A causa de diversas razones que ya hemos apuntado en nuestros libros, la gestión de la limpieza política registrada en Navarra en 1936-1937 tanto desde el plano institucional como desde los planos memorialístico e historiográfico se ha caracterizado en gran medida, y salvo algunas excepciones, por la extensión de la omertá, de la ley del silencio, en cuanto a las formas como se desarrolló y en cuanto a sus agentes.
De forma llamativa, esa omertá solamente se ha predicado en relación con los bárbaros asesinatos de Juana Josefa Goñi Sagardía y de sus seis hijos en Gaztelu a finales de agosto de 1936 tras haber sido expulsados del lugar quince días antes por la mayoría de los vecinos. Unos asesinatos ciertamente icónicos tras recuperarse finalmente sus restos por un equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi en octubre de 2016 en la sima de Legarrea a donde los cadáveres fueron arrojados, y evidenciarse así la verosimilitud de los rumores difundidos desde el mismo momento de los hechos. Desde siempre, pero sobre todo en las últimas décadas, ese crimen había ejemplificado la vigencia de un código de silencio en el seno de una comunidad pequeña, de un centenar de habitantes tan solo, hasta el punto de aparecer como el culmen del horror de la violencia en la retaguardia de la guerra en el interior de Navarra. En nuestro último libro (Muertes Oscuras. Contrabandistas, Redes de Evasión y Asesinatos Políticos en el País del Bidasoa 1936, publicado en 2017) aportamos suficientes informaciones sobre el trasfondo de dicha omertá en relación con dicho crimen. Siendo su raíz ideológico-política a causa de las relaciones familiares y sociales de Pedro Sagardía con los republicanos y ugetistas de la zona y pudiendo insertarse en la cadena de asesinatos políticos, y de otros acontecimientos de naturaleza represiva, que tuvieron lugar en la zona aquellos mismos meses, así como meses después, el aparente misterio del mismo tendría que ver con el afán de ocultamiento de sus responsables últimos en un escenario muy complejo en el que, por la existencia de redes de contrabando importante que alimentaban redes de evasión y de otros géneros, se entrecruzaban intereses variados. La investigación que durante años hice del mismo acredita que las informaciones del sumario que se incoó sobre el mismo, una fuente ciertamente amañada, debían de ser forzosamente complementadas por el repaso exhaustivo en archivos de todo tipo ya que los relatos de los testigos o inculpados presentes en él, así como la actitud de los jueces y abogados, están afectados por sesgos ligados al afán de encubrimiento y a las dobles intenciones. Tal y como dice Kalyvas, el máximo experto en la violencia política en la retaguardia de las guerras civiles, en asuntos como el referido el investigador no puede limitarse a las informaciones del sumario sin profundizar en sus limitaciones ni en las razones de estas y sin complementarlas con todos los datos relativos a la persecución de desafectos en el entorno y a la personalidad de los perseguidores y de los inductores. Semejantes crímenes no pueden ser interpretados solamente como resultado: hay que verlos como proceso. Menos todavía se pueden contemplar como resultado de una locura colectiva ya que entonces se les despoja “de todo significado que vaya más allá de su finalidad”, se contemplan solamente los efectos y no las causas, sólo se constata condena en vez de explicación.
No obstante, a pesar de los indicios acumulados en nuestra investigación, una nueva omertá se ha añadido a la tradicional en los últimos tiempos, sin que puedan vislumbrase adecuadamente las razones. A pesar de los muchos miles de euros gastados por el Gobierno de Navarra en su programa de exhumaciones en el rescate de los restos de Juana Josefa Goñi y de sus hijos, estos están ausentes en el listado oficial de víctimas de la limpieza política registrada en Navarra, cuando estaban presentes en los listados no oficiales anteriores. A fecha de principios de septiembre de 2018 siguen sin figurar en la Base de Datos del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra, elaborado por investigadores del Departamento de Geografía e Historia de la UPNA. Lo más curioso es que hace algunos años estaban ciertamente presentes en esa base de datos. Con lo que están excluídas del estatus de víctimas de la brutal limpieza política impulsada por requetés, falangistas y autoridades militares en 1936-1937 y que se llevó por delante en nuestra tierra a más de tres millares de simpatizantes de fuerzas opuestas a ellos, esencialmente izquierdistas.
