Este sábado 22 de
diciembre nos hemos desayunado con dos informaciones (una divulgada
en la prensa y otra localizada en la fuente primaria correspondiente
y de la que no hemos encontrado ecos en los periódicos) que
corroboran el comportamiento opaco de la Navarra oficial, y de las
instituciones ligadas a ella, respecto al afán de transparencia de
la ciudadanía, sobre todo, si, como es el caso, están ligadas a
cuestiones económicas.
La primera información es el rechazo, por los votos en contra de UPN y PSN y con los votos a
favor del resto de los partidos (Bildu, NaBai, PP, Izquierda-Ezkerra
y los parlamentarios no adscritos de Geroa Bai), a la comisión de
investigación sobre Caja Navarra solicitada por estos últimos
partidos, a excepción del PP, y cuyo objetivo era determinar cuáles
fueron las decisiones tomadas por los responsables (Consejo de
Administración y Directivos) de la CAN “han llevado a la Comunidad
Foral a perder su más importante y necesario instrumento financiero
autóctono”. En la exposición de motivos, la propuesta de creación
de la Comisión de Investigación censuraba la “opacidad y falta de
transparencia” que han caracterizado los “procesos de gestión y
decisión” que han desembocado en la “perdida del instrumento
financiero que más ha participado en el desarrollo y modernización
de Navarra”. A ese respecto, los impulsores de la iniciativa
constataban que la “ciudadanía de Navarra, sus administraciones
públicas, empresarios, autónomos y pymes” están acusando ya las
“muy negativas” consecuencias económicas derivadas de la compra
de la CAN por otra entidad bancaria, “a un precio muy inferior a la
valoración real que tenía muy poco antes de su venta”. Por todo
ello, se reclamaba el “esclarecimiento” de las decisiones que han
propiciado la “desaparición real” de la CAN y la “pérdida de
su capacidad para realizar la función social y financiera para la
que fue creada”, sin olvidar que su “futuro como entidad formal
está puesto en duda por las repercusiones de una posible
intervención del Estado en el control de la Fundación Caja
Navarra”.
No hace falta indicar que
el voto contrario de UPN y PSN a la comisión de investigación está
directísimamente relacionado con el papel central y preponderante
desempeñado por esos dos partidos en la gestión de la CAN no sólo
durante los últimos años, sino también durante las últimas
décadas. El portavoz del primero de esos dos partidos ha afirmado
que "si alguien cree que se ha cometido algo ilícito en la
entidad ahí están los tribunales de Justicia". El portavoz
socialista rechazó la comisión con el argumento de que "es lo
más efectista pero no necesariamente lo más eficaz" y recordó
que, además de que muchas otras cajas también han desaparecido, su
partido está a la espera del informe que solicitó a los servicios
jurídicos del Parlamento para conocer si la Cámara de Comptos es
competente para analizar el proceso seguido por la CAN. De cualquier
forma, algunos sectores del socialismo navarro, más realistas en
relación con las auténticas dimensiones del asunto y con los
efectos sobre la opinión pública del asunto Cervera, se habrían
posicionado en contra de la postura de su partido. Entre ellos
estarían ni más menos el diputado Moscoso y el líder del sector
crítico Manuel Campillo.
Además de todo lo
anterior hoy mismo hemos accedido a la contestación proporcionada
por el Secretario de Estado en Relaciones con las Cortes a la
pregunta escrita formulada por el diputado Sabino Cuadra, de Amaiur,
en el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre en relación
con el asunto del IVA de la Volkswagen.
La pregunta constaba en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D de 18 de octubre, entre las páginas 297-298,
figuraban los extremos de la misma, fechada el 1 de octubre. En ella
se apuntaba, tal y como se había visto reflejado en los artículos
que se habían ocupado del tema, que “a fines del pasado año 2011,
los Técnicos del Ministerio de Hacienda procedieron a realizar
diversas revisiones e investigaciones en relación con el cobro del
IVA relativo a las ventas de los vehículos Volkswagen fabricados en
el Polígono de Landaben, en Nafarroa, resultando de ello, según los
citados Técnicos, la comprobación de diversas irregularidades” y
que “como consecuencia de ello, en marzo del presente año la
Hacienda estatal procedió a reclamar al Gobierno de Navarra 1.513
millones de euros correspondientes a ingresos dejados de percibir en
los últimos 17 años, desde que la entonces planta SEAT de Landaben
fue adquirida por la multinacional alemana Volkswagen”. Se añadía
que “junto a ello, el Ministerio reclamaba también al Gobierno de
Navarra una cantidad de 780 millones de euros por las cantidades de
IVA a las que nos estamos refiriendo correspondientes a los años
2012, 2013 y 2014”. En la pregunta el interpelante se refería
asimismo a la solución acordada por la Comisión de Arbitraje del
Convenio Económico el 7 de mayo por el que el Gobierno de Navarra
pagaba 75 millones de euros, 25 por año, a la Hacienda estatal en
