ALBERTO OFICIALDEGUI NÚÑEZ, FOTÓGRAFO AFICIONADO Y CONFESOR Y RECEPTOR DE ÚLTIMAS VOLUNTADES.

Desde el mes de junio ha podido contemplarse en el Archivo de Navarra una selección de fotografías de comienzos del siglo XX de Alberto Oficialdegui Núñez, fotógrafo aficionado y sacerdote de Unzué e Ibero. Las instantáneas recogen temas habituales en su producción como paisajes navarros, medios de transporte, escuelas rurales y retratos individuales y colectivos. 

Alberto Oficialdegui Núñez nació en Artajona en 1872. Tras recibir las órdenes sacerdotales ejerció su apostolado en diversas parroquias navarras. Entre 1897 y 1900 fue ecónomo de la parroquia de Ostiz; entre 1900 y 1901 de las de Arzoz y Viguria; de 1901 a 1920 fue párroco de Unzué; y finalmente de Ibero desde 1920 hasta su fallecimiento en 1941.

Además de por su afición a la fotografía Alberto Oficialdegui tiene su lugar en la historia como confesor de izquierdistas y nacionalistas en sus últimos momentos antes de ser fusilados. En su archivo parroquial optó por la máxima reserva al hablar de las ejecuciones sumarias de las que habría sido testigo, limitándose a incluir en el libro de defunciones una “Nota curiosa” que decía que en 1937 “fueron fusiladas en el término y punto de las Tres Cruces en distintos días treinta y cinco personas … y allí mismo fueron sepultadas, al parecer por sus ideas izquierdistas y por las autoridades militares que los consideraron como dignos de muerte” (Ángel García-Sanz Marcotegui, Los “obreros conscientes” navarros. Gregorio Angulo (1869-1937), Pamplona, Fundación Juan Jose Gorricho/UGT, 1999, p. 289). Como es obvio, al igual que otros sacerdotes que llevaron a cabo cometidos similares, podía haberse preocupado por suministrar más informaciones de cara a la localización de fosas comunes para que los deudos de los asesinados pudieran exhumar sus restos y darles cristiana sepultura. Algo que, más de ochenta años después, sigue siendo imposible para muchas familias. La última ocasión en la que eso se ha tristemente corroborrado ha sido hace dos semanas en una fosa de Zizur que, por lo visto, habría sido destrozada, como muchas otras, en los años setenta.

Con todo, a pesar de las terminantes órdenes en contra hay testimonios de que remitió cartas a familiares de algunos a los que asistió.

Así, tal y como documentó Juan de Iturralde (El catolicismo y la Cruzada de Franco. Su carácter inicial, Ligugé (Vienne), Editorial Egui Indarra, 1966, pp. 180-181) la esposa del nacionalista Eladio Cilveti recibió una carta de Oficialdegui sobre la muerte de aquel fechada en 19 de enero de 1937. La carta dice que el 16 de enero unos militares le llevaron a Cilveti a su confesionario para que se confesara con él:

«Estaba el pobre agitadísimo y protestaba de que sin formación de causa y sólo por ser nacionalista se le quitara la vida. Me rogó hiciera yo lo que pudiera para libertarlo. Me dio una pena grandísima, pero son casos en que no se puede hacer nada».

Cilveti le dio las señas de su domicilio para que le diera personalmente a la mujer noticias de la confesión y de la muerte, viajando para ello a Pamplona, y para que le entregara el anillo y el dinero que tenía. Los guardias no consintieron la entrega ni del anillo ni del dinero. También le pidió que le dijera a la mujer «que si mucho la he querido siempre, ahora la quiero más que nunca». También le encargó que quería que su cadáver «fuera llevado a Pamplona, trasladando los restos de su sepultura provisional». Oficialdegui añadía que aunque no sabía dónde lo habían fusilado, un feligrés le dijo que estaba sepultado en Elío y que ya le proporcionaría más detalles cuando le visitara en su domicilio. Por último, añadía también una coletilla ciertamente expresiva del silenciamiento impuesto en relación con la información a proporcionar por parte de los curas sobre los asesinatos:

«Le mando aparte mi dirección porque se ignore por ahora, ya que nos está prohibido por ahora escribir a las familias de los fusilados, pues quieren llevar estos actos con todo secreto. Pero como los encargos hechos a la hora de la muerte son tan sagrados, por eso los cumplo». 

