidi, como Beintza-Labaien, Doneztebe, Elgorriaga y Ezkurra, el PNV también consiguió resultados dignos. Posteriormente, en las elecciones de 1936, Ituren y Zubieta, así como otros colindantes como Arantza y Elgorriaga, se significaron por ser de los más resistentes al tsunami derechista en el País del Bidasoa y en toda Navarra. No hace falta explicar la inquina que todo ello tuvo que provocar en una derechona ávida de eliminar cualquier obstáculo que se resistiera a su afán de monopolización. 

Gorostidi y su esposa trabajaron arduamente no sólo en la divulgación del ideario y del electorado jeltzale, sino también en la de la práctica sindical solidaria (es decir, de ELA/STV) que en aquel entonces se entendía concurrente con aquéllos. Dato significativo de lo que estamos diciendo es el hecho de que en mayo de 1932, según narraban los periódicos nacionalistas Euzkadi y El Día, el matrimonio se comprometiera a donar 15.000 pesetas anuales, el sueldo de varios meses de actividad profesional, al sindicato abertzale del que también eran militantes. 

Por lo que respecta a los otros dos fusilados iturendarras, Miguel Hualde Gorosterrazu, soltero de 32 años que vivía con su madre viuda de 60 años Maria Santos Gorosterrazu Hualde, había nacido en Venezuela. De profesión comerciante, ejercía de Depositario en el ayuntamiento. Por su parte, Juan Bautista Iriarte Azpíroz, soltero de 26 años, nacido en Argentina, residía con su madre viuda de 56 años, Dionisia Azpíroz Galain, y tres hermanos más jóvenes: Graciosa, de 24 años, Francisco de 22 y Rosario de 17, todos solteros. Maestro que había terminado sus estudios hacía poco tiempo, había ejercido únicamente en Arraitz, donde se hospedaba en la Venta Juan Simón, tal y como nos ha recordado una antigua exalumna. No deja de ser llamativa, por si pudiera haber influído en su detención y asesinato, la circunstancia de que residiera en la misma casa en la que vivía Pedro Gorostidi, en otra vivienda. 

Pedro Gorostidi y Miguel Hualde fueron destituídos de sus cargos, de médico y depositario respectivamente, el día 14 de agosto de 1936. Ese día, el alcalde de Ituren, notificaba mediante oficio a Gorostidi que a las 16 horas del día 13 se había personado en la alcaldía “el Señor Comandante del puesto de la Guardia Civil de Sumbilla, quien en cumplimiento de orden del Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta provincia”, había procedido “a la destitución de V. como Médico titular”. En el mismo oficio se requería a Gorostidi para que firmara el duplicado, tal y como lo hizo con su firma. Una carta de César Aguirre Vértiz, médico de Santesteban, al alcalde de Ituren fechada el mismo día de 14 de agosto de 1936 decía: “Acuso recibo de un oficio de día de hoy en el que me comunica la destitución del médito titular Don Pedro Maria de Gorostidi y solicita mi servicio para evitar quede desatendido; debiendo manifestarle que, como en casos análogos, estoy dispuesto a prestarlo conforme a lo que en el citado oficio se indica”. Otro oficio remitido a un hermano de Miguel Hualde aquella misma jornada le solicitaba que, “en virtud de la destitución del cargo de Depositario de este Ayuntamiento, que en presencia de V. comunicó a esta Alcaldía el Señor Comandante del puesto de la Guardia Civil de Sumbilla”, presentara las cuentas municipales “con la urgencia posible”, tal y como había acordado el mismo ayuntamiento. 

Aquellos días fueron aciagos en el país del Bidasoa. Dos días antes habían sido detenidos en Bera los dos médicos titulares de la localidad, Vicente Unzalu y José Ochoteco, junto con otros dos vecinos de la misma. El motivo, según decía la prensa, su “conducta muy sospechosa” y “por su convivencia [sic] con el enemigo y el segundo además por haberse negado, pretextando una indisposición, la asistencia a un guardia civil”. Vicente Unzalu, de ideario socialista, salvaría su vida de milagro después de pasar tres larguísimos meses en el Fuerte de San Cristóbal. Tras pasar pena de destierro volvería a ejercer a partir de 1940 en Bera, donde residiría hasta su fallecimiento a finales de los años setenta. El anecdotario cuenta que sobreseyó, desde su puesto de encargado de la sanidad pública local, un caso de intoxicación masiva en la localidad provocado por un error en un compuesto alimenticio producido por la empresa de uno de los que le denunciaron. Desde estas líneas queremos llamar la atención sobre la circunstancia de que del archivo local del pueblo ha desaparecido el primer expediente que se le formó en 1936, conservándose solamente el segundo, instruído en 1940, una pérdida documental ciertamente relevante. Por lo que respecta a Ochoteco, es de dominio público que fue el médico que acompañó a Pío Baroja, junto con un policía destinado en la aduana de Bera, en el viaje a Almándoz para ver a las tropas que venían por Belate y que terminaría de forma brusca en Santesteban donde los tres fueron detenidos y encarcelados en los calabozos del ayuntamiento de esa localidad. El episodio, recreado de diferentes formas por quienes se han ocupado del tema, entre ellos dos de sus protagonistas, el propio Baroja y el propio Ochoteco, ha dado lugar, como es sabido, a una controversia notable acerca quienes mediaron en el asunto, templando las iras de los voluntarios requetés, para que no pasara a mayores,. De cualquier forma, tras su segunda detención en veinte días, Ochoteco abandonaría Bera tras ser puesto en libertad en Pamplona. Cabe añadir, asimismo, que otro médico de la zona también sería afectado por los sucesos que estamos comentando. Según recuerda Eduardo Gil Bera, al ya mencionado César Aguirre, médico de Doneztebe/Santesteban, que alojó en su casa a Baroja y a Ochoteco, lo denunciaría “el veterinario Albistur [también de la misma localidad] por hospedar desafectos al Alzamiento [refiriéndose a Baroja y Ochoteco] y serlo él mismo, porque era considerado <<cáscara verde>>, que era como llamaban a los indiferentes en religión. José Meoqui, el cura de Lecároz, intervino a su favor”. El mencionado Albistur, originario de Lesaka, estaba casado con una hermana del también lesakarra, y subdirector de Diario de Navarra (y responsable de la Delegación de Prensa de los carlistas en la guerra) Eladio Esparza, de quien ya hemos hablado con anterioridad en este blog acerca de sus responsabilidades en la conspiración y la represión franquistas en Navarra y también estaba emparentado con la mujer del más arriba citado Diego Olaechea.

