INVERSIÓN DEL ESTADO EN NAVARRA E IVA DE LA VOLKSWAGEN: UNA ACLARACIÓN PENDIENTE.

A finales de septiembre pudo conocerse que Navarra era la comunidad autónoma en la que más caída ha registrado la inversión del Estado en los PGE para 2013, de un 68 por ciento. Tras nuestra comunidad se situan Baleares (un 45% menos), la Comunidad Valenciana (un 35,1 % menos) y el País Vasco (32,8 % menos). Por su parte, en Aragón el descenso ha sido del 30,2 %, en Castilla-La Mancha del 28,4%, en Galicia del  23,3%, en Asturias del 15,9 %, en la Comunidad de Madrid del  14,28%, en Extremadura del 11,2% y en Cataluña del 10,76 %. Por el contrario,  la inversión sólo aumentará en Cantabria, Murcia y Castilla y León. Más allá de los porcentajes, la cifras absolutas terminan de perfilar el significado de aquellos descensos porcentuales. La comunidad autónoma que más inversión recibirá en términos absolutos será Andalucía, con una inversión de 1.632,84 millones de euros. Por detrás se sitúan Castilla y León (1.587,11 millones), Galicia (1.309,08 millones), Cataluña (1.262,30 millones) y la Comunidad de Madrid (1.078,65 millones).Ya por debajo de los mil millones se sitúan la Comunidad Valenciana (654,45 millones), Castilla-La Mancha (612,33 millones), Asturias (426,07 millones), Murcia (408,56 millones), País Vasco (350,36 millones), Aragón (328,96 millones), Extremadura (327,60 millones), Canarias (269,54 millones), Cantabria (159,55 millones), Baleares (78,72 millones), La Rioja (64,51 millones), Ceuta (44,13 millones), Navarra (25,34 millones) y Melilla (22,77 millones).

Esta situación ha dado lugar hoy mismo a un debate en el Congreso de los Diputados motivada por un comentario efectuado por el ministro Montoro a la intervención de la diputada de GB Uxue Barkos en el que vendría a justificar el recorte en los PGE para Navarra con la solución dada al tema del IVA de la Volkswagen y del rescate encubierto que representaba para Navarra, de lo que ya hemos hablado anteriormente en este blog. El titular de la cartera de Economía y Hacienda ha afirmado textualmente: "¿Navarra? Claro que hemos apoyado a Navarra, lo hemos hecho de una manera muy concreta y muy clara en procedimientos que eran discutibles, que estaban sujetos a debate, a polémica, sobre la distribución del Impuesto sobre el Valor Añadido". Posteriormente la diputada navarra ha planteado a los responsables del  Gobierno de Navarra que expliquen y aclaren si es cierto que una y otra cuestión están interrelacionadas.  

Ya anteriormente, el 9 de octubre, la misma diputada había denunciado el recorte y la actitud aquiescente de UPN, apuntando que las inversiones en Navarra se habían visto reducidas en más de un 80 por ciento en sólo tres años, al pasar de los 137 millones en 2011 a 24 millones para el próximo año.

Todas estas cuestiones se encuentran interrelacionadas con una pregunta escrita formulada por el diputado Sabino Cuadra, de Amaiur, en el Congreso de los Diputados y de la que la prensa informó el 4 de octubre. 

En el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados serie D de 18 de octubre, entre las páginas 297-298, figuran los extremos de dicha pregunta para respuesta escrita, fechada el 1 de octubre. En ella se apuntaba, tal y como se ha visto reflejado en los artículos que se han ocupado del tema, que “a fines del pasado año 2011, los Técnicos del Ministerio de Hacienda procedieron a realizar diversas revisiones e investigaciones en relación con el cobro del IVA relativo a las ventas de los vehículos Volkswagen fabricados en el Polígono de Landaben, en Nafarroa, resultando de ello, según los citados Técnicos, la comprobación de diversas irregularidades” y que “Como consecuencia de ello, en marzo del presente año la Hacienda estatal procedió a reclamar al Gobierno de Navarra 1.513 millones de euros correspondientes a ingresos dejados de percibir en los últimos 17 años, desde que la entonces planta SEAT de Landaben fue adquirida por la multinacional alemana Volkswagen”. Se añadía que “junto a ello, el Ministerio reclamaba también al Gobierno de Navarra una cantidad de 780 millones de euros por las cantidades de IVA a las que nos estamos refiriendo correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014”. En la pregunta el interpelante se refería asimismo a la solución acordada por la Comisión de Arbitraje del Convenio Económico el 7 de mayo por el que el Gobierno de Navarra pagaba 75 millones de euros, 25 por año, a la Hacienda estatal en relación con el IVA correspondiente a esos tres años y a que “quedaría en manos de la citada Comisión de Arbitraje resolver sobre la posible presentación de un recurso en contra de la reclamación de los 1.513 millones de atrasos a las que antes se ha hecho referencia”. En la pregunta Amaiur se refería a que “Todo lo expuesto ha sido realizado por medio de unas negociaciones que apenas han trascendido públicamente y, lo qué es mas grave aún, sin que haya sido dado a conocer, ni al Parlamento Foral, ni a la ciudadanía navarra, el texto del Acuerdo al cual han llegado los Gobiernos estatal y foral a través de la Comisión de Arbitraje del Convenio. No solo esto, sino que la propia presidenta del Gobierno de Navarra, en su comparecencia ante el Parlamento Foral, realizada a últimos de junio a requerimiento de sus grupos, ha señalado la improcedencia y la innecesariedad de que el citado acuerdo fuera publicado”.  Bajo todo ello se preguntaba por “el contenido expreso” del Acuerdo de 7 de mayo de 2012, por “las razones legales, fiscales, económicas, contables o de cualquier otro tipo que haya podido justificar el rebaje de la petición inicial de 781 millones de euros correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, a los 75 millones de euros acordados”, por “las razones legales, fiscales o de cualquier otro tipo que hayan podido justificar que los 1.513 millones de euros correspondientes al IVA de los últimos 17 años hayan sido aplazados en el cobro”, por “las condiciones concretas acordadas (plazos, cuantías, intereses,..) referidas al cobro por parte del Gobierno del Estado —PP— al Gobierno de Navarra —UPN— en relación con los citados 1.513 millones de euros”, por si ha habido alguna cantidad que ha sido condonada por el Gobierno estatal al Gobierno de Navarra y por si “tiene el Gobierno del PP un pacto con UPN consistente en el apoyo diario que estos últimos están dando al Gobierno del PP en el Congreso de los Diputados como contrapartida política al trato ventajoso dado por el Gobierno del PP al Gobierno de Navarra en relación con el tema del IVA”.