Eladio Cilveti está de actualidad porque recientemente el ayuntamiento de Pamplona ha decidido dar su nombre a una calle adyacente al estadio de El Sadar por haber sido aquel uno de los fundadores del Club Atlético Osasuna.

También la hija de Gregorio Angulo, el Pablo Iglesias navarro, recibió una carta del citado párroco de Ibero. Angulo fue asesinado el 2 de junio de 1937 en Ibero, siendo enterrado en el término de las Tres Cruces de dicha localidad. Sus restos serían identificados en noviembre de 2016 en una exhumación llevada a cabo por la Sociedad Aranzadi, junto con los de otras seis personas, entre ellos los de José Roa García. 

Alberto Oficialdegui remitiría una carta a Concepción Angulo, hija de aquel que decía lo siguiente:

“Muy Señora mía:

Aunque un poco tarde voy a cumplir con un encargo que me dio su querido padre.

El día 2 del corriente, a la noche, cuando ya salíamos del rosario de la parroquia, me trajeron a la iglesia de Ibero para que yo lo confesara a un señor de edad, que después resultó que era Gregorio Angulo.

Puedo asegurarle a usted que postrado de rodillas ante el confesonario, con una serenidad admirable, impropia de las circunstancias en que se encontraba, hizo su confesión y besó con fervor repetidas veces el crucifijo que para esos casos me sirvo yo.

Después de confesado me pidió como favor que yo hiciera saber a usted cómo se había confesado y cómo iba a morir fusilado. 

No le he escrito a usted antes, porque tanto a los que intervienen en el fusilamiento como a nosotros nos prohíben comunicarnos con las familias de los muertos; por ese escrúpulo, he dejado pasar tantos días de cumplir el encargo de su querido padre; pero como es algo sagrado el encargo que un penitente hace a la hora de su muerte, por eso quiero cumplir sin dejarlo para más tarde.

Sírvale a usted como lenitivo a su dolor que ha muerto cristianamente.

Primeramente lo llevaron a confesar a Echauri, pensando enterrarlo en el cementerio de ese pueblo; pero como el párroco de Echauri no se encontraba lo trajeron a Ibero, donde se confesó, murió y fue sepultado.

Acompaño a usted en el dolor profundo que no hay duda sentirá por haber muerto su querido padre de un modo tan desdichado y creáme que desde aquel día le encomiendo en mis pobres oraciones.

Esa dirección que pongo en el sobre es la que me dio su padre si mal no recuerdo.

Aprovecho la ocasión para ofrecerme a Usted” (Ángel García-Sanz Marcotegui, Los “obreros conscientes” navarros. Gregorio Angulo (1869-1937), Pamplona, Fundación Juan Jose Gorricho/UGT, 1999, pp. 289-290). 

A pesar de que el ejemplo reseñado es suficientemente ilustrativo como para pensar que quizás en los archivos parroquiales no haya nada que permita la localización de fosas comunes, quizás no estaría de más que las autoridades pertinentes ordenaran una búsqueda exhaustiva en esos fondos documentales, así como en los del Obispado, de cara a la localización de información al respecto. 

Estas últimas afirmaciones nuestras tiene base documental. Recordemos que en una carta remitida por el nacionalista Manuel de Irujo al republicano de izquierdas David Jaime Deán, residente en Cambó, el 27 de septiembre de 1946, y que acompañaba a un listado de los fusilados en Navarra que publicamos como Anexo en Sin Piedad, aquel escribía 

“Amigo Jaime:

Le incluyo a Vd. la relación nominal de fusilados de Nabarra. Conviene que por los medios que la Comisión Permanente del Consejo de Nabarra tenga en su mano, esta relación se complete rectificándola cuanto sea preciso. Me aseguran que la única persona que cuenta con una lista completa de fusilados es el Obispo. La ha confeccionado con los datos que le dieron los Párrocos y la guarda en su caja fuerte. Una de las primeras labores de cualquier organismo internacional que se precie de responsable es la de averiguar la verdad. Se ha asegurado que en Nabarra se mataron 15.000 hombres. La cifra parece exagerada. La estimación que hoy tengo, por los datos que le incluyo en la adjunta lista y por otros que he ido recogiendo, permiten reducir la cifra a unos 3.000. Si nosotros llegásemos a adquirir la certeza de esta segunda impresión, tenemos el deber de darla a conocer. Yo tendría mucha satisfacción si esto lo hiciera el propio Consejo de Nabarra. Y a este respecto no he de ocultar a Vd. que como navarro celebraría mucho que no fueran 15.000, sino 3.000 los asesinados, y ya son bastantes”. 