Los expedientes de fuera de plazo en el registro civil de los tres asesinados nos proporcionan algunas pocas informaciones complementarias. La viuda de Gorostidi activó la instrucción del primer expediente mediante instancia presentada el 17 de Agosto de 1937 dirigida al Juzgado Municipal de Ituren y posteriormente derivada, como era preceptivo, al titular del Juzgado de Primera Instrucción de Pamplona Garcia-Rodrigo. En la solicitud señalaba que su marido había sido conducido el 26 de Agosto de 1936 “a la cárcel de Vera del Bidasoa permaneciendo en la misma hasta el 28 de septiembre de 1936 fecha esta probable de su fallecimiento según se deduce de las noticias adquiridas acerca del lugar en que se encuentra el cadáver del mencionado Don Pedro Gorostidi e Ymaz que debe de ser cerca del puente de Lesaca (Navarra) a unos 300 metros del kilómetro 72 de la carretera de Irún a Elizondo y en esta dirección y a la derecha entre el Rio Bidasoa y la referida carretera”. Varios testigos certificaron el asesinato de Gorostidi. Amadeo Galle Larre, divorciado, comerciante y vecino de San Sebastián, afirmó “que conoce a la familia Gorostidi-Urroz y por ello y por razón de su servicio en la Jefatura de Información de FET y de las JONS, le consta de manera cierta que el Señor Don Pedro María Gorostidi e Imaz falleció en Lesaca el día veintiocho de setiembre último a consecuencia del Movimiento nacional”. Jesús Conejo Martín, técnico industrial y vecino de san Sebastián, indicó “que conoce a la familia Gorostidi-Urroz y por ello le cosnta así como de rumor público y de frecuentar a menudo los pueblos de Lesaca, Vera etc... que Don Pedro María Gorostidi e Imaz falleció en el citado Lesaca el día veintiocho de setiembre último a consecuencia del Movimiento nacional”. Jorge Taberna Tompes, músico y vecino de Lesaca, dijo lo mismo. Por su parte, el alcalde de Bera Juan José Irazoqui comunicó en un oficio de 9 de septiembre de 1937 en contestación al oficio que le había sido remitido “sobre los datos obrantes en esta Alcaldía relativos al ingreso y salida del Depósito Municipal del presunto fallecido Don Pedro María Gorostidi e Imaz, vecino de Ituren” que “en la fecha 28 de septiembre de 1936 referida en el oficio, el Depósito Municipal era intervenido directamente por la Autoridad Militar, sin que conste en esta Alcaldía, dato alguno con referencia al ingreso y salida de los detenidos en la repetida prisión municipal”. Es de señalar que testimonios procedentes de la familia Baroja han sostenido que el mencionado alcalde, también conocido por su alias de “Zerruki”, solía asistir a los fusilamientos de la cantera de Bera, en los que habrían sido ejecutadas 130 personas procedentes de centros de detención guipuzcoanos. El contenido del mencionado oficio del citado alcalde conectaría con la penosa circunstancia, que a los beratarras nos llena de ignominia por cuanto impide la expedición de informaciones a los familiares de la mayoría de esas 130 personas que siguen careciendo de datos sobre cuál fue su suerte, de que en los archivos públicos de la localidad las personas que se han aplicado a la tarea no hayan encontrado ninguna relación referente a todo ese montón de personas fusiladas. Por otra parte, en el expediente de Gorostidi también consta un oficio del Coronel Gobernador Militar de 18 de septiembre de 1937 que decía que en el Gobierno Militar no constaban los antecedentes referentes al fallecido “pues solamente existe una declaración prestada por dicho individuo ante la policía de Vera del Bidasoa el día 1º de Septiembre de 1936”.

Los expedientes de Bautista Iriarte Azpíroz y de Miguel Hualde Gorosterrazu, ambos instados por instancias efectuadas por sendos familiares en diciembre de 1939 aportan informaciones de interés. Habría sido conducidos a los calabozos municipales beratarras el 31 de agosto de 1936, tres días después que Gorostidi por lo tanto, permaneciendo también en la misma hasta el 28 de septiembre, día de su fusilamiento y enterramiento en el lugar más arriba mencionado. Si bien el pelotari beratarra Segundo Ugartemendía Olaso, que actuó de testigo, no aportó ninguna concreción más allá del hecho del fallecimiento, Santos Bengoechea Bengoechea (según el documento caminero y vecino de Bera ) y Emiliano Irigoyen Damboriena (minero y vecino de Lesaka) indicaron que no tenían dudas sobre la fecha de la muerte y el lugar de enterramiento de los cadáveres por haber sido ellos quienes les dieron sepultura. Santos Bengoechea, conocido como Rothschild, era obrero de Fundiciones de Bera, empresa de la que se fugaron 40 trabajadores de izquierdas al inicio de la guerra, y habría sido obligado a ejercer de enterrador, tal y como sucedió con otros trabajadores de simpatías ugetistas de dicha fábrica. 

