SUÁREZ, DEL BURGO Y LA HUELLA DE YANGUAS Y MIRANDA.

Con ocasión del reciente fallecimiento de Adolfo Suárez nos ha venido a la memoria un artículo clásico de Enzensberger, de 1989 nada menos, en el que englobaba su figura como uno de los ejemplos arquetípicos de lo que el denominaba “los héroes de la retirada”. Desde su punto de vista, Suárez, al igual que personalidades como Jaruzelski o Gorbachov, encarnaría a aquellos líderes “que no representan el triunfo, la conquista, la victoria, sino la renuncia, la demolición, el desmontaje” de posiciones insostenibles. En sus palabras, “Suárez fue participante y beneficiario del régimen de Franco; si no hubiera pertenecido al círculo más íntimo del poder no habría estado en disposición de abolir la dictadura. Al mismo tiempo, su pasado le aseguró la desconfianza insuperable de todos los demócratas. De hecho, España no le ha perdonado hasta el presente. A los ojos de sus antiguos camaradas, él fue un traidor; a los ojos de aquellos para quienes había abierto el camino, fue un oportunista. Desde que se retiró como típica figura de la transición [recordemos que Enzensberger escribió aquel texto en 1989] no ha vuelto a pisar terreno firme. El papel que él representa en el actual sistema de partidos ha quedado más bien oscuro. Una cosa, y solamente una, tiene garantizada el héroe de la retirada: la ingratitud de la patria”.

Con todo, la muerte de Suárez ha servido durante los últimos días para reescribir en positivo una Transición cada vez más cuestionada desde todos los órdenes: desde el territorial (con unas reivindicaciones secesionistas catalanas que nos recuerdan que Cataluña ha sido siempre históricamente el primer problema en relación con la cuestión de la conformación del Estado español, empequeñeciendo la envergadura de las reivindicaciones vascas dada la enorme pluralidad vasconavarra) hasta el socioeconómico (veáse la multitudinaria protesta social del sábado en Madrid) pasando por el institucional (a causa del descrédito de la monarquía y de los partidos políticos mayoritarios). 

En nuestro caso la desaparición del expresidente nos ha hecho recordar un aspecto capital que suele pasar al olvido cuando pensamos en la Transición navarra: el diseño de quién debía protagonizar la negociación con el Estado de cara al Amejoramiento del Fuero. Ese diseño respondió a las estrategias planteadas por Jaime Ignacio del Burgo, quien habría contado con el apoyo de los ministros Clavero Arévalo y Martín Villa y con el del presidente Suárez. 

Ya a finales de 1977 se abortó la posibilidad, implícita en el acuerdo del ministro Clavero con la Asamblea de Parlamentarios Vascos de 11 de noviembre de 1977, de que Navarra se incorporara al Consejo General Vasco a través del órgano foral competente, y transitoriamente a través de sus parlamentarios (lo que garantizaba que no tuviera lugar, por la mayoría contraria de los representantes de la UCD navarra). Tras entrevistarse los diputados y senadores de UCD de Navarra en Madrid con Clavero y con Suárez, argumentando que las negociaciones las debía llevar la Diputación, el 25 de noviembre se constituyó el Consejo Parlamentario de Navarra con los nueve parlamentarios elegidos en junio. Este órgano consiguió paralizar aquel acuerdo mediante la introducción, a instancias de UCD, de una claúsula en el proyecto de Decreto-Ley, finalmente publicado el 4 de enero, que facultaba al Gobierno de acuerdo con la Diputación para la determinación del órgano foral competente que debía decidir sobre la posible incorporación, siendo necesaria la ratificación de esa decisión por el pueblo navarro mediante referéndum. Todo ello ha sido recientemente recordado por el propio Jaime Ignacio del Burgo.

En el debate constitucional, aunque las tesis de la UCD de Navarra no consiguieron prosperar del todo en lo que se refiere a la Disposición Transitoria Cuarta ni en lo que respecta a la Disposición Adicional Primera (ésta última producto de una enmienda del PNV), triunfaron absolutamente en relación con la disposición derogatoria. Planteada dicha disposición en el Pleno del Congreso, del Burgo consiguió evitar el planteamiento del PNV que extendía la derogación de la ley de agosto de 1839 también a Navarra (y que llegó a reflejarse en una primera versión a la misma), en cuanto que dicha ley había sido para Navarra la base de la solución de 1841 y en cuanto que ésta última debía ser fundamento, a su vez, del futuro Amejoramiento del Fuero. Con la no derogación de la ley de 1839 para Navarra se abría la posibilidad de la fórmula que desembocaría en 1983 en la LORAFNA. 

Cerrado lo anterior, el fleco pendiente era la determinación de quién debía protagonizar el proceso negociador con el Estado y cuáles debían ser las fórmulas para la elección del Parlamento Foral y la Diputación en 1979. Las bases aprobadas por la Diputación, elegida en las postrimerías del franquismo, el 13 de junio de 1978 para la democratización de las instituciones forales y amejoramiento del Fuero, que habían sido elaboradas por una comisión de técnicos foralistas, muy alejadas de las posturas de UCD, PSOE y de los demás partidos, y que defendían un Consejo Foral supeditado a la Diputación y de composición muy compleja y estrambótica, fueron rechazadas por el ministro Martín Villa. 