Asimismo, en otra carta que Irujo envió a Jaime el 4 de octubre del mismo año de 1946 aquél mencionaba: “Estoy conforme con las apreciaciones de Vd. en relación con la lista de fusilados; lo que trato de hacer es rectificarla y completarla todo lo posible. Creo haberle dicho que quien tiene la lista es el Señor Obispo de Pamplona. Trato de sacársela; veremos si logro lo que me propongo. Estimo que este asunto merece la pena de que Vds. yo y todos hagamos lo posible por conocer la verdad. Tenemos el deber de llegar a la máxima exactitud posible, para los fines que Vd. mismo dice en su carta”.

De las informaciones que se recogen en esas dos cartas se desprenden varios extremos a remarcar. En primer lugar, la relación de fusilados de 1946 de la que estamos hablando fue elaborada por los servicios de información del PNV y su finalidad era para ser remitida a organismos internacionales cuando el listado se completara mediante la incorporación de informaciones procedentes de otros agentes, el principal de ellos, el Consejo de Navarra. En segundo lugar, Irujo era conocedor del carácter incompleto de las cifras de asesinados que suministraba dicha relación, avanzando, tras sumar a aquéllas las obtenidas por sus propias fuentes, una estimación del número real de fusilados en torno a los 3.000. En tercer lugar, Irujo aseguraba que el obispo de Pamplona (seguramente Marcelino Olaechea, aún cuando ya había sido nombrado obispo de Valencia el 17 de febrero de 1946) disponía, a buen recaudo, de una relación de fusilados elaborada con las informaciones que le habían suministrado los párrocos. Es posible que, al menos parcialmente, algunos párrocos filtraran las informaciones suministradas a su superior también a los servicios de información de los nacionalistas vascos o que éstos consiguieran hacerse con parte de los informes facilitados por aquéllos. En cuarto lugar, parece ser que hubo peticiones de acceso a las informaciones relativas al censo de fusilados en manos del obispo por parte del PNV que, por lo visto, no habrían fructificado.

Tantísimos años después no sería un demérito de las autoridades episcopales referirse al tema planteado.

ASESINATOS POLÍTICOS EN GAZTELU Y EN EL PAÍS DEL BIDASOA.

Repetidas veces me he referido a las deficiencias de la gestión de la memoria de la limpieza política desarrollada en Navarra por el bando golpista. He insistido en la ausencia de un relato íntegro de lo sucedido que, por un lado, pondere adecuadamente sus dimensiones y aspectos formales y que, por otro, vaya más allá de las víctimas, abarcando también a los victimarios. 

Esas deficiencias también son predicables a la gestión de la memoria de los bárbaros asesinatos de Juana Josefa Goñi Sagardía y de sus seis hijos en Gaztelu a finales de agosto de 1936 tras haber sido expulsados del lugar quince días antes por la mayoría de los vecinos. Unos asesinatos ciertamente icónicos tras recuperarse finalmente sus restos por un equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi en octubre de 2016 en la sima de Legarrea a donde los cadáveres fueron arrojados, y evidenciarse así la verosimilitud de los rumores difundidos desde el mismo momento de los hechos.

El signo más evidente de lo que estamos diciendo es el hecho de la ausencia de Juana Josefa Goñi y de sus hijos en el listado oficial de víctimas de la limpieza política registrada en Navarra, cuando estaban presentes en los listados no oficiales anteriores. A fecha de finales de agosto de 2017 siguen sin figurar en la Base de Datos del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra, elaborado por investigadores del Departamento de Geografía e Historia de la UPNA. Con lo que están excluídas del status de víctimas de la brutal limpieza política impulsada por requetés, falangistas y autoridades militares en 1936-1937 y que se llevó por delante en nuestra tierra a más de tres millares de simpatizantes de fuerzas opuestas a ellos, esencialmente izquierdistas.