Asimismo, algunas fuentes indican que también fue encarcelado en Bera otro iturendarra, un tal José Nagore, que habría sido liberado. También se ha dicho que los tres asesinados fueron conducidos en una primera instancia hacia Belate antes de ser asesinados cerca del puente de Lesaka. 

Sobre el trágico destino de los tres jelkides iturendarras caben varias preguntas, relativas sobre todo a los responsables del mismo y al hecho de que fueran encarcelados en Bera, no siendo conducidos a los diversos centros de detención de la capital (cárcel, Fuerte de San Cristóbal, Escolapios y Salesianos), tal y como sucedía con la mayoría de los detenidos. Aunque en el libro anteriormente citado coordinado por Juainas Paul Arzak se habla de la responsabilidad como denunciantes de dos curas de Zubieta y del secretario, todos carlistas, creemos más bien en los efectos de la concurrencia de la actuación de las nuevas élites en la comarca en el hecho de la detención y prolongación del cautiverio en Bera durante todo un mes, por un lado, y las intrucciones sobre el castigo que merecían los prisioneros nacionalistas en Gipuzkoa emitidas por la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra pocos días antes de las ejecuciones, por otro. Algunos documentos muestran que en principio no parece que hubiera consignas claras sobre qué hacer con los tres presos. Así, una carta fechada en Bera el 13 de septiembre de 1936 y firmada por el Comandante Militar y dirigida al alcalde de aquella localidad en la que se permitía al detenido Bautista Iriarte Azpíroz acudir, escoltado por la Guardia Civil a Ituren, presumiblemente por la enfermedad de su abuela, aquel mismo día y permanecer en él hasta el 17 apoyarían aquella interpretación. 

Creemos que el destino de los tres jelkides iturendarras quedó cerrado, al igual que habría sucedido con el de Fortunato de Agirre, tras los nuevos posicionamientos de los carlistas en relación con los nacionalistas que serían reflejados documentalmente en un informe elevado el 24 de septiembre de 1936 por la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra “a los señores generales y jefes de la Junta de Defensa Nacional de Burgos”. En ese informe, al que ya nos referimos en una entrada anterior, la Junta Central Carlista de Guerra, dirigida en la práctica por José Martínez Berasáin, no contenta con la represión llevada a cabo en Navarra (y que para el 24 de septiembre se había llevado consigo centenares y centenares de vidas, sobre todo de votantes de izquierda), se animó a aconsejar en la fecha indicada sobre la conveniencia de adopción de una política de mano dura contra el nacionalismo en Gipuzkoa y, por extensión, dentro también de Navarra. 

La detención y posterior asesinato de los tres jelkides iturendarras tendría consecuencias inmediatas en el pueblo. En carta de 18 de agosto Benedicto Vicente Gárriz, secretario de Ituren y Elgorriaga, se quejaba de su destitución acusado de nacionalista, lo que era negado por él. Asimismo, afirmaba su adscripción al Bloque de Derechas, que  podía ser testificada por Eleuterio Arraiza (vocal de la Junta Carlista de Guerra), Joaquin Urisarri (apoderado de Rodezno) y el tradicionalista Joaquín Erviti, quienes finalmente aportaron informes favorables. Por su parte, en una carta enviada al alcalde de Ituren por Pedro Miqueo, representante de la Junta Municipal del PNV, el 5 de septiembre de 1936 se decía que la Junta Municipal del Partido Nacionalista Vasco de esta villa “estando en un todo disconforme con la actitud del Partido Nacionalista Vasco”, acordaba “darse de baja en dicho partido, con inutilización de los carnés ante el Requeté Don Francisco Tena” y adherirse “incondicionalmente al Movimiento Salvador de España para toda clase de servicios para la prosperidad del mismo”. Por si acaso, se solicitaba al alcalde que pusiera dicha decisión en conocimiento del Gobernador Civil de la provincia. 

Sirvan estas líneas para recordar, por lo tanto, la memoria de los tres asesinados, toda vez, sobre todo, que no parece que las organizaciones políticas y sindicales de las que formaron parte hayan mostrado demasiado interés en ejercicios de memoria histórica relativos a estas personas. Asimismo, no queremos tampoco finalizar sin hacer un llamamiento a los descendientes del máximo responsable por la parte carlista del genocidio y represión llevados a cabo en Navarra (y Gipuzkoa, habría que añadir) para que dejen de lado por un tiempo sus manifiestos principialistas y prepolíticos relativos a la soberanía vasca (interpretada según matriz navarra) que llegan incluso, veáse este ejemplo de los múltiples publicitados por sus propios medios o por otros ajenos, a deslegitimar intentos de propuestas basadas en el derecho a decidir, así como otras que son equiparadas por ellos a los anteriores y que son de naturaleza pactada como el de la reforma del Estatuto de la CAV protagonizado por el gobierno del Lehendakari Ibarretxe, y pongan a disposición del público posibles documentos privados que sirvan para la identificación y localización de los restos de las víctimas de 1936 y 1937 aún por recuperar.

LA RECETA DE JARABE DE PALO CONTRA EL NACIONALISMO VASCO DE LA JUNTA CENTRAL CARLISTA DE GUERRA DE NAVARRA DE SEPTIEMBRE DE 1936.

