MÁS QUE UNA TORMENTA EPISÓDICA

La última semana ha sido pródiga en informaciones relativas a los regímenes forales concertados de la CAV y de Navarra. En la última entrada de este blog volvimos a recoger las referencias a dichos regímenes presentes en la propuesta federalista andaluza dada a conocer hace ya unos meses y se informaba de las propuestas en torno a los mismos consignada en la propuesta federalista catalana publicada hace unas semanas. También nos hicimos eco de una primera reacción del Partido Socialista de Euskadi en el que esta formación afirmaba su receptividad a una revisión de la forma de estimación del Cupo de la CAV que incrementara la solidaridad con las Comunidades Autónomas del resto del Estado.

Con posterioridad, el pistoletazo de salida del torbellino de declaraciones en torno al Concierto y al Convenio lo dio el Consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, quien reclamó una mayor solidaridad financiera de los dos territorios forales con las demás Comunidades, suscitando automáticamente la crítica de UPN y del PP navarro. Ese mismo día los líderes del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Socialista de Navarra se percataban del peligro derivado de las informaciones de 7 de junio que comprometían a su partido en la búsqueda de soluciones que compatibilizaran el régimen concertado con una mayor solidaridad hacia las restantes CCAA y rechazaban que dicho régimen fuera insolidario, manifestando que ni el Concierto ni el Convenio estaban o estarían en riesgo.

Al día siguiente dos portavoces del socialismo andaluz recordaron la postura de su partido, recogida en la propuesta federalista del mismo a la que ya dedicamos una entrada en su momento en el mes de febrero. En su artículo publicado el 11 de junio en El País Gregorio Cámara y Carmen Calvo afirmaban que dicha propuesta abogaba por "Establecer un sistema de financiación cuyos elementos esenciales estén en la Constitución, basado en los principios de suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad, equidad y estabilidad; y que ponga remedio a las desigualdades que por su aplicación y metodología producen el sistema de concierto vasco y de convenio navarro, singularidades históricas de cuño confederal que son asumibles democráticamente en tanto que sean neutras y no generen privilegio alguno".

Pero las reacciones más intensas las suscitarían las declaraciones de Pere Navarro del día 13 en el que solicitaba la supresión del Concierto y del Convenio. Personalmente creemos que sus manifestaciones fueron producto de un lapsus conceptual de alcance por el que se habría hecho un lío entre el concepto de concierto/convenio y el de cupo/aportación ya que la propuesta federalista que hace pocas fechas ha presentado el PSC desde Catalunya no habla de la eliminación de los primeros sino de la corrección de los segundos. En dicha propuesta, al hablar de la reforma del sistema de financiación autonómica, en relación con aquéllos regímenes se habla de “corregir las disfuncionalidades resultantes de los sistemas de convenio y concierto” y se propone de “establecer expresamente la inclusión de una aportación a la solidaridad interterritorial como nueva carga del Estado en los sistemas de convenio y concierto y prever un sistema de garantía constitucional de una aproximación gradual de resultados respecto del sistema común”.

Aparte de la reacción de la prácticatotalidad de los partidos de la CAV y de Navarra en defensa del Concierto y del Convenio,  así como de la prensa, en muchos casos recordando a la Gamazada, el episodio que a finales del siglo XIX supuso la eclosión catártica de la foralidad y puso a ésta en el primer plano del discurso político en Navarra, lo más interesante de todos estos últimos días en relación con dicha cuestión hasido el decantamiento de la postura socialista del resto del Estado hacia el mantenimiento de dichos régimenes concertados, pero con la introducción estructural de mecanismos de revisión en las fórmulas de estimación del cupo por considerar las aportaciones actuales bajas e insolidarias. Así lo ha afirmado Óscar López, secretario de Organización y número tres del PSOE, así lo habrían expresado hasta cinco barones territoriales del partido (los de Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Asturias y Madrid) y así se habría acordado por parte de todos los sectores de la misma formación ya que hoy mismo El País filtraba que en el documento de propuesta federal de modelo territorial que está ultimando un equipo dirigido por Ramón Jaúregui para su aprobación el 6 de julio hay un párrafo que reza: “Las instituciones del concierto y el convenio del País Vasco y Navarra deben seguir manteniendo reconocimiento constitucional, sin perjuicio de perfeccionar algunas de sus deficiencias en su aplicación práctica”. 

Según se decía en la misma noticia, fuentes de la dirección federal explican que por “deficiencias” puede entenderse el hecho de que Euskadi y Navarra no aporten nada al fondo de solidaridad (sí participan del fondo de compensación, pero este es muy menor). “Es posible que se deba introducir en el cálculo del cupo algún mecanismo de equilibrio”, afirma un dirigente próximo al secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. En cualquier caso, la posición del PSOE sería, según el mencionado medio, esa: “Concierto, sí. Cupo, revisable”. Esa postura habría sido corroborada por la socialista catalana Carme Chacón que habría afirmado “Ningún territorio debe quedar excluido del principio de solidaridad. Las singularidades deben seguir ahí, pero el resultado debe ser todos ejerciendo la solidaridad”.

Dicha postura del PSOE a nivel global coincidiría con la defendida a finales de abril por Carlos Solchaga, exministro de Industria (1982-1985) y de Economía (1985-1993) con el Ejecutivo socialista de Felipe González y quien negoció el índice de imputación del Convenio navarro, para el que los porcentajes del cupo de los Conciertos Económicos del País Vasco y Navarra "están desfasados" y estas autonomías "deberían pagar más" al Estado. Partidario de la pervivencia de la figura de los conciertos económicos dentro del sistema de financiación autonómico, por su "consagración constitucional", se ha expresó a favor de una revisión de los cupos, porque en su opinión, tanto vascos como navarros "han mejorado su posición relativa en la redistribución geográfica de la renta". En sus propias palabras, "los porcentajes que en su día se calcularon de cuánto deberían aportar se han quedado desfasados, porque estos territorios han acabado mejorando su posición relativa en la distribución geográfica de la renta", por lo que entiende que "la cuestión sería negociar para tratar de que el resultado sea igual que en las llamadas comunidades de régimen común". No obstante, a tenor de la misma información, Solchaga no cree que las diferencias en la situación económica entre las provincias vascas o Navarra y el resto de España sea gracias al régimen concertado ya que éste puede "ayudar un poco, pero no es la explicación". Así, habría recordado que las provincias de Gipuzkoa y Bizkaia en el franquismo "fueron consideradas traidoras y desprovistas del Concierto Económico, y sin embargo llegaron a tener un nivel de renta mucho más elevado que la media del país". 