Finalmente, el Decreto-Ley 121/1979 de 26 de enero sobre elecciones locales y ordenación de las instituciones forales de Navarra (que en sus líneas generales se conocía desde octubre por filtraciones a la prensa y cuyo proyecto fue presentado por Martín Villa el 22 de noviembre) atendía a los intereses ucedistas. Se conformaba un sistema de elección de la Diputación y del Parlamento con las merindades como circunscripción electoral, siendo diputados el primero o los primeros (en el caso de Tudela y Pamplona) que mayor número de votos alcanzaran en cada merindad. Mediante dicho sistema UCD planeaba asumir la mayoría absoluta de los siete componentes de la Diputación. Dicho pronóstico se cumplió, aunque menos holgadamente de lo inicialmente calculado, puesto que para UCD fueron sólo cuatro de los siete diputados y no los cinco o seis previstos de antemano. Sea como sea, UCD consiguió con 20 sobre 70 escaños en el Parlamento Foral tener el 57,1 por ciento de los puestos de la Corporación Foral. Además, no menos importante, se establecía la primacía de la Diputación sobre el órgano parlamentario al no ser aquélla elegida por éste. Por tanto, las tesis de la Corporación Foral como custodio inviolable de la soberanía navarra se imponían a las tesis de la democracia moderna según las cuales la soberanía popular reside en los órganos parlamentarios representativos. Con todas esas circunstancias, a pesar de las interferencias provocadas por el asunto FASA, que del Burgo pudo sortear por sus contactos personales con la UCD de Madrid, UCD pudo pilotar con total autoridad la vía navarra hacia la autonomía, siguiendo la prefijada hoja de ruta delburguiana, tal y como se explicó en otra entrada de este blog. 

No queremos dejar de reseñar que todo lo anterior contenía ciertos resabios del pasado. En el proceso que llevó a Navarra de ser reino a provincia en 1839-1841, los pasos a seguir también fueron dictados por Madrid según la partitura redactada por un navarro, en este caso el tudelano Yanguas y Miranda. La clave fue el Real Decreto promulgado el 16 de noviembre de 1839 para que pudiera “tener efecto lo dispuesto” en el artículo segundo de la Ley de 25 de octubre, esto es, para que se pudiera llevar a cabo el trámite de audiencia de Navarra y Vascongadas necesario para la elaboración de las propuestas de modificación de los fueros que el Gobierno debía presentar a las Cortes para cada territorio. 

Mediante ese Real Decreto se comenzaban a bifurcar los caminos de Navarra y de las provincias hermanas. Mientras, por el artículo primero, en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya se resucitaba el sistema foral tradicional, ordenándose que se constituyeran sus respectivas Juntas Generales para elegir a sus Diputaciones, en lo que respecta a Navarra, según el artículo cuarto, se establecía que la Diputación, ya no del Reino, debía ser nombrada según los parámetros constitucional fijados para la elección de las diputaciones provinciales. Se consumaba, por consiguiente, la eliminación de las Cortes que eran, según la constitución histórica de Navarra, las que designaban a los miembros de la Diputación del Reino, obviándose, además, la razón de ser primigenia de ésta, que era la de ser la representación permanente de aquéllas. Por el mismo artículo cuarto se conservaban, no obstante, algunos aspectos formales y competenciales de las pautas constitucionales propias relativas a la Diputación: ésta estaría formada por “siete individuos como antes constaba la diputación del reino, nombrando un diputado cada merindad, los dos restantes las de mayor población”. En cuanto a las competencias de la misma, eran menores que las de la Diputación del Reino: aunque se reconocían las de ésta en aquélla, se supeditaban a “las que siendo compatibles con ellas señala la ley general a las diputaciones provinciales”, sumándose “las de administración y gobierno interior que competían al Consejo de Navarra”, todo ello, claro está, “sin perjuicio de la unidad constitucional”. 

Por otra parte, según el artículo séptimo se determinaba, en conformidad con todo lo anterior, una clara diferenciación entre los protagonistas de la interlocución con el gobierno de Madrid: en Vascongadas serían las Juntas Generales las que nombrarían los “dos o más individuos que unos a otros se sustituyan” para conferenciar con aquél; en cambio, en Navarra los designaría “la nueva diputación”, convirtiéndose ésta en el árbitro del proceso para dicho territorio. Las disimilitudes en el apartado de nombramiento de delegados, así como por defecto en todo lo que tuviera que ver con la concreción de contenidos a negociar y con la gestión de los tiempos de la negociación, eran palpables. En Vascongadas esos aspectos cruciales se debatirían en un foro asambleario con representantes municipales de extracción social variada. En Navarra todo ello sería dirimido por un órgano de siete miembros elegidos por un sufragio fuertemente censitario en un escenario político en el que los diputados elegibles pertenecerían bien al liberalismo moderado, bien al progresista, permaneciendo fuera de juego, por proscripción política tácita, otros posibles candidatos adscritos al carlismo, el predominante entre la opinión pública navarra. 