También hay que recordar que el pasado lunes 8 de octubre la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento Foral acordaron, por unanimidad que la Cámara comparezca, en caso de que se abra, en el procedimiento contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional tras el anuncio de UPyD de recurrir el acuerdo de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico por el que se modificaba el método para hacer efectivo el ajuste de la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido en el quinquenio 2010-2014, en el marco del citado Convenio. Los representantes de todos los grupos presentes en el Parlamento navarro, también Bildu (partido que en su programa para las elecciones al Parlamento de Navarra  no mencionaba en absoluto el Convenio Económico y que en su versión de EHBildu para las recientemente celebradas elecciones en la CAV hablaba de “recuperar la soberanía fiscal plena, un objetivo imposible de garantizar con el actual sistema de Concierto y Convenio Económico; y abandonar la tentación de imitar y copiar las medidas fiscales aprobadas en Madrid"), atacaron tras esa decisión la iniciativa de UPyD, posicionándose unánimente en defensa del régimen concertado navarro.

No obstante, a pesar de que desde el punto de vista técnico se ha razonado suficientemente la inviabilidad de la judicialización del tema por parte del partido liderado por Rosa Díez por la modificación de la estrategia comercial a partir de 1 de abril de 2012 por parte de VW Navarra de forma que los vehículos producidos en Navarra se han unido al procedimiento general de exportación directa desde las factorías productoras a los lugares de destino, con lo que es la Hacienda Tributaria de Navarra la que tiene que hacerse cargo de la correspondiente devolución del IVA que soporta Volkswagen en los vehículos que exporta desde dicha fecha, la realidad es que siguen existiendo dudas razonables de naturaleza política sobre cómo se ha desarrollado la cuestión, tal y como expresaba la pregunta de Amaiur y tal y como se desprende de la respuesta de hoy mismo del ministro Montoro. No cabe olvidar que, previamente al acuerdo de la Comisión Coordinadora, existió, según los indicios disponibles, un acta de inspección de la Agencia Tributaria que motivó la solución finalmente alcanzada, lo que indicaría una descoordinación rampante entre la administración navarra y la estatal para llegar a tal punto. Eso y todos los aspectos oscuros del asunto implícitos en la pregunta de Amaiur y en la respuesta de Montoro son los que de verdad debilitan el régimen concertado, no posibles recursos ni el hecho de que se hable de él.

NAVARRA TUTELADA: AUTOGOBIERNO, ESPACIO FISCAL VASCONAVARRO Y DISCRECIONALIDAD DEL ESTADO.

El hecho diferencial vasconavarro en materia tributaria, plasmado en el Concierto Económico en el caso de la CAV, tras su recuperación en este ámbito en 1981, y en el Convenio Económico en el caso de Navarra, éste último vigente desde 1841 y desde entonces varias veces adaptado a los tiempos, suele ser, como es sabido, frecuentemente tachado desde varios foros de privilegio atentatorio contra el principio de igualdad de los ciudadanos del Estado. Sin embargo, suele olvidarse a menudo que el Estado no se comporta con ambos instrumentos de autonomía fiscal de manera idéntica, sino que lo hace de manera discrecional y diferenciada según criterios políticos.