En una entrada anterior hablamos de la participación navarra en la represión acaecida en Gipuzkoa en el otoño de 1936. Como se recordará, en aquella entrada se apuntó a que con posterioridad a la toma de San Sebastián el día 13 de septiembre y durante ese mes y los dos meses siguientes se producirían las cifras más altas de asesinatos por parte de los ocupantes franquistas. Si entre julio y septiembre los franquistas asesinaron en Guipúzcoa a unas 150 personas, muchas de ellas tras la entrada en Beasain, Oyarzun y Tolosa, en octubre fueron fusilados otras 150 y en noviembre unas 90 personas. De 25 fusilados en diciembre se pasó a una decena de fusilados al mes en los meses siguientes, con oscilaciones al alza en algunos de ellos, pero sin superarse nunca la treintena de asesinados mensuales.

En aquella entrada se manejaron testimonios, como el del doctor Gabarain, que podían haber hecho pensar en una mayor responsabilidad falangista en la represión registrada. No obstante, allí también había indicaciones acerca del importante papel desarrollado por los requetés en dicha represión. No hay que olvidar que, al igual que la Falange, los carlistas también dispusieron de centro de detención propio en San Sebastián, tal y como se citaba en aquel artículo. El mismo Arteche conoció a un requeté que participó activamente en los piquetes, según narra en su obra El Abrazo de los Muertos, siendo sus referencias a dicha persona reproducidas en aquel texto nuestro.

Recientemente hemos localizado un documento que Miguel Sánchez Ostiz cita parcialmente en su última novela El escarmiento (Pamplona, Pamiela, 2013) y que algunos apologetas del Requeté, obligados por su fidelidad a la militancia paterna, han obviado. Ese documento es un informe elevado el 24 de septiembre de 1936 por la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra “a los señores generales y jefes de la Junta de Defensa Nacional de Burgos”. 

La Junta Central Carlista de Guerra estaba presidida por Joaquín Baleztena Azcárate, presidente de la Junta Regional de la Comunión Tradicionalista; pero su auténtico director era el vicepresidente, José Martínez Berasáin, director del Banco de Bilbao y responsable de toda la actividad carlista en Navarra durante la República y en el verano y otoño de 1936, al ser el verdadero «hombre fuerte» en la nueva situación, según se desprende de la documentación conservada a pesar de los expurgos sufridos. El resto de los miembros de dicha Junta eran Javier Martínez de Morentín por la Merin dad de Estella, José Gómez por la Merindad de Aoiz; el arquitecto Víctor Eusa por la Merindad de Pamplona; Marcelino Ulíbarri por la Merindad de Tafalla; Víctor Morte por la Merindad de Tudela; y Eleuterio Arraiza y José Uriz Beriáin, este último secretario. Desde dicha Junta Central se conformaron también Juntas de Merindad. Además de encargarse de las cuestiones ligadas a la movilización carlista y a las tareas relacionadas con la participación de la Comunión Tradicionalista en el golpe de estado militar, la Junta Central Carlista de Guerra asumió papeles represoras, impulsando la limpieza política efectuada por los carlistas en la propia Navarra. 

El informe que hemos localizado demuestra que la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, no contenta con la represión llevada a cabo en Navarra (y que para el 24 de septiembre se había llevado consigo centenares y centenares de vidas, sobre todo de votantes de izquierda), se animó a aconsejar en la fecha indicada sobre la conveniencia de adopción de una política de mano dura contra el nacionalismo en Gipuzkoa. Recordemos que para entonces se había conquistado San Sebastián y que la mayor parte del territorio guipuzcoano estaba en manos franquistas. 

El Punto F) relativo a las medidas a adoptar en el ámbito de lo político decía lo siguiente: “Con el mayor respeto tenemos que declarar que en Guipúzcoa se está siguiendo una política de lenidad tan acusada que constituye una alarma para las gentes que han padecido los horrores rojos y nacionalistas. Si esa política responde a una norma directiva con vistas a hacer más fácil la rendición de Vizcaya, esperamos que cuando ésta se logre se rectificará radicalmente”. En la Nota 9ª del Anexo se ahondaba en la cuestión y se aconsejaba la conveniencia de la aplicación de una dura represión del nacionalismo vasco en Gipuzkoa. “La dureza del castigo aplicado en Andalucía, Extremadura, parte de Aragón y parte de Castilla, contrasta con esa lenidad apuntada. Pero ha de advertirse que el nacionalista ha atentado de manera más directa a la Patria y de modo más reflexivo que los rojos que defendían un estado de derecho que les favorecía y no tenían en su ánimo ir contra la Patria misma, sino únicamente contra un orden de cosas representado por el Ejército, que no les convenía. Mientras que los nacionalistas, que son los que han dado lugar a la resistencia que ha motivado la guerra, han pretendido con su alianza criminal aniquilar a la Patria. En vano se dirá que han evitado muchos males, porque esos que han evitado y los que no han podido evitar, hubieran dejado de suceder si en el primer momento hubieran cumplido sus obligaciones de católicos y de españoles. La política con los nacionalistas debe ser la de la aplicación de las penas del Bando a los que estén incursos en él y aquéllos a quienes no les sea demostrada su participación activa pero que sean destacados nacionalistas, debe serles impuestas penas de orden económico y destierro”. No en preciso insistir en que dicho llamamiento no fue en vano. Así, por ejemplo, según los datos aportados en la obra dirigida por Mikel Aizpuru, El otoño de 1936 en Guipúzcoa. Los fusilamientos de Hernani (Irún, Alberdania, 2007), de más de cuarenta fusilados en el cementerio de Hernani a las semanas siguientes a la redacción del informe mencionado consta su militancia y sus simpatías hacia partidos o sindicatos nacionalistas. También hay que señalar que pocos días después de redactarse el texto comentado fueron fusilados cerca del puente de Lesaka los tres vecinos de Ituren, todos ellos militantes del PNV, Pedro Gorostidi Imaz, Miguel Hualde Gorosterratzu y Juan bautista Iriarte Azpíroz. 