Por consiguiente, dicho real decreto corroboraba las tesis de Yanguas, seguidas por varios intervinientes en las Cortes españolas en el debate sobre la ley de 25 de octubre de 1839, de que el procedimiento de modificación foral en Navarra debía hacerse mediante un método diferente al vascongado por cuanto se subrayaba la imposibilidad de convocatoria de las Cortes navarras. Así, se conformaba una Diputación que respondía, a pesar de diversos arreglos cosméticos, más al carácter y naturaleza de las diputaciones provinciales que a la extinta, e imposible también de resucitar, Diputación del Reino cuya misión esencial era, recordémoslo, velar por el cumplimiento de los cánones constitucionales propios del reino, tal y como había intentado hacer a lo largo de toda su historia. Y, paralelamente, se facilitaba el futuro desenlace al quedar configurada la parte negociadora navarra como amigable respecto de Madrid, carente absolutamente de los perfiles reivindicativos de los fueristas vascongados que se negarán a entablar negociaciones. 

En 1839-1841 una Diputación dispuesta por Madrid, y amoldada a la estrategia de Yanguas y a los intereses de los grupos sociales que el tudelano representaba, desplazaba a unas Cortes navarras consideradas como un nudo gordiano. Nadie, a excepción de Sagaseta de Ilurdoz, haría comentario alguno sobre la hipotética reforma del legislativo navarro y sobre la usurpación del papel de éste que entrañaba el protagonismo negociador otorgado a la nueva Diputación de cara a la configuración de aquel nuevo marco políticoinstitucional. En 1979-1983 las directrices de la UCD estatal y de la UCD navarra decidirían sobre quién iba a ser el agente primordial en las negociaciones para el nuevo marco de autogobierno, imponiéndose a todas las corrientes democráticas que en la época en el mundo occidental reservaban tal cometido a los órganos parlamentarios. Ciento cuarenta años después se adoptaban los mismos principios tendentes a concentrar el poder decisional en el menor número de personas y a anular o disminuir las posibles interferencias de los foros parlamentarios autóctonos.

WERT, ¿FRANCOTIRADOR ESPONTÁNEO O IDEÓLOGO DE CABECERA?.

El día 5 de este mes Antoni Gutiérrez-Rubí planteaba que las últimas provocaciones en relación con la lengua catalana del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega, obedecían a una estrategia de fondo, no a un mero movimiento improvisado e individual. Personalmente, estoy sólo parcialmente de acuerdo con el mencionado experto en comunicación política. Comparto su idea de la existencia de una estrategia planificada colegiada por parte del Partido Popular con la finalidad de conformar determinados escenarios políticos en el futuro, así como su percepción sobre las consecuencias y riesgos para la convivencia del enfoque adoptado por Wert en relación con las lenguas cooficiales, sobre todo en un momento en el que echar leña al fuego a la cuestión catalana es ciertamente peligroso. Ahora bien, disiento de la perspectiva que plantea que Wert sería sólo un histrión que verbalizaría argumentos ajenos. Desconociendo su peso real dentro del gobierno y dentro del partido que le sostiene, que aparentemente no puede ser excesivo, no creo que sea un francotirador espontáneo. Se suele olvidar su amplia trayectoria desde 1977 dentro de las filas de la derecha, su militancia en UCD hasta 1982, los puestos de responsabilidad política que desempeñó, y su militancia en el PDP desde 1983, partido éste, en colación con AP y UL, por el que fue concejal en Madrid y diputado. Además, quiero llamar la atención sobre su papel de ideólogo de cabecera, que iría mucho más allá del de agitador a la búsqueda de titulares impactantes, en la medida en que es autor de un documento relativamente importante en el que cuestiones como la reforma territorial y los cambios en política social y educativa aparecen fuertemente imbricadas, consignándose asimismo reflexiones de base relacionadas con la necesidad de alteración de muchos elementos axiológicos de la sociedad española.

El documento al que me refiero se denomina Los españoles ante el cambio y fue publicado en febrero de este año por la Fundación FAES, el think tank del Partido Popular, pudiéndose descargar de su página web. Fue escrito antes de ser nombrado ministro y puede entenderse como un auténtico manifiesto en el que, mezclándose ultraliberalismo y neoconservadurismo, se propugna aprovechar las circunstancias de la crisis para inducir una transformación profunda del Estado y de la sociedad españolas. Ha recibido loas, entre otros, del navarro Santiago Cervera, ahora diputado en Cortes por Madrid del PP, quien se ha sentido identificado con Wert por las bajas calificaciones que recibe en las encuestas, algo a lo que aquél estaría ya acostumbrado en Navarra tras su larga trayectoria política.