Sea como sea, la situación deja en muy difícil situación al PSE y al PSN quienes rápidamente descalificaron a Pere Navarro, afirmando que “los problemas catalanes no son consecuencia del concierto económico”, y que paradójicamente han llegado a indicar que en la Conferencia Política del PSOE no se pondrá en cuestión el Concierto Económico.

De cualquier forma, tal y como apuntamos en la entrada anterior y por las razones que apuntamos allí (dificultades económicas por doquier, crecimiento de la pulsión niveladora, pelea por el voto unitarista en aumento), no parece que la cuestión vaya a finalizar aquí.. Con toda seguridad, en las próximas semanas y meses se continuará hablando del tema. De hecho, un indicador adelantado del carácter polémico de la cuestión son las complicaciones surgidas en torno a la negociación del Cupo de la CAV, a causa de la enormidad de la diferencia de las estimaciones de una y otra parte, en un contexto en el que el PP cuenta con mayoría absoluta, y que sin duda se trasladarán al caso navarro. Sin manifestar declaración negativa alguna, con su praxis negociadora, el gobierno de Madrid también estaría añadiendo presión a la cuestión suscitada.

En otro orden de cosas, sorprende que en los artículos en torno a la cuestión se apele tanto a las emociones, prescindiendo absolutamente de los análisis de índole más objetiva. Una monografía que estudió exhaustivamente las peculiaridades del régimen foral concertado (Provincias exentas. Convenio-Concierto. Identidad colectiva en la Vasconia peninsular, 1969-2005, del técnico del Gobierno de Navarra Mikel Aranburu Urtasun, publicada por la Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia en el año 2005 y que se puededescargar en pdf en la página web de esa entidad) nos aclara muchos aspectos del mismo, siendo el contenido de sus páginas 103 a 139 especialmente pedagógico en relación con los elementos más polémicos.

Aranburu Urtasun comienza señalando las contradictorias lecturas del régimen foral concertado, desde la que lo interpreta como neutral y solidario para con el resto del Estado hasta la que lo ve como un privilegio insolidario y la que lo califica de expolio. El autor señala que esas tres posiciones (“la autocomplaciente creencia del ecuánime pacto, la resentida percepción de agraviante prerrogativa, y la agria convicción de saqueo estatal”), están “instaladas en el prejuicio” y contaminadas por la ideología. Además, la evaluación del sistema estaría obstaculizada porque “ninguna de las tres administraciones implicadas, o cinco si se prefiere, ofrece información pormenorizada de estos cálculos y los parámetros que utilizan. Tan sólo se da el montante total”.

El autor indica, asimismo, la procedencia de las críticas al modelo foral, originadas en “los dos extremos del espectro ideológico”. “Para unos, cualquier aportación al Estado parece excesiva, para otros el modelo oculta una injusta e insolidaria exención”.

La crítica procedente de la denominada izquierda abertzale denuncia “que las comunidades forales deben satisfacer su alícuota de sostenimiento de las cargas no asumidas cualquiera que sea éste su importe, ya que éste es fijado unilateralmente por el Estado en sus Presupuestos Generales con quiebra del proclamado carácter pactado. Y cualquiera que sea el destino de esos créditos. Así-el ejemplo es nuestro- Navarra, cuyo Parlamento se opuso unánimemente a la decisión del Gobierno de Madrid, debe satisfacer el 1,6 por 100 de los altos costes de la guerra de Iraq. Muy probablemente los ciudadanos navarros darían otro destino a los más de sesenta mil millones de las antiguas pesetas que el Estado dedica a las cargas no asumidas, nada sugestivas para el ciudadano de a pie. La crítica se extiende también al dato cierto de que la aportación o cupo es tan sólo una parte de los flujos económicos a favor del Estado y se citan otros, principalmente, las cuotas a la Seguridad Social de los empresarios y los trabajadores -esto es cierto, pero excede al modelo Convenio/Concierto-. Del lado del gasto, tan significativo como el ingreso, se desconoce con certeza el monto que de ellas revierte directamente en las comunidades forales (gasto de la propia Seguridad Social, infraestructuras, investigación,...), pero presumen los críticos que la reversión es muy inferior al porfiado 6,24 o 1,6 por 100”. 

Por su parte, entre quienes “sospechan que el modelo encierra un trato de privilegio hacia estos territorios” estarían analistas como Diego Carcedo “que calculó en 1969 que el privilegio fiscal de Navarra costaba al Estado mil millones de pesetas anuales”, Angel De la Fuente, subdirector del Instituto de Análisis Económico del CSIC “que aboga por incrementar la aportación de CAPV y CFN dado que considera que los privilegios de las haciendas forales es uno de los motivos porlos que el actual sistema no garantiza una prestación igualitaria de los servicios en las distintas comunidades autónomas”, y Mikel Buesa “que afirma que la secesión de la CAPV implicaría de manera inmediata para el Gobierno Vasco un déficit público de 2.013 millones de euros”. Otro experto mencionado por Aranburu Urtasun sería Sevilla Segura para quien el hecho de que las disponibilidades presupuestarias de los habitantes de los territorios forales sean muy superiores a las de los ciudadanos de la Comunidades Autónomas de régimen general radicaría “en la posibilidad de negociar el cupo” y en que “en el señalamiento del cupo, el montante de las cargas no asumidas está infravalorado en casi dos billones de pesetas”.

En relación con el denominado índice de imputación, mantenido inalterado desde su primera fijación en el Concierto de 1981, el 6,24 por 100, y en el Convenio de 1990, el 1,60 por 100, Aranburu Urtasun ahonda en las razones de esa fosilización y de esa cuantía. La inalteración de dichos índices se explicaría “por su índole política y no, como todo haría pensar, econométrica. Son las circunstancias derivadas de la tensión política las que han eludido o evitado añadir confrontación a la ya de por sí conflictiva cuestión de gestionar y actualizar en su caso el Convenio Económico. Además entrambos índices, el inmovilismo de uno afirma el del otro. Hay que concluir que, sin duda, un movimiento en las posiciones en esta materia- les resulta muy costoso a las partes y prefieren jugar sus estrategias en otros campos”. De cualquier forma, el índice de imputación de Navarra habría sido fijado más bien por el Estado porque, aún siendo “el resultado de la negociación política” se aproximaba mucho más a la pretensión de inicio los negociadores del gobierno central (el 1,62 por ciento) que a la de los negociadores navarros. Los parámetros que manejaban éstos últimos, “según sus propios estudios, fijaban el índice en términos de renta en torno al 1,45 o 1,50 por ciento, que descendía al 1,35 si se aplicaba el relativo a la población. En julio del año 1990, al final de las negociaciones, y en célebre reunión a puerta cerrada elpresidente del Gobierno de Navarra, el socialista Gabriel Urralburu, y su correligionario, y también navarro, el ministro Solchaga resolvieron algunos últimos flecos y acordaron fijar el índice en el conocido y perenne 1,6 por ciento”.