Por su parte, la Nota 11ª del Anexo se refería al clero nacionalista. “Especialmente urge actuar contra el clero nacionalista; contra los que estén comprendidos en el Bando, imponiéndoles sin contemplación las penas, contra aquellos otros, destacados, pero que no se les demuestra su actuación con los rojos desterrándolos. Para no dar pretesto a protestas que puedan perturbar las conciencias de algunos timoratos y en todo caso porque en conciencia debe hacerse, bueno será dirigir un escrito a Roma declarando que en extricta aplicación de las leyes y dentro de la excepcional gravedad y urgencia de la guerra hay que actuar en juicios sumarísimos (subrayado en el original) contra clérigos amparados de ordinario por el fuero personal del canon 120 y que no siendo factible dirigirse a los Prelados siendo uno de estos -el de Vitoria- el que comprende el mayor número de los clérigos nacionalistas y él no ajeno de responsabilidad, no podrían solicitar la licencia canónica, que se solicita genéricamente para todos aquellos clérigos comprendidos en el Bando de guerra. La comunicación oficial suple a la petición de licencia y no puede ser lícitamente negada ésta o sea que sin esperarla se considera canónicamente autorizada la actuación judicial contra los clérigos sin lesión de ser privilegio amparar la impunidad. La comunicación a la Santa Sede reportará el bien de que cese la intriga que allí se forja contra el movimiento. A la petición de separación del Obispo de Vitoria, deben seguir otras en especial la del Cardenal de Tarragona”. Como es sabido, la llamada al castigo del clero nacionalista de dicho informe fue prontamente ejecutada. Así, por ejemplo, en Hernani en octubre de 1936 serían fusilados los sacerdotes Antonio Bombín, Gervasio Albisu, Martin Lekuona, José Adarraga, Jose Ariztimuño (Aitzol), Alejandro Mendikute, José Otano, José Ignacio Peñagarikano y Celestino Onaindia; y en Oyarzun serían ejecutados en las mismas fechas José Joaquín Arin, Leonardo Guridi, José Marquiegui y Joaquín Iturricastillo. Por otra parte, Mateo Múgica, obispo de Vitoria, sería expulsado de España en el mismo mes de octubre de 1936. Él, junto con el cardenal de Tarragona Vidal y Barraquer y el cardenal Seguram serían los únicos miembros de la alta jerarquía eclesiástica española que se negarían a firmar la Carta Colectiva de los obispos españoles a los obispos del mundo, que se publicó el 1 de julio de 1937 y fue firmada por 48 prelados, de los que 8 eran arzobispos, 35 obispos y 5 vicarios capitulares.

Y LA IRA DE AQUÍ LLEGÓ HASTA ALLÍ. PARTICIPACIÓN NAVARRA EN LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN GUIPÚZCOA EN 1936.

La celebración el domingo 3 de marzo de un acto de homenaje en Bera a los fusilados de y en esa localidad nos ha inspirado esta entrada. Como ya apuntamos en la entrada inmediatamente anterior, la cantera de Bera fue el lugar de Navarra donde se produjeron más fusilamientos, debiendo de constituir un lugar de la memoria fundamental de la represión franquista durante la guerra civil en Navarra. Por otra parte, como quiera que los fusilados allí fueron traídos de cárceles y de centros de detención ubicados en Guipúzcoa, queremos profundizar en dos aspectos apuntados al final de aquella entrada: el de la participación física de navarros en dichas sacas de guipuzcoanos o de residentes en Guipúzcoa desde los centros de detención donostiarras y el de la existencia de un discurso intelectual desde la prensa navarra de legitimación y de aliento a aquélla. 

Con posterioridad a la toma de San Sebastián el día 13 de septiembre y durante ese mes y los dos meses siguientes se producirían las cifras más altas de asesinatos por parte de los ocupantes franquistas. Si entre julio y septiembre los franquistas asesinaron en Guipúzcoa a unas 150 personas, muchas de ellas tras la entrada en Beasain, Oyarzun y Tolosa, en octubre fueron fusilados otras 150 y en noviembre unas 90 personas. De 25 fusilados en diciembre se pasó a una decena de fusilados al mes en los meses siguientes, con oscilaciones al alza en algunos de ellos, pero sin superarse nunca la treintena de asesinados mensuales. 

La participación navarra en las labores de depuración está acreditada desde el inicio. Dos días después de la conquista de la capital guipuzcoana, Diario de Navarra informaba el 15 de septiembre de 1936, en la página 7, que “Ayer tarde salieron para San Sebastián los guardias de Seguridad de Pamplona para prestar allí sus servicios mientras se depuran las responsabilidades de los que estaban en la capital de Guipúzcoa”. Por otra parte, el 16 de septiembre, en la página 1 de Arriba España aparece una foto sumamente elocuente en la que el jefe territorial de la Falange en Navarra José Moreno [alias Pepe Perla] y el camarada Gregorio Apesteguía jefe territorial de las Milicias presenciaban el desfile de las tropas en San Sebastián. De ambos se ha mencionado su pertenencia a la Escuadra del Águila de Pamplona, de la que ya hablamos en una entrada anterior referida a uno de sus líderes, Galo Egües Cenoz. 