En los últimos meses he recogido más pruebas en apoyo de mi lectura del asunto: la más contundente el homenaje que se le hizo a Tomás Alcaine en Lesaka en 1932 como ejemplo de militancia republicana en un pueblo pequeño de la Montaña y que recogió la prensa. El periódico republicano Democracia publicaba un reportaje el 7 de junio de 1932 sobre la inauguración de un centro republicano en Lesaka. Asistieron comisiones de Bera, Etxalar, “de Elizondo, de Santesteban, de Legasa” y también de Irún, Hondarribia, Lezo, Pasaia, Rentería y San Sebastián. Intervino entre otros Nicolás Guerendiain, el que sería alcalde de Irun durante la República y posteriormente fusilado en 1936, y Ramón Bengaray, cabeza de lista del Frente Popular Navarro en las elecciones de febrero de 1936 y también asesinado en agosto de aquel año. Se decía que “como detalle bien elocuente de que las ideas republicanas se van abriendo paso a marchas forzadas por la región montañesa, debemos consignar que de pueblo tan distante como Legasa (valle de Bertizarana) acudieron dos ancianos, los señores Segundo Leiva y Tomás Alcaine, septuagenarios ambos, pero con un entusiasmo y un fervor republicano, verdaderamente aleccionadores y confortadores”. Con anterioridad, el 24 de mayo de 1932 el mismo periódico publicaría otra prueba del ideario de Alcaine al figurar, donando una peseta, en la suscripción pro víctimas de los sucesos del 17 de abril de aquel año que, como se recordará, fueron resultado de las provocaciones de los jóvenes carlistas, saldándose con que se saldaron con la muerte por disparos de pistola de Saturnino Bandrés, de 22 años, afiliado al PSOE y a la UGT, empleado de El Secretariado Navarro; de Julián Velasco Arzabala, de 18 años y también ugetista; y de José Luis Pérez Lozano, jaimista, también de 18 años. Asimismo resultaron heridas graves otras personas como Andrés Munárriz, Eusebio Lazcano y Ezequiel Soto, este por una paliza porque le confundieron con el autor de los disparos. el asesinato de dos izquierdistas y de un jaimista. Junto con Alcaine, también aparecían en la lista un republicano radical socialista de Santesteban y un un republicano a secas de la misma localidad, ambos con tres pesetas. En otras listas de donantes constaban nombres de personas que también serían fusiladas en 1936.
El papel de Alcaine fue fundamental a la hora de la activación del sumario por el crimen de Gaztelu, el único sumario incoado por desapariciones sucedidas en aquellos años. En septiembre de 1937 Pedro Sagardía comunicó al Juzgado de Primera Instrucción de Pamplona que un amigo suyo, albañil y residente en Pamplona, llamado Mariano Rodríguez, le había dicho que el citado Alcaine le había dicho que la familia Sagardía «estaba echada el año pasado por gente de Gaztelu a la sima llamada de Legarrea, a la que la habían aproximado por medio de amenaza de fuego por detrás». Estas afirmaciones habrían sido repetidas ante Santiago Elizalde, dueño de una tienda en la calle Campana de Pamplona, y habrían sido corroboradas por el tal Elizalde ante el mismo Pedro Sagardía. También habían sido testigos de aquellas palabras otros vecinos de Legasa.
Rodriguez Zubiría y Alcaine refrendarían sus testimonios ante el juez. Alcaine señalaría que «se decía por el pueblo de Legasa que la mujer y los hijos habían sido arrojados a la sima de Legarrea a la que les habían llevado empujándoles con fuego». Otros vecinos de Legasa apuntarían en la misma dirección, así como la hermana del viudo, residente en Oitz.
Las aportaciones concertadas de Mariano Rodríguez Zubiría y de Tomás Alcaine iban más allá de la denuncia original realizada por Pedro Sagardía en agosto de 1937. Esta hablaba de la expulsión y de la desaparición de sus familiares, insinuando su asesinato. Aquellas se hacían eco del carácter generalizado de los rumores y ponían ya el foco en la sima a la que la mujer de aquel y sus hijos habrían sido arrojados, obviamente después de ser asesinados.
Tal y como comentamos en el libro Muertes Oscuras las declaraciones de Rodriguez Zubiría y de Alcaine estaban ligadas con su posicionamiento político. El de Alcaine ya ha quedado reseñado. En cuanto a Mariano Rodríguez Zubiría, nacido en la localidad de Eltzaburu en el valle de Ultzama, con 54 años en el padrón de Pamplona de 1940 y de profesión albañil, vivía efectivamente en 1937 en la capital, en el número 3 de la calle Eslava para mayor concreción. Pero su mujer era Guadalupe Vera Jaunarena, precisamente la hermana de la esposa de Miguel Taberna Crespo, uno de los principales republicanos doneztebarras, junto con su hermano Liborio, de cuyo compromiso político ya hablamos en el citado libro. Rodríguez Zubiría y su familia residieron ininterrumpidamente en Doneztebe hasta 1935. En las elecciones municipales de abril de 1933 Rodríguez Zubiría recibió cuatro votos, al igual que otros republicanos y ugetistas que no formaban parte de la candidatura izquierdista, por lo que se puede pensar que estaba alineado con ese sector ideológico del pueblo. Mariano Rodríguez, al igual que su mujer, eran perfectos conocedores desde el primer momento de los rumores en torno al destino de Juana Josefa Goñi y de sus hijos por cuanto su cuñado Miguel Taberna Crespo era el dueño de la casa en la que vivían en Gaztelu el matrimonio Sagardía-Goñi.
Según los libros de la Inclusa Tomás Alcaine nació el 20 de abril de 1856 en aquella institución y fue dado para criar a una nodriza de Saldías. Aparece residiendo en Legasa al menos desde el padrón de 1880, casado con la zubietarra Catalina Urriza Saldías, mudando de domicilio a lo largo del tiempo, tal y como era habitual entre los maisterrak o arrendatarios. De oficio tejedor, en 1935 residía en la casa situada en la calle Santa Catalina 34 junto con su esposa y sus cuatro hijos solteros y un nieto.