Por lo tanto, continúa Aranburu Urtasun, “es evidente que Navarra cedió en este punto, innegociable para el Ministerio, para frustración de los negociadores y técnicos especialistas. Esas centésimas aplicadas a las grandes cifras de los Presupuestos Generales del Estado es mucho dinero para la provincia. Un sencillo cálculo muestra que las quince centésimas equivalían en la determinación de la aportación líquida del año base 2000 a 4.000 millones de pesetas. Y no era sencillo en aquel momento excusar el fracaso. Las declaraciones de sus destacados protagonistas insinúan que las compensaciones se concedieron por otras vías. José Borrell, Secretario de Estado de Hacienda,manifestó <<para nosotros dos mil millones más o menos no es nada. Lo que no queremos es al ir a negociar temas tributarios con Cataluña o el País Valenciano, por ejemplo, nos puedan sacar las cuentas como arma arrojadiza>>. El presidente de la Comisión navarra, José Antonio Asiáin, reconoce que se dio cuenta de que <<para el Secretario de Estado era más fácil ceder en posiciones en las que no se pueda invocar precedente, como en la policía foral o las clases pasivas de los funcionarios, que en el índice de imputación, porque al final si todo estuviera en régimen de Convenio y Concierto aquello tendría que sumar cien, necesariamente>>. ¿O tal vez también que, como denuncia Sevilla Segura, era más viable y discreto manipular la base sobre la que se aplica el índice?”.

En opinión de Aranburu Urtasun, “lo cierto es que no disponemos de estudios rigurosos que avalen una u otra postura. Ni para la CAPV ni para la CFN. La mayor parte de las opiniones vertidas en estos años se inclinan por considerar elevado el índice de 1.60. Pero la variación en el tiempo de las macromagnitudes, en particular en los últimos años, favorable a Navarra podría haber cambiado la dirección del desajuste. Los parámetros manejados por el Instituto Nacional de Estadística de acuerdo con los distintos conceptos de renta -que pueden hacer referencia al Producto Interior Bruto, al Valor Añadido Bruto, a la renta familiar, etc.- vienen situando el índice entre el 1,63 y el 1,70 por 100. Si esto fuera así nos hallaríamos ante una situación, algo cínica, de privilegio travestido de solidaridad”. De cualquier forma, el autor también recuerda que según los resultados de análisis basados en las balanzas fiscales Navarra y la CAV presentarían saldos negativos que les colocarían entre las comunidades contribuyentes y “darían por tanto la razón a los dirigentes locales en sus protestas ante la imputación de régimen privilegiado de financiación”. 

No deja de mencionar Aranburu Urtasun un elemento que alimenta la polémica en relación con el Concierto y el Convenio, el del “oscurantismo en el traslado al público de información”, no sólo en relación con el gran público sino incluso con “los propios parlamentarios y sus grupos políticos y a ese indefinido colectivo que hoy se conoce como agentes económicos y sociales”. “El propio mecanismo instituido para la negociación y firma de los Convenios o Conciertos, del que incluso se han excluido a grupos parlamentarios, abona la sospecha. En Navarra al Parlamento llega el texto cerrado fruto del acuerdo de la Comisión Negociadora. La mayor parte de los miembros de la Comisión Negociadora desconoce al detalle, por su complejidad y especialidad, los aspectos técnicos del texto y firma los documentos trabajados por las comisiones de técnicos y oportunamente cerrados por los líderes políticos de los respectivosgobiernos. Hasta la feliz proclamación del acuerdo, en la que ambas partes se muestran triunfantes, nada trasciende de los detalles. Pero tampoco hay suficiente divulgación a posteriori. En la tradición del Concierto ni siquiera existe una comisión negociadora como la navarra integrada por representantes de los grupos parlamentarios. En este caso, las negociaciones se desarrollan entre las administraciones central y autonómica y de ellas da cuenta el Gobierno en la correspondiente Comisión parlamentaria. En cuanto a publicidad, la administración tributaria de Navarra no publica unamemoria anual de su gestión, ni estadísticas oficiales o estudios sistemáticos sobre las recaudaciones tributarias, su composición, origen, fuentes y naturaleza, más allá de las escuetas cifras de las Cuentas o los Presupuestos Generales. Cabe decir lo mismo de las Diputaciones Forales competentes en la CAPV. En Navarra, alguno de los eventuales informes de la Cámara de Comptos ofrece más información que la propia Hacienda Foral. El resultado de todo ello es el desconocimiento general acusado del modelo y sus entresijos lo que instaura un fecundo campo en el que arraigan con vigor los distintos tópicos”.

Aranburu Urtasun recuerda, asimismo, que por debajo de la aparente concordancia de las manifestaciones laudatorias de la mayoría de los partidos vasconavarros en relación con el régimen foral concertado, en el sentido de definirlo “como elemento básico (angular, central, pilar) y fundamental o esencial del autogobierno o autonomía de la Comunidad” y subrayar su carácter privativo, singular o exclusivo, pactado y solidario con el resto de las comunidades, se esconden algunas divergencias. “Los populares (UPN, PP), socialistas y convergentes (CDN) dejan claro el entronque del modelo en el marco de la Constitución Española. Izquierda Unida parece más preocupada por afirmar el carácter solidario del pacto. Los partidos en el gobierno de cada Comunidad, y por tanto negociadores del acuerdo en primera persona (PNV y UPN), son los que ponen mayor énfasis en las alabanzas del acuerdo y en sus proclamas comparten adjetivos y calificativos. Los grupos nacionalistas moderados favorables al régimen, Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna, que aplauden sin condiciones el Concierto Económico en el Parlamento de Vitoria, se muestran más comedidos y ahorran elogios al Convenio Económico en el Parlamento de Navarra. Recíprocamente, el Partido Popular - UPN, que ensalza las virtudes del Convenio Económico, desdeña en el Parlamento Vasco las del Concierto Económico. La conclusión es que los nacionalismos hegemónicos en cada territorio, vasco y español, encapuchan el incensario al oficiar en la otra parroquia ¡cuando el santo es el mismo! Las posiciones políticas contrarias al modelo en todo caso son mantenidas por los grupos parlamentarios de la izquierda abertzale Grupo Nafarroako Sozialista Abertzaleak y Grupo Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak. Su crítica estructural rebasa el Convenio Económico o Concierto y pone en tela de juicio el propio sistema de organización del Estado por lo que sus intervenciones deben considerarse en ese contexto”. 