También disponemos de informaciones de la presencia de navarros como guardianes de los centros de detención existentes. Además de las diversas prisiones oficiales existentes, entre las que destacaba la cárcel de Ondarreta, falangistas y carlistas tenían sus propios centros de detención: existía una checa falangista en el Café Opera en el Boulevard y había una prisión carlista en la calle Fuenterrabía. 

Acerca de la mencionada checa falangista disponemos del testimonio del doctor Manuel Gabarain, autor del libro Así Asesina Falange. Una celda de condenados a muerte en un cuartelillo de Falange Española de San Sebastián, del que existen dos ediciones, ambas de 1938, una de Paris y otra de Buenos Aires. Gabarain habría estado preso entre el 1 y el 12 de octubre. Aunque primero pensaron en llevarlo “a la prisión del cuartel general de la Falange sito en el edificio del Círculo Easonense”, finalmente los falangistas le condujeron a “un cuartelillo de barrio”, establecido “en el local del que fue Café de la Ópera y antes Camisería de Olave en pleno boulevard. Era una especie de oficina privada que los falangistas de San Sebastián habían montado para el servicio de sus particulares venganzas”. Gabarain habla de los falangistas como de “cobardes en el frente” y “concienzudos asesinos en la retaguardia” que “desde el primer momento montaron en todas las ciudades estos cuartelillos, verdaderas agencias de asesinatos, instrumento perfecto para el ejercicio del terror sistemáticamente decretado desde arriba”. Califica al falangista como “el asesino cobarde de la retaguardia, el infra-policía, el degenerado capaz de elevar a la categoría de valores morales los más bajos instintos humanos”. Los diez compañeros de celda de Gabarain fueron “bestialmente flagelados” por “un tal Manterola, industrial electricista, cojo, hombre de gran crueldad que tenía siempre al alcance de la mano un vergajo y en cuanto un detenido no contestaba le sacudía un vergajazo en la cara o donde buenamente diese”. Según Gabarain, casi todos los guardianes “mostraban una maldad estúpida”, castigando a los prisioneros sin comer y como éstos estaban “en una bodega húmeda y llena de rendijas, resultaba un verdadero tormento el dormir en el suelo”. El detenido se refiere asimismo a las requisas generalizadas que “eran verdaderos robos a mano armada” ya que “los falangistas entraban en las casas y se llevaban lo que querían por el terror sin que hubiese que soñar en indemnizaciones”. De las diez personas que estaban en la celda, sólo tres se salvaron de ser asesinados, Gabarain inclusive, éste último tras hacerse pasar por loco de forma convincente. 

Pues bien, Gabarain asegura que los centinelas de la checa de la falange “eran, por lo general navarros de la Rivera que, como es sabido, suelen ser gente belicosa, muy dada a discutir y siempre presta a tirar navaja. Más de la mitad debían ser de Mendavia”. En la valoración que el médico donostiarra hace de los riberos se observan ecos de Baroja, quien repetidamente a lo largo de toda su vida no dejó de describir de forma muy crítica a las personas del sur de Navarra. Se puede intuir que Gabarain sería un ferviente barojiano a tenor de la identificación que hace de sí mismo como “un auténtico liberal, un verdadero <<chapelaundi>>”, empleando semántica acuñada por aquel escritor. 

Por otra parte, hemos encontrado rastros de la presencia de navarros concretos en labores de vigilancia al servicio de los requetés o de los falangistas en las sedes y oficinas que una y otra milicia tenían en San Sebastián. Mientras las sedes principales de FE se encontraban en las oficinas del Círculo Easonense en el número 1 de la Alameda del Boulevard y en el convento de San Bartolomé, el Cuartel General carlista se instaló en el Casino Kursaal y poseía oficinas en otros lugares de la ciudad. En nuestras investigaciones hemos encontrado testimonios como el de un cascantino falangista que, tras actuar “en el cuartel de la Guardia Civil” de su ciudad natal, “pasó a incorporarse al Cuartel de falange de San Bartolomé de San Sebastián, sirviendo en la ronda secreta”. También un larragués falangista “tomó parte en las operaciones del frente de Guipúzcoa, hasta Beasain; de guarnición en el fuerte de San Cristobal (Pamplona) y en el Cuartel de Falange de San Bartolomé, de San Sebastián”. Asimismo, un requeté de Los Arcos, el 15 de septiembre de 1936 se incorporó al cuartel de requetes de San Sebastián “donde prestó servicios de guardia y vigilancia” hasta febrero de 1938. 