En mi reciente libro Muertes oscuras. Contrabandistas, Redes de Evasión y Asesinatos Políticos en el País del Bidasoa 1936 he aportado suficientes informaciones que inducen a pensar que los asesinatos de Gaztelu fueron de raíz ideológico-política, pudiendo insertarse en la cadena de asesinatos políticos, y de otros acontecimientos de naturaleza represiva, que tuvieron lugar en la zona aquellos mismos meses, así como meses después. En él me he esforzado por complementar, a partir de una información exhaustiva en archivos de todo tipo, las pobres y sesgadas informaciones que sobre el crimen de Gaztelu proporciona el respectivo sumario, incoado a partir de agosto de 1937 y que se prolongó durante nueve años. Aunque constituye la única causa abierta en Navarra en relación con personas desaparecidas durante aquellos años, el sumario se ciñó al hecho de la expulsión y nunca investigó el hecho de los asesinatos, siendo procesados la mayoría de los vecinos por el delito de coacciones. Al igual que sucede con todos los procedimientos judiciales civiles o militares vistos en aquel libro, ese sumario debe ser contemplado con precaución dado que los relatos de los testigos o inculpados presentes en él, así como la actitud de los jueces y abogados, están afectados por sesgos ligados al afán de encubrimiento y a las dobles intenciones. 

En mi libro me he preocupado asimismo por profundizar en los episodios represivos vividos en la comarca durante aquellos meses, y en todo el periodo hasta el final de la guerra e incluso después, por los que fueron castigados los escasísimos ugetistas y republicanos de la misma, así como también, aunque en menor medida, los nacionalistas, estos últimos mucho más abundantes. En mi repaso se comprueba bien a las claras la responsabilidad de los denunciadores carlistas de la comarca, los únicos en ella. No dejan de estudiarse en él las peculiaridades del país del Bidasoa: los contrabandistas, al apoyar redes de paso de armas, documentos, billetes estampillados y de evasión de izquierdistas y nacionalistas, conformaron una realidad sumamente compleja que afectó a varios casos, también al de Gaztelu, haciendo que los sumarios incoados solamente contemplaran los bordes de aquella. 

El mismo asunto de Gaztelu no sería ajeno a esas tramas del contrabando. El mismo Pedro Sagardía Agesta, esposo y padre de los asesinados, sería tildado de “espía” en varias ocasiones a lo largo del sumario, lo que debe ser interpretado en el sentido de que no era un desafecto pasivo, sino un izquierdista activo en labores en contra del bando golpista. Eso no es nada sorprendente sino que se relaciona con los vínculos familiares de aquel: Ramón Zozaya, el marido de Petra Goñi, la hermana de la mujer de Pedro Sagardía, era concejal ugetista en Doneztebe/Santesteban desde abril de 1933. Estuvo encarcelado durante siete meses, del 25 de julio de 1936 a enero de 1937, en el depósito municipal del pueblo junto con otros cinco izquierdistas, y se salvó de milagro de una saca colectiva. Por otra parte, el abogado de la acusación que tratará de llevar la investigación de forma realmente inquisitiva estaba relacionado estrechamente con personalidades importantes del contrabando de la comarca que fueron objeto de sumarios militares y de cárcel por contrabando de billetes estampillados y por redes de evasión tras haber sido denunciadas con toda seguridad por los requetés de la zona. En esas redes participaron personas del mismo Gaztelu y de los pueblos cercanos. Una persona, María Maz Alberro, cuyo padre y hermano serían encarcelados en la Prisión de Pamplona el 24 de julio de 1936 por conducir a Francia a izquierdistas, sería juzgada año y medio más tarde por el mismo motivo: en el sumario los informes se refieren a ella en parecidos términos con los que se acusó a Juana Josefa, relativos a su conducta inmoral y a su afición al robo en huertas. 

Tal y como dice Kalyvas, el máximo experto en la violencia política en la retaguardia de las guerras civiles, en asuntos como el referido el investigador no puede limitarse a las informaciones del sumario sin profundizar en sus limitaciones ni en las razones de estas y sin complementarlas con todos los datos relativos a la persecución de desafectos en el entorno y a la personalidad de los perseguidores y de los inductores. Semejantes crímenes no pueden ser interpretados solamente como resultado: hay que verlos como proceso. Menos todavía se pueden contemplar como resultado de una locura colectiva ya que entonces se les despoja, “de todo significado que vaya más allá de su finalidad”, se contemplan solamente los efectos y no las causas, sólo se constata condena en vez de explicación.

No cabe mejor homenaje a Juana Josefa Sagardía y a sus hijos que el reconocimiento de su status de asesinados políticos, status que nunca se les debería haber hurtado. Tampoco cabe mejor homenaje que su tratamiento conjunto con todos los asesinados políticos de la comarca (ugetistas, republicanos y abertzales) de acuerdo con una gestión integral de la memoria que contemple también a sus victimarios requetés, todo ello con una finalidad pedagógica para las generaciones actuales. Algo que sería deseable que, más de ochenta años después, los ayuntamientos de la zona y el Gobierno de Navarra acometieran de forma diligente.