Y para finalizar, el autor indicaba premonitoriamente acerca de la actitud en relación con el Concerto y el Convenio de los partidos más allá del Ebro, que “en general, las posiciones ideológicas de la política española vienen admitiendo en la actualidad la legitimidad del modelo. No sin reticencias y frecuentes críticas y reproches. Pero pesa más la conciencia de la gran dificultad política para suprimir el régimen, hasta el punto de que sea ésta la única justificación de su supervivencia. Lo que en su día fue un régimen extraordinario para recaudar los recursos fiscales en territorios que no habían entrado en el <<concierto económico y constitucional>>, ha adquirido, contra todo pronóstico, carta de naturaleza propia como derecho histórico reconocido por la Constitución. Si el presente no es pacífico, tampoco el pasado lo fue, ni lo será el futuro”.

LA MIRADA CRÍTICA DE LOS NAVARROS

La consideración de una serie de respuestas correspondientes a Navarra del Tercer Barómetro Autonómico del Centro de Investigaciones Sociológicas, obtenidas en septiembre pasado y dadas a conocer hace un mes, y su comparación con las relativas a las demás comunidades autónomas permite vislumbrar que los navarros están comparativamente más irritados con sus gobernantes (es decir, con el gobierno de UPN liderado por la presidenta Barcina) que los ciudadanos de otras zonas del Estado. No obstante, también se detecta una mayor desafección con todos los políticos en general. 

Navarra, con un 65,6 por ciento de encuestados que calificaban de mala o muy mala la situación política de la comunidad autónoma respectiva (Pregunta 3), registraba una proporción de dicha opinión similar a la de Cataluña, a la de Madrid y a la de Murcia, pero inferior a las de los castellanosmanchegos, valencianos y andaluces, estas últimas en torno o por encima del 70 por ciento. Ahora bien, con un porcentaje del 70,4 por ciento, nuestra comunidad es la segunda en la que mayor número de encuestados opinaba que la situación política de Navarra era mucho peor o mucho peor que la de un año antes (Pregunta 5 de la Encuesta). 

Por lo que respecta a la situación económica de la comunidad respectiva, Navarra, con un 86,6 por ciento de respuestas que juzgaban que aquélla era mala o muy mala (Pregunta 4), se situaba en el entorno de las comunidades más pesimistas, sólo por debajo del 88,6 por ciento de los asturianos, del 88,1 de los canarios y del 87,5 de los valencianos. Por contra, los navarros serían los que más habían acusado el empeoramiento en la esfera de la economía en el curso del último año: el 91,7 de los navarros encuestados opinaba que la situación económica era peor o mucho peor que la registrada hace un año (Pregunta 6), una proporción muy superior a las de las demás comunidades ya que en únicamente en Canarias se superaba la barrera del 80 por ciento para esa opinión, situándose entre el 70 y el 80 por ciento solamente en seis comunidades (Asturias, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia). 

La valoración de que el Gobierno de la comunidad autónoma respectiva ha llevado a cabo una política mala o muy mala en relación con la economía encuentra uno de sus valores más altos también en Navarra, siendo apoyada por el 80,8 de los interrogados, una proporción solamente inferior a la consignada en Canarias. De cualquier forma, la opinión de que la oposición lo hubiera hecho igual de mal o peor es también muy generalizada: del 81,2 por ciento de los encuestados navarros (Preguntas 11a y 11b). 

Esa ambigüedad también se aprecia en las Preguntas 26 y 27 en las que se puede estimar el porcentaje de quienes consideran mala o muy mala la gestión del Gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva, así como de la oposición, desde la últimas elecciones. El porcentaje de los navarros disconformes con la gestión del ejecutivo de Barcina, del 56,1 por ciento, es el más elevado con diferencia: a continuación vienen el 46,9 de los canarios, el 46,4 de los valencianos, el 45,7 de los madrileños, el 44,8 de los castellanos-manchegos y el 42,0 de los aragoneses, siempre en relación con el respectivo gobierno autonómico. Con todo, también hay que tener en cuenta que un porcentaje similar juzga mala o muy mala la actuación de la oposición, un porcentaje solamente superado por los valores de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana, del 62,3 y del 54,9 respectivamente. 

En línea con lo últimamente expresado, la desafección hacia los políticos, culpándolos de la mayoría de los males en todos los ámbitos de esta crisis multiforme que desde la economía está salpicando a la política y a la sociedad, se evidencia de forma cristalina en las respuestas a la Pregunta 10 en donde se interroga por los principales problemas que se advierten en la comunidad autónoma respectiva, pudiéndose citar varios de ellos. Mencionándose en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas en primer lugar el paro, en segundo lugar los problemas económicos y en tercer lugar el de “los políticos”, Navarra destaca por ser la comunidad autónoma en el que la percepción de la clase política como uno de los principales problemas está respaldada por mayor porcentaje de encuestados, el 28 por ciento nada menos. Además de en la Comunidad Foral, solamente en Madrid (26,2 por ciento), Cataluña (25,1), País Vasco (24,8), Comunidad Valenciana (24,5) y Rioja (22,6) se sobrepasa el umbral del 20 por ciento. En las demás comunidades dicho valor está situado por lo general en torno al 15-17 por ciento.

Si las encuestas electorales de las que se rumorea hablarían de un complicado escenario político, estados de opinión como el que se apunta en los párrafos antecedentes vendrían a indicar la existencia de una disconformidad y de una divergencia de fondo no sólo entre gobierno y electorado de la oposición, sino incluso entre aquél y quienes lo apoyan electoralmente y también entre quienes son votantes de las formaciones de izquierda y nacionalistas de la cámara parlamentaria navarra y sus representantes en la misma. Con toda seguridad, dado que los datos del CIS, recabados al final del verano de 2012, son anteriores a las noticias de los últimos meses acerca de diferentes cuestiones, subsumibles en presuntas corruptelas que afectarían a diferentes ámbitos del gobierno, de la administración y de la representación política en Navarra, en el interín se habrá incrementado el deterioro de la valoración de la política y de la imagen de los políticos en nuestra comunidad. Aunque desde una perspectiva ingenua podríamos preguntarnos por las consecuencias de dicho deterioro y por si el desarrollo de la filosofía de la sospecha por parte de la ciudadanía hacia los comportamientos y actitudes de nuestros representantes en las instituciones no terminará por afectar a todas las opciones y a todo el sistema de partidos en general, alimentando el escepticismo hacia la democracia, no debemos olvidar que el nihilismo político suele ser más perjudicial para los partidos que abogan por la transformación económica, social y política a causa de ser sus votantes más exigentes en comparación con quienes apoyan opciones más continuístas. De forma tal que la labor de recuperación de la confianza en trance de perderse debería ser acometida por todas las formaciones, y sus mismos afiliados y simpatizantes deberían mostrarse exigentes con la puesta en marcha de mecanismos de habilitación democrática, similares a los que se han propugnado en estos últimos días, tanto desde alguna plataforma que ha recabado apoyos diversos como por parte de algún experto en comunicación política. Pero, no obstante, la reivindicación de la puesta en marcha de nuevas formas de hacer política debería, sobre todo, ser protagonizada por los sectores menos conformistas y más rupturistas con el status quo actual.