Hay motivos para pensar que Tomás Alcaine y Pedro Sagardia compartían la categoría antropológica de «xelebre», concepto acuñado por Julio Caro Baroja para aquellas personas del mundo rural vasco sostenedoras de posiciones heterodoxas respecto a temas como la religión, la política o la costumbre desde una perspectiva irónica, sujetos aficionados a cultivar la paradoja y a propagar ocurrencias y comentarios opuestos a la moral tradicional. Tomás Alcaine tuvo varios incidentes entre 1913 y 1916 con el alcalde de Legasa, Eusebio Babace Urrestarazu. En 1913 este le acusó, sin éxito, de la explosión de un cartucho de dinamita enfrente de su casa porque le había visto por las inmediaciones «en actitud poco tranquila» y «gritando Viva la bandera española» junto con otros dos, Francisco Antonio Mendiola y Antonio Hualde, y porque los tres habían sido multados hacía poco por infringir las ordenanzas o por blasfemar. En 1916 Alcaine había sido condenado a vivir desterrado a más de veinticinco kilómetros del pueblo durante varios meses en un proceso por injurias, en el que también había intervenido el bertsolari Txirrita con unos bertsos que se imprimieron y circularon por la zona y en el que el denunciante había sido el mismo Eusebio Babace, todavía alcalde de Legasa, tal y como ha señalado Mikel Taberna en un artículo reciente en la revista Bertsolari, indicando asimismo comentarios sobre el republicanismo de Alcaine. De forma llamativa, Tomás Alcaine iría a residir en Pamplona por efecto de aquella condena de 1916 justamente en el domicilio en el que más de dos décadas después entraría a vivir Pedro Sagardía. El domicilio radicado en Santo Andía 12, en el que se integraría Alcaine, estaba formado por Gregorio Prat Martínez (nacido en Cadreita, 56 años en 1917), su mujer Amelia Suescun Rodríguez (nacida en Larraga, 52 años) y sus hijos Rufino, Manuel y Alejandro Prat Suescun de diecisiete, seis y tres. Era el mismo (solo que con el cambio de nombre de la calle hecho en 1936-1937, que unía bajo el nombre de Recoletas, las calles de Santo Andía, Virgen de la O y Recoletas, y adecuado a la nueva numeración) que acogería a Pedro Sagardía y que, como se recordará, se componía del último de los hijos mencionados con su mujer, su madre, varios hijos y algunos huéspedes. De esa circunstancia se desprende la amistad previa de Alcaine con Sagardía, y también se infiere la existencia de pautas comunes entre ambos como el que compartieran elementos arquetípicos de aquel referido carácter de «xelebre», o como su querencia por el ámbito urbano pamplonés, y más en concreto de su parte vieja, a la hora de elegir ámbito de transterramiento.
Antes de concluir, creo necesario referir que Tomás Alcaine residía en la siguiente casa de la calle Santa Catalina en la que vivían los Miquelarena Inda, familiares del que suscribe estas líneas (aquel, como ha quedado dicho en el número 34, y estos últimos en el número 32). Estaban fuertemente ligados con la potentísima red de contrabandistas de Agustín Arrieta a través de Fernando Inda Irigoyen, hermano de la madre de los Miquelarena Inda y uno de los contados vecinos de Gaztelu que no participó en la expulsión de Juana Josefa Goñi y de sus hijos y que sería detenido en noviembre de 1936 junto con Timoteo Plaza, el principal responsable de la posteriormente conocida como red Alava y que, en rigor, había empezado a funcionar desde las semanas posteriores al golpe de estado. Por otra parte, pueden advertirse ecos de la actitud de Alcaine en las posturas de denuncia que una miembro de la citada familia, María Luz Miquelarena Inda, protagonizaría en contra de los agentes represores requetés del valle de Bertizarana, tanto en 1937 y 1938 como años más tarde, en 1952, y que le llevarían a pleitear en los tribunales pamploneses e incluso en el Tribunal Supremo, tal y como narramos en el libro mencionado. Los procesos referidos incoados a partir de denuncias de María Luz Miquelarena, y en los cuales contó con el apoyo de gente de mucho peso político en Bertizarana e involucrada en redes de contrabando importantes como el beratarra afincado en Narbarte Modesto Liquiniano, constituyen una excepción en el contexto de la época , tanto por las causas como por el contexto en el que se situaron.
Regresando a Tomás Alcaine, resulta humillante que los esfuerzos de aquellos republicanos y ugetistas de la Montaña cantábrica, numéricamente marginales, para esclarecer aquellos bárbaros asesinatos de Juana Josefa Goñi y de sus hijos (así como otros acaecidos en la zona), y que son una prueba de la probidad del comportamiento de aquellos, no se vean correspondidos por el reconocimiento de aquellos asesinados como víctimas de la violencia política en la base de datos correspondiente.