En el preámbulo del libro se afirma que la finalidad del mismo es, a partir de “una reflexión ordenada” acerca de la sociedad española, “servir de pauta a un debate más amplio sobre los desafíos de nuestro país” en el difícil contexto actual considerado como “un cruce de caminos histórico, de cuya respuesta al mismo va a depender su devenir en los próximos y decisivos años”. La estructura misma del documento en su parte principal (el primer capítulo está dedicado a la cuestión territorial e identitaria, el segundo a la crisis del estado del bienestar, el tercero a los valores personales y sociales y el cuarto a la política) obedece a un propósito claro de dirigir al lector hacia las opciones de actuación que se plantean en cuanto que el marco interpretativo o frame de interpretación de la realidad que se propugna apela con fuerza desde el inicio a aspectos en los que la emotividad resulta fácilmente suscitable. Puestos de relieve en primer lugar los problemas identitarios causados por los nacionalismos periféricos, a partir de ahí resulta fácil predisponer al lector, de antemano altamente predispuesto si es consumidor habitual de los productos de FAES, a favor de las tesis que se presentan después sobre el carácter ruinoso del estado autonómico o el dispendioso del estado de bienestar español. Añadiremos también que las argumentaciones están acompañadas de datos estadísticos en su mayor parte tomados de encuestas, sin que aquéllas sean sopesadas o ponderadas con otros datos estadísticos de índole mucho más incontestable que contribuyan a dimensionar las cuestiones a debate en su magnitud auténtica, con el objetivo de que el relato que se propone sea aceptado de forma acrítica. Por consiguiente, como veremos, el análisis adolece de una excesiva carga retórica.

En la parte dedicada a “Identidad, nación, autonomías” se afirma que los problemas identitarios en España están provocados exclusivamente por los sentimientos particularistas motivados por los nacionalismos periféricos. Los sentimientos duales de pertenencia, de apego “armonioso” a la comunidad autónoma respectiva y a la nación española, están generalizados con la sola excepción de tres comunidades: Cataluña, País Vasco y Navarra. La inclusión de nuestra comunidad en tal nómina justificaría esta entrada por ser los navarros concernidos como problemáticos y objeto de diagnóstico y tratamiento. Mientras en el conjunto de España el 60% de la gente considera a España “su país” (lo que constituiría la forma más fuerte de identificación emocional-racional, frente a otras variantes menos comprometidas como “una nación de la que me siento miembro”, “un país del que soy ciudadano”o “un país compuesto por varias nacionalidades y regiones”, o totalmente descomprometidas como “un Estado al que mi país no pertenece”), en Cataluña esa identificación fuerte la comparten el 34,7% de los ciudadanos, en Navarra el 34,9% y en el País Vasco apenas el 21%. Asímismo, frente a una actitud favorable al reconocimiento al derecho de secesión de las Comunidades Autónomas, que sería inferior al 2% en el conjunto de las demás Comunidades, en Navarra, esa actitud la suscriben el 13%, en el País Vasco el 21,9% y en Cataluña el 23,6%. Por último, mientras en el conjunto de las demás Comunidades menos del 8% dice sentirse “poco” o “nada” orgulloso de ser español, en Navarra ese sentimiento de distancia afectiva lo suscriben el 26%; en Cataluña, el 29,4%, y en el País Vasco, el 40,3%.

Bajo todo lo anterior Wert concluye, que aunque “la sociedad española no presenta ni mucho menos un cuadro de desintegración que se pueda comparar al de otras sociedades que en el pasado reciente han experimentado procesos de fragmentación violentos (como la antigua Yugoslavia) o más o menos pacíficos y pactados (como la antigua Checoslovaquia) o que se enfrenten ahora a un riesgo de fragmentación (como Bélgica)”, “no puede desconocerse que en España es necesario encontrar una forma de canalizar esas pulsiones de desintegración –por limitadas o selectivas que sean– antes de que las mismas se enquisten más dañinamente en la convivencia”. Es de pensar que esas consideraciones, realizadas varios meses antes de la reciente dinámica catalana, se hayan reforzado en el ánimo del ministro durante los últimos tiempos, tal y como ha tenido ocasión de verbalizar.

Sin embargo, no son aquellas tres comunidades el único foco de preocupaciones del sociólogo metido a teórico del Partido Popular. Otra fuente de problemas es la misma organización autonómica del Estado en sí ya que además de haber agravado los problemas de las nacionalidades históricas, ha generado “una dinámica de emulación entre Comunidades potencialmente desintegradora”. Por un lado, se ha asistido a la inclusión en la agenda de las sociedades políticas del País Vasco y Cataluña, a causa sobre todo de la labor de las élites nacionalistas, de conceptos ligados al soberanismo explícito (en el caso de la segunda comunidad porque el PSC habría hecho una labor de “tonto útil”, al decir de Wert), con lo que “la vieja referencia orteguiana de la “conllevancia” como estrategia a aplicar en las relaciones con Cataluña (y habría que añadir en la perspectiva actual al País Vasco) se está poniendo muy difícil”. Por otro, la dinámica de emulación negativa habría “arrastrado a otras Comunidades a buscarse a sí mismas exaltando su particularismo, inventando identidades y jugando con las palabras al borde del precipicio”.