NOTICIAS DESDE CATALUNYA.

En esta entrada queremos referirnos a dos cuestiones planteadas desde Catalunya. La primera de ellas es el artículo publicado hace unos días por Enric Juliana, comentarista político de La Vanguardia, sobre la postura manifestada por el lehendakari Urkullu contra la asimetría en los objetivos de déficit público y la concesión de un mayor margen a las autonomías del Arco Mediterráneo (Catalunya, Valencia, Murcia y Baleares), con unos índices muy elevados de deuda, lo que colocaría, según el autor, al presidente de la CAV y a su partido, sorprendentemente, junto con “el ala dura de la derecha española”. 

En el mencionado artículo Juliana afirmaba, en línea con otros artículos suyos anteriores, que “el presidente de la rica comunidad que no aporta nada –o muy poco– a la solidaridad interna española, se alinea políticamente con los dirigentes políticos de las regiones más beneficiadas por la citada solidaridad, lógicamente ansiosos ante cualquier modificación del statu quo, por pequeña que esta sea”. Y más adelante prosigue, ampliando sus dardos a Navarra, que “en la fase más exacerbada del debate territorial y en un momento de verdadero sufrimiento social por las políticas de austeridad, poca gente se pregunta en España qué sentido tiene que dos de las comunidades con mayor renta per cápita (País Vasco y Navarra, primera y tercera en el ranking, respectivamente) apenas no aporten nada a la solidaridad interterritorial, e incluso tengan saldos fiscales positivos en algunos ejercicios. Hay datos demoledores al respecto, pese a la opacidad que rodea el cálculo del cupo vasco y del convenio navarro. La renta per cápita del País Vasco es hoy casi 30 puntos superior a la media española. Sesenta puntos por encima de la región más pobre, Extremadura (datos de la Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística referida al periodo 2008-12). En plena crisis, las diferencias de renta regional se están acrecentando en España. El País Vasco tiene una renta per cápita anual de 30.829 euros, seguido de la Comunidad de Madrid (29.385 euros) y Navarra (29.071). Catalunya ocupa el cuarto lugar (27.248). Cierra la clasificacion Extremadura (15.394)”. Le duele al comentarista la asimetría en el tratamiento: la extracción del debate público en el caso vasco y navarro y la ubicación exclusiva de las reivindicaciones catalanas en el eje de la discusión. Y no deja de apelar a una distinción conceptual relevante (entre concierto, o convenio para el caso navarro, y cupo) y que puede afectar (a peor) a los flujos económicos entre los territorios forales constitucionalmente reconocidos y el Estado en estos tiempos de escasez en el que todas las comunidades autónomas pugnan por unos dineros complementarios que les permitan salir del atolladero. Si bien el concierto/convenio constituye un marco “intocable, a menos que se reforme la Constitución”, “el cupo es la resultante de un complejo método de cálculo (muy poco conocido por el gran público) sobre el coste de los servicios del Estado en el País Vasco [y Navarra]. Según como se calcule ese coste, la cuota sube o baja. En la primera mitad de esta década, los saldos fiscales fueron positivos. Una vez hechas todas las cuentas, hubo años en que el País Vasco, la comunidad más rica de España, recibió dinero adicional del Estado. El PNV tiene motivos para estar a la defensiva. Hay motivo, puesto que la última revisión de la ley Quinquenal del Cupo se produjo en 2007 y desde hace unos meses se está negociando su actualización. Urkullu se ha pronunciado contra la asimetría en el déficit, teniendo abierta la negociación con el Gobierno del PP sobre la actualización del cupo”. Además, recuerda Juliana otras variables añadidas dignas de ser meditadas: el fuerte envejecimiento demográfico de la CAV y de Navarra, los efectos de la crisis en esas comunidades y los problemas de afrontar en ellas procesos de devaluación interna a causa de la fuerte resistencia sindical. A la ausencia de mayoría política clara en el Parlamento de Vitoria citada por el periodista catalán habría que añadir la difícil situación políticoinstitucional en la que está inmersa Navarra con una derecha en minoría y un escenario político fragmentado en el que es complicado llegar a consensos positivos.

Las opiniones de Juliana, más allá de lo que explicitan (la recriminación al partido mayoritario de la CAV) y de lo que que olvidan (las actitudes de sostén al gobierno de Rajoy del partido mayoritario en Navarra, radicalmente anticatalanista), traslucen una desorientación: la provocada, tras comprobarse el torbellino de declaraciones de los barones regionales del PP en contra de un trato de favor para Catalunya en cuanto al déficit, por la desesperanza de una hipotética solución solución a los problemas catalanes en el marco constitucional español. Si la concesión de un cierto margen en el déficit desata tales reacciones, ¿cómo pensar en una hipotética extensión del régimen concertado a Catalunya o de un pacto fiscal con esa comunidad a través de la vía de una reforma constitucional?.

Ese interrogante conduce a la segunda cuestión, fuertemente imbricada con aquél en cuanto que supone la respuesta de quienes se han desengañado sobre la posibilidad de existencia de soluciones que no pasen por la ruptura y que, por lo visto, continúan su crecimiento en los sondeos electorales. Nos referimos a la presentación el pasado jueves 16 de mayo del documento “Les Institucions Polítiques de la Catalunya Independent” en el ciclo “Debats de la Conferència Nacional per la República Catalana” organizadas por la Fundació Josep Irla como trabajo previo para la Conferència Nacional per la República Catalana convocada por Esquerra Republicana para los días 6 y 7 de julio próximos en Hospitalet de Llobregat. El documento ha sido redactado por el catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra Ferran Requejo y por Marc Sanjaume y Lluis Pérez, miembros estos dos últimos del Grupo de Recerca en Teoría Política de la misma Universidad. El profesor Requejo cuenta con un extensísimo curriculum y sus aportaciones de la primera década del siglo acerca del federalismo plurinacional o asimétrico y de su engarce con la democracia liberal a través del enfoque comunitarista han sido de una gran importancia, comprobándose su huella entre nosotros, por ejemplo, en las renovadoras tesis programáticas de la extinta Nafarroa Bai de 2007 (y posteriormente presentes en los diferentes programas de la misma coalición y en los de su epígono Geroa Bai, pero nunca suficientemente socializadas por el miedo a comprometerse con los contenidos de los partidos que constituían dichas coaliciones) en el plano del intento de apostar por la profundización en el autogobierno navarro a través de la vía de los derechos históricos y de una perspectiva que le aproximaba a aquel federalismo, así como en el de la reivindicación de un nacionalismo cívico. Como reflejo de lo acontecido en muchos sectores de la sociedad catalana, el profesor Requejo en los últimos años, a causa del trauma ocasionado por el desenlace del proceso del Estatut, sentencia del Tribunal Constitucional mediante, así como por la irresolubilidad de la financiación autonómica catalana y el carácter drástico y temprano de los recortes en el estado de bienestar en Catalunya, ha pasado de defender aquellas tesis federalistas plurinacionales a postular tesis independentistas. Hay que decir asimismo que el mencionado profesor es miembro del Consejo de Transición Nacional de Catalunya, siendo el único politólogo del mismo. Ni que decir tiene que la lectura del documento es importante porque supone una propuesta de alteración del status quo de una gran trascendencia, tanto desde un punto de vista histórico como desde una perspectiva dirigida a los escenarios del futuro más cercano.