En cuanto a la participación de navarros en labores ejecutoras, contamos con un valioso testimonio: el de José de Arteche en El Abrazo de los Muertos, obra autobiográfica publicada en la que el autor, nacionalista que tuvo que enrolarse en un tercio carlista en noviembre de 1936, narró sus peripecias personales en la guerra civil. Arteche habla un requeté de la Ribera que identifica como Ch... y que le habría contado que en el primer día de la sublevación mató “en connivencia con un cabo de la Guardia Civil” “personalmente a un rojo en quien quería vengar un agravio personal” y que “luego estuvo en el frente de Oyarzun, y tomado San Sebastián, perteneció a la escuadra negra como él dice”. El mencionado Ch... contó a Arteche “bastantes detalles de los fusilamientos“ que tuvieron lugar entonces, en septiembre y octubre de 1936: “El despojo por los del piquete de cuantos objetos valiosos tuviesen los condenados, tan pronto éstos trasponían las puertas de la prisión. La confesión de los sentenciados, de pie, ya junto al paredón, vigilados hasta en aquel momento por uno del piquete arma al brazo. El borbollear producido por el escape del pulmón atravesado, en los fusilados que aún respiraban. La larga hilera que cae derrumbada, excepto uno en el extremo de ella porque el piquete a pesar de su número no alcanzaba para todos, y las palabras irremisibles al desgraciado que, viéndose él solo de pie al lado de los compañeros caídos, alumbró quizá en un momento, un fulgor de esperanza: -Ahora te toca a ti-. El hombre obligado a alumbrar con un farol la silueta de los condenados que los piquetes poco numerosos determinaban matar uno a uno para ahorrarse la labor de los tiros de gracia”. Arteche dedujo por los detalles que le ofreció un día el mencionado Ch... que éste había participado en el fusilamiento de un amigo sacerdote de aquél. Antes de la caída de Bilbao, Ch... comunicó a Arteche que tras la toma él se apuntaría “otra vez en la escuadra negra” y “si hay que fusilar dos mil, pues se fusilan dos mil. Los que sean”. 

Por cierto, al hilo de la mención que Arteche hace de una escuadra negra, hay que recordar que durante la segunda semana de septiembre habría estado en San Sebastián la Escuadra Negra de la Falange de Tudela, constituída por seis tudelanos, de la que ya hablamos en otra entrada anterior, y que según un reportaje publicado en la página 8 del Diario de Navarra de 16 de octubre de 1936 eran los escoltas personales del general Sagardía. La columna de dicho general no partió de la capital donostiarra hasta el 1 de octubre y no llegó al norte de Burgos, donde aquellos tudelanos fueron entrevistados, hasta diez días más tarde. Los miembros de dicha escuadra tudelana, según dicho reportaje, “desde las primeras horas del movimiento libertador de España, se pudieron al lado de quienes defendían a la Patria en peligro; y con una diligencia digna de ejemplo fueron -en su misma ciudad- limpiando de elementos peligrosos el camino del triunfo". "Luego ampliaron su radio de acción a los otros pueblos de la Ribera y de Rioja y por último, enrolados en las formaciones que iban a luchar contra los marxistas y nacionalistas guipuzcoanos" se dice que "entraron los primeros en Tolosa (es decir, el 11 de agosto), tomaron al asalto al Buruntza (es decir, hacia el 28 de agosto), llegaron en cabeza a Guadalupe y a Irún (es decir, el 4 de septiembre)", siendo sus hazañas la causa de que Sagardía les hubiera "designado para formar su guardia personal". Con semejante trayectoria resulta verosímil pensar en que habrían estado involucrados en labores de limpieza en las localidades guipuzcoanas conquistadas a lo largo de esos meses, toda vez que esa presunción queda avalada por los comentarios del requeté citado por Arteche. 

Por supuesto, también habría que hablar de ejecutores autóctonos guipuzcoanos, y de otras partes del Estado (entre ellos, el aristócrata, escritor, actor y bon vivant José Luis de Villalonga) como los que citan los autores del volumen colectivo El otoño de 1936 en Guipúzcoa. Los fusilamientos de Hernani (Irún, Alberdania, 2007). 

Aparte de todo lo anterior, también hay que referirse a los artículos publicados en la prensa navarra que animaban a la puesta en práctica de acciones depuradoras en los territorios guipuzcoanos recién conquistados. 

En Diario de Navarra del sábado 1 de agosto de 1936 Eladio Esparza, subdirector de dicho periódico y uno de los ideólogos de la sublevación y hombres fuertes de la nueva situación, elaboraba el siguiente relato en relación con los combates que los navarros estaban protagonizando en Guipúzcoa junto con los militares sublevados: “Los navarros no han ido a conquistar Guipúzcoa; no es esto una guerra civil ni una guerra de conquista. Esto es una lucha contra un plan infernal de exterminio que estaba en vías de ejecución, bien pertrechado y organizado terriblemente. Esto es una guerra de salvación contra unos forajidos que estaban dispuestos a la más cruel matanza y al terror más espantoso. Y si Navarra ha invadido la tierra de Guipúzcoa –solar de San Ignacio-, ha sido para repeler una de las alas más siniestras de ese terror que estaba incubado en aquellos valles que lindan con los nuestros. ¡No nos íbamos a dejar cazar como unas ratas!. Y ésta es la razón de que nuestros voluntarios estén combatiendo en Guipúzcoa, razón de cristiandad, razón de civilización, razón de vida!”. Y seguidamente se lamentaba de la incomprensión de los nacionalistas ante la actitud del voluntariado franquista navarro: “Y no se ha levantado en Guipúzcoa una voz que clame, ni siquiera aquellas voces que clamaron a favor del estatuto cien veces maldito! No se ha levantado más que la voz de la metralla y de la furia contra la sangre de nuestros muchachos!”. Todo ello le valía para pedir que la Diputación dejara de subvencionar a la Sociedad de Estudios Vascos por su silencio cómplice ante la muerte de navarros en el frente y por “encubridora del separatismo”. 