Con el apoyo de datos demoscópicos que asegurarían que “por primera vez desde el comienzo de la Transición encontramos encuestas en las que hay una proporción significativa de gente que creen excesivo el grado de autonomía transferido a los gobiernos autonómicos” y que habría porcentajes importantes de ciudadanos que desearían menores niveles de autogobierno para su comunidad, Wert menciona que la necesidad de reflexionar sobre la sostenibilidad del actual modelo territorial estaría obstaculizada por la existencia “de unas élites políticas celosas de lo conseguido y, probablemente, resistentes a cualquier redimensionamiento a la baja del tinglado institucional construido y del soporte competencial que lo sostiene”. Esas élites no se encontrarían sola, ni principalmente, en los partidos de identidad nacionalista, ya que también estarían ubicadas en los partidos nacionales y, por supuesto, también en los partidos regionalistas como UPN. Para el ministro de educación la reforma del modelo territorial, “sin necesidad a priori de una reforma constitucional, pero sin descartarla si fuera imprescindible”, debe hacerse por motivos de economía y eficacia y porque, en definitiva, “es preciso podar la fronda político-administrativa que se ha ido creando en las Comunidades Autónomas, con estructuras de mini-Estados que no es posible –ni útil– mantener”, urgiendo para ello el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales. Puede pensarse que todo este análisis, en el que se marginan y obvian todos aquellos elementos distorsionadores, sobre todo el despilfarro y la corrupción generalizadas en la mayoría de las comunidades autónomas, sobresaliendo entre ellas las gobernadas por el Partido Popular, que han convertido en inviable el estado autonómico (y que harían inviable cualquier otro modelo, fuera centralizado o mixto), ha sido el que ha pautado la actuación política del Gobierno del PP. Al decir de Pérez Royo, el Gobierno de Rajoy “con mayoría absoluta, en lugar de considerar que el derecho a la autonomía puede ser un instrumento de gobernabilidad, vive el ejercicio de tal derecho como un obstáculo para la acción del Estado”, instalándonos “en un momento desconstituyente, en el que se está procediendo a derribar lo que se construyó con base en el clima constituyente de 1978-83”, por medio del “uso abusivo del decreto-ley”, y con la puesta en marcha, con el pretexto “del conflicto con Cataluña”, de una agenda, no reformista sino reaccionaria, en todos los terrenos. Cabe concluir, por tanto, que la campaña centralizadora, de la que hemos conocido los primeros avances por medio de la intervención competencial mediante norma superior y que terminará afectada a parcelas importantes del autogobierno autonómico y, por extensión, a expresiones más específicas y singulares como el régimen fiscal concertado vasconavarro, encuentra sus primeros anclajes teóricos en las tesis wertianas.

Acerca de la crisis del estado de bienestar, Wert asegura que la sociedad española “por razones que sería no solo compleja sino probablemente imposible de enumerar aquí por falta de espacio, responde más que ninguna otra de aquellas con las que la podamos comparar a lo que yo he llamado en alguna ocasión el síndrome estatal asistencialista”, según la cual “el Estado es el responsable del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos”. Dicha concepción estaría profundamente arraigada en España frente a la opción intermedia conservadora-corporativa o frente a la opción extrema liberal “que dice que los ciudadanos son esencialmente responsables de su propio bienestar y es a ellos a quienes les toca garantizarlo y asegurarlo”. Las encuestas mostrarían que aquella concepción sería mucho más generalizada en España que en cualquier otro país occidental, yendo, además, en aumento en los últimos años y estando presente en todas las cohortes generacionales y entre los simpatizantes de todos los partidos. Todo ello constituiría un evidente obstáculo de cara la implementación de las ineludibles reformas que habría que acometer dada la obvia, según Wert, inviabilidad del sistema de política social en España, en especial de cara al futuro dado el creciente envejecimiento de la población española. A su juicio, “es precisa alguna forma de nuevo contrato social que redefina la solidaridad intergeneracional sobre bases posibilistas y realistas, atentas a las nuevas realidades demográficas que la condicionan más allá de lo ideológico, del voluntarismo o de las buenas intenciones”.

Resulta sorprendente que en todo el enfoque wertiano se hable de recortar el estado de bienestar español y se silencien absolutamente los datos relativos a las características del mismo, entre los que sobresalen, tal y comoha recordado repetidamente Vicenç Navarro, su escasa financiación y desarrollo. España tiene el gasto público social, tanto por habitante como en relación al PIB, más bajo de la UE-15 (el grupo de países de semejante desarrollo económico al español). Por otra parte, España se gasta en el Estado del bienestar mucho menos de lo que debería gastarse por su nivel de riqueza: con un PIB per cápita del 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15, se gasta en su Estado del bienestar sólo el 74% de lo que se gasta el promedio de la UE-15. Los problemas del estado del bienestar español no son, por tanto, derivados de su hipertrofia, sino de un recaudación fiscal muy deficiente a causa de un fraude fiscal, en especial de las rentas superiores y de las grades empresas, que alcanzaría un montante, estimado por el citado profesor, de 44.000 millones de euros al año. Teniendo en cuenta todos esos datos las percepciones subjetivas de los ciudadanos españoles en pro de un estado asistencialista serían producto de una enorme ansía de lo imposible o de una dramática distorsión cognitiva, habida cuenta del exigente esfuerzo fiscal exigido a los asalariados y clases medias, en sensible aumento en los últimos años, en especial a partir de la toma de posesión de Mariano Rajoy.