El objetivo del documento “es presentar, en líneas generales, un esbozo de diseño institucional de una Catalunya independiente. Un diseño que, de acuerdo con los modelos democráticos más avanzados que ofrece la política comparada actual, esté bien preparado para gestionar y proyectar al mundo los valores, las características y los intereses del país y de sus ciudadanos”. El informe está estructurado en ocho secciones referidas a los siguientes ítems: Tipos de democracia, Formas de Estado, Formas de Gobierno, Sistema electoral, Organización territorial, Estado de Bienestar, Control de Constitucionalidad y Reforma Constitucional. Dentro de la estructura de cada uno de los ítems no se procede a la manera, tan usual hoy en día en el caso de los programas que presentan los partidos políticos o sus think tanks, de presentar los razonamientos con metodología reduccionista de escuela de negocios de universidad norteamericana del Medio Oeste, sino que se incorpora un discurso plagado de potentes reflexiones al más puro estilo Requejo que finalmente desembocan en un apartado de conclusiones. Aunque por falta de espacio, no podemos en esta entrada ir más allá de comentar las conclusiones respectivas para cada bloque temático, recomendamos la lectura detenida de su contenido por cuanto contienen un recorrido exhaustivo, repasándose literatura especializada de gran interés, para cada cuestión.

Para el equipo redactor el tipo de democracia a instaurar en el sistema de gobierno democrático de la Catalunya independiente debería recoger “básicamente la tradición de las democracias representativas de raíz liberal, pero introduciendo elementos de carácter participativo. Asímismo, la yuxtaposición de argumentos teóricos -éticos y funcionales-, de argumentos basados en la experiencia empírica de la política comparada, y las características históricas y fácticas del país, apuntan hacia la conveniencia de que el diseño institucional combine las perspectivas de negociación y deliberación, así como de las democracias de consenso”.

En relación con la forma del Estado catalán, se parte de la inercia de las dos matrices sobre las que han basculado históricamente los proyectos políticos del catalanismo, si bien ambas hablaban de la incardinación de Catalunya en España, fuera en el marco de una República, fuera en el de una monarquía parlamentaria. Para el futuro próximo se plantean dos escenarios que recogen la dicotomía república/monarquía pero de forma rupturista, o cuasi rupturista, con el Estado español. Frente a una primera opción de “la proclamación de una República como la forma de estado de la Catalunya independiente”, se menciona “alternativamente” la posibilidad de una fórmula débilmente consociativa con el Estado español de carácter transicional a través del vínculo de la monarquía al contemplarse “la posibilidad de llegar a un pacto temporal con la Corona española haciendo un símil de la Commonwealth británica”, fórmula esta, según se recuerda, de la “que se dotó Irlanda en relación a Gran Bretaña después de proclamar la independencia o la relación que todavía mantiene la Corona británica con Canadá o Australia”.

Acerca del sistema de gobierno, la defensa del sistema de democracia parlamentaria se combina con la de un sistema semipresidencialista en cuanto que “podría permitir la combinación de las ventajas de cada forma de gobierno” al posibilitar “conservar la mayoría de las competencias en política interna por un primer ministro escogido por el parlamento” y “a la vez escoger de manera directa una figura que proporcionara liderazgo y visibilidad internacional al Gobierno de Catalunya ejerciendo de Presidente de la República”. Aunque “esta forma híbrida de gobierno no estaría exenta de posibles problemas asociados con el hecho de tener un ejecutivo bicéfalo”, éstos podrían atenuarse mediante la limitación constitucional de las funciones del presidente o mediante la introducción de un sistema de elección del parlamento y del presidente de dos vueltas similar al francés por cuanto “la doble vuelta promueve las coaliciones o los acuerdos entre partidos”.

Sobre organización territorial se parte de presupuestos de respeto al pluralismo nacional y cultural, así como de eficacia democrática, de territorialidad y de acomodación a las minorías histórico-culturales, y considerando la problemática de la distribución demográfica de la población catalana, se defienden tres opciones básicas de combinación de tres niveles administrativos, el municipal, el de las veguerías o comarcas y el del estado. La primera opción sería el de un modelo centralizado en el que el nivel local y estatal serían elegidos directamente por los ciudadanos, las veguerías no dispondrían de órganos de elección directa, sino en todo caso de manera indirecta a través de los representantes de los ayuntamientos, y en el que instauraría un régimen específico de autogobierno de carácter asimétrico para el valle de Aran. En la segunda alternativa regiría una descentralización amplia a favor de las veguerías, que dispondrían de competencias constitucionalmente bien definidas, con parlamentos representativos propios y en la que el valle de Aran tendría la misma solución asimétrica que en el caso anterior. Esta segunda alternativa plantearía la cuestión de la conveniencia de articulación de procedimientos intergubernamentales formales entre los gobiernos de las comarcas, con la posible inclusión de una segunda cámara parlamentaria. De cualquier forma, en este caso las veguerías “no serían actores en caso de reforma constiucional, la descentralización incluiría los poderes ejecutivo y legislativo, pero no el judicial, y el sistema fiscal sería común a toda Catalunya, con algunas posibles excepciones como el del valle de Aran”. Asimismo, esta opción, aunque “premitiría previsiblemente proteger los territorios poco poblados de manera más eficiente que en el modelo centralizado”, “aumentaría la complejidad institucional, y presupuestaria, y previblemente se pluralizaría territorialmente el sistema de partidos”. La tercera y última opción sería de tintes federalistas, y parangonable al modelo suizo, y en ella las veguerías sería “las unidades constituyentes del nuevo estado y, además de parlamento propio, dispondrían de representación en una segunda cámara” que podría ser elegida por los gobiernos comarcales o ser de elección directa. En este último caso la federación catalana reconocería una asimetría destacada en el caso del valle de Aran, contaría con una división competencial en el plano ejecutivo, legislativo y judicial, constitucionalmente establecida y con procedimientos de relaciones intergubernamentales. Las comarcas serían asimismo agentes en los procesos de reforma constitucional, exigiéndose el acuerdo de una mayoría de ellas para que la reforma fuera aprobada. Esta opción federal “equilibraría los poderes de los diferentes territorios, protegiendo mejor a la mayoría de las veguerías del enorme peso demográfico del área metropolitana de Barcelona”, si bien estaría afectada por unos costos y una complejidad más alta a todos los niveles.