A la semana siguiente, el día 8 de agosto, el mismo comentarista volvería a incidir en los mismos argumentos tanto en Arriba España como en Diario de Navarra: “Y cuando Navarra vió que de Guipúzcoa (…) llegaban los forajidos por Endarlaza hasta Vera, llevando al viento como primera bandera la bandera nacionalista –porque esto es verdad- entonces fue Navarra a Guipùzcoa como fue a Zaragoza, como fue a Huesca y Jaca como fue a Somosierra, porque Navarra no tiene límites ni tiene número como no lo tienen los cruzados ni los héroes ni los mártires; fue a Guipúzcoa donde el forajido le atormenta cuando puede y el que no es forajido lo desampara [sic] cuando puede!”. “He ahí lo que Navarra ha encontrado en Guipúzcoa: soledad para su corazón y metralla para su carne”. 

El 15 de septiembre Arriba España publicaba una poesía de Nicolás Irurzun titulada “En la yacija del amor. Gozo en la ciudad del mar” con versos que aúnan violencia y machismo, y pueden leerse de forma ciertamente chirriante, al referirse a la conquistada Guipúzcoa y a los conquistadores navarros: “Porque fuiste pequeña, hermosa y fuerte, como mujer difícil, ¡oh Guipúzcoa! agradaste al pueblo navarro/ Le repudiaste. Pero él te conocía y no te olvidaba en su amor/ Se lanzó sobre ti y te impuso por la fuerza su coyunda cariñosa/ El gozo del Mar, de las Lanzas y del Imperio que brota en tu horizonte brilló a sus ojos/ Alegría de sol y de fuerza en tu frente conquistada/ Eras nuestra. Al vibrar de los clarines, preludio de la España nueva celebraremos contigo el día feliz de nuestra boda/ (…) Esfuerzo de héroe fue el esfuerzo de quien rompió tus vínculos de amancebamiento con el deshonor. Pero poco esfuerzo para quien está acostumbrado a quebrar más gruesas cadenas/ (…) Y cuando la España Grande te señale y aplauda como una de sus hijas predilectas, tú trasladarás ese aplauso, ¡oh Guipúzcoa! a tu esposo el pueblo navarro que fue tu vencedor, tu maestro y tu mejor amante”. 

Al día siguiente Eladio Esparza en artículo publicado en Diario de Navarra con el título “Del frente guipuzcoano” advertía en contra de actitudes clementes. Decía: “El ambiente callejero de San Sebastián me agrada mucho. Lo creo espontáneo, satisfecho, nuestro! Se vitorea a Navarra con entusiasmo, con alegría, con satisfacción. Pero en otras esferas encuentro muchos reservones. Posible es que los dedos se me antojen huéspedes, pero también es posible que a muchos donostiarras se les antoje que aquí no ha pasado nada. ¡Y aquí ha pasado mucho cadáver!”. En el mismo número de Diario de Navarra, junto a una relación de los muertos identificados enterrados en el cementerio de Polloe desde el 19 de julio de 1936, según copia sacada de los registros del cementerio, se decía: “Como verán nuestros lectores por la precedente fúnebre lista, figuran en ella no pocos navarros y otros que sin serlo estaban vinculados a Navara por lazos de parentesco y afecto. Los hay militares y paisanos, hombres dignos, caballerosos y honrados cuyo infame sacrificio pesará sobre [sic] una losa sobre las conciencias de los que llamándose católicos no los han evitado”. Un comentario que apelaba a la venganza y al ojo por ojo. 

En la misma línea, el periódico falangista Arriba España el 27 de septiembre Álvaro Cruzat abogaba por la mano dura contra los guipuzcoanos en un artículo titulado “Buscando la impunidad”. En él se dice: “Lo que verdaderamente clama al cielo, es que en esa provincia [habla de Guipúzcoa] en que tan a las claras se ha demostrado su desafecto a España; en donde han sido fusilados unos centenares de hombres cuyo delito era amar a su patria; en donde se ha destruído y saqueado cuanto se ha tenido por conveniente; llegado el momento de hacer una ejemplar justicia, <<cosa que en otras provincias donde no ha habido esos excesos ya se ha hecho>>, estamos viendo, con verdadera sorpresa, cómo en San Sebastián y su provincia se les está concediendo un trato de excesiva contemplación”. 

Y es que, además de la represión desatada por quienes apoyaron la sublevación contra los afiliados y simpatizantes de otras formaciones en la propia Navarra, existe otra dimensión de la actuación de los primeros que no suele ser excesivamente tenida en cuenta por la opinión pública navarra: las acciones de castigo y represalía emprendidas contra los adversarios político-ideológicos fuera de Navarra. Aunque por diferentes motivos, entre ellos el interés de los diferentes sectores del nacionalismo vasco por no remover el tema para no herir susceptibilidades en Navarra, sobre esa cuestión se ha corrido un velo más que tupido, de cualquier forma, conviene recordar que desde el primer momento la entrada en Guipúzcoa de las tropas regulares y de los voluntarios navarros estuvo acompañada de una elevada agresividad. La toma de Beasain el 28 de julio por las tropas del teniente coronel Cayuela y por requetés se saldó con el fusilamiento ese mismo día de 37 personas, entre ellas 7 guardias civiles y varias personas de derechas que habían intentado interceder, saqueándose previamente, con el permiso de la oficialidad, las viviendas abandonadas pertenecientes a personas afines a la República. Tras la toma de la loma de Pikoketa cerca de Erlaitz el 11 de agosto 40 milicianos de ambos sexos serían fusilados, previa violación y corte de pechos de las milicianas. Los fusilamientos de personas guipuzcoanas o residentes en Guipúzcoa del verano y otoño de 1936, dada la elevada presencia de navarros en el frente, indicarían por lo tanto, que la violencia registrada dentro de Navarra también fue llevada fuera de nuestro territorio, exactamente con los mismos tintes desaforados e inmisericordes.