En relación con los valores personales y sociales, por último, Wert llama la atención sobre “el acusado pluralismo axiológico” asentado en la sociedad española tras 1975, así como la situación de desconcierto que vive la misma en ese ámbito debido a que el vacío prescriptivo dejado por la Iglesia no ha sido “rellenado con otras alternativas –sistemáticas o no– de valores”. Además, la sociedad española se caracterizaría, a tenor de las preferencias denotadas por las encuestas, “de un patrón cultural muy vitalista y presentista, una cultura del carpe diem, desentendida de lo social-abstracto y más atenta al disfrute que al sacrificio”, advirtiéndose entre los jóvenes “una cierta ruptura del vínculo entre el trabajo (y extensivamente, el esfuerzo y el sacrificio) y el logro (en su dimensión más mostrenca, al menos, la del bienestar económico)”. Esas valoraciones pecan, a nuestro juicio, de ahistóricas y esencialistas ya que presentan los presuntos valores anteriores a 1975 como no afectados por la influencia de los elementos de aculturación política y religiosa del franquismo o por la misma situación de mayor pobreza relativa, en todas las esferas, de los ciudadanos españoles de los años sesenta y setenta. Asimismo, creemos que se olvidan de la doble moral imperante durante la dictadura franquista, tanto entre las élites como en muchos ámbitos de la sociedad española, sobre una pluralidad de cuestiones. También convendría recordar que, en todo caso, el hedonismo, el acriticismo y la cultura consumista han sido profusamente difundidos como pautas a imitar por los jóvenes españoles desde los nodos centrales del sistema, en especial en los últimos lustros, y que, de cualquier forma, grupos y personas afines al Partido Popular, también son profundamente responsables de la catastrófica situación del país por su querencia hacia el enriquecimiento súbito mediante fórmulas que nada tienen que ver con la cultura del esfuerzo, sino más bien con la de la corrupción pura y dura.

Como causas últimas de las actitudes de la sociedad española en relación con los valores, Wert apunta hacia la pérdida de peso de la familia y de la escuela como elementos transmisores de valores. En el caso de la familia apela a la incidencia “del cambio en los roles familiares que la incorporación masiva de la mujer al trabajo fuera del hogar supone”, ya que “más trabajo de la mujer fuera de casa no significa, ni mucho menos, desatención a los hijos y a su educación, pero sí implica una dedicación cuantitativa menor a todo ello”. En el caso de la escuela, “el modelo educativo imperante –más aun desde su radical descentralización– por encima de su mediocre rendimiento en la función de transmisión de conocimientos, como acreditan persistentemente las comparaciones internacionales, lleva a que prevalezca –especialmente en el gestionado públicamente– un práctico desistimiento de la función de transmisión de valores o, quizá dicho de modo más preciso, la idea de que debe inculcarse en los educandos el concepto de que los valores –especialmente en lo que se refiere a las orientaciones de moral individual– banalizados en el concepto de estilos de vida son todos igualmente aceptables”. Sobre la hipotética incidencia de la incorporación masiva de la mujer al trabajo en las últimas décadas, basta señalar que, de ser cierta, incriminaría, sobre todo, a la incapacidad de las parejas de sexo masculino de las mujeres trabajadoras de cara a asumir los roles compensatorios normales propios de la época y de la situación. Sobre los comentarios referidos al sistema educativo, vuelven a estar ausentes elementos de ponderación objetiva, como la inversión en relación con el PIB, que explican una parte sustantiva del fracaso escolar en España. Tampoco se mencionan otros más ligados al modelo económico de bajo capital humano y basado en la construcción que fue potenciado en la segunda mitad de los años noventa por el Partido Popular y que fue continuado a partir de 2004 por los gestores socialistas. Como es ampliamente conocido, con el boom del ladrillo, jóvenes que ganaban en la construcción más de 2.000 euros al mes abandonaron tempranamente sus estudios y ahora, carentes de formación, están abocados al paro de larga duración con el BMV o Audi estacionado a la puerta porque no tienen dinero para combustible ni compradores de segunda mano.