En relación con el sistema electoral se confrontan dos alternativas, un modelo proporcional mixto y un modelo proporcional con voto de dos listas. El modelo proporcional mixto combinaría un sistema mayoritario basado en distritos uninominales y otro proporcional, con el fin de equilibrar el clientelismo ligado a los partidos políticos de los sistemas proporcionales y el clientelismo local de los sistemas mayoritarios uninominales. En el caso de un Parlamento de 150 escaños y de un número de siete veguerías con un número mínimo de dos escaños por veguería, los 136 escaños restantes se repartirían según la población, se elegiría por el sistema mayoritario uninominal a la mitad de los parlamentarios y la otra mitad sería elegida por un sistema proporcional, con una barrera electoral en los dos sistemas situada entre el 3 y el 5 por ciento de los votos. El modelo proporcional con voto a dos listas se basaría en una elección sobre listas referidas al total de Catalunya y de las que saldría el 50 por ciento del número de parlamentarios y en otra elección sobre listas para cada veguería para la otra mitad del parlamento con una modulación territorial referida a la representatividad según la cual habría un mínimo de dos o tres escaños por veguería con el fin de evitar “la barcelonización de la representación parlamentaria”. En los dos sistemas las listas podrían ser bien cerradas o bien abiertas. Como es obvio, ambos sistemas generarán polémica en torno a la representación mayor o menor de determinadas comarcas y de determinados electorados en cuanto que la geografía electoral catalana es ciertamente diferente en la conurbación barcelonesa de la del resto de Catalunya. De hecho, a mediados de 2011 ya se votó a favor de una moratoria de cara al establecimiento de la ley de veguerías, aprobadas por el tripartito el año anterior y puesta en cuestión por el Tribunal Constitucional en su Sentencia sobre el Estatut y por el mismo Consell de Garanties Estatutàries catalán.

El apartado referido al Estado de Bienestar es la formulación de un anhelo compartido también en la CAV, Navarra y otras zonas. Tras reconocerse que el estado de bienestar catalán, al formar parte Catalunya del estado español, obedece a la variedad mediterránea del mismo (caracterizado frente a otras variedades por un régimen fiscal poco progresista y de poca presión tributaria a las rentas más altas y con un nivel elevado de fraude fiscal), agravándose la problematicidad del mismo en el caso catalán por “un expolio fiscal producto del modelo de financiación [autonómico] español que representa, según diversos estudios alrededor del 8 por ciento del PIB de Catalunya, una cifra claramente superior a la de otros estados con modelos territoriales compuestos”, se explicita la aspiración a disponer de un estado de bienestar en el futuro “que se aproxime al modelo nórdico de carácter universalista, que tenga como objetivo la disminución de la pobreza y de las desigualdades”.

Respecto al sistema de control judicial de constitucionalidad se recomienda que el sistema de elección del Tribunal Constitucional catalán exija el acuerdo entre los partidos mediante el requerimiento de mayorías cualificadas en el Parlamento, así como la introducción de mecanismos “que fomenten la representación equitativa de colectivos que puedan verse periódicamente afectados por debates constitucionales en situación de desventaja, como ahora el Valle de Aran”. También se plantea la conveniencia de introducción de “algún mecanismo <<suave>> de control popular directo sobre los miembros del Tribunal Constitucional” como el que rige en Japón y de la limitación clara del tiempo de mandato de los mismos. 

Por último, la reforma constitucional en la futura Catalunya independiente podrá realizarse por la tradicional iniciativa parlamentaria a partir de la solicitud de una quinta parte de los diputados, pero también a través de una iniciativa popular que congregue las firmas de un 3 ó 5 por ciento del censo electoral. Por otra parte, el procedimiento de reforma constitucional podrá ser ordinario o extraordinario, en éste último caso aplicado a los aspectos constitucionales fundamentales y requiriéndose una mayoría cualificada más extensa en el Parlamento y un referéndum de ratificación en el que deberá de participar un 40 por ciento del censo como mínimo. También en este apartado se abre la posibilidad de establecer acuerdos políticos e institucionales con el resto de territorios de habla catalana y de establecer procedimientos ágiles de reforma de títulos específicos en lo que se refiere a la necesaria adopción de tratados internacionales, comenzando por las relaciones con la UE.  

Y todo esto ocurre cuando comentaristas de prestigio como Ignacio Sotelo nos recuerdan que estamos ante un fin de ciclo en el que se la sociedad española se vuelve a preguntar por la continuidad de la monarquía (cuestión que, por lo visto, también tiene una derivada catalana importante,protagonizada por los intentos de negocio de alguna cortesana y lasprotestas de algunos espiados), por el modelo socioeconómico de producción vigente y por la organización autonómica del Estado, aspectos cuya renovación a fondo, “a lo que sin duda empuja la gravedad de la crisis, (…) es algo que un régimen moribundo no está en condiciones de acometer”, pudiendo ser probable “que en los próximos años asistamos impasibles al desmoronamiento del orden institucional que, como ha ocurrido tantas otras veces en nuestra historia, desemboque en un nuevo período de inestabilidad en el que todo puede ocurrir”.

Desde un enfoque demoscópico la desafección ciudadana ante las instituciones y la fragmentación del electorado, de forma que los dos partidos mayoritarios estarían a fecha de hoy muy lejos de la mayoría absoluta (asignándose a IU unos 49 escaños en el Congreso de Diputados y a UpyD unos 30), que muestran las encuestas, indicarían que ya hemos entrado en ese periodo de inestabilidad en el que todo podría estar mucho más abierto de lo que parece. Un periodo caracterizado por frustraciones de todo calibre y tenor que se podrían proyectar en una variedad de direcciones.

 

LAS CIFRAS DEL DESEMPLEO: PULVERIZANDO TODOS LOS RECORDS

Las terribles cifras sobre el desempleo suministradas esta semana por la Encuesta de la Población Activa, la mejor estadística existente sobre el componente humano del mercado de trabajo, correspondiente al primer trimestre del año 2013, resultan ser mucho más graves si cabe si las abordamos desde un enfoque comparativo. 