Normas fiscales prácticamente iguales en contenidos, aunque de diferente rango y con distinto control jurisdiccional (mientras las navarras son leyes recurribles exclusivamente ante el Tribunal Constitucional, las de los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca son normas de carácter reglamentario que pueden impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia o en su caso del Tribunal Supremo) han tenido suerte absolutamente dispar en el ámbito de los tribunales. Las leyes tributarias navarras no han sido por lo general cuestionadas, al contrario que muchas normas forales de los territorios de la CAV que han sido objeto de recursos por parte del Estado y de las comunidades autónomas vecinas. Así, se ha dicho que en la práctica el espacio socioeconómico fiscal vasconavarro devenido del reconocimiento constitucional de los derechos históricos de la Comunidad Foral de Navarra y de los territorios de la CAV ha quedado escindido entre regímenes forales buenos y malos, y por tanto impugnables o no ante el ámbito jurisdiccional correspondiente, respondiendo el grado de bondad al grado de simpatía que despiertan en el gobierno central y en los partidos mayoritarios estatales los gobiernos que están al frente de aquellas comunidades autónomas forales. La discrecionalidad valorativa del Estado y de los territorios allende el Ebro tampoco han solido considerar la circunstancia de que, aunque hasta la reforma del Concierto Económico de la CAV en 1997 la autonomía tributaria de Navarra, fijada con la actualización del Convenio de 1990, era mayor que la de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, desde entonces nuestra comunidad ha ido a rebufo de las modificaciones de aquél, aprovechándose de la estela de los logros conseguidos por la mayor imaginación y audacia en el terreno fiscal de aquellos territorios.

El tratamiento tutelado de Navarra por parte del Estado ha tenido una última expresión con el tema de la devolución del IVA de la Volkswagen, cuyos coches han sido desde hace quinquenios exportados a Europa por una empresa radicada en Barcelona -es decir, en territorio común. A cuenta de ese asunto, destapado la pasada primavera a cuenta de una investigación de la inspección de la Agencia Tributaria, nuestra comunidad se habría embolsado indebidamente desde mediados de los años noventa del pasado siglo una cantidad astronómica, de 1.500 millones sólo desde 2007. No obstante, a pesar del acta levantada, el Gobierno navarro consiguió no sólo la condonación de la mayor parte de esa deuda, sino, además, la consolidación de la práctica, con lo que Navarra recibe una inyección anual extraordinaria de 245 millones de euros, una cantidad que supone una parte nada desdeñable de su presupuesto. En comparación, hace falta recordar que la actitud de la Hacienda central contrasta fuertemente con la que mantuvo en su día con Álava a cuenta del pago del IVA por parte de la multinacional Rover. El Gobierno central recurrió una decisión de la Junta Arbitral, y al final, ante la sentencia del Tribunal Supremo favorable a la Agencia Tributaria, la Diputación alavesa tuvo que devolver 435 millones al Estado, retirando el recurso de amparo que había interpuesto ante el Tribunal Constitucional.

A todo ello hay que añadir que en la negociación mantenida se ha conseguido evadir cualquier control parlamentario. En la respuesta dada por elministerio de Hacienda al grupo parlamentario de UPyD se dice textualmente que "a diferencia de lo que sucede en el País Vasco, los acuerdos para establecer la cuantificación y liquidación de los ajustes a consumo de la imposición indirecta son competencia de la Comisión coordinadora, sin que tradicionalmente haya resultado necesaria su aprobación posterior por Ley en las Cortes Generales". Un régimen tutelado, por tanto, basado en la opacidad y en las negociaciones encubiertas en las altas instancias de cuya efectividad cabe dudar dado que nos encontramos ante un rescate disfrazado, máxime cuando las cifras de recaudación siguen en una caída sin final, tal y como lo prueba el desplome de 144 millones de euros enla recaudación del IVA de los dos primeros cuatrimestres del años, facilitado por las medidas de penalización del consumo.

Todo lo anterior sirve para concluir que, por sí solo, el Convenio facilita, pero no garantiza absolutamente, el desarrollo socioeconómico navarro. Para constituir tal aval tiene que enraizarse en una economía robusta y firme que permita las menores afecciones posibles incluso en situaciones de riesgo tan complejas y graves como la presente. Rasgos que, desde luego, no han podido ser implementados, por lo visto, a pesar de la generosa aportación complementaria otorgada por el Estado durante los últimos lustros.

Desde el punto de vista político, cabe subrayar que el concepto de autogobierno de UPN descansa sobre un sistema de cartas marcadas que no opera en la CAV ni operaría, con toda seguridad, en la misma Navarra en el caso de que el gobierno foral recayera en agentes que no fueran del agrado del PP. Por último, el fundamento último de aquel concepto, a partir de concesiones graciosas del poder central, suscita sospechas legítimas de que, además de relacionarse con motivaciones relativas a la razón de estado frente al peligro nacionalista, las mismas puedan objetivarse en contrapartidas de naturaleza política o económica, aún cuando no se pueda atisbar de momento ni su sentido ni su magnitud, en perjuicio para la ciudadanía navarra.