Para finalizar, en el apartado de conclusiones se remarca el carácter de la crisis económica actual como oportunidad “para tomar impulso como país y como sociedad” y se alude a que “hay que retomar –o refundar– el vínculo nacional y el vínculo social debilitados respectivamente por errores políticos y falencias sociales de distinto tipo”. Para ello, las reformas necesitan de una labor previa, de construcción de “un relato de sacrificios compartidos y de sacrificios con sentido”, todo ello compatible con la circunstancia de que el Partido Popular no necesitaba (recordemos que el texto fue escrito antes de las elecciones de noviembre de 2011) comprometerse con un programa explicitado puesto que “es mejor afrontar la crítica a la inconcreción que el repudio al incumplimiento” y “la próxima legislatura va a ser muy dura y muy exigente para el futuro Gobierno y bastante lastre va a llevar en todo caso como para necesitar ponerse él mismo más cargasobre los hombros. Asimismo, se debe ampliar la mirada de la ciudadanía, en un esfuerzo de corrección de “las limitaciones de comprensión de las interdependencias globales”, de su “provincianismo en la lectura del fenómeno de la globalización” y de su percepción “insuficiente o sesgada de las implicaciones de la pertenencia a un espacio económico supranacional como el de la Unión Económica y Monetaria”. A diferencia de otros sociólogos de otros países, que también han tratado de desarrollar una función similar de consejeros aúlicos de los gobernantes nacionales, pero que han avisado de las consecuencias negativas del proceso de globalización para las sociedades propias, Wert se muestra absolutamente acrítico con el mismo, como si la economía española, muy débil estructuralmente y más debilitada todavía por efecto de la política económica seguida en los últimos quince años y por las decisiones de los ultimísimos años, estuviera en posiciones de concurrencia perfecta frente a otros países.

Wert finaliza su texto reclamando la reforma educativa y la reforma territorial. Sobre la primera, los argumentos son ya conocidos por el lector a través de la prensa: resultados pobres en las comparaciones internacionales sobre rendimiento académico de nuestros jóvenes, bajo nivel de conocimiento de inglés, escasa calidad de la enseñanza universitaria, primacía de la organización del sistema y de los valores educativos sobre los recursos a invertir como factores a tener en cuenta, falta de compromiso con el esfuerzo y el mérito y complacencia con el fracaso y la mediocridad. A la luz de todo ello, resultan fáciles de entender los contenidos que se van conociendo de su propuesta en nueva ley de educación basados en la potenciación de la escuela concertada y en el ataque a la escuela pública. Seguirían siendo, en cambio, difíciles de entender, por no verificables en relación con los objetivos de reforzamiento de los valores morales e identitarios preconizados por el ministro, las razones de fondo de la eliminación de la asignatura de Educación para la ciudadanía, la defensa de la Religión como optativa, el blindaje de la concertación religiosa y de la segregación por sexos o el descrédito de los modelos bilingües o trilingües que parten de un idioma vehicular diferente al castellano. Aunque retóricamente puedan entenderse, a la luz de sus consideraciones sobre la necesidad de reforzar los elementos de aculturación identitaria propios del nacionalismo español, sus propuestas de reducción de la autonomía de las CCAA a la hora de la fijación de contenidos y de imposición de otros dictados desde Madrid, la experiencia histórica dicta que los empeños en adoctrinar ideológicamente desde la escuela, sea en la esfera identitario como en la axiológica, suelen chocar con una realidad mucho más poliédrica, no resultando operativos más que allá donde el contexto es altamente coincidente y siendo, a la larga, germen de problemas por su afán de simplificación.

Acerca de la reforma del estado autonómico, “racionalizar el Estado multinivel suprimiendo la miríada de duplicaciones, solapamientos e ineficiencias del mismo” es para el ministro “algo imprescindible y urgente” porque “tenemos una Administración antieconómica no sólo por lo que cuesta, sino por lo que entorpece la vida económica y social” ya que “fenómenos como la hiperlexis, la multiplicidad reglamentaria, las contradicciones normativas, las intervenciones administrativas múltiples, perjudican la actividad económica y atentan contra la unidad de mercado”. Para esta última reforma, haría falta “un sólido acuerdo político entre los partidos nacionales y un compromiso honrado también con los partidos nacionalistas y con las sociedades en las que aquellos se han arraigado”, si bien “la búsqueda de esos compromisos no puede enervar eternamente la acción”, con lo que, aunque “esta reforma será mucho mejor con ese acuerdo”, “la falta de él no puede ser excusa para abordarla”.

Un documento, en definitiva, imprescindible para entender las claves últimas de la actuación política del gobierno popular. Si bien las ideas de fondo inclinan a pensar que estamos ante un mero aggiornamento, no excesivamente intenso, de los mensajes de siempre de la derecha española, la agenda mencionada anima a pensar que la derecha española quiere protagonizar un segundo intento, truncado el de Aznar, de corrección de todas aquellas cuestiones con las que tuvo que transigir a finales de los setenta y que, tras evaluar la correlación de fuerzas que puedan oponérsele, no sólo no duda en optar por la confrontación, sino que estima como más conveniente un escenario de polarización.

NAVARRA TUTELADA: AUTOGOBIERNO, ESPACIO FISCAL VASCONAVARRO Y DISCRECIONALIDAD DEL ESTADO.

El hecho diferencial vasconavarro en materia tributaria, plasmado en el Concierto Económico en el caso de la CAV, tras su recuperación en este ámbito en 1981, y en el Convenio Económico en el caso de Navarra, éste último vigente desde 1841 y desde entonces varias veces adaptado a los tiempos, suele ser, como es sabido, frecuentemente tachado desde varios foros de privilegio atentatorio contra el principio de igualdad de los ciudadanos del Estado. Sin embargo, suele olvidarse a menudo que el Estado no se comporta con ambos instrumentos de autonomía fiscal de manera idéntica, sino que lo hace de manera discrecional y diferenciada según criterios políticos.