Ese enfoque es el que utilizaba Kiko Llaneras hace algo menos de un año en una entrada (Gráfico de una anomalía: España y su paro histórico en Europa y la OECD (II)) que reelaboraba otra sobre el mismo tema del mismo autor, publicadas ambas en el magnífico blog El Politikon, y en las que se servía de un más que elocuente cuadro con los datos de paro de cada uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde 1980 hasta 2010, cuadro que se complementaba con una serie, muy expresiva asimismo en relación con diferentes aspectos, de mapas y gráficos. 

En aquella entrada se subrayaba que el reino de España ha pulverizado todos los récords en materia de desempleo a lo largo de las últimas tres décadas en diversas cuestiones. Entre 1980 y 2010 España ha registrado siempre la tasa de paro promedio 1980-2010 (16,8%) más grande de toda la OCDE, tasa de paro promedio que duplica holgadamente la media del universo considerado en esos treinta años, del 7,5%. Asimismo, España posee el récord absoluto de tasa de paro anual con el 23,9% de 1994 y las cifras más altas todavía de 2012 y 2013, habiendo sido escasos, y sólo puntualmente, los países que se han acercado al 20% en alguna ocasión. Por último, hasta 2010 España era el único país OCDE que había superado el 20% de paro… en tres periodos distintos (1985, 1994 y 2010). La mayoría de los demás países jamás se han acercado a esta cifra y han registrado tasas de paro máximas muy inferiores, Francia (12,6%), Italia (12,1%), Países Bajos (11,9%), Reino Unido (11,8%), Alemania (11,1%), Suecia (10%), EEUU (9,7%), Portugal (9,5%), Noruega (6%), o Suiza (4,4%). 

En lo que hace al efecto de la actual crisis en los diferentes países de la OCDE, Llaneras subraya que España es el país donde con más aumento del paro durante la crisis, no comprobándose en muchos otros estados ascenso del desempleo en la actual coyuntura crítica, lo cual cabe atribuir a la especificidad aquí inherente a un modelo económico basado en la construcción cuya irracionalidad y falta de consistencia a medio plazo escapó, por lo visto, a la mayoría de los expertos y medios de comunicación.

El mismo autor unos meses antes había subrayado en otra entrada diversas características del paro en España, acompañándolas de abundante aparato gráfico, que destacan en relación al resto de Europa. Entre ellas la radicalmente asimétrica distribución por regiones del desempleo, la altísima incidencia del paro de larga duración de los más altos, y la enorme cuantía del nivel de paro juvenil. En aquella entrada, subrayó asimismo la acusadísima tendencia de la economía española a ajustar mediante despidos y no mediante bajadas salariales, algo que en el último año está cambiando a causa de la última reforma laboral y de los convenios aplicados por las empresas a su amparo, así como la pronunciada dualidad del mercado de trabajo español, algo que también está en curso de modificación mediante la reforma mencionada. 

De hecho, como van demostrando, se está produciendo en el sector privado de la economía un fuerte debilitamiento de los trabajadores con contratos fijos, relativamente poco expuestos al desempleo y la rotación laboral, y relativamente bien remunerados, aumentando el trabajador precario con contratos temporales o a tiempo parcial y con salarios sustancialmente más bajos y con pautas socioeconómicas ciertamente diferenciadas a las de aquéllos. La dualidad y la precarización, concentrada hasta hora en determinados colectivos como las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes y los trabajadores con menor nivel educativo se están expandiendo hacia colectivos hasta ahora más protegidos por la negociación colectiva. 

No quiero terminar sin hacer referencia a tres cuestiones. La primera se refiere a la circunstancia de que, siendo la situación de la mitad sur de España absolutamente tremebunda, incluso los mejores registros de algunas comunidades autónomas españolas desmerecen altamente en relación con los niveles de la mayoría de los países del entorno europeooccidental, tal y como es fácil comprobar si cotejamos los de aquéllos de la última EPA con los de los segundos presentes en la tabla del primer artículo de Llaneras. El nivel del 19 por ciento de Navarra y la Rioja, el 20,3 de Madrid, el 20,9 de Cantabria, el 22,3 de Galicia, el 22,4 de Aragón, el 22,7 de Castilla y León, el 24,5 de Cataluña, son altísimos cotejados a escala internacional, e incluso el 16,3 de la CAV también lo es.

La segunda tiene que ver con que la destrucción del tejido productivo está siendo de tanta magnitud a lo largo de estos cinco de crisis, auténtica depresión cuyo final no se adivina y que se prolongará con toda seguridad durante varios años más, que hay motivos para estar seriamente preocupado por las posibilidades de recuperación, por las vías por las que ésta podría sustanciarse y por los efectos sociales, económicos y políticos que podrían derivarse. Las medidas adoptadas que tienen que ver con la deuda privada, la deuda pública y el gasto público, conforman un círculo vicioso letal que no permite configurar alternativa seria alguna, ni creíble, al erróneo modelo de crecimiento económico de los últimos quince años. Además, siempre habrá que tomar en cuenta que en el mundo globalizado actual en la batalla de la producción de bienes y servicios no sólo cuentan los agentes regionales o nacionales más próximos: agentes de otros continentes, que en los últimos lustros han articulado sistemas económicos eficientes, pugnarán por cuotas cada vez mayor de la producción total. 

Por último, la gravedad de la situación es tal que ni siquiera pueda pensarse en la incidencia positiva de un factor atenuante mencionado por los expertos hace una decena de años. Al contrario que en el primer pico del desempleo de 1975-1985 y que en el segundo pico de 1992-1995, en los que el paro creció por la acción de factores económicos, pero también por la de factores demográficos (el regreso de inmigración exterior, la incorporación de mujeres al mercado laboral y la llegada de las pobladas cohortes del baby boom en el primer caso y los dos últimos elementos en la segunda situación), la caída del número de nacimientos de los años 1978-1990 iba a suponer un descenso acusado de la presión demográfica sobre el mercado laboral. Ese escenario teórico fue modificado por la fuerte llegada de mano de obra exterior desde finales de los noventa hasta que la consolidación del bache económico convirtió a España en un destino migratorio poco apetecible e incentivó los retornos. Sea como sea, el regreso a una actividad económica normalizada será lo que corroborará en el futuro aquellas positivas expectativas de inserción laboral en un mercado distendido para quienes ahora están entre los 23 y los 35 años, tramos de edad de los comprendidos entre aquellas fechas límite del proceso de caída de la fecundidad. De momento, esas cohortes están sufriendo con inusitada dureza en sus propias carnes el impacto de la recesión económica, planteándoles la certidumbre de que no conseguirán reproducir el nivel de renta alcanzado por sus padres y que la meta del progreso indefinido, al menos en el plano personal, es ahora, a pesar de los esfuerzos y de las inversiones, un eslogan de muy difícil materialización.