relación con el IVA correspondiente a esos tres años y a que
“quedaría en manos de la citada Comisión de Arbitraje resolver
sobre la posible presentación de un recurso en contra de la
reclamación de los 1.513 millones de atrasos a las que antes se ha
hecho referencia”. En la pregunta Amaiur se refería a que “Todo
lo expuesto ha sido realizado por medio de unas negociaciones que
apenas han trascendido públicamente y, lo qué es mas grave aún,
sin que haya sido dado a conocer, ni al Parlamento Foral, ni a la
ciudadanía navarra, el texto del Acuerdo al cual han llegado los
Gobiernos estatal y foral a través de la Comisión de Arbitraje del
Convenio. No solo esto, sino que la propia presidenta del Gobierno de
Navarra, en su comparecencia ante el Parlamento Foral, realizada a
últimos de junio a requerimiento de sus grupos, ha señalado la
improcedencia y la innecesariedad de que el citado acuerdo fuera
publicado”. Bajo todo ello se preguntaba por “el contenido
expreso” del Acuerdo de 7 de mayo de 2012, por “las razones
legales, fiscales, económicas, contables o de cualquier otro tipo
que haya podido justificar el rebaje de la petición inicial de 781
millones de euros correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, a
los 75 millones de euros acordados”, por “las razones legales,
fiscales o de cualquier otro tipo que hayan podido justificar que los
1.513 millones de euros correspondientes al IVA de los últimos 17
años hayan sido aplazados en el cobro”, por “las condiciones
concretas acordadas (plazos, cuantías, intereses,..) referidas al
cobro por parte del Gobierno del Estado —PP— al Gobierno de
Navarra —UPN— en relación con los citados 1.513 millones de
euros”, por si ha habido alguna cantidad que ha sido condonada por
el Gobierno estatal al Gobierno de Navarra y por si “tiene el
Gobierno del PP un pacto con UPN consistente en el apoyo diario que
estos últimos están dando al Gobierno del PP en el Congreso de los
Diputados como contrapartida política al trato ventajoso dado por el
Gobierno del PP al Gobierno de Navarra en relación con el tema del
IVA”.
Pues bien, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D-General, de anteayer 20 de diciembre, entre las páginas 109 y 111, puede verse la respuesta. El Secretario de Estado en Relaciones con
las Cortes se limita a adjuntar dos anexos, el cuarto y el octavo,
del Acta 1/2012 de la Comisión coordinadora prevista en el artículo
67 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de
Navarra. El Anejo IV se refiere a la Modificación del método para
hacer efectivo el ajuste de la recaudación del impuesto sobre el
valor añadido en el quinquenio
2010-2014 a partir del 1 de abril de 2012 y tiene contenidos meramente técnicos relativos a la alteración del cálculo del IVA del objeto en cuestión. El Anejo VIII se refiere
al Recurso a la Junta Arbitral: como consecuencia de los acuerdos de
liquidación del IVA dictados por la Agencia Tributaria con fecha de
7 de marzo de 2012 en relación con las operaciones realizados por la
sociedad Volkswagen Audi España SA (en adelante, VAESA), integrada
en el Grupo Volkswagen, respecto de su labor comercializadora de los
vehículos fabricados en la factoría de Volkswagen Navarra SA,
situada en territorio navarro, “la Administración del Estado
presentó ante el Gobierno de Navarra, con fecha 16 de marzo, su
declaración de incompetencia para la devolución del IVA soportado por
VAESA” y “a su vez, y con fecha 24 de abril, la Comunidad Foral
de Navarra, se declaró igualmente incompetente para dicha
devolución”, elevando por todo ello la Administración del Estado
el asunto a la Junta Arbitral del Convenio Económico, cuya
resolución se evaluará en el seno de la Comisión Coordinadora del
Convenio.
Huelga decir que las
preguntas de fondo planteadas por el diputado navarro continúan sin
tener respuesta, hurtándose la contestación también al resto de parlamentarios y, a través suya, a la ciudadanía tanto de Navarra como del resto del Estado, y que las consecuencias del asunto en el conjunto de
las relaciones económicas entre nuestra comunidad y el Estado, algo de lo que
vimos un reflejo en la drástica disminución de la inversión estatal en nuestro suelo, seguirán siendo un arcano. Cabe
preguntarse sobre si la tendencia a la opacidad de nuestras élites respecto a las dos cuestiones reseñadas no puedan terminar por tener
efectos no previstos ni deseados, que, al final, vayan a perjudicar sobre todo a la ciudadanía
navarra. Especialmente en la actual situación, cuando la dureza de
la crisis y el desmoronamiento del Estado autonómico obligan a
adoptar soluciones realmente duras por todas partes y fomenta la
emisión desde diversos ángulos, incluso desde ámbitos académicos, de discursos de revisión de los
marcos consensuados desde 1978, y
cuando, con el bochornoso affaire Cervera, los intentos para que pase
desapercibido todo lo que guarde relación con la economía y el
marco fiscal navarro se zanjan en un estrepitoso fracaso,
convirtiendo a Navarra en la comidilla y el centro de todas las
dianas.