Normas fiscales prácticamente iguales en contenidos, aunque de diferente rango y con distinto control jurisdiccional (mientras las navarras son leyes recurribles exclusivamente ante el Tribunal Constitucional, las de los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca son normas de carácter reglamentario que pueden impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia o en su caso del Tribunal Supremo) han tenido suerte absolutamente dispar en el ámbito de los tribunales. Las leyes tributarias navarras no han sido por lo general cuestionadas, al contrario que muchas normas forales de los territorios de la CAV que han sido objeto de recursos por parte del Estado y de las comunidades autónomas vecinas. Así, se ha dicho que en la práctica el espacio socioeconómico fiscal vasconavarro devenido del reconocimiento constitucional de los derechos históricos de la Comunidad Foral de Navarra y de los territorios de la CAV ha quedado escindido entre regímenes forales buenos y malos, y por tanto impugnables o no ante el ámbito jurisdiccional correspondiente, respondiendo el grado de bondad al grado de simpatía que despiertan en el gobierno central y en los partidos mayoritarios estatales los gobiernos que están al frente de aquellas comunidades autónomas forales. La discrecionalidad valorativa del Estado y de los territorios allende el Ebro tampoco han solido considerar la circunstancia de que, aunque hasta la reforma del Concierto Económico de la CAV en 1997 la autonomía tributaria de Navarra, fijada con la actualización del Convenio de 1990, era mayor que la de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, desde entonces nuestra comunidad ha ido a rebufo de las modificaciones de aquél, aprovechándose de la estela de los logros conseguidos por la mayor imaginación y audacia en el terreno fiscal de aquellos territorios.

El tratamiento tutelado de Navarra por parte del Estado ha tenido una última expresión con el tema de la devolución del IVA de la Volkswagen, cuyos coches han sido desde hace quinquenios exportados a Europa por una empresa radicada en Barcelona -es decir, en territorio común. A cuenta de ese asunto, destapado la pasada primavera a cuenta de una investigación de la inspección de la Agencia Tributaria, nuestra comunidad se habría embolsado indebidamente desde mediados de los años noventa del pasado siglo una cantidad astronómica, de 1.500 millones sólo desde 2007. No obstante, a pesar del acta levantada, el Gobierno navarro consiguió no sólo la condonación de la mayor parte de esa deuda, sino, además, la consolidación de la práctica, con lo que Navarra recibe una inyección anual extraordinaria de 245 millones de euros, una cantidad que supone una parte nada desdeñable de su presupuesto. En comparación, hace falta recordar que la actitud de la Hacienda central contrasta fuertemente con la que mantuvo en su día con Álava a cuenta del pago del IVA por parte de la multinacional Rover. El Gobierno central recurrió una decisión de la Junta Arbitral, y al final, ante la sentencia del Tribunal Supremo favorable a la Agencia Tributaria, la Diputación alavesa tuvo que devolver 435 millones al Estado, retirando el recurso de amparo que había interpuesto ante el Tribunal Constitucional.

A todo ello hay que añadir que en la negociación mantenida se ha conseguido evadir cualquier control parlamentario. En la respuesta dada por elministerio de Hacienda al grupo parlamentario de UPyD se dice textualmente que "a diferencia de lo que sucede en el País Vasco, los acuerdos para establecer la cuantificación y liquidación de los ajustes a consumo de la imposición indirecta son competencia de la Comisión coordinadora, sin que tradicionalmente haya resultado necesaria su aprobación posterior por Ley en las Cortes Generales". Un régimen tutelado, por tanto, basado en la opacidad y en las negociaciones encubiertas en las altas instancias de cuya efectividad cabe dudar dado que nos encontramos ante un rescate disfrazado, máxime cuando las cifras de recaudación siguen en una caída sin final, tal y como lo prueba el desplome de 144 millones de euros enla recaudación del IVA de los dos primeros cuatrimestres del años, facilitado por las medidas de penalización del consumo.

Todo lo anterior sirve para concluir que, por sí solo, el Convenio facilita, pero no garantiza absolutamente, el desarrollo socioeconómico navarro. Para constituir tal aval tiene que enraizarse en una economía robusta y firme que permita las menores afecciones posibles incluso en situaciones de riesgo tan complejas y graves como la presente. Rasgos que, desde luego, no han podido ser implementados, por lo visto, a pesar de la generosa aportación complementaria otorgada por el Estado durante los últimos lustros.

Desde el punto de vista político, cabe subrayar que el concepto de autogobierno de UPN descansa sobre un sistema de cartas marcadas que no opera en la CAV ni operaría, con toda seguridad, en la misma Navarra en el caso de que el gobierno foral recayera en agentes que no fueran del agrado del PP. Por último, el fundamento último de aquel concepto, a partir de concesiones graciosas del poder central, suscita sospechas legítimas de que, además de relacionarse con motivaciones relativas a la razón de estado frente al peligro nacionalista, las mismas puedan objetivarse en contrapartidas de naturaleza política o económica, aún cuando no se pueda atisbar de momento ni su sentido ni su magnitud, en perjuicio para la ciudadanía